Vacunas sí, antivirales no: una decisión económica

Los beneficios potenciales de las vacunas y los tratamientos para la covid 19 son muy distintos. Hay 7.700 millones de clientes para las primeras frente a 103 millones para los segundos: 75 veces menos

 

Para evitar al lector interpretaciones erróneas, voy a hacer previamente una declaración de principios: soy un médico instruido y educado en la medicina científica, amante de la Medicina Basada en la Evidencia, totalmente alejado de las medicinas alternativas, soy pro vacunas y nada tendente a la conspiranoia, sin dejar de ser consciente, por mi edad y experiencia, de los grandes intereses económicos que se mueven en ciertos sectores de una sociedad.

Empezaré señalando que hace ahora 50 años la mayoría de los médicos del mundo asistimos expectantes al nacimiento del que parecía ser el camino que racionalizaría la práctica médica. Abandonándose para siempre el “yo hago esto así porque opino…” o “yo hago esto así porque creo…”, la medicina parecía que dejaría de ser un arte para ser una auténtica ciencia. Corría el año 1972 cuando el epidemiólogo escocés Archibald Cochrane, publicó su libro Effectiveness and Efficiency: Random Reflections on Health Services –Efectividad y eficiencia: reflexiones aleatorias sobre los servicios de salud– en el que explicaba sus primeras reflexiones al respecto.

Estas incipientes ideas versaban sobre el camino que habría de conducirnos a una medicina científica, basada en la evidencia, en la que la separación del grano de la paja en la literatura científica conduciría a la creación del nuevo cuerpo de doctrina médica. En él solo habría lugar para las experiencias que superaran una estricta crítica de la metodología empleada y de las conclusiones objetivamente enunciadas, quedando por tanto excluidas todas las demás, es decir aquellas conclusiones que no estuvieran avaladas por el rigor metodológico exigido para ser dadas por ciertas. Y era importante, porque ejemplos de estas últimas llenaban los libros y revistas científicas que había en las estanterías.

La progresiva implantación de esta doctrina surtió en poco tiempo dos efectos claros. Por un lado, redujo notablemente la indeseable variabilidad de la práctica médica, acercándose a su objetivo final, que un médico en España y otro en Nueva Zelanda, sin conocerse, se enfrenten al mismo problema y puedan actuar exactamente igual. Por otro lado, la eliminación de técnicas, exploraciones y tratamientos que o bien no se habían mostrado sustentadas en una metodología exigente, o bien sus conclusiones no habían sido suficientemente razonadas, ha contribuido desde entonces a la sostenibilidad de los sistemas de salud.

La implantación y el desarrollo de la Medicina Basada en la Evidencia (MBE) han supuesto que la medicina desde la segunda mitad del siglo XX sea la más racional que ha existido en nuestra historia. Sin embargo, es tendencia muy humana que el entusiasmo sobre algo nos conduzca a un fundamentalismo insano que puede volverse dañino. No en vano, en el punto medio suele estar la virtud, pues nunca es aconsejable olvidar el sentido común. Y una desviación en este punto, hasta convertirse en fundamentalismo, es lo que esta pandemia nos está mostrando. 

Aunque personalmente estoy de acuerdo en la bondad de la MBE, estoy seguro de que el mismo Cochrane cuando hizo sus primeras reflexiones no estaba pensando en una enfermedad que, por nueva, no dispusiera de un previo acervo de conocimiento, como ocurre con el caso de la epidemia de covid-19. Por el contrario, la gravedad y contagiosidad de la misma, con la consiguiente rapidez de extensión, apremia seriamente a la humanidad, pues en un año se han producido 103 millones de contagios y 2,4 millones de muertos, afectando además a todo el planeta. ¿No es una situación extraordinaria? En este contexto, considero que uno de los principales errores cometidos ha sido aplicar a rajatabla criterios y procedimientos de la MBE ideados para un contexto normalizado, cuando el actual no lo es. Es, por el contrario, demasiado extraordinario por urgente y destructor.

Parece obvio que, en situaciones extraordinarias, los métodos a aplicar deben ser también extraordinarios. El no haber tenido la inteligencia suficiente para adaptarse a tan especiales circunstancias ha supuesto un retraso en la investigación en algunos ámbitos concretos por no tener en cuenta precisamente las especiales características de la pandemia –inexistencia de conocimiento previo de la enfermedad, alta contagiosidad y mucha rapidez en su extensión y gravedad de la covid-19–. El fundamentalismo al que la MBE ha llevado a muchos médicos nos ha impedido aplicar el sentido común, única herramienta que nos podía ayudar en este caso, adaptándonos a las circunstancias y a sus necesidades específicas.

En consecuencia, durante el año 2020, la ciencia, y la medicina en particular, han mostrado una capacidad de adaptación desigual entre los distintos aspectos del tratamiento de la covid-19. Se ha realizado un importante esfuerzo en el desarrollo rápido de vacunas, mientras que ni se ha mostrado ni se sigue mostrando la misma diligencia para la investigación del tratamiento de la enfermedad, especialmente el referido a los antivirales, que van encaminados a abortar la enfermedad desde el principio, impidiendo la entrada del virus en la célula y por tanto su replicación. Los médicos de todo el mundo, en su gran mayoría, hemos buscado las evidencias publicadas sobre esta enfermedad, pero nos hemos encontrado con que estas ni siquiera existían. Necesitábamos encontrar su naturaleza, su comportamiento y las posibles opciones de tratamiento, es decir, cosas nuevas. Y esto solo podía lograrse con una investigación ágil, imaginativa y valiente, especialmente valiente. Y necesitábamos hacerlo rápido.

Sin embargo, a muchos nos da la sensación de que no se ha sido muy consciente del todo de la auténtica urgencia del caso. ¿Por qué ha ocurrido esto? Apuntaré algunas hipótesis.

Los médicos nos hemos esforzado en descubrir las medidas que trataran de mejorar las fases más graves de la enfermedad, solo cuando su proceso se había agravado tanto que se preveía el fallecimiento inminente del paciente. Ahí sí se han probado rápidamente tratamientos como la dexametasona. Sin embargo, esta fase crítica no es más que la consecuencia de una infección viral como hecho primero –dando lugar a la fase viral, de curso clínico relativamente benigno– que acaba en muchos casos en el establecimiento de la fase inflamatoria, cercana a la muerte –la famosa tormenta de citoquinas y el consiguiente fracaso multiorgánico, como últimos pasos antes del fallecimiento–. 

Por tanto hemos parecido olvidar algo fundamental, que lo ideal es encontrar un fármaco con acción antiviral, que sea capaz de abortar la enfermedad en su inicio, precisamente para evitar que, tras la replicación del virus, se desencadene la neumonía bilateral típica y se llegue a la segunda fase –fase inflamatoria–. La lógica más elemental aconseja actuar contra la causa primera y fundamental.

¿Por qué entonces los antivirales han ocupado solamente un lugar secundario en nuestros pensamientos y en el tiempo dedicado?  Llama la atención que solo las grandes farmacéuticas lo han intentado, probando fármacos antivirales que, sin excepción, han resultado ineficaces tras haber sido aprobados con relativa rapidez por parte de las agencias reguladoras. La mayoría de ellos eran de alto coste. Hoy todavía no se ha logrado disponer de ninguno auténticamente eficaz. Por el contrario, parece que nadie ha querido, ni quiere, oír hablar de otras investigaciones con moléculas que han mostrado resultados iniciales esperanzadores. La pretensión de lograr la aprobación de ensayos clínicos de varias de ellas se eternizan y se eternizan, cuando ya tienen la condición imprescindible para poder ser candidatas a ser estudiadas seria pero rápidamente –la seguridad–. Señalemos que no se pide la aprobación irresponsable de ninguna molécula o moléculas, sino solo la aprobación con la mayor rapidez y la mayor agilidad administrativa de los ensayos controlados, que posteriormente permitan, o no, su aprobación como tratamiento antiviral de la covid-19.

La mayoría de estas moléculas que esperan infructuosamente el permiso de ensayo comparten varias características, como son: suelen ser antiguas en casi todos los casos –algunas fueron aprobadas por la FDA estadounidense ya en 1965–, baratas y libres ya de patentes por el importante tiempo transcurrido desde su aparición, así como seguras, pues han sido utilizadas durante años para otras indicaciones mostrando muy pocos efectos secundarios. ¿Realmente hay que ser tan riguroso formalmente, y sobre todo tan exigente administrativamente ante unos fármacos que, si bien tienen que demostrar su eficacia, poseen la condición principal para ser aprobados: su necesaria y demostrada seguridad?

Por el contrario, en el mismo tiempo, se ha conseguido el desarrollo, completo en algunos casos, su rápida aprobación y su uso, de varias vacunas, como son las de Pfizer, Moderna y Astra Zeneca, entre más de veinte que se encuentran en fases algo más precoces pero que han gozado de la misma agilidad en su aprobación que las citadas. Y ello a pesar de que existen importantes incertidumbres en su comportamiento a medio y largo plazo –yo mismo debo admitirlo a pesar de tener una actitud provacunas–. De hecho la mayoría de los médicos del mundo occidental hemos decidido libremente ser vacunados, pero curiosamente solemos ser los mismos que luego estamos poniendo constantes trabas cuando deberíamos fomentar ensayos clínicos de sustancias baratas y antiguas –por tanto con seguridad contrastada– con la mayor urgencia posible.

El ingente trabajo realizado con las vacunas ha sido fruto de grandes compañías farmacéuticas, las mismas que han fracasado repetidamente en el descubrimiento de algún antiviral eficaz. ¿Son similares en cuanto a beneficio económico el negocio de las vacunas y el de los antivirales? ¿Tiene esto algo que ver con la perezosa maquinaria que parece retrasar y retrasar la aprobación de los ensayos clínicos solicitados para antivirales? No digo que las grandes compañías no persigan el beneficio de la humanidad, pero quizás… si puede ser haciendo grandes negocios, mejor. ¿O no? ¿Se ha preguntado alguien si en el fiasco en el aprovisionamiento de las unidades prometidas de vacunas en los plazos señalados puede haber habido cierta trampa? ¿Tan difícil es calcular el ritmo de producción de las mismas? ¿Pudiera haber una actitud de “vamos a firmar el contrato rápidamente para asegurar la operación, que luego las serviremos como vayamos pudiendo”? ¿Es cierto que importantes partidas de las dosis contratadas han sido desviadas a terceros países porque abonaban a última hora precios hasta tres veces más altos?

Los beneficios potenciales de ambos negocios –vacunas versus antivirales– son muy distintos, siendo mucho mayor el de las primeras que el de los segundos. Se calcula que con las vacunas va ser del orden de 20.000 millones de dólares. Hoy hay 7.700 millones de habitantes en el mundo, todos potenciales clientes de vacuna, mientras que son 75 veces menos los clientes potenciales de antivirales –ha habido hasta el momento 103 millones de infectados–. Imagínense la diferencia.

Será por esta o por otras razones, pero hasta ahora ha sido sistemática e inexplicablemente enlentecida la aprobación de ensayos clínicos de sustancias antiguas, por tanto con seguridad probada, y baratas. Como casos ciertos a modo de ejemplo podemos hablar de la ivermectina –antiparasitario–, la colchicina –fármaco antigotoso–, el omnivirol –compuesto de aceites esenciales–, algunas pautas antihistamínicas –fármacos antialérgicos– o la plitidepsina, nueva molécula española por  la que ha tenido que manifestarse un grupo de científicos de todo el mundo exigiendo que dejen de demorar el comienzo de la fase III de su ensayo. *

Señalo, una vez más, que no se trata de ser irreflexivo, sino de tener la mente abierta y, sobre todo, tener una actitud ágil en los procedimientos. Insisto: no se trata de aprobar medicamentos, solamente se pide la aprobación rápida de ensayos clínicos de sustancias seguras y de resultados prometedores para llevar a cabo los correspondientes ensayos clínicos. Y en eso llevamos meses de retraso. Parece sospechoso impedir investigar la eficacia de fármacos con menos efectos secundarios que otros que fueron aprobados con facilidad y se usaron los primeros meses de la pandemia. Por la actitud, pareciera que no se quiere comprobar que realmente pueden ser eficaces, en este caso, sustancias que fueron aprobadas en muchos casos hace muchos años para otras indicaciones por los organismos y agencias reguladoras de todo el mundo.

Resumiendo, el lobby de las grandes farmacéuticas va ganando esta batalla. Médicos del mundo, ¡exijamos que se permita investigar con rapidez los antivirales que pueden ayudar a largo plazo mucho más que las propias vacunas! Seamos sinceros, valientes y comprometidos con nuestra profesión, aplicando el sentido común a la necesidad y urgencia del momento que vivimos.

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* Fe de errores. En la primera versión de este artículo se citaba un tratamiento con dióxido de cloro experimentado en Bolivia; dicho tratamiento ha sido desaconsejado por la OPS.  

Por Manuel Calleja es cirujano cardiovascular en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada.

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Soldados israelíes durante un entrenamiento en los Altos del Golán ocupados. - REUTERS.  16/02/2021 07:14 Actualizado: 16/02/2021 07:15

Al menos una veintena de ingenieros israelíes han vendido a China misiles fabricados en Israel pero usando en parte tecnología puntera de Estados Unidos. Difundida la semana pasada por los servicios secretos del Shin Bet, la noticia, sobre la que sigue pesando la censura militar, contribuye a enrarecer las relaciones de Benjamín Netanyahu con Estados Unidos.

 

Una red de ingenieros israelíes vendió a China misiles avanzados fabricados en parte con sofisticada tecnología militar de Estados Unidos. La venta, que proporcionó pingües ganancias de "decenas de millones" de dólares a los ingenieros, violó los acuerdos que Israel estableció con Washington para impedir que su puntera tecnología cayese en manos de terceros países, especialmente de China. 

El Shin Bet, los servicios de inteligencia israelíes para el interior del país y los territorios palestinos ocupados, informaron la semana pasada de la desarticulación de la red diciendo que de la venta se había beneficiado "un país asiático", sin mencionar específicamente a China, el principal rival de Estados Unidos en relación con esa tecnología.

El anuncio del Shin Bet llegó menos de un mes después de la entrada en la Casa Blanca de Joe Biden, quien todavía no ha hablado con el primer ministro Benjamín Netanyahu. Aunque Washington aún no ha reaccionado ante el millonario negocio de los ingenieros israelíes, es fácil imaginar que los americanos están muy enojados puesto que en más de una ocasión habían advertido a Netanyahu que no vendiera a China tecnología militar. 

Durante el mandato de Donald Trump, los israelíes disfrutaron de un amplio margen de maniobra en esta materia ya que el presidente republicano accedía a cada una de las demandas de Netanyahu, y es muy probable que por entonces los servicios de inteligencia americanos ya conocieran los trapicheos con China, que no son nuevos, pero decidieran hacer la vista gorda. 

El hecho de que la censura militar haya prohibido a los medios hebreos publicar el dato clave de que el país beneficiado es China, indica la preocupación de Netanyahu con este negocio que sin duda enrarecerá más las relaciones con la administración demócrata. Sin embargo, en distintos blogs y redes sociales de Israel y del extranjero se ha revelado el nombre de China. 

Un dato sorprendente es que quien haya revelado el negocio sea el Shin Bet, y no los servicios de inteligencia militar, Aman. De esta manera Israel trata de referirse a la venta como una cuestión interna y de iniciativa privada, aunque es muy difícil imaginar que dado que de momento hay una veintena de ingenieros implicados, estos no informaran a las autoridades con anterioridad, o que a los servicios de inteligencia les pasara por alto el negocio hasta después de consumado. 

Una explicación puede ser que Israel, que siempre ha cuidado en extremo las relaciones con China, obtuviera a cambio algún beneficio equivalente. Los medios hebreos habitualmente publican informaciones sobre la creciente influencia de Pequín en la política y economía internacionales, y sobre la necesidad de mantener relaciones amistosas con el gigante asiático, a pesar de las reiteradas advertencias de Estados Unidos. 

Se da la circunstancia de que una buena parte de los ingenieros implicados han trabajado con anterioridad para los servicios de inteligencia israelíes o en el desarrollo de armas sofisticadas del ejército, lo que abunda en la dirección de que es muy difícil, si no imposible, que las autoridades militares y políticas de Israel, incluido Netanyahu, ignoraran lo que tantas personas se traían entre manos, máxime teniendo en cuenta la naturaleza del negocio. 

No hay que descartar que el chanchullo haya contribuido a que el presidente Biden todavía no haya llamado por teléfono a Netanyahu. En cada aparición de Biden se le pregunta por qué no lo ha hecho y la Casa Blanca responde que pronto se iniciará la llamada. 

Una parte de los ingenieros trabajaban para las Industrias Aeroespaciales de Israel (IAI), una gigantesca empresa que en su totalidad es propiedad estatal y emplea a más de 15.000 trabajadores. Entre otras cosas, IAI, cuyo nombre tampoco se puede publicar en Israel en relación con este caso debido a la censura militar, fabrica los misiles avanzados vendidos a China. 

Entre los productos que fabrica IAI se encuentra el sistema de misiles Harop, el más avanzado de todos, y también se incluye el Harpy-2, que incorpora tecnología que permite atacar objetivos haciendo que los misiles se destruyan al alcanzar su objetivo. Algunos medios señalan que esta es la tecnología más avanzada en este campo que hay en el mundo. 

Para despistar a Estados Unidos, el clan de ingenieros se sirvió de sofisticados métodos que incluían el uso de intermediarios con el fin de ocultar que el cliente era en realidad China. También se sirvió de un complejo tramado de financiación para evitar que apareciera China. 

Esta no es la primera vez que Israel vende a China material militar avanzado en cuya fabricación se ha usado tecnología estadounidense, aunque probablemente la noticia ha saltado en el peor momento de todos, es decir cuando las relaciones de Israel con Estados Unidos no son precisamente óptimas y la noticia podría deteriorarlas aún más. 

Según Tikun Olam, un blog basado en Estados Unidos pero que se especializa en filtraciones israelíes, la tecnología adquirida por China podría caer en manos de Corea del Sur o Irán, dos países que mantienen buenas relaciones militares con Pequín. 

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Domingo, 07 Febrero 2021 05:51

Asaltantes con patente

Afp, Justin Tallis

Recorrida por las trampas del big pharma

Astrazeneca y Johnson & Johnson, que anunciaron la venta «al costo» de sus vacunas para la covid-19, no sólo mantienen sus precios en la oscuridad, sino que encabezan la lista de empresas que abusan de la normativa en materia de patentes.

 

Hace un año, Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, se quejaba de que ninguna gran compañía farmacéutica se hubiera comprometido aún a intensificar la búsqueda de una vacuna contra el SARS-CoV-2. En 2019 sólo cuatro compañías estaban haciendo vacunas para el mercado estadounidense, cuando en la década del 70 eran 20 (Kaiser Health News, 25-VIII-20). Según estimaciones de Morgan Stanley y Credit Suisse (Financial Times, 4-IV-20), el mercado de vacunas de covid-19 podría crecer a 10.000 millones de dólares por año (en el supuesto de que la vacunación deba repetirse anualmente). Pero, antes de la millonaria inyección de recursos públicos para estimular la investigación y de la cobertura de riesgos garantizada por las compras públicas anticipadas del producto, las compañías mostraban un escaso interés en las vacunas, que suelen requerir más tiempo –excluyendo la excepción de la pandemia– para ser aprobadas y se administran en muchos casos una sola vez en la vida o una vez al año. En cambio, otros rubros, como la producción de medicamentos y tecnología médica, les proporcionaban mayores ganancias.

EL PRECIO DE LO PRIVADO

Esta semana, Newsweek y el boletín digital The Daily Poster informaron que en diciembre Pfizer y Johnson & Johnson habían presentado dos solicitudes («casi idénticas, preparadas por el mismo abogado») a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos para que esta las eximiera de presentar, ante sus respectivos accionistas, información sobre el modo en que fueron fijados los precios de sus vacunas. El pedido de Pfizer y Johnson & Johnson era en respuesta a una resolución presentada por miembros del Centro Interreligioso sobre Responsabilidad Corporativa (ICCR, por sus siglas en inglés), una organización que incluye grupos religiosos, sindicatos, fondos de inversión y ONG que participan como accionistas en cientos de compañías, «en un esfuerzo por fomentar la responsabilidad empresarial». Las farmacéuticas adujeron que sus accionistas demuestran que quieren «microgestionar» las empresas al solicitar «un informe intrincadamente detallado». Pero, según retrucan desde el ICCR, la idea no es conocer algoritmos complejos de formación de precios, sino tener una respuesta a estas preguntas: al fijar los valores de venta de las vacunas, «¿han tenido en cuenta las empresas la financiación estatal recibida?, ¿y cómo la tuvieron en cuenta?».

La ONG Oxfam, que firma la resolución dirigida a Johnson & Johnson, afirmó que la farmacéutica no ha aclarado qué significa su anunciada distribución «sin fines de lucro» de la vacuna, cuando es el Estado el que ha financiado buena parte de su investigación. Sin transparencia en su proceso de establecimiento de precios, la ausencia de lucro es incomprobable también en el caso de Astrazeneca, que ya ha vendido su vacuna a Sudáfrica al doble del precio que a la Unión Europea (véase «Leoninas», Brecha, 29-I-21). Pergeñada por la Fundación Bill y Melinda Gates, la asociación entre Astrazeneca y la Universidad de Oxford cambió radicalmente el modelo de distribución que había anunciado previamente esa casa de estudios –financiada en buena medida por el Estado inglés–, que fue la que aportó el grueso de la investigación detrás de esa vacuna. Tras la intervención de la farmacéutica anglo-sueca, la vacuna de Oxford pasó de tener una licencia abierta, diseñada para estar disponible libremente para cualquier fabricante, a tener una licencia exclusiva controlada por Astrazeneca.

Además de la milmillonaria financiación pública directa recibida por las principales vacunas que hoy compiten en el mercado abierto por la covid-19 (Estados Unidos les ha otorgado unos 13.000 millones de dólares de fondos públicos a las empresas que desarrollan las vacunas, según cifras oficiales), ciertos aspectos fundamentales de al menos cinco de ellas dependen del conocimiento científico previo financiado mediante años de inversión pública. Las proteínas espiga que dan nombre al coronavirus, contra las cuales se desarrollan los anticuerpos de la mayoría de las vacunas, son muy inestables aisladas en su forma natural. De acuerdo a un reciente informe de la ONG Public Citizen, antes de la pandemia el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés) había desarrollado una técnica inédita para estabilizar las proteínas del coronavirus que provoca la enfermedad del MERS. El NIH patentó el procedimiento y, cuando este año se reveló útil también para el SARS-CoV-2, patentó también este uso. La mayoría de las principales vacunas de primera generación contra la covid-19 –incluidas las de Pfizer-Biontech, Johnson & Johnson, Novavax, Curevac y Moderna– utilizan esa técnica desarrollada públicamente, tras adquirirla a un precio confidencial (Public Citizen, 10-XI-20). En agosto del año pasado, en conversación con Kaiser Health News, el diputado demócrata por Texas Lloyd Dogget resumió lo que significan los millonarios acuerdos de compras de vacunas que ya por entonces el gobierno federal había comenzado a firmar con las farmacéuticas: «Se trata de dar a los contribuyentes el privilegio de comprar una vacuna por la que ya han pagado».

SIEMPREVIVAS

En setiembre de 2020 el Centro de Innovación de la Facultad de Derecho de la Universidad de California (UC) hizo pública una base de datos sobre patentes de fármacos basada en los registros del Orange Book, de la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés), agencia que regula la propiedad intelectual de la industria farmacéutica. Esta base de datos –«la primera en hacer un seguimiento exhaustivo de las protecciones de patentes presentadas por las empresas farmacéuticas», según la web de la UC– se nutre de las investigaciones de la profesora de derecho Robin Feldman (véase entrevista) sobre la estrategia de evergreening (o de perennidad)1 en torno a las patentes. Según explica la autora, las patentes de medicamentos están pensadas como protecciones de mercado garantizadas por el Estado por tiempo limitado –unos 20 años–, para incentivar a las compañías farmacéuticas a que innoven con medicamentos nuevos que mejoren la salud de la población. Una vez vencido ese período monopólico en el que las compañías farmacéuticas pueden obtener ganancias en exclusividad, los competidores deberían poder entrar al ruedo y reducir así los precios de los medicamentos a niveles competitivos. Pero las farmacéuticas han perfeccionado más de diez mecanismos (minuciosamente detallados en el estudio de Feldman) para posponer reiteradamente la caída de sus patentes y poner barreras a la competencia, con la complicidad, por acción u omisión, de la FDA.

Uno de los métodos usados consiste en agregarle patentes «secundarias» a un medicamento antes de que caduque la patente original. Como cada droga puede tener asociadas varias patentes de distinto tipo, las compañías registran sucesivamente, sobre la propiedad intelectual del componente químico original, nuevas patentes de elementos auxiliares, como la formulación de la droga y el método de uso. Estas patentes se registran luego de la original; por tanto, sus 20 años de gracia empiezan a correr más tarde y caducan también más tarde. Muchos de esos nuevos elementos patentados son modificaciones insignificantes, pero, cuando un productor de genéricos quiere comenzar a producir un medicamento cuya patente ha sido extendida de esta manera, debe demostrar la invalidez de cada patente asociada, a través de un litigio largo y caro, que de por sí desestimula estos intentos. Estos procedimientos están regulados en Estados Unidos por un complejo sistema creado en 1984, llamado Hatch-Waxman. Entre otras cosas, este sistema estipula que el primer genérico que impugne con éxito una patente o su aplicación será el único permitido en el mercado por seis meses, durante los cuales queda establecido un duopolio entre la compañía que patentó el medicamento y la que producirá su primer genérico. La disposición ha devenido en permanentes arreglos, conocidos como pay-for-delay, en los que las primeras desarrolladoras pagan a las productoras de genéricos interesadas en sus fármacos para que retrasen sus solicitudes.

Otra trampa descrita por Feldman fuerza la disposición que protege a los «medicamentos huérfanos», diseñados y aprobados para tratar enfermedades que afecten a poblaciones de 200 mil personas o menos. Como estímulo a la inversión en campos desatendidos de investigación, asociados fundamentalmente a enfermedades raras, desde 1983 se concede a estos medicamentos una exclusividad por siete años. Al día de hoy, sin embargo, más del 40 por ciento de los medicamentos aprobados por la FDA son declarados huérfanos. Durante estos períodos de exclusividad las empresas han incrementado los precios hasta provocar un escándalo nacional. Una vez que lo hacen, entra en juego otro truco, conocido como spillover pricing, que consiste en estimular a los médicos a prescribir el medicamento para usos distintos a los aprobados por la agencia, extendiendo el número de personas que pagan los inflados precios muy por encima del blanco inicial de 200 mil.

Como resultado de estos y otros procedimientos, Robin identifica «un sorprendente alejamiento de la conceptualización clásica de la protección de la propiedad intelectual en los productos farmacéuticos». «En lugar de crear nuevas medicinas, las farmacéuticas están reciclando y reutilizando las viejas. […] El 78 por ciento de las drogas asociadas a nuevas patentes en los registros de la FDA no son nuevos medicamentos que llegan al mercado, sino medicamentos ya existentes», concluye el estudio para el período 2005-2015. El fenómeno es especialmente fuerte entre los medicamentos más vendidos. Entre los primeros 100, el 70 por ciento ha sido extendido al menos una vez y más de la mitad se ha extendido más de una vez. Entre los que han recibido extensiones se encuentran la insulina y medicamentos que tratan el VIH y la adicción a los opiáceos. La práctica, considerada endémica y creciente en la industria, supera, en el caso de algunas compañías, las 20 extensiones. Quienes encabezan –junto con Gilead, productora del medicamento contra la covid-19 Remdesivir– el ranking de las empresas que más practican el evergreening son Astrazeneca y Johnson & Johnson.

  1. Robin Feldman, «May your drug price be evergreen», Journal of Law and the Biosciences, volumen 5, número 3 (XII-18). Páginas 590-647.

Con Robin Feldman1

—En el rubro de las vacunas, ¿se producen las mismas prácticas anticompetitivas que en el de los medicamentos?

—Las vacunas contra la covid-19 son poco menos que milagrosas. Sin embargo, siempre está el riesgo de que el Estado gaste el dinero pero desperdicie la oportunidad. Tenemos que asegurarnos de que las empresas farmacéuticas no se aprovechen de la crisis. Y hay algunas señales de alarma. Consideremos los siguientes ejemplos.

A principios de marzo, cuando la pandemia ya hacía estragos en todo el mundo, la empresa Gilead solicitó el estatus de medicamento huérfano para su fármaco Remdesivir como tratamiento para la covid-19. Gilead podría, entonces, bloquear durante siete años la posibilidad de que cualquier otra persona fabrique el medicamento.

Este estatus está pensado para medicamentos que sirven a poblaciones de pacientes muy pequeñas y funciona como una minipatente. Pero la FDA [Administración de Medicamentos y Alimentos] respondió afirmativamente al pedido de Gilead apenas unas semanas después. Bajo una intensa presión pública, finalmente Gilead renunció a sus derechos.

Hace tres años, en octubre de 2017, la compañía Sanofi pagó 61,5 millones de dólares para resolver una demanda antimonopolio relacionada con sus vacunas. La demanda alegaba que, cuando un competidor planeaba entrar en el mercado para competir con la vacuna contra la meningitis pediátrica de Sanofi (Menactra), la firma cobraba precios hasta un 34,5 por ciento más altos en sus vacunas, que aún tenían protección de patente, a menos que los compradores aceptaran adquirir exclusivamente las vacunas de Sanofi.

Además, durante esta pandemia, hemos visto cómo las empresas se han dedicado a bloquear la posibilidad de que otras compañías más pequeñas también hicieran pruebas.

—En vistas de la escasa información que ha sorteado las cláusulas de confidencialidad de los actuales contratos de compras de vacunas, ¿cómo evalúa lo relacionado a la propiedad intelectual?

—La transparencia es esencial tanto para la confianza del público como para el funcionamiento eficiente del mercado. Los contratos que he visto, incluso en sus versiones censuradas, ceden a las empresas todo tipo de derechos de propiedad intelectual en formas que uno no esperaría normalmente. Lo más preocupante es que los contratos especifican que la empresa puede mantener como secreto comercial cualquier tecnología que desarrolle a través del acuerdo. Con los secretos comerciales, a diferencia de las patentes, la información nunca entra en el dominio público.

—¿Los modelos dominantes de propiedad intelectual en el mundo están amenazando la salud de la población?

—La pandemia de covid-19 ha ejercido presión sobre muchos sistemas nacionales e internacionales, desde la propiedad intelectual hasta la distribución de suministros y la salud mundial. Pero esta no es la última pandemia a la que se enfrentará el mundo. Deberíamos aprovechar esta oportunidad para replantearnos cómo pueden funcionar mejor nuestros sistemas a la hora de enfrentarnos a futuros retos mundiales.

1. Profesora de derecho de la Universidad de California, especialista en propiedad intelectual e industria farmacéutica.
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Cómo los dogmas neoliberales están obstaculizando la resolución de la pandemia

Estamos inmersos en una de las mayores crisis sociales y económicas que el mundo haya vivido jamás. La evidencia científica que apoya tal observación de la realidad es abrumadora. Indicador tras indicador (desde los de mortalidad de la población hasta los de empleo) muestran el enorme dolor y sufrimiento que la pandemia está causando. Y la gente lo sabe. Los niveles de cansancio, frustración y enfado que la mayoría de la población está alcanzando en gran parte de los países a los dos lados del Atlántico Norte preocupa en gran medida a los mayores centros de reflexión de los establishments económicos y financieros, así como a los fórums políticos y mediáticos que les son afines en cada país.

De lo que no se habla en los debates sobre la pandemia

Y, en consecuencia, está teniendo lugar un gran debate y discusión sobre cómo responder a esta pandemia. Pero en este debate se empiezan a tocar temas que eran intocables hasta ahora. Me explicaré. Hay un dato que no se aborda en tales fórums políticos y mediáticos y que, sin embargo, es de una gran importancia. Sabemos ya cómo controlar, contener y, por lo tanto, superar la pandemia. Disponemos de los conocimientos científicos y de los recursos necesarios para solucionar algunos de los mayores problemas que existen y evitar tantas muertes. Es más, conocemos cómo podría controlarse la pandemia para recuperar cierto grado de normalidad. El lector debería conocer esta realidad. La ciencia sabe hoy cómo podría ir resolviéndose. Y no me refiero solo a la ciencia virológica y epidemiológica y otras ciencias básicas en salud pública, sino también a las aplicadas, como las ciencias sociales y económicas. Sé de lo que hablo. Soy también profesor de la Johns Hopkins University, incluida su bien conocida Escuela de Salud Pública, desde donde se realizan los bien conocidos estudios sobre la pandemia, conocidos y citados a nivel internacional. Y le puedo asegurar que sí, se sabe cómo controlar la pandemia. Sabemos, por ejemplo, que no podrá haber recuperación económica sin antes contener la pandemia. Ignorar lo segundo para corregir lo primero, como hizo la administración Trump, ha llevado a un desastre económico, social y de salud. No hay ningún país que lo haya conseguido. De nuevo, hay miles de datos que muestran el gran error de ignorar esta realidad. Ahora bien, el lector se preguntará: ¿si conocemos cómo controlar la pandemia y tenemos los recursos para hacerlo, por qué no se hace? Y otra pregunta que deriva de la anterior es: ¿por qué los medios no están informando sobre ello y los gobiernos no están actuando?

El silencio ensordecedor sobre por qué no se resuelve lo que es resoluble

La respuesta al último interrogante es fácil de conocer, y tiene que ver con la ideología y cultura dominantes en estos países, lo que dificulta ir más allá de lo que el pensamiento hegemónico permite considerar. Uno de estos obstáculos es, por ejemplo, el sacrosanto "dogma de la propiedad privada", que se considera fundamental para la pervivencia del orden social, marcado este último por otro dogma, el de las también sacrosantas "leyes del mercado" como mejor sistema de asignación de recursos. Estos dogmas rigen el comportamiento de los establishments político-mediáticos de la mayoría de grandes países a los dos lados del Atlántico Norte, y han jugado un papel esencial en obstaculizar el control de la pandemia.

Un claro ejemplo de ello. El porqué de la escasez de las vacunas

Tal y como indiqué en un artículo reciente ("¿Por qué no hay suficientes vacunas anti-coronavirus para todo el mundo?, Público,30.12.20), el mayor problema que existe en el control de la pandemia hoy en el mundo es la falta de las vacunas contra el coronavirus, escasez que incluso se da en los países considerados ricos a los dos lados del Atlántico Norte, lo cual es absurdo, pues los países ricos (y, por cierto, un gran número de países pobres tienen los recursos para producir tales vacunas). En realidad, el desarrollo de la parte más esencial en la producción de las vacunas más exitosas (Pfizer y Moderna) se ha hecho con fondos públicos, en instituciones públicas, en los países ricos (y, muy en especial, en EEUU y en Alemania). Esto lo reconoce nada menos que el presidente de la Federación Internacional de Industrias Farmacéuticas, el Sr. Thomas Cueni, en un artículo publicado en el New York Times hace unas semanas, "The Risk in Suspending Vaccine Patent Rules", 10.12.20, en el que afirma que "es cierto que sin los fondos públicos de agencias [instituciones públicas del gobierno federal estadounidense] como la U.S. Biomedical Advanced Research and Development Authority o del ministerio federal alemán de Educación e Investigación, las compañías farmacéuticas globales no habrían podido desarrollar las vacunas COVID-19 tan rápido". El Sr. Cueni podría haber añadido que ello ocurre también con la mayoría de grandes vacunas que se han ido produciendo desde hace muchos años (véase el artículo citado anteriormente para ver los millones de dólares y euros públicos invertidos). La parte fundamental en el desarrollo de cualquier vacuna es el conocimiento básico, que suele investigarse en centros públicos o con fondos públicos de investigación sanitaria y salubrista. La industria farmacéutica, que sin este conocimiento básico no podría desarrollar las vacunas, utiliza dicho conocimiento para avanzar en su dimensión aplicada, es decir, la producción de las vacunas. Pero lo que el presidente de tal federación internacional olvida mencionar es que, además de utilizar el conocimiento básico que los Estados han financiado, esos mismos Estados ofrecen a las farmacéuticas un gran regalo al garantizarles el monopolio en la venta del producto durante muchos años, que pueden llegar hasta veinte, lo que les asegura unos beneficios astronómicos (los más elevados del sector empresarial de cualquier país).

Ahí está el origen de la escasez de vacunas. Es tan simple como esto. La propiedad intelectual, garantizada por los Estados y por las leyes del comercio internacional y sus agentes, es la que crea una escasez "artificial" de vacunas, lo cual genera unos beneficios astronómicos a costa de no tener suficientes vacunas para paliar las graves consecuencias de la pandemia y prevenir la muerte de millones de seres humanos.

¿Qué podría hacerse?

Lo más lógico sería, que, como ha propuesto Dean Baker (el economista que ha analizado con mayor detalle, rigor y sentido crítico la industria farmacéutica internacional), los Estados que ya financiaron el conocimiento básico expandieran su intervención para incluir, además del conocimiento básico, el aplicado, produciendo ellos mismos las vacunas, lo cual sería mucho más barato (puesto que no habría que incluir en los costes de producción los enormes beneficios empresariales).

Y el lector se preguntará: ¿por qué no se hace lo que parece lógico? Pues la respuesta también es fácil. Por el enorme poder político y mediático de la industria farmacéutica a nivel nacional e internacional. Dean Baker documenta muy bien la naturaleza de estas conexiones (ver el vídeo "Dean Baker On Beating Inequality & COVID-19: Tackle Patent and Copyright Monopolies", 20.01.21, The Analysis News). En realidad, entre un gran número de expertos en salud pública en EEUU hay una postura generalizada de que el legítimo objetivo del mundo empresarial privado de poner como principal objetivo el conseguir optimizar sus beneficios económicos debería limitarse o incluso rechazarse en las políticas públicas que tienen como objetivo el optimizar la salud y minimizar la mortalidad. Esta percepción deriva del hecho que el propio EEUU muestra claramente que la privatización de la sanidad, gestionada por empresas con afán de lucro (que es la situación más común en aquel país), ha provocado un enorme conflicto entre los objetivos empresariales y la calidad y seguridad de los servicios. EEUU es el país que tiene un mayor gasto en sanidad (la mayoría, privado), y en el que hay más gente insatisfecha con la atención recibida, con un 32% de la población con enfermedades terminales preocupada por cómo sus familiares pagarán por su atención médica. La optimización de la tasa de ganancias es un principio insuficiente y enormemente peligroso para la salud de la población (la escasez de vacunas es un ejemplo de ello).

¿Estamos o no estamos en una situación de guerra, como se dice?

El lenguaje que constantemente utilizas las autoridades que están imponiendo enormes sacrificios a la población es un lenguaje bélico. Estamos luchando, se nos dice, "en una guerra contra el virus" (que la ultraderecha cataloga de "chino", intentando recuperar la Guerra Fría, sustituyendo la URSS por China). En realidad, en EEUU el número de muertes por COVID-19 es mayor que el número de muertes causadas por la II Guerra Mundial. Lo que ocurre es que los que así hablan no se lo creen. Es un recurso que utilizan para forzar un control de los movimientos de la población (lo cual me parece lógico y razonable), pero, en cambio, siguen conservando meticulosamente los dogmas liberales de la propiedad privada y las leyes del mercado, dogmas dejados de lado en el pasado en situaciones de guerra de verdad. ¿Cómo puede justificarse que los gobernantes de las instituciones de la UE (la mayoría de los cuales son conservadores y liberales) respeten el copyright de las empresas farmacéuticas que han producido la vacuna contra el coronavirus? Durante la II Guerra Mundial toda la producción industrial se orientó a la fabricación del material de guerra necesario. ¿Por qué no se hace ahora lo mismo? Si se forzara la producción masiva de tales vacunas por parte de las empresas farmacéuticas en todos los países o en grupos de países, se podría vacunar rápidamente a la población no solo de los países ricos, sino de todo el mundo.

Como era predecible, la Unión Europea, desde su Parlamento hasta la Comisión Europea y sus otros órganos de gobierno (la mayoría gobernados por partidos conservadores y liberales), se ha opuesto a ello, pues es cautiva de sus dogmas, que ya han demostrado ser fallidos durante el período neoliberal y que, a pesar de su gran fracaso, continúa siendo dominantes en los establishments político-mediáticos a los dos lados del Atlántico Norte. Al menos en EEUU, la nueva administración federal del gobierno Biden, presionado por la comunidad científica (y por las fuerzas progresistas dirigidas por Bernie Sanders), está hablando de forzar a la industria farmacéutica a anteponer el bien común a los intereses particulares. Veremos si se lleva a cabo. Sería bueno que pasara lo mismo en Europa. Ni que decir tiene que las derechas de siempre -desde Trump hasta las derechas de España (incluyendo Catalunya)- acusan a los que quieren forzar dicha producción de "sociocomunistas". Pasa en todo el mundo. De ahí que la ciudadanía debería movilizarse para cuestionar tanto dogma que está haciendo tanto daño a la población. Animo a los lectores a que se organicen y envíen textos y cartas de protesta a tales instituciones, pues de poder hacerse sí que se puede. Lo que ocurre es que su dogmatismo y creencias les impiden verlo

Por Vicenç Navarro, profesor de Health & Public Policy, School of Public Health en The Johns Hopkins University; Catedrático Emérito de Ciencias Políticas y Políticas Públicas, Universitat Pompeu Fabra; y Director del JHU-UPF Public Policy Center

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Miércoles, 03 Febrero 2021 05:52

La aberrante privatización del agua

La aberrante privatización del agua

Las cifras son alarmantes: de los 7 600 millones de habitantes en el mundo, 2 533 no tienen acceso al agua potable, más de 3 000 millones carecen de un saneamiento seguro y cerca de 680 millones defecan al aire libre.

Pero lo más vergonzoso en este mundo de capitalismo y neoliberalismo salvaje es que en tiempos de pandemia de covid 19, que se ha expandido por todos los continentes, sucede que ahora en la Bolsa de Valores de Wall Street el Grupo CME ha lanzado contratos para el comercio de futuros de agua en el orbe, con el pretexto de “ayudar a los usuarios a obtener el servicio del preciado líquido.

La operación comercial la realizó ese grupo el pasado 7 de diciembre lo que permitirá, según afirmó, que compradores y vendedores intercambien un precio fijo por la entrega de una cantidad de agua en fecha futura.

El relator especial de Naciones Unidas sobre Derecho al Agua Potable y al Saneamiento, Pedro Arrojo Agudo denunció inmediatamente que «no se puede poner un valor al agua como se hace con otros productos básicos comercializados. Ese líquido es de todos y es un bien público. Está estrechamente ligado a todas nuestras vidas y medios de subsistencia y es un componente esencial para la salud pública».

El experto alertó que mientras los agricultores, las fábricas y las empresas de servicios públicos buscan fijar precios, un mercado de futuros de este tipo también podría atraer a especuladores como fondos de cobertura y de bancos a apostar por estos precios, repitiendo la burbuja especulativa del mercado de alimentos en 2008.

Como manifestó Arrojo Agudo es muy preocupante que el agua se trate como el oro, el petróleo y otros productos básicos que se negocian en el mercado de futuros de Wall Street y atenta contra el derecho de todos los ciudadanos del orbe.

La ONU, principal organismo internacional (aunque algunos de los países poderosos se desentienden de sus decisiones) coordinó en julio de 2010 el acceso de todas las personas al agua. El acuerdo que se reafirmó finalmente durante la Agenda 2030 y cuyo objetivo es acabar con las desigualdades en ese sector no ha sido cumplido en muchos casos.

En las décadas de 1970 y 1980 nadie se cuestionaba si el agua era una mercancía o un derecho humano porque se comprendía que debía pertenecer por igual a todos los ciudadanos del planeta, pero esa concepción cambió a partir de los años 90 del pasado siglo cuando se impulsó el sistema capitalista neoliberal.

En esa inhumana acción han tenido parte fundamental varios organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización Mundial del Comercio (OMC), los que han favorecido a ricos empresarios nacionales y a compañías transnacionales.  

Solo durante el año 2000, explica el investigador Gustavo Castro Soto, el FMI obligó a 12 países a privatizar el agua y otros servicios públicos: Angola, Benín, Guinea Bissau, Honduras, Nicaragua, Nigeria, Panamá, Ruanda, Santo Tome y Príncipe, Senegal, Tanzania y Yemen.

La estrategia ha sido presionar a los gobiernos con empréstitos con la consecuente acumulación de deudas que después son impagables, o mediante coacciones a diversos gobiernos para que abran esos recursos al sector privado.
La situación real es que ya las cuencas de agua están bajo amenaza extrema por el aumento de las poblaciones, las demandas cada vez mayores para la agricultura, la industria minera y el cambio climático.

Entre el 60 % y 90 % de la población mundial vive en países con escasez de agua dulce, mientras la actual pandemia de coronavirus ha puesto de manifiesto como quedan las personas más necesitadas del primordial líquido que las lleva a transitar por un camino más sombrío. 

A esa escasez se une la contaminación, pues muchas enfermedades se propagan por aguas infectadas, saneamientos deficientes o falta de higiene que causan cada año la muerte a más de 1,5 millones de niños, o sea, cada 15 segundos muere un menor por esos motivos que podrían ser resueltos con políticas económico sociales por parte de gobiernos e instituciones internacionales.

A las ya agotadas fuentes de abasto de agua y en muchos ríos y lagunas son vertidos diariamente 2 000 000 de toneladas de residuales y otros contaminantes.

Según estudios de organizaciones internacionales, ese desastre se agrava en los países en desarrollo donde se arrojan, casi siempre por compañías transnacionales, más del 90 % de los desechos sin procesar y el 70 % de los residuos industriales.  

Las privatizaciones del agua conducen a efectos desastrosos entre los pobladores pues los pagos por esos servicios se vuelven incosteables. El negocio consiste en controlar esos derechos en zonas abundantes y vendérselos a los ciudadanos mediante concesiones y contratos.

Entre las grandes compañías se encuentran las francesas Suez y Veolia, la estadounidense Bechtel, la alemana RWE-Thames, la española Aguas de Barcelona y otras.

Lo cierto es que con la nueva acción del CME Group en la Bolsa de Valores de Wall Street, los consorcios del agua ejercerán más influencia sobre el control y costo del preciado líquido, que solo podrá ser enfrentado y detenido por la unión de los gobiernos nacionalistas que defiendan a sus ciudadanos en los organismos internacionales ante la rapiña del capitalismo neoliberal.   

Por Hedelberto López Blanch | 03/02/2021

Hedelberto López Blanch, periodista, escritor e investigador cubano

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La pugna inter-imperialista entre los EEUU vs. China, entre la Unión Europea –sobre todo Alemania, Francia e Inglaterra– vs. Japón y Rusia, por lograr la vacuna y su aplicación está intensa, y resalta en escenarios diplomáticos, financieros (bolsas de valores), ciencia y tecnología (farmaceúticas), así como espionaje, además de la disputa por la importación y exportación de insumos sanitarios y medicamentos.

Esta disputa llevó a la investigación y desarrollo de 23 posibles vacunas en ensayos clínicos 1 y 2, y más de 100 en las primeras etapas. Y a fines de 2020 y comienzo de 2021 la aparición de las primeras vacunas: las de Pfizer-BioNtech, Astra-Zeneca. Moderna, Johnson & Johnson y la rusa Sputnik V.

En este escenario, encontramos a las empresas farmacéuticas más poderosas y que cotizan en las Bolsas:

Como es público, en este momento se están repartiendo y aplicando cuatro vacunas de EEUU: Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson, y Novanax, y una Inglesa –la de Astra Zeneca–, es decir las principales en las Bolsas. La rusa Sputnik V no cotiza en los templos de la especulación financiera de Europa o de EEUU.

Hay otras empresas farmacéuticas que no figuran en estos templos de la especulación porque se retiraron o no han estado allí antes, como Claver y SinoVac, el Instituto Nacional de Epidemiología de China, la farmacéutica CureVac de Alemania, el Instituto ruso Nikolai Gamdeya, Medicago de Canadá, Maxivax de Biotecnología de Suiza, y el Instituto Finlai de vacunas de Cuba.

Una vez lograda la vacuna, el derecho de compra prioritario es para los países que han efectuado las grandes inversiones en los laboratorios principales. Así, el gobierno de los EEUU de Donald Trump invirtió: 1.600 millones de dólares para Novarax; Inovio es financiado por el Departamento de Defensa de los EEUU y la Coalición para las Innovaciones en preparación para epidemias (Cepi), y ellas entregarían 2.000 millones de dosis de la vacuna. El gobierno de Trump depositó 1.950 millones de dólares para el trabajo conjunto de Pfizer y BioNtech (Alemania y EEUU), con una compra de 300 millones de dosis. También invirtió 1.200 millones de dólares para comprar las primeras 300 millones de dosis de la llamada vacuna de Oxford –del Instituto Jenner y Astra Zeneca de Inglaterra–, además de comprar los primeras 1.000 millones de dosis de Moderna e invertir en ello 500 millones de dólares.

Invirtió, además, 456 millones para las pruebas de la vacuna de Johnson & Johnson en Japón. En total, los EEUU invirtieron más de 7.000 millones de dólares para la vacuna, de ahí la insistencia de Trump de que tendrían vacuna para final de 2020.

Por su parte, el gobierno alemán en cabeza de Ángela Merkel invirtió 300 millones de euros para hacerse con la mayoría de las acciones de CureVac y de esa manera asegurar la vacuna, mientras que la francesa Sanofi-Pasteur producirá para la UE 300 millones de dosis de su vacuna, recibiendo para ello financiación de la Agencia Federal de Instituciones médicas de EEUU (Barda) por 226 millones de dólares; Japón está en la carrera, en acuerdo con Johnson y Johnson. Rusia está aplicando la Sputnik V. Canadá prepara una vacuna de nano-partículas lipídicas de ARNm de los laboratorios Precision NanoSystems, junto con la china CanSino.

Ante esta carrera, pugnas y colusiones de los imperialistas por la vacuna contra el covid–19, la OMS no se quedó atrás y en alianza con la Cepi y la Alianza para la vacunación (Gavi, fundada por Bill Gates), se propone disponer de 2.000 millones de dosis para finales del 2021, con un costo de 18.000 millones de dólares, y las que repartirá entre 183 países hasta ahora (80 países “autofinanciados”, 92 “financiados” y otros más precarios), acuerdo global conocido como Covax, que según los proponentes pretende que estos países cuenten con alternativas o refuerzos en caso de fallas en la aplicación de las otras vacunas, así como evitar que el acceso a las mismas se limite a los países más ricos.

Además, Gavi y la Cepi invirtieron 750 millones de dólares en un acuerdo con Oxford para enviar al resto del mundo, a final de año 2020 o inicios del 2021, 300 millones de dosis, si la vacuna funcionaba.
Por su parte, Brasil invirtió 280 millones de dólares para la vacuna de Oxford-Astra Zeneca, para garantizar millones de dosis y la tecnología para producirla en el país. Chile, por medio de la U. Católica, firmó un convenio con la farmacéutica china Sinovac-Biotech para aplicar la vacuna “coronavac” en la fase tres y, además, experimenta con su propia vacuna. Tanto Brasil, como Australia y China participaron en la Fase tres de la vacuna. Argentina llegó a un acuerdo con Pfizer-BioNtech para probar su vacuna, así como otro acuerdo con el Fondo ruso de Inversión Directa.

En otro escenario de esta misma disputa, encontramos el precio de la vacuna, pues se producirán algunas como las de la farmacéutica Moderna solo para países que tengan capacidad de pagar la suma de 70 dólares por dosis. La de Pfizer posiblemente cueste 20 dólares, y se dice que la de Oxford será masiva, a 5 dólares la unidad. Lo que se presume es que la vacuna no será gratuita pues su producción cuesta 65.000 millones de euros, capital que las farmacéuticas ni los Estados inversionistas están dispuestos a perder, así amplios sectores de los pueblos estén subvencionados.

¿Y Colombia, qué?

En agosto 2020 el gobierno dijo que era mejor esperar la vacuna que verdaderamente funcionará y apuntarse a ella, sin saberse por tanto si habría vacuna para final del 2020 pues proseguía la fase experimental, entonces para qué apurar.

Pero tal actitud no dejó tranquilo a muchos sectores, cuya presión lo obligó a comprar vacunas de varios laboratorios: Pfizer-BioNtech (5 millones de dosis), Astra-Zeneca/U de Oxford (5 millones de dosis); y Johnson & Johnson (9 millones de dosis), además de 10 millones de dosis del acuerdo Covax. Y dice que está en procura de adquirir lotes de otras tres vacunas. Pero no se sabe nada de cuándo llegarán, cómo fueron las negociaciones con las farmacéuticas, cuánto invirtió. Las cláusulas de confidencialidad con las farmacéuticas son muy peligrosas pues atentan con la soberanía del país.

Mientras ya se vacuna en Brasil, Argentina, Chile, México, Costa Rica, Venezuela, aquí se especula sobre su llegada; lo que se prevé es un gran negocio de los privados con la vacuna contra el covid–19.

Como puede apreciarse, estamos ante una pugna mundial y nacional por el acceso a la vacuna que frene la pandemia del covid–19 desde dos aspectos: pugna con dosa inter-imperialista por producir, almacenar, distribuir y administrar la vacuna y sacar el máximo provecho económico y político de esta maniobra; y la lucha para que la vacuna sea universal y no usada primero por los países ricos, y que los pobres se queden esperando; todo esto con despliegue de mecanismos de exclusión social, racistas, xenófobos, patriarcales para dar la vacuna a las clases dominantes y sus amigos. Sin embargo, los empresarios necesitan tener en buenas condiciones a la fuerza de trabajo, de ahí que tengan que dar la vacuna, así no les guste.

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La pugna inter-imperialista entre los EEUU vs. China, entre la Unión Europea –sobre todo Alemania, Francia e Inglaterra– vs. Japón y Rusia, por lograr la vacuna y su aplicación está intensa, y resalta en escenarios diplomáticos, financieros (bolsas de valores), ciencia y tecnología (farmaceúticas), así como espionaje, además de la disputa por la importación y exportación de insumos sanitarios y medicamentos.

Esta disputa llevó a la investigación y desarrollo de 23 posibles vacunas en ensayos clínicos 1 y 2, y más de 100 en las primeras etapas. Y a fines de 2020 y comienzo de 2021 la aparición de las primeras vacunas: las de Pfizer-BioNtech, Astra-Zeneca. Moderna, Johnson & Johnson y la rusa Sputnik V.

En este escenario, encontramos a las empresas farmacéuticas más poderosas y que cotizan en las Bolsas:

Como es público, en este momento se están repartiendo y aplicando cuatro vacunas de EEUU: Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson, y Novanax, y una Inglesa –la de Astra Zeneca–, es decir las principales en las Bolsas. La rusa Sputnik V no cotiza en los templos de la especulación financiera de Europa o de EEUU.

Hay otras empresas farmacéuticas que no figuran en estos templos de la especulación porque se retiraron o no han estado allí antes, como Claver y SinoVac, el Instituto Nacional de Epidemiología de China, la farmacéutica CureVac de Alemania, el Instituto ruso Nikolai Gamdeya, Medicago de Canadá, Maxivax de Biotecnología de Suiza, y el Instituto Finlai de vacunas de Cuba.

Una vez lograda la vacuna, el derecho de compra prioritario es para los países que han efectuado las grandes inversiones en los laboratorios principales. Así, el gobierno de los EEUU de Donald Trump invirtió: 1.600 millones de dólares para Novarax; Inovio es financiado por el Departamento de Defensa de los EEUU y la Coalición para las Innovaciones en preparación para epidemias (Cepi), y ellas entregarían 2.000 millones de dosis de la vacuna. El gobierno de Trump depositó 1.950 millones de dólares para el trabajo conjunto de Pfizer y BioNtech (Alemania y EEUU), con una compra de 300 millones de dosis. También invirtió 1.200 millones de dólares para comprar las primeras 300 millones de dosis de la llamada vacuna de Oxford –del Instituto Jenner y Astra Zeneca de Inglaterra–, además de comprar los primeras 1.000 millones de dosis de Moderna e invertir en ello 500 millones de dólares.

Invirtió, además, 456 millones para las pruebas de la vacuna de Johnson & Johnson en Japón. En total, los EEUU invirtieron más de 7.000 millones de dólares para la vacuna, de ahí la insistencia de Trump de que tendrían vacuna para final de 2020.

Por su parte, el gobierno alemán en cabeza de Ángela Merkel invirtió 300 millones de euros para hacerse con la mayoría de las acciones de CureVac y de esa manera asegurar la vacuna, mientras que la francesa Sanofi-Pasteur producirá para la UE 300 millones de dosis de su vacuna, recibiendo para ello financiación de la Agencia Federal de Instituciones médicas de EEUU (Barda) por 226 millones de dólares; Japón está en la carrera, en acuerdo con Johnson y Johnson. Rusia está aplicando la Sputnik V. Canadá prepara una vacuna de nano-partículas lipídicas de ARNm de los laboratorios Precision NanoSystems, junto con la china CanSino.

Ante esta carrera, pugnas y colusiones de los imperialistas por la vacuna contra el covid–19, la OMS no se quedó atrás y en alianza con la Cepi y la Alianza para la vacunación (Gavi, fundada por Bill Gates), se propone disponer de 2.000 millones de dosis para finales del 2021, con un costo de 18.000 millones de dólares, y las que repartirá entre 183 países hasta ahora (80 países “autofinanciados”, 92 “financiados” y otros más precarios), acuerdo global conocido como Covax, que según los proponentes pretende que estos países cuenten con alternativas o refuerzos en caso de fallas en la aplicación de las otras vacunas, así como evitar que el acceso a las mismas se limite a los países más ricos.

Además, Gavi y la Cepi invirtieron 750 millones de dólares en un acuerdo con Oxford para enviar al resto del mundo, a final de año 2020 o inicios del 2021, 300 millones de dosis, si la vacuna funcionaba.
Por su parte, Brasil invirtió 280 millones de dólares para la vacuna de Oxford-Astra Zeneca, para garantizar millones de dosis y la tecnología para producirla en el país. Chile, por medio de la U. Católica, firmó un convenio con la farmacéutica china Sinovac-Biotech para aplicar la vacuna “coronavac” en la fase tres y, además, experimenta con su propia vacuna. Tanto Brasil, como Australia y China participaron en la Fase tres de la vacuna. Argentina llegó a un acuerdo con Pfizer-BioNtech para probar su vacuna, así como otro acuerdo con el Fondo ruso de Inversión Directa.

En otro escenario de esta misma disputa, encontramos el precio de la vacuna, pues se producirán algunas como las de la farmacéutica Moderna solo para países que tengan capacidad de pagar la suma de 70 dólares por dosis. La de Pfizer posiblemente cueste 20 dólares, y se dice que la de Oxford será masiva, a 5 dólares la unidad. Lo que se presume es que la vacuna no será gratuita pues su producción cuesta 65.000 millones de euros, capital que las farmacéuticas ni los Estados inversionistas están dispuestos a perder, así amplios sectores de los pueblos estén subvencionados.

¿Y Colombia, qué?

En agosto 2020 el gobierno dijo que era mejor esperar la vacuna que verdaderamente funcionará y apuntarse a ella, sin saberse por tanto si habría vacuna para final del 2020 pues proseguía la fase experimental, entonces para qué apurar.

Pero tal actitud no dejó tranquilo a muchos sectores, cuya presión lo obligó a comprar vacunas de varios laboratorios: Pfizer-BioNtech (5 millones de dosis), Astra-Zeneca/U de Oxford (5 millones de dosis); y Johnson & Johnson (9 millones de dosis), además de 10 millones de dosis del acuerdo Covax. Y dice que está en procura de adquirir lotes de otras tres vacunas. Pero no se sabe nada de cuándo llegarán, cómo fueron las negociaciones con las farmacéuticas, cuánto invirtió. Las cláusulas de confidencialidad con las farmacéuticas son muy peligrosas pues atentan con la soberanía del país.

Mientras ya se vacuna en Brasil, Argentina, Chile, México, Costa Rica, Venezuela, aquí se especula sobre su llegada; lo que se prevé es un gran negocio de los privados con la vacuna contra el covid–19.

Como puede apreciarse, estamos ante una pugna mundial y nacional por el acceso a la vacuna que frene la pandemia del covid–19 desde dos aspectos: pugna con dosa inter-imperialista por producir, almacenar, distribuir y administrar la vacuna y sacar el máximo provecho económico y político de esta maniobra; y la lucha para que la vacuna sea universal y no usada primero por los países ricos, y que los pobres se queden esperando; todo esto con despliegue de mecanismos de exclusión social, racistas, xenófobos, patriarcales para dar la vacuna a las clases dominantes y sus amigos. Sin embargo, los empresarios necesitan tener en buenas condiciones a la fuerza de trabajo, de ahí que tengan que dar la vacuna, así no les guste.

Publicado enEdición Nº275
PATRICIA BOLINCHES

Google pone en marcha cursos de seis meses de duración y los anuncia como alternativa a carreras de cuatro años. La presencia de empresas multinacionales y bancos en la educación superior se hace cada vez más patente mientras la privada gana espacio.

 

Kent Walter, vicepresidente de asuntos globales de Google, anunciaba este verano la puesta en marcha en Estados Unidos de nuevos cursos de unos seis meses que “ayudarán a obtener calificaciones en campos laborales de alto crecimiento y bien remunerados sin necesidad de un título universitario”. En sus ofertas de trabajo, el gigante tecnológico los valoraría como equivalentes a una titulación oficial de cuatro años, explicitaba el directivo. “Teníamos que desembocar necesariamente en este resultado”, critica Carlos Fernández Liria, filósofo y profesor en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). “Si se pone la universidad al servicio de una sociedad que le demanda empleabilidad, si se trata de sustituir títulos por una especie de currículum a base de certificados que dan fe de certezas, habilidades y competencias, está claro que Google iba a hacerlo mejor que nosotros”, expone.

Para el docente, es resultado del proceso de reforma del sistema universitario que tiene su origen en el Plan Bolonia. “La infraestructura de la universidad clásica se desmoronó casi sin darnos cuenta. Ahora, la unidad de investigación e incluso de docencia acaba siendo un grupo de investigación muy flexible, que en realidad quiere decir muy inestable, que debe venderse mercantilmente quiera o no”. Dicho proceso se inició hace 20 años, un plazo que coincide con el momento al que alude Montserrat Galcerán, catedrática en Filosofía y promotora de la Universidad Nómada, para enmarcar el capitalismo cognitivo, un sistema por el que “todo aquello que inicialmente no era mercantilizable, como el conocimiento, la educación o las relaciones humanas, pasó a serlo”.

El mercado socava

Según Galcerán, la entrada de las empresas en la universidad se ha producido en distintas etapas y se ha materializado de diversas formas. Empezó con la gestión de los carnés universitarios por parte de empresas privadas como el Banco Santander. “Esto le daba acceso a datos del profesorado y el alumnado: nombre, edad, sexo... pero también cuándo estaba y cuándo no, qué libros sacaba, cuánto dinero gastaba”.

Después llegó el patrocinio de estudios: este banco —que presume de haber invertido en la educación superior 119 millones de euros en 2019— ofrece préstamos para cursar educación superior y miles de becas anuales para movilidad, investigación, prácticas o cursos, además de estar presente de otras formas: “Cuando entré en la universidad y se celebraron las jornadas de bienvenida, además de los puestos de información de la propia universidad, había uno del Santander en el que te ofrecían hacerte una tarjeta bancaria con ellos”, recuerda Luiza Velizaroba, antigua alumna de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), que estudió, subraya, a través de una beca financiada a partes iguales por antiguos alumnos de la institución y grandes empresas como Inditex, Coca Cola o PwC.

La presencia del Banco Santander se deja notar de más formas: el Presidente del Consejo Social —organismo pensado para representar a instituciones cercanas a la universidad y servir de nexo con la sociedad— de la UC3M ocupa el puesto de Vicepresidente y Consejero de la institución bancaria. A ello se suma la creación, en 2015, del Instituto de Big Data Financiero (IBiDat) a manos de la universidad pública madrileña y la entidad bancaria: “Se está formando a empleados de empresas y otorgándoles a las mismas mayor control en determinados campos, como puede ser el Big Data, usando el trabajo de investigadores de universidades públicas”, subraya Iria Fernández, miembro del sindicato Estudiantes en Movimiento.

El IBiDat recoge en su web una cantidad de proyectos importantes, matizando que “algunos están financiados por cuerpos públicos y otros ejecutados en colaboración con diferentes empresas”. “Es el gran truco de Bolonia”, insiste Fernández Liria, “si la iniciativa privada invierte en algo, se demuestra que eso tiene interés mercantil, así que el Estado invierte también”, destinando recursos públicos, sostiene, a beneficios privados.

Las empresas fueron avanzando y empezaron a patrocinar cátedras, áreas de conocimiento completas. Pepe Galindo, profesor en la Universidad de Málaga en el área de Lenguajes y Sistemas Informáticos, investiga este fenómeno: “El problema es cuando una empresa muy contaminante tiene una cátedra sobre sostenibilidad” afirma, haciendo alusión a la Cátedra Ecoembes en la Politécnica de Madrid, que para él es uno de los casos más sangrantes. “Ecoembes está conformado por multitud de empresas como Nestlé, Coca Cola, Mercadona, El Corte Inglés... todos los grandes supermercados. Dedican la cátedra a alabar las ventajas del reciclaje, pero en realidad lo que quieren es que el sistema de usar y tirar siga funcionando, que es lo que a ellos les viene bien”, sentencia. 

De hecho, la mercantilización de la universidad toma formas más evidentes a través de otras estrategias. Para Iria Fernández, un ejemplo sería la subcontratación de servicios: “La universidad no recurre a cooperativas de trabajadores, sino a grandes empresas como Eulen, lo que resulta en derechos laborales muy perjudicados”, ejemplifica. Pero más allá de estas externalizaciones, el caso más evidente de privatización de la enseñanza superior es el auge de las instituciones de educación superior de titularidad privada.

Desigualdad

El número de estudiantes matriculados en grados de privada aumentó en el curso 2019-2020 un 22% con respecto al 2015-2016, y mientras en 2015 un 32,5% de los matriculados en estudios de máster estaba en centros privados, en 2019 el porcentaje subía al 41%. Iria Fernández lo vincula con la cuestión de la empleabilidad: “Muchas de las universidades privadas están enfocadas a administración de empresas, marketing, finanzas… Y realmente son agencias de colocación en las que pagas 20.000 euros al año para que cuando acabes tu carrera, y te dejes ahí un dinero que una familia de extracción popular jamás podrá costearse, tengas trabajo en una empresa”.

Según el último informe del Alto Comisionado contra la pobreza, las familias de quintil más alto invierten en educación 3.000 euros al año mientras la familia de quintil más bajo apenas llegan a los 400. A pesar de ello, recientemente estalló la polémica al dictar el Tribunal Constitucional que el estudiantado de universidades privadas sí debían recibir becas públicas, en contra de la orden dictada por la Generalitat Valenciana que limitaba este derecho a alumnado de instituciones públicas o de titulaciones privadas sin oferta pública.

Omnipresencia tecnológica

Seda F. Gürses, doctora en Ciencias de la Computación en la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica), sostiene que la crisis sanitaria ha supuesto el momento que las empresas tecnológicas estaban esperando para convertir la educación superior en un mercado más. El problema con estas herramientas es que no están orientadas al mundo educativo, sino al empresarial. Zoom o Microsoft Teams cuentan con mecanismos de vigilancia para controlar si las personas empleadas son eficientes o si atienden a sus tareas, y esas herramientas se están implantando ahora en el sistema educativo: “Les estamos dando la imagen a los universitarios de que la vigilancia es natural”, denuncia Marcos Sánchez-Elez, profesor de informática en la UCM.

Empresas como Telefónica alaban este tipo de dinámicas: “El grupo escolar cuenta para ello con aplicaciones que controlan la asistencia de los alumnos (...). Disponen de cámaras de vídeo para grabar constantemente lo que sucede en las aulas desde múltiples ángulos, con el fin de capturar las expresiones faciales, registrar su forma de hablar, el vocabulario, qué cosas les llaman más la atención. El análisis de toda esa información proporciona una comprensión integral de cada alumno (...)”, expone en su web.

Para Gürses, el verdadero interés de las tecnológicas en la educación superior es convertir la universidad en un mercado: estas empresas han invertido mucho dinero en su infraestructura y ahora buscan un retorno. “Necesitan ser tratadas como algo más que proveedoras de servicios, quieren ser un actor predominante en nuestras organizaciones, instituciones, fábricas… Crecer en todos esos mercados para poder continuar el negocio, han convertido a la universidad en su mercado”, sentencia, a la vez que defiende que la tendencia no se produce solo en la universidad, sino también “sobre la salud, el trabajo, la administración de las organizaciones y las instituciones en general”.

También está el problema añadido de los códigos de conducta. Las universidades cuentan con códigos deontológicos establecidos pero, al ponerse en manos de empresas privadas, asumen automáticamente sus términos de uso. Gürses menciona dos ejemplos concretos. Discord es un sistema de mensajería muy utilizado por gamers —jugadores en línea—, una comunidad muy masculinizada y también canal de comunicación de supremacistas blancos: “Cuando algunas universidades han llevado a sus estudiantes a Discord, los han llevado a un espacio que permite la cultura del acoso”, especialmente contra mujeres y personas racializadas. “Por supuesto la empresa se exime de toda responsabilidad”, cuenta Gürses.

Otro ejemplo ocurrido durante la pandemia ha sido en la Universidad de Arizona, en Estados Unidos. Una profesora realizaba un seminario por Zoom con 150 estudiantes cuando el grupo de comenzó a recibir comentarios racistas e imágenes pornográficas. “Como Zoom no cuenta con políticas de privacidad, integridad o deontológicas con las que contaría una universidad, no se hacen responsables y dicen que no es cosa de la empresa. Si esto ocurriera en una universidad, se podría tomar medidas”, sentencia la investigadora belga. Sin embargo, Gürses remarca la existencia de alternativas, como la universidad Osnabrück, en Alemania, que ha creado su propia infraestructura basada en herramientas libres no privativas y establecido sus propios términos. La implantación de Eduroam, la red de internet pública y gratuita para el estudiantado, es considerada otro logro.

Revertir el modelo

Más allá de la cuestión tecnológica, Carlos Fernández Liria incide en el punto de inflexión que supuso el Plan Bolonia en el panorama universitario actual: “Desarrollaron toda una ofensiva para cargarse la universidad y convertirla en una escuela de formación profesional que prima la empleabilidad, es decir, una fábrica de mano de obra barata para las empresas”. El Ministerio de Universidades prepara un Real Decreto que podría poner freno a la proliferación de centros privados que refleja las consecuencias del modelo al que se refiere el filósofo.

La orden pretende corregir el peso de másteres en algunas universidades y dotar de mayor protagonismo a los estudios de grado, además de exigir unos mínimos de investigación y docencia. A día de hoy, más de un tercio de instituciones privadas con el título de universidad incumple alguno de los requisitos. Sobre si el decreto servirá para corregir la deriva de la educación superior, unos son más optimistas que otros. Estudiantes en Movimiento ve elementos positivos en el texto, pero lo valora como poco ambicioso y hace alusión a la falta de financiación. Fernández Liria muestra cautela con el decreto y se reconoce pesimista: “Todas las luchas de la clase trabajadora que se han materializado en instituciones o leyes tardan 50 años en conquistarse y se pierden en cinco minutos de traición, despiste o relajamiento”.

Para él, la universidad pública era una conquista de la clase trabajadora, el derecho a tener estudios superiores, pero se perdió. La privada sigue siendo un problema en tanto que acentúan, considera, las desigualdades sociales; mientras, ve los certificados de Google como el culmen de la perversión del panorama formativo. Para Luiza Velizaroba, la clave para impulsar estos cambios y revertir el modelo está en que la sociedad y la comunidad universitaria mantengan la presión: “Yo no creo tanto que sea posible como que lo vayan a hacer posible”, concluye la joven. 

Genoveva López

@genolomo

Lis Gaibar

@LisGaibar

21 ene 2021 06:00

 

Publicado enSociedad
La cantante colombiana, durante un concierto en Miami el pasado febrero: su catálogo está ahora en manos de Mercuriadis- AFP

Un bombazo en la industria musical

El empresario canadiense Merck Mercuriadis tiene mil millones de dólares para adquirir los derechos de temas musicales

Rafael Ramos

18/01/2021 07:00Actualizado a 18/01/2021 09:29

Cuando Merck Mercuriadis tenía ocho años, un primo mayor llegó de Grecia (de donde emigraron sus antepasados) para instalarse con él y su familia en la provincia canadiense de Nueva Escocia, y trajo en su equipaje un auténtico arsenal de discos de vinilo, presumiendo que lo sabía todo de mujeres, de drogas y de música. “Nos llevamos muy bien, porque las tres cosas me interesaban sobremanera”, dice el fundador de Hipgnosis Songs Fund Limited, el fondo de inversión que acaba de comprar los derechos del catálogo de canciones de Shakira.

Casi medio siglo después, es de suponer que a Merck le ha ido razonablemente bien con las mujeres (está casado y tiene cuatro hijos) y su relación con las drogas (si es que la tiene) es cosa suya, pero lo que está claro es que aprendió mucho de su primo en lo que a música se refiere, porque ha revolucionado la industria con una empresa que cotiza en la bolsa de Londres y es cruce entre un fondo de inversión y una firma de gestión de talentos.

Gracias a una personalidad desbordante, a la capacidad de entusiasmar y a una larga y formidable lista de contactos de su época como mánager de artistas, Mercuariadis, un canadiense de 57 años nacido en Quebec, lanzó hace tres años su Hipgnosis e inmediatamente captó mil millones de dólares de capital para adquirir propiedad intelectual (canciones), con inversores de todo tipo, algunos tan inesperados como la Iglesia de Inglaterra. Su promesa es que la música es un valor de referencia, como el oro o los diamantes, seguro en tiempos de crisis y bastante ajeno a las fluctuaciones. Y que quien le siga, se hará rico, obscenamente rico.

El empresario musical de origen griego ha sabido adaptarse como pocos al nuevo universo de la publicación online, la descarga y el streaming, fenómenos alentados aún más si cabe por la pandemia. Paga los derechos a precio de oro (hasta el triple que los competidores, las casas discográficas están que se suben por las paredes), pero de esa manera está consiguiendo hacerse con un catálogo fabuloso del que Shakira es la última perla, y en el que también figuran Neil Young (compró el 50% de los derechos de su obra), Barry Manilow, Dave Stewart de los Eurythmics, Andy Marvel, Blondie, Chrissie Hynde, Enrique Iglesias o los Kaiser Chiefs. Cada vez que se reproduce un tema, en la radio, en un bar, un supermercado o en una película, cobra royalties. Su socio es Nile Rodgers, productor, compositor y cofundador del grupo Chic, y el objetivo de ambos es llegar a controlar entre el 15% y el 20% del mercado.

Cuando tenía diecinueve años, y con el gusanillo de la música en el cuerpo desde la llegada de su primo de Grecia, se puso a llamar cada día a las oficinas de Virgin Records en Toronto hasta conseguir que le diera un empleo en el departamento de marketing. Pero lo que de verdad quería era operar en el lado creativo del negocio, en contacto con los artistas, de modo que se trasladó a Londres, meca de la música pop, donde entró en Sanctuary Music, una empresa en expansión que manejaba la carrera de la banda de heavy metal Iron Maiden. Pese a llevarse a matar con su compositor y con su cantante principal, acabaron siendo amigos: lanzó a todo trapo su álbum de 1992 Fear of the Dark.

En el 2000 cambió la capital inglesa por Nueva York como presidente de la rama norteamericana de la compañía, encargado del desarrollo de la marca. Para eso añadió a la lista de clientes a Beyoncé, Axl Rose y Guns N’Roses entre otros, pero los gastos aumentaban, los ingresos no respondían a las expectativas, buena parte del personal fue despedido, y eventualmente Sanctuary fue adquirida por Universal Records por 41 millones de dólares. Mercuriadis se lo tomó como un fracaso personal y aprendió las lecciones. Cuando nació Spotify, vio una mina de oro en el streaming y la posibilidad de que los suscriptores creasen sus listas de temas favoritos mezclando géneros y artistas.

Tras fundar Hipgnosis y lanzar la firma a bolsa en el 2018, lo primero que hizo fue comprar un 75% del catálogo de The Dream, y tan sólo el primer año las acciones subieron un diez por ciento, y los beneficios alcanzaron los quince millones de dólares. En pleno proceso de expansión y con el propósito de diversificarse, tiene una plantilla de diecinueve empleados en las oficinas del barrio londinense de Notting Hill, e inversores variopintos, algunos fanáticos de la música, otros solo de hacer dinero. Mucho dinero.

En tres años, desde el lanzamiento a bolsa de Hipgnosis, Merck Mercuaridis y su socio Nile Rodgers han comprado más de ocho mil canciones, un millar de las cuales fueron en su día number ones. Mientras la mayoría de sus rivales procura descubrir talentos y adquirir baratos los catálogos de promesas en las que ve potencial para desarrollarlas y encontrar oro de vez en cuando, al empresario canadiense sólo le interesan valores probados, por los que no le importa pagar más que nadie. Suyos son los derechos de Uptown Funk de Bruno Mars, Shape of You de Ed Sheehan, Closer de los Chainsmokers, Girls Like You de Maroon 5, Despacito de Luis Fonsi, Daddy Yankee y Justin Bieber. Su primera adquisición fue Neil Young, a quien compró el 50% de su catálogo, y después han seguido otros como Timbaland, Jack Antonoff, Steve Winwood, The Chainsmokers, Poo Bear, Rick James, los Kaiser Chiefs, Brian Kennedy, Lindsey Buckingham y Shakira.


 Pagar más que nadie y comprar solo lo mejor

En tres años, desde el lanzamiento a bolsa de Hipgnosis, Merck Mercuaridis y su socio Nile Rodgers han comprado más de ocho mil canciones, un millar de las cuales fueron en su día number ones. Mientras la mayoría de sus rivales procura descubrir talentos y adquirir baratos los catálogos de promesas en las que ve potencial para desarrollarlas y encontrar oro de vez en cuando, al empresario canadiense solo le interesan valores probados, por los que no le importa pagar más que nadie.

Suyos son los derechos de Uptown funk de Bruno Mars, Shape of you de Ed Sheeran, Closer de los Chainsmokers, Girls like you de Maroon 5, Despacito de Luis Fonsi, Daddy Yankee y Justin Bieber. 

Su primera adquisición fue Neil Young, a quien compró el 50% de su catálogo, y después han seguido otros como Timbaland, Jack Antonoff, Steve Winwood, The Chainsmokers, Poo Bear, Rick James, los Kaiser Chiefs, Brian Kennedy, Lindsey Buckingham y Shakira.

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Carlos Fernández Liria, filósofo y profesor de la Universidad Complutense de Madrid.


El filósofo y profesor titular en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Carlos Fernández Liria analiza la progresiva conversión de las instituciones de educación superior de enseñanza a través del punto de inflexión que supuso el Plan Bolonia.

 

Carlos Fernández Liria es claro en lo que respecta a su posición sobre el Plan Bolonia, cuyas bases en España quedarían aprobadas por decreto en octubre de 2007, pero que empezó a fraguarse en 1999. El curso académico 2008-2009 sería el primero, hasta la actualidad, en implantar los nuevos grados —casi todos de cuatro años de duración— que dejarían progresivamente aparcadas las licenciaturas y diplomaturas, y que dificultarían todavía más el acceso a la educación superior del estudiantado con familias de extracción popular: progresiva subida de tasas, sistema de horquillas, exigida presencialidad que dificultaba trabajar al mismo tiempo para generar ingresos... 

Más allá de los condicionantes a corto plazo que generaba el Plan Bolonia, que ya advirtieron grupos de estudiantes y profesores que se opusieron frontalmente a él, para Carlos Fernández Liria el proceso abrió la puerta a la mercantilización de la Universidad y redujo la esencia de la misma a una fábrica de mano de obra para el capitalismo. Mientras cada vez más empresas se insertan en la enseñanza superior y el Ministerio de Universidades prepara un real decreto con el que poner freno a las instituciones de titularidad privada que no cumplen unos requisitos mínimos de enseñanza e investigación, Fernández Liria se remonta a las movilizaciones de la juventud a principios del siglo XXI: “Se demuestra que tenían toda la razón”, defiende. 

¿Cuáles han sido las consecuencias más importantes de la implantación del Plan Bolonia en la universidad española?
Lo más importante fue la desintegración de todas las estructuras universitarias hasta sustituir lo que eran las cátedras vitalicias, que era una gran infraestructura de investigación y de docencia, y los departamentos, las facultades y las áreas quedaron en realidad suplantadas por un mosaico de pequeños grupos de investigación que tienen que venderse cada tres años para poder recibir financiación. Y, por supuesto, cuanta más financiación externa tienes, es decir cuanto más interés mercantil tienes, más prospera tu grupo de investigación.

De alguna forma se puede decir que la infraestructura de la universidad clásica casi sin darnos cuenta se desmoronó y actualmente la unidad de investigación e incluso de docencia acaba siendo un grupo de investigación muy flexible, que en realidad quiere decir muy inestable, que tiene que venderse mercantilmente quiera o no. Porque dicen: “Nada te obliga a estar en el mercado”, claro que no, lo que pasa es que no recibes financiación. Hay grupos, como el mío [Departamento de Metafísica y Teoría del Conocimiento], que no puede investigar nada porque no interesa mercantilmente. Nos dan financiación, pero menos de 5.000 euros para tres años, con eso no da para nada. 

La cuestión mercantil a la que hace referencia también se puede ver en otras iniciativas de universidades públicas, como las Cátedras: algunas llevan el nombre de Inditex, Repsol o Ecoembes, por ejemplo. ¿Cómo interfieren las empresas en las universidades?
Aceptamos un chantaje que no teníamos por qué haber aceptado, que era el de competir con la iniciativa privada, con las universidades privadas y con las cátedras de iniciativa privada. La cátedra Repsol, la cátedra Inditex… Desde el momento en el que descompusimos nuestras titulaciones en pequeños grados y pequeños másteres, empezamos a competir con el mundo privado sin poder evitarlo de ninguna manera.

La Universidad Europea se ha quejado porque hacemos competencia ilegítima al tener unos másteres con unos precios demasiado baratos, y yo no diría que son demasiado baratos, un máster de un año como el que tenemos nosotros que cuesta 3.000 y pico euros si no tienes asignaturas pendientes no me parece barato, pero en la Universidad Europea los másteres de un año ascienden a 12.000 euros. Ahora mismo hemos aceptado competir con universidades privadas, nos hemos rebajado a tener que hacer eso, y se nos acusa de competencia desleal.

Con las cátedras pasa lo mismo, una cátedra de un gran interés académico tendrá financiación en la medida en que los grupos de investigación ligados a ella puedan demostrar que tiene interés mercantil, y de eso dependerá el que haya más o menos becarios, profesores ayudantes, y que esa cátedra crezca o no crezca. Eso hace que una cátedra que, a lo mejor no ha tenido ninguna iniciativa académica interna, como la de Repsol, puede tener una financiación pública inmensa precisamente porque hay una iniciativa privada interesada en ello.

Con los beneficios que eso conlleva para la empresa.
Es que este es el gran truco de Bolonia: si la iniciativa privada pone 10 euros, se demuestra que eso tiene interés mercantil y el Estado pone otros 10 euros, si no pone 100 euros y tres becarios. Esto conlleva que una empresa privada que ha invertido 10 euros en enseñanza universitaria va a recibir dinero público para pagarse sus becarios que, en realidad, van a ser sus trabajadores en prácticas, es decir, trabajadores gratis pagados por el Estado, es decir, pagados por otros trabajadores.

Yo siempre dije que Bolonia lo que pretendía era poner en la universidad un aspirador de dinero público para la empresa privada. No se trata solo de que tengas que conseguir financiación externa, es que cuando consigues financiación externa, es decir privada, esa empresa privada va a recibir una gran cantidad de dinero público, va a aspirar dinero público o a conseguir becarios que trabajen para esa empresa pagadas por los impuestos de otros trabajadores.

¿La universidad no estaba mercantilizada antes del Plan Bolonia?
Pues mucho menos. No lo suficiente, por lo visto. Es muy instructivo, lo llevo diciendo desde hace 15 años, leer el documento Una universidad al servicio de la sociedad que sacó el Círculo de Empresarios. Hay que ver lo mucho que se quejaban de que la universidad no favorecía la empleabilidad para las empresas, de que el modelo era rígido, de que había que terminar con el modelo de universidad europeo y sustituirlo por un modelo de universidad más flexible de tipo anglosajón que fuera capaz de tener un diálogo permanente con el mundo empresarial.

Estaríamos mercantilizados, había montones de chiringuitos privados que estaban haciendo su agosto, pero ni mucho menos al nivel que quería la patronal. Y, de hecho, lo consiguieron y fue lo que implementaron desde entonces: toda una ofensiva para cargarse la universidad europea y modernizarla. Para convertir la universidad en una escuela de formación profesional primando siempre la empleabilidad, lo que quiere decir convertirla en una fábrica de mano de obra barata para las empresas. 

Parece que la expansión de las universidades privadas en España preocupa al Ministerio de Universidades actual, a juzgar por el Real Decreto que prepara y que exige a las universidades de nueva creación, y a las actuales en un plazo de cinco años, que cumplan un mínimo de calidad de docencia e investigación. ¿Será suficiente?
En algún momento he dicho que me parecía lo único bueno que había hecho Castells, poner freno a la privada para que no sean consideradas universidades si no lo son. Pero soy bastante pesimista, una vez entras en una dinámica tan competitiva donde la única evaluación universitaria es la cantidad de papers que puedas producir y las oposiciones ya prácticamente no existen, nos convertimos una fábrica de producir artículos en revistas científicas que nadie va a leer.

Esta distancia de la Academia con la sociedad, tan criticada por algunos sectores, ¿no es la misma que está siendo utilizada por iniciativas privadas? En verano, Google anunció unos cursos de seis meses duración, de momento en Estados Unidos, que fueron presentados por la propia multinacional como, literalmente, una alternativa a titulaciones de cuatro o cinco años.
Desembocamos necesariamente en este resultado, porque si tú pones a la universidad a competir con otras universidades para buscar la empleabilidad, y la empleabilidad es lo único que te interesa, pones la universidad al servicio al del mercado con la excusa de ponerla “al servicio de la sociedad”. ¿No podemos hacerlo al revés, quiero decir, que la universidad esté orgullosa de algo que realmente sea una universidad? Porque eso también me parece bastante sensato, algunos dicen que es idealista, pero eso era lo que teníamos.

Antes la universidad tenía que ser una verdadera universidad, pero no al servicio de la sociedad, sino de la investigación científica, de la verdad, para que la sociedad pudiera estar muy orgullosa de tener una universidad. Esa era la lógica que imperaba hasta Bolonia, cuando ese lema envenenado, que lo compró todo el mundo, y sobre todo lo compraron los sociólogos. Pero la universidad no tiene por qué estar al servicio de la sociedad, todo lo contrario, tiene que estar al servicio del interés científico. Esto solamente lo decíamos desde las facultades de filosofía.

Si tú pones la universidad al servicio de la sociedad y esa sociedad es una sociedad basura, vas a tener una universidad basura

Esto engancha con el tema de Google, ¿no?
Es que si tú pones la universidad al servicio de la sociedad y esa sociedad es una sociedad basura, vas a tener una universidad basura, y si encima lo que demanda la sociedad a la universidad es empleabilidad, pues ya está, Google lo va a hacer mejor. Al final vas a tener una universidad de Google que va a hacer mucho mejor lo que nosotros hemos intentado hacer a trancas y barrancas a pesar de que era un disparate intentar hacerlo: sustituir los títulos por una especie de curriculum hecho a base de certificados que dan fe de certezas, habilidades y competencias.

Pues así llega Google y dice: si se trata de formar en una competencia, yo propongo un cursillo de unos meses muy baratos y certifico que este señor tiene esa competencia, destreza o habilidad. Y dirás: “Bueno, pero no son títulos oficiales”, pero ¿a quién le va a importar, si las empresas lo que quieren es que tengas esa habilidad, esa competencia? De alguna forma hemos firmado nuestra sentencia de muerte. No hemos conseguido suprimir los títulos porque había una especie de inercia feudal, como decían, pero lo intentamos a toda costa. Pero hemos intentado un disparate, porque al final se ha adelantado Google, que lo va a hacer mucho mejor.

Ese es el problema, hemos hecho una apuesta suicida por competir donde no podíamos competir, en vez de hacer una universidad digna de ser llamada así, y que la sociedad se apañe con su mercado laboral basura, porque además hay algo que conviene no olvidar, y es que detrás de los títulos universitarios había colegios profesionales, convenios colectivos, derechos laborales... Una universidad donde ya no tienen importancia los títulos es una sociedad en la que ya no tienen importancia las legislaciones laborales y los sindicatos, así que lo que tienes es emprendedores que no tienen detrás a un sindicato, sino que son empresarios de sí mismos que tienen que negociar con el culo al aire en el mercado en entrevistas de trabajo privadas.

Hablando de introducirse en el mercado laboral, varios rankings concluyen que egresados universitarios de instituciones privadas encuentran antes trabajo que de las públicas, pero algunos expertos hacen aquí mención a la agenda de contactos derivada de este tipo de educación o a la clase social de quienes pueden permitirse estos estudios.
Claro, es que si nos ponemos a competir en eso no lo vamos a conseguir. En todos los documentos que nos venían por parte de los círculos de empresas, la patronal y en última instancia la Organización Internacional del Comercio, nos decían que la célula del mundo universitario debería ser una corporación docente-empresarial, una unidad de investigación, docencia y empresa. Que lo ideal sería que las empresas dijeran lo que necesitaban y que eso se convirtiera en un departamento universitario y lo gestionara la propia empresa, de tal manera que tú podías entrar como estudiante en ese sitio y salir con puesto trabajo en esa misma empresa. Si se trata de conseguir eso, lo va a hacer mucho mejor el mundo privado. Lo malo fue cuando las autoridades académicas accedieron a competir contra él, esa apuesta suicida, porque nunca lo vamos a conseguir, lo conseguirán solo algunos departamentos que tengan interés empresarial.

¿Estamos a tiempo de cambiar algo de esto?
Hay gente joven que espero que esté para hacer algo, pero yo soy pesimista porque lo que he visto es que todas las conquistas de la clase trabajadora que se han materializado en instituciones y en leyes tardan 50 años en conquistarse y se pierden en cinco minutos de traición, despiste o relajamiento para mantenerlas. Y te cuesta otros 50 años reconquistarlo. La universidad pública era una conquista de la clase trabajadora, el derecho a poder tener estudios superiores, y también se nos decía entonces que no necesitamos tanta masa sobrecualificada, pero la gente por pobre que sea tiene derecho a estudios superiores, y el Estado debe garantizárselo.

Eso lo hemos perdido cada vez más con Bolonia, porque el Plan Bolonia no era el Plan Bolonia sino una reconversión económica de la universidad, porque se multiplicaron por tres, por cuatro o por cinco las tasas universitarias; cada vez es más difícil pagar estudios. Volver a tener una universidad como tuvimos yo creo que va a costar 50 años de lucha. Ya costó 10 años de lucha contra Bolonia la resistencia, al final se perdió, pero no me cabe duda de que el resultado hubiera sido mucho peor si no se hubiera resistido, porque de hecho en España conseguimos que los grados duraran cuatro años y no tres, recordemos el 3+2: precios públicos —multiplicados por cuatro, eso sí— para tres años y luego dos a 12.000 euros. A pesar de ese logro, fue una gran pérdida de la lucha de clases, una enorme derrota la que sufrimos con el Plan Bolonia.

David F. Sabadell / Lis Gaibar

@LisGaibar

16 ene 2021 07:05

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