Carlos Fernández Liria, filósofo y profesor de la Universidad Complutense de Madrid.


El filósofo y profesor titular en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Carlos Fernández Liria analiza la progresiva conversión de las instituciones de educación superior de enseñanza a través del punto de inflexión que supuso el Plan Bolonia.

 

Carlos Fernández Liria es claro en lo que respecta a su posición sobre el Plan Bolonia, cuyas bases en España quedarían aprobadas por decreto en octubre de 2007, pero que empezó a fraguarse en 1999. El curso académico 2008-2009 sería el primero, hasta la actualidad, en implantar los nuevos grados —casi todos de cuatro años de duración— que dejarían progresivamente aparcadas las licenciaturas y diplomaturas, y que dificultarían todavía más el acceso a la educación superior del estudiantado con familias de extracción popular: progresiva subida de tasas, sistema de horquillas, exigida presencialidad que dificultaba trabajar al mismo tiempo para generar ingresos... 

Más allá de los condicionantes a corto plazo que generaba el Plan Bolonia, que ya advirtieron grupos de estudiantes y profesores que se opusieron frontalmente a él, para Carlos Fernández Liria el proceso abrió la puerta a la mercantilización de la Universidad y redujo la esencia de la misma a una fábrica de mano de obra para el capitalismo. Mientras cada vez más empresas se insertan en la enseñanza superior y el Ministerio de Universidades prepara un real decreto con el que poner freno a las instituciones de titularidad privada que no cumplen unos requisitos mínimos de enseñanza e investigación, Fernández Liria se remonta a las movilizaciones de la juventud a principios del siglo XXI: “Se demuestra que tenían toda la razón”, defiende. 

¿Cuáles han sido las consecuencias más importantes de la implantación del Plan Bolonia en la universidad española?
Lo más importante fue la desintegración de todas las estructuras universitarias hasta sustituir lo que eran las cátedras vitalicias, que era una gran infraestructura de investigación y de docencia, y los departamentos, las facultades y las áreas quedaron en realidad suplantadas por un mosaico de pequeños grupos de investigación que tienen que venderse cada tres años para poder recibir financiación. Y, por supuesto, cuanta más financiación externa tienes, es decir cuanto más interés mercantil tienes, más prospera tu grupo de investigación.

De alguna forma se puede decir que la infraestructura de la universidad clásica casi sin darnos cuenta se desmoronó y actualmente la unidad de investigación e incluso de docencia acaba siendo un grupo de investigación muy flexible, que en realidad quiere decir muy inestable, que tiene que venderse mercantilmente quiera o no. Porque dicen: “Nada te obliga a estar en el mercado”, claro que no, lo que pasa es que no recibes financiación. Hay grupos, como el mío [Departamento de Metafísica y Teoría del Conocimiento], que no puede investigar nada porque no interesa mercantilmente. Nos dan financiación, pero menos de 5.000 euros para tres años, con eso no da para nada. 

La cuestión mercantil a la que hace referencia también se puede ver en otras iniciativas de universidades públicas, como las Cátedras: algunas llevan el nombre de Inditex, Repsol o Ecoembes, por ejemplo. ¿Cómo interfieren las empresas en las universidades?
Aceptamos un chantaje que no teníamos por qué haber aceptado, que era el de competir con la iniciativa privada, con las universidades privadas y con las cátedras de iniciativa privada. La cátedra Repsol, la cátedra Inditex… Desde el momento en el que descompusimos nuestras titulaciones en pequeños grados y pequeños másteres, empezamos a competir con el mundo privado sin poder evitarlo de ninguna manera.

La Universidad Europea se ha quejado porque hacemos competencia ilegítima al tener unos másteres con unos precios demasiado baratos, y yo no diría que son demasiado baratos, un máster de un año como el que tenemos nosotros que cuesta 3.000 y pico euros si no tienes asignaturas pendientes no me parece barato, pero en la Universidad Europea los másteres de un año ascienden a 12.000 euros. Ahora mismo hemos aceptado competir con universidades privadas, nos hemos rebajado a tener que hacer eso, y se nos acusa de competencia desleal.

Con las cátedras pasa lo mismo, una cátedra de un gran interés académico tendrá financiación en la medida en que los grupos de investigación ligados a ella puedan demostrar que tiene interés mercantil, y de eso dependerá el que haya más o menos becarios, profesores ayudantes, y que esa cátedra crezca o no crezca. Eso hace que una cátedra que, a lo mejor no ha tenido ninguna iniciativa académica interna, como la de Repsol, puede tener una financiación pública inmensa precisamente porque hay una iniciativa privada interesada en ello.

Con los beneficios que eso conlleva para la empresa.
Es que este es el gran truco de Bolonia: si la iniciativa privada pone 10 euros, se demuestra que eso tiene interés mercantil y el Estado pone otros 10 euros, si no pone 100 euros y tres becarios. Esto conlleva que una empresa privada que ha invertido 10 euros en enseñanza universitaria va a recibir dinero público para pagarse sus becarios que, en realidad, van a ser sus trabajadores en prácticas, es decir, trabajadores gratis pagados por el Estado, es decir, pagados por otros trabajadores.

Yo siempre dije que Bolonia lo que pretendía era poner en la universidad un aspirador de dinero público para la empresa privada. No se trata solo de que tengas que conseguir financiación externa, es que cuando consigues financiación externa, es decir privada, esa empresa privada va a recibir una gran cantidad de dinero público, va a aspirar dinero público o a conseguir becarios que trabajen para esa empresa pagadas por los impuestos de otros trabajadores.

¿La universidad no estaba mercantilizada antes del Plan Bolonia?
Pues mucho menos. No lo suficiente, por lo visto. Es muy instructivo, lo llevo diciendo desde hace 15 años, leer el documento Una universidad al servicio de la sociedad que sacó el Círculo de Empresarios. Hay que ver lo mucho que se quejaban de que la universidad no favorecía la empleabilidad para las empresas, de que el modelo era rígido, de que había que terminar con el modelo de universidad europeo y sustituirlo por un modelo de universidad más flexible de tipo anglosajón que fuera capaz de tener un diálogo permanente con el mundo empresarial.

Estaríamos mercantilizados, había montones de chiringuitos privados que estaban haciendo su agosto, pero ni mucho menos al nivel que quería la patronal. Y, de hecho, lo consiguieron y fue lo que implementaron desde entonces: toda una ofensiva para cargarse la universidad europea y modernizarla. Para convertir la universidad en una escuela de formación profesional primando siempre la empleabilidad, lo que quiere decir convertirla en una fábrica de mano de obra barata para las empresas. 

Parece que la expansión de las universidades privadas en España preocupa al Ministerio de Universidades actual, a juzgar por el Real Decreto que prepara y que exige a las universidades de nueva creación, y a las actuales en un plazo de cinco años, que cumplan un mínimo de calidad de docencia e investigación. ¿Será suficiente?
En algún momento he dicho que me parecía lo único bueno que había hecho Castells, poner freno a la privada para que no sean consideradas universidades si no lo son. Pero soy bastante pesimista, una vez entras en una dinámica tan competitiva donde la única evaluación universitaria es la cantidad de papers que puedas producir y las oposiciones ya prácticamente no existen, nos convertimos una fábrica de producir artículos en revistas científicas que nadie va a leer.

Esta distancia de la Academia con la sociedad, tan criticada por algunos sectores, ¿no es la misma que está siendo utilizada por iniciativas privadas? En verano, Google anunció unos cursos de seis meses duración, de momento en Estados Unidos, que fueron presentados por la propia multinacional como, literalmente, una alternativa a titulaciones de cuatro o cinco años.
Desembocamos necesariamente en este resultado, porque si tú pones a la universidad a competir con otras universidades para buscar la empleabilidad, y la empleabilidad es lo único que te interesa, pones la universidad al servicio al del mercado con la excusa de ponerla “al servicio de la sociedad”. ¿No podemos hacerlo al revés, quiero decir, que la universidad esté orgullosa de algo que realmente sea una universidad? Porque eso también me parece bastante sensato, algunos dicen que es idealista, pero eso era lo que teníamos.

Antes la universidad tenía que ser una verdadera universidad, pero no al servicio de la sociedad, sino de la investigación científica, de la verdad, para que la sociedad pudiera estar muy orgullosa de tener una universidad. Esa era la lógica que imperaba hasta Bolonia, cuando ese lema envenenado, que lo compró todo el mundo, y sobre todo lo compraron los sociólogos. Pero la universidad no tiene por qué estar al servicio de la sociedad, todo lo contrario, tiene que estar al servicio del interés científico. Esto solamente lo decíamos desde las facultades de filosofía.

Si tú pones la universidad al servicio de la sociedad y esa sociedad es una sociedad basura, vas a tener una universidad basura

Esto engancha con el tema de Google, ¿no?
Es que si tú pones la universidad al servicio de la sociedad y esa sociedad es una sociedad basura, vas a tener una universidad basura, y si encima lo que demanda la sociedad a la universidad es empleabilidad, pues ya está, Google lo va a hacer mejor. Al final vas a tener una universidad de Google que va a hacer mucho mejor lo que nosotros hemos intentado hacer a trancas y barrancas a pesar de que era un disparate intentar hacerlo: sustituir los títulos por una especie de curriculum hecho a base de certificados que dan fe de certezas, habilidades y competencias.

Pues así llega Google y dice: si se trata de formar en una competencia, yo propongo un cursillo de unos meses muy baratos y certifico que este señor tiene esa competencia, destreza o habilidad. Y dirás: “Bueno, pero no son títulos oficiales”, pero ¿a quién le va a importar, si las empresas lo que quieren es que tengas esa habilidad, esa competencia? De alguna forma hemos firmado nuestra sentencia de muerte. No hemos conseguido suprimir los títulos porque había una especie de inercia feudal, como decían, pero lo intentamos a toda costa. Pero hemos intentado un disparate, porque al final se ha adelantado Google, que lo va a hacer mucho mejor.

Ese es el problema, hemos hecho una apuesta suicida por competir donde no podíamos competir, en vez de hacer una universidad digna de ser llamada así, y que la sociedad se apañe con su mercado laboral basura, porque además hay algo que conviene no olvidar, y es que detrás de los títulos universitarios había colegios profesionales, convenios colectivos, derechos laborales... Una universidad donde ya no tienen importancia los títulos es una sociedad en la que ya no tienen importancia las legislaciones laborales y los sindicatos, así que lo que tienes es emprendedores que no tienen detrás a un sindicato, sino que son empresarios de sí mismos que tienen que negociar con el culo al aire en el mercado en entrevistas de trabajo privadas.

Hablando de introducirse en el mercado laboral, varios rankings concluyen que egresados universitarios de instituciones privadas encuentran antes trabajo que de las públicas, pero algunos expertos hacen aquí mención a la agenda de contactos derivada de este tipo de educación o a la clase social de quienes pueden permitirse estos estudios.
Claro, es que si nos ponemos a competir en eso no lo vamos a conseguir. En todos los documentos que nos venían por parte de los círculos de empresas, la patronal y en última instancia la Organización Internacional del Comercio, nos decían que la célula del mundo universitario debería ser una corporación docente-empresarial, una unidad de investigación, docencia y empresa. Que lo ideal sería que las empresas dijeran lo que necesitaban y que eso se convirtiera en un departamento universitario y lo gestionara la propia empresa, de tal manera que tú podías entrar como estudiante en ese sitio y salir con puesto trabajo en esa misma empresa. Si se trata de conseguir eso, lo va a hacer mucho mejor el mundo privado. Lo malo fue cuando las autoridades académicas accedieron a competir contra él, esa apuesta suicida, porque nunca lo vamos a conseguir, lo conseguirán solo algunos departamentos que tengan interés empresarial.

¿Estamos a tiempo de cambiar algo de esto?
Hay gente joven que espero que esté para hacer algo, pero yo soy pesimista porque lo que he visto es que todas las conquistas de la clase trabajadora que se han materializado en instituciones y en leyes tardan 50 años en conquistarse y se pierden en cinco minutos de traición, despiste o relajamiento para mantenerlas. Y te cuesta otros 50 años reconquistarlo. La universidad pública era una conquista de la clase trabajadora, el derecho a poder tener estudios superiores, y también se nos decía entonces que no necesitamos tanta masa sobrecualificada, pero la gente por pobre que sea tiene derecho a estudios superiores, y el Estado debe garantizárselo.

Eso lo hemos perdido cada vez más con Bolonia, porque el Plan Bolonia no era el Plan Bolonia sino una reconversión económica de la universidad, porque se multiplicaron por tres, por cuatro o por cinco las tasas universitarias; cada vez es más difícil pagar estudios. Volver a tener una universidad como tuvimos yo creo que va a costar 50 años de lucha. Ya costó 10 años de lucha contra Bolonia la resistencia, al final se perdió, pero no me cabe duda de que el resultado hubiera sido mucho peor si no se hubiera resistido, porque de hecho en España conseguimos que los grados duraran cuatro años y no tres, recordemos el 3+2: precios públicos —multiplicados por cuatro, eso sí— para tres años y luego dos a 12.000 euros. A pesar de ese logro, fue una gran pérdida de la lucha de clases, una enorme derrota la que sufrimos con el Plan Bolonia.

David F. Sabadell / Lis Gaibar

@LisGaibar

16 ene 2021 07:05

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La propiedad intelectual farmacéutica y su amenaza para la salud pública

Industria farmacéutica: rentabilidad por encima de la salud pública

 

La gran pandemia de nuestro siglo ha provocado una crisis de salud pública sin precedentes, evidenciando radicalmente problemas estructurales inherentes a la sociedad capitalista.[1]

Una de sus muchas consecuencias es que discursos y reivindicaciones hasta el momento minoritarias hayan llegado con fuerza al debate público. Defensores del ecosocialismo como Rob Wallace, Andreas Malm o Mike Davis,  han ganado visibilidad a través de publicaciones o actualizaciones de sus escritos, reafirmando la relación entre las pandemias que acosan a la humanidad en los últimos años y el sistema de producción global capitalista.[2]

Otra de estas luchas, a la que antaño apenas dábamos espacio en la agenda pública, es la lucha por el acceso justo a la innovación farmacéutica, especialmente a medicamentos y vacunas. Actualmente nos encontramos en un momento crucial, en el que varias vacunas están a punto de empezar a utilizarse. El Reino Unido se convirtió en el primer país en autorizar la vacuna de Pfizer / BioNTech, y también el primero en empezar a vacunar. A pesar de ello, aún queda mucho trabajo por hacer antes del previsible control de la pandemia mediante la vacunación.

Mascarillas, respiradores, pruebas de detección, fármacos como Remdesivir o vacunas que aún se hallan en fase III se han convertido en mercancías de especulación rápida, y cabe esperar que así siga, como mínimo, hasta alcanzar la preciada inmunidad colectiva. El afán por asegurar el suministro de vacunas ha empujado a los países ricos a acaparar más del 50% de las compras anticipadas de las vacunas no autorizadas, y según la organización británica Global Justice Now, el 80% de las vacunas que podrá elaborar Pfizer para el año 2021 están comprometidas para países ricos, cuando estos estados solo representan el 14% de la población mundial. Recientemente la OPS ha denunciado que, para los países latinoamericanos, la vacunación del 20% de su población supondría cuadruplicar el presupuesto actual en vacunas, mientras que vacunar al 100% de la población conllevaría un gasto 12 veces mayor. El egoísmo y la competitividad que caracterizan el sistema han quedado al descubierto.

Por su parte, la Unión Europea ha pasado de un “nacionalismo de un solo país” en la primera ola, a un “nacionalismo europeo”, comprando millones de dosis de vacunas a través de contratos opacos, condenando a los países empobrecidos a listas de espera y problemas de desabastecimiento graves.

Salud pública y acceso a medicamentos en la era de las patentes

David Harvey acuñó el concepto ‘acumulación por desposesión’ para denominar el proceso de mercantilización de bienes comunes que los adeptos a la teoría neoliberal promocionan desde finales del siglo XX. Por supuesto, el conocimiento científico médico, que por definición es un recurso que por su naturaleza indivisible e inmaterial, y cuya replicación y distribución forma parte claramente del interés público, sufrió su propio proceso de privatización en los años 1980. Coincidiendo con el auge del neoliberalismo, se multiplicaron a lo largo del mundo las leyes relacionadas con los derechos de propiedad intelectual. Daniel Bensaïd, recuperando a James Boyle, llamó a este proceso “los nuevos cercamientos”, comparándolo con las expropiaciones de los bienes comunales durante la acumulación originaria del capital.[3]

Quizá la más famosa, y la que más impacto tuvo para la industria farmacéutica, sea la ley Bayh-Dole (1980), que autorizó a instituciones financiadas con fondos públicos a patentar sus investigaciones, algo prohibido previamente, con lo que el contribuyente se movilizaba económicamente dos veces: como contribuyente y como inversor.[4]

Este proceso de privatización de la propiedad intelectual cristaliza a nivel internacional con las sucesivas rondas del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), que terminan con el Acuerdo de Marrakech de 1994. Este acuerdo significó la conversión del GATT, fundado en 1947, en la Organización Mundial de Comercio (OMC), nacida el 1 de enero de 1995. Supuso una reforma radical del sistema global de intercambio, con una consecuente liberalización enmarcada en el proceso de  globalización. La creación de la OMC supuso también una profundización de la desigualdad Norte-Sur global, ya que leyes que beneficiaban a los países ricos tuvieron que ser aceptadas por los países más desfavorecidos como requisito para poder participar en la OMC.

En este mismo acuerdo se incluye el anexo 1C, o Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), que desarrolla los pilares fundamentales de la propiedad intelectual, incluidas las patentes farmacéuticas. En este anexo se especifica qué se puede patentar y qué no, los derechos que confiere una patente a su titular, la duración de la exclusividad de producción, comercialización y distribución de la innovación patentada (el plazo de vigencia de la patente), y también las normas jurídicas que regulan el incumplimiento de patente.

Es importante recordar que este anexo fue una imposición de EE UU, Japón y algunos países europeos, que presionaron para incluir todas las propuestas del Comité de Propiedad Industrial de los EE UU, integrado entre otras por las empresas Dupont, General Motors, IBM, Merck, Monsanto, Pfizer, y Johnson & Johnson.[5] Las normas del derecho internacional en materia de propiedad intelectual fueron redactadas según los intereses de estas grandes multinacionales, provocando una redistribución de riqueza y poder hacia ellas. En cuanto a medicamentos y vacunas se refiere, supone una derrota histórica de la salud pública en detrimento del derecho al acceso a medicamentos.

Recientemente conocíamos como los mismos países que crearon este sistema se han puesto una vez más del lado de las farmacéuticas, negándose a liberar los derechos de propiedad de las vacunas y medicamentos contra el virus.[6] La historia se repite y pierden las de siempre.

La propiedad intelectual como herramienta de acumulación de capital

Gracias a los cambios en el sistema de patentes, la industria farmacéutica prospera significativamente, siendo en la actualidad una de las industrias más rentables,[7] con márgenes de beneficio que superan el 30%. La evolución de las leyes internacionales de propiedad intelectual, especialmente las relacionadas con las patentes, son responsables de la progresiva pérdida de las salvaguardas que antaño garantizaban una alianza mutuamente beneficiosa entre la industria farmacéutica y la sociedad. Vamos a analizar una por una las fallas más graves del sistema:

Financiación pública y beneficio privado

La ley Bayh-Dole abrió el camino a la privatización de los beneficios del conocimiento científico, un proceso que no ha dejado de crecer desde entonces. A pesar de que una gran parte de la inversión necesaria para crear nuevos medicamentos o vacunas proviene del sector público, ya sea en Universidades o Centros de Investigación, éstas suelen salir al mercado a precios muy altos, debido a la falta de competencia que provoca la exclusividad del derecho de patente.

Esta situación se ha repetido durante la pandemia. Se han producido enormes esfuerzos e inyecciones de dinero público en investigación y desarrollo (más de 4000 millones de euros), y aún así las vacunas no saldrán al mercado a precio de coste, ni siquiera las desarrolladas con 100% de financiación pública como la vacuna de Moderna. Sólo AstraZeneca se ha comprometido a comercializar su vacuna a 3 o 4 euros la dosis, afirmando que ese es el coste de fabricación. Como explicaremos más adelante, el coste real de fabricación es secreto, por lo que no sabemos si este es un precio justo.

Mercado oligopólico: grandes beneficios y escasez de innovación

El derecho de patente otorga la exclusividad de desarrollo, producción y comercialización del invento durante al menos 20 años. La mayoría de medicamentos, vacunas, o principios activos, están protegidos por lo que se conoce como arquitectura de patentes: no se patenta solamente el producto final, sino todos los procesos y modificaciones moleculares que utilizan para su desarrollo, por lo que al final un medicamento está protegido por decenas o cientos de patentes. Esto impide el desarrollo de genéricos a precios reducidos durante muchos más años. Un ejemplo claro de oligopolio es el mercado de las vacunas, en el que el 80% se concentra en tan sólo 4 empresas: Sanofi, Merck, Pfizer y GlaxoSmithKline (GSK).

La gran rentabilidad que esta exclusividad supone, no se ha traducido en un mayor gasto en innovación por parte de la industria farmacéutica. De hecho, apenas han dedicado parte de sus ganancias al desarrollo de moléculas innovadoras. En los últimos años se han especializado en desarrollar y vender medicamentos muy parecidos a moléculas antiguas, los llamados fármacos yo-también.[8] Estos medicamentos no suponen un beneficio terapéutico, pero son patentables, por lo que se utilizan para darle más vida a los oligopolios. Esto provoca una inflación constante de los precios de los nuevos fármacos, sean o no mejores que sus predecesores. Según un estudio alemán, publicado en la prestigiosa British Medical Journal, más del 50% de los fármacos y moléculas comercializados en Alemania entre el 2011 y el 2017 eran copias que no aportan ningún beneficio clínico.[9] La industria farmacéutica de hoy en día dedica gran parte de su facturación a campañas publicitarias para promocionar el uso de los fármacos yo-también.

En países como la India, con leyes de patentes más avanzadas, este tipo de moléculas no son patentables, ya que existe la obligación de demostrar un beneficio cuantificable de la innovación.

Lanzamiento secuencial, falta de transparencia y desabastecimientos

Las cadenas de producción globalizadas, basadas en procesos de deslocalización, y utilizadas como mecanismo de aumento de la explotación, provocan desabastecimientos en países vulnerabilizados, ya que la industria farmacéutica tiene una política de ventas conocida como lanzamiento secuencial: sus productos llegan primero a los mercados más dispuestos a pagar por ellos. Esto hace que las existencias puedan acabarse antes de llegar a los países más empobrecidos. Los precios son negociados primero en países con gran capacidad de gasto, como Estados Unidos, garantizando un precio de partida muy alto, para después negociar secuencialmente país por país. La pandemia no ha sido una excepción, y el ejemplo más claro son las declaraciones de Paul Hudson, CEO de Sanofi, que en mayo afirmaba que, si conseguían la vacuna, su primer receptor sería EEUU gracias al dinero invertido por Trump en investigación.

Además, los Estados firman con las empresas acuerdos de confidencialidad muy estrictos, por lo que resulta muy difícil saber cuánto están pagando realmente competidores estatales cercanos por los mismos productos. Esta situación provoca un desequilibrio a favor de la industria farmacéutica, que gana mucho poder de negociación, y conlleva una especulación al alza de los precios. Esta falta de transparencia, amparada en el secreto comercial y tolerada por los Estados, no sólo causa un aumento de los precios, sino que hace más difícil la tarea de obtener evidencia científica sólida sobre los nuevos fármacos. Esto reduce la capacidad de las Administraciones y organismos públicos de tomar decisiones informadas y provoca que la industria se beneficie de grandes operaciones que podríamos llamar directamente estafas, como fue el caso del Tamiflu (Oseltamivir) en 2009-2010, un fármaco contra la gripe A. El Estado español gastó 333 millones de euros y posteriormente se demostró completamente ineficaz.

Rentabilidad por encima de la salud pública

La actual agenda de investigación de la Big Pharma responde únicamente al beneficio privado. Esto provoca situaciones nefastas, como que la inversión en medicamentos para la disfunción eréctil supere con creces a la inversión en nuevos antibióticos o antivirales.

Además, la financiación pública se ha rendido a los intereses de las empresas, por lo que áreas de investigación que no resultan rentables simplemente no se financian. A pesar de los ejemplos recientes de epidemias y pandemias como el SARS, el MERS, el H1N1, el Ébola o el Zika, la investigación en enfermedades víricas y bacterianas no era considerada, hasta la pandemia actual, un área rentable para la industria, por lo que inmediatamente superados esos brotes de enfermedades emergentes se detuvo en seco su investigación.

Es particularmente sangrante el caso del Ébola, cuya vacuna se descubrió en 1999, pero al no ser rentable nunca fue desarrollada. Cuando la pandemia asoló el continente africano, era demasiado tarde.[10] Otro ejemplo es FAV-Afrique de Sanofi, retirado del mercado en 2010. Era el antídoto más potente contra las mordeduras de serpiente, un problema de salud pública en muchos países africanos. La pobreza de estos países hizo que no fuese rentable su comercialización, a pesar de afectar gravemente a más de medio millón de personas al año.

La consecuencia más evidente: precios abusivos

No sólo la falta de rentabilidad condiciona la investigación y el desarrollo, sino que la fijación de precios en las fases de comercialización está profundamente afectada por el sistema de patentes. A partir de la fundación de la OMC en 1995 y la aplicación mundial de las leyes de propiedad intelectual, los precios que los Estados pagan por los fármacos no han dejado de crecer, y han provocado crisis de salud pública en varias partes del mundo. Ejemplos claros son el VIH/SIDA en África, la hepatitis C en Brasil (caso que también afectó directamente al Estado Español), o la Insulina en EEUU.

Lejos de lo que podría parecer, estos precios abusivos también afectan de forma directa a los países más favorecidos por el sistema. En el Estado Español, la llegada de medicamentos muy caros, como los anti-cancerígenos de nueva generación, han provocado que se dispare en los últimos años el gasto en productos farmacéuticos y sanitarios del Sistema Nacional de Salud. El gasto ha aumentado de 2014 a 2019 un total de 4727 millones de euros, un 25% más (de 18.888 millones a 23.615 millones).[11]

Este fenómeno de fijación de precios basado en los oligopolios farmacéuticos provoca escasez y desabastecimientos en el Sur global, y supone una amenaza para los sistemas públicos de salud en los países del Norte, que podrían estar invirtiendo este dinero en reforzar la atención primaria o las estructuras de salud pública.

 

Conclusiones: acabar con un sistema nefasto

La carrera por la vacuna para la Covid-19 ha puesto de manifiesto que necesitamos una industria farmacéutica que vele por el interés público. Las patentes se idearon para proteger a los inventores y evitar la competencia desleal a través de estrategias de ingeniería inversa, pero en los últimos años hemos presenciado un viraje hacia un uso fraudulento de las mismas en medicina. Como hemos visto, nuestra estructura legal permite patentar casi cualquier cosa, condenando a las arcas públicas a invertir indefinidamente una parte cuantiosa del presupuesto público en medicamentos que apenas aportan innovaciones significativas respecto a sus predecesores. Los gobiernos deben ser una herramienta que evite los abusos de la industria farmacéutica, velando siempre por los intereses del pueblo y por garantizar su derecho a la salud. Para ello, es fundamental cambiar las reglas del juego.

En primer lugar, acabar con los secretos comerciales y la falta de transparencia, obligando a la industria a hacer públicos todos los datos de los ensayos clínicos, y no sólo presentarlos a las agencias reguladoras o a los altos cargos estatales. También debe existir transparencia en los costes de la investigación, y en los precios que pagan los Estados por los medicamentos y vacunas, además de los criterios de coste-efectividad tenidos en cuenta para aceptar la financiación y la compra.

Debemos caminar hacia un escenario de eliminación del sistema de patentes, sustituyéndolo por fórmulas de colaboración y de creación colectiva de valor público, que aseguren el acceso a la innovación con precios justos a todas las capas de la población.

La innovación debe seguir criterios de salud pública por encima de criterios de rentabilidad. Para asegurarse de que esto ocurra, necesitamos herramientas estatales de desarrollo de esta innovación, por lo que será fundamental una gran inversión pública en investigación, y la creación de una industria farmacéutica nacional, además de explorar fórmulas de gobernanza europeas y mundiales.

Así como la desafección por la política tiene sus causas en que el poder está cada vez más alejado de las instituciones públicas, y más cercano a las multinacionales y al capital, la reticencia vacunal y el movimiento antivacunas beben de la constatación de que el sistema que las produce es un sistema podrido, y que la ciencia y la tecnología han sido profundamente privatizadas y mercantilizadas.

En definitiva, la única forma de asegurarnos que tenemos un sistema de innovación y desarrollo justo y equitativo, que consiga que los logros de la ciencia pasen a beneficiar a todas y todos, es aumentar el control estatal frente a las lógicas empresariales, y democratizar todos los eslabones de la cadena. Esto sólo será posible desmantelando completamente el sistema actual.

Jorge Luis Díaz es MIR de salud pública y máster en salud pública. Álvaro Arador es sociólogo y máster en salud pública.

 

Por Jorge Luis Díaz | Álvaro Arador

22 diciembre 2020

Referencias:

[1]https://www.anticapitalistas.org/textos-de-combate/la-crisis-sanitaria-de-la-covid-19-una-perspectiva-anticapitalista/

[2]https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/entrevista-rob-wallace-grandes-granjas-grandes-gripes

[3]  El dominio público contra la privatización del mundo. Daniel Bensaïd. Viento Sur. http://danielbensaid.org/El-dominio-publico-contra-la-privatizacion-del-mundo?lang=fr

[4] Salvaguardas, deriva institucional e industrias farmacéuticas. Abel Jaime Novoa Jurado; Juan Gérvas Camacho; Carlos Ponte Mittelbrunn. (2014).

[5] El dominio público contra la privatización del mundo. Daniel Bensaïd. Viento Sur. http://danielbensaid.org/El-dominio-publico-contra-la-privatizacion-del-mundo?lang=fr

[6] Begel S, Bertomeu MJ. Medicamentos esenciales, patentes y licencias obligatorias: Doha no es la respuesta. Enrahonar. An International Journal of Theoretical and Practical Reason. 2020.

[7]https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/espana-paises-ricos-patentes-covid-farmaceuticas-compra-vacunas

[8] Ibid.

[9]https://www.diariofarma.com/2020/04/14/el-gasto-en-productos-farmaceuticos-y-sanitarios-del-sns-en-2019-alcanzo-los-23-616-millones-un-45-mas#:~:text=El%20gasto%20p%C3%BAblico%20en%20medicamentos,5%25%20con%20respecto%20a%202018.

[10] Reconsidering the Bayh-Dole Act and the Current University Invention Ownership Model: https://kenney.faculty.ucdavis.edu/wp-content/uploads/sites/332/2018/03/reconsidering-the-Bayh-Dole-Act-and-the.pdf

[11]https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2017-06-18/rino-rappuoli-vacunas-antivacunas-tosferina_1399987/

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La privatización y los derechos humanos al agua potable y al saneamiento

El pasado 21 de octubre, Leo Heller, anterior Relator especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento presentó a la Asamblea General de Naciones Unidas su informe sobre los derechos humanos y la privatización de los servicios de agua y saneamiento, en el que rompe con la pretendida equidistancia imperante hasta ahora en el marco de los derechos humanos entre la gestión púbica y la privatización, que defiende que lo que importa son los resultados de la prestación de los servicios, independientemente del modelo de gestión.

En el informe, Heller pone en evidencia que la gestión privada presenta riesgos relevantes para el disfrute de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento que son la consecuencia de la combinación de tres factores: la maximización de los beneficios, el monopolio natural de los servicios y los desequilibrios de poder. La consecución del máximo beneficio en la prestación de los servicios lo relaciona con la disminución de los costos -los laborales o las inversiones, entre otros-, el aumento de los ingresos -por ejemplo, mediante el aumento de las tarifas-, o, lo que es normal, con ambos a la vez. Por su parte, el hecho de que los servicios de abastecimiento y saneamiento, tal y como están configurados, constituyen un monopolio natural en el que no es posible la competencia -algunas autoras lo califican como un fallo del mercado-, y que, en el caso de privatizarlos, se configura una situación de captura de los servicios por un único operador en condiciones, en general, de una clara asimetría de poder, al enfrentar administraciones locales con potentes empresas, en muchos casos multinacionales.

Los riesgos de la privatización derivados de la combinación de los tres factores se concretan, según el informe, en la no utilización del máximo de los recursos disponibles, poniendo en cuestión la asequibilidad, el estado de funcionamiento de los servicios y su propia sostenibilidad, el acceso a la información, la participación, la transparencia y la rendición de cuentas. En definitiva, se pone en peligro los principios de no discriminación y universalidad sintetizados en la determinación de no dejar a nadie atrás.

La asimetría de poder se manifiesta también en la influencia que el lobby de empresas privadas tiene en los foros de decisión, lo que le permite acceder directamente a las autoridades decisorias a todos los niveles, ejerciendo así presión sobre ellas en defensa de sus intereses empresariales y de sus planteamientos ideológicos, estrechamente alineados con las políticas neoliberales. De esta forma, la privatización fue impulsada desde finales del siglo pasado y primeros de éste por el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) a través de condicionalidades incorporadas a los créditos que concedían a los países en desarrollo; fue tal la presión que en 2002 y 2003, el 100% de los créditos concedidos por el BM llevaban incorporadas condicionalidades de privatización. Más recientemente, y en plena crisis financiera de 2008, el FMI y la Unión Europea condicionaron la financiación del rescate financiero de Portugal y Grecia a la ejecución de sendos programas de privatización.

Las presiones de los lobbies del agua privada no solo se han dirigido a favorecer las privatizaciones, sino también a impedir las remunicipalizaciones, incluso en los casos en los que las concesiones hubieran finalizado; entre los 311 casos de remunicipalización que se han identificado a nivel mundial entre 2000 y 2019, son significativos los de Paris, Valladolid y Terrassa, en los que se ejercieron presiones de todo tipo, incluso legales, para obstaculizarlos.

La asimetría de poder se ha puesto en evidencia recientemente con la agresiva e ignominiosa campaña realizada por AquaFed -el lobby internacional privado del agua-, que ha intentado desacreditar personalmente a Leo Heller y al propio informe, a través de sendas cartas dirigidas a la presidenta del Consejo de Derechos Humanos y a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sin que hayan tenido resultados apreciables. Esta campaña ha tenido la puntual contestación de seis relatores especiales y expertos independientes actuales y anteriores de Naciones Unidas en un artículo de opinión en el que manifiestan su posición crítica ante la mercantilización de los servicios públicos relacionados con los derechos humanos, como son los de salud, educación, vivienda, agua y saneamiento, entre otros, en tanto que excluye a los sectores sociales más empobrecidos y puede dar lugar a violaciones de los derechos humanos. Estos posicionamientos reflejan que el informe de Leo Heller ha puesto en la palestra el tema de la privatización en el contexto de los derechos humanos y que se ha abierto un debate que ha llegado para quedarse.

Por su parte, los movimientos sociales, que han protagonizado durante décadas la oposición a la privatización del agua e impulsado los procesos de remunicipalización, reconocen en el informe de Heller una buena parte de sus análisis y diagnósticos; en este sentido, más de cien organizaciones sociales internacionales han apoyado a Leo Heller y puesto en valor la seriedad y validez de su informe en un manifiesto específico que responde frontalmente a  las descalificaciones de AquaFed y denuncia sus intentos de injerencia en los procesos de toma de decisiones en Naciones Unidas.

Frente a la privatización defienden la gestión pública respetuosa con los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, que configuran los nuevos modelos de gestión democráticos basados en sus principios definitorios de acceso consecuente a la información, la participación activa, libre y significativa de la ciudadanía, la transparencia y rendición de cuentas y la sostenibilidad social, económica y medioambiental.

Por Miriam Planas, Gonzalo Marín y Luis Babiano

Miriam Planas y Gonzalo Marín son miembros de la Red Agua Pública (RAP). Luis Babiano es Gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS)

05/11/2020

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Martes, 27 Octubre 2020 05:37

Universidad: jaque mate

El logo de Google, en el exterior de sus oficinas en Mountain View (California, EEUU). REUTERS/Dave Paresh

Uno ríe por no llorar. Por fin se está haciendo realidad el modelo de Universidad por el que las autoridades académicas (del PSOE y del PP) apostaron con entusiasmo hace veinte años, al hilo del llamado Plan Bolonia. Algunos a lo mejor se muestran sorprendidos, yo no. En resumen: Google ha decidido competir en el mundo universitario y ha creado los Google Career Certificates, unos diplomas que sin duda alguna serán valorados en el mercado laboral muy por encima de los títulos de Grado y de Máster de las Universidades estatales. Algunos de ellos ya han sido habilitados. Google promete una formación turbo online de seis meses, centrándose en lo que el mercado laboral demanda en cada caso, sin perder el tiempo en rodeos académicos que ahora dilatan tres años o más los estudios. Y además, su coste actual es de 250 euros, es decir, menos de lo que ahora mismo cuesta una sola asignatura.

Se trata de "un nuevo órdago al sistema en esta tendencia de exigir destrezas, habilidades y competencias más que un título específico". En efecto, así es. Es una nueva y definitiva vuelta de tuerca del modelo universitario que, con una insensatez suicida, decidimos adoptar desde el año 2000. Se nos repitió hasta la saciedad: los títulos universitarios eran demasiado rígidos, las carreras demasiado largas, los alumnos terminaban con una sobrecualificación que los volvía inoperantes en el mercado laboral. Había que obrar en consecuencia: había que reducir los itinerarios académicos a tres años, había, en resumen, que jibarizarlo todo, que hacerlo más "flexible". Los más entusiastas hablaron de que había llegado el fin de las titulaciones universitarias, que serían sustituidas por un carnet con una banda magnética en la que irían consignándose los cursillos para la adquisición de "destrezas, habilidades y competencias", de modo que los estudiantes podrían negociar de tú a tú con los empresarios sus futuros contratos laborales, de forma enteramente individualizada (porque "cada persona es un mundo"), es decir, sin la intromisión de los convenios colectivos, las legislaciones laborales, los sindicatos y los colegios profesionales.

Una abominación para una sociedad abominable, en definitiva. Pero las autoridades académicas de todos los signos políticos se sumaron al carro sin ahorrarse los aplausos. Se llegó a decir que por fin íbamos a acabar con el feudalismo en el mundo de la enseñanza y que el "capitalismo" que lo sustituyera sería de todos modos un progreso. En el fondo, se trataba de todo lo contrario, se trataba de acabar con lo que quedaba de Ilustración en la Universidad, abriendo las puertas a esos nuevos señores feudales que son, en definitiva, los oligopolios económicos, poderes puramente privados que no atienden a ningún control público.

En definitiva: se apostó por la mercantilización de la enseñanza. El motivo profundo radicaba en el asunto de la empleabilidad de los egresados.  Se inventó un lema propagandístico muy venenoso: "Una Universidad al servicio de la Sociedad", de hecho, así se llamaba el Informe que el Círculo de Empresarios emitió sobre el asunto. El mercado laboral es imprevisible, inestable y caprichoso. La Universidad no tenía más remedio que adaptarse a esta realidad. Algunos  (como el Colectivo de Profesores por el conocimiento y, desde luego, un movimiento estudiantil masivo e  impresionante), no dejamos de repetir que si la Universidad se empeñaba en adaptarse a un mercado laboral basura, se convertiría, a su vez, en una Universidad basura. Y ya casi lo hemos conseguido. Los estudiantes ya se han acostumbrado a la nueva realidad. Un título de Grado no tiene ninguna relevancia sin un rosario de másteres y títulos propios que lo acompañen. Y ni aún así es suficiente; luego, en una entrevista de trabajo lo que se te exige son otro tipo de habilidades y destrezas, como por ejemplo, saber sonreír cuando te están machacando laboral o personalmente, o, lo que últimamente ha sido ya de lo más común: estar dispuesto a trabajar sin cobrar. Bueno, esto no era algo tan inesperado: es lo que tiene eso de prescindir de los convenios colectivos y las legislaciones laborales y los sindicatos. Los emprendedores son menos rígidos que los trabajadores de antaño. Se prestan voluntariamente a cualquier cosa.

Todo esto tiene que ver con una revolución neoliberal que, desde los años ochenta, ha logrado imponerse con cada vez más contundencia en el mundo laboral. Algunos no paramos de repetir (los estudiantes lo hicieron de manera masiva durante quince años), que el objetivo no podía ser "poner a la Universidad al servicio de la sociedad", sino lograr que la sociedad pudiera sentirse orgullosa de tener una Universidad. Y que para ello, había que mantener a toda costa la dignidad de los estudios superiores, uno de los pocos reductos de Ilustración que todavía permanecían en pie. Estábamos seguros de que defender esa dignidad intacta y a salvo de los requerimientos de una sociedad secuestrada por el mercado, sería, además, incluso, una apuesta rentable a medio y largo plazo, porque, un poco de dignidad nunca puede venirle mal a la sociedad, ni siquiera desde un punto de vista profesional. No fue eso lo que opinaron las autoridades académicas, que prefirieron apostar por adaptarse a un mercado laboral demente y suicida, abogando por dinamizar y flexibilizar todas las estructuras universitarias: las licenciaturas de desintegraron en grados y másteres, los departamentos y las cátedras en grupos de investigación muy dinámicos y creativos, que tienen que venderse en el mercado cada tres años, para conseguir lo que se llama "fuentes de financiación externas" (es decir, "privadas", requisito para obtener verdaderas "fuentes de financiación públicas"). Todo ello no venía a ser, como hemos explicado en Escuela o Barbarie, más que la manera de convertir la Universidad pública en un cajero automático para chupar dinero público en beneficio de la empresa privada, al tiempo que en una bolsa de becarios que trabajaran gratis (o pagados por el Estado) para esas empresas.

Ahora bien, por fin se ponen las cartas sobre la mesa. Las empresas no necesitan para nada de la dignidad de los estudios superiores (que ya desde el año 2000 empezaron a considerarse una sobrecualificación innecesaria y un despilfarro). El mercado laboral necesita una buena evaluación de destrezas y habilidades. Y es para partirse de risa, ¿quién va a poder competir con Google para determinar en cada momento qué es lo que se necesita o se deja de necesitar? A los antibolonia nos sabían a poco tres años de Grado. En la Google University eso les parece una eternidad, les suena al avanzar de un dinosaurio. Seis meses y punto bastan para poder certificar una habilidad o una destreza. Se dirá que esos "certificados google" no van a ser "oficiales". Y eso es lo más divertido de todo. ¿A quién le va a importar eso, si nosotros mismos, desde la Universidad, llevamos veinte años desprestigiando nuestros propios títulos y diciendo que no se adaptaban a la realidad económica? Los de Google se van a adaptar a las mil maravillas. ¿Qué empresa va a preferir contratar a un titulado estatal, un prepotente sobrecualificado que encima a lo mejor se cree un ciudadano con derechos o algo peor? En un plazo relativamente breve, ninguna empresa se va a fijar ya en el carácter anacrónicamente "estatal" de los titulados. Si lo que se necesita es una destreza, Google se bastará para garantizarla. Además, Google mismo rastreará las posibilidades de colocación de sus "egresados". Y todo por 250 euros. Si un señor sabe hacer demandas de divorcio, porque lo dice Google, y eso es lo que se necesita, ¿quién va a fiarse de alguien que ha cursado una incierta carrera mastodóntica de varios años?  Al principio, protestarán un poco los colegios profesionales, pero pronto quedará claro que no son más que una reminiscencia del medievo completamente obsoleta. Nos hemos precipitado en una nueva era. Lo increíble es que muchos, sobre todo desde los ministerios y rectorados, lo hayan hecho con entusiasmo.

Según nos informa El País, uno de los periódicos que alegremente se prestaron a la propaganda del Plan Bolonia, Google espera que las empresas acepten y valoren sus certificados igual o mejor que los de las Universidades. Y esto leemos en La Vanguardia (otro periódico que colaboró con entusiasmo a hacer posible todo esto): "quizás dentro de unos años, un profesional con unos estudios acreditados por las "universidades" de Google o Amazon, será más demandado que otro con una formación realizada en una universidad pública o privada. El tiempo lo dirá". Esos tiempos ya han llegado, en realidad. Y lo que han venido a demostrar es que el movimiento antibolonia, que los políticos y los periodistas de este país se negaron a escuchar, tenía, desde el principio, toda la razón.

Por Carlos Fernández Liria

Profesor de Filosofía en la UCM. 'La Filosofía en Canal', https://www.youtube.com/channel/UCBz_dr-JLhp0NDJxNeigqMQ

27/10/2020 

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Coronavirus: la esperanza de Bill Gates por el tratamiento usado en Trump

El empresario habló sobre la vacuna y el regreso a “una vida más o menos normal”

 

El fundador de Microsoft destacó que "la baja en la tasa de mortalidad podría ser muy alta" con el uso de un “cóctel de anticuerpos” como el que se habría aplicado al presidente estadounidense. Respecto a la vacuna, remarcó la importancia de concientizar a la gente para que acceda a aplicársela.

Bill Gates se mostró optimista frente al desarrollo de vacunas y tratamientos efectivos contra el coronavirus, que permitirían el regreso a “una vida más o menos normal” para el año que viene, aunque advirtió que va a ser necesaria una campaña de salud para promover que la mayor cantidad de gente acceda a vacunarse. También remarcó la importancia que pueden tener los medicamentos con anticuerpos, usados recientemente en el presidente Donald Trump. 

Durante una cumbre de CEOs organizada por el periódico The Wall Street Journal, Gates vaticinó que una vacuna efectiva contra el coronavirus permitiría un regreso a la normalidad para finales del año que viene en países desarrollados, mientras que la eliminación del virus demoraría entre dos y tres años.

En el caso de los países en desarrollo, señaló el filántropo estadounidense, la llegada de la vacuna y de medicinas efectivas contra el Sars-CoV-2 se demoraría un poco más, aunque su fundación -The Bill and Melinda Gates Foundation- y otras están trabajando para cerrar esa brecha.

La esperanza en el "cóctel de anticuerpos"

El filántropo también opinó sobre los medicamentos con anticuerpos con los que se trató a pacientes con covid-19, como habría sucedido con el presidente Donald Trump. “La baja en la tasa de mortalidad podría ser muy alta y (esos medicamentos) estarán disponibles en grandes cantidades para fin de año, al menos en los países ricos”, sostuvo.

Los informes sobre la salud de Trump han sido muy contradictorios, incluso por parte de su propio equipo médico. Sin embargo, según la revista Science, el mandatario recibió un “cóctel de anticuerpos” que actúan directamente sobre la proteína spike del coronavirus. Este medicamento se inyecta por vía intravenosa y ha sido efectivo en pacientes con sintomatología leve.

Este tratamiento aún se encuentra en etapa experimental. El laboratorio que produce este “cóctel de anticuerpos” es Regeneron Pharmaceuticals y la semana pasada “presentó datos preliminares de estudios clínicos aún en proceso que indican que los pacientes (...) moderaron la enfermedad”.

El riesgo del rechazo a vacunarse

Algunos expertos en salud pública de Estados Unidos se mostraron preocupados por la desinformación y por el apuro de algunos gobiernos a aprobar vacunas contra la covid-19 antes de que se finalicen las etapas del testeo porque, argumentaron, esto haría que las personas no quieran vacunarse. Si sólo un pequeño porcentaje de la población es inoculada, agregaron los expertos, no se lograrán frenar los casos.

Según Gates, los políticos y empresarios estadounidenses deben hablar públicamente con sus votantes y empleados para explicar la importancia y la seguridad de las vacunas para contrarrestar la desinformación que circula al respecto.

“El CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) que normalmente habla sobre estas cosas aún no ha tenido tanta visibilidad -dijo Gates y remarcó la importancia de que la información sobre la seguridad y efectividad de las vacunas sea clara-. Creo que muchas personas estarían interesadas y así se crearía una confianza para que cada vez se vacunen más y más personas mejorando los resultados”.

El fundador de Microsoft lamentó que la desinformación se replica de manera cada vez más fácil en las redes sociales y que todavía no ve que este problema tenga una solución. “Esa cosa se esparce mucho más rápido que la verdad”, afirmó. Gates opinó que es necesario ponerle un freno a la desinformación, preservando la libertad de expresión y sin que las empresas tecnológicas “sean los árbitros”.

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El laboratorio Sinovac en Beijing, China, es uno de los lugares que más ha avanzado con la vacuna.  ________________________________________ Imagen: AFP

La ONU intenta federar a los Estados para proveer a los países más pobres

El antídoto es un mesías reservado a la mesa de las potencias: China, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Australia, Alemania y Rusia buscan el "shot ganador".

 

Desde París. La vacuna para neutralizar el Covid-19 es el mesías del Siglo XXI. Hay quienes definen su investigación y producción como una competencia feroz entre Estados y grupos farmacéuticos, otros la analizan como una oportunidad política o un argumento de influencia geopolítica mundial (soft power). En medio de esta reyerta planetaria hay grupos que buscan un equilibrio y tratan de federar a los Estados para proveer la vacuna a los países más pobres. Es el caso de Covax (Covid-19 Vaccine Global Acces, Aceso Mundial a la vacuna contra el Covid-19). Se trata de una iniciativa que agrupa a 156 Estados (64 ricos) y que forma parte del Acelerador ACT, un dispositivo creado por la ONU y destinado a facilitar el acceso a las herramientas de lucha contra el Covid-19 (diagnóstico, tratamientos, vacunas). ACT está compuesto por gobiernos, científicos, empresas, sociedad civil, organismos filantrópicos y organizaciones multilaterales. Los fondos recaudados por Covax están muy lejos de responder a las necesidades mundiales. De los 32 mil millones de dólares necesarios se recaudaron sólo 2,5 mil millones. En las Naciones Unidas, América Latina y Australia reclamaron un acceso libre a las vacunas mientras que Estados Unidos, Europa y Japón y otro pequeño núcleo de países ya se han reservado más de la mitad de las dosis que saldrán al mercado. Esa es la posición que defendió el presidente Alberto Fernández en su primer discurso ante Naciones Unidas: "La vacuna contra el coronavirus tiene que ser un bien público global", dijo el jefe del Estado. La realidad competitiva está muy lejos de cumplir con ese enfoque. Suerie Moon, codirectora del Global Health Center del IHEID (Instituto de altos estudios internacionales y del desarrollo) con sede en Ginebra, dijo al diario Le Monde que “a algunos países ricos les cuesta renunciar a una parte de los recursos disponibles para ellos y ayudar a los otros”

En muy poco tiempo se pasó de la retórica solidaria a otro escenario: “Japón First”, “América First”, “Europa First”. Suerie Moon advierte que “muchos países ya se reservaron la mejor parte de la torta mediante acuerdos bilaterales. Pero la torta no es infinita”. La pandemia, por ahora, no tiene fin: 993.438 muertos (hasta ayer) desde diciembre, 32.622.490 millones de personas infectadas, de las cuales 22.360.200 están consideradas como “curadas”. En la última semana hubo 295.000 nuevos casos por día, lo que equivale a un tres por ciento más que la semana anterior (22 por ciento más en lo que atañe a Europa). El desarrollo de la vacuna se ha convertido en un “winning shot” (disparo ganador o tiro al blanco si se quiere) según la formula empleada por el escritor y columnista financiero británico Matthew Lynn. En este “winning shot” participan la China, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Australia, Alemania, Rusia más los otros países como México, Brasil o la Argentina que, mediante acuerdos con laboratorios, transferencia de tecnología o investigación local, se adentraron en la investigación y desarrollo de la vacuna. El antídoto, no obstante, sigue siendo un mesías reservado a la mesa de las potencias. El pasado 16 de septiembre, la ONG Oxfam publicó un informe con datos actualizados sobre la jerarquía de la vacuna: un grupo de países que representa el 13 por ciento de la población mundial se garantizó, con la firma de contratos, el 51 por ciento de la entrega adelantada de la vacuna. El grupo AstraZeneca y la Universidad de Oxford han firmado hasta hoy el mayor porcentaje de contratos públicos. Sanofi, Pfizer, Johnson & Johnson, la norteamericana Moderna, el laboratorio chino Sinovac y el instituto ruso Gamaleïa vendieron por anticipados cientos de millones de dosis (incluido los pactos con fabricantes locales). En total, 5,3 mil millones de dosis están ya comprometidas con los laboratorios cuyas pruebas pasaron la fase 3. Estados-Unidos, Gran Bretaña, la Unión Europea, Suiza, Israel, Japón, Hong Kong y Australia son, según la ONG, los mayores acaparadores de la vacuna. ”El acceso vital a las vacunas no debe depender del lugar donde se vive, ni del dinero de que se dispone”, lamenta Robert Silverman, miembro de Oxfam América. En el resultado de su análisis cruzado, Oxfam escribe: ”Los cálculos exponen un sistema roto que protege los monopolios y las ganancias de las corporaciones farmacéuticas y favorece a las naciones ricas, mientras que restringe artificialmente la producción y deja a la mayoría de la población mundial esperando más de lo necesario por una vacuna”.

El “nacionalismo sanitario” de las grandes potencias prima sobre el “bien público global”. El egoísmo sanitario es proporcional al rango del país. Por ejemplo, ni Estados Unidos ni China aceptaron formar parte del dispositivo Covax para facilitar el acceso a los dispositivos contra el Covid-19. Los 156 países que ingresaron al grupo equivalen al 64 por ciento de la población mundial. Pero las dos grandes potencias no están. Sin embargo, los 5 grupos cuyas experimentaciones con la vacuna están en un ciclo muy avanzado carecen de capacidades globales para suministrarla a la población mundial. El informe de Oxfam analizó los acuerdos vigentes y los porcentajes de la producción prevista. Su análisis conduce a la ONG a señalar que “las mismas empresas simplemente no tienen la capacidad de producir suficientes vacunas para todos los que las necesitan. Incluso en el caso extremadamente improbable de que las cinco vacunas tengan éxito, casi dos tercios (61 por ciento) de la población mundial no tendrá una vacuna hasta al menos 2022. Es mucho más probable que algunos de estos experimentos fracasen, dejando a una cantidad mayor de personas sin acceso”. Si las cinco vacunas resultan exitosas se podrían fabricar 5,94 mil millones de dosis, cifra que alcanzaría para 2,9 mil millones de seres humanos (se calcula que harán falta dos dosis por persona). Ya se acordaron suministros por 5.303 mil millones de dosis, de los cuales 2.728 mil millones (51 por ciento) fueron adquiridos por los países desarrollados. Quedan entonces 2. 575 mil millones de dosis cuya distribución fue prometida a los países en desarrollo. Los porcentajes entre las necesidades y la realidad no se juntan. A su vez, hay laboratorios como la biotecnológica norteamericana Moderna que fijô dos precios distintos para su vacuna: entre 12 y 16 dólares en Estados Unidos y 35 en el resto del mundo. La única solución para todos sería que los laboratorios compartan su tecnología sin que medien patentes. El antídoto pasaría entonces a ser “un bien público global” y no un nuevo objeto lucrativo. AstraZeneca adelantó que destinaría el 66 por ciento de su producción a los países en desarrollo y ya se comprometió a entregar 300 millones de dosis al circuito Covax. El Acelerador ACT cuenta con un Covid Tool a través del cual se calculó que la investigación, la fabricación, la adquisición y la distribución de una vacuna para cada habitante del planeta acarrea un costo de 70,6 mil millones de dólares. El presidente Alberto Fernández puso a la Argentina en el circuito de los convenios con los laboratorios más avanzados. Junto a México, la Argentina firmó un acuerdo para producir la vacuna que desarrolló el laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford. El país está entonces en ese espacio que los especialistas llaman “zona de anticipación segura”. No es el caso de naciones mucho más vulnerables. La vida de cientos de millones de personas en el mundo dependo de la ciencia, de la solidaridad y de que la ciencia no funcione como un negocio.

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Un informe denuncia a grandes bancos por el blanqueo de sumas millonarias

Lapidario reporte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)

Una filtración de más de dos mil documentos confidenciales del gobierno de Estados Unidos reveló cómo algunos de los mayores bancos del mundo permitieron que se transfirieran sumas millonarias por todo el mundo de manera fraudulenta. El informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) divulgado el domingo a partir de las mencionadas filtraciones denuncia la preocupante falta de regulaciones del sector. 

"El lucro de las mortales guerras contra las drogas, las fortunas desviadas desde países en desarrollo y los ahorros ganados con esfuerzo y robados en esquemas Ponzi, han podido entrar y salir de esas instituciones pese a las advertencias de los propios empleados de los bancos", dice la investigación realizada por 108 medios de 88 países. Los documentos señalan transacciones por dos billones de dólares entre 1999 y 2017.

La investigación se basa en miles de reportes de actividad sospechosa enviados por bancos de todo el mundo a FinCen, la policía financiera del departamento del Tesoro de Estados Unidos. "Esos documentos, compilados por bancos, compartidos con el gobierno pero mantenidos fuera de la vista pública, exponen la oquedad de las salvaguardas bancarias y la facilidad con que las explotan los criminales", escribió el medio digital Buzzfeed, el primero en dar a conocer el informe.

La investigación señala en especial a cinco grandes bancos (JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon) a los que acusa de movilizar activos de supuestos delincuentes, incluso después de que hubieran sido procesados o condenados por delitos financieros. 

El más cuestionado es JPMorgan, que transfirió dinero para personas y empresas vinculadas al saqueo masivo de fondos públicos en Malasia, Venezuela y Ucrania, según los documentos filtrados del gobierno, conocidos como los Archivos de FinCEN. El análisis del ICIJ mostró además que el banco procesó más de 50 millones de dólares en pagos durante una década para Paul Manafort, el exjefe de campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

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Las farmacéuticas ganan: los estados europeos indemnizarán por efectos inesperados de las vacunas contra el coronavirus

La empresa que fabrica el suero de la Universidad de Oxford ya ha avisado de que están exentos de demandas por daños y otras farmacéuticas pretenden quedar liberadas de posibles daños no previstos

 

La vacuna de la Universidad de Oxford y de AstraZeneca saltó por enésima vez a los medios por la sospecha de un potencial efecto adverso grave en uno de los voluntarios vacunados. Concretamente, el individuo estaba afectado de una mielitis transversa. Este incidente llevó a la suspensión temporal del estudio hasta este sábado, 12 de septiembre, cuando se anunció su reanudación.

En realidad, este suceso es algo totalmente normal durante la realización de ensayos clínicos. Sin embargo, el seguimiento en tiempo real de las vacunas contra el coronavirus por parte de los medios y la población general ha mostrado una realidad que rara vez suele ser noticia. Los voluntarios que participan en estos estudios pueden sufrir ciertas enfermedades o problemas de salud, causados o no por el tratamiento que se está administrando.

Si tenemos en cuenta que la vacuna de AstraZeneca se está probando sobre miles de personas, es muy probable que surjan incidentes que requieren una mayor investigación para aclararlos. En ese sentido, que se anuncien estos efectos adversos y que se suspendan temporalmente los ensayos clínicos no es motivo de alarma, sino de confianza en que, efectivamente, estos estudios buscan conocer y mostrar la seguridad y eficacia de las vacunas con todas las garantías.

A pesar de que los ensayos clínicos de fase III son la última etapa de evaluación de tratamientos antes de su comercialización, en ocasiones ocurre que se identifican nuevos efectos adversos que no se han documentado previamente, tiempo después de salir al mercado. Esto puede suceder con reacciones adversas extremadamente raras (una por cada millón de pacientes, por ejemplo), o con efectos que solo aparecen a largo plazo o en individuos con unas características biológicas particulares, afectados por determinadas enfermedades o en tratamiento con ciertos fármacos. Por esta razón, los nuevos medicamentos que se comercializan siguen estando bajo supervisión sanitaria constante para detectar posibles problemas para la salud que se hayan escapado en los ensayos clínicos. Se trata de un proceso llamado farmacovigilancia.

En circunstancias normales, si una persona se trata con un medicamento ya comercializado y experimenta un efecto adverso que no se ha documentado previamente ni se ha añadido al prospecto, la responsabilidad legal y los pagos de las potenciales indemnizaciones suelen recaer en la empresa farmacéutica responsable. Bayer, por ejemplo, tuvo que pagar más de 900 millones de euros en indemnizaciones a afectados por el medicamento "Lipobay". Estas personas sufrieron graves efectos secundarios, como rabdomiólisis (destrucción del músculo esquelético), que no se habían documentado previamente. Además, la compañía farmacéutica tuvo que reconocer que su fármaco también pudo haber causado la muerte de un centenar de personas. Bayer finalmente retiró su fármaco del mercado.

Las vacunas tampoco son ajenas a este fenómeno. Como explica Belén Tarrafeta, farmacéutica experta en gestión sanitaria y acceso a medicamentos, "puede haber alertas sobre posibles efectos raros y muy infrecuentes que obliguen a retirar un producto cautelarmente, aunque luego no se pueda establecer nunca que aquello que se vio fuera consecuencia de la vacuna". Destaca el caso de la vacuna RotaShield para el rotavirus, que se retiró en 1999 del mercado en Estados Unidos por asociarse a invaginación intestinal en niños menores de un año, tras su comercialización. La vacuna de la polio también llevó a consecuencias inesperadas. "El caso de la polio inducida por la vacuna oral es un ejemplo de algo que nadie podría haber sospechado jamás: que el virus excretado de una persona vacunada oralmente pueda mutar en la naturaleza, recuperando su virulencia, para después contaminar a personas inmunodeprimidas o no inmunizadas", señala Tarrafeta.

Las demandas multimillonarias por efectos adversos de medicamentos no identificados antes de la comercialización pueden suponer la ruina de las compañías farmacéuticas o afectar gravemente a sus cuentas. No es, por tanto, casualidad que varios puntos conflictivos en las negociaciones entre los Estados europeos y las farmacéuticas traten sobre quién sería responsable y quién tendría que pagar si se produjeran demandas por daños y perjuicios asociados a efectos secundarios de las vacunas no identificados previamente.

El 30 de julio, Ruud Dobber, miembro del equipo ejecutivo de AstraZeneca declaró a la agencia Reuters que su empresa estaría exenta de demandas de responsabilidad por sus vacunas contra el coronavirus en múltiples países, pero no quiso aclarar cuáles. Dobber explicaba que esta "es una situación única en la que nosotros, como compañía, simplemente no podemos asumir el riesgo si... en cuatro años la vacuna está mostrando efectos secundarios. [...] En los contratos que tenemos en vigor, estamos pidiendo una indemnización. Para la mayoría de los países es aceptable asumir ese riesgo sobre sus hombros porque es de interés nacional".

La declaración pública de AstraZeneca no es un suceso aislado. A principios de agosto, múltiples farmacéuticas declararon a diversos medios que buscaban que los Estados se hicieran responsables de indemnizar si se diera el raro y fatídico caso de que aparecieran daños no previstos por la vacunación contra el coronavirus. La idea principal tras su petición era contar con un marco jurídico protector, en caso de que la rapidez en la investigación de las vacunas no llegue a detectar todos los posibles efectos adversos. Estas declaraciones llaman poderosamente la atención cuando, durante los últimos meses, las compañías farmacéuticas han enviado reiterados mensajes tranquilizadores a la población a través de los medios con una promesa principal: no permitirán que las prisas por comercializar las vacunas provoquen que estas lleguen al mercado sin haber demostrado rigurosamente su eficacia y seguridad.

La situación legal de Estados Unidos y Europa será, en teoría, muy diferente cuando llegue el momento de la comercialización de las vacunas contra la COVID-19. Como aclara Belén Tarrafeta: "En Estados Unidos las farmacéuticas están exentas de responsabilidad civil en caso de que haya problemas de seguridad con el producto si este se usa dentro de una autorización de uso de emergencia (EUA). De hecho, hay gran controversia sobre la intención de la FDA (la agencia de medicamentos estadounidense) de utilizar el mecanismo de EUA para la vacuna de COVID, porque es un proceso mucho menos riguroso que el procedimiento normal".

La EUA se utiliza en ocasiones especiales de emergencia sanitaria para acelerar el proceso de autorización en la importación y/o comercialización de algunos medicamentos (y otros productos sanitarios). Los requisitos de la EUA son menos exigentes que el proceso de aprobación normal y puede ocurrir que productos aprobados bajo la EUA no lleguen a pasar el proceso normal.

En Europa, la Agencia Europea del Medicamento (EMA) no contempla una autorización equivalente al EUA para la aprobación de las vacunas contra el coronavirus. Sí que ha puesto en marcha una autorización por la vía rápida para tratamientos y vacunas contra la COVID-19. Con este método, se acelera la aprobación sin disminuir los requisitos necesarios habituales ni ofrecer amparo legal a las farmacéuticas. Esta situación no es del agrado del sector farmacéutico, que ha solicitado que Europa imite el sistema EUA de Estados Unidos para que así estén protegidos frente a posibles demandas por las vacunas contra la COVID-19.

La EMA deja en manos de cada Estado la negociación con las farmacéuticas para acordar cuál será su responsabilidad legal a través de contratos en caso de demandas. En España, los laboratorios que están evaluando sus vacunas contra el coronavirus ya trasladaron en julio al Ministerio de Sanidad que era necesario establecer una fórmula legal que les protegiera de responsabilidades en el desafortunado caso de que aparezcan efectos adversos tras la comercialización. Como suele ser habitual en las negociaciones con las farmacéuticas, existen muchos detalles rodeados de secretismo. A principios de septiembre, España y el resto de los países de la Unión Europea anunciaron que abonarían a los laboratorios las posibles indemnizaciones a las que se tengan que enfrentar las farmacéuticas si aparecen efectos indeseados o inesperados por las vacunas contra el coronavirus tras su comercialización. En qué condiciones y hasta qué punto se pagarán estas indemnizaciones son detalles que, por el momento, no se han hecho públicos.

"Todo lleva su tiempo"

En estos momentos, los ensayos clínicos en fase III de las vacunas en una etapa más avanzada se encuentran más o menos a la mitad de su desarrollo. Averiguar con suficiente certeza su seguridad y eficacia llevará varios meses más. Como explica el cardiólogo e investigador Eric Topol, "aunque la mayoría de vacunas son seguras, se necesitan ensayos clínicos para demostrar que los participantes no desarrollan reacciones inmunitarias graves por la exposición al virus o una enfermedad inmunitaria compleja. Se necesitan datos de eficacia para demostrar que existe una supresión sustancial de las infecciones en el grupo de la vacuna, comparado con el placebo. Tanto los parámetros de seguridad como de eficacia necesitan poder estadístico suficiente. Todo esto lleva tiempo".

Poder estadístico e incluir a la población más variada posible resultan imprescindibles para conocer a fondo los efectos biológicos de cualquier tratamiento. Precisamente, las farmacéuticas Pfizer/BioNTech anunciaron recientemente que van a expandir el tamaño de su ensayo clínico en fase III de su vacuna: de 30.000 personas pasarán a ser 44.000 para incluir así a individuos de etnias diversas, adolescentes y también a pacientes que sufran otras enfermedades virales.

No existen atajos para averiguar la eficacia y seguridad de una vacuna, y acelerar en exceso las fases de investigación clínica podría llevar, en el peor de los casos, a un recelo hacia las vacunas sin precedentes. Que los Estados vayan a asumir económicamente los riesgos de efectos adversos no detectados previamente en las vacunas contra el coronavirus puede sumar un elemento más de desconfianza.

Por Esther Samper

15 de septiembre de 2020 23:13h

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Captura de video del diáogo entre Gore (izq.) y Bolsonaro.

Durante un encuentro filmado en el foro de Davos

El documental "The Forum" que se estrenó esta semana en plataformas digitales muestra un diálogo entre el presidente brasileño y el exvicepresidente estadounidense. 

 

La escena se produjo hace un año en el Foro de Davos pero cobra una vigencia inusitada en este momento en que la Amazonia vuelve a ser arrasada por el fuego. La filmó el director de cine alemán Marcus Vetter para su documental "The Forum". La película se estrenó esta semana en plataformas digitales y en ella Jair Bolsonaro protagoniza un diálogo insólito con el ex vicepresidente de EE.UU Al Gore. El militar ultraderechista le dice: “Tenemos mucha riqueza en la Amazonía y me encantaría explorar esa riqueza con Estados Unidos”. El político norteamericano abandonó el gobierno hace casi veinte años y abrazó la causa ecologista, un tema alejado de las prioridades del brasileño. Por eso es probable que éste no supiera con quién hablaba.

La definición del presidente sobre una cuestión tan sensible ya genera polémicas y críticas hacia su comentario en el país vecino. Su visión mercantilista sobre el principal pulmón del planeta y la circunstancia en que se produjo la conversación reavivan una problemática en la que el jefe de Estado siempre se colocó en una posición negacionista sobre la deforestación. El Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE) de Brasil, al que criticó con dureza en 2019, registró más de 10 mil incendios en los primeros diez días de agosto.

En la película que retrata el Foro de Davos se ve cómo departen los presidentes de los países más ricos del mundo. Vetter siguió durante dos años la agenda de su fundador, el economista alemán Klaus Schwab. El documental es sobre el evento. Con su cámara el director toma imágenes imponentes donde se ve el despliegue de helicópteros que llevan a Donald Trump hasta el pequeño pueblo de Davos en las montañas nevadas de Suiza. En dos foros sucesivos – los últimos de 2018 y 2019, ya que el de este año se postergó por la pandemia hasta 2021 -, el cineasta alemán capta momentos inéditos como el que protagonizaron Gore y Bolsonaro. En un determinado momento se cruza ante la lente el ex ministro de Economía argentino, hoy procesado, Nicolás Dujovne, como si buscara salir filmado cuando Vetter hacía foco en el presidente brasileño.

Lo más curioso del diálogo entre el ex vicepresidente de Bill Clinton y el militar es que el primero se le acerca para transmitirle su preocupación por la Amazonia e intérprete mediante se presenta: “Soy un gran amigo de Alfredo Sirkis, un exdiputado federal que ayudó a fundar el Partido Verde”. Impávido, Bolsonaro lo mira y le responde: “Fui enemigo de Sirkis en la lucha armada” ya que durante la extensa dictadura brasileña combatió en el bando contrario al del fallecido legislador. Sirkis murió el 10 de julio de este año en un accidente automovilístico en Nova Iguaçu, estado de Río de Janeiro. A fines de los años 60 ingresó en la guerrilla que lideraba el militar Carlos Lamarca, ejecutado por sus propios compañeros de armas.  Después de intervenir en algunas operaciones el exdiputado partió hacia el exilio, pasó por Chile – donde lo sorprendió el golpe contra Salvador Allende – y también vivió casi un año en la Argentina, donde trabajó como corresponsal del diario francés Libération. Recién en 1979 y con la ley de amnistía en su país pudo regresar a Brasil. En su libro "Os Carbonarios" contó su experiencia en la lucha armada contra el régimen militar que Bolsonaro todavía reivindica.

Gore en su breve intercambio con el presidente brasileño llegó a decirle: “Todos estamos muy preocupados por la Amazonía, algo que me toca profundamente”. El ultraderechista ni mosqueó. Estaba acompañado por su canciller Ernesto Araújo, un funcionario estrambótico que sostiene la existencia de otra peste planetaria, el “comunavirus”, después de que leyera "Pandemia", el último libro del filósofo esloveno Slavoj Zizek.

La principal reserva ecológica del planeta que Bolsonaro abriría a una exploración conjunta con Estados Unidos no es un lugar que algunos sectores de las fuerzas armadas brasileñas vean con la misma mirada. El coronel retirado e historiador militar brasileño Manoel Soriano Neto le dijo a Página/12 en una entrevista de noviembre de 2017: “Brasil tiene plena conciencia de que la defensa de la Amazonia propia, es un problema exclusivo de los brasileños. Las fuerzas armadas vienen haciendo todos los esfuerzos para la defensa militar de la región. Para ello están siendo utilizadas tropas, como las Brigadas de Infantería de la Selva y cuyos efectivos son entrenados para el combate en la zona tropical. El Centro de Instrucción de Guerra en la Selva (CIGS), en Manaos, capital del Amazonas, es una referencia militar para esa misión. Durante la Segunda Guerra Mundial, Brasil cedió temporalmente bases en el Nordeste a Estados Unidos, que las devolvieron tan pronto terminó el conflicto. En mi opinión, no se puede concordar con las tesis de soberanía restringida, limitada o compartida, dando lugar a que instalaciones militares extranjeras se instalen, en tiempos de paz, en el territorio nacional”.

Después de las palabras de Bolsonaro en las que invitaba a los Estados Unidos a explorar la Amazonia, el ex vicepresidente Gore le respondió: “No entiendo qué quiere decir”. El improvisado diálogo entre los dos terminó cuando se alejó del lugar, no sin antes escuchar que Bolsonaro le dijera “yo gusto mucho del pueblo americano, Brasil eligió a un presidente que gusta de los Estados Unidos”. La cámara del alemán Vetter tomó el encuentro hasta en los pequeños detalles que dejaron en evidencia cuál es el propósito del presidente brasileño para el pulmón del planeta.

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El Grand Prix de la vacuna contra el coronavirus entra en la recta final

Estados Unidos, China, el Reino Unido y Rusia compiten por llegar primeros

Se trata de una carrera de coaliciones nacionales con flagrantes contradicciones, una entente de gobiernos y farmacéuticas, universidades y centros militares, de estados dentro del estado. 

 

Estados Unidos, China, el Reino Unido y Rusia están prometiendo la vacuna que liberará a la humanidad de la peste de nuestros días, el coronavirus. Es un Grand Prix de coaliciones nacionales con flagrantes contradicciones, una entente de gobiernos y farmacéuticas, universidades y centros militares, de estados dentro del estado, una carrera por llegar primero a multimillonarias ganancias y prestigio internacional. Pero el descubrimiento de una vacuna es apenas la mitad de la película. Hasta ahora se ha hablado mucho menos de la producción y distribución global de una vacuna. Las cosas están cambiando.

La crítica directa o indirecta del Grand Prix viene de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los movimientos alternativos, gobiernos populares, la izquierda y las ONG, pero empieza a tener aliados inesperados en torno a una condena feroz del llamado “Vaccination Nationalism” o “Nacionalismo de las vacunas”. En la fórmula de la OMS, este nacionalismo es una peligrosa estafa porque para la salud pública mundial, “nadie está seguro hasta que todos estén seguros”. El único camino es la cooperación global y un acuerdo que permita avanzar no solo en la producción de vacunas sino en una distribución equitativa y eficaz.

El “Nacionalismo de las Vacunas” plantea exactamente lo opuesto. Estados Unidos es el caso más obvio con la política de “America first” del alicaído Donald Trump que no sabe qué hacer para ganar su reelección, pero que sospecha que si posterga los comicios y conjura una vacuna en el interín puede recuperar los 10 o 15 puntos que lo separan del demócrata Joe Biden.

Estados Unidos invirtió 10 mil millones de dólares en la Operation Warp Speed, un programa para producir cientos de millones de vacunas destinadas a consumo interno. El responsable del suministro de toda la parafernalia médica del Covid-19, Peter Navarro, implementó el “America first” con la restricción de ventas al exterior de máscaras, respiradores y guantes. A fines de junio, el gobierno de Trump adquirió prácticamente todo el stock mundial de Remdesivir, un medicamento para el tratamiento del Covid-19.

Como en una pálida copia de la guerra fría, al Grand Prix se sumó ahora Rusia con la promesa de una vacuna para el 10 de agosto o incluso antes. El director del Fondo de Riqueza Soberana de Rusia, Kirill Dmitriev, dijo que se adelantarán a Estados Unidos tal como sucedió en 1957 con el Sputnik, cuando la Unión Soviética lanzó antes que Estados Unidos el primer satélite en el marco de la carrera espacial de las dos superpotencias. “Va a ser igual”, le dijo Dmitriev a la CNN.

En realidad, el rival de Estados Unidos no es Rusia: es China. Un caso más interesante porque el gobierno de Xi Jinping se presenta abiertamente del lado de la OMS y señala que la vacuna que CanSino Biologics está desarrollando junto al Instituto Científico Militar será un “bien público de acceso para todo el mundo”. El 22 de julio en una video conferencia con once cancilleres de América Latina y el Caribe, el canciller chino Wang Yi anunció un fondo de mil millones de dólares para la región y garantizó la accesibilidad a tratamientos y medicinas. Esta estrategia china en el Grand Prix ya tiene apodo: “diplomacia con barbijo”. Tiene también algunas sombras.

China afirma la accesibilidad de la vacuna, pero no dice cuándo. ¿Pondrá China a sus casi 1400 millones de habitantes en paridad con el resto del mundo? ¿Cuántos chinos tendrán que ser vacunados antes de que se exporte el excedente? La conducta del gobierno de Xi Jinping en los primeros meses del año es quizás comprensible, pero no alentadora sobre una generosa y lúcida vocación global. En ese momento, China lideró la compra masiva para su población de respiradores, máscaras y guantes. Poco después le siguieron la Unión Europea y Estados Unidos y hubo escasez de estos productos en el mercado mundial.

El Reino Unido tiene una de las investigaciones más avanzadas sobre la mesa. La alianza de la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca promete una vacuna para septiembre o octubre. Pero el gobierno de Boris Johnson, consciente de que la vacuna puede tardar más tiempo o fracasar, anunció el 20 de julio que está buscando asegurarse su propio stock adquiriendo otras 12 que se están investigando a nivel mundial.

Según la ONG británica Global Justice Now, una de las organizaciones vetadas por el gobierno de Macri en el G20 de 2018 en Buenos Aires, este anuncio revela la verdad de la política oficial más allá de las bellas palabras. “Esta carrera para asegurarse el acceso muestra que la retórica sobre acceso igualitario para todo el mundo es una farsa. El Reino Unido está alimentando la carrera de los países ricos para el atesoramiento de la vacuna. Asegurar un acceso global no es solo una cuestión de equidad moral, es también la manera más rápida de terminar con la pandemia”, señaló Heidi Chow, portavoz de la ONG.

La curiosa alianza antinacionalista

El Council on Foreign Relations es una organización estadounidense a favor del régimen desregulador, privatizador y pro-globalización del Consenso de Washington que publica bimensualmente Foreign Affairs, una prestigiosa revista de temas internacionales de centro derecha. Ni el Council ni Foreign Affairs suelen coincidir en sus planteos con las ONG, los movimientos alternativos, los gobiernos populares y las organizaciones de izquierda. Con el Coronavirus es diferente. En el artículo de tapa publicado este viernes Foreign Affairs condena al nacionalismo de las vacunas y promueve la necesidad de garantizar un acceso equitativo como la mejor manera de terminar al mismo tiempo con la pandemia y su impacto demoledor en la economía mundial.

Según la revista, “sin coordinación global, se desatará una competencia que subirá el precio de las vacunas y los materiales necesarios para su producción, el suministro de vacunas será limitado incluso en los países ricos y tendrá un impacto devastador en los pobres”. El fin del camino de este nacionalismo de las vacunas que pinta el Foreign Affairs es apocalíptico a nivel económico, sanitario y diplomático: una suerte de anarquía internacional. “Los países que no tengan la vacuna usarán todas las herramientas en su mano para bloquear componentes esenciales para la producción como jeringas y viales, o los usarán para negociar acuerdos especiales. Todo esto generará un resentimiento contra los países que tengan la vacuna y no la compartan que pondrá en peligro la cooperación futura a nivel global para temas cruciales como el cambio climático y la proliferación nuclear”, señala el artículo.

Uno de los temas soslayados es que no se trata únicamente de descubrir la vacuna. En una economía globalizada que enfrenta una pandemia hay que producir enormes cantidades a gran velocidad. El mayor productor mundial de vacunas es el Serum Institute de la India, que ya firmó un acuerdo con la Universidad de Oxford y AstraZeneca para tener lista una base de producción masiva en septiembre. El CEO de la compañía, Adar Poonawalla, señaló que “al menos inicialmente”, cualquier vacuna que produzca la compañía tendrá que cubrir a los 1300 millones de habitantes del país. Un mensaje similar han hecho otros productores en distintos países del mundo para garantizarse un acceso prioritario.

Entre los perdedores de este forcejeo pueden estar los países ricos que apuesten a la vacuna equivocada. “Al rechazar la cooperación con otros, esos países habrán puesto en peligro la propia salud pública. Pero incluso los ganadores sufrirán el impacto global de países golpeados económicamente por una situación sanitaria inmanejable que cerrará mercados para sus exportaciones”, señala la revista.

Foreign Affairs no niega que este nacionalismo tiene algo inevitable: cada gobierno debe ocuparse del bienestar de sus ciudadanos. Pero señala que la única manera de garantizarlo es a través de acuerdos globales. “Lo que se necesita es un acuerdo de comercio e inversión internacional sobre el Covid-19 que puede ser coordinado por las instituciones y sistemas ya existentes. Pero para lograrlo requerirá liderazgo de parte de los países productores, incluyendo, si fuera posible, a los Estados Unidos”.

La salida propuesta por Foreign Affairs es similar a la que han impulsado medios de similar orientación como la revista The Economist, la agencia de noticias Reuters o la cadena CNN, todos muy críticos del “nacionalismo de las vacunas”. Con excepción de Estados Unidos, los corredores del Grand Prix hacen gestos en todas las direcciones: quieren llegar primero, pero no quieren ser el villano de la película. Esta ambigüedad abre una ventana de oportunidad, pero el tiempo aprieta: cuanto más nos acerquemos al descubrimiento de una vacuna, más difícil será debatir y acordar un sistema global de producción y distribución. “El nacionalismo de las vacunas no es solo moral y éticamente condenable: va en contra de los intereses sanitarios y estratégicos de todos los países. Si las naciones ricas eligen ese camino, no habrá ganadores: todos perderemos”, concluye Foreign Affairs. ¿Habrá alguien escuchando o estaremos por chocar contra un nuevo muro? 

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