Minería, desastres ambientales y accidentes

En Brasil se ha repetido otro accidente minero de un alcance terrible, 254 personas sepultadas por la rotura de una represa de residuos, al tiempo que ha supuesto una catástrofe ambiental. Ambos desastres, humanos y ambientales, provocados por accidentes, suelen ir de la mano afectando a las poblaciones más vulnerables.


Una vez más un accidente que hemos visto una y otra vez en las minas a cielo abierto: la rotura de la presa de los residuos del tratamiento del mineral y el vertido al medio ambiente de millones de toneladas de fangos con alto contenido en metales pesados. En España vivimos el drama de Aznalcollar y los vertidos tóxicos sobre Doñana.


Esta vez ha sido en Brumadinho, la tragedia mil veces repetida y no sólo en Brasil, donde hacía sólo tres años que Minas Gerais había sufrido otro accidente similar, la tragedia de Mariana. En este caso el impacto ha sido brutal, con cientos de víctimas humanas; pero también lo será el ambiental, por la contaminación que causarán las miles de toneladas vertidas a lo largo de kilómetros de cauce del río.


Las investigaciones de estos grandes accidentes deben servir para que se apliquen medidas de control de los riesgos y no se vuelvan a repetir, pero lo cierto es que ni se pagan las multan ni se aumentan los controles ni se paraliza la actividad cuando el riesgo es intolerable. En algunos casos, aunque se realicen comisiones de investigación en el Parlamento, alguno de sus integrantes han recibido fondos de la minería para sus campañas políticas. En el Brasil de Bolsonaro hay pocas esperanzas siquiera de que se exijan responsabilidades a la empresa, porque Bolsonaro ha hecho del antiecologismo una de sus banderas. ¿Quién se puede creer ahora que hará algo contra los responsables de este desastre?


La legislación de la minería en materia de seguridad siempre ha sido objeto de controversia, como lo ha sido ligar los sueldos a la producción bajo cualquier condición laboral y sin prevención de riesgos. La cuestión cobra especial gravedad en lo que a baldas de residuos mineros se refiere, porque son infraestructuras inseguras y peligrosas.


La amenaza del desempleo se convierte en el mantra que las empresas extienden como un virus por las poblaciones donde se instalan. La falta de visión de alternativas ligadas a los escasos recursos de esas poblaciones, las convierte en doblemente vulnerables.


Tenemos varios factores subyacentes donde se gestan las catástrofes: pobres legislaciones en materia de seguridad unidos a la financiación de campañas políticas o legislaciones que siendo correctas no se hacen cumplir, inspecciones complacientes, connivencia con representantes de trabajadores que han de elegir entre susto o muerte, entre desempleo o empleo miserable, poblaciones con pocos recursos, en situación de vulnerabilidad y por último empresas que sólo invierten para enriquecerse, depredan el lugar y llevan al límite los riesgos sin invertir en seguridad.


El debate sobre las explotaciones mineras a cielo abierto está muy presente en España. Decenas de nuevos proyectos mineros se extienden por toda nuestra geografía. Sus promotores se aprovechan de dos factores: el abandono del territorio que deja campo libre a su explotación más impactante, y las necesidades de empleo.


Razmig Keucheyan, en su libro “La Naturaleza es un campo de batalla” comienza el capítulo dedicado a la ecología política que viene, con estas palabras: “Si a las asociaciones ambientalistas tradicionales les cuesta trabajo reconocer la dimensión social de la ecología, el movimiento obrero, por su parte, mantiene desde los orígenes una relación ambivalente con las problemáticas ambientales”. Tras la explosión de la planta química AZT en Toulouse, los sindicatos y los damnificados se dividieron, mientras los primeros gritaban que la química era una necesidad y la seguridad una exigencia, pidiendo seguridad y empleo, las víctimas, los ribereños y asociaciones ambientalistas clamaban “Nunca más, ni aquí ni en otra parte”.


Continúa diciendo Keucheyan “Esta ruptura es reveladora de una división que estructuró el campo político en el siglo XX. A los sindicatos la defensa de los empleos y de la industria que los proporciona, a veces con exclusión de otras preocupaciones como la seguridad de los vecinos o de los mismos asalariados. Una lectura productivista del marxismo también influyó en esto así como la distinción entre el trabajo (sindicatos) y “fuera del trabajo”(sociedad civil).


La naturaleza no escapa a las fuerzas sociales, es la más política de las entidades. Por ello las explotaciones mineras están ligadas no sólo a las crisis ecológicas sino a los incumplimientos repetidos de las medidas de seguridad que acaban afectando tanto a trabajadores como a la población. Todo ello teñido de un “clasismo ambiental” donde la ubicación de las grandes explotaciones mineras perpetúa las desigualdades vulnerando derechos cívicos, como son la seguridad, la salud y el ambiente, justamente en los territorios o comunidades más pobres.


Bhopal, un drama de consecuencias que aún perduran, Chernóbil o Fukushima tienen en su génesis causal pobres medidas de seguridad. Tantos accidentes mineros, como dice el cantautor asturiano en La Planta 14 la tragedia repetida, una tarde amarilla, los hombres no volvieron.


Contra la mercantilización de la naturaleza se necesita de una revolución política y social en cuanto a la rebelión contra la sociedad de consumo, y ahí es donde no debemos dejarnos vencer para evitar que las tragedias se repitan.

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Los pañales desechables, nido de sustancias tóxicas

Hoy es 28, pero no de diciembre, cuando se divulgan divertidas y extrañas noticias para celebrar a los santos inocentes. La siguiente es cierta y una prueba más de cuánta razón tienen quienes luchan contra los plaguicidas y defienden la salud de las personas y la naturaleza.


La agencia responsable de la seguridad sanitaria en Francia afirma que algunas sustancias que contienen los pañales desechables son un riesgo para los bebés. Gracias a un estudio realizado en 2017, la dependencia identificó en ellos la presencia de varios hidrocarburos aromáticos policíclicos y dioxinas: son cancerígenos.


En los pañales había 60 sustancias tóxicas como el glifosato, herbicida cancerígeno al que tantas veces he criticado aquí. Lo elaboraba la estadunidense Monsanto, hoy propiedad de Bayer. También varios plaguicidas prohibidos desde hace años en decenas de países, como el lindano, el quintozeno o el hexaclorobenceno. A ellos se suman dioxinas, el alcohol bencílico o el butilfenil y los policlorobifenilos (PCB). Las autoridades galas descubrieron hasta hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) que podemos encontrar en el humo de cigarrillos y en las emisiones de los automóviles.


Tras una reunión convocada por la ministra de salud, Agnès Buzyn, y en la que también estuvieron Bruno Le Maire, titular de Economía y el de Transición Ecológica, François de Rugy, la ministra declaró que existe un riesgo potencial a largo plazo de causar diversas enfermedades, máxime que algunos de los compuestos identificados superan los límites sanitarios aceptables. Por eso el gobierno francés exigió a los fabricantes de dichos pañales eliminar, en un plazo máximo de seis meses, las sustancias tóxicas encontradas en ellos.


Para no alarmar a la población, la ministra dijo que no existe prueba concluyente de que sean peligrosos los pañales utilizados por 95 por ciento de los bebés franceses. Y que obviamente debemos seguir poniendo pañales a nuestros bebés, llevamos al menos 50 años utilizándolos. Mas advirtió que no se tolerará un retraso en las medidas correctivas. Los tres ministros exigieron que, en un plazo de dos semanas, los fabricantes y distribuidores de esos pañales presenten un plan de acción para conocer el proceso de la eliminación de las sustancias potencialmente tóxicas.


Por su parte, Gérard Lasfargues, director de la agencia de seguridad sanitaria francesa, reveló que, en sus primeros tres años de vida, un bebé llega a usar 4 mil pañales y que algunos de los componentes pueden migrar a través de la orina del bebé hasta ser absorbidos por la piel, lo que ocasionaría desde alergias cutáneas por sustancias perfumantes hasta quizás riesgos cancerígenos por los PCB o las dioxinas.


Nuestros pañales son seguros y siempre lo fueron, aclaró la empresa Pampers, perteneciente a la poderosa trasnacional estadunidense Procter and Gamble, y asegura haber puesto en práctica las recomendaciones del estudio. ¿En tan pocos días? ¡Qué sorprendente logro tecnológico!


De la lista de sustancias peligrosas encontradas en los pañales, destaco el glifosato, que tanto daño ha ocasionado a la población y al medio ambiente al aplicarse en plantaciones de soya de Argentina y Brasil, y utilizarlo como defoliante en la lucha contra los cultivos ilícitos en Colombia. En México se utiliza con toda impunidad.


En cuanto a los pañales desechables, afectan muy negativamente al medio ambiente. Tardan varios siglos en degradarse. Alrededor de 15 por ciento de los residuos sólidos que se generan en los hogares mexicanos son pañales. Cada año billones de ellos se tiran a la basura. Pese al grave daño que ocasionan, no se apoyan de manera suficiente los proyectos para elaborarlos de tela o biodegradables, mucho menos dañinos para la salud de los bebés y el ambiente.


Es necesario y urgente que los titulares de las secretarías de Salud, Medio Ambiente y Comercio de México informen si los millones de pañales desechables que se venden aquí son tan potencialmente dañinos para la salud de los bebés, como acaba de revelar el gobierno francés sobre los que se utilizan en dicho país.

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Martes, 22 Enero 2019 05:46

No se va, Blackwater no se va

No se va, Blackwater no se va

Erik Prince, ex jefe de la firma de seguridad, dijo que los contratistas podrían proteger a los aliados de Estados Unidos y contrarrestar la influencia iraní en Siria después de que Estados Unidos abandone el país.

Contratistas militares privados podrían reemplazar a las tropas estadounidenses que se retiran de Siria, sugirió el fundador de Blackwater, Erik Prince. El ex jefe de la firma de seguridad dijo que los contratistas podrían proteger a los aliados de Estados Unidos y contrarrestar la influencia iraní después de que Estados Unidos abandone el país.


“Estados Unidos no tiene una obligación estratégica de largo plazo para permanecer en Siria. Pero también creo que no es una buena idea abandonar a nuestros aliados “, dijo a Fox Business. Los aliados a los que se refiere Prince son las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF), una milicia principalmente kurda que ha sido un socio clave de los Estados Unidos en la lucha contra el Estado Islámico (EI) en Siria.


El presidente Donald Trump anunció repentinamente el mes pasado, que Estados Unidos retiraría tropas de Siria, lo que provocó que muchos en su propia administración expresaran su preocupación de que una salida rápida pondría en peligro a esos aliados y amenazaría con descarrilar la lucha contra el EI. La decisión hizo que el secretario de defensa de Trump, Jim Mattis, renunciara. Las SDF dijeron que una retirada de Estados Unidos los expondría al ataque de Turquía, que lo ve como una organización terrorista.


Prince dijo que usar contratistas le permitiría a Trump mantener su promesa de campaña de poner fin a las “guerras para siempre” y seguir dejando algo de protección. Y sugirió que el peligro para el SDF provenía de las fuerzas sirias e iraníes, más que de Turquía.


“La historia de Estados Unidos está llena de asociaciones públicas y privadas, de lugares donde el sector privado puede llenar esos vacíos, donde probablemente no debería haber un ejército muy costoso”, dijo Prince. “Si no hay algún tipo de fuerte capacidad para defenderse de las invasiones terrestres del poder muy convencional que tienen los iraníes y los sirios, nuestros aliados serán aplastados”, agregó Prince.


Sus comentarios sugieren cierta confusión sobre las cambiantes alianzas del campo de batalla sirio mientras Estados Unidos se prepara para retirarse. El SDF ve a Turquía como una amenaza mucho mayor que Damasco. A medida que la retirada de Estados Unidos se acerca a la realidad, el grupo ha buscado negociaciones con el gobierno sirio para permitir el retorno del ejército sirio a algunas áreas para evitar una incursión turca.


Blackwater, la compañía fundada por Prince en 1997, recibió cientos de millones de dólares en contratos del gobierno de Estados Unidos brindando apoyo durante las guerras de Irak y Afganistán, a las fuerzas de Estados Unidos, y protegiendo a los funcionarios e instalaciones.


Pero la compañía encontró notoriedad por un incidente en 2007 en el que cuatro de sus guardias mataron a 14 civiles iraquíes en la Plaza Nisour, Bagdad. Tres de los hombres fueron condenados por homicidio en 2014 y otro por asesinato. El caso provocó un intenso escrutinio al uso de contratistas militares privados estadounidenses en Irak.


En los años posteriores, la compañía sufrió varios cambios de nombre y Prince finalmente vendió sus activos a un grupo de inversores privados.


El llamado de Prince para instalar una fuerza mercenaria en Siria fue posterior a una propuesta similar para privatizar la lucha contra los talibanes en Afganistán. En 2017, The New York Times informó que el entonces asesor de Trump, Steve Bannon, le había encomendado a Prince una alternativa para enviar más tropas al país. Prince había donado 250.000 dólares a la campaña presidencial de Trump el año anterior.


Su plan incluía una fuerza de 6.000 contratistas privados, conformados por ex fuerzas especiales de Estados Unidos y Europa, y entrenamiento para las tropas afganas, con un costo de alrededor de 5 mil millones de dólares anuales. Trump fue receptivo al plan, dado que se sentía frustrado por los costos crecientes de un conflicto de 17 años.


* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Páginal12.


Traducción: Celita Doyhambéhère.

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Johnson & Johnson se hunde en Bolsa tras el informe que la acusa de saber de las fibras cancerígenas en su talco

La multinacional retrocede un 10% en Wall Street en medio de una ola de demandas por los componentes de sus productos

Las acciones de Johnson & Johnson, el gigante de los productos de higiene y de farmacia, se han hundido este viernes un 10% en Wall Street. El estrepitoso declive de los papeles llegó después de que Reuters publicara que la compañía sabía desde hace cuarenta años que sus polvos de talco estaban contaminados por amianto, algo que J&J ha desmentido en reiteradas ocasiones. La vaca sagrada de la empresa, que le ha supuesto miles de demandas por casos de cáncer de ovario, vuelve a golpear a la empresa, esta vez borrando cuarenta mil millones de la capitalización de mercado


La información de la agencia, basada en memos y reportes confidenciales de la compañía, sostiene que J&J conocía la presencia de pequeñas cantidades de asbesto en sus productos desde 1971. La multinacional se ha sometido a varias juicios colectivos por parte de mujeres que dicen haber sido víctimas de la fibra cancerígena y acumula unas 10.000 demandas aún pendientes relacionadas especialmente con su producto Johnson's Baby Powder. En medio de las batallas legales y sumado al informe de Reuters, la empresa protagonizó la mayor caída porcentual en bolsa en los últimos 16 años.


Reuters también publica que la compañía encargó y pagó los estudios realizados en su franquicia Baby Powder. "Cualquier sugerencia de que Johnson & Johnson supiera u ocultara información sobre la seguridad del talco es falsa", respondió la empresa.


Hace unos meses la máxima autoridad sanitaria de Estados Unidos, (FDA, en sus siglas en inglés), realizó un estudio con muestras del producto en las que no detectó presencia del amianto. Sin embargo, eso no impidió que un jurado en Saint Louis (Missouri) le ordenara en julio a la compañía a pagar 4.690 millones de dólares a 22 mujeres y sus familias, que la responsabilizaron de haber enfermado después de haber utilizado el producto para bebés. La compañía apeló el fallo.


El año pasado un tribunal de Los Ángeles también condenó a la multinacional a pagar 417 millones de dólares a una mujer que desarrolló un cáncer de ovarios después de usar durante años el polvo de talco. La condena argumentó que J&J no advirtió adecuadamente del riesgo de cáncer asociado al uso de productos. Ese fallo fue apelado con éxito por la compañía. "Se impuso la ciencia", dijo en su día Bart Williams, abogado del gigante farmacéutico. En Wall Street hoy se impuso el escepticismo de los inversores.

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Altria, fabricante de los cigarrillos Malboro, se lanza al mercado de la mariguana

Nueva York. La compañía Altria, fabricante de los cigarrillos Marlboro y una de las compañías tabacaleras más grandes del mundo, se lanzó al mercado del cannabis con una inversión de mil 800 millones de dólares en Cronos Group, una empresa canadiense de mariguana medicinal y recreativa.


Esta inversión representa una nueva y emocionante oportunidad de crecimiento para Altria, comentó el presidente ejecutivo de la compañía, Howard Willard, en un comunicado publicado ayer al anunciar el acuerdo.


La firma tabacalera con sede en Richmond, Virginia, adquirió una participación de 45 por ciento en Cronos y agregó que pagará otros mil 400 millones de dólares por garantías que, de ser ejercidas, le darían a Altria una participación mayoritaria de 55 por ciento de la propiedad.


Eso significaría que la inversión de Altria estaría en el mismo nivel que los 4 mil millones de dólares gastados a principios de este año por Constellation Brands para adquirir acciones de Canopy Growth Corp, otro productor canadiense de mariguana.


La inversión realizada en agosto por Constellation, que fabrica Corona y otras bebidas, fue la mayor hasta la fecha por una corporación estadunidense importante en el mercado de cannabis.


La inversión de Altria ha animado a las empresas de cannabis que han empezado a establecerse en Canadá, donde las actividades relacionadas con la hierba han estado en auge, luego que desde el 17 de octubre de 2018 el país se convirtió en el segundo, después de Uruguay, en legalizar el consumo.


Cronos Group es una empresa con presencia en los cinco continentes que opera en el mercado de Canadá con productos relacionados con el uso recreativo del cannabis para adultos.
Se espera que el rápido crecimiento del mercado de cannabis continúe a medida que se extiende la legalización en Estados Unidos y cambian las normas sociales. El martes, el ultraconservador estado de Utah se convirtió en el sitio más reciente en legalizar el uso de la mariguana con fines médicos.


Arcview Market Research, una empresa de inversiones centrada en el cannabis, prevé que los consumidores gasten 57 mil millones de dólares al año en mariguana legal para 2027. En América del Norte, se espera que ese gasto aumente de 9 mil 200 millones de dólares en 2017 a 47 mil 300 millones en 2027.

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¿El silencio del esquirol? Posgrados y universidad pública.

Los diferentes estamentos, agentes y facciones políticas que convergen en la universidad pública (profesores, administrativos, estudiantes, empleados, sindicatos, etc.) se han ido pronunciando a medida que avanza la coyuntura nacional por la que atraviesa la universidad pública de nuestro territorio. El problema de financiación es el que toma más fuerza en el escenario de la opinión pública, pero, cabe decir, reducir el problema de la universidad pública a una cuestión económica es arbitrario.

La universidad pública padece de un proceso de privatización económica que transforma, y, a su vez, reestructura su quehacer, científico, investigativo y creativo en un quehacer servil y utilitario dada su condición de empresa.

Los programas de posgrado aceleran la transformación de la universidad del siglo XXI de universidad/científica a universidad-empresa al autofinanciarse mediante la prestación de servicios.La privatización de posgrados en Colombia supone una medida de contingencia por medio de la cual se ayuda a financiar pregrados universitarios y, se aumenta la produccióninvestigativaprocurando el pensamiento científico para la regióndesde la universidad.Por el contrario, lo que ha sucedido con algunos posgrados obedece a una estrategia de marketing mediante la cual algúnagente (no necesariamente devenido del contexto investigativo) estructura un programa (especialización, maestría o doctorado) y utilizando “la marca” de una universidad lo promueve como oferta universitaria (sin contenido universitario).
Lejos de una subjetividad cognoscente, los posgrados reafirman al sujeto como productor y comprador de servicios, una subjetividad que corrobora una cultura mercantil burguesa.

Marcuse,comprendía la cultura afirmativa –burguesa- como una convención de valores de un mundo obligatorio para todos según la sociedad y el mercado, así lo expresó enEl carácter afirmativo de la cultura .Esta cultura está en apogeo a propósito de la educación como servicio y no como derecho.
Por ejemplo, en la mayoría de familias de clase media/baja colombianas se convierte en un propósito familiar enviar a un joven a la universidad para que este pueda acceder a mejores condiciones laborales una vez terminados sus estudios universitarios sin acudir a préstamos bancarios. Bajo este modelo de asistencialismo familiar, la universidad pública a graduado a muchos “primer miembro de una familia que asiste a la educación superior”. Sin embargo, el calvario empieza cuando se exigen laboralmente no solo los pregrados sino también los posgrados que cuestan X veces más que una carrera universitaria. De aquí que, si el estudiante no tuvo que acceder a créditos en su pregrado, para continuar con su formación es indispensable los mismos. Basta con mirar las innumerables ofertas de créditos para Posgrado que oferta el mismo Estado mediante el ICETEX para saber que lo dicho aquí es cierto.

El 2% de los 2,39 millones de estudiantes –aproximadamente- participan de programas de posgrado conducidos, en su mayoría, por una demanda de capacitación laboral, lejos de una motivación científica o investigativa. Tal 2% de estudiantes de posgrado ha ido en aumento en lo que va de 2016 a 2018 por lo que convierte a las especializaciones, maestrías, doctorados en el nicho de servicios más apreciado por sectores privados.

Los estudiantes universitarios pasaron de1,36 millones a 2,39 millones entre el 2007 y el 2016 ,lo que quiere decir que la universidad es un centro formativo relevante para la educación de los jóvenes y ciudadanos colombianos. Pero bajo las actuales políticas gubernamentales parece que al gobierno le pesa, le duele y le molesta el clamor por la educación de tantos ciudadanos. Aunque, por otra parte, entiende y celebra que la universidad/empresa tenga tantos clientes dispuestos a solicitar créditos para participar del “aquelarre” de la universidad con condición privada.

Mi interés no es denunciar la realidad de los posgrados de una universidad específica, considero es quehacer de todos/as el cuidar de la excelencia académica, de la formación investigativa, del progreso científico y de la pasión por la educación que ha de tener cada centro de estudios desde el grado 0 hasta el doctorado. Mi interés es señalar que sí el “ideal” gubernamental en torno a la educación superior es privatizarla no sólo volverá la educación un privilegio para quienes puedan pagar, también disminuirá la calidad de los programas, diezmará la investigación docente (actualmente algunos programas de posgrado carecen de planta profesoral propia y se caracterizan por la contratación cátedra o la vinculación de profesores de pregrado), reducirá la producción científica, y, en suma, suprimirá la capacidad creativa que tiene la universidad de plantear soluciones a los problemas sociales de nuestro territorio, todo esto en favor de las plataformas prestadoras de servicio y de capacitación laboral (del “cognitariado”) tal cual pasa con los posgrados en el territorio nacional.

Los programas de posgrado ante la coyuntura nacional no solo han guardado un silencio ensordecedor, sino que han sido esquiroles en sus propias universidades. ¿Por qué solicitamos el reconocimiento y apoyo de las universidades privadas dada la emergencia de la universidad públicay no exigimos también el apoyo incondicional de los programas de posgrado? programas que fundacionalmente deberían ser accesibles a todo aquel que tenga motivación científica, académica e investigativa, programas que saben y padecen el terrible escenario de la privatización de la universidad pública.

Ante el actual contexto de la educación superior en Colombia es imperativo apelar a los posgrados para que estudiantes, profesores, administrativos y empleados de dichos programas asuman el acontecimiento nacional de la universidad pública como suyo también. A estos agentes no solo les es propio pronunciarse sino denunciar desde su contextola metamorfosis de la universidad pública alma mater de la ciencia, la investigación, la tecnología y las humanidades en una universidad empresarial, utilitaria y paria de sus propias luchas y resistencias por su estatus público, democrático e incluyente.

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Fracasa propuesta de crear un santuario para ballenas

La Comisión Ballenera Internacional (CBI) rechazó ayer una propuesta para crear una zona de protección para ballenas en el Atlántico sur en una crucial conferencia del organismo en Florianópolis, en el sur de Brasil.

Pese a contar con el apoyo de 39 naciones, la ambiciosa propuesta presentada por el país anfitrión fracasó debido a 25 votos en contra de los 67 participantes, según informaron varias organizaciones ecologistas.


La propuesta necesitaba al menos dos tercios del pleno para ser aprobada, según los estatutos de la CBI. Tres países se abstuvieron al votar el pedido, impulsado sobre todo por Japón, Noruega e Islandia, países con fuerte industria pesquera.


“El olor a podrido de los antiguos tiempos de la caza de ballenas flota empecinadamente sobre la CBI”, reclamó Thilo Maack, experto de Greenpeace. “De otra forma no se puede explicar que la comisión no haya podido otra vez pronunciarse a favor de una zona de protección en el Atlántico Sur”, agregó.


“Detrás de esta enorme decepción está un pequeño grupo de países que hacen todo por volver a matar ballenas en el ámbito comercial”, criticó.


La propuesta para fundar un santuario de ballenas fue introducida por Brasil, que se beneficia del llamado turismo ballenero para el avistamiento de cetáceos en el océano y promueve la creación de esa zona de protección desde hace 22 años.


Reunión crucial


Este año el pedido es contrapropuesta a una solicitud de Japón para levantar la moratoria a la caza de ballenas, que rige desde hace 32 años. La cita en Florianópolis es considerada crucial por la posibilidad de que caiga esa prohibición.


“Esperamos que los países solicitantes (de la zona de protección) no se dejen desalentar por el voto destructivo de algunos estados dentro del CBI y que empiecen a ejecutar el plan de forma regional”, comentó Nicolás Entrupp, de la organización ecologista OceanCare.


Japón, Noruega e Islandia son los tres únicos países que aún cazan ballenas a gran escala. La CBI debe decidir sobre la propuesta de Japón esta semana. La conferencia anual empezó el lunes y termina el viernes.

El ‘yihadismo’ global al servicio de cinco objetivos

A pesar de la propaganda oficial que sitúa el nacimiento del “yihadismo” en los atentados del 11S, el uso actual del terrorismo de bandera religiosa tuvo sus comienzos en 1978 en Afganistán, por la iniciativa de la Administración Carter. Una vez que, forzados por las abundantes pruebas, Zbigniew Brzezinskiy y Hillary Clinton admitieron que “las teorías de conspiración” tenían razón y fue EEUU quien creó la banda criminal, volvieron a mentir, afirmando que la superpotencia había perdido el control sobre individuos: hoy en día es imposible que un grupo armado (de cualquier naturaleza), pueda operar sin el respaldo de un poderoso estado. A demás, el “Cui bono” de los atentados, muestra que los únicos beneficiarios de sus crímenes son sus propios creadores, lo cual no niega que, a lo largo de la historia, las instituciones de diferentes religiones, hayan recurrido a la matanza de los civiles en el nombre de Dios y por los intereses de sus élites.

La “Yihad universal” fabricada por el Pentágono sigue cumpliendo sus 5 funciones:


1.- Desmantelar determinados estados


Tras destruir la República Democrática de Afganistán gobernado por las fuerzas marxistas, EEUU, Arabia Saudí y Turquía enviaron a los “yihadistas” a Yugoslavia, con la etiqueta Bosanski mudzahedini. Lo cjuenta el ensayista alemán Jurguen Elsasser en su libro, «Cómo la Yihad llegó a Europa» gracias a la CIA. Después fueron trasladados a Irak, Libia, y Siria, donde se dedicaron a matar a los intelectuales, profesores y activistas, a volar escuelas, hospitales, bibliotecas y borrar su memoria histórica rajando con el martillo sus milenarios monumentos.


Al contrario de los tiempos de la Guerra Fría que EEUU recurría más a golpes de estado para instalar un régimen afín, el avance de los movimientos antiimperialistas de finales de los setenta le hicieron cambiar de estrategia, cortando por lo sano: acabar con los estados molestos para convertirlos en “estados fallidos”, y así perdurar su dominio sobre sus cenizas.


Respaldados por la OTAN, y tras cumplir la tarea del desmantelar Yugoslavia, y otros tres poderosos estados árabes como Irak, Libia y Siria (como una ofrenda a Israel), parte de estos mercenarios han cogidos sus bártulos y se han dirigido a nuevos destinos.


El timo del terrorismo islámico sirvió a EEUU para instalar la primera base militar en Nigeria, después de una campaña de propaganda sensacionalista sobre el secuestro de las niñas nigerianas.


2.- Destruir las alternativas progresistas


Sólo hay que ver las imágenes de las mujeres de los países “musulmanes”, antes de la aparición de la extrema derecha islámica totalitaria, y leer la historia de Turquía, Irak, Irán, Afganistán, Libia, Siria o Yemen para darse cuenta de que (salvo Arabia Saudí) casi todos: a) estaban gobernados por regímenes semilaicos; b) que eran “sólo” dictaduras políticas; y c) que la mayoría contaba con importantes partidos progresistas e incluso de izquierda marxista (algunos en el poder). La doctrina de Choque de civilizaciones y su supuesta alternativa “El diálogo de religiones” falsearon el escenario, dando protagonismo a dos únicas fuerzas: las prooccidentales y las islamistas (que a veces son presentadas como toda la nación) haciendo desaparecer de un manotazo las lucha de clases (y sustituirla por el Norte contra el Sur), y cientos de grupos étnicos, lingüísticos, religiosos sí como a los no practicantes y no creyentes. Esta esquizofrenia ha llegado a tal punto que un importante sector del progresismo occidental se dedicó a 1) justificar el terrorismo “islámico” como una reacción a la invasión militar del imperialismo, o del resentimiento por la exclusión de los inmigrantes de fe islámica en Europa. Matar a los civiles no es justificable bajo ningún pretexto. El primer gran grupo político-religioso que utilizó de forma sistemática el terror puntual y exclusivamente contra los políticos fue el Hasaniun (mal traducido en español como “Asesinos”), dirigido por Hasan Sabbah, El Viejo de Alamut, quien lideró en el siglo XI un movimiento partisano en Irán para expulsar a los ocupantes turcos y árabes; y 2) defender la religión islámica desde un maniqueísmo político, en lugar de seguir exigiendo más laicismo, y el regreso de la religión al espacio personal, como la condición de poner fin a las despiadadas “guerras religiosas”.


3.- Enviar un mensaje de un estado al otro


Como “la cabeza cortada del caballo” por la mafia en El Padrino. Los atentados no son la expresión del “odio” de unos individuos desagradecidos que viven en las sociedades occidentales. Veamos: Si es cierto que 1) los grupos yihadistas sunnitas son wahabitas, corriente religioso dominante en Arabia Saudí, y 2) que Arabia Saudí ha estado detrás de atentado del 7 de julio del 2005 de Londres y el del 30 de diciembre del 2013 de Volgogrado, además del 11S según la CIA, y 3) que el principal objetivo de Riad es borrar a Irán de la faz de la tierra, y por ello se ha convertido en la segunda importadora de armas del planeta, y ha sobornado a Trump con 110.000.000 dólares para que rompiese el acuerdo nuclear con Irán, es de suponer que algunos atentados perpetrados en el suelo europeo son un mensaje: preparáte para recibir más “cabezas” si no cooperas en la guerra contra Irán.


4.- Policializacion de la vida social: arrebatando los derechos democráticos de los ciudadanos conseguidos tras siglos de batalla. La supuesta “lucha contra el terrorismo” es la nueva coartada para lo que los estados dirigidos por las clases opresoras han venido haciendo desde su existencia: contener y aplastar las demandas de los ciudadanos. Se trata de la Paranoia del Ladrón: La Ley Patriot aprobada por George Bush bajo el pretexto de los atentados del 11Sno es más que la nueva versión de la operación Garden Plot , diseñada en 1968 para “combatir disturbios civiles” a causa de “injusticias sociales” y “las diferencias étnicas” porque podían “debilitar la gobernabilidad”, afirmaba. En 1971 y tras el escándalo de Watergate, el senador Sam Ervin reconoció que la inteligencia militar había establecido un sistema de vigilancia a que no a los políticos delincuentes. Las recientes protestas contra la violenta supremacía blanca (en Ferguson, Los Ángeles, etc.) que obligó al mismísimo presidente Obama a arrodillarse, y la injusticia social (reflejadas en el Movimiento 15-0 de Ocupa Wall Street) han reactivado dichos planes.


Las medidas para contener las protestas sociales, incluyen el uso de torturas, porras y balas o la construcción de más y más cárceles, que no una producción y una distribución justas de los recursos y el respeto a la igualdad real de los ciudadanos, entre otros motivos porque éstas les salen más caras: el costo del despliegue militar y policial para reprimir las protestas del 1968 en EEUU fueron 2,7 millones de dólares ¿Cuánto costaría un programa que palíe la pobreza de 40,6 millones de ciudadanos mientras el 1% de sus compatriotas controla el 38,6% de la riqueza del país?
Nos han pedido que sacrifiquemos nuestras libertades por nuestra propia seguridad: ¡Mentira! Es para mantener su poder. Sin pudor alguno han normalizado la tortura con el eufemismo de “técnicas de extraer la información” y han ehcho que aceptemos la existencia de las cárceles secretas sembradas por Afganistán, Irak, Rumanía, Polonia, etc. El Guantánamo sigue abierto con los seres humanos que un día secuestraron, y ya ni exigimos su cierre.


Pasarán décadas hasta que nos enteremos cuál de los atentado ha sido de “bandera falsa”: Israel reconoció la “Operación Susanna” del 1954 contra Jamal Abdel Nasser, medio siglo después.
En EEUU cada año mueren una media de 33.000 personas a mano de sus compatriotas por arma de fuego. ¿Cuántos han muerto por el “terrorismo islámico”? Si realmente la vida y la seguridad de los ciudadanos importa a sus gobernantes, ¿Cómo no toman ninguna medida para evitar tal pérdida?


En España con el Pacto Antiterrorista y bajo la acusación de “desestabilizar el funcionamiento de las instituciones políticas o las estructuras sociales o económicas del Estado“, se podrá detener a los sindicalistas, feministas o artistas críticos con el poder.


Nuestros gobernantes y sus medios de propaganda, hábiles en usar técnicas psicológicas de difundir miedo, llaman “violencia” a la furia de los indignados por las inadmisibles injusticias: no quieren ciudadanos sino un rebaño de corderos que vaya al matadero dando incluso las gracias a sus verdugos. Los jueces de hoy hubieran mandado a la “prisión permanente revisable” a Espartaco por incitar a los esclavos a rebelarse.


5.- Crear un nuevo campo de negocio

El terrorismo y la lucha contra el terrorismo mueven miles de millones de euros: El Pentágono ha ganado un ingente dinero desde 1978 por entrenar, armar, patrocinar a los yihadistas/rebeldes, incluso por construir miles de escuelas coránicas. El negocio, que incluye mantener y armar a los 300.000 efectivos de la OTAN en Afganistán por ejemplo, es tal que los presidentes de EEUU se retractan de su promesa electoral de salir de este país. El 13 de abril, Trump estalló en esta herida tierra la bomba “semi nuclear” GBU-43, que costó 14.6 millones a los contribuyentes, para ¡” destruir unos túneles de los terroristas”! Los fabricantes de esta bomba de destrucción masiva ya tienen nuevos encargos. Para armar a los “rebeldes sirios” (entre ellos, a los de Al Qaeda) Obama pidió en 2014 unos 367 millones de euros al Congreso. Su administración no sólo utilizaba drones para atacar a los “terroristas” en Yemen y Pakistán, matando a miles de civiles y forzando la huida de otros cientos de miles de sus hogares, sino que autorizó su exportación: los fabricantes ganaron 6.000 millones de dólares.


Otras muestras de esta nueva línea de negocio son: la fabricación de material especial para proteger las centrales nucleares de un posible atentado, aparatos de control de fronteras (a pesar de que la mayoría absoluta de los terroristas en Occidente no vienen de fuera), e incluso bolardos, cuya demanda se ha disparado: en Alemania un 500% en el último semestre del 2017. Entre 2001 y 2014 en EEUU, el 45% de los 73.000 millones de dólares gastados anualmente en las agencias de seguridad interna, ha ido a parar al negocio antiterroristas. El camión-botijo que España compró a Israel en 2013 costó 350.000 euros: ni siquiera ha sido utilizado, afortunadamente.


El acto final de este negocio lo protagonizarán 1) las multinacionales constructoras, atracando las arcas públicas para levantar escuelas y hospitales que destruyeron las compañías de armas y de petróleo previamente, y 2) las ONG, esos mercaderes de caridad modernos.


Un patético escenario que se desmoronaría con una mirada crítica.

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La economía naranja  y el modelo de maquila cultural

Presionado por el capital internacional –léase Ocde– el gobierno Santos impulsó y logró la aprobación de esta Ley, la que junto con la Ley Lleras 6.0 y el proyecto Ley de Convergencias, arrasan con el patrimonio cultural inmaterial del país. Reducida a simple mercancía, las expresiones culturales y sus creadores son embolsados en el botín de las multinacionales.

 

En abril 26 de 2017, la denominada Ley Naranja, presentada por el senador Iván Duque Márquez, fue aprobada en último debate en la Cámara de Representantes. Inexplicablemente, la discusión se adelantó, pasando del puesto 25, que originalmente tenía en la agenda, al segundo. Con un quórum mínimo y sin un estudio real, obtuvo 80 votos a favor y solo 5 en contra. Otro ejemplo de cómo en nuestro país se aplica una política antidemocrática, aprobando leyes a pupitrazo, sin garantizar una amplia deliberación que incluya a la sociedad civil y a los sectores directamente interesados. Como era de esperarse, el presidente Santos, se apresuró a convalidarla, sancionándola en tiempo récord.

 

En 2013, Iván Duque y Felipe Buitrago, ya habían presentado para el Banco Interamericano de Desarrollo –BID– un extenso estudio sobre el tema, con estadísticas mundiales de lo que ellos denominaban la economía de la cultura y la creatividad y sus posibilidades como nueva fuente de negocios y emprendimiento. Allí se calculaba el monto de la Economía Naranja en las Américas en 1.932 miles de millones de dólares de los cuales 1.664 en Estados Unidos, 175 en Latino América y el Caribe y 93 en Canadá. En el caso de Latino América, los países más relevantes son: Brasil con 66 mil millones de dólares, México con 55, Argentina con 17 y Colombia con 11.

 

El 17 de junio de 2018, en su discurso, tras ganar las elecciones en la segunda vuelta, Iván Duque resaltó éste renglón económico como uno de los pilares de su futura política gubernamental hasta el punto de mencionar posteriormente la posible creación de un viceministerio de la Economía Naranja. La importancia del tema por su relevancia económica y por ser el nuevo concepto con el cual pretenden manejar a la cultura y las artes, obligan a profundizar sobre las consecuencias que tiene para la Nación y la sociedad en general.

 

El concepto de Economía Naranja surge como otro derivado de las economías multicolores (verde, fucsia y demás), con las cuales las multinacionales pretenden solucionar sus problemas ante la crisis de rentabilidad a la que se ven enfrentadas.

 

En 2008, tras el crack financiero en el que colapsan Lehman Brothers y otras instituciones financieras norteamericanas y europeas, las instituciones financieras mundiales y los monopolios internacionales se apresuraron a buscar nuevos nichos de ingresos para salir de la crisis. No bastaron los enormes recursos que el gobierno americano invirtió en su rescate (solo el American International Group recibió 182.000 millones de dólares en asistencia y a distintas instituciones les ofrecieron alrededor de 16 trillones de dólares en “bailouts” –rescates– y otros subsidios de la Reserva Federal y del Congreso).

 

Fue la danza de los millones, con dineros públicos, para salvar a unos pocos, en este caso, especuladores privados. Millones que deben encontrar destino. Uno de cada diez dólares de la economía mundial va a la producción de bienes y servicios. El resto se invierte en modelos especulativos (mercados de deuda, de valores, futuros, seguros, etcétera). Hay millones de dólares que no tienen como invertirse y, por ende, se deben buscar nuevas fuentes o “nichos” que generen réditos. Entre estos se encuentra la “creatividad”. Es el gran capital buscando una nueva economía. Se trata de un modelo impuesto desde arriba y que no surge desde abajo. No son los artistas, son el Banco Interamericano de Desarrollo –BID– y las financieras mundiales proponiendo un modelo de negocio.

 

Las industrias llamadas creativas comprenden los sectores que conjugan la creación, producción y comercialización de bienes y servicios basados en contenidos intangibles de carácter cultural y/o aquellas que generen protección en el marco de los derechos de autor. La intención es incluir renglones ya existentes (gastronomía, arquitectura, publicidad, moda, turismo, agencias de noticias, videojuegos, etcétera) con otros nuevos de tipo artístico (artes escénicas, plástica, música, literatura, danza...). Dentro del nuevo modelo, el Estado se convertirá solo en un regulador y facilitador del nuevo negocio cuyos grandes beneficiarios serán las compañías oligopólicas del ramo.

 

Este modelo hace parte de una política neoliberal, que suprime expresiones de la cultura, como un derecho de la gente, con lo que pretende eliminar la obligación del Estado de garantizar, auspiciar, financiar y defender todas las expresiones artístico culturales de asiento nacional. De esta manera, la expresión cultural desaparece como derecho y se convierte exclusivamente en un negocio de las empresas del entretenimiento. Se intenta acabar con su papel como generadora de valores morales, éticos y estéticos, de nacionalidad y de construcción y reconstrucción del tejido social y se pone en entredicho la propiedad del patrimonio cultural inmaterial de la Nación.

 

El único criterio que se aplicará para que sobreviva cualquier iniciativa cultural, será que produzca réditos inmediatos. Así se trata, a las expresiones culturales, y al arte, como cualquier otro bien seriado, llámense zapatos, camisas, automóviles o goma de mascar. No se tiene en cuenta su carácter como productos únicos e irrepetibles. Tampoco se tiene en cuenta el valor que producen, no solo intelectual sino materialmente, a través del tiempo.

 

Las grandes obras, no solo perduran, sino que se reproducen por centurias. Se siguen montando los dramaturgos griegos, o a Shakespeare; se siguen tocando y escuchando la música de Bach, Mozart o Beethoven; y se siguen imprimiendo las obras de los grandes literatos, de Homero en adelante. Esto genera una riqueza material durante prolongados períodos de tiempo, por siglos, fuera del invaluable enriquecimiento a nivel intelectual y espiritual. La creación tiene unos parámetros totalmente distintos a las demás mercancías.

 

En este contexto, la Ley Naranja, en vez de solucionar el problema del abandono de los creadores por parte del Estado colombiano y de velar por el derecho fundamental del acceso a la cultura, busca que en medio de la crisis y la baja de la rentabilidad en otros sectores económicos, la economía creativa sirva como “oportunidad de negocios”, para grandes empresas nacionales e internacionales.

 

Como es conocido, dentro de los ciclos productivos se habla de creación, producción, distribución y comercialización. En este caso, serán los comercializadores los que se queden con el 90 por ciento del producido. La Ley Naranja hace parte del mismo paquete que incluye la Ley Lleras 6.01 y el Proyecto de Ley de Convergencias 1742, en los cuales dentro del concepto del copyright son los intermediarios quienes se benefician con la mayor tajada del pastel. A los pocos creadores “afortunados” que logren entrar en el negocio, les tocará un 10 restante, mientras los negociantes se apropiarán del conocimiento de la humanidad y manejarán su distribución únicamente bajo sus criterios de lucro y control del saber. Es el concepto del conocimiento, la cultura y las artes como propiedad privada, generadores del lucro, y no como bienes comunes de la sociedad.

 

El propósito es acomodar la “economía creativa” a los Tratados de Libre Comercio ya firmados y los por firmar. Con esta Ley se pretenden afinar los instrumentos jurídicos para que las industrias creativas extranjeras entren a saco al mercado colombiano con las mismas garantías de la industria nacional (nefasto Artículo 100 de la Constitución del 91). Se trata de impulsar que el modelo empresarial antinacional se lucre de la infraestructura que la nación, los departamentos y los municipios construyen con los impuestos de los colombianos y con el talento nacional. Es decir, estamos ante un nuevo caso de competencia desigual, en la que la desprotección y la falta de garantías llevarán a la ruina a las industrias culturales y los artistas nacionales. El creador colombiano, que no es ni siquiera mencionado en la Ley, terminará siendo apenas un empleado más, sin posibilidad de continuar con su creación independiente. En la práctica, el país se convertirá en una maquila cultural.

 

Por lo demás, la ley no habla del fortalecimiento del sector a través del apoyo financiero del Estado. Por el contrario, entrega al capital financiero el manejo de la “Economía Naranja”. En materia de presupuesto solo contempla créditos y líneas de inversión a través de Bancoldex, Findeter y Procolombia, entidades que promueven y financian el libre comercio, con lo que, finalmente, además de encadenar la Economía creativa a los ciclos de la apertura económica, encarece su consumo, obligando a los ciudadanos a pagar los costos.

 

De esta manera, el patrimonio cultural inmaterial del país recibe su sentencia de muerte. No solo se entrega la creación nacional en manos de los grandes empresarios, sino que las regiones, las etnias y los municipios pierden toda posibilidad de una expresión cultural autónoma e independiente y quedan sometidos a los circuitos financieros y al modelo empresarial que promueve esta Ley.

 

La nuestra es una crítica que no cuestiona la posibilidad de que exista la cultura del entretenimiento y de que existan empresas que se beneficien con ello. El primer problema es que los pequeños y medianos productores nacionales tendrán que enfrentar una competencia desleal donde los únicos beneficiados son los monopolios culturales nacionales y extranjeros. El segundo, y tal vez el principal, es que se despoje al pueblo colombiano del derecho a tener un arte y cultura nacionales y se exima al Estado de sus obligaciones. En Colombia el presupuesto del Ministerio de Cultura representa solo el 0.16 por ciento del presupuesto general.

 

El país tampoco cumple con las mínimas recomendaciones de la Unesco de la cual somos miembros. La Convención de la Unesco para la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, del 2005, especifica “que las actividades, los bienes y los servicios culturales son de índole a la vez económica y cultural, porque son portadores de identidades, valores y significados, y por consiguiente no deben tratarse como si solo tuviesen un valor comercial”. La Declaración Internacional sobre la Condición del Artista aprobada en Belgrado en 1980 y ratificada en París en 1997, dice: “Sin dejar de apreciar el creciente interés del sector privado hacia el apoyo a la creación sobre todo cuando su contribución evita que se pierdan talentos creadores por falta de medios, reafirmamos la importancia de mantener la financiación pública de las artes”.

 

Desoyendo estas y otras recomendaciones, lo que se pretende imponer es la ley del más salvaje y del “sálvese quien pueda”, ante la arremetida voraz de los monopolios impulsadores de la banalidad, lo trivial y lo vacuo, lo cual busca reforzar su perniciosa ideología y el concepto de contra-cultura a nivel mundial.

 

La cultura y el arte necesitan una legislación que esté acorde con su estado actual y que impulse y defienda la creación nacional y sus aportes a la sociedad. Ante esta ley y las demás del ramo, ya sea que estén aprobadas o en proyecto, es fundamental realizar un amplio debate en el que participen todos los actores involucrados; retirar el arte y la cultura de los tratados de libre comercio y del bloque de la llamada Economía Naranja y evitar su entrega a las multinacionales; se debe crear una Política Pública Cultural del Estado y una Nueva Ley General de la Cultura y el Arte que incluya el fortalecimiento y la promoción del artista y su trabajo, a la vez que defienda todo el arte colombiano y, por supuesto, la producción de las industrias culturales nacionales. En definitiva: proteger la soberanía cultural nacional.

 


 

* Unidad Nacional de Artistas
1 La ley Lleras 6.0 ya fue aprobada el 22 de mayo tras ser tramitada con un mensaje de urgencia del gobierno, para cumplir las exigencias de EEUU que había condicionado su aval para que Colombia ingresara a la Ocde, a la aprobación de la misma. Debido a la protesta de amplios sectores, se le hicieron pequeñas reformas de maquillaje (a las bibliotecas se les posibilitó el préstamo público y se les permite tener terminales para disponer “in sito” de contenidos; las Medidas Tecnológicas de Protección (MTP) impuestas son menores de la ley aprobada en 2012 pero las excepciones son muy limitadas; se amplió de 3 a 10 años la prescripción para los dineros que las sociedades de gestión deben distribuir a los autores identificados; el capítulo que se ocupa de obras huérfanas (aquellas de las cuales no se conoce o no se halla el autor) contempla una mínima parte de ellas y en forma restrictiva; no se incluyó el concepto del “fair use” (uso justo), el cual sí se aplica en EEUU; el castigo de prisión para la piratería se aplicará a aquellos que supone que actúen no sólo con intención sino que tengan escala comercial o interés de lucro.) El fondo del problema se dejó intacto, manteniendo la propiedad y el manejo y la distribución del conocimiento en manos de las grandes empresas multinacionales de la comunicación y ampliando sus derechos de propiedad de 50 a 70 años.
2 El 12 de junio, el proyecto de Ley de Convergencias 174, también recomendación de la Ocde, tuvo que ser retirado por el gobierno debido a la masiva protesta de los sectores del audiovisual y de organizaciones de la cultura como la Unidad Nacional de Artistas. En él se proponía un único regulador que se ocupe de la TV, las redes y la infraestructura de las telecomunicaciones, acabando de tajo el concepto de las comunicaciones como un servicio de interés social y dejando sin garantía de financiación a los 10 canales de la televisión y a los medios audiovisuales públicos; se liquidaban la Comisión de Regulación de Comunicaciones –CRC– y la Autoridad Nacional de Televisión –Antv– y se fusionaban El Fondo para el Desarrollo de la Televisión y las Comunicaciones y el Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos, creando un nuevo Fundo Universal Único –FUU– y la Autoridad Nacional de Regulación de Comunicaciones –Anrc–, administrados con criterios políticos por el gobierno de turno a través del Mintic; se reducían drásticamente los aportes al fondo de parte de los prestadores con título habilitado, al reducir sus aportes en más de 3 puntos y establecer una senda de decrecimiento de los mismos; y se ampliaban los permisos para el uso y explotación del espectro a 30 años renovables. Al ser una recomendación de la Ocde y bajo los criterios de la Economía Naranja impulsados por el Presidente elegido, Iván Duque, es seguro que se intentará hacer aprobar el proyecto en la próxima legislatura, razón por la cual las asociaciones del sector y la sociedad en general, deben estar alertas para rechazarlo de manera categórica.

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La economía naranja  y el modelo de maquila cultural

Presionado por el capital internacional –léase Ocde– el gobierno Santos impulsó y logró la aprobación de esta Ley, la que junto con la Ley Lleras 6.0 y el proyecto Ley de Convergencias, arrasan con el patrimonio cultural inmaterial del país. Reducida a simple mercancía, las expresiones culturales y sus creadores son embolsados en el botín de las multinacionales.

 

En abril 26 de 2017, la denominada Ley Naranja, presentada por el senador Iván Duque Márquez, fue aprobada en último debate en la Cámara de Representantes. Inexplicablemente, la discusión se adelantó, pasando del puesto 25, que originalmente tenía en la agenda, al segundo. Con un quórum mínimo y sin un estudio real, obtuvo 80 votos a favor y solo 5 en contra. Otro ejemplo de cómo en nuestro país se aplica una política antidemocrática, aprobando leyes a pupitrazo, sin garantizar una amplia deliberación que incluya a la sociedad civil y a los sectores directamente interesados. Como era de esperarse, el presidente Santos, se apresuró a convalidarla, sancionándola en tiempo récord.

 

En 2013, Iván Duque y Felipe Buitrago, ya habían presentado para el Banco Interamericano de Desarrollo –BID– un extenso estudio sobre el tema, con estadísticas mundiales de lo que ellos denominaban la economía de la cultura y la creatividad y sus posibilidades como nueva fuente de negocios y emprendimiento. Allí se calculaba el monto de la Economía Naranja en las Américas en 1.932 miles de millones de dólares de los cuales 1.664 en Estados Unidos, 175 en Latino América y el Caribe y 93 en Canadá. En el caso de Latino América, los países más relevantes son: Brasil con 66 mil millones de dólares, México con 55, Argentina con 17 y Colombia con 11.

 

El 17 de junio de 2018, en su discurso, tras ganar las elecciones en la segunda vuelta, Iván Duque resaltó éste renglón económico como uno de los pilares de su futura política gubernamental hasta el punto de mencionar posteriormente la posible creación de un viceministerio de la Economía Naranja. La importancia del tema por su relevancia económica y por ser el nuevo concepto con el cual pretenden manejar a la cultura y las artes, obligan a profundizar sobre las consecuencias que tiene para la Nación y la sociedad en general.

 

El concepto de Economía Naranja surge como otro derivado de las economías multicolores (verde, fucsia y demás), con las cuales las multinacionales pretenden solucionar sus problemas ante la crisis de rentabilidad a la que se ven enfrentadas.

 

En 2008, tras el crack financiero en el que colapsan Lehman Brothers y otras instituciones financieras norteamericanas y europeas, las instituciones financieras mundiales y los monopolios internacionales se apresuraron a buscar nuevos nichos de ingresos para salir de la crisis. No bastaron los enormes recursos que el gobierno americano invirtió en su rescate (solo el American International Group recibió 182.000 millones de dólares en asistencia y a distintas instituciones les ofrecieron alrededor de 16 trillones de dólares en “bailouts” –rescates– y otros subsidios de la Reserva Federal y del Congreso).

 

Fue la danza de los millones, con dineros públicos, para salvar a unos pocos, en este caso, especuladores privados. Millones que deben encontrar destino. Uno de cada diez dólares de la economía mundial va a la producción de bienes y servicios. El resto se invierte en modelos especulativos (mercados de deuda, de valores, futuros, seguros, etcétera). Hay millones de dólares que no tienen como invertirse y, por ende, se deben buscar nuevas fuentes o “nichos” que generen réditos. Entre estos se encuentra la “creatividad”. Es el gran capital buscando una nueva economía. Se trata de un modelo impuesto desde arriba y que no surge desde abajo. No son los artistas, son el Banco Interamericano de Desarrollo –BID– y las financieras mundiales proponiendo un modelo de negocio.

 

Las industrias llamadas creativas comprenden los sectores que conjugan la creación, producción y comercialización de bienes y servicios basados en contenidos intangibles de carácter cultural y/o aquellas que generen protección en el marco de los derechos de autor. La intención es incluir renglones ya existentes (gastronomía, arquitectura, publicidad, moda, turismo, agencias de noticias, videojuegos, etcétera) con otros nuevos de tipo artístico (artes escénicas, plástica, música, literatura, danza...). Dentro del nuevo modelo, el Estado se convertirá solo en un regulador y facilitador del nuevo negocio cuyos grandes beneficiarios serán las compañías oligopólicas del ramo.

 

Este modelo hace parte de una política neoliberal, que suprime expresiones de la cultura, como un derecho de la gente, con lo que pretende eliminar la obligación del Estado de garantizar, auspiciar, financiar y defender todas las expresiones artístico culturales de asiento nacional. De esta manera, la expresión cultural desaparece como derecho y se convierte exclusivamente en un negocio de las empresas del entretenimiento. Se intenta acabar con su papel como generadora de valores morales, éticos y estéticos, de nacionalidad y de construcción y reconstrucción del tejido social y se pone en entredicho la propiedad del patrimonio cultural inmaterial de la Nación.

 

El único criterio que se aplicará para que sobreviva cualquier iniciativa cultural, será que produzca réditos inmediatos. Así se trata, a las expresiones culturales, y al arte, como cualquier otro bien seriado, llámense zapatos, camisas, automóviles o goma de mascar. No se tiene en cuenta su carácter como productos únicos e irrepetibles. Tampoco se tiene en cuenta el valor que producen, no solo intelectual sino materialmente, a través del tiempo.

 

Las grandes obras, no solo perduran, sino que se reproducen por centurias. Se siguen montando los dramaturgos griegos, o a Shakespeare; se siguen tocando y escuchando la música de Bach, Mozart o Beethoven; y se siguen imprimiendo las obras de los grandes literatos, de Homero en adelante. Esto genera una riqueza material durante prolongados períodos de tiempo, por siglos, fuera del invaluable enriquecimiento a nivel intelectual y espiritual. La creación tiene unos parámetros totalmente distintos a las demás mercancías.

 

En este contexto, la Ley Naranja, en vez de solucionar el problema del abandono de los creadores por parte del Estado colombiano y de velar por el derecho fundamental del acceso a la cultura, busca que en medio de la crisis y la baja de la rentabilidad en otros sectores económicos, la economía creativa sirva como “oportunidad de negocios”, para grandes empresas nacionales e internacionales.

 

Como es conocido, dentro de los ciclos productivos se habla de creación, producción, distribución y comercialización. En este caso, serán los comercializadores los que se queden con el 90 por ciento del producido. La Ley Naranja hace parte del mismo paquete que incluye la Ley Lleras 6.01 y el Proyecto de Ley de Convergencias 1742, en los cuales dentro del concepto del copyright son los intermediarios quienes se benefician con la mayor tajada del pastel. A los pocos creadores “afortunados” que logren entrar en el negocio, les tocará un 10 restante, mientras los negociantes se apropiarán del conocimiento de la humanidad y manejarán su distribución únicamente bajo sus criterios de lucro y control del saber. Es el concepto del conocimiento, la cultura y las artes como propiedad privada, generadores del lucro, y no como bienes comunes de la sociedad.

 

El propósito es acomodar la “economía creativa” a los Tratados de Libre Comercio ya firmados y los por firmar. Con esta Ley se pretenden afinar los instrumentos jurídicos para que las industrias creativas extranjeras entren a saco al mercado colombiano con las mismas garantías de la industria nacional (nefasto Artículo 100 de la Constitución del 91). Se trata de impulsar que el modelo empresarial antinacional se lucre de la infraestructura que la nación, los departamentos y los municipios construyen con los impuestos de los colombianos y con el talento nacional. Es decir, estamos ante un nuevo caso de competencia desigual, en la que la desprotección y la falta de garantías llevarán a la ruina a las industrias culturales y los artistas nacionales. El creador colombiano, que no es ni siquiera mencionado en la Ley, terminará siendo apenas un empleado más, sin posibilidad de continuar con su creación independiente. En la práctica, el país se convertirá en una maquila cultural.

 

Por lo demás, la ley no habla del fortalecimiento del sector a través del apoyo financiero del Estado. Por el contrario, entrega al capital financiero el manejo de la “Economía Naranja”. En materia de presupuesto solo contempla créditos y líneas de inversión a través de Bancoldex, Findeter y Procolombia, entidades que promueven y financian el libre comercio, con lo que, finalmente, además de encadenar la Economía creativa a los ciclos de la apertura económica, encarece su consumo, obligando a los ciudadanos a pagar los costos.

 

De esta manera, el patrimonio cultural inmaterial del país recibe su sentencia de muerte. No solo se entrega la creación nacional en manos de los grandes empresarios, sino que las regiones, las etnias y los municipios pierden toda posibilidad de una expresión cultural autónoma e independiente y quedan sometidos a los circuitos financieros y al modelo empresarial que promueve esta Ley.

 

La nuestra es una crítica que no cuestiona la posibilidad de que exista la cultura del entretenimiento y de que existan empresas que se beneficien con ello. El primer problema es que los pequeños y medianos productores nacionales tendrán que enfrentar una competencia desleal donde los únicos beneficiados son los monopolios culturales nacionales y extranjeros. El segundo, y tal vez el principal, es que se despoje al pueblo colombiano del derecho a tener un arte y cultura nacionales y se exima al Estado de sus obligaciones. En Colombia el presupuesto del Ministerio de Cultura representa solo el 0.16 por ciento del presupuesto general.

 

El país tampoco cumple con las mínimas recomendaciones de la Unesco de la cual somos miembros. La Convención de la Unesco para la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, del 2005, especifica “que las actividades, los bienes y los servicios culturales son de índole a la vez económica y cultural, porque son portadores de identidades, valores y significados, y por consiguiente no deben tratarse como si solo tuviesen un valor comercial”. La Declaración Internacional sobre la Condición del Artista aprobada en Belgrado en 1980 y ratificada en París en 1997, dice: “Sin dejar de apreciar el creciente interés del sector privado hacia el apoyo a la creación sobre todo cuando su contribución evita que se pierdan talentos creadores por falta de medios, reafirmamos la importancia de mantener la financiación pública de las artes”.

 

Desoyendo estas y otras recomendaciones, lo que se pretende imponer es la ley del más salvaje y del “sálvese quien pueda”, ante la arremetida voraz de los monopolios impulsadores de la banalidad, lo trivial y lo vacuo, lo cual busca reforzar su perniciosa ideología y el concepto de contra-cultura a nivel mundial.

 

La cultura y el arte necesitan una legislación que esté acorde con su estado actual y que impulse y defienda la creación nacional y sus aportes a la sociedad. Ante esta ley y las demás del ramo, ya sea que estén aprobadas o en proyecto, es fundamental realizar un amplio debate en el que participen todos los actores involucrados; retirar el arte y la cultura de los tratados de libre comercio y del bloque de la llamada Economía Naranja y evitar su entrega a las multinacionales; se debe crear una Política Pública Cultural del Estado y una Nueva Ley General de la Cultura y el Arte que incluya el fortalecimiento y la promoción del artista y su trabajo, a la vez que defienda todo el arte colombiano y, por supuesto, la producción de las industrias culturales nacionales. En definitiva: proteger la soberanía cultural nacional.

 


 

* Unidad Nacional de Artistas
1 La ley Lleras 6.0 ya fue aprobada el 22 de mayo tras ser tramitada con un mensaje de urgencia del gobierno, para cumplir las exigencias de EEUU que había condicionado su aval para que Colombia ingresara a la Ocde, a la aprobación de la misma. Debido a la protesta de amplios sectores, se le hicieron pequeñas reformas de maquillaje (a las bibliotecas se les posibilitó el préstamo público y se les permite tener terminales para disponer “in sito” de contenidos; las Medidas Tecnológicas de Protección (MTP) impuestas son menores de la ley aprobada en 2012 pero las excepciones son muy limitadas; se amplió de 3 a 10 años la prescripción para los dineros que las sociedades de gestión deben distribuir a los autores identificados; el capítulo que se ocupa de obras huérfanas (aquellas de las cuales no se conoce o no se halla el autor) contempla una mínima parte de ellas y en forma restrictiva; no se incluyó el concepto del “fair use” (uso justo), el cual sí se aplica en EEUU; el castigo de prisión para la piratería se aplicará a aquellos que supone que actúen no sólo con intención sino que tengan escala comercial o interés de lucro.) El fondo del problema se dejó intacto, manteniendo la propiedad y el manejo y la distribución del conocimiento en manos de las grandes empresas multinacionales de la comunicación y ampliando sus derechos de propiedad de 50 a 70 años.
2 El 12 de junio, el proyecto de Ley de Convergencias 174, también recomendación de la Ocde, tuvo que ser retirado por el gobierno debido a la masiva protesta de los sectores del audiovisual y de organizaciones de la cultura como la Unidad Nacional de Artistas. En él se proponía un único regulador que se ocupe de la TV, las redes y la infraestructura de las telecomunicaciones, acabando de tajo el concepto de las comunicaciones como un servicio de interés social y dejando sin garantía de financiación a los 10 canales de la televisión y a los medios audiovisuales públicos; se liquidaban la Comisión de Regulación de Comunicaciones –CRC– y la Autoridad Nacional de Televisión –Antv– y se fusionaban El Fondo para el Desarrollo de la Televisión y las Comunicaciones y el Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos, creando un nuevo Fundo Universal Único –FUU– y la Autoridad Nacional de Regulación de Comunicaciones –Anrc–, administrados con criterios políticos por el gobierno de turno a través del Mintic; se reducían drásticamente los aportes al fondo de parte de los prestadores con título habilitado, al reducir sus aportes en más de 3 puntos y establecer una senda de decrecimiento de los mismos; y se ampliaban los permisos para el uso y explotación del espectro a 30 años renovables. Al ser una recomendación de la Ocde y bajo los criterios de la Economía Naranja impulsados por el Presidente elegido, Iván Duque, es seguro que se intentará hacer aprobar el proyecto en la próxima legislatura, razón por la cual las asociaciones del sector y la sociedad en general, deben estar alertas para rechazarlo de manera categórica.

Publicado enEdición Nº248