El Gobierno chileno y la oposición acuerdan un plebiscito para redactar una nueva Constitución

El acuerdo fue respaldado por el oficialismo y la oposición -a excepción del PC- y contempla la celebración de un 'plebiscito de entrada' en abril de 2020.

Tras una intensa jornada de negociaciones, el Congreso de Chile ha llegado la madrugada de este viernes (hora local) a un acuerdo base para elaborar una nueva Constitución que reemplace el texto vigente desde 1981, cuestión que será planteada en plebiscito a la ciudadanía.

El acuerdo fue respaldado por el oficialismo y la oposición -a excepción del PC- y contempla la celebración de un 'plebiscito de entrada' en abril de 2020. "Ahora le corresponderá a la ciudadanía decidir democráticamente en plebiscito. Muere la Constitución del 80 en dictadura, y nace una en democracia", escribió en Twitter Heraldo Muñoz, presidente del Partido por la Democracia (PPD).

En un documento de dos páginas, los representantes políticos recogieron las principales propuestas para llevar a cabo el proceso calificado como "histórico".

El primero de los 12 puntos del acuerdo establece que los partidos que lo suscriben "vienen a garantizar su compromiso con el restablecimiento de la paz y el orden público en Chile", así como "el total respeto de los derechos humanos y la institucionalidad democrática vigente".

Por su parte, el presidente del Senado, Jaime Quintana, señaló que el acuerdo es una salida pacífica y democrática ante la crisis que atraviesa Chile desde octubre.

"Somos responsables, efectivamente, de muchas de las injusticias que los chilenos nos han señalado", señaló el dirigente y recalcó que los resultados de esta jornada son "una victoria de toda la ciudadanía".

Preguntas del plebiscito

Una de las primeras preguntas planteada a los votantes será si apoya o no un cambio constitucional. Posteriormente, la ciudadanía deberá elegir entre dos mecanismos para la elaboración de la Carta Magna: una convención constituyente compuesta en un 100 % por ciudadanos y la otra, una convención mixta conformada 50 % por parlamentarios y 50 % por miembros electos para este fin.

¿Qué pasará después?

Tras el plebiscito, se prevé la elección de los constituyentes en octubre del próximo año junto a los comicios para gobernadores y alcaldes. Posteriormente, los integrantes trabajarán durante 9 meses con un único plazo prorrogable de 3 meses.

Finalmente, el nuevo texto constitucional se someterá a un "plebiscito ratificatorio" de votación obligatoria.

Publicado: 15 nov 2019 05:53 GMT

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El "éxito" del modelo: endeudar a los chilenos

Había una vez un papá que tenía un montón de plata guardada bajo el colchón, pero que mandaba a sus hijos con los zapatos rotos al colegio. Según la ortodoxia de los economistas que han manejado el Estado hasta hoy en Chile, ese es un papá ejemplar y responsable porque ahorra y no gasta. Había también una mamá que no tenía plata bajo el colchón, pero que necesitaba comprar un remedio para su hijo enfermo, y que decidió comprar ese remedio con su tarjeta de crédito. Según esos mismos economistas, esa mamá es una populista irresponsable. Santificar el ahorro y demonizar el gasto público tiene estos absurdos.

Por eso mi propuesta es heterodoxa. Dado el contexto de la urgencia social destapada en esta fiesta de la democracia que es la manifestación social -otros ven en ella barbarie y la reprimen-, la propuesta de "Agenda Social" del Gobierno es absolutamente mezquina. Es necesario multiplicar por 5 ese paquete fiscal propuesto, de apenas 1200 millones de dólares -que en realidad son 600 millones, porque la otra mitad son simplemente reasignaciones presupuestarias, vale decir, desvisten un programa del Estado para vestir a otro- y para eso debemos romper la regla fiscal del 3%, tomando deuda pública de manera responsable.

Chile tiene una deuda fiscal pública baja, de menos del 40%. Hay economías sanas que deben 100%, 170%. Luego, Sebastián Piñera puede perfectamente, por un tiempo, endeudar conservadoramente al Estado, porque, igual que los padres que deben comprar zapatos, o las madres que deben comprar remedios, los chilenos y chilenas están viviendo un sufrimiento que es inaplazable.

Por lo demás, no es verdad que Chile no esté endeudado. Lo que pasa es que el modelo neoliberal chileno consistió en quitar sus deberes al Estado (salud, educación, pensiones, fiscalización de derechos, etc.), y trasladar esos deberes privadamente a las personas, quienes, para cumplirlos, han debido endeudarse hasta más arriba de la coronilla, y pagar de su bolsillo -y no a través de sus impuestos- por esos derechos que el Estado tiene el deber de administrar y solventar. Las élites achicaron el Estado e hicieron crecer la economía con las tarjetas de crédito de los chilenos y chilenas.

Por eso, un Estado como el chileno pudo soportar que se privatizaran casi todas sus empresas y jibarizarse tanto. Por eso pudieron enriquecerse tanto unos pocos y debieron endeudarse tanto todo el resto. Porque este es un modelo astuto, no inteligente. Tal vez siquiera es un modelo neoliberal, probablemente es simplemente un modelo oligárquico. Se hicieron más ricos no solo privatizando en dictadura las empresas del Estado, sino que, al mismo tiempo, cargaron su fortuna a las tarjetas de crédito de todos los chilenos y chilenas

Pero no basta con esto. Los chilenos y las chilenas me conocen. Fui candidato presidencial 3 veces, por primera vez en 2009, y en todos mis programas mis compromisos fueron: impuesto específico a los súper ricos, nacionalización de las riquezas naturales, descentralización, transformación al sistema de pensiones, de salud y de educación por sistemas públicos, y un largo etcétera, que es ese mismo etcétera está hoy en la calle.

Hoy, más que nunca creo que esas medidas son necesarias, pero también, creo que hay que aprovechar esta coyuntura -de politización de la sociedad- para reordenar las reglas de este juego donde siempre ganan los mismos. Por eso, en paralelo a la reestructuración del gasto público, debemos comenzar también, por otro de los pregones a los que me sumé con fuerza el 2010: La escritura de una Nueva Constitución. El mecanismo es simple y Sebastián Piñera puede empezar ahora mismo si quisiera: a través de un proyecto de ley con discusión inmediata, que reforme la constitución, que deberá ser aprobado en pocas horas por ambas cámaras, y que permita la realización de un plebiscito, que deberá realizarse dentro de los 6 meses siguientes. Para entonces, una asamblea constituyente habrá redactado una Nueva Constitución que será, por fin y sobre todo, legítima. Una constitución política ilegítima, que no representa a nadie es inútil, porque se convierte en un sistema de reglas al que deberás someter al pueblo a través del terror y no de la razón. Y ya basta de terror en las calles de Chile. 

Marco Enríquez-Ominami es ex candidato presidencial por el Partido Progresista en Chile. Grupo de Puebla.  

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Miércoles, 13 Noviembre 2019 06:27

Piñera no puede frenar la protesta en Chile

Imágen satelital de la masiva marcha que ayer copó el centro de Santiago. Imagen: AFP

Al paro general y las masivas movilizaciones que se replicaron en distintos puntos del país, Piñera les respondió anunciando un aumento del cuerpo de carabineros.

Con un discurso de urgencia desde el Palacio de La Moneda, el presidente de Chile Sebastián Piñera se mostró decidido a endurecer su postura frente al conflicto social. Al paro general y las masivas movilizaciones que se replicaron en distintos puntos del país, Piñera les respondió anunciando un aumento del cuerpo de carabineros en las calles, y la presentación de querellas contra los manifestantes que generen disturbios. La única concesión del presidente fue la convocatoria a un plebiscito ciudadano tendiente a la reforma de la Constitución, una de las principales demandas de los manifestantes y la oposición chilena. Más temprano, Piñera había celebrado un acuerdo con la oposición que le permitirá implementar reformas tributarias. La jornada cerró con un desplome del peso chileno del 3,1 por ciento, y una baja en La Bolsa de Comercio de Santiago del 1,57 por ciento.

Pasadas las 10 de la noche, Piñera destacó los fundamentos de lo que llamó un acuerdo “por la paz, por la justicia y por una nueva Constitución”. Su primer anuncio tuvo que ver con el aumento de carabineros en las manifestaciones: “Hemos establecido la posibilidad de reintegración a Carabineros y a la PDI de todas aquellas personas que hayan tenido un retiro reciente y un servicio destacado”, destacó, amparado en los incidentes registrados durante el día en distintas regiones del país.

En la misma línea, informó que su gobierno presentará querellas contra aquellos manifestantes que generaron disturbios durante las movilizaciones que tuvieron su inicio el pasado 18 de octubre. “He instruido al Ministerio del Interior que presente querellas por Ley de Seguridad del Estado contra aquellas personas que han incitado o promovido la comisión de graves delitos”, expresó.

También se refirió a un acuerdo por la justicia, cuyo contenido no quedó demasiado claro: “Todos los chilenos tenemos que unirnos en torno a un acuerdo por la justicia, para poder impulsar todos juntos una robusta agenda social”.

A la vez, Piñera anunció que daba inicio al proceso de reforma constitucional. “Todos los chilenos tenemos que unirnos en torno a un acuerdo por una nueva Constitución, dentro del marco de nuestra institucionalidad democrática”, expresó.

En los últimos días, Piñera había anunciado que se encontraba dispuesto a iniciar un proceso de reforma, pero no se había manifestado a favor de un plebiscito. Esta vez, propuso la participación ciudadana: “Un plebiscito ratificatorio para que los ciudadanos no solo participen en su elaboración, sino que tengan la última palabra en el pacto social que Chile necesita”. Todavía no quedó claro si el plebiscito derivaría luego en una Asamblea Constituyente, como piden los manifestantes y todo el arco opositor chileno, o en un Congreso Constituyente, que es hasta ahora la postura oficial.

“La grave situación que vive nuestro país exige con urgencia dejar de lado todas las pequeñeces y actuar con grandeza, generosidad y patriotismo”, cerró su discurso Piñera. El presidente había empezado el día celebrando un acuerdo con la oposición que le permitirá aplicar una reforma tributaria. Gracias a esa medida, su gobierno recaudaría unos dos mil millones de dólares, destinados a financiar parte de los anuncios sociales realizados por el presidente días atrás.

Paro general con movilización

La jornada había arrancado con barricadas en varios puntos de Santiago y una multitudinaria marcha que reunió a decenas de miles de personas en la popular Plaza Italia, culminó una nueva jornada de protestas en Chile, a 26 días del inicio del conflicto. Se produjeron serios incidentes y enfrentamientos entre manifestantes y carabineros, que volvieron a reprimir la protesta con carros hidrantes, gases lacrimógenos y balas de goma.

Por la mañana, los cortes de calle impedían el paso de vehículos en algunos accesos a Santiago. La capital del país fue el escenario de una marcha que convocó a 80 mil personas de acuerdo a cifras oficiales. Los manifestantes avanzaron sobre la céntrica avenida Alameda, escenario de varias movilizaciones.

Flameando banderas chilenas y de los gremios que convocaban al paro, los manifestantes se agruparon en Plaza Italia, epicentro de las protestas desde el estallido social del 18 de octubre. Desde allí la movilización recorrió varias cuadras hasta la sede de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Cuando los manifestantes pasaron por el frente del Palacio de la Moneda se registraron enfrentamientos con carabineros. También se produjeron incidentes y saqueos en Valparaíso. Más temprano, la Corte de Apelaciones de esa ciudad había aceptado un recurso de amparo presentado contra Carabineros, calificando como ilegal el accionar de los policías implicados, que balearon un adolescente de 16 años en una de las manifestaciones. La manifestación se nutrio de miles de chilenos que habían respondido a una convocatoria a hacer una huelga general de la llamada Mesa Social. Dicha agrupación reúne a más de un centenar de organizaciones sociales, entre ellas la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, el Colegio de Profesores, trabajadores de la salud pública, empleados portuarios y de aeropuertos. Las escuelas públicas se sumaron al paro y gran parte de los privados también. La mayoría de las universidades permanece sin actividades desde el inicio del conflicto. Ni siquiera el mercado financiero le dio buenas noticias a Piñera. Durante la jornada del martes, el peso chileno se desplomó 3,1 por ciento y alcanzó su valor mínimo histórico, de 783,82 unidades, mientras que la Bolsa de Comercio de Santiago cerró con una caída del 1,57 por ciento.

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Cuarta semana de protestas en Chile se inicia con llamado a huelga general

Santiago. La cuarta semana de crisis política y social en Chile comenzará con un nuevo llamado a mantener la movilización social y con la proyección de una huelga general para el martes 12, en tanto que la noche del domingo el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, aseguró que el gobierno tomó la decisión de "iniciar el camino" hacia una nueva Constitución política, a través de un Congreso Constituyente.

Es la primera vez que la administración, luego de varias semanas de crisis, dice abrirse a la gestación de una nueva Constitución.

Las declaraciones de Blumel se dieron luego de una reunión entre el presidente Sebastián Piñera con los dirigentes de la coalición oficialista Chile Vamos.

"Hemos acordado iniciar el camino para avanzar hacia una nueva Carta Magna. Entendemos que es un trabajo que tenemos que hacer pensando en el país."

La mejor fórmula es una asamblea constituyente

Agregó: "El mejor camino, la mejor fórmula, es trabajar en un proceso constituyente que cuente con amplia participación de la ciudadanía, y en segundo lugar que pueda tener un plebiscito ratificatorio después, porque la Constitución es la ley más importante".

Apenas ayer, Piñera, en una entrevista con el conservador diario El Mercurio, había insistido en que estaba disponible para modificaciones a la actual Constitución, pero no en una nueva Carta Magna.

Sindicatos alientan paro

Mientras tanto, desde la organización denominada Mesa de Unidad Social, surgida al calor de la protestas de las últimas semanas, se afirmó que representantes de sindicatos de los sectores portuario, minería, construcción, industria, comercio, servicios financieros, educación, salud, agricultura, agroindustria y públicos, entre otros, se decidió a convocar a una huelga general para mañana martes.

"Se va a llamar a todas las organizaciones sindicales a paralizar el país, para exigir el petitorio que está construido, y tiene como demandas principales una nueva Constitución y una asamblea constituyente”, establece el dirigente Mario Villanueva, de la organización No más AFP, que rechaza el sistema privado de pensiones.

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Sábado, 09 Noviembre 2019 06:14

El derecho de vivir en paz

Pintada en una pared de Santiago de Chile, año 2008. Imagen: Andrés Osojnik

Lo que pasa en Chile está más visto que contado. No cesan los relatos visuales escalofriantes, a su vez documentos sobre la represión descontrolada que castiga a hombres, mujeres, ancianos, niños, estudiantes, discapacitados; que castiga sin relación entre el balazo y el castigado. Lo que pasa en Chile nos envía también a nosotros al recuerdo de las épocas más oscuras y salvajes del siglo XX. Lo que vemos además nos reconfirma que la pelea con los grandes medios no fue un episodio argentino de la década pasada, sino que se trata de un dispositivo de blindaje que existió siempre, pero hace poco que tenemos conciencia colectiva de que los grandes medios, cuando se concentraron, fue para ser una pata más del neoliberalismo.

Los medios no sólo han actuado sólo contra los chilenos: le han ocultado al mundo qué había atrás de aquello a lo que le hacían propaganda. Y seguimos sin ver nada de Haití, seguimos sin coberturas sobre el genocidio por goteo en Colombia, no tenemos idea de lo que pasa en Africa. El nuevo intento de golpe en Bolivia se hizo visible también por las redes, en videos movidos, mostrando una de las escenas más bárbaras y asquerosas que puedan concebirse, con la alcaldesa de Vinto retenida por la turba de la derecha, vejada, golpeada, teñida de rojo. El odio es profundo y está acicateado, estimulado y otra vez quieren muertes. Y uno piensa, mientras escucha a los chilenos cantar de a miles El derecho de vivir en paz, que sí, que basta ya, que se traguen su odio y que se calmen, que a veces se gana y a veces se pierde, y que si pierden que soporten, como acabamos de hacer en la Argentina, a gobiernos que detestan. Pero la derecha no soporta no ganar. Y derroca, invade, injuria, encarcela, censura, miente, roba, mata.

Sin embargo, lo que pasa en Chile no viene sólo con el olor de la opresión, sino también con el perfume de las primaveras. Por muy poco menos que esto la prensa mundial habló de la primavera árabe, que terminó siendo su propio reverso. Y es una confesión de parte que los medios hoy no hablen de la primavera chilena: ven vándalos donde, cuando a sus mandantes les convenía, veían pueblos rebelándose contra la tiranía. Entendámoslo: el neoliberalismo es una forma de tiranía.

Lo que pasa en Chile viene con el olor turbio de la opresión, pero también con el perfume de aquella resistencia que, como en Chile nunca fue reivindicada institucionalmente, reaparece ahora con una fuerza acojonante. Ver tocar ante una multitud a la Sinfónica de Chile los temas de Víctor Jara es un fenómeno de renacimiento. Lo reprimido, lo aplastado, lo hundido a sangre y fuego por la vara de la normalidad de los militares y la elite, retoma su énfasis en un pueblo que hoy es otro y es el mismo. Eso es un pueblo, una cadena transgeneracional que conserva el fuego de su identidad encendido aun en las peores circunstancias. Hay varias generaciones que no son contemporáneas a Víctor Jara. Pero la cultura popular también tiene sus clásicos, que son los que en cualquier latitud, en cualquier idioma y en cualquier época expresan lo que necesita cantar el pueblo para hacer comunión con sus emociones. Y uno ve pibes de secundario cantar sus letras y entonar sus melodías, y ve y escucha un Te recuerdo Amanda que son ellos mismos, que son los de antes y los de ahora y serán los de mañana. La identidad chilena que fue condenada guardó sus íconos y sus tótems. Guardó su espíritu.

Decían que la historia había muerto. En uno de los lugares donde anclaron esa idea fue en Chile. Que la historia había muerto significaba que habían implantado un orden inmodificable. Y a ese orden le llamaron, desde entonces, “normalidad”. Atrás quedaban los crímenes de Pinochet. Como en España los de Franco. Durante décadas los impulsores del fin de la historia nos aturdieron con los magníficos atributos del Pacto de la Moncloa y con la Concertación chilena. El modelo exitoso que nunca acercaba el foco a la población de Chile sino que mostraba planillas con números. Cada tanto las revueltas eran tan grandes, especialmente las de los estudiantes y las de los mapuches, que teníamos noticias pero luego se apagaban, porque había vuelto la “normalidad”.

Esa normalidad incluye y siempre incluyó el abuso de poder. Chile hasta ahora ha sido un gran abuso, como lo han sido los últimos cuatro años argentinos. Somos pueblos abusados por elites. Están convencidas de su supremacía. No hay supremacía posible si no se aplasta a otro. Y el otro de las elites es el 99 por ciento de la población. Pero al parecer hay una sincronía histórica que nos hace vivir a muchos pueblos al mismo tiempo un despertar de lo que parecía la vigilia y era un ensueño, un folleto, una cáscara, la publicidad de un producto que éramos nosotros mismos, vendidos como trabajadores baratos.

El Chile que vemos muestra a un gobierno y unas fuerzas de seguridad cometiendo a los ojos del mundo un monstruoso delito de lesa humanidad contra todo el pueblo chileno. Se pueden pretextar asesinatos diciendo que fueron enfrentamientos, se pueden justificar represiones salvajes diciendo que hubo vándalos, pero allá ya son más de veinte las denuncias comprobadas de violaciones a mujeres y homosexuales detenidos. Es algo que no es nazismo ni fascismo pero que pertenece a esa familia de regímenes de bajos instintos morales: es el neoliberalismo defendiéndose en el poder.

La dignidad, la claridad conceptual y la conciencia política con la que el pueblo chileno ha salido a la calle tienen mucho que ver con haber preservado, como vemos, la memoria. No tuvieron juicios a genocidas, como aquí, pero preservaron la cultura que les dejó esa generación, y con Víctor Jara hoy cantan los vivos y los muertos.  

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Viernes, 08 Noviembre 2019 06:44

Destellos de antagonismo en América Latina

Manifestación esta semana en los alrededores del Palacio de la Moneda en Santiago de Chile / Foto: Afp, Rodrigo Arangua

Hay que festejar la renovada emergencia antagonista que hace frente a la derechización en Ecuador y en Chile y parece cubrir el vacío dejado por el progresismo. En este sentido, la irrupción de las protestas multitudinarias parece corresponder a la lógica de un momento específico de la estructura y las relaciones de poder: contra las derechas emergentes, más allá o más acá del progresismo desgastado y derechizado. Por lo tanto, visto que se trata de un escenario difuso, aun con sus diferencias nacionales, no hay que excluir que aparezcan fenómenos similares en otros países y que, una vez más, se dé cierto grado de sincronía latinoamericana en los procesos políticos.

Podemos constatar que, si la variable son los colores de los gobiernos, la constante, aunque se manifieste de forma intermitente, sigue siendo la capacidad de lucha e insubordinación de las clases subalternas latinoamericanas. En efecto, si bien las revoluciones pasivas progresistas cayeron por derecha, no han estado ausentes, en particular en los años posteriores a 2013, movilizaciones populares de tinte antineoliberal. En este sentido, el antagonismo no sólo ha estado latente, sino que se ha manifestado, aunque sea de forma esporádica e inorgánica –para usar adjetivos gramscianos–. La capacidad de irrupción que siguen conservando y utilizando las clases subalternas se presenta bajo algunos formatos que ameritan ser brevemente registrados, a la luz del impactante retorno a escena de esta modalidad disruptiva de la política latinoamericana.

En lo temporal, se configuran como episodios que rompen y rebasan las rutinas de la conflictividad ordinaria y cotidiana, de la que, a la vez, se nutren. La intensa brevedad del antagonismo concentrado en estas irrupciones tiene su límite y su prueba de fuego no tanto en la duración, sino en el impacto y la capacidad de modificación de la correlación de fuerzas. Al mismo tiempo, en lo espacial, en lo que tiene que ver con la amplitud social, las irrupciones se montan sobre las prácticas y la acumulación de experiencias y la formación de tejidos sociales y comunitarios, pero se vuelven multitudinarias en la medida en que se amplían a sectores no organizados, cuya politización y capacidad de movilización pueden ser preexistentes y latentes o generarse al calor del conflicto. En todo caso, la activación de franjas no organizadas de las clases subalternas confiere el carácter masivo y le permite un impacto.

AUTONOMISMO VERSUS HEGEMONISMO

Al mismo tiempo, ambas dimensiones de este formato antagonista que se expande y contrae han sido identificadas como problemáticas en tanto que, en el reflujo de la marea, la evaluación de los saldos es objeto de distintas interpretaciones. Señalo dos de ellas, que configuran la antinomia de la política latinoamericana de las últimas décadas: la autonomista y la hegemonista.

En extrema síntesis, la autonomista enaltece la capacidad de lucha y de organización desde abajo y, por lo tanto, atribuye un valor absoluto a todo tipo de manifestación de conflictividad que sea expresión y que refuerce las capacidades y las reservas de politización, organización y autodeterminación, poniendo en segundo plano o, incluso, desconfiando radicalmente del saldo en términos de modificación de los equilibrios en el sistema político partidario o institucional. La hegemonista, por el contrario, valora este tipo de manifestaciones sólo en tanto sacudan equilibrios estáticos y permitan dilatar la influencia y la capacidad de articulación de un polo o una fuerza política que intervenga en la disputa por el poder estatal, ya sea en forma directa o delegada, es decir, expresión de los movimientos y los sectores populares o sólo en nombre de ellos.

Bajo estos prismas, el fin del ciclo progresista y el retorno del formato del antagonismo de irrupción vuelven a colocar, mutatis mutandi, cuestiones que fueron surcando los debates a partir del inicio del milenio. Valorar los movimientos en su espontaneidad relativa y su efecto simbólico y experiencial de organización desde abajo o lamentar su incapacidad de mantenerse en el centro del escenario y de producir resultados contundentes y tendencialmente irreversibles antes de refluir en la normalización sistémica. Posturas que no son antitéticas en sentido estricto, pero configuran énfasis que dislocaron posturas que tienden a enfrentarse. El valor coyuntural de la irrupción se tradujo y sigue traduciéndose en distintos lenguajes políticos y se proyecta de maneras, a veces, contrastantes en la mediana duración.

CAMBIO DE COYUNTURA

La distancia entre una y otra perspectiva se achica cuando las derechas están en el gobierno y se ensanchan cuando partidos o movimientos progresistas lo ocupan o están en condición de hacerlo. En este sentido, un dato histórico y político ha cambiado respecto a los años noventa y principios de los dos mil, ya que el fin del momento progresista, salvo –por el momento– el caso mexicano, arroja la existencia desgastada o la simple sobrevivencia de las fuerzas que fueron protagonistas del ciclo gubernamental. Cabe entonces preguntarse qué tanto estos son percibidos o pueden presentarse como alternativos a las derechas o a sí mismos, es decir, capaces de superar sus límites y contradicciones o, más sencillamente, ser aceptados como mal menor frente a derechas manifiestamente reaccionarias e incapaces de instituir una dinámica hegemónica, como ha sido el caso en Argentina en las recientes elecciones. Qué tanto, en estas condiciones, en medio de una derechización epocal y cultural, desde las clases subalternas latinoamericanas, pueden constituirse, sostenerse y expandirse dinámicas que, si bien no desdeñen el impacto en el plano institucional, se sostengan principal y fundamentalmente en una labor de construcción de contrapoderes, de un recurso de mayor duración y consistencia.

Lo que podemos registrar, una vez más, es que la conflictividad latinoamericana puede volverse incandescente y, a esta temperatura, hasta los metales más duros se vuelven moldeables. Como ocurrió en los años noventa y a inicios del siglo XXI, pueden forjarse experiencias y escenarios inesperados. Nada lo garantiza, pero, una vez más, nadie se lo esperaba.

 

Por Massimo Modonesi

8 noviembre, 2019

Tomado de Desinformémonos.org por convenio.

*Historiador y sociólogo; profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Unam.

 

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Enorme paquete de ajustes de Bolsonaro ataca salarios, salud y educación

El gobierno brasileño presentó un proyecto de ley que busca esquilmar a los trabajadores para pagar la deuda a los banqueros multimillonarios.

El presidente de Brasil Jair Bolsonaro y su ministro de Economía Paulo Guedes, fueron personalmente al Congreso a entregar el nuevo proyecto de ataques con el que pretenden estrangular a los empleados estatales, los servicios públicos, todo el presupuesto público en nombre del "ajuste fiscal", que permita seguir pagando la deuda pública y enriqueciendo el bolsillo de banqueros multimillonarios.

El proyecto de reformas, que busca recortar miles de millones del presupuesto público y liberarlos para el eterno saqueo del pago de intereses de la deuda pública, comienza a delinearse. Desde la aprobación de la reforma previsional en el Parlamento, el gobierno de Bolsonaro se prepara para avanzar en el desguace del Estado. Guedes hace mucho venía anunciando la monstruosa proporción de ajustes fiscales y privatizaciones pero solo ahora con el proyecto cerrado es posible empezar a visualizar concretamente las dimensiones del ataque pretendido.

Este martes fueron presentadas tres propuestas de enmiendas constitucionales. Una enmienda de emergencia, que busca reducir gastos obligatorios, una enmienda al pacto federativo, que modifica la distribución de recursos entre Nación, provincias y municipios, y una enmienda que busca revisar los fondos públicos.

La enmienda de reforma administrativa, que modifica las reglas del empleo público, quedará para los próximos días. También serán presentadas más adelante un paquete de estímulo al empleo, un proyecto de ley para acelerar las privatizaciones y la primera fase de la reforma tributaria, que creará el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) dual.

Enmienda constitucional de emergencia

El techo de gastos aprobado durante el gobierno de Michel Temer preservó los gastos obligatorios, es decir, salarios, inversiones en salud y educación. La nueva medida de Bolsonaro profundiza los cortes. Están previstas la reducción temporal de la jornada laboral y de salarios a los empleados públicos, así como la anticipación de las medidas emergenciales de ajuste en caso que no se cumpla el techo de gastos.

Se crea el "estado de emergencia fiscal", un mecanismo de "estado de excepción" en el que los gobernadores podrán arbitrariamente congelar pagos, incluso reajustes salariales y reducir jornadas y salarios.

Otro escándalo es la maniobra contable que metieron para que los gastos en jubilaciones de empleados de la salud y educación sean incorporadas en el presupuesto de las áreas. Esta medida significa un brutal recorte ya que ocuparía buena parte del presupuesto de esas áreas.

Cambios en el pacto federativo

El pacto federativo es el acuerdo entre Nación, estados y municipios que establece la manera en que se dividirán deberes e ingresos.

Uno de los puntos principales del paquete es el denominado "DDD": desvincular, desindexar y desobligar. A través de una flexibilización mayor del presupuesto, el gobierno busca desvincular el mayor porcentaje posible de los gastos obligatorios, casi 90% de los recursos presupuestarios. Entre las partidas obligatorias están las inversiones en salud y educación.

Enmienda de los fondos públicos

Esta enmienda revisa 281 fondos públicos actualmente no constitucionales, cuyos recursos tienen un destino específico. La medida permitiría su uso para el pago de la deuda pública. Entre los que pueden ser afectados están el FunPen (Fondo Penitenciario Nacional), el Fust (Fondo de Universalización de los Servicios de Telecomunicaciones).

Distintas medidas, un objetivo: el desguace del Estado

Todas estas iniciativas buscan promover el desguace del Estado para liberar recursos al pago de la deuda pública. En la agenda neoliberal de Guedes, la misma que provoca el enorme repudio de la población chilena en enormes movilizaciones, las imposiciones de la Ley de Responsabilidad Fiscal y del techo de gastos no son suficientes para drenar recursos del Estado hacia el capital financiero, por eso busca desangrar a los empleados públicos y al conjunto de la población.

Por Isabel Infanta

@isabel_infanta

Miércoles 6 de noviembre | 01:12

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 Las movilizaciones en Chile entraron en su tercera semana y no hay visos de que vayan a disminuir, ya que diversos sectores anunciaron que aumentarán la presión al mandatario para un verdadero cambio económico y un plebiscito constitucional. Ayer, centenares de ciudadanos acudieron al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos para escuchar la Misa de Réquiem, de Wolfgang Amadeus Mozart. Al final se cantó El derecho de vivir en paz, escrita en 1969 por Víctor Jara. Foto Afp.

Santiago. Las movilizaciones sociales entran en su tercera semana en Chile sin esbozo de que vayan a decantarse y, por el contrario, diversos sectores anuncian que incrementarán su presión al gobierno, en tanto que el respaldo al presidente Sebastián Piñera cayó a apenas 13 por ciento, según una encuesta divulgada ayer. El nivel de desaprobación es de 79 por ciento.

Este domingo, centenares concurrieron al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos a escuchar en un solemne, y a ratos sobrecogedor silencio, la Misa de Réquiem, de Wolfgang Amadeus Mozart, interpretada por un centenar de músicos y artistas de canto, en un acto por la paz. Se pudo ver a personas abrazando a sus parejas emocionadas y a otras en estado de profundo recogimiento espiritual, bajo el fuerte sol primaveral de la ciudad.

El momento sublime llegó cuando, finalizado el réquiem, se cantó El derecho a vivir en paz, escrita en 1969 por Víctor Jara, el autor e intérprete chileno asesinado por militares el 16 de septiembre de 1973, cinco días después de ocurrido el golpe de Estado. El tema, dedicado al pueblo vietnamita por entonces en plena guerra contra la ocupación estadunidense, se ha convertido en el himno de las protestas que sacuden a Chile.

"Estoy devolviéndole el poder a los muertos, soy artista visual", explicó brevemente una joven que con el torso desnudo y maquillado como si fuera sangrando y ondeando una bandera, caminaba por la explanada del museo. Ella dijo que su aspiración es que de las protestas emerja una nueva Constitución.

Jacobo Baeza, joven sicólogo, asistió al acto con su esposa y sus dos hijas menores. Mientras ella, soprano, era parte del coro que cantaba, él explicó a La Jornada que en la contingencia que se vive los niños están asustados, no entienden qué ocurre y es necesario explicarles.

–¿Cómo te sientes?

–Más que nervioso estoy incierto, no sé cómo va a terminar esto. Mi esperanza es un cambio profundo, estructural. Pero tengo temores de que no dé el giro hacia ese lado y que se pierda, que se diluya, que sigan los mismos políticos, que se pierda este movimiento.

Respecto de la salud mental de las personas, el sicólogo estimó que "sin lugar a dudas hay situaciones de estrés postraumático que son esperables. También una segunda victimización de quienes sufrieron la dictadura. Los niños están aprendiendo y se les derrumba el mundo, hay mucho que reconstruir en materia de salud mental, además de los problemas que ya arrastra este sistema y donde la salud mental no es de fácil acceso".

Gobierno en el suelo

Mauricio Morales, académico de la Universidad de Talca, estima que la oposición tiene arrinconado al gobierno. A sabiendas de que la nueva Constitución avanza como importante preferencia ciudadana –más de 80 por ciento cree que es necesaria–, la oposición se ha subido al carro de las demandas, y ahora exige al gobierno un plebiscito constitucional.

"El asunto es que el gobierno no está dando su brazo a torcer, confiando en dos factores. Primero, el ciclo de la protesta y la movilización social. Segundo, el paquete de reformas al ingreso mínimo y a las pensiones, junto con abrirse a no avanzar en la reintegración tributaria. El gobierno, entonces, está apostando todo a un equilibrio frágil", explica.

–Predice que la protesta no va a decaer y que la presión irá en aumento. ¿Puede resistir el gobierno sin allanar el camino a un plebiscito constitucional?

–El gobierno no tiene muchas alternativas. Ante la baja aprobación presidencial y el ordenamiento de la oposición en torno al cambio constitucional, cada vez el margen de acción para Piñera se hace más estrecho. Incluso, dentro de RN –partido que forma parte de la coalición de gobierno– hay voces que comienzan a comulgar con la idea de un plebiscito constitucional. Si Piñera insiste en mantenerse en el statu quo, puede iniciarse un proceso de acusación constitucional que paulatinamente vaya ganando apoyos en los legisladores de oposición. El otro resultado posible es que sea abandonado por legisladores de su coalición que se descuelguen del gobierno y se unan a la demanda de un plebiscito. Por tanto, a Piñera se le están agotando los caminos y más temprano que tarde, terminará abriéndose a la posibilidad de un plebiscito constitucional.

–Si el presidente acepta el camino constitucional ¿puede haber sectores de la propia derecha y del empresariado que se descuelguen y busquen una salida autoritaria?

–Ese camino ya no existe para Chile. No hay espacio para un golpe militar. Lo que sí podría ocurrir es que tome fuerza electoral una candidatura de extrema derecha cuyo discurso sea la restauración institucional de Pinochet. Pero eso lo decidirán los chilenos en la urnas. El dilema de Piñera es que sea cual sea su decisión, cada vez estará más solo en el gobierno. Si no da el paso al plebiscito constitucional, habrá migración de legisladores de RN que no querrán pagar el costo de mantenerse en el statu quo. Si llama a plebiscito, los votantes de extrema derecha se sentirán traicionados y buscarán una alternativa más polarizada: un populista de derecha.

 

Especial para La Jornada


Chile mantiene la movilización desde hace más de dos semanas

Para la calle, la agenda de Piñera es cosmética

Las medidas de la agenda social --o “neoliberal”, como prefiere la CUT-- son 16, plasmadas en 18 proyectos legislativos. No modifican el modelo heredado de la dictadura. 

Por María Daniela Yaccar

Desde Santiago

Página12

Parecen ser mayoría los chilenos que se creen inmersos en 30 años de postdictadura y una vida totalmente privatizada . Eso podría explicar semejante hartazgo unido al deseo de un cambio profundo. Los Carabineros continúan reprimiendo manifestaciones espontáneas y pacíficas con gases cada vez más fuertes, camiones hidrantes y perdigones que han causado lesiones oculares a cerca de 160 personas. Hay un afán por disparar a la cara. Ayer había niños atrapados en el humo y se oían disparos en la zona de Plaza Italia, epicentro de la lucha en Santiago. Una novedad es que, mediante un documento filtrado por hackers, se conoció que la Policía catalogó como “blancos de interés” a dirigentes de base para vigilarlos. Rigoberta Menchú se reunió en Santiago con referentes del Instituto Nacional de Derechos Humanos y condenó el accionar de Carabineros.

Termina un fin de semana de múltiples cabildos en instituciones de todo tipo y color y a lo largo y a lo ancho del país. En estas instancias de debate y conclusión los ciudadanos están reconstruyendo ni más ni menos que la subjetividad y el tejido social chilenos (muchos reconocen en ese marco lo indiferentes que eran antes de la evasión en el metro). Este lunes, después de varios días de marchas autoconvocadas, se espera una masiva a la que llamó Unidad Social, un conglomerado de 70 organizaciones sociales y sindicales, entre las que se encuentran la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Coordinadora NO+AFP, el Colegio de Profesores y la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF). El propósito es poner un freno al tratamiento en el Congreso de la agenda social planteada por el Gobierno, el polémico paquete de medidas anunciado por Piñera cuando Chile despertó y que no hizo otra cosa que acrecentar la furia popular. También se insistirá en la creación de una nueva Constitución que cambie de cuajo el sistema, en reemplazo de la heredada por la última dictadura.

La mesa de Unidad Social ha tenido un rol clave al promover los cabildos en los que han participado 10 mil chilenos desde el 24 de octubre, y huelgas y marchas. Con la presencia de un sindicalismo que acordó constituir un comité para paralizar a todos los sectores y avanzar hacia una huelga general, la convocatoria de mañana lleva el nombre de “Súper Lunes” y posee tres instancias. El primer punto de encuentro es el Congreso, al mediodía. Por la tarde, se esperan concentraciones en las principales plazas de Santiago en defensa de los 10 puntos del Pliego de las y los Trabajadores de Chile. Por la noche sonarán las cacerolas en los barrios. Como viene ocurriendo, esto se replicará seguramente en distintas regiones.

Hay una contradicción entre la fuerza y la valentía de esta sociedad y lo que ha podido conseguir. “El pueblo está convencido de que debe seguir en la lucha. Este maravilloso estallido social ha significado volver a tener una esperanza para terminar con desigualdades e injusticias. Pero en la mejora de condiciones de vida no se ha logrado nada. En términos reivindicativos, sólo se congeló el pasaje de metro”, dice a PáginaI12 Carolina Espinoza Tapia, trabajadora social, dirigenta sindical de Confederación Nacional de la Salud Municipal, vocera de NO+AFP y vicepresidenta de la Regional Interamericana de la Internacional de Servicios Públicos. “Hay una evidente falta de voluntad política para solucionar el conflicto. Es aberrante. No vemos ningún espacio de avance. El Gobierno sigue sin escuchar el clamor ciudadano. No ha hecho más que medidas cosméticas. Un cambio de gabinete de algunas personalidades y un paquete de medidas que son una burla y no modifican el modelo económico”, advierte la dirigente.

Las medidas de la agenda social --o “neoliberal”, como prefiere la CUT-- son 16, plasmadas en 18 proyectos legislativos. Todas, para materializarse, requieren de la aprobación del Parlamento. Hasta ahora sólo dos proyectos han superado esta instancia. Diputados dio el visto bueno al Seguro Catastrófico de Salud, caratulado de suma urgencia. Preocupa porque activa una transferencia de recursos públicos a clínicas y farmacias. Así lo explica Espinoza Tapia: “En Chile el 80 por ciento de la población se atiende en el sistema público, el resto en el sector de seguro privado (Instituciones de Salud Previsional, Isapre), con condiciones muy superiores.No tenemos recursos humanos ni insumos básicos. Tenemos que atender en camillas en los suelos. Este proyecto permite que con recursos públicos se entreguen vouchers o dineros públicos para pagar a empresas privadas que hagan lo que los sistemas públicos no podemos hacer”.

Hoy continuaron las protestas. La que más llamó la atención fue la de un grupo de ciclistas que se dirigió a la casa del presidente, que le complicó las cosas al personal de seguridad del jefe de Estado. Los chilenos movilizados entienden que la agenda social profundiza el modelo neoliberal con proyectos que, incluso, datan de antes de la crisis. 

“En el tema de la vivienda buscan transferir dineros públicos a empresas privadas para concesionar departamentos de baja calidad”, ejemplifica la trabajadora social. Este es un tema que podría tratarse justamente en la sesión del lunes. Otro que genera mucho malestar es el de reforma a las pensiones, que implica “mantener las AFP”. Es uno de los puntos más álgidos del conflicto: un sistema de salud dominado por bancos encubiertos de los empresarios más ricos y de algunas transnacionales.

A todo esto, “el poder legislativo, que es en teoría mayoría de oposición, ha sido incapaz de estar a la altura de los tiempos. Ha seguido aprobando la política del Gobierno”, analiza Espinoza Tapia. Guiados por esta percepción, los manifestantes recorrerán dependencias de congresistas de Santiago y Valparaíso. “No hay ningún atisbo de acercamiento a la asamblea constituyente para resolver de manera estructural los cambios”, añade la militante.

--¿Les preocupa que mañana se desarrolle un fuerte despliegue represivo?

--El miedo está instalado. Llevamos a la fecha, en estos últimos años, tres suicidios de dirigentes sindicales y medioambientalistas que no son tal cosa. Tiene que ver con acallar las reivindicaciones que los territorios estaban dando para defenderse de las transnacionales que devoran nuestro ecosistema. Sabemos que hay medidas de seguimiento y control hacia las organizaciones. Han hackeado información de los organismos policiales y tenemos a la vista el fichaje de dirigencia social, en el que por supuesto estoy yo. Es un control que se desmarca de toda regulación legal. Es impresionante lo que estamos viviendo. El Gobierno montó mesas con pseudo personajes para hacer una puesta en escena de intenciones de diálogo y existe una represión brutal como en los tiempos de la dictadura, con veintitantos asesinados, cientos de heridos con traumas oculares, una cantidad de violencia política sexual aberrante, 18 denuncias de violación en mujeres y hombres. Hoy en Chile se detiene ilegalmente, se secuestra por horas. Se cometen apremios ilegítimos, horrorosos. Existe un dispositivo de querer volver a la falsa normalidad bajo un régimen que domina y violenta nuestros derechos. Estamos peleando por la democracia, la educación, la salud, salarios dignos, pensiones, incluso por tener acceso a agua potable. Quieren jugar al desgaste, pasarnos gato por liebre, con limosnas. Y el modelo no se toca. No hay atisbo de reformar la Constitución ni de cambiar el sistema tributario para que los más ricos aporten al bien común, ni de tocar las administradoras.

--¿Hay precisiones de la fecha de huelga general?

--En Chile tenemos un sindicalismo bastante debilitado. No sólo nuestras condiciones de vida materiales son muy precarias, también los mecanismos de participación. La vida democrática ha sido diezmada. Los sindicatos no escapamos a eso y hay atomización, falta de unidad y baja sindicalización. No obstante, frente a esta crisis estamos logrando articularnos con sindicatos del mundo portuario y la minería, estratégicos en el quehacer de Chile. Un ejercicio que Chile no tiene como práctica, lamentablemente, es el de la huelga general. Ya hemos hecho dos (23 y 24 de octubre) con un avance significativo, pero vamos por más. Fecha no tenemos, pero la creación del comité de huelga es un paso político sindical estratégico y maravilloso.

--Hoy varias empresas periodísticas pusieron el foco en una estatua que fue derribada de Plaza Baquedano, haciendo eje en el vandalismo. ¿Qué papel han jugado los medios en todo este tiempo?

--La prensa en este país responde a los dueños de los medios, ese uno por ciento más rico del país. Todos los medios responden a dos o tres bloques de empresas absolutamente funcionales al poder económico y político. Y los gobiernos han permitido que los medios de comunicación de masas sean funcionales a este modelo. Por tanto la postura que han tenido es la de criminalizar la protesta social y están en la senda de volver a la normalidad para apagar el estallido. La violación de derechos humanos no aparece. Tampoco la autoridad política ha tenido un atisbo de reconocer o por lo menos poner en escena un acercamiento hacia las familias que han sido víctimas de manera cruenta. La comunicación a través de las redes es la que nos ha permitido articularnos hoy día. Y con eso nos hemos podido proteger. Se ha tomado sin orden legal en sus domicilios a la dirigencia estudiantil. Es decir: estamos viviendo una situación de riesgo. Sin embargo no aparece en los grandes medios.

--Ayer los partidos de Convergencia Progresista (PS, PPD y PR) dieron a conocer una contrapropuesta a la agenda social. ¿Cuál es la mirada de Unidad Social?

--Algunos partidos de izquierda han tenido la desfachatez de plantear paquetes de medidas para resolver la crisis, pero ellos son parte de la crisis. Supuestamente defendían intereses de la clase trabajadora y del mundo social pero han sido funcionales al modelo y se han enquistado por años en el poder, siendo incapaces de responder a las demandas, sin generar transformaciones, representar a la voz ciudadana, generar mecanismos de participación o entregar medios de comunicación a la gente. Por eso la gente en la calle dice no a los políticos y lamentablemente mete en el mismo saco a todos los partidos: hay un descrédito tremendo. Los partidos de izquierda y de centro izquierda siguen en el juego del gobierno de Piñera. Tremendo y desesperanzador. Ellos no tienen por qué levantar los pliegos; los pliegos los tenemos levantados las organizaciones. Ya les entregamos nuestras demandas a los presidentes de partido y a los jefes de bancada. Nos parecen unos caraduras viniendo con un paquete a levantar otras reivindicaciones. 

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Domingo, 03 Noviembre 2019 05:59

Una revolución mundial en marcha

Una revolución mundial en marcha

Puerto Rico, Hong Kong, Ecuador, Haití, Líbano, Irak y ahora, Chile. En todo el mundo, la gente se está alzando contra las políticas de austeridad y la corrupción, desafiando a las fuerzas policiales enviadas para reprimirlos. Muchos de estos movimientos de masas comparten una crítica feroz hacia el capitalismo. En Santiago de Chile, más de un millón de personas inundaron las calles el fin de semana pasado y las protestas masivas continúan. Allí, la brutal dictadura de Pinochet que tuvo lugar entre 1973 y 1990, durante la cual miles de activistas y líderes progresistas fueron torturados, desaparecidos y asesinados, fue seguida por décadas de políticas neoliberales, con privatizaciones desenfrenadas, acoso a sindicatos, salarios estancados y mayores costos de educación, salud, transporte y otros servicios. Chile, uno de los países más ricos de América del Sur, también es uno de los que tiene mayor desigualdad. Al menos 20 personas han sido asesinadas durante las recientes protestas allí, lo que enfureció e incentivó aún más a las multitudes.

Estas protestas globales están también sucediendo en momentos en que el mundo atraviesa un punto de inflexión en su historia, con tan solo una década de tiempo para que la humanidad pase de una economía apoyada en los combustibles fósiles a una impulsada por energía renovable. El miércoles, el multimillonario y asediado presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció abruptamente que su gobierno había decidido cancelar la realización en Chile de dos grandes cumbres internacionales: el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (conocido como APEC) a mediados de noviembre y la cumbre sobre cambio climático de Naciones Unidas, la 25ª "Conferencia de las Partes", o COP25, en las primeras dos semanas de diciembre.

La presidenta designada de la COP 25, la ministra de Medio Ambiente de Chile, Carolina Schmidt, declaró: "Los ciudadanos han expresado de manera contundente sus legítimas demandas sociales que requieren toda la atención y el esfuerzo del gobierno".

La cancelación de la COP por parte de Chile podría ser un golpe para la acción global contra el cambio climático. Pero los activistas en defensa del clima deberían juntar coraje: este renovado espíritu de rebelión en todo el mundo implica un rechazo del status quo y podría presagiar que la movilización de base para evitar un cambio climático irreversible y catastrófico se acelere.

No mucho después de la cancelación de la COP de Chile, la Red de Acción por el Clima expresó en un comunicado: "La injusticia social y la crisis climática tienen una raíz común. La justicia climática y la solidaridad tienen que ver fundamentalmente con la protección de los derechos humanos y una mejor calidad de vida para todos".

La crisis climática nos afecta a todos; en primer lugar, y con más fuerza, a los pobres del mundo. El multitudinario levantamiento en Puerto Rico que condujo a la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló fue la culminación de décadas de frustración con el estatus colonial de Puerto Rico y la contemporánea explotación por parte de los fondos buitres de Wall Street. Pero el descontento se vio alimentado por la impactante devastación causada por los huracanes Irma y María hace dos años, que tuvieron lugar uno atrás del otro.

Pocos días después de la renuncia de Rosselló, Manuel Natal, miembro de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, manifestó en una entrevista para Democracy Now!: "Las políticas de austeridad implementadas no solo por la Junta de Supervisión Fiscal, sino también por el actual gobierno de Roselló y el pasado gobierno de García Padilla, han dejado al pueblo de Puerto Rico en una situación de vulnerabilidad. La desigualdad social ha aumentado a niveles que nunca se habían visto aquí en Puerto Rico". Natal prosiguió: "Necesitamos más democracia, no menos democracia. Estamos al borde de una revolución política aquí en Puerto Rico". El derrocamiento de Rosselló constituye la primera vez en la historia de Estados Unidos que un gobernador se vio forzado a renunciar a su cargo a causa de una protesta popular.

Los pueblos indígenas también están liderando el camino, a menudo en la primera línea de la lucha, confrontando al modelo extractivista con una resistencia pacífica y disciplinada. En Colombia, cientos de líderes sociales indígenas y campesinos han sido asesinados en los últimos años, simplemente por defender la justicia y la protección del medio ambiente.

El acuerdo climático de París señala específicamente la importancia de la justicia climática y se compromete a trabajar "en el contexto del desarrollo sostenible y los esfuerzos para erradicar la pobreza". Uno de los conflictos duraderos que ha obstaculizado las negociaciones internacionales sobre el clima ha sido la negativa de las naciones ricas, principalmente Estados Unidos, para aceptar la simple premisa de que "los contaminadores deben pagar". Estados Unidos es la nación más rica de la historia humana, en parte, porque al utilizar energía barata y sucia ha dejado una estela de contaminación en su camino hacia la cima: centrales eléctricas de carbón, locomotoras diesel y ahora, el gas de extracción por el método de fracturación hidráulica, mal llamado "de combustión limpia".

Se suponía que el Fondo Verde para el Clima iba a recaudar miles de millones de dólares para financiar proyectos de energía renovable en los países más pobres. La semana pasada, la conferencia de donantes del fondo no alcanzó su objetivo, principalmente porque el gobierno de Trump incumplió el compromiso de Estados Unidos de aportar 2.000 millones de dólares al fondo. Australia y Rusia siguieron el ejemplo y se negaron a contribuir.

Un nuevo estudio de Climate Central, una organización científica y de noticias, indica que las inundaciones costeras inducidas por el cambio climático probablemente serán mucho peores de lo previsto, lo que obligará a entre 200 y 600 millones de personas, ricas y pobres, a abandonar sus hogares más adelante en este siglo. Ahora mismo hay numerosos incendios forestales provocados por el cambio climático en California, donde cientos de miles de personas tuvieron que ser evacuadas de sus hogares y al menos un millón de personas permanecen sin electricidad.

AL igual que los incendios forestales, los levantamientos populares contra los líderes corruptos autocráticos, las políticas de austeridad y la desigualdad también se están extendiendo e intensificando. Los pueblos también está inundando las calles a lo largo y ancho del mundo, vinculando los movimientos contra la desigualdad con la lucha por un mundo justo y sostenible, alimentado por energías renovables.

Sábado 2 de noviembre de 2019

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Domingo, 03 Noviembre 2019 05:43

La rutina de lo inesperado se apodera de Chile

La rutina de lo inesperado se apodera de Chile

 Las marchas autoconvocadas en Santiago son cosa de todos los días. La represión se vuelve especialmente fuerte en el siempre conflictivo Parque Bustamante.

 

La teoría de que Chile está normalizándose no tiene cabida esta tarde en Plaza Italia. Un potente sol baña la cordillera y los cuerpos de los --no tantos-- jóvenes que protestan pacíficamente en Plaza Baquedano. Pasadas las 17 se acerca un camión hidrante, dispara la orden de correrse, la respuesta de la multitud es “qué calor, dame guanaco por favor”, algunas desafiantes piedras, y enseguida comienzan los chorros de agua. La represión se vuelve especialmente fuerte en el siempre conflictivo Parque Bustamante, también con gases y perdigones. Ayer en la misma zona, cuando el pueblo chileno se manifestó masivamente, los focos de tensión estaban más dispersos.


Las marchas autoconvocadas en la ciudad son cosa de todos los días. Se espera otra masiva para el lunes. También, desde el 24 de octubre, son habituales los cabildos, espacios en que los chilenos se reúnen a pensar en el malestar social y en la oportunidad histórica que esta etapa abre. Suceden de a montones en consultorios, recintos educacionales, lugares de trabajo, centros culturales, clubes de fútbol. Las primeras conclusiones de estas asambleas, difundidas ayer, reforzaron la idea de que la principal demanda es la creación de una nueva Constitución que reemplace la heredada por la dictadura militar y que hace que la vida de la población quede sujeta a las leyes del mercado. Tanto en calles como cabildos, lo que está reformulándose es un modo de pensar la política, en un país en que el voto es voluntario. Un cambio radical de criterio parido de la fuerza espontánea de la rabia acumulada. Los chilenos se incitan entre sí a no bajar los brazos. El momento es ahora.


A quince días del estallido no se cansan, pero les está costando el cuerpo. Minutos antes de que la violencia comenzara a perseguir a los jóvenes, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, recibía en el organismo a la prensa para difundir las últimas cifras de detenidos y lesionados. Aunque todos saben que estas estadísticas no logran reflejar la magnitud del conflicto --el mismo Micco lo dice-- suelen ser las más esperadas y son actualizadas todos los días. Respecto de ayer, crecieron las acciones judiciales (de 167 a 179), las querellas por torturas (de 120 a 132) y los registros de detenciones (4316 a la fecha). El sello de la represión chilena es la cantidad de lesiones oculares, que afectan a por lo menos 157 personas.


“Nos preocupan mucho. En muchas manifestaciones pacíficas se han utilizado perdigones. El otro debate planteado en la opinión pública es qué tipo de perdigones se están utilizando. No solamente de goma, sino también de goma con interior metálico o derechamente metálico”, planteó Micco. Es por esto que el INDH solicitó un peritaje internacional para conocer la composición y la presión de los perdigones, según los carabineros “una vía intermedia” entre el lacrimógeno y las balas. Una suerte de mal menor.


Micco, quien tiene militancia en la Democracia Cristiana y posturas contrarias al aborto y el matrimonio igualitario, asumió la dirección de la institución hace sólo cuatro meses. Fue en medio de una polémica, ya que parlamentarios de la oposición vieron su designación como una operación del Gobierno. En su momento agrupaciones feministas le exigieron una postura más tajante ante los sucesos, a la vez que le reconocieron el importante trabajo que viene realizando el INDH. En el encuentro con la prensa, centrándose en la objetividad de las cifras, Micco eligió no brindar apreciaciones políticas sobre temas de la agenda, como la acusación constitucional contra Piñera y el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, por violación a los derechos humanos. En las últimas horas también se conoció la primera acción penal por delitos de lesa humanidad contra ambos políticos.


El lunes o martes ingresará a la Cámara de Diputados la acusación contra Piñera por su responsabilidad política en los crímenes y su incapacidad para manejar la crisis de modo democrático. Para algunas tendencias políticas la aplicación contra Chadwick es simplemente una maniobra para salvar al presidente de la parte que le toca. Esta iniciativa recoge otro de los gritos de las calles: la renuncia del mandatario. “La única salida institucional a la crisis es la acusación constitucional a Piñera. Los estados de emergencia autorizan a restringir la libre circulación pero no a atentar contra la vida de las personas. Piñera declaró la guerra al pueblo y sacó al ejército a la calle con un costo de 25 muertes. De niños baleados, heridos, maltratados, con casos de violencia sexual. Ha puesto en grave peligro la seguridad de la Nación y es el principal responsable de esas muertes”, dijo a Página/12 Pamela Jiles, parlamentaria del Frente Amplio, quien en una de las sesiones del Congreso encaró al ex ministro con un cartel con las cifras de niños víctimas de las fuerzas represoras, acción de la que los manifestantes se apropiaron y replicaron tanto en movilizaciones como en la virtualidad.


El alcalde de Recoleta, Daniel Jaude (Partido Comunista), quien marchaba ayer por Plaza Italia, se refirió también a la violencia del Gobierno: “El cambio que la ciudadanía pide hoy es que matar a nuestro pueblo no siga saliendo gratis. Una de las cosas que tiene que entender el sistema político es que un presidente que manda a asesinar, que se dice en guerra contra su pueblo, no puede éticamente no ser acusado constitucionalmente. ¿Cuántos muertos más necesitan? ¿Cuántas mujeres violadas en los regimientos de los cuarteles? ¿Cuántos balines incrustados? ¿Es un problema de cantidad?”. Para el funcionario, los montajes --se habla, por ejemplo, de operaciones para responsabilizar al pueblo en los incendios-- y la clandestinidad de la tortura no pueden salirle gratis al actual presidente de esta república que no deja de gritar y de arder.

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