Fuentes: Público [Foto: Reunión de los líderes del G7 en su anterior encuentro, todavía con Trump al frente de los Estados Unidos.- EFE]

Desde los años ochenta del siglo pasado, cuando comenzaron a liberalizarse los movimientos de capital y a crearse espacios prácticamente libres de impuestos, los paraísos fiscales que permiten eludirlos a las grandes empresas multinacionales, multitud de economistas críticos, activistas y organizaciones de todo tipo venimos pidiendo que se acabe con esa injusticia tan vergonzosa.

La respuesta de los economistas al servicio de las corporaciones, de los líderes políticos y los organismos internacionales era siempre la misma, a pesar de que la evidencia demostraba lo contrario: es técnicamente imposible evitar esa elusión fiscal y, además, no conviene hacerlo porque entonces se perjudicaría a la inversión y el empleo.

Mentían descaradamente y la prueba de llevábamos razón es que este fin de semana se reúne el G7, el grupo de los siete países más poderosos del planeta, para discutir una propuesta del presidente de Estados Unidos verdaderamente revolucionaria, al menos, en comparación con lo que hasta ahora viene ocurriendo: establecer un impuesto mínimo internacional sobre los beneficios de las empresas multinacionales.

La práctica habitual de estas grandes corporaciones consiste en manipular su contabilidad para ubicar los beneficios que obtienen en diferentes países en aquellos en donde los impuestos son mínimos o incluso inexistentes y eso es lo que trata de evitar la propuesta que Estados Unidos ha puesto sorprendentemente sobre la mesa.

En estos momentos no se sabe la fórmula exacta que finalmente adopte el G7 (incluso puede ser que ahora no apruebe nada y traslade la decisión a la reunión de julio del G20) pero es muy improbable que la medida tenga marcha atrás, así que podemos decir que, por fin, la suerte de los paraísos fiscales y de la elusión fiscal generalizadas comienza a estar echada.

El impuesto que se está proponiendo tendría dos pilares. Por un lado, todos los países dispondrían de una parte de las ganancias obtenidas por las empresas multinacionales en su territorio y, por otro, también podrían establecer una tasa mínima adicional sobre los beneficios obtenidos en el extranjero por las empresas que tengan sede en su jurisdicción.

A partir de ahí, sin embargo, pueden surgir diferentes alternativas que pueden hacer más o menos efectivo el impuesto, generar distintos volúmenes de ingresos fiscales y producir un reparto de la recaudación también más o menos desigual entre los países.

Estados Unidos, por ejemplo, ya ha bajado su propuesta inicial del 21% al 15%, propone que al aprobar este impuesto desaparezcan los que hasta ahora han venido estableciendo algunos países sobre empresas de servicios digitales y contempla umbrales de ingresos que haría más reducido el número de multinacionales afectadas. La OCDE, por su parte, está materializando la propuesta de Estados Unidos de forma que beneficie principalmente a los países más ricos (10% de la población mundial y 45% del PIB) porque contempla que la mayor parte del ingreso fiscal adicional (60% del total) vaya a los países en donde tienen su sede las grandes corporaciones, justamente los del G7 y algunos pocos más.

Desgraciadamente, el carácter nada democrático de estos encuentros de los países más poderosos impide que se discutan y aprueben otras propuestas más eficaces y equitativas.

Por ejemplo, la de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional que propone que el tipo de un impuesto de esta naturaleza sea del 25%; u otra mucho más elemental y justa de Tax Justice Network: la distribución del ingreso adicional que se obtenga en función del lugar en dónde se lleve a cabo la actividad real (ventas y empleo) de las empresas multinacionales y no principalmente de su sede.

Las diferencias según se adopten unas soluciones u otras son considerables. Con esta última de Tax Justice Network no solo se conseguiría más equidad y no seguir perjudicando a los países más pobres sino recaudar más (460.000 millones de dólares anuales) que con la propuesta de la OCDE (275.000 millones) con la misma tasa del 15%, o 640.000 millones frente a 540.000 millones, con una del 21%.

En estos momentos es imposible saber cómo concluirá la cumbre y, mucho menos, la solución de imposición internacional que finalmente se adopte. Incluso cabe temer que la propuesta inicial de Estados Unidos siga avanzando a la baja, sobre todo, porque los líderes europeos no están siendo capaces de asumirla con decisión. Pero, sea cual sea el resultado, lo cierto es que se ha tenido que reconocer por fin que los privilegios concedidos a las grandes empresas son una vergüenza y que los argumentos ofrecidos durante todos estos años para mantenerlos son simples mentiras.

La propuesta que está en la agenda del G7 es inaudita e incluso revolucionaria, como he dicho, pero queda todavía mucho camino por delante. Con mayor o menor convicción, con ella se reconocen de facto dos principios fundamentales. Uno, que las empresas multinacionales maximizan sus beneficios a escala mundial y que, por tanto, deben estar sujetas a impuestos globales; y otro, que estos impuestos deben ser de mínimos en todos los países, para que no haya posibilidad de que trasladen sus beneficios de un lugar a otro. Quedan por reconocer de modo efectivo otros dos también fundamentales que plantea Tax Justice Network: obligar a que las empresas multinacionales proporcionen información transparente, actualizada y rigurosa sobre su actividad y beneficios en todos los países en donde llevan a cabo su actividad, y ubicar la toma de decisiones en organismos como Naciones Unidas y no G7, G20 o la OCDE, en donde puedan estar representados todos los países y no solo los más ricos y poderosos.

Si se ha conseguido lo más difícil, echar por tierra las mentiras neoliberales de los últimos decenios, no será imposible conseguir lo que queda por delante.

Por Juan Torres López | 05/06/2021

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 Simpatizantes del candidato a la Presidencia de Perú Pedro Castillo, se congregan para el cierre de su campaña de cara a la segunda vuelta presidencial del próximo 6 de junio, en la plaza Dos de Mayo, en Lima. — Stringer / EFE

Castillo ha encauzado la ira popular contra un aparato estatal pervertido por el abandono del interior, la corrupción sistemática y el modelo económico de libre mercado, que durante décadas ha dominado Perú y no ha sido capaz de sepultar sus enormes desigualdades.

 

Sin traje ni corbata, con sombrero "chotano" y un discurso descentralizado, Pedro Castillo encarna los valores humildes y campesinos de la zona andina del Perú, donde el candidato presidencial es aupado por maestros y agricultores, que ven en él una figura cercana y ajena a las élites limeñas.

"(Castillo) es pobre como nosotros, es una persona campesina. Él ha sufrido y ha vivido en carne propia como nosotros ahora estamos viviendo, trabajando con el sudor de nuestra frente", resumió a Efe la agricultora y vendedora de frutas Marcelina Condor. 

"Y cuando gane nos va a apoyar", agregó la joven desde el mercado municipal de Chota, capital de la humilde provincia homónima del norte de los Andes peruanos, perteneciente a la región de Cajamarca. 

Hijo de campesinos analfabetos, Castillo ha encauzado la ira popular contra un aparato estatal pervertido por el abandono del interior, la corrupción sistemática y el modelo económico de libre mercado, que durante décadas ha dominado Perú y no ha sido capaz de sepultar sus enormes desigualdades. 

Con una ligera ventaja en las encuestas frente a la derechista Keiko Fujimori, su rival en las elecciones del domingo, el candidato de Perú Libre -el "partido del lápiz"- tiene su bastión en el mal llamado "Perú profundo", ensalzado por el voto izquierdista pero conservador social de una población rural y pobre, relegada durante décadas por las élites capitalinas. 

La voz rural andina 

Como rondero, agricultor, maestro de escuela rural y sindicalista, Castillo ha logrado captar votantes fervientes entre los sectores más representativos de la sierra peruana, principalmente el magisterio rural y las rondas campesinas. 

Desde el distrito cajamarquino de Tacabamba, de donde es oriundo el candidato, el maestro Tomás Rolando aseguró a Efe que el postulante izquierdista es "el verdadero cambio que necesita la zona rural", sobre todo en materia de educación, salud y agricultura. 

"(Los maestros rurales) vivimos lamentablemente desabastecidos en todos los sentidos y la esperanza en el profesor Pedro está centrada en que él ha vivido nuestras experiencias de sacrificio y esfuerzo para trabajar en las zonas más alejadas", manifestó Rolando, quien antes de la pandemia se levantaba a las 3.00 de la madrugada todos los días para evitar llegar tarde a la escuela. 

El respaldo al paisano también es abrumador entre los campesinos de la región de Cajamarca, muchos de ellos ronderos, para quienes Castillo resulta una figura familiar, que luce como ellos el típico sombrero de paja y ala grande y acude a votar montado en una yegua. 

Y, claro, lo ven lejos de los enjuagues de la lógica centralista que encarna la hija y heredera política del expresidente encarcelado Alberto Fujimori (1990-2000), quien creció rodeada de guardaespaldas en el palacio presidencial. 

"Somos hinchas del lápiz porque queremos para la agricultura, pues esa la Keiko para la agricultura no ofrece nada", espetó a Efe el rondero Segundo, mientras labraba la tierra, sin soltar la pala de madera que sujetaban sus callosas manos. 

Le faltó tiempo para añadir, insatisfecho: "Somos del lápiz porque del otro (Fuerza Popular) no tenemos que ver ná". 

El rechazo a un modelo 

Para el sociólogo Pedro Sánchez, ese voto a Castillo revela a todas luces "el fracaso rotundo" de la reforma estructural que había iniciado el Perú en 2002 con el proceso de regionalización, impulsado durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006) para superar el excesivo centralismo de Lima.

El maestro representa "ese reclamo de las provincias, del interior", que rechaza "un modelo que todavía no ha llegado homogéneamente a todos los sectores del país", resumió a Efe el docente principal de la Universidad Nacional de Cajamarca. 

En el mismo sentido se expresó el profesor de educación primaria Wilson Carranza, un vecino de Tacabamba convencido de que el Perú está "a un paso de consolidar la lucha del pueblo que ha venido año tras año organizándose, saliendo a las calles y reclamando sus derechos".  

"En nuestro Estado, lamentablemente, el poder ha estado solamente en un grupo, y eso ha llevado a que la clase trabajadora despierte y alce su voz", sostuvo a Efe Carranza, quien no pudo dejar de mencionar la gran huelga de profesores que lideró Castillo en 2017 y lo puso en el candelero mediático. 

Así, el apoyo sin fisuras detrás del candidato es también un altavoz del descontento de las clases populares al ver que los sistemas económico y político vigentes no han sabido resolver las enormes brechas sociales ni los han sacado de la pobreza. 

Arraigado antifujimorismo 

Tampoco serán pocos los que apostarán de mala gana por el maestro tan solo para evitar que Fujimori logre alcanzar el sillón presidencial. 

Para militantes "antifujimoristas", como la comerciante María Medina, los anticuerpos que genera la "trinidad" del padre, hija y espíritu constitucional de 1993 no les dejan otra opción que votar por el "nuevo". 

"Ya no queremos a gente corrupta y Pedro no tiene ninguna caída todavía", aseveró a Efe la mujer, en alusión a la acusación de más de 30 años de prisión que afronta la candidata de Fuerza Popular por presunto lavado de dinero.

Chota. 04/06/2021 17:25

Carla Samon Ros / EFE

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Guillermo Lasso y el laberinto de las izquierdas ecuatorianas

Con Guillermo Lasso, un banquero cercano al Opus Dei, la derecha ecuatoriana llega al gobierno tras su victoria electoral del 11 de abril. La izquierda y la centroizquierda tienen una clara mayoría en la Asamblea Nacional, pero sus fuerzas se encuentran enfrentadas y lejos de poder construir un bloque común.

 

Las elecciones presidenciales de 2021 en Ecuador dieron el primer triunfo electoral a la derecha en más de dos décadas. Pese a que el de Lenín Moreno fue un gobierno escorado a la derecha, el hecho de que las fuerzas verdaderamente representativas de ese espectro ideológico –como el Movimiento Creando Oportunidades (CREO) y el Partido Social Cristiano (PSC)– hayan obtenido el triunfo electoral marca un hito en la política ecuatoriana y expresa un nuevo contexto histórico al que los espacios de izquierda y progresistas deben prestar atención.

En su tercer intento electoral, el banquero Guillermo Lasso logró imponerse por casi cinco puntos sobre el correísta Andrés Arauz. A pesar del escrutinio final, tanto los resultados presidenciales de primera vuelta como la composición de la Asamblea Nacional revelan que la configuración del tablero político es bastante más compleja que lo que indica la mera elección del binomio Lasso-Borrero. Esto da un peso significativo a las izquierdas en la oposición al futuro gobierno, de perfil neoliberal, tanto dentro como fuera de los juegos políticos partidarios.

Ecuador vive un contexto difícil: el aumento de la pobreza, el desempleo agudizado en medio de la crisis sanitaria y la muy deficiente gestión del gobierno saliente son las señas de este tiempo. Diversos informes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ubican a Ecuador como uno de los países en América donde más aumentó la pobreza extrema en medio de la pandemia. 

Los principales actores partidarios de la izquierda son hoy el Movimiento Revolución Ciudadana, liderado por el ex-presidente Rafael Correa, y el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, el brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Aunque ambos espacios sostienen coincidencias en su oposición al neoliberalismo, han sufrido históricos desencuentros que es necesario relevar para comprender la situación de la izquierda institucional ecuatoriana. Por fuera de ellos, sin embargo, también hay una importante vitalidad: la que otorgan los movimientos sociales. Estos serán, en el actual contexto, decisivos para el devenir de la izquierda. Su cercanía o no a estas dos organizaciones político-partidarias dependerá en buena medida de cómo se sigan decantando sus distancias o cercanías con el gobierno que hoy comienza sus funciones.

El triunfo de Moreno –como candidato del correísmo– en las elecciones presidenciales de 2017 por menos de tres puntos sobre Lasso supuso para la fuerza gobernante fundada por Rafael Correa la superación de una fase de declive. En aquel contexto, el triunfo dejaba en suspenso la necesaria autocrítica sobre el déficit de política en la gestión, en la medida en que su base de sustento se distanciaba cada vez más de organizaciones y movimientos sociales. Sin embargo, el triunfo fue de cortísimo aliento. Moreno optó por gobernar con un plan agresivamente neoliberal, acompañarse de actores empresariales, de la banca y las corporaciones mediáticas, y contar con el soporte de CREO y PSC en el Poder Legislativo, a la vez que generaba la implosión del movimiento político Alianza PAIS con el que había accedido a la Presidencia.

La primera expresión de oposición al gobierno de Moreno nacía de la fractura de su propia fuerza política. El bloque de legisladores de la Revolución Ciudadana (30 de 74 asambleístas electos) se mantuvo en la línea del plan de gobierno votado en 2017 y constituyó una pieza fundamental de configuración de discurso y acción política contra el ajuste: votó orgánica y sostenidamente contra las iniciativas legislativas de apoyo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), e incluso por fuera de los medios tradicionales, no dejó de batallar y argumentar para fortalecer a la oposición al gobierno de Moreno. No es posible hablar de la vigencia y resistencia del correísmo sin su acción. Esta fuerza (sin personería jurídica) se desempeñó en condiciones de constante persecución y proscripción, toda vez que sus varios intentos de formación de movimientos políticos fueron bloqueados con argumentos poco sólidos desde el Consejo Nacional Electoral (CNE). En este marco, el bloque de legisladores de la Revolución Ciudadana ejerció oposición prácticamente en solitario hasta el último semestre de 2019.

El movimiento Pachakuitk ocupó, en cambio, un lugar diferente en la oposición a Moreno. Gracias a la dinámica de diálogo convocado por el gobierno y la coincidencia en el anticorreísmo, tanto la Conaie como Pachakutik se mantuvieron inicialmente cerca del gobierno. De hecho, una de las escenas inaugurales y altamente simbólicas de la ruptura entre Correa y Moreno sucedió cuando el presidente anunció en acto público que restituía el comodato del terreno de la sede de la Conaie, que Correa había suspendido en 2015, esta vez por 100 años. Correa calificó el anuncio como un desaire y un acto de deslealtad de Moreno, quien arrancaba un capítulo de diálogo con el movimiento indígena ecuatoriano. Integrantes de este movimiento ocuparían un cargo ministerial como la Secretaría del Agua y una consejería en una institución con altísima incidencia como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), órgano que nombra a las principales autoridades de control.

La gestación de la ruptura entre Pachakutik y el gobierno de Moreno llegaría a mediados de 2019 con la movilización nacional que tuvo su combustible definitivo en el decreto 883, que eliminaba el subsidio a los combustibles. Esta movilización, que fue masiva y diversa, fue reprimida ferozmente por el gobierno, con un saldo de 11 muertos, 1.340 heridos y 1.230 detenidos (75% de ellos liberados por no cumplir los requisitos legales para ser apresados). A los diversos informes que exhibieron la violencia y las arbitrariedades, se sumaron los del movimiento indígena, el bloque de la Revolución Ciudadana y la Comisión Especial para la Verdad y la Justicia, que reportaron judicializaciones, encarcelamientos ilegales, violaciones sexuales y exiliados.

En los diálogos televisados entre el gobierno nacional y los dirigentes indigenas quedó en evidencia su inconformidad por el incumplimiento de acuerdos en el marco del diálogo nacional, pero sobre todo quedó sentada la voluntad de defender no solamente sus intereses sino los de las grandes mayorías. Esto se pondría de manifiesto cuando el Parlamento Plurinacional de los Pueblos, así como diversas organizaciones y colectivos sociales, elaboraron un plan de gobierno alternativo para Ecuador con el nombre «Minga por la vida». Los gestos y acciones hacían pensar en la posibilidad de amplias confluencias entre el movimiento indígena y el correísmo. Sin embargo, precisamente el momento posterior a octubre se constituyó en el primer aviso de que, incluso en el marco de la profundización del ajuste y de la vocación autoritaria gubernamental, las tensiones, desconfianzas y falta de reconocimiento mutuo entre el movimiento indígena, el correísmo y otras expresiones de izquierda seguirían siendo más fuertes que las coincidencias. La configuración de un bloque unido parecía imposible.

Por su parte, la derecha mostró una unidad más sólida, no solo blindando al gobierno en su guion para tratar a movilizados como el «enemigo interno», sino incluso exacerbando el tratamiento racista e invocando a ejércitos patrióticos de defensa de la propiedad y «la ciudad». Tanto el PSC como CREO mostraron su rostro de derecha radical durante y después de las jornadas de movilización. La pandemia les permitió incluso recuperar y profundizar aún más las medidas contra las que el pueblo había salido a las calles y sufrido semejante represión, como la liberalización del precio de los combustibles, la legislación en favor de la clase empresarial y el pago anticipado de deuda (en contraste con el recorte a lo largo de su gestión en el sector de la salud). El desprecio por la vida quedaría además demostrado en la gestión de la crisis sanitaria, provocando un exceso de mortalidad tal que ubica a Ecuador como el segundo a escala mundial en este indicador.

En consonancia con las dinámicas del ciclo político, las elecciones presidenciales vieron llegar una histórica alianza de derechas que llevaba a Lasso como candidato a presidente. Pachakutik y la coalición correísta Unión por la Esperanza (UNES) se mostraban, por el contrario, distantes.

La selección del candidato de Pachakutik no estuvo exenta de tensiones. La decisión de que el candidato fuera finalmente Yaku Pérez no parecía consecuente con las dinámicas y liderazgos gestados en las movilizaciones de octubre. Entre ellos se destacaban dos actores: Leónidas Iza y Jaime Vargas. Ambos parecían capaces de representar los intereses populares y dar un giro al modelo de gobierno. De hecho, en las mediciones de intención de voto para la Presidencia de los primeros meses de 2020 los dos dirigentes se ubicaban casi a la par de Correa y Jaime Nebot (líder social cristiano). Los dirigentes del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) y la Conaie denunciaron procesos poco democráticos en la designación de Pérez como candidato a la Presidencia. La dinámica del partido se imponía a la del movimiento. Según el criterio de un analista cercano a Pachakutik, se habría privilegiado el desempeño electoral en el territorio.

Las tensiones entre el movimiento y su brazo político fueron puestas entre paréntesis y el trabajo orgánico en el territorio quedó en evidencia con la histórica votación obtenida por Pérez en la primera vuelta (19,39%, el mejor resultado del partido en una elección presidencial), con apenas 32.000 votos menos que Lasso, y la obtención del segundo bloque en la Asamblea Nacional (26 legisladores). Su candidatura quedaba reforzada, además, por el apoyo de 80% de los votantes contra las actividades mineras en el páramo en el referéndum organizado en la ciudad de Cuenca.

El CNE tuvo un manejo poco prolijo tanto en la transmisión de resultados de conteo rápido el día de las elecciones como en el tratamiento de impugnaciones del resultado. Procuró un diálogo televisado entre Lasso y Pérez con el acompañamiento de la misión de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA). En el debate, los dos candidatos coincidieron en su retórica anticorreísta y dejaron sentado que, por el bien de la democracia, llegaban a un acuerdo sobre las condiciones de revisión de actas. El acuerdo se rompió pocos días después, y la proclamación de resultados se hizo en medio de denuncias de fraude por parte del movimiento indígena y Pachakutik. 

El correísmo, articulado en UNES, vivió hasta último momento intentos de descalificación de su binomio. Con gran vocación de resistencia pero casi ninguna de ampliación hacia otros sectores, llegó con un candidato que, si bien era desconocido y no tenía mayor trayectoria política, procedía de la matriz de la Revolución Ciudadana. Andrés Arauz, un joven tecnócrata, llevó adelante una campaña afincada en la retórica de los años de gobierno anteriores y en la fuerza del líder. Los resultados de la primera vuelta dejaron ver a una fuerza electoral vigente, no solo por la ventaja de 13 puntos respecto al segundo, sino también por haber obtenido el primer bloque de legisladores (49 escaños). Pero para competir en la segunda vuelta, Arauz debía ampliar su base de apoyo y renovar su discurso.

En el balotaje, sin embargo, se recreó el distanciamiento con otras fuerzas políticas y el anticorreísmo se convirtió en la razón para que actores progresistas no se sumaran ni pidieran el voto por el binomio Arauz-Rabascall. UNES logró el apoyo de algunas organizaciones sociales, de dirigencias de nacionalidades amazónicas e incluso de Jaime Vargas, presidente de la Conaie. Sin embargo, este apoyo llegó en un momento de fuertes fricciones internas y no supuso, en estricto rigor, el apoyo de la organización.

Para la segunda vuelta, Pachakutik y la Conaie llamaron al «voto nulo ideológico» con la consigna «Ni Lasso, ni Nebot, ni Correa», tal como reza el cierre del plan de gobierno alternativo «Minga por la vida». El 11 de abril, 16% de la población votó por esta consigna. Se trata del porcentaje más abultado de voto nulo registrado en elecciones presidenciales de segunda vuelta. Un resultado que, según algunos análisis, habría favorecido el triunfo de Lasso.

Luego de los resultados finales, Arauz manifestó –como ya lo había hecho en varios momentos de la campaña previa a la segunda vuelta– la necesidad de construir una «nueva mayoría», un «bloque histórico» con el «progresismo, la plurinacionalidad, la socialdemocracia». Aludía no solamente a Pachakutik, sino también a Izquierda Democrática (ID), un partido de larga data que ocupó la Presidencia a finales de la década de 1980 y que reapareció en escena con un candidato outsider –el empresario Xavier Hervas–, un discurso con énfasis en la economía del emprendimiento y guiños a las demandas de derechos de las organizaciones de mujeres y de la comunidad LGBTI. Con 18 asambleístas, tras lograr el cuarto lugar en las presidenciales (16% de votación), ID se convirtió en un actor a tomar en cuenta, aunque sus propuestas y su discurso no dejan señales muy nítidas de que se trate de una fuerza con la cual la izquierda pueda sumar.

El discurso de cierre de Arauz contrastó fuertemente con el de Correa, quien expresó la necesidad de «dar gobernabilidad» al presidente entrante y, sobre todo, promovió un acuerdo (del que se empiezan a conocer detalles en estos días) con el bloque de derecha –CREO y PSC– para la elección de principales autoridades de la Asamblea Nacional. Además de la necesidad de darle salida a la crisis del país, se habría dejado sobre la mesa el pedido de conformación de una «comisión de la verdad» para revisar los procesos judiciales que han afectado a varios cuadros políticos de la Revolución Ciudadana. La decisión y conducción de tales acuerdos bajo el liderazgo del ex-presidente Correa dejaría entrever claramente un lugar de segundo orden del candidato y hasta ahora presidente del movimiento Arauz, así como de sus líneas de discurso respecto al comienzo de la reconstrucción del poder popular, la autocrítica o la renovación de la política.

De parte de Pachakutik, se envió una oferta similar, «de gobernabilidad democrática» al nuevo gobierno. Con ello, las dos fuerzas más importantes de la izquierda, lejos de constituir un bloque común, optaron por posicionar discursos y acciones políticas ofreciendo, en competencia, gobernabilidad a Lasso. De esta forma, los actores que cogobernaron con Moreno para la implementación de políticas combatidas en octubre de 2019, aquellos que lo legitimaran y acompañaron su discurso de signar a las dirigencias del movimiento indígena y la Revolución Ciudadana como incendiarios y golpistas, se volvieron ahora apetecidos socios.

El primer intento de lograr la Presidencia de la Asamblea veía confluir a PSC, CREO y el correísmo, pero el partido gobernante a última hora falló a su palabra. La elección la ganaría, así, Guadalupe Llori, de Pachakutik, con los votos de CREO e ID. Se trata de una mujer amazónica que sufrió la prisión durante el gobierno   , bajo acusaciones de terrorismo y sabotaje.

Fruto de este resultado y acuerdo del que quedarían fuera, tanto Nebot como Correa han afirmado que el de Lasso es un mal inicio y, sobre todo, lo han acusado de no tener palabra. Antes del inicio del gobierno ya se ha roto también la alianza entre PSC y CREO. Está claro que el presidente tendrá que lidiar con la dura retórica de ambos líderes nacionales. Pero el juego político fundamental ahora no está en ello. Pachakutik, además de la Presidencia de la Asamblea, tiene tal capacidad de incidencia que cuenta –junto con ID– con mayoría en el Consejo de Administración Legislativa (CAL), órgano fundamental, pues tiene como funciones y atribuciones la planificación de las actividades de la Asamblea, la tramitación de reformas constitucionales, la calificación de los proyectos de ley y las solicitudes de indulto y amnistía. Además, el partido indígena preside la Comisión de Régimen Económico que tiene la atribución de tramitar reformas tributarias que resultarán necesarias para la gestión de las finanzas del gobierno en el marco del acuerdo con el FMI. Pachakutik es un actor con suficiente poder para resistir el ajuste, si esa es su voluntad política.

La configuración de este escenario y el del protagonismo de los movimientos sociales en la potencial oposición al gobierno a escala nacional tendrá un elemento fundamental en las próximas elecciones en la Conaie, donde entrará nuevamente en cuestión el protagonismo de Leónidas Iza. Yaku Pérez, quien según se anticipaba desde antes de las elecciones de abril podría disputar también la presidencia de la organización, se ha separado de Pachakutik por los acuerdos de este con el partido de Lasso, advirtiendo que hubo fraude en la primera vuelta, reivindicando ser una «tercera vía» y aclarando que no se retira de las organizaciones del movimiento (Conaie y la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador), pero sí de la política electoral. Su discurso en esta renuncia, ya fuera de la contienda, tuvo líneas más claras de oposición a la «derecha neoliberal» que las esbozadas en su campaña.

Si frente al gobierno de Moreno fueron fundamentales el correísmo en el Legislativo y el movimiento indígena en las movilizaciones, se abre entonces el interrogante sobre cuál será la capacidad de incidencia de la Revolución Ciudadana en el juego legislativo, con escasa presencia en la directiva y en las presidencias de comisiones claves, y cuál será el lugar de la Conaie para irradiar línea discursiva, ahora que su brazo político ha acordado con CREO para hacerse del poder en la Asamblea y tener los espacios más relevantes en ella.

Si todo lo transitado y actuado hasta ahora por los actores partidarios de izquierda ha sido para procurar gobernabilidad en nombre de las profundas crisis que vive el país, ¿cuáles serán los repertorios y qué peso tendrá el clivaje correísmo/anticorreísmo a la hora de confluir para defender y profundizar la democracia, que ha sido gravemente lesionada durante el gobierno que termina?

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¿Qué es y qué quiere la nueva izquierda chilena?

Las elecciones chilenas del 15 y 16 de mayo provocaron un derrumbe electoral de la derecha y dejaron ver la emergencia de candidaturas independientes. Pero, al mismo tiempo, los triunfos de la izquierda articulada en torno del Frente Amplio y del Partido Comunista, tanto en la Convención Constitucional como en alcaldías claves, dejaron ver el peso de la generación que se politizó en las protestas estudiantiles de 2011. Muchos de ellos asumirán ahora tareas de gobierno en el nivel local y tendrán un papel significativo en la redacción de la nueva Carta Magna.

 

En 2016, una incipiente coalición sacudió la política chilena con una inesperada victoria en el municipio de Valparaíso. Al año siguiente, pese a que los pronósticos electorales no eran auspiciosos, la nueva coalición logró consolidarse con un sorprendente resultado en las elecciones presidenciales y parlamentarias (en las que obtuvo 20 diputados y un senador). 

El Frente Amplio (FA), cuyos jóvenes liderazgos habían emergido al calor de las movilizaciones estudiantiles de 2011, incluía una diversidad de colectivos y partidos de un amplio espectro político e ideológico. Luego de su éxito inicial, abundaron las especulaciones sobre su capacidad para seguir creciendo e incluso convertirse en fuerza de gobierno. Los primeros dos años del FA estuvieron marcados por quiebres y pujas internas que fueron erosionando su imagen. En medio de estas trifulcas, hacia finales de 2019, Chile vivió un estallido social sin precedentes, que llevó a millones de personas a la calle e hizo caer abruptamente la aprobación del gobierno de Sebastián Piñera y produjo una fuerte erosión de la institucionalidad política construida en la transición posdictadura. Muchas cosas explicaban este estallido pero un elemento fundamental, sin duda, era una crítica sin cuartel a todos los partidos del sistema político y una denuncia de los puntos ciegos de la transición democrática. En un comienzo, parecía que las críticas a los partidos tradicionales podían traducirse en un apoyo a las nuevas organizaciones del FA, pero no fue así. Quienes habían sido impugnadores del orden político precedente se vieron a su vez apuntados por la ciudadanía. 

El golpe más duro a la nueva coalición se dio luego de que varios de sus principales dirigentes pusieran sus firmas y las de sus partidos para un acuerdo transversal de la política que habilitaba el comienzo de un proceso constituyente que canalizara institucionalmente las demandas sociales. Para lograr ese acuerdo se realizaron concesiones, como aceptar que los artículos de la nueva Carta Magna se aprobaran con dos tercios de la Convención Constitucional, lo que daría más poder de veto a los sectores conservadores.

Algunos en el FA vieron esta firma como una traición. Una serie de quiebres redujeron significativamente la presencia parlamentaria de la coalición. El último golpe ocurrió cuando, luego de que se confirmara una nueva alianza con el Partido Comunista (PC), cuatro diputados abandonaron la organización. Varios medios de comunicación se apresuraron a declarar la muerte del FA, asegurando que lo que quedaba de él sería absorbido por la identidad PC. Entre la propia militancia del FA empezó a instalarse la pregunta de si su destino sería ser la primera coalición del nuevo orden político que comenzaba a nacer con el estallido social, o la última de un orden en declive.

Este fue el telón de fondo de las elecciones del 15 y 16 de mayo, en las que se eligieron los integrantes de la Convención Constitucional, alcaldes y gobernadores. Varios analistas pronosticaron (basados en algunas encuestas, elecciones previas y proyecciones) una elección sin sobresaltos, marcada por el voto de los mismos electores de siempre, que les habían dado sendas victorias a los dos bloques principales de la política chilena en los últimos 30 años. Por un lado, la coalición de centroizquierda, heredera de la Concertación de Partidos por la Democracia que lideró el proceso de transición para terminar con la dictadura de Augusto Pinochet. Por otro lado, la coalición de derecha que se construyó originalmente como defensa del legado de la dictadura, pero, con el pasar de los años, intentó (con algún éxito) exorcizar esa marca de nacimiento. Los analistas no podían estar más equivocados.

El Tribunal Electoral ni siquiera ha terminado de certificar las elecciones, pero ya está claro que esta elección ha constituido un verdadero terremoto para la política nacional. En la Convención Constitucional se dio un colapso de la votación de derecha, articulada en el bloque Chile Vamos, que la llevó a cerca de 20% de los votos (en 2017 el actual presidente de derecha, Sebastián Piñera, había ganado la segunda vuelta de la elección con 54%) y un desplome en la votación de la lista de centroizquierda tradicional (la lista del Apruebo), que incluye al Partido Socialista, la Democracia Cristiana y otras fuerzas de centroizquierda. 

Quizás el ejemplo más notorio de esta crisis fue el de la Democracia Cristiana, que solo logró elegir a un militante de sus filas para la Convención Constitucional (el presidente del partido). La principal sorpresa la dieron cientos de candidatos independientes que resultaron elegidos. De los 155 miembros de la Convención, 103 no tienen militancia política. A diferencia de los dos bloques tradicionales, el recientemente estrenado bloque de izquierda del PC con el FA logró mantener e incluso crecer en presencia, superando a la lista de centroizquierda (articulada en el bloque Apruebo) en número de constituyentes. Sin embargo, la mayor sorpresa se dio en las elecciones municipales que se hicieron en paralelo. En ella el PC, pero sobre todo el FA, lograron arrebatarle populosas e icónicas municipalidades a la derecha. Desde comunas populares hasta algunas de clase media alta, la propuesta de esta coalición logró concitar un apoyo sorprendente. En comunas que incluían icónicos puestos alcaldicios de la derecha, como el de la comuna de Santiago centro, donde se encuentra el edificio de la Moneda, y Maipú, la segunda comuna con más habitantes de la Región Metropolitana, el triunfo fue innegable. En estas comunas fueron electos Irací Hassler, de 30 años y del PC, y Tomás Vodanovic, también de 30 años y del FA, al igual que Javiera Reyes en Lo Espejo. A estos resultados, se suman triunfos en Viña del MarValdivia y otras localidades.

Varias de estas victorias son sorprendentes porque se dan justamente en el espacio municipal. Estas elecciones históricamente han estado marcadas por redes clientelares y máquinas partidarias consolidadas, que han hecho difícil el arribo de terceras fuerzas. Además, una de las cosas más llamativas de las victorias del pacto de izquierda es su transversalidad en términos socioeconómicos. Desde comunas populares dominadas por clases trabajadoras, como Lo Espejo, hasta de clase media alta como Ñuñoa, donde ganó la Alcaldía Emilia Ríos (32 años, del FA), se recorre prácticamente todo el escalafón social de la ciudad capitalina, y ambas han quedado en manos de alcaldes de la nueva coalición de izquierda. Incluso en la comuna de Las Condes, icónica residencia de las clases altas del país y reducto de votos de la derecha, una candidata del FA, Isidora Alcalde, logró ser electa al concejo municipal.

Las razones de este arribo masivo a las municipales son diversas. Sin duda, una parte central recae en la crisis política desencadenada desde el estallido social de 2019, que se ha materializado en una demanda de renovación de la política, junto con una desconfianza profunda frente a la política tradicional. Pero también parece haber algo en la oferta política de la coalición de izquierda que la hizo particularmente atractiva en este escenario.

El primer elemento que tienen en común los candidatos municipales exitosos es el trabajo territorial y una trayectoria vinculada a las comunas por las que compitieron. Activistas locales, concejales, encargados territoriales de las diputaciones: esas son las experiencias que marcan los años previos de todos ellos. Mientras los medios y el debate público habían estado marcados por las trifulcas, quiebres y renuncias de las vocerías nacionales en el Parlamento, estos jóvenes estuvieron «haciendo la pega», trabajando con las juntas de vecinos, organizaciones de pobladores, medios locales y distintas expresiones sociales organizadas en estas comunas. Además, son todas candidaturas que tuvieron un especial cuidado en generar programas participativos en las comunidades que los habían visto trabajar durante los años anteriores. Esto explica en gran medida que hayan podido contrarrestar el sentido clientelista de las elecciones municipales, dominado por los grandes partidos, que solía funcionar como cortafuegos. 

Otro elemento que marca a los nuevos líderes comunales es su juventud. En general, tienen, como mencionamos, en torno de 30 años. Políticamente, es la primera vez que varios de ellos asumen un rol de dirigencia institucional, aunque muchos tuvieron experiencias en el movimiento estudiantil. En este sentido, ha sido clave la experiencia de la movilización estudiantil de 2011. Aquello es relativamente obvio en el caso del FA, pero se repite en el PC. Las dos nuevas alcaldesas del PC en la Región Metropolitana (Lo Espejo y Santiago Centro) fueron dirigentes estudiantiles de la Universidad de Chile. En este sentido, las actuales elecciones reflejan en el nivel municipal un fenómeno ya observado en el Parlamento. Se trata del arribo de una nueva generación de dirigencias, ya sea en el FA o en el PC (el caso más conocido es el de Camila Vallejo, también ex-dirigente estudiantil de la Universidad de Chile).

Junto con la juventud, es notoria la presencia de liderazgos femeninos y feministas. Varias de las recientemente electas alcaldesas tuvieron roles protagónicos en la marea feminista que surgió en Chile en 2018 y ha logrado penetrar profundamente en el debate público (la Convención Constitucional fue electa con estrictas normas de paridad, que aseguraron igual participación de varones y mujeres). De este modo, no es de extrañar que, por ejemplo, el lema de campaña de la candidata a alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos, estuviera centrado en «traer el feminismo al municipio».

Finalmente, un aspecto llamativo de varias de estas candidaturas exitosas es que se trata de jóvenes profesionales, varios graduados en las mejores universidades del país. Por un lado, estas candidaturas encarnan el surgimiento de la nueva clase media chilena, marcada por el acceso masivo a la universidad. Por otro lado, también les han permitido a las candidaturas de izquierda, tradicionalmente atacadas en los espacios locales por su supuestamente escas capacidad de gestión, mostrarse como una alternativa de excelencia administrativa, ante casos de ineficiencia, inoperancia o franca corrupción de los gobiernos comunales.

¿Por qué votaron quienes votaron por la coalición del FA y el PC? Específicamente, una de las preguntas que ha surgido luego del resultado electoral es cuál es esa identidad del FA que, contra los pronósticos, estuvo lejos de ser absorbida en la reciente coalición con el PC. Al parecer, los electores sí percibieron una identidad propia del FA, que en lugar de diluirse en la identidad comunista, se vio como complementaria. Es una identidad claramente diferente de la de 2017, que era políticamente más difusa y definida en oposición a los bloques tradicionales. En este sentido, el «nuevo» FA tiene menos amplitud política, pero más profundidad social. Además, la firma del acuerdo que dio inicio al proceso constituyente ha quedado ineludiblemente asociada a su marca. Lo que algunos veían como un pasivo ha terminado consolidando una imagen de FA más maduro.

Si el PC ha tomado el rol impugnador que antiguamente tenía el FA, este ahora se consolida en su posición crítica, de renovación desde la sociedad organizada, claramente posicionada en la izquierda, pero anclada en un sentido republicano de democracia y diálogo. Tanto es así que una de las figuras protagonistas de la firma del acuerdo político que alumbró la Convención Constitucional, el diputado y ex-dirigente estudiantil Gabriel Boric, se ha alzado como su carta presidencial para las elecciones de noviembre de este año.

Algunos de quienes daban al FA por muerto y enterrado ahora le asignan un rol crucial como articulador entre «lo nuevo» y «lo viejo» en la política nacional. Por otro lado, si bien este nuevo FA se ve más consistente ideológicamente y sus principales liderazgos parecen haber madurado al calor de las crisis y derrotas de los últimos años, todavía no es claro cómo enfrentará este nuevo ciclo político, ahora que ha consolidado su posición. Aunque ha comenzado a emerger un incipiente sentido de militancia frenteamplista, antes completamente ausente, las tendencias centrifugas y la propensión a los quiebres de las frágiles instituciones partidarias que lo componen siguen allí. 

Será un gran desafío para el conglomerado superar estas tendencias, en medio de la vorágine que ha traído el nuevo escenario político chileno. Además, por mucho que los recientes resultados reflejen una mejor posición relativa en la evaluación que hace la población de esta coalición, el FA no escapa de buena parte de las críticas y denuncias dirigidas a los partidos y al sistema político. En este sentido, una pregunta urgente es cómo afianzar e integrar las nuevas fuerzas que están naciendo desde el estallido en forma de candidaturas independientes y que han sido las grandes ganadoras de las elecciones. 

El FA y la nueva izquierda chilena todavía está muy lejos de haber logrado generar mayorías nacionales consistentes que puedan gobernar el país. En cualquier caso, parece que lo que el FA sí se ha ganado es la oportunidad de ser parte del nuevo capítulo de la política chilena. Ahora tendrá que demostrar que, más allá del trabajo territorial y la movilización electoral, es capaz de gestionar exitosamente los nuevos municipios que gobierna. Los electores han decidido darle una oportunidad para mostrarlo, pero no dudarán en abandonarlos si fallan. Además, las elecciones parlamentarias y presidenciales, que se realizarán en pocos meses, serán un importante termómetro de cuán consolidada está la apreciación del FA en la opinión popular. No hay ninguna certeza al respecto. Un conglomerado que ha demostrado convicciones firmes y acertadas puede perfectamente errar. «La duda debe seguir a la convicción como una sombra», es la cita de Albert Camus que Boric suele parafrasear como mantra. Un buen resumen del desafío que se le plantea a la renovada nueva izquierda chilena.

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Franco Berardi

Franco "Bifo" Berardi, activista emblemático del movimiento insurreccional italiano del 68

En La segunda venida, su libro que acaba de editar en Argentina, si bien habla del fin del mundo, en un sentido más o menos metafórico, también se pregunta si es posible cambiarlo para mejor.

La de Franco Berardi --teórico y activista emblemático del movimiento insurreccional italiano del 68, mejor conocido como “Bifo”-- es una filosofía en llamas. Un pensamiento que por su pretensión de hablar de las cosas mientras pasan a veces lo pone en peligro de pecar de filósofo-pitonisa, o de agorero. Dice que falta desacelerar y pensar. Parafrasea a Marx a contramano: pide que volvamos a interpretar el mundo, antes de transformarlo. Ejercer la crítica es, dice Bifo, un desafío en tiempos en los que la información va más rápido que la capacidad de procesarla. Hace tiempo que se preocupa por los modos en los que la aceleración informática está cambiando la sensibilidad y la capacidad de deliberación.

En La segunda venida, su libro que Caja Negra acaba de editar en Argentina, si bien habla del fin del mundo, en un sentido más o menos metafórico, también se pregunta si es posible cambiarlo para mejor. ¿Es todavía viable la convivencia y la empatía en un contexto de guerra civil global, de efervescencia neofascista y de lo que Berardi llama “apagón de la sensibilidad”, una ola de “idiotez propagada por el mundo” en forma de “rebeldía contra la ciencia y la razón”? El estado de situación que describe es la caída de “la ilusión neoliberal” que arrastra hacia “una obsesión con la política indentitaria” (los neonacionalismos, los racismos). “¿Cómo podemos pensar en recomponer un cuerpo tan disgregado, una mente tan miedosa?”, se pregunta Berardi en diálogo con Página12.

En los 70 Berardi participó de la creación de la pirata Radio Alice, una de las más famosas experiencias europeas de comunicación cooperativa. Hacia finales de los años 70 fue arrestado, en el contexto de las persecuciones contra militantes de la autonomía obrera, la radio fue clausurada y Bifo terminó exiliado en París, donde se vinculó con Félix Guattari y a Michel Foucault. Durante los 80 vivió en Estados Unidos, empezó a investigar sobre el cyberpunk. En 2002 fundó TV Orfeo, la primera televisión comunitaria italiana. Hoy, trabaja como maestro de escuela media en el Instituto Aldini Valeriani, en Bolonia. Este libro es la aventura de un diagnóstico. Y también un manual de instrucciones para lidiar con un mundo zombi, que Berardi describe como el ejército de autómatas --que somos todxs-- sin tiempo ni capacidades cognitivas suficientes para elaborar la complejidad del mundo contemporáneo. Berardi tiene 68 años y en La segunda venida, relata que vive en el mismo barrio donde vivía cuando era estudiante, hace 50 años. “Prácticamente nada ha cambiado en el paisaje excepto los estudiantes. Los veo desde mi ventana: solitarios, mirando las pantallas de sus smartphone, apurándose nerviosamente para no llegar tarde a clase, volviendo con caras tristes a los costosos cuartos que les alquilan sus familias. Siento su melancolía, siento su agresividad latente en su depresión. Sé que esa agresividad puede brotar y expresarse bajo el estandarte del fascismo. No del viejo fascismo que explotó de energía futurista, sino del nuevo fascismo que resulta de la implosión del deseo, del intento de mantener bajo control el pánico y de la rabia depresiva de la impotencia”.

--La anterior es una cita que sin duda lleva a la pregunta: ¿No hay en esos modos de conexión --por su globalidad, por su velocidad-- posibilidades emancipadoras?

--Claro que sí, claro que hay enormes potencialidades de emancipación tanto en los medios digitales como en el progreso técnico en general. Pero la transformación técnica y mediática implica una mutación antropológica, y particularmente psíquica, que tenemos que valorar. Seguramente yo me pierdo mucho del potencial de la nueva tecnoesfera, pero la generación que más sufre es la nueva. Hay toda una literatura (pienso en el libro de Jean Twenge sobre la generación hiperconectada, por ejemplo) que muestra cómo la mutación conectiva está produciendo una ola de psicopatía que golpea sobre todo a la generación que aprendió a decir más palabras gracias a una máquina que a la voz de la madre.

--Dice que a la humanidad no le queda alternativa: comunismo o extinción. Nos invita a prepararnos a cuando acontezca lo imprevisto, la irrupción de un neocomunismo que poco tiene que ver con el de 1917. Pero no dice cómo llegaremos a él...

--Marx ha dicho, no me acuerdo cuándo, que no le interesaba escribir recetas para el restaurante del porvenir. Y, de hecho, no se puede encontrar una descripción utópica del futuro comunista en su obra. ¿Por qué? Porque el comunismo no es un estado futuro, es la tendencia posible. No la necesaria --cuidado--, la posible. Hoy, en el agujero negro que se va revelando con la pandemia, y sobre todo después de cuarenta años de devastación sistemática de tipo nazi-liberal, me parece que la perspectiva más probable es un proceso caótico de autodestrucción del género humano. Pero también veo una tendencia hacia la formación de comunidades igualitarias y frugales. Igualdad y frugalidad son los caracteres esenciales del comunismo posible y urgente (pero a nivel mayoritario, no muy probable). Frugalidad no significa sacrificio, ni pobreza. Al contrario, significa una relación concreta con lo útil. Una autonomía en la relación de intercambio abstracto de valor, y autoproducción comunitaria del concreto útil. No hay una tercera alternativa. O la frugalidad igualitaria o la barbarie desencadenada, la violencia totalitaria, la guerra global, la devastación mortífera. Comunismo o extinción.

--Sobre el concepto de conciencia de clase hoy: ¿Existe todavía? ¿Dónde reside hoy la conciencia de clase? ¿Qué formas toma?

--“Conciencia de clase” es un concepto que tenemos que precisar. ¿Qué es? ¿El efecto intelectual de la pertenencia a una clase social? ¿Un efecto determinista? ¿La posibilidad de compartir formas de pensamiento, de comportamiento? No lo sé. Yo prefiero pensar en términos de composición de clase para referirme a la estructura material del trabajo y de la sociedad, y de subjetivación para referirme al proceso de formación de un movimiento fundado sobre la condición material pero cargado de inconsciencia, de mitologías comunes, de imaginación, de deseo. Tenemos que investigar el inconsciente colectivo más que la conciencia de clase. El proceso de subjetivación contemporáneo es el resultado de una larga época de agresión mediática al cerebro colectivo, de disgregación del trabajo, de concurrencia entre trabajadores provocada por la precariedad, y, como si esto fuera poco, el resultado de un largo tiempo de aislamiento, de distanciamiento.

--La pandemia produjo una desaceleración del flujo de información y estimulación permanente. Por lo menos, durante los primeros momentos. ¿Se puede hablar de una desaceleración hoy, un año después?

--La deflación del ritmo cognitivo, psíquico y social es un aspecto que se manifestó claramente al comienzo de la pandemia pero que después nunca desapareció. La mayoría de los trabajadores, y sobre todo de las trabajadoras, no han podido relajarse mucho en la fase pandémica. A pesar del peligro de contagio, han sido obligados y obligadas a continuar con su trabajo. El efecto deflación sigue siendo dominante en la mente colectiva, no solo porque hay muchas cosas que no se pueden hacer, sino sobre todo porque las expectativas de la época neoliberal (crecimiento constante, competencia ininterrumpida, mitología de la energía competitiva y agresiva, mitologías publicitarias) se han visto disueltas. La euforia agresiva producida por la ideología neoliberal no volverá, creo. Solo puede regresar la tristeza agresiva, la rabia depresiva que se manifiesta como histeria de la libertad individualista. La fuerza de la derecha hoy se funda sobre esta tristeza: el fascismo como reacción histérica a la depresión.

--Hablando de subjetivación contemporánea y mitologías... el filósofo francés Jacques Rancière dice que se ha exagerado con respecto al efecto que tienen en ésta las fake news. Que éstas no representan necesariamente un engaño. Dice: No creo que la gente que adhiere a las teorías conspirativas haya sido engañada. Adhieren porque están de acuerdo, su problema no es si es cierto o no, sino si les gusta o no. ¿Qué opina usted?

--Coincido. La noción de fake news está vacía. Siempre ha habido noticias falsas en el discurso público. Hoy hay muchas más porque el volumen de información se ha ampliado. Lo que ha cambiado no es la falsedad del discurso: hay es una crisis de la mente crítica. La crítica no es una facultad natural de la mente humana, se manifiesta cuando la comunicación pública se convierte en comunicación escrita. La crítica deviene una modalidad del discurso público cuando una parte amplia de la población puede leer y releer textos escritos. La crítica necesita del ritmo de la comunicación. Cuando el ritmo de la comunicación se acelera hasta el ruido blanco, la mente pierde su capacidad de distinguir entre lo verdadero y lo falso. No podemos contar mucho con la mente crítica. En el futuro, la capacidad crítica habrá desaparecido de la mente humana, será solo el privilegio de una minoría que pueda leer y abstraerse del ruido.

--Entonces, ¿cómo podemos pensar en producir efectos de solidaridad, de emancipación, si no hay crítica?

--Este es un punto... En el pasado, la mente crítica era la condición de la subjetivación progresiva y solidaria. Hoy creo que solo puede serlo la sensibilidad, un tipo de sentimiento mucho más sutil, que no concierne a la razón, que sobre todo concierne a la emoción, al sufrimiento, al placer. Por eso, me parece que la comunicación política tiene que transformarse en comunicación esencialmente estética, en un sentido más amplio de la dimensión del arte. Estética no es solo la facultad de entendimiento del arte, es también la facultad de entendimiento de la percepción psíquica, del dolor, del deseo...

--Hay una sensación de que la rebeldía y la irreverencia se volvieron de derecha y que la izquierda quedó ligada a la corrección política. O como se ha dicho por ahí: que las izquierdas no aprendieron a hacer memes. ¿Cómo lo ve usted?

--¡No estoy de acuerdo! Todo lo contrario, en los últimos cincuenta años, desde el Mayo Francés hasta al black power, desde el Movimiento Antiglobalización hasta Occupy Wall Street, los memes más poderosos y más significativos han sido el producto del progresismo. La derecha no es ni más inventiva ni más inteligente.

--¿Pero no cree que hay algo de los modos de convocar que está fallando?

--Creo que hoy la derecha puede fundar su comunicación sobre una verdad profunda que la izquierda no sabe interpretar: la impotencia, la agresividad que nace de la impotencia. La derecha habla directamente del sufrimiento de los hombres blancos envejecidos, y de los hombres blancos que son jóvenes pero que están deprimidos y furiosos por su impotencia política, psíquica y sexual. No habla de manera sincera, naturalmente. Habla a los impotentes exaltando la potencia infinita de la raza, de la violencia, del trabajo, de la competencia. La izquierda sigue repitiendo palabras cada vez más vacías sobre la democracia. La democracia está muerta, es un ritual ineficaz cooptado por automatismos técnicos y financieros. Es un ritual inútil porque las condiciones de formación del pensamiento colectivo y de la decisión colectiva son manipuladas por el predominio mediático del capital. La democracia es una condición política buenísima y favorable al progreso social cuando hay fuerza cultural para imponer los intereses de los explotados. Es una metodología. La izquierda transformó la democracia en un valor. Y la democracia no es un valor: es una condición de posibilidad. Y ahora esta condición ha sido destrozada.

--En La segunda venida ha escrito que “en los 60 los partidos de izquierda y los sindicatos vieron en la tecnología un peligro, en lugar de una oportunidad de la cual adueñarse para volcarla en el interés de la sociedad”. ¿Cuál es la actualida-d de este problema?

--El movimiento obrero y progresista percibió a las tecnologías conectivas como un peligro. Lo eran, pero al mismo tiempo eran la condición para entender la nueva composición social. Ahora ya es tarde para entenderlo, porque las nuevas tecnologías ya se han consolidado como infraestructuras de un poder transpolítico. La fuerza y la pertinencia misma de la política se han disuelto. Hoy el problema de la subjetividad social se mide en términos psicoanalíticos, no políticos. No existirá en el futuro el objetivo de gobernar el conjunto de la sociedad. Se pondrá el foco en el problema de proteger comunidades autónomas capaces de vivir en condiciones de aislamiento, pero al mismo tiempo, capaces de interactuar en condiciones de autosuficiencia alimentaria, educacional, tecnológica.

--También dice que la humillación, como concepto, no ha sido tematizadalo suficiente por la teoría política. ¿Por qué es clave hoy? ¿Cómo hacer para ofrecerle a los humillados otras vías de escape que no sean el fascismo?

--Gunther Anders, un judío de Alemania que se casó con Hannah Arendt, ha sido el pensador que mejor entendió estos temas de la humillación como efectos de la omnipotencia de los automatismos técnicos y como causas del fascismo. En los años 60, bajo el influjo de lo que sucedió en Hiroshima y de la proliferación de las armas nucleares, Anders publicó un libro que se titula Die Antiquiert der Menschen. Ahí dice que los hombres perciben la omnipotencia de la máquina (que es un producto de la inteligencia humana) como algo que supera y aniquila la inteligencia humana misma. Ahí hay un núcleo profundo de la humillación como concepto político. A la intuición de Anders hoy debemos añadir una nueva dimensión de la humillación masculina: la impotencia psíquica y sexual vinculada al envejecimiento de la población blanca en el planeta.

Por Dolores Curia

17 de mayo de 2021

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Dos días históricos para consolidar la democracia

La megaelección en Chile de este fin de semana

Luego del estallido social de 2019, que derivó en la realización del plebiscito nacional en el 2020, y de la postergación de los comicios el pasado 10 y 11 de abril debido a la pandemia por la covid19, Chile entra nuevamente en cuenta regresiva para acudir a las urnas. En la megaelección del sábado 15 y domingo 16 de mayo, 14.900.189 electores son convocados para elegir alcaldes, concejales, gobernadores regionales y convencionales constituyentes. La expectativa por la nueva constitución, el contexto pandémico, el deterioro sostenido en la imagen del gobierno y la cercanía de los comicios presidenciales hacen que estas jornadas sean días claves para pensar el futuro de la nación andina.

En 2019 quedó a la vista del mundo que detrás del elogiado “modelo chileno” persistían y se reproducían desigualdades y exclusiones, y que gran parte de la sociedad guardaba un profundo descontento y hartazgo. Lo que comenzó como un reclamo de los sectores estudiantiles por el aumento del pasaje del metro, terminó incorporando sectores heterogéneos sin banderas políticas, que expresaban demandas sociales estructurales de larga data; a tal punto que llegó a avanzar sobre uno de los fundamentos del orden vigente desde la dictadura pinochetista: una constitución sin legitimidad de origen y apuntada como gran responsable de la desigualdad chilena.

La imagen del gobierno de Sebastián Piñera fue en debacle desde el estallido social, y aunque mejoró levemente durante los últimos meses, la aprobación del tercer retiro de fondos de pensiones por parte del Congreso, ratificado por el Tribunal Constitucional luego del rechazo a las impugnaciones del gobierno, y las recientes acusaciones de delitos de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional de la Haya por la violencia registrada durante las protestas del año 2019, convulsionan los últimos meses de su gestión.

Con una confianza en el gobierno que no superaba los diez puntos, el 25 de octubre de 2020 se celebró un referéndum que, con un porcentaje arrollador del 78 por ciento, aprobó la redacción de una nueva Carta Magna por una Convención Constituyente conformada en su totalidad por miembros electos para ese fin. Hoy, siete meses más tarde, más de 1300 candidatos competirán para conformar aquel órgano de 155 miembros que, inéditamente, se constituirá bajo criterios de paridad y contará con 17 cupos para pueblos indígenas. La Asamblea tendrá 9 meses para presentar un nuevo texto constitucional, pudiendo ampliarse por única vez por tres meses más, por lo que, a mediados del año que viene el país tendría un nuevo plebiscito para aprobar o rechazar la nueva constitución.

Según una encuesta del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) del mes de marzo, el 59 por ciento de los consultados manifestaban ilusión respecto del proceso constituyente y, en cuanto a sus ejes prioritarios destacaban la salud, la educación y las pensiones. Dadas las nuevas incorporaciones normativas, y la gran cantidad de postulaciones -2.213 candidaturas independientes, por fuera de los partidos políticos - no es factible anticipar la conformación de la Convención. La fragmentación producida por la falta de unidad de los partidos progresistas chilenos y la proliferación de candidaturas independientes ciudadanas podría devenir en un proceso constituyente que legitime el triunfo del conservadurismo, algo muy alejado a las demandas ciudadanas que llevaron al estallido del 2019.

Los otros cargos a elegir -que originalmente iban a ser electos el 25 de octubre del año 2020- son alcaldes, concejales y gobernadores regionales. Las votaciones respecto de los dos primeros tienden a servir de “termómetro” para las elecciones presidenciales, que suelen ser un año después. Sin embargo, en esta oportunidad, dada la postergación como consecuencia de la pandemia, se realizarán con solo seis meses de diferencia. La otra peculiaridad de esta elección es que las gobernaciones regionales tendrán autoridades designadas por primera vez con voto popular, ya que solían ser elegidos por el Poder Ejecutivo. En caso de haber segunda vuelta, se llevará a cabo el domingo 13 de junio.

Otro de los grandes interrogantes de esta elección es la participación. Esto se debe, por un lado, a la baja que se viene registrando desde la aplicación del voto voluntario, y, por el otro, al contexto de pandemia. Los indicadores en cuanto a la situación de la covid presentan mejoras respecto al momento en que se optó por aplazar los comicios; actualmente, Chile registra cerca de 5.500 casos y 120 muertes diarias mientras que en el mes de abril había vivido jornadas con más de 9.000 infectados, y la vacunación ya alcanzó al 56 por ciento de la población-objetivo. En 2020, y a pesar de la incertidumbre, la participación alcanzó el 50,90 por ciento, siendo la primera vez que supera la mitad del padrón desde que se implementó el voto voluntario.

Días después de estos comicios comenzarán a encaminarse las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales, que contarán con primarias para los partidos o coaliciones el 18 de julio, y se desarrollarán el 21 de noviembre – con una eventual segunda vuelta el 19 de diciembre -. Estas elecciones presentarán un desafío para los partidos políticos, que se encuentran ante el interrogante de cómo canalizar las demandas de una sociedad que ha demostrado tener una baja confianza en los partidos políticos tradicionales, siendo reflejo de ello el importante lugar que tomaron las candidaturas independientes postuladas para este 15 y 16 de mayo, y las movilizaciones espontáneas y sin banderas que dieron lugar a este importante proceso constituyente para la consolidación democrática.

Por Mg. Dolores Gandulfo*

15 de mayo de 2021

* Directora del Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de América Latina y el Caribe (COPPPAL), Directora Ejecutiva de Política Institucional de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y Profesora del Instituto de Capacitación Política del Ministerio del Interior (INCAP).

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Marco Enríquez-Ominami: “Las AFP son el cimiento de la rabia chilena”

El líder del Partido Progresista de Chile apunta contra los fondos privados de pensiones, herencia del pinochetismo

El excandidato presidencial no sólo retorna a la política, sino que está dispuesto a colaborar en una oposición tras las megalecciones de este fin de semana, donde se elegirán alcaldes, concejales, gobernadores y constituyentes.

 

“¿Y vas a ser candidato a presidente?”. Marco Enríquez-Ominami dice que se lo preguntan “todos los días y a toda hora”. Pero dice, con cautela que por ahora su tarea política es “la unidad”. Aunque por eso mismo, si después de las elecciones constituyentes de este fin de semana (donde también se elegirán alcaldes, concejales y gobernadores) se dan las condiciones, “estoy dispuesto a ponerme el overol y ser comandante de la unidad. O lo que haga falta”.

Luego de tres años retirado del debate político y público ha decidido volver, amparado por el Partido Progresista de Chile (PRO) y a nivel latinoamericano por el Grupo de Puebla, reconociendo sus heridas de guerra. “Fui el candidato de ruptura mas votado en la historia de Chile y eso me ha dejado enseñanzas que pretendo usar para no repetir la división de antes. La clave hoy es promover la máxima unidad para una fuerza tranquila de cambio”. En su primera aventura presidencial en 2009 obtuvo un notable 20% (sólo superado por el expresidente Eduardo Frei y Piñera, quien resultó electo). Luego, con casi un 11% y 5,7% su proyecto ha intentado establecerse en medio de una izquierda fragmentada y con movimientos de base universitaria como el Frente Amplio que no pueden llegar a acuerdos comunes.

Su lectura del momento político chileno es que la sociedad se cansó de la alternancia entre la derecha e izquierda que los tenían endeudados debido a una economía que supo crecer vía privatizaciones, desindustrialización y un modelo exportador agresivo. “Todo eso cumplió su ciclo. Y desde el 18 de octubre de 2019 con la revuelta y aún en medio de la pandemia, el pueblo chileno no solo ha decidido ponerse de pie, sino participar del debate económico activamente”, dice.

Actualmente se encuentra inhabilitado de votar por el Servel (Servicio Electoral Chileno) a la espera de un juicio oral en su contra acusado por fraude de subvenciones durante su campaña de 2014. La fecha curiosamente aún no está fijada, al mismo tiempo que el propio Consejo de Defensa del Estado señala su “irreprochable conducta anterior” como atenuante. Incluso el expresidente de Brasil, Lula da Silva, en una carta abierta dada a conocer a fines de abril señaló que ambos han sido “víctimas de la utilización de la justicia como arma de guerra política”.

Pero él está tranquilo. Aunque acusa manos negras proveniente de la clase gobernante (y fiscales y medios de comunicación), dice que esa misma elite política está arrinconada. “Ya no controla el debate como antes. El gobierno está desprestigiado: no logra ser ni árbitro ni protagonista, permanentemente arrastrado por fuertes mayorías sociales que imponen imponen finalmente mayorías legislativas. La oposición está dividida, incapaz de ofrecer una fuerza tranquila de cambio como alternativa”.

Proceso constituyente imperfecto, pero necesario

—¿Cómo ha afectado a tu proyecto político toda esta situación?

—Nosotros somos una fuerza de altibajos. Hemos sido tercera fuerte y primera fuerza. Y hemos sido de las más populares y más impopulares. En medio de esto hemos sido consistentes en defender desde siempre la asamblea constituyente. Por lo tanto, hoy somos parte lo que una mayoría de los chilenos que apoyan el retiro de las AFP (Administradoras de fondos de pensiones) como solución insuficiente, pero incluso mejor que la mezquindad de este gobierno con sus subsidios diminutos e hiperfocalizado. Pero también somos mayoría porque la mayor parte de Chile se ha sumado a una nueva constitución.

—Algunos sostienen que el acuerdo de noviembre de 2019 que nos lleva a la constituyente fue una salida apurada a una crisis de gobernabilidad.

—Nosotros no suscribimos ese acuerdo de paz porque nos pareció equivocado el origen que se impuso: de distritos, no de listas regionales. Y también la regla de los dos tercios, que le devuelve a la derecha oligárquica el poder de veto sobre las grandes transformaciones que se piden en Chile. Además, esta mal hecho el cronograma: vamos a elegir una constituyente y en medio de ella un nuevo poder legislativo y ejecutivo. Y vamos a tener que esperar un año más para que se confirme la Constitución vía plebiscito.

—Al final la Nueva Constitución se desarrollará entre medio de otras elecciones.

—Aun así, consistente con lo optimista de todo progresista estamos apoyando este recorrido imperfecto para que salga lo mejor posible. La clase política sigue creyendo que puede controlar el sentido común desde La Moneda o el Congreso, pero en Chile se acabó la confianza, se volvió un bien escaso, ya sea con la iglesia, policía, militares, congreso, partidos, gobiernos. Nunca había sido tan grave una crisis institucional. En la oposición estamos en deuda y tendremos que corregirlo. Creemos que este proceso constituyente es imperfecto, pero necesario

“Que el presidente se dedique a las vacunas”

—La covid-19 fue una especie de extraña pausa a la inestabilidad social que dejó al descubierto lo que estaba tras el enojo: la imposibilidad estructural del estado (y de los privados) de responder a crisis inesperadas.

—Creo que las AFP son el cimiento de la rabia chilena. Y la pandemia junto a este estado de catástrofe que conocemos hace más de un año, el más largo de la historia, ha permitido al gobierno de Piñera resistir. Un gobierno que estuvo a punto de caer. Nuestra propuesta como Progresistas es que el presidente de Chile se dedique a vacunar, que es lo único que sabe hacer más o menos bien. Porque no ha sabido proteger a su pueblo ni garantizar un mínimo estado de derecho. ¡Que se dedique a las vacunas y al día siguiente de la elección constituyente empieza un gobierno de transición democrática.

—Me llama la atención también cierta explicación de los medios e intelectuales que insisten en esa idea de los 90: que el país llegó al desarrollo gracias al consumo y que las mismas personas que hacen cola para comprar ropa en H&M después andan protestando. ¿Qué piensas de esto?

—Ese milagro chileno, autoproclamado como jaguar, animal que salta y está en extinción, iluminó a América Latina, convirtiéndonos en el mejor alumno del barrio y el peor compañero en materia económica, que arrancó a Asia para reducir la pobreza y que, efectivamente produjo altas tasas de crecimiento en los 90, sostenidas durante tres décadas por la vía de dos secretos: deuda privada y retail. Es impresionante que la deuda de los hogares es cerca del 75% según el Banco Central y la del Estado de un 40%. Es decir, hay un estado rico y un pueblo pobre. Ese es el límite que se busca poner: el absurdo de tener las finanzas de un Estado macroeconómicamente impecable y un pueblo sobreendeudado con ingresos bajos y un modelo de exportador basado en pocos productos, poca competencia y poco valor agregado que se resume en cobre, salmón, madera, vino tinto y turismo. 

Por Juan Carlos Ramírez Figueroa

14 de mayo de 2021

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Joe Biden quiere “ganar el siglo XXI” con la clase media estadounidense

Marcó una agenda ambiciosa basada en la creación de empleo y el apoyo a las familias en Estados Unidos

A cien días del inicio de su presidencia el presidente de EE.UU. presentó su agenda antineoliberal y prosindical con un discurso ante las dos cámaras del Congreso.

 

Desde Washington, DC. Pasaron sus primeros 100 días de gobierno y Joseph Biden ahora tiene por delante una agenda ambiciosa. Aspira a una ley que permita una inversión billonaria en infraestructura que permita crear empleos. Quiere otra que brinde apoyo del Estado a las familias. Todo pagado con aportes que vengan del 1 por ciento más rico del país. Su mensaje es claro: dice que esas son las iniciativas que le permitirán a Estados Unidos “ganar la competencia contra el resto del mundo por el siglo XXI”, en la que China aparece como el gran rival.

Biden delineó este plan el miércoles pasado, cuando habló, por primera vez desde su asunción, ante las dos cámaras del Congreso estadounidense. No fue un discurso presidencial normal. Por la pandemia, en el recinto de la Cámara de Representantes solo hubo 200 personas, un número que no incluye ni a la mitad de los legisladores.

La imagen igualmente fue histórica: detrás de Biden se ubicaron las dos presidentas de las cámaras, la vicepresidenta Kamala Harris por el Senado y Nancy Pelosi, tercera en la sucesión presidencial, por la Cámara de Representantes. Fue la primera vez que un mandatario estadounidense estuvo escoltado por dos mujeres en un discurso ante el Congreso. “Era hora”, dijo el demócrata en una de las primeras líneas de su discurso.

Desde el podio de la Cámara baja, Biden dio las definiciones de lo que será su gobierno. Su obsesión parece ser el empleo. Dijo esa palabra 46 veces en su discurso del miércoles, el tercer concepto que más repitió después de “Estados Unidos” y “estadounidenses”.

La piedra angular para generar puestos de trabajo será su Plan de Empleo Estadounidense, un paquete de dos billones de dólares que ya envió al Congreso. Con esto, busca modernizar autopistas, calles, sistemas de transporte e invertir en tecnología de la información, vivienda, construcción y la industria de vehículos eléctricos. Un “proyecto obrero para construir Estados Unidos”, lo caracterizó en el discurso.

No es una novedad en el discurso de Biden. El presidente pasó toda la campaña que lo llevó a la Casa Blanca refiriéndose a la clase media y a sus orígenes en Scranton, una ciudad del cinturón industrial del estado de Pensilvania. “Wall Street no construyó este país. La clase media construyó este país. Y los sindicatos construyeron la clase media”, enfatizó el miércoles.

La segunda iniciativa, que Biden recién anunció esta semana, está enfocada en las familias y en el cuidado de niños. La Casa Blanca la bautizó como el “Plan para las Familias Estadounidenses”, en línea con los nombres de los paquetes que ya presentó. Implica destinar más de dos billones de dólares a cuatro áreas: acceso a la educación, con ingreso a universidades comunitarias incluido; un sistema de cuidado para niños y niñas que sea accesible y de calidad; licencias por maternidad y paternidad, que en Estados Unidos no existen, y un recorte de impuestos para las familias. “La clase media y la gente trabajadora de este país ya están pagando suficientes impuestos”, dijo.

No es el caso de otros sectores del país. Para Biden, esos 4 billones van a gastarse sin incrementar ningún déficit. “Es tiempo de que el uno por ciento más rico de los estadounidenses y el Estados Unidos empresarial empiece a hacer su aporte”, enfatizó. También prometió que la IRS, la agencia fiscal de Estados Unidos, va a tomar “medidas enérgicas” contra “millonarios y billonarios que hagan trampa con los impuestos”. “La economía del derrame nunca ha funcionado. Es tiempo de hacer crecer la economía de abajo hacia arriba y desde el centro hacia afuera”, resaltó el mandatario.

Para el Partido Republicano, las palabras de Biden son motivo de horror y preocupación. “Aburrido, pero radical”, lo definió el senador por Texas, Ted Cruz, quien se quedó dormido en medio del discurso. Para él, el mandatario solamente se dedica a “mantener contentos a los izquierdistas radicales” . “El régimen socialista está aquí”, agregó.

También Mitt Romney, senador por Utah y una de las voces más moderadas del Partido Republicano, cuestionó las iniciativas del presidente. “Representan cuatro veces nuestro presupuesto federal”, se quejó. “No vas a unificar Estados Unidos si solo le hablás al ala progresista de tu propio partido”, añadió.

Sin embargo, aunque los senadores Bernie Sanders y Elizabeth Warren elogiaron las menciones de Biden a los sindicatos y a los sistemas de cuidado en Estados Unidos, el ala más progresista del partido pide más. “Si decís que creés que la atención de la salud es un derecho y no un privilegio, entonces apoyá Medicare para todos”, se quejó en Twitter la congresista Ilhan Omar de Minnesota, en referencia a una iniciativa que el mandatario rechaza.

“No se le da suficiente crédito a los incontables activistas y organizadores cuyo trabajo incansable es la razón por la que apenas estamos escuchando algo esta noche sobre cuidado universal, supremacía blanca como terrorismo, trabajo y salarios dignos. No podemos parar hasta que se haga”, apuntó su colega Alexandria Ocasio-Cortez de Nueva York.

La agenda no tiene un camino fácil en el Congreso ante el que habló Biden. Tal como fueron presentados, los dos paquetes no alcanzarían nunca una votación. No tienen ningún tipo de apoyo del Partido Republicano, clave para evitar cualquier obstrucción en el Senado. El Partido Demócrata ahora tiene dos caminos: negociar con la oposición, que tiene sus propios planes en infraestructura y cuestiona el gasto que las dos iniciativas representan, o intentar aprobar lo que se pueda con votos propios.

Si hubo pasajes del discurso que parecían sacados de las promesas de campaña de candidatos progresistas como Sanders o Warren, también hubo propuestas que podrían haber estado en un tuit de Donald Trump. Aunque la mirada de Biden tenga escala mundial, no deja de tener el componente de “Estados Unidos primero” que tenía su antecesor. “No hay ninguna razón por la que las hélices de las turbinas eólicas no puedan construirse en Pittsburgh (Pensilvania) en lugar de en Pekín”, dijo Biden el miércoles pasado. “Todas las inversiones del Plan de Empleo Estadounidense se guiarán por un principio: Comprar productos estadounidenses”, agregó.

Para Latinoamérica, el hombre que solía hablar de una agenda de trabajo “desde Canadá hasta Argentina” hizo apenas una mención a Guatemala, Honduras y El Salvador en el tramo sobre inmigración. Habló de violencia, de corrupción, de pandillas, de inestabilidad política, de desastres naturales. “Tenemos que atender la raíz del problema por el que la gente huye hacia nuestra frontera sur”, se limitó a decir.

Por Aldana Vales

02 de mayo de 2021

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Mauricio Weibel: “Los fondos privados de pensiones son el ícono del modelo económico instaurado por Pinochet"

El periodista chileno investigó los desfalcos hechos a la luz del sistema de las AFP

El autor de "La Caída de las AFP" indagó sobre los efectos de este instrumento creado por José Piñera -hermano de Sebastián Piñera- en dictadura: ilegalidad, dineros en paraísos fiscales y fraudes. 

Una contundente derrota para el gobierno del empresario Sebastián Piñera fue el rechazo del Tribunal Constitucional a revisar el proyecto del tercer retiro del 10% de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que ya había sido aprobado por el Congreso de Chile. Esto se suma al inicio de la revisión en el Congreso de una reforma constitucional para establecer un impuesto a los “súper ricos” para establecer una renta básica de emergencia (aunque sólo por una vez).

Para un país sumergido hace meses en una crisis institucional, sanitaria y económica, que el propio presidente se haya negado al retiro del dinero que los propios ciudadanos han ido ahorrando era un error político que el fallo del TC ratificó. De hecho, desde ayer que está reunido con su comité de emergencia y donde diversas fuentes coinciden en que el gobierno está más quebrado incluso más que el 18 de octubre de 2019 cuando comenzaron las protestas masivas en lo que se conoció como el “Estallido Social” que arrojó decenas de muertos, 500 jóvenes con daño ocular producto de los disparos al rostro de carabineros y un plebiscito donde se aprobó el cambio de la Constitución.

Y tal como el TC es reconocido como uno de los enclaves autoritarios que dejó la dictadura de Pinochet y que permite “atajar” cualquier ley aprobada por el Congreso, la otra institución heredada de la Constitución de 1980 —que deberá comenzar a reescribirse tras la elección de los constituyentes este 15 y 16 de mayo— son las AFP. Un instrumento creado nada menos que por el hermano del presidente, José Piñera que permite a diversas empresas privadas invertir con el dinero depositado obligatoriamente por los trabajadores para retirar en la jubilación.

Un intrincado sistema que, en términos simples, hace a los cotizantes elegir distintos tipos de fondos de mayor o menor riesgos y las administradoras cuyos propietarios son norteamericanos (Cuprum, ProVida), italianos (Plan Vital), colombianos (Capital), chilenos (Modelo, Uno) y chileno-estadounidense (Habitat) que a su vez permiten a otras empresas o holdings “jugar” con ese dinero en el mercado. Por supuesto, los cotizantes no participan de las ganancias, pero si de las pérdidas, dando como resultado jubilaciones bajas y que no se condicen con lo ahorrado. Por cierto, Las fuerzas armadas y carabineros tienen un sistema de pensiones distinto hasta el día de hoy.

El periodista Mauricio Weibel, se sumergió en este sistema en el libro La Caída de las AFP (Aguilar) pero no tanto en su estructura sino en sus efectos: ilegalidad, dineros en paraísos fiscales y fraudes. Sus primeras páginas son reveladoras: una ex jefa de beneficios de Provida que había trabajado durante 28 años exigía recibir su pensión de invalidez. Llevaba dos años postrada, sin recibir el pago de su licencia médica y la AFP tenía la orden expresa de evitar que sus afiliados obtuvieran esa pensión, aunque el caso fuera terminal. Y por supuesto su intento, abogado mediante, fue rechazado. Un tipo de práctica totalmente normal en este sistema.

Pero eso es sólo lo más “suave” de una investigación que ordena y expone malos usos de estos fondos en personeros militares, lo normalizado de los paraísos judiciales, diversos actos de corrupción y personajes como el empresario Julio Ponce Lerou —yerno de Pinochet— ideólogo de una serie de operaciones de compraventa de acciones a través de sociedades anónimas y de inversiones cerradas, organizadas en torno a la compañía minera SQM. En este “juego” llamado “Caso Cascadas” por la estructura de la estafa, sólo la AFP principal (Habitat) perdió más de 11 millones de dólares, mientras que el resto entre 20 o 30 millones, consigna el libro. El empresario ganó nada menos que 128 millones de dólares, debiendo pagar una multa en 2020 de 3 millones de dólares, la multa más cara de la historia chilena.

La captura del estado

“Las AFP son, desde siempre el ícono del modelo económico instalado en dictadura”, señala Weibel. “Extraen y retienen los ahorros previsionales de los trabajadores, para invertirlos en instrumentos financieros, casi la mitad de ellos fuera del país. En otras palabras, miles de millones de dólares depositados en acciones o bonos de las grandes empresas, a través de operaciones que en muchas ocasiones sirvieron para socializar pérdidas de grupos económicos. ¿Cómo puede ser sensato sacar 85,000 millones de dólares de la economía para comprar títulos o monedas fuera de Chile? Si se repatriaran esos recursos, y se invirtieran en la economía real, tendríamos una sociedad con más empleo y, eventualmente, más justa”.

—Desde las primeras páginas del libro se refleja muy bien la ideología de la elite chilena que diseñó este sistema: autoritaria, tutelar y clausurada en si misma.

—En Chile y América latina, las elites han realizado largos procesos de captura del Estado, de sus recursos, de sus estructuras y de sus capacidades represivas. No es un problema sólo de Chile. O sólo de un sector ideológico. La captura del Estado, el ataque a la sociedad civil y la precarización de la democracia han ocurrido en casi todo el continente, salvo la excepción de Uruguay y Costa Rica.

—¿Qué cosas son las que más te impactaron e hicieron ruido en tu investigación?

—El robo a los inválidos y a los enfermos terminales, a quienes se negaba su pensión fraudulentamente. Creo que ese acto muestra la profunda falta de humanidad del sistema neoliberal

—La imagen exterior de Chile, pero también la que se nos impuso es la de un país serio, sin grandes corrupciones, donde la fiscalización ocurría.

—La impunidad y el abuso, por desgracia, son situaciones extendidas en nuestro continente, las que han pervivido por décadas y siglos. La justicia nunca fue un pilar de nuestro desarrollo. Eso permitió desde las desigualdades hasta las masacres.

—¿Cual es la responsabilidad de la Concertación que gobernó durante la transición a la democracia?

—La centroizquierda chilena optó por convivir con el modelo, beneficiándose privadamente de él, en desmedro de amplios sectores de trabajadores y trabajadoras. Los parlamentarios llegaron a tener dietas hasta casi 40 veces más grandes que el nivel del salario mínimo. El modelo de la dictadura se naturalizó apoyado en un modelo político excluyente, un sistema de medios con graves problemas de pluralismo y una concentración de la riqueza creciente, en medio de una cada vez mayor segregación social y territorial de las capas medias y pobres.

Weibel reconoce que la masividad y la forma autogestionada del “Estallido Social” lo sorprendieron. “Sin la revuelta, no estaríamos cambiando la Constitución y abriendo un nuevo ciclo social y político”, aunque también acepta que esta máquina de defraudar impuesta por la elite económica chilena, seguro que seguirá dándonos sorpresas en el futuro. “Ellos creen que son dueños de la vida de los demás, no sólo de su riqueza”.

Espionaje y monstruos en democracia

Weibel, que destapó también los casos de corrupción militar en el libro Traición a la Patria (2016) fue espiado junto a otros periodistas como Alejandra Matus, Pascale Bonnefoy Javier Rebolledo, quienes también han investigado las cloacas del poder. Según consignó el Centro de Investigación Periodística Ciper, la DINE (Dirección de Inteligencia del Ejército) intervino teléfonos y solicitó información personal, incluyendo además a funcionarios que supuestamente estaban prestando testimonio a los periodistas.

—¿Qué efectos tuvo profesionalmente el saber que hubo espionaje a tu trabajo en plena democracia? 

—Siempre lo sospechamos, mientras investigamos la corrupción militar. Hubo robos de equipos, amenazas a nuestras fuentes, seguimientos.

—En El Mercurio hace dos domingos apareció una carta de un contraalmirante justificando esto, ya que es para proteger la institución de sus propios funcionarios que pueden revelar información sensible.

—El trabajo de investigación periodística que hice abrió la puerta para que la Justicia investigara a 850 militares activos y en retiro, incluidos los últimos cuatro comandantes en jefe, Además permitió recuperar para el Presupuesto de la Nación unos 4,500 millones de dólares. El espionaje y las amenazas a la libertad de expresión fueron para acallar ese esfuerzo.

—¿Crees que es miedo de los militares o amedrentamiento o ambas? A mí me preocupa, considerando la persecución y violencia contra periodistas, sobre todo de medios independientes, durante el Estallido. 

—Siempre he creido que el que usa la violencia es porque es profundamente débil, porque tiene miedo. Y sí, hoy tenemos problemas muy graves en Chile con la seguridad de los periodistas.

—¿Qué simboliza este espionaje a periodistas -sé que no es solo contigo- en plena democracia? ¿Que el fantasma de la dictadura sigue materializándose?

—Como decía Gramsci, son los monstruos que emergen cuando el viejo orden cae y el nuevo aún no termina de nacer. Lo importante es que vamos a exigir verdad y justicia, además de construir memoria. La libertad de expresión esencial, pues su ejercicio permite demandar todos los demás derechos humanos.

Por Juan Carlos Ramírez Figueroa

29 de abril de 2021

Desde Santiago, Chile

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Lunes, 19 Abril 2021 06:26

Causas de fondo

En la imagen, de archivo, policías guatemaltecos detienen cerca de Agua Caliente a indocumentados hondureños que esperan llegar a la frontera con Estados Unidos. El presidente demócrata Joe Biden ha formulado como una de sus prioridades atender las causas de fondo de la migración desde Centroamérica y México.Foto Ap

Desde que se intensificó el tema del flujo migratorio en la frontera de México y Estados Unidos, el gobierno de Biden ha formulado como eje de su respuesta atender "las causas de fondo" de la migración desde Centroamérica y México. Biden, su vicepresidenta Kamala Harris y los encargados de política exterior hacia América han sostenido pláticas, realizado viajes y comentado sobre iniciativas para abordar esas "causas de fondo" en México y Centroamérica. Harris recién anunció su intención de viajar a México y Guatemala.

Pero tal vez debieran ahorrarse más viajes y quedarse en casa, en Washington, para primero abordar una de las principales "causas de fondo" del fenómeno que se está manifestando en la frontera: las políticas económicas y de "seguridad" estadunidenses en toda la región a lo largo de las ultimas décadas.

Antes de viajar y ofrecer dólares a quién sabe quién en esos países para que los migrantes y refugiados se queden en casa, tal vez son ellos quienes deberían permanecer en su casa y convocar a un gran elenco de historiadores, periodistas, analistas, ex funcionarios, religiosos, defensores de derechos humanos y más que pueden contarles, si es que no se acuerdan, de la larga y violenta historia de la mano estadunidense a lo largo de más de un siglo en esa región.

Podrían recordar lo que dijo el entonces soldado más condecorado de su país, el general Smedley Butler, en los años 30 al resumir su carrera: “Dediqué 33 años y cuatro meses al servicio militar activo como miembro de la fuerza militar más ágil de este país, los marines… Y durante ese periodo dediqué la mayoría de mi tiempo a ser un golpeador de alta categoría para el gran empresariado, Wall Street y los banqueros. En suma, fui un estafador, un gángster para el capitalismo… Ayudé a hacer seguro a México, especialmente Tampico, para los intereses petroleros estadunidenses, en 1914. Ayudé hacer de Haití y Cuba un lugar decente donde los chicos del National City Bank pudieran recaudar ingresos. Ayudé en la violación de media docena de repúblicas centroamericanas para beneficio de Wall Street…”.

Y desde esos tiempos hasta la fecha podrían revisar la lista de intervenciones, el apoyo militar a dictaduras, a escuadrones de la muerte, a la capacitación y financiamiento de torturadores, donde fuerzas apoyadas abierta o clandestinamente por Washington, primero con la justificación de la Doctrina Monroe, después, en la guerra fría, contra el "comunismo" y más recientemente contra los aliados de gobiernos progresistas latinoamericanos que se atrevieron a no obedecer los deseos y recetas para la "democracia" y “libertad “asesinaron a decenas de miles en esos países. O como el Departamento de Estado de Obama, con Hillary Clinton al frente, apoyaron el golpe de Estado en Honduras en 2009 (varios de los golpistas fueron egresados de lo que antes se llamaba la Escuela de las Américas, donde Estados Unidos capacita a militares latinoamericanos) de donde proviene en gobierno actual de ese país.

Podrían revisar los efectos de las políticas neoliberales del llamado "consenso de Washington", incluidos los acuerdos de libre comercio que aún están vigentes con México y con los países centroamericanos, y cuyo resultado empírico es que las mayores y más exitosas exportaciones de esta región –medido sólo por ingresos internacionales– son sus seres humanos y las drogas ilícitas.

También podrían evaluar por qué Washington, casi sin excepción, ha apoyado la represión contra cualquier movimiento, frente, líderes políticos y más, que buscaron cambiar las condiciones de injusticia, violencia y corrupción en sus países.

No se puede responsabilizar exclusivamente a Washington por lo que las cúpulas políticas y económicas de todos estos países han implementado en sus países, pero si en verdad hay interés en ubicar y abordar las "causas de fondo" del problema migratorio, Washington debería no sólo ver a sus contrapartes en México y Centroamérica, sino también verse a sí mismo.

Leonard Bernstein: America de West Side Story. https://www.youtube.com/watch?v=_e2igZexpMs &list=RD_e2igZexpMs&start_radio=1&t=277

Calle 13. Pa’l norte. https://open.spotify.com/track/0WKdB7PG 53c1QlDbQzqn7s?si=8B0-MqsDTI-Hxwygzyq-9Q

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