EEUU se asoció con milicias armadas en Afganistán impidiendo el éxito de un programa de la ONU que pretendía disolverlas

Tan solo dos meses después del inicio de la guerra en octubre de 2001, Afganistán y las milicias aliadas habían arrebatado a los talibanes el control de todo el país

La posterior lucha por el poder entre estos grupos constituyó "la mayor amenaza a la estabilidad de Afganistán" y la ONU puso en marcha un programa para disolverlos

Aunque EEUU formaba parte de esta iniciativa internacional, al mismo tiempo seguía aliado y trabajando con las mismas milicias que la ONU intentaba desmantelar

 

En diciembre de 2001, tras dos meses de ofensiva militar en Afganistán, EEUU había arrebatado a los talibanes el control de todo el país gracias a la ayuda de las milicias afganas aliadas. Jalaluddin Haqqani, un destacado comandante militar talibán líder de la Red Haqqani intentó entonces llegar a un acuerdo con el nuevo gobierno interino. El 20 de diciembre, como gesto simbólico, Haqqani envió a miembros de su grupo, amigos cercanos y aliados políticos a participar en una caravana que viajaba desde la región de Loya Paktia a Kabul para felicitar al nuevo presidente, Hamid Karzai, y prometerle lealtad.

Pacha Khan Zadran, un señor de la guerra autoproclamado gobernador de Loya Paktia y apoyado por EEUU, paró el convoy a su paso por el territorio bajo su control. Zadran y centenares de sus hombres armados intentaron supuestamente forzar que la caravana le jurase lealtad y le reconociese como gobernador de al región. La respuesta de los líderes tribales en caravana fue que discutirían el asunto después de la inauguración de Karzai y continuaron su ruta hacia la capital, Kabul. Como respuesta, Zadran informó a sus contactos estadounidenses que una caravana Haqqani-Al Qaeda se dirigía a Kabul. Lo siguiente fue un bombardeo aéreo de EEUU en el que murieron unas 50 personas de la caravana y los pueblos cercanos.

Este episodio aparece como uno de los ejemplos de la colaboración entre EEUU y las milicias afganas antitalibanes en el último informe de la Oficina del Inspector General Especial para la Reconstrucción de Afganistán (SIGAR), una agencia del Gobierno estadounidense que supervisa la acción de EEUU en la guerra de Afganistán, la más larga de la historia de EEUU, que el 7 de octubre cumple 18 años.

El documento narra que tras la derrota inicial de los talibanes, las milicias comenzaron una cruenta lucha de poder interna para transformar su victoria militar en influencia política y económica. En 2003, la ONU logró poner en marcha un programa para desmantelar a las milicias antitalibanes, que por aquel entonces constituían "la mayor amenaza a la estabilidad de Afganistán", según otro informe de SIGAR de 2017. Una de las causas principales del fracaso de esta iniciativa internacional fue que mientras EEUU participaba en el programa, al mismo tiempo seguía aliado, trabajando con y fortaleciendo a las mismas milicias que la ONU intentaba desmantelar, denuncia la investigación.

"Las fuerzas de EEUU estaban al mismo tiempo asociadas con las milicias por motivos de seguridad y otros servicios", denuncia el informe. "La dependencia de EEUU de los grupos armados empoderó a los comandantes y grupos que en teoría iban a ser desmantelados", afirmó John F. Sopko, responsable de la agencia, en la presentación del informe el pasado 19 de septiembre. "EEUU estableció nuevos sistemas de apoyo que reforzaron la misma dependencia económica y social entre los comandantes locales y excombatientes que el programa intentaba romper", explica el documento. De acuerdo con una estimación citada en la investigación, en los meses posteriores al 11S EEUU entregó tanto dinero a las milicias que el valor del dólar respecto a la moneda afgana se redujo a la mitad en tan solo tres meses.

¿Por qué necesitaba EEUU a los grupos armados para combatir a los talibanes? Antes de los atentados del 11 de septiembre de 2001, Washington no tenía planeado invadir Afganistán. Esta falta de preparación hizo que la respuesta inicial estuviese liderada por la CIA, que optó por forjar alianzas con varias milicias, especialmente la Alianza del Norte.

Ni EEUU ni las milicias estuvieron especialmente comprometidas con el programa de la ONU de desarme, desmovilización y reintegración de combatientes, el cual estuvo en vigor entre 2003 y 2005. La ONU quiso incluir la iniciativa para disolver las milicias en el Acuerdo de Bonn –acuerdo aprobado en el marco de la ONU en diciembre de 2001 tras la derrota talibán para reconstruir las instituciones de Afganistán–, pero la Alianza del Norte se negó porque entendía que le haría perder poder. En Bonn, las diferentes facciones eligieron a Karzai como presidente interino. Karzai no tenía una fuerza de seguridad y dependía de EEUU, por lo que a cambio del apoyo político, nombro a líderes de la Alianza del Norte como ministros de Defensa, Interior y Exteriores, por lo que estos se hicieron con el control de todo el aparato de seguridad.

EEUU tampoco cumplió sus promesas económicas con el programa de la ONU de desmovilización de combatientes. Washington "prometió 10 millones de dólares, pero a finales de 2004 todavía no había entregado nada. Miembros del programa advirtieron a EEUU que si seguían reteniendo los fondos, el programa se quedaría sin recursos", señala el informe. Finalmente entregaron 9 millones de dólares.

EEUU no contemplaba la reconciliación, solo la victoria

Los talibanes no fueron invitados a Bonn aunque estaban dispuestos a reconocer su derrota. "A pesar de ser rechazados, los líderes talibanes no declinaron de inmediato el orden posterior a 2001. No hubo ninguna llamada a las armas. De hecho, lo contrario: un reconocimiento de derrota y un intento de llegar a un acuerdo", señala el informe. "En los primeros años de la intervención, varios líderes talibanes intentaron rendirse a cambio de amnistía y protección, pero EEUU rechazó estos esfuerzos de reconciliación". La guerra había empezado bien y EEUU solo contemplaba la derrota absoluta de los talibanes. La reconciliación no era necesaria y por eso tampoco se incluyó a los talibanes en el primer programa de desmovilización de combatientes. 18 años después, el Gobierno de Afganistán solo controla el 34% de los distritos y el 47% de la población. El resto está en disputa o controlado por los talibanes.

"A pesar del bombardeo de EEUU al convoy, Haqqani envió a su hermano Ibrahim Omari para jurar 'lealtad al nuevo gobierno' y emitir 'una petición a todos los seguidores de Haqqani para volver de Pakistán y trabajar con las autoridades'. Aunque la CIA al principio celebró la propuesta de Omari, poco después fue detenido por las fuerzas de operaciones especiales de EEUU", señala el informe. Días antes, un grupo de altos cargos talibanes escribieron una carta de rendición y entregaron sus territorios al Gobierno afgano. La Administración Bush, sin embargo, forzó a Karzai a abandonar el acuerdo y la mayoría de los líderes talibanes involucrados volvieron a la lucha armada.

Cuánto ha cambiado la situación que ahora EEUU busca llegar a un acuerdo con los talibanes, de los cuales se estima que hay unos 60.000 combatientes a tiempo completo. Tras acordar un borrador de pacto y lanzar una invitación a los insurgentes para Camp David en el 18 aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 por los que empezó la guerra, Trump congeló todos los progresos por la presión interna y los continuos atentados de los talibanes. 760.000 millones de dólares después, EEUU sigue en guerra

29/09/2019 - 21:51h

Publicado enInternacional
El asesinato de María del Pilar Hurtado, reflejo de una crisis de país

Dos sicarios en motocicleta recorrieron las calles de Tierralta (Córdoba) buscando a María del Pilar Hurtado. Quizás estos dos fueron quienes llevaron los panfletos que amenazaban la vida de varias personas que se reusaban a abandonar sus techos, pues como miles en el país no tienen otra opción que armar sus casas y ranchos en tierras vacías que terminan siendo de “propiedad privada”, como los que ostenta Fabio Otero Paternina, padre de Fabio Otero, actual alcalde de Tierralta, quien meses atrás prometió titular tierras a las familias que habitan los lotes de su padre, pero que al final prefirió engañarlos y en vez de dialogar decidió enviar al Esmad para desalojar a las familias.

Quizás los dos sicarios no pensaron en las historias que hay detrás de aquellas personas que viven día a día las condiciones de la pobreza, de la falta de oportunidades para alcanzar vida en dignidad, quizás tampoco les interesa entenderlas. Quizás los sicarios conocen esas realidades en carne propia, pues a lo mejor las tuvieron que padecer en la niñez. Quizás decidieron alquilarse como “gatilleros” para dejar atrás ese pasado de angustias de hambre. El problema es que ahora son bestias que acatan órdenes sin pensar, y solventan su hambre con unos pocos pesos, estimulando su irreal sensación de poder con el miedo y el terror que producen con sus armas a todas las personas que intimidan.

La mujer, su nuevo objetivo, caminaba por la calle con uno de sus hijos cuando la encontraron. Los sicarios aumentaron la velocidad y en una esquina le propiciaron varios disparos. María del Pilar quedó tendida en el suelo, inmóvil, y la luz de sus ojos se nubló abandonando la vida, mientras que su pequeño hijo comenzaba a gritar desesperado al no entender lo que sucedía, desequilibrado al ver el cuerpo de su madre inerte. Sin duda, su hijo, marcado por tan brutal suceso, ya nunca será un niño feliz, tampoco de joven podrá gozar con espontaneidad los gozosos de la vida, pues la imagen de su madre, allí tendida, no lo abandonará. A él también le arrebataron la vida.

Historia de un conflicto errante

María del Pilar Hurtado cargaba consigo la historia del conflicto armado y social que vive nuestra sociedad. Según uno de los congresistas de la Comisión de Paz que visitó la zona, al tiempo que asistía al velorio de esta nueva víctima del poder, uno de sus hermanos de 15 años fue asesinado por los paramilitares y el otro murió prestando servicio militar. Algunos medios sostienen que al momento de su asesinato María trabajaba como recicladora y tiempo atrás participaba en la Fundación de Víctimas Adelante con Fortaleza (Funviavor), en donde denunció torturas, asesinatos y desapariciones en las denominadas “casas de pique” que existían en Puerto Tejada, Cauca, de donde fue desplazada al sur de Córdoba con sus cuatro hijos y su esposo.

Asentada en Tierralta, María del Pilar se fue a vivir con otras familias a un barrio de invasión, en donde comenzó a liderar la lucha por el derecho a la vivienda, pero lo que parecía una simple lucha por justicia trascendió a la violencia y la intimidación. En los primeros días del mes de junio apareció en el asentamiento un panfleto de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, con amenazas que en particular declaraban como objetivo militar a varias personas entre ellas a María; dos semanas después, el 21 del mismo mes, a sus 34 años, fue asesinada María del Pilar. Vale la pena recordar que el 25 de noviembre del 2018 la Defensoría del Pueblo había advertido a través de una alerta temprana, que la población que habita este municipio y otros como Montelíbano y Puerto Libertador, estaban en grave peligro, pues estaban a merced del grupo paramilitar.

El desangre de liderazgos sociales

El asesinato de María del Pilar se suma a la oleada de asesinatos sistemáticos de líderes y lideresas sociales que se riega a lo largo y ancho del país, el cual se presenta como goteo diario de sangre que se va convirtiendo en río.

Una situación aterradora. Aunque para múltiples organizaciones sociales y de derechos humanos en Colombia los asesinatos suman más de 600 líderes y lideresas sociales desde la firma del Acuerdo de paz en 2016 hasta lo corrido del año 2019, la Defensoría del Pueblo apenas tiene un registro de 479. La situación es crítica y va en ascenso, pues según Carlos Negret –Defensor del Pueblo– entre abril de 2018 y el mismo mes de 2019, se han registrado 982 amenazas a líderes y lideresas sociales en todo el país. A esto debe sumarse que en lo corrido del año han sido asesinados más de 80 liderazgos sociales. Es necesario decir que desde la firma del Acuerdo con las Farc han sido asesinados 134 excombatientes, 34 de sus familiares y 11 están desaparecidos.

En el mes de junio del presente año los asesinatos no se detuvieron y siguieron los patrones de los meses anteriores (ver artículo: “Colombia. La ola de asesinatos contra el liderazgo social no para”), son muestra de ello el asesinato de Dagoberto Álvarez, quien se desempeñaba como tesorero de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Miraflores y quien había denunciado amenazas en su contra ante las autoridades y sería encontrado muerto el 2 de junio en Playa Belén, Norte de Santander, de igual manera Manuel Gregorio González Segura, campesino del programa de sustitución de cultivos ilícitos y miembro de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba (Ascsucor), fue hallado muerto el 27 de junio con signos de tortura. Así mismo, el asesinato de población indígena continua presente, como lo demuestra el caso de Rocío García Pai, Leidy Jacqueline Burgos Pai y Robert Dionisio García Bisbicús, indígenas Awa asesinados el 7 de junio en el departamento de Nariño. En tal record también registran los asesinatos del indígena Nasa Carlos Biscue, acaecido en Caloto, Cauca el 23 de junio, y Uriel Piranga Valencia, indígena Coreguaje y autoridad en su comunidad, quien sería encontrado sin vida en el municipio de Pital, departamento del Huila.

De igual manera serían asesinados 4 excombatientes de las Farc en tan solo una semana, como lo registra la muerte de Anderson Pérez Osorio, quien se desempeñaba como líder juvenil y comunicador, asesinado en el departamento del Cauca, así mismo están Daniel Esterilla Grueso y Servio Delio Cuasaluzan, encontrados muertos en el departamento de Nariño.  

La situación crítica en Colombia no avizora una alternativa

Las denuncias a nivel nacional e internacional, los comunicados denunciando la grave situación de derechos humanos, parecen totalmente insuficientes, ¿Cómo se podría solucionar de raíz el problema? ¿Cómo confiar en una institucionalidad estatal que no actúa de inmediato, y cada vez es más claro que lo que está sucediendo hace parte de un mismo plan de carácter político militar? ¿Es posible que el conjunto de organizaciones y movimientos sociales construya otros mecanismos para detener esta masacre?

Con el caso de María del Pilar Hurtado o el de Dimar Torres hace unos meses, queda claro que estamos entrando de nuevo al encuentro con la degradación que caracterizó a los grupos paramilitares, quienes no temían en desmembrar, jugar fútbol con cabezas o masacrar a las comunidades para generar terror en el país y así lograr el control económico y político de las regiones. Esta nueva ofensiva, así puede deducirse, tiene dos propósitos: 1. Arrasar lo poco que queda de los Acuerdos de Paz firmados con las Farc y así reactivar un escenario de guerra; 2. Cubrir de miedo e inactividad colectiva en amplios territorios de la geografía nacional, garantizando con ello su control en las elecciones de octubre próximo.

Sin duda, debemos aprender de lo que está sucediendo. Ante el ataque dirigido y sistemático, ¿podría ser una opción pasar de liderazgos y vocerías individuales a liderazgos y vocerías colectivas? ¿acaso no daría más seguridad estar juntos que disgregados? ¿esto que estamos viviendo puede entenderse como un llamado a la urgente tarea de construir una ruta y agenda propia del conjunto de organizaciones y sectores alternativos, que se piensen más allá de la coyuntura electoral y busque por fin el encuentro con el país nacional? ¿no sería el tiempo de problematizar la democracia existente y su formalismo para así proponer otra democracia que realmente represente los intereses de la sociedad toda?

La oleada de muerte que recorre el país arroja victimas por doquier. De no encontrar, proponer y construir entre el conjunto social una alternativa de país que despierte el sentir de las mayorías, donde reine la justicia y la equidad para todos los connacionales, esta crisis “histórica” que padece Colombia, que se ve “tan natural” seguirá viendo nacer generaciones y generaciones de “Desquites”, como en la elegía del poeta Gonzalo Arango. Generaciones que vivirán una vida que no merecían, que vivirán muriendo, errantes, ya que no valorarán la existencia misma pues lo despreciarán todo.

Artículos relacionados

https://www.desdeabajo.info/colombia/item/36976-rios-de-sangre-inundan-el-pais.html

https://www.desdeabajo.info/colombia/item/36664-colombia-la-ola-de-asesinatos-contra-el-liderazgo-social-no-para.html

Notas consultadas

https://pacifista.tv/notas/maria-del-pilar-hurtado-si-era-lider-el-contundente-mensaje-tras-su-sepelio/?fbclid=IwAR1pDb-gfFoNMMaMJXRhTbJL8wpjv2FVRpp03MGYwy-oMfPnHlk6kGGKeis

https://www.semana.com/nacion/articulo/asesinato-de-maria-del-pilar-hurtado-eln-desmiente-version-de-mindefensa/620834

https://www.elespectador.com/noticias/judicial/el-ultimo-adios-para-la-lideresa-maria-del-pilar-hurtado-articulo-867632

https://www.elespectador.com/noticias/nacional/defensor-de-dd-hh-en-tierralta-denuncia-amenazas-y-deja-el-municipio-articulo-867519

https://prensarural.org/spip/spip.php?article24426

https://www.onic.org.co/comunicados-regionales/3063-criomc-denuncia-asesinato-del-ex-cacique-uriel-piranga-valencia

https://canal1.com.co/noticias/la-lider-maria-del-pilar-hurtado-si-habria-recibido-un-panfleto-de-las-autodefensas-gaitanistas/

https://www.onic.org.co/comunicados-regionales/3041-asesinatos-amenazas-a-lideres-y-lideresas-en-medio-de-la-asamblea-general-y-conmemoracion-de-los-29-anos-de-la-unipa-incrementa-la-crisis-humanitaria-que-vive-el-pueblo-awa

 

 

 

 

 

Publicado enColombia
Colombia. La ola de asesinatos contra el liderazgo social no para

Transcurridos 20 días de la álgida jornada de movilización y resistencia de la Minga del Cauca transformada en Minga Nacional –10 de marzo al 5 de abril–, continúa la ola de amenazas, atentados y asesinatos contra líderes y lideresas sociales. Ante esta realidad, ¿qué le espera a los diferentes territorios del país en materia de Derechos Humanos? ¿existe una respuesta del Estado colombiano para enfrentar este modelo de muerte impuesto por el poder realmente existente en el país? ¿cómo responder desde los sectores alternativos a esta realidad?


Culminada la Minga Nacional –5 de abril– y avistándose el 25 de abril, día concertado para realizar un paro nacional, la arremetida guerrerista desata sus fuerzas por diferentes coordenadas nacionales en contra de diversos liderazgos sociales, así como de excombatientes de la otrora guerrilla de las Farc –en proceso de reinserción a la vida civil–, profundizando la grave situación de Derechos Humanos que desde tiempo atrás vive el país.


Ríos de sangre


No transcurrieron más de 8 días de culminada la Minga Nacional para que el poder cobrara con sangre el arrojo indígena y campesino que emplazó al establecimiento a cumplir sus palabras tantas veces comprometida y tantas veces irrespetada: el 11 de abril, con diez disparos que impactaron su cuerpo, acabaron con la vida de Policarpo Guzmán Marge en Argelia Cauca.


Polo, como lo llamaban sus más cercanos, vivió en carne propia, durante varios años, el conflicto que aqueja al país. Antes de asentarse en el departamento del Cauca fue desplazado de otras regiones por Los Rastrojos, sin embargo, persistía en la búsqueda de vida digna. Fue integrante y fundador de la Asociación Campesina de Trabajadores de Argelia y se organizó en el Pupsoc y Marcha Patriótica. Había denunciado la presencia de paramilitares en la región y exigido al Estado que lo protegiera, pese a lo cual nunca llegó la protección y el desenlace fue contundente.


Un día después, el 12 de abril, la sombra de la muerte cubrió la casa del indígena Emberá Aquileo Mecheche Baragon en Rio Sucio, Chocó. A las diez de la noche de aquel día sujetos armados entraron a su casa y se lo llevaron, asesinándolo a pocas cuadras de su residencia con tres impactos de bala. Aquileo fue presidente del Cabildo Mayor Indígena del Bajo Atrato Camizba–Asorewa y desde hace siete años era rector de la Institución Educativa Indígena Jagual. Fue uno de los líderes de la Minga del Chocó, desarrollada en el mes de noviembre del 2018. Había recibido amenazas por parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).


Al siguiente día, 13 de abril, cuando aún la mañana estaba fresca, varios pistoleros llegaron al caserío Monte Lara, ubicado en Maicao (Guajira) y atacaron a las personas que se encontraban durmiendo en chinchorros, acabando con la vida de Samuel David González Pushaina, un bebé de siete meses, hijo de Carlos Enrique González –excombatiente de las Farc– y de Sandra Pushaina –indígena Wayúu–. En el mismo atentado también murió un familiar del exguerrillero.


En la misma semana –lunes 8 a domingo 14 de abril– también fue asesinado en el municipio de Ricaurte (Nariño) Fabio Roberto Paí Yascuarán, indígena Awá perteneciente a la comunidad Nalbú. La región donde vivía se encuentra en disputa entre diferentes grupos armados. Según fuentes gubernamentales la razón de la disputa es el control de rutas para el narcotráfico, lo que genera múltiples amenazas y controles a la libertad de tránsito en los territorios ancestrales del pueblo Awá. Hasta dos años atrás este territorio estaba bajo control de las otrora Farc.


Las denuncias por estos homicidios resuenan en amplias zonas del país, pero la impunidad no cede, y la violencia con blancos claramente establecidos prosigue con sus detonaciones: el 22 de abril en Norte de Santander cae asesinado Dimar Torres Arévalo –excombatiente fariano–, y la inculpación por autoría material recae sobre miembros del Ejército nacional. Según el comunicado de la Junta de acción comunal Vereda Campo alegre, municipio de Convención, a las 5 de la tarde de aquel día se escucharon algunos disparos que provenían de la base militar ubicada en la vereda Carrizal del corregimiento de Miraflores, hacia el lugar se desplazaron 80 personas de la comunidad y encontraron que los militares estaban abriendo una excavación al interior de la instalación militar, en donde pretendían enterrar el cuerpo de Dimar Torres. Días atrás –20 de abril– fueron hostigados con armas de fuego Ólger Antonio Pérez Quintero, directivo de la Asociación Campesina del Catatumbo –Ascamcat–, Nicolás López, del Comité de Integración Social del Catatumbo –Cisca– y Horacio Ramírez, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Torcoroma.


¿Derechos Humanos?


La guerra continua en Colombia, en todas sus formas, entre ellas la psicológica. Al mismo tiempo que arrecia la ofensiva militar en contra de líderes sociales y excombatientes de las Farc, los panfletos firmados por las Águilas Negras reaparecen en los territorios de quienes se movilizaron en el mes de marzo. Estos panfletos expresan la relación de los grupos paramilitares con el establecimiento, pues defienden la institucionalidad y el gobierno de turno, criminalizan la organización social, el sindicalismo y a los defensores de Derechos Humanos, tildando a todos estos como guerrilleros. En el Cauca se están ofreciendo recompensas económicas por el asesinato de guardias indígenas y autoridades del Cric.


La situación que vivimos no es poca cosa. Según el informe anual de la ONG Programa Somos Defensores, el año 2018 fue uno de los más sangrientos para los defensores de derechos humanos en Colombia, pues se registraron 155 asesinatos, lo que supone un 46,2 por ciento más que en el 2017 en el que se presentaron 106 homicidios. Los departamentos en los que se registraron más muertes fueron Cauca (28 casos), Antioquia (24), Norte de Santander (15), Putumayo (13), Valle del Cauca (10) y Caquetá (10). A su vez, de los 155 asesinados, 63 eran líderes comunales, 24 indígenas, 24 defendían derechos comunitarios, 19 eran campesinos, 7 eran dirigentes sindicales, 6 afrocolombianos, 3 abogaban por las víctimas del conflicto armado, 3 líderes educativos, 3 defensores de la restitución de tierras, 2 del medioambiente y 1 Lgbti. Entre los responsables se encuentran grupos paramilitares, disidencias de las Farc, Eln y fuerza pública.


Debe recordarse que, según el informe presentado por Marcha Patriótica y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), desde enero del año 2016 y hasta los primeros días del 2019, se estima que alrededor de 600 líderes sociales han sido asesinados en nuestro país. Así mismo es necesario mencionar que en los primeros 100 días gobierno de Iván Duque se han registrado 120 asesinatos de líderes. Desde la Organización Nacional Indígena de Colombia se estima que durante este gobierno se han presentado 63 asesinatos de líderes indígenas y 153 amenazas. Además, son preocupantes las declaraciones del director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización de Colombia, Andrés Stapper, quien sostuvo que desde la firma del Acuerdo de Paz fueron asesinados 128 excombatientes.


¿Tiempo de inventar nuevos caminos?


Una disputa política por el control territorial. Este panorama que tenemos en materia de Derechos Humanos en Colombia, corrobora la existencia de un plan de asesinatos sistemáticos y selectivos contra líderes y lideresas sociales que dinamizan las inconformidades que aquejan a millones en el país, así mismo, evidencia una estrategia para generar miedo y terror en los diferentes territorios que están cansados de esta realidad, y que en medio de las dificultades están confrontando al gobierno del Centro Democrático, oponiéndose a los proyectos económicos, políticos y minero energéticos que se pretenden instalar por diferentes coordenadas nacionales.


De la misma manera, el asesinato de los excombatientes de las Farc evidencia el plan de exterminio contra las bases de la otrora insurgencia, los que con su activismo podrían generar en un futuro no lejano organizaciones sociales que confronten al régimen, o que ante los constantes incumplimientos de lo acordado decidan reagruparse en las llamadas “disidencias”.


No sorprende la respuesta del gobierno, pues en realidad los asesinatos y amenazas que se riegan por el país son funcionales a sus intereses. Lo que sí asusta es la falta de solidaridad de la sociedad colombiana, que pasivamente se queda observando, semana tras semana, el asesinato de otros líderes sociales. Esto trae algunos interrogantes: ¿acaso los movimientos sociales estamos desconectados del país nacional? ¿por qué el llamamiento a un paro nacional motiva la participación de los mismos sectores de siempre? ¿será que las metodologías que se están utilizando no son las que el pueblo colombiano está esperando y demandando? ¿cómo lograr discutir estos temas en el conjunto del movimiento social sin que se impongan los vicios de marginar, amañar o imponer las posiciones con la excusa de ser “mayoría”? Todo un reto por encarar.


Seguramente el país nacional va a sentir como propias todas estas luchas que se gestan desde los movimientos sociales, cuando realmente estos movimientos se aboquen al país, lo que implica superar las formas clásicas de la política, la misma que entiende y ve el poder en el Estado nacional, romper con lo cual demanda discutir y cuestionar la democracia liberal, así como las instituciones oficiales, las que están al servicio del poder tradicional y del status quo.

 

Artículos consultados


https://www.desdeabajo.info/colombia/item/36595-colombia-denuncian-128-asesinatos-de-excombatientes-farc-tras-acuerdo-de-paz.html
https://www.desdeabajo.info/colombia/item/36645-asesinados-en-colombia-155-defensores-de-los-derechos-humanos-en-2018.html
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/el-mapa-de-los-lideres-sociales-asesinados-en-colombia-184408
https://www.prensarural.org/spip/spip.php?article24263
https://analisisurbano.org/a-tiros-mataron-a-lider-social-policarpo-guzman-mage-en-argelia-cauca/
https://www.onic.org.co/comunicados-onic/2965-tambien-victimas-de-multiples-vulneraciones-de-ddhh-el-pueblo-awa-del-municipio-de-ricaurte-narino
https://www.onic.org.co/comunicados-onic/2957-onic-denuncia-y-repudia-asesinato-de-dirigente-embera-aquileo-mecheche-baragon-de-camizba-asorewa
https://www.semana.com/opinion/articulo/asesinato-de-lideres-sociales-en-colombia-columna-de-ariel-avila/597203

 

 

 

Publicado enColombia
Asesinados en Colombia 155 defensores de los Derechos Humanos en 2018

Los departamentos en los que hubo más homicidios fueron el Cauca, uno de los que tiene más conflictos sociales del país, con 28 casos, según el informe de la ONG Programa Somos Defensores.

El año 2018 fue uno de los más sangrientos para los defensores de derechos humanos en Colombia por el asesinato de 155 de ellos, lo que supone un 46,2% más que los 106 homicidios de 2017, según el informe anual de la ONG Programa Somos Defensores que fue divulgado este martes.


El Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia (Siaddhh) registró que el 90% de los asesinatos fueron cometidos contra hombres, el 9% contra mujeres y el 1% contra miembros de la comunidad LGTBI.


"Este aumento de asesinatos en el 2018 indica que fue uno de los años con mayor número de victimizaciones y vulneraciones al ejercicio de la defensa y el liderazgo social en Colombia", destaca el informe.


Los departamentos en los que hubo más homicidios fueron el Cauca, uno de los que tiene más conflictos sociales del país, con 28 casos, seguido de Antioquia, con 24; Norte de Santander (15), Putumayo (13), Valle del Cauca (10) y Caquetá (10).


De los 155 asesinados, 63 eran líderes comunales, 24 indígenas, 24 defendían derechos comunitarios, 19 eran campesinos y siete dirigentes sindicales. También fueron asesinados seis afrocolombianos, tres que abogaban por las víctimas del conflicto armado, tres líderes educativos, tres defensores de la restitución de tierras, dos del medioambiente y uno LGTBI.
"Al igual que en años anteriores son los directivos de las Juntas de Acción Comunal (JAC) quienes encabezan esta lamentable lista con 63 asesinatos, frente a los 29 casos del 2017, es decir, existió un preocupante incremento del 117,2%", subraya la información.


Las JAC son formas de asociación y organización de las comunidades, especialmente rurales, para buscar soluciones a los problemas de su entorno.


En cuanto a la autoría de los homicidios, en 111 de los casos, equivalentes al 73 %, los presuntos responsables son desconocidos; en 16 casos (10 %), grupos herederos de los paramilitares; en 12 casos fueron disidentes de las FARC (8 %); otros nueve fueron asesinados por la guerrilla del ELN (5 %), y siete por la fuerza pública (5 %).


"Frente a por qué se presentan tantos casos cometidos por desconocidos, se entiende que la razón puede estar en el temor de los familiares o miembros de las comunidades a denunciar por razones de seguridad, dada la complejidad de los contextos. La otra razón puede estar relacionada a que la mayoría de los asesinatos son cometidos por sicarios", detalló el informe.


Por otra parte, el documento señala que el año pasado hubo 805 agresiones contra líderes sociales entre "amenazas, atentados, desapariciones, detenciones, judicializaciones, robos de información y asesinatos".


Eso supuso un crecimiento del 43,7% con respecto a las 560 de 2017 y significa además que fueron agredidas 2,2 personas por día, lo que convierte al 2018 en "el año con más ataques registrados por este sistema de información".


Según el documento, el crecimiento de las agresiones contra los defensores de derechos humanos obedeció a que "el Estado no estuvo en la capacidad de aprovechar la oportunidad histórica que se ofreció con la desmovilización" de la guerrilla de las FARC tras la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016.


En ese sentido, el informe, financiado por la embajada de Noruega en Colombia y las agencias de cooperación Misereor, Diakonia y Terres des Hommens, añadió que "las acciones por parte del Gobierno no fueron suficientes y la implementación de los acuerdos de paz se dio de manera lenta y poco efectiva".


También señaló que el desarrollo del punto uno del acuerdo de paz, el de "reforma rural integral", es clave para evitar los asesinatos, pues las cifras del Siaddhh evidencian que "la defensa de la tierra y del territorio aparece como una de las causas que más tratan de ser silenciadas por diferentes actores, lo que se refleja en los registros de agresiones".
En el informe se detalló además que de las 805 agresiones, 503 fueron amenazas, 155 asesinatos, 34 atentados, 19 judicializaciones, seis robo de información, cuatro detenciones y cuatro desapariciones.


Las cifras divulgadas por Somos Defensores son más altas que las del informe anual de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, que registró el asesinato de 113 líderes sociales en 2017 en el país.

23/04/2019 19:35 Actualizado: 23/04/2019 19

Publicado enColombia
La violencia aumenta en varias regiones de Colombia, alerta Cruz Roja

El Comité Internacional de la organización señala el deterioro de la situación humanitaria tras la firma del acuerdo de paz

En Colombia aún no puede hablarse de posconflicto. Dos años y medio después de haber sellado la paz con los rebeldes de las FARC, persisten complejos desafíos humanitarios y la situación incluso se ha deteriorado en muchas de las regiones más remotas e históricamente marginadas, alertó el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) al entregar este jueves las “preocupantes” conclusiones de su balance anual. A pesar del desarme de la que fue la guerrilla más poderosa del continente -hoy convertida en partido político con representación en el Congreso-, la población civil sufre la presencia de otros grupos armados y se siguen presentando asesinatos selectivos, reclutamiento de menores, desplazamientos masivos y personas desaparecidas


“La situación es ahora más compleja que en el momento de la firma del acuerdo de paz con las FARC-EP. Varios departamentos del país han experimentado un claro deterioro de la situación humanitaria, a lo que se unen las dinámicas conflictivas en las fronteras y la extrema vulnerabilidad de los migrantes que llegan a Colombia”, señaló Christoph Harnisch, jefe de la delegación del CICR, que cumple 50 años operando sobre el terreno en el país andino. La población civil en muchos territorios todavía no siente los beneficios del pacto sellado a finales de 2016, y de hecho todos los indicadores humanitarios tuvieron una tendencia negativa durante el año pasado.


Luego de la salida de las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia de las zonas donde estaban dejaron un vacío de poder, un poder que no conocía un reemplazo, y en ese entorno donde abundan las economías ilegales se crearon dinámicas conflictivas en las que la población civil quedó completamente desprotegida, explicó el jefe de la delegación. En la costa pacífica y amplías regiones del oriente y sur del país no llegó la respuesta estatal, “no hubo esfuerzos suficientemente decididos para traer a estas zonas lo que se llama ley y orden”, o tan siquiera los servicios más básicos. El horizonte de esperanza ha dado paso a un presente de incertidumbre. “La vida en estas zonas es hoy más difícil y tienen un sentimiento de abandono”, apuntó Harnisch.


Aunque el conflicto con las FARC ya terminó, todavía siguen activos diversos grupos armados, con estructuras menos claras y más fracturadas. Para el CICR persisten al menos cinco conflictos armados no internacionales actualmente en Colombia. Cuatro son entre el Gobierno y algún actor armado: el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL), las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las antiguas estructuras del Bloque Oriental de las FARC que no se acogieron al proceso de paz. El quinto –que se incluyó en 2018- es el enfrentamiento entre el ELN y el EPL que ha sacudido la región del Catatumbo, en el departamento nororiental de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela.


Las cifras disparan las alarmas. El número de personas afectadas por desplazamientos masivos aumentó 90% entre 2017 y 2018, de 14.594 a 27.780. Y las víctimas de minas antipersonal y de artefactos explosivos también se dispararon de 57 a 221 personas el año pasado. Todos los actores armados están utilizando con mayorintensidad estos artefactos explosivos, con consecuencias para comunidades que no pueden moverse, como ha ocurrido en el Chocó y el norte del Cauca, en el occidente del país.

La desaparición también preocupa. Esclarecer el destino de los desaparecidos y apoyar a sus familiares es otra de las misiones esenciales del CICR en Colombia, donde según el Centro Nacional de Memoria Histórica hubo más 80.000 casos, una dimensión superior a todas las dictaduras sumadas del Cono Sur. El acuerdo de paz contempla, como parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, una Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Sin embargo, la desaparición sigue siendo utilizada para crear entornos de miedo, y durante el año pasado el CICR ha documentado un nuevo caso cada cuatro días.


¿Cuáles son los correctivos necesarios? “Lo que hay que cambiar es que la respuesta no puede ser de seguridad solamente, debe ser una respuesta de todo el Estado”, fue el mensaje del jefe del CICR en Colombia a los líderes políticos encargados de tomar decisiones. “Hay que reflexionar y cambiar prioridades”.


Más de medio siglo de conflicto armado deja más de ocho millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados. A los formidables desafíos humanitarios se suma la llegada masiva de migrantes venezolanos, que probablemente se agravará a lo largo de este año. Los migrantes, expuestos a extorsiones, reclutamiento o violencia sexual, enfrentan riesgos crecientes especialmente en zonas afectadas por la violencia armada. “La coexistencia entre migración y conflicto es una ecuación complicada que, sin duda, expone a personas extremadamente vulnerables a una violencia que ningún ser humano debería sufrir”, apuntó Harnish.

Por Santiago Torrado
Bogotá 28 MAR 2019 - 18:06 CO

Publicado enColombia
Asesinan a 93 líderes sociales en Colombia en lo que va de año, el más violento desde 2010

Los casos se han registrado principalmente en ocho de los 32 departamentos del país, que han concentrado el 77,5% de los homicidios. 

La Fundación Ideas para la Paz (FIP) ha denunciado que 93 líderes sociales han muerto en Colombia en lo que va de año, un "problema que requiere soluciones urgentes" y que convierte este periodo de tiempo en el más violento desde 2010.


Los casos se han registrado principalmente en ocho de los 32 departamentos del país, que han concentrado el 77,5% de los asesinatos. Entre ellos figuran Antioquia, Cauca, Norte de Santander, Nariño, Córdoba, Putumayo, Caquetá y Arauca.


En el informe 'Agresiones y homicidios de líderes sociales', el 'think tank' ha indicado que en 2000 murieron 30 líderes sociales asesinados, mientras que en 2017 la cifra ascendió a 50.


Según la fundación, los líderes son ahora más vulnerables ante la violencia debido a que "tienen una mayor visibilidad por los nuevos espacios de participación que impulsa el Acuerdo de Paz, se han visibilizado liderazgos y agendas políticas locales que afectan intereses de actores legales e ilegales y hay tensiones intracomunitarias alrededor de la representatividad de las comunidades y sus agendas".


Las agresiones a líderes sociales también están determinas por el tipo de labor que ejercen, pues el 52% de los que perdieron la vida en los ocho primeros meses de este año eran comunitarios, seguidos de indígenas y campesinos.


En cuanto a los responsables de estos actos, el documento recoge que en el 58% de los casos no se ha establecido el culpable, mientras que en el 35% la responsabilidad recae sobre las facciones criminales y los grupos armados ilegales.


En el 58% de los casos no se ha establecido el culpable


Fundación Ideas para la Paz ha señalado que se ha producido un aumento del 11% de los homicidios durante el segundo mandato del expresidente Juan Manuel Santos en relación con el primero. Además, ha alertado de que aunque el número de agresiones a mujeres líderes es menor, el uso de la violencia sexual se acentúa en dichos casos.


"La violencia sexual se ejerce mayoritariamente sobre las mujeres líderes y en diversos casos se repite causando ciclos de revictimización. A esto se suman amenazas e intimidaciones sobre sus familias", añade.
Por ello, la Fundación Ideas para la Paz ha propuesto diez acciones entre las que se destacan crear un registro único integrado, consolidado y actualizado que documente las agresiones y publicar periódicamente los avances que realizan las instituciones del Estado sobre las investigaciones.


Además, ha recomendado reconocer públicamente las afectaciones de derechos humanos como una acción simbólica reparadora y protectora de la labor del líder social, crear mecanismos rápidos y efectivos para responder a las amenazas contra las víctimas y superar la cultura de estigmatización, entre otros.


madrid
02/10/2018 09:27 Actualizado: 02/10/2018 09:42

Publicado enColombia
(Incluye video) + Álvaro Uribe ante los jueces, ¿Dónde terminará este globo?

Lo que parecía imposible gana una luz en Colombia: el hasta hoy senador Álvaro Uribe fue llamado a juicio por la Corte Suprema de Justicia, en un proceso en cabeza del magistrado José Luis Barceló. La respuesta del imputado fue inmediata: renunciar al senado, jugada fríamente calculada y con la cual, según diversos expertos en esta materia, impide que los máximos jueces del país lo procesen, pasando su investigación a la Fiscalía General de la Nación.

Como es conocido en nuestro país, la realzada independencia de este órgano del poder estatal es un decir. Cuota del poder económico y político, quien la encabeza siempre es ficha del poder. Consciente de ello, el senador Cepeda manifestó: “Yo creo que aquí lo que procede es pedirle a las organizaciones de derechos humanos más reconocidas internacionalmente, como Human Rights Watch (HRW) y como Amnistía Internacional (AI) que hagan una veeduría internacional sobre este proceso",

Con la decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia queda clara la anunciada pretensión del Centro Democrático de liderar un proceso reformatorio para concentrar todo el poder de las Cortes en una sola de estas, sometida, en este caso, al poder del Ejecutivo. La iniciativa anunciada para ser liderada en la legislatura que inició sesiones este 20 de julio, queda así abortada, o por lo menos llegará en tiempo tardío. ¿Dieron vía libre los jueces a esta investigación contra Uribe como una manera de proteger las Cortes en la forma como hoy existen y operan?

Antecedentes

El proceso por el cual es llamado a juicio el expresidente y exsenador, corresponde a la causa abierta por el senador Iván Cepeda quien interpuso demanda ante el alto Tribunal por la presunta relación de Uribe con paramilitares en Antioquia.

La confrontación judicial entre Uribe y Cepeda se remonta al año 2012, cuando el primero denunció al segundo por el supuesto uso de falsos testigos al acusarlo de buscar a exparamllitares en las cárceles y convencerlos de que declararan en su contra. Con esos testimonios, Cepeda vinculaba a Uribe con grupos paramilitares en el departamento donde fue gobernador y tiene su mayor cuota política. El llamado a juicio de Uribe por parte de la Corte Suprema de Justicia indica que el juez Barceló dio validez a los testimonios vinculados a esta causa, en este caso los exparamilitares Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve.

De esta manera, por primera vez en el país, un expresidente tendrá que defenderse ante la Corte Suprema de Justicia, en este caso su sala penal. Un suceso que más allá de su descenlace final abre las puertas para el cambio de la correlación de fuerzas en Colombia. Un debilitamiento del mismo gobierno de Iván Duque, que apenas inicia el próximo 7 de agosto es factible, pues los ecos de esta causa judicial le llegarán a su rostro, debiendo maniobrar en uno u otro sentido para neutralizarlos. Los coletazos de tal fenómeno aún no se pueden sopesar en toda su magnitud, pero podrían avisorar un recrudecimiento del conflicto interno, en primera instancia elevando la cuota de lideres sociales asesinados, y en segunda instancia potenciando y fortaleciendo el mismo poder de las estructuras paramilitares las cuales podrían optar, contrario a una desmovilización como la ofrecida por Juan Manuel Santos, por un accionar más coordinado e intenso.

Las denuncias por la supuesta relación de Uribe con los grupos paramilitares, son diversas y han corrido en Colombia de boca en boca. Denuncias nunca probadas pero siempre latentes, tal vez silenciadas de manera poco santa. La sospecha siempre ha estado ahí, rondando diversos escenarios del país.

Glorificado por unos y odiado por otros, Uribe empieza a vivir una etapa que seguramente ha sopesado hasta en los más mínimos detalles; en todo caso, el escenario abierto este 24 de julio de 2018 es novísimo, y puede tomar diversas coordenadas, como un globo navideño, hasta llegar a los expedientes que dicen poseer los organismos de inteligencia de los Estados Unidos, que como se sabe le tiene abierto prontuario a todo dirigente político del mundo, los cuales usa de acuerdo a sus intereses y sus refinados cálculos geopolíticos.

La pregunta del millón es, ahora y hacia el futuro: ¿ya cumplió su papel el expresidente y exsenador? ¿Ya no les hace más falta? Como a un enfermo terminal, ¿lo desconectarán?

 

Video 

 

https://youtu.be/cDb0Mf2GdiI

 

Publicado enColombia
Álvaro Uribe ante los jueces, ¿Dónde terminará este globo?

Lo que parecía imposible gana una luz en Colombia: el hasta hoy senador Álvaro Uribe fue llamado a juicio por la Corte Suprema de Justicia, en un proceso en cabeza del magistrado José Luis Barceló. La respuesta del imputado fue inmediata: renunciar al senado, jugada fríamente calculada y con la cual, según diversos expertos en esta materia, impide que los máximos jueces del país lo procesen, pasando su investigación a la Fiscalía General de la Nación.

Como es conocido en nuestro país, la realzada independencia de este órgano del poder estatal es un decir. Cuota del poder económico y político, quien la encabeza siempre es ficha del poder. Consciente de ello, el senador Cepeda manifestó: “Yo creo que aquí lo que procede es pedirle a las organizaciones de derechos humanos más reconocidas internacionalmente, como Human Rights Watch (HRW) y como Amnistía Internacional (AI) que hagan una veeduría internacional sobre este proceso",

Con la decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia queda clara la anunciada pretensión del Centro Democrático de liderar un proceso reformatorio para concentrar todo el poder de las Cortes en una sola de estas, sometida, en este caso, al poder del Ejecutivo. La iniciativa anunciada para ser liderada en la legislatura que inició sesiones este 20 de julio, queda así abortada, o por lo menos llegará en tiempo tardío. ¿Dieron vía libre los jueces a esta investigación contra Uribe como una manera de proteger las Cortes en la forma como hoy existen y operan?

Antecedentes

El proceso por el cual es llamado a juicio el expresidente y exsenador, corresponde a la causa abierta por el senador Iván Cepeda quien interpuso demanda ante el alto Tribunal por la presunta relación de Uribe con paramilitares en Antioquia.

La confrontación judicial entre Uribe y Cepeda se remonta al año 2012, cuando el primero denunció al segundo por el supuesto uso de falsos testigos al acusarlo de buscar a exparamllitares en las cárceles y convencerlos de que declararan en su contra. Con esos testimonios, Cepeda vinculaba a Uribe con grupos paramilitares en el departamento donde fue gobernador y tiene su mayor cuota política. El llamado a juicio de Uribe por parte de la Corte Suprema de Justicia indica que el juez Barceló dio validez a los testimonios vinculados a esta causa, en este caso los exparamilitares Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve.

De esta manera, por primera vez en el país, un expresidente tendrá que defenderse ante la Corte Suprema de Justicia, en este caso su sala penal. Un suceso que más allá de su descenlace final abre las puertas para el cambio de la correlación de fuerzas en Colombia. Un debilitamiento del mismo gobierno de Iván Duque, que apenas inicia el próximo 7 de agosto es factible, pues los ecos de esta causa judicial le llegarán a su rostro, debiendo maniobrar en uno u otro sentido para neutralizarlos. Los coletazos de tal fenómeno aún no se pueden sopesar en toda su magnitud, pero podrían avisorar un recrudecimiento del conflicto interno, en primera instancia elevando la cuota de lideres sociales asesinados, y en segunda instancia potenciando y fortaleciendo el mismo poder de las estructuras paramilitares las cuales podrían optar, contrario a una desmovilización como la ofrecida por Juan Manuel Santos, por un accionar más coordinado e intenso.

Las denuncias por la supuesta relación de Uribe con los grupos paramilitares, son diversas y han corrido en Colombia de boca en boca. Denuncias nunca probadas pero siempre latentes, tal vez silenciadas de manera poco santa. La sospecha siempre ha estado ahí, rondando diversos escenarios del país.

Glorificado por unos y odiado por otros, Uribe empieza a vivir una etapa que seguramente ha sopesado hasta en los más mínimos detalles; en todo caso, el escenario abierto este 24 de julio de 2018 es novísimo, y puede tomar diversas coordenadas, como un globo navideño, hasta llegar a los expedientes que dicen poseer los organismos de inteligencia de los Estados Unidos, que como se sabe le tiene abierto prontuario a todo dirigente político del mundo, los cuales usa de acuerdo a sus intereses y sus refinados cálculos geopolíticos.

La pregunta del millón es, ahora y hacia el futuro: ¿ya cumplió su papel el expresidente y exsenador? ¿Ya no les hace más falta? Como a un enfermo terminal, ¿lo desconectarán?

Publicado enColombia
Sicarios y espías entre los escoltas que "protegen" a personas amenazadas en Colombia

Las directivas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad encargada de salvaguardar la vida de las personas amenazadas en Colombia, mantienen en reserva la captura de un presunto sicario y secuestrador infiltrado como escolta en el esquema de seguridad del periodista que lo investigaba desde 2016 y que también tuvo a su cargo la "protección" de funcionarios públicos, congresistas, un reclamante de tierras y un sindicalista, entre otros ciudadanos en situación de riesgo.

El hecho, que prende las alarmas en momentos en que arrecian los ataques contra líderes sociales en el país, ha permanecido oculto pese a las posibles repercusiones en la seguridad de quienes fueron infiltrados por una temida banda sicarial de Medellín, y se suma a graves irregularidades documentadas por el Equipo Nizkor que involucran a escoltas al servicio de la UNP en acoso y violación sexual, tráfico de drogas y vigilancia contra los "protegidos", y a la Unidad en acciones de control que rayan en el espionaje y recuerdan las prácticas del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), organismo del que heredó las funciones de protección.

El pasado 20 de junio, durante un operativo de los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) en varias ciudades colombianas, fueron detenidos nueve policías -cinco activos y cuatro retirados- sindicados de conformar la banda "Los Magníficos", un peligroso grupo de secuestradores y sicarios que operaba en Antioquia. Entre ellos se encontraba Jefferson de Jesús Sangregorio Esquea, alias "Mi Sangre" o "Sangre", escolta de la Unión Temporal Seguridad Integral 2016, empresa contratista de la UNP para cuatro zonas de Colombia y encargada de los esquemas de miles de ciudadanos amenazados en el país.

El último de los "protegidos" por el supuesto sicario fue el periodista e investigador social Luis Fernando Quijano Moreno, director de la agencia de prensa Análisis Urbano y presidente de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (CORPADES), quien desde septiembre de 2016 había denunciado la existencia de "Los Magníficos" y mencionado directamente a "Mi Sangre" como uno de los responsables del secuestro -en marzo de 2015- del ingeniero Alejandro Ramírez Acosta, cuyo cadáver fue encontrado 20 meses más tarde, en noviembre de 2016.

 

Jesús Sangregorio Esquea, "Mi Sangre"

 

Según fuentes de la Policía Nacional, Sangregorio Esquea fue retirado de esa institución a finales de 2016 y en enero de 2017 fue contratado como escolta de Seguridad Integral, donde tenía como función relevar a sus compañeros cuando salían de vacaciones o se encontraban de permiso.

En tal calidad, durante los últimos dieciocho meses alias "Mi Sangre" escoltó, entre otros, al procurador regional (e) de Antioquia y expresidente del Sindicato de la Procuraduría General de la Nación, William Millán Monsalve; al subsecretario de Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín, Carlos Alberto Arcila Valencia; al líder indígena Juvenal Arrieta González y al congresista Juan Felipe Lemos Uribe, sobrino del exsenador Mario Uribe Escobar, condenado en 2011 por vínculos con grupos paramilitares, primo del expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez.

En los registros oficiales de la UNP -que pese a tener reserva legal se encuentran abiertos al público en el portal de la contratación estatal en Colombia- consta que entre 2017 y 2018 Sangregorio Esquea también estuvo en el esquema de seguridad del director de la Escuela Nacional Sindical (ENS), Carlos Julio Díaz Lotero; y del excombatiente del EPL, analista político e intermediario en la desmovilización de pandillas urbanas en Medellín, Mario de Jesús Agudelo Vásquez; así como el de una mujer de nombre María Nohelia David Guisao.

Igualmente, entre los escoltados por el señalado sicario y secuestrador se encuentra Gerardo Vega Medina, director de la Fundación Forjando Futuros y Premio Nacional de Paz en el año 2012, quien hace pocos días denunció en rueda de prensa en Medellín la existencia de un plan para atentar contra su vida y la de otros defensores de derechos humanos y reclamantes de tierras.

Según funcionarios de la Dirección de Investigación Criminal (DIJIN) de la Policía, de la banda sicarial también hacían parte otros dos ex uniformados que se desempeñaban como escoltas: Charles Antonio Argumedo Villaba, alias "Villa", y Juan Pablo Martínez Velásquez, alias "Ñame". No obstante, el Equipo Nizkor no pudo confirmar que éstos trabajaran en empresas contratistas de la UNP y esa entidad aseguró que los demás detenidos no tenían vinculación alguna con ella.

 

Juan Pablo Martínez Velásquez, alias "Ñame"

 

También quedaron a disposición de las autoridades el subintendente Francisco Javier López Carmona, alias "López", asignado a la Policía Metropolitana de la ciudad de Pereira; el patrullero Mauricio Andrés Ariza Morales, alias "Poli", en servicio en la región del Urabá antioqueño; así como los agentes Sebastián Machado Moreno, quien laboraba en el departamento de Bolívar, y Luis Eduardo Torres Valencia, quien se desempeñaba en el Valle del Cauca.

Asimismo, fueron capturados Hernán Mauricio Meneses Villa, alias "Súper", y Juan José Flórez Morales, alias "Juan El Negro", sindicados de ser los autores intelectuales de varios secuestros y cabecillas principales de "Los Magníficos".

 

 

Juan José Flórez Morales, alias "Juan El Negro"

 

De forma inexplicable, "Mi Sangre" fue asignado de al esquema de seguridad del periodista Luis Fernando Quijano el 13 de junio, una semana antes de que fuera detenido. Para el periodista, este hecho da cuenta de varias irregularidades tanto al interior de la Policía como de la empresa Seguridad Integral, que al firmar el contrato para el manejo de los esquemas de la UNP se comprometió a realizar estudios de confiabilidad a todos sus escoltas.

"Esa banda está denunciada desde 2016 y desde entonces sabemos que tanto Policía como Fiscalía los venían investigando, ¿cómo puede ser que nadie haya advertido que estas personas fueron retiradas mediante facultad discrecional y se les haya permitido entrar a empresas de seguridad que protegen a líderes sociales, periodistas, defensores de derechos humanos y gente amenazada en Colombia?", cuestiona el director de Análisis Urbano.

 

Miembros de la banda "Los Magníficos" al momento de su captura el 20 junio18. Policía Nacional

 

Al ser consultado sobre esta grave situación, el director de la UNP, Diego Fernando Mora, guardó silencio y delegó la respuesta en su subdirector de Protección, el coronel retirado de la Policía Nelson Aceros Rangel, que tampoco respondió. Quien sí lo hizo fue el subdirector de Evaluación del Riesgo de la UNP, coronel Álvaro López Pabón.

Según la UNP, la Unión Temporal Seguridad Integral 2016 "es absolutamente autónoma e independiente en los procesos de selección que realiza", los cuales deben basarse "en unos requisitos establecidos en el contrato" suscrito con ese organismo. "Una vez se tuvo conocimiento de la captura del escolta relevante, la Subdirección de Protección en ejercicio de la supervisión técnica y operativa del contrato, solicitó aclaración sobre la irregularidad tan grave que se estaba ventilando en medios de comunicación y se adoptaran las medidas preventivas y/o correctivas a las que hubiera lugar".

Para Quijano Moreno, las investigaciones que emprendan las autoridades deben establecer quién dentro de Seguridad Integral envió a Sangregorio Esquea a su grupo de escoltas "a última hora, en reemplazo de un relevante que fue enviado a otro grupo. Esta persona había sido denunciada hace dos años y con seguridad él sabía quién lo había hecho. ¿A qué vino? ¿A atentar contra mi familia o contra mí, a plantar pruebas en mi contra?".

El periodista recuerda que dos días antes de la captura de "Mi Sangre", hubo un operativo de cinco miembros de la Seccional de Investigación Judicial (SIJIN) de la Policía al frente de su oficina. "¿Acaso lo iban a capturar mientras se encontraba conmigo para poner en tela de juicio mi labor?".

 

Vehículo de la SIJIN y el CTI de la Fiscalía que vigilaba la sede de Análisis Urbano y CORPADES días antes de la captura de "Mi Sangre"

 

El mismo 20 de junio, según dice Quijano, hubo personal del GAULA del Ejército y la Policía alrededor de su sitio de vivienda, lo que para el investigador es una muestra de la irresponsabilidad con que operan los organismos de seguridad, pues "hubieran armado un show diciendo que cogieron a un secuestrador en mi casa, lo que habría servido para desprestigiar mi labor".

 

No es un "hecho aislado"

 

El caso de Luis Fernando Quijano no es el primero ni el único en que queda al descubierto la infiltración de personas que podrían resultar relacionadas con investigaciones sensibles de periodistas en riesgo en Colombia, y compromete la responsabilidad directa de la UNP ya sea por acción u omisión en su deber de garantizar la no repetición de hechos que puedan incrementar la situación de inseguridad de quienes debido a graves amenazas contra sus vidas se ven obligados a recurrir a la protección del Estado.

En marzo de 2016, el periodista y escritor Javier Osuna, autor del libro "Me hablarás del fuego" -que documenta la existencia de los hornos crematorios de los paramilitares en Norte de Santander, a raíz de cuya investigación y publicación recibió fuertes amenazas e incluso fue víctima de un incendio controlado en su apartamento- denunció que su escolta, un sargento retirado del Ejército, le preguntó por Armando Rafael Mejía Guerra, alias "Hernán", uno de los comandantes del Frente Fronteras, sobre quien Osuna escribió en su libro. El guardaespaldas le informó al reportero que había sido instructor de "Hernán" en el Ejército e incluso le mostró una foto en compañía del jefe paramilitar.

 

Carátula del libro del periodista Javier Osuna sobre los hornos crematorios de los paramilitares en Norte de Santander

 

Este hecho, añadido a que Osuna se había percatado de que el escolta en reiteradas ocasiones reportaba vía telefónica a personas desconocidas las novedades en el esquema, llevó al periodista a solicitar una investigación para determinar cómo una persona relacionada con un jefe paramilitar sobre el cual él había investigado había sido infiltrado entre quienes le brindaban seguridad.

En abril de ese mismo año, Diego Fernando Mora, director de la UNP, se comprometió ante la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Derechos Humanos (OACNUDH) a realizar una indagación al interior de ese organismo para determinar cómo ese "hombre de protección" había sido asignado al periodista.

No obstante, dos años después la UNP admite que no realizó investigación alguna, pues ésta corresponde "a las autoridades judiciales competentes en la materia". Según respuesta al Equipo Nizkor, la Unidad se limitó a solicitar a la empresa contratista adelantar "las diligencias pertinentes con el fin de establecer dicha información" y nuevos "estudios de confiabilidad de los integrantes del esquema".

En la Fiscalía, por su parte, la investigación también está estancada, pese a que –según lo estableció el Equipo Nizkor– cada día son más los interrogantes a resolver en el caso de Javier Osuna, pues su ex escolta se presenta en las redes sociales como suboficial activo del Ejército y no como un sargento retirado de esa institución. Cabe preguntarse entonces ¿cómo un militar activo terminó siendo asignado como escolta del periodista que investigó y denunció a uno de sus subalternos, a la postre convertido en jefe paramilitar?

Para Osuna, es claro que las autoridades deben responder a ese y otros cuestionamientos, como el porqué la justicia colombiana no ha llevado a cabo hasta ahora una investigación real sobre la existencia y número de víctimas incineradas en los hornos crematorios; las circunstancias en que fue asesinado "Hernán" el año pasado, tan sólo dos semanas después de haber salido de prisión; y las razones por las cuales su caso lleva dos años paralizado.

 

Escoltas al servicio de "Kiko" Gómez

 

Otro caso preocupante, que también compromete la responsabilidad del director de la UNP, Diego Mora, es el del veterano documentalista e investigador independiente Gonzalo Guillén, cuyas denuncias llevaron a la cárcel al exgobernador de La Guajira, Francisco "Kiko" Gómez Cerchar, por homicidio y concierto para delinquir, entre otros delitos. Según las investigaciones del periodista, "Kiko" Gómez podría tener a su haber la comisión de más de 130 homicidios en la Costa norte del país.

Amenazado de muerte y conocedor de varios planes de asesinato en su contra -el más reciente de los cuales fue denunciado hace un par de semanas- en agosto de 2016 Guillén solicitó el cambio de uno de sus escoltas, de nombre Alejandro Renzo, a quien señaló de espiarlo "de manera detallada" y distribuir fotografías de todos sus movimientos tanto afuera como "a la UNP y a la empresa que lo tiene contratado".

Guillén también dejó constancia expresa del "altísimo grado de peligrosidad en que ha sido aumentada mi difícil situación de seguridad personal debido a la actitud del referido señor Alejandro quien, lejos de actuar en beneficio de mi protección como ciudadano colombiano y periodista, lo hace abiertamente en contra de ella".

En aquella oportunidad, el director de la UNP respondió personalmente al periodista a través de una carta en la que le expresaba que "desde el día viernes 5 de agosto se procedió al retiro del hombre de protección del cual usted hace denuncias muy graves, ya que ante todo, para mí como director es muy importante no solo lo que tiene que ver con su seguridad e integridad, sino también, lo que tiene que ver con la protección de su intimidad e información; de igual forma di instrucciones al subdirector de protección, para que este escolta fuera marginado del programa de protección, ya que no puede existir la más mínima duda del comportamiento de cualquier integrante de un esquema de protección".

Pese a ese anuncio explícito por parte del director de la UNP, el pasado 17 de abril el escolta Alejandro Renzo fue asignado al esquema de seguridad de la también periodista Diana López Zuleta, cuyo padre, Luis López Peralta, fue una de las víctimas de "Kiko" Gómez. Por este caso, el exgobernador fue condenado a 40 años de prisión en enero de 2017, al tiempo que la reportera fue gravemente amenazada de muerte y por ello la Unidad debió asignarle un esquema de seguridad.

Una vez más cabe preguntarse, ¿cómo un escolta que había sido denunciado por vender información sobre el periodista Gonzalo Guillén a la organización criminal de "Kiko" Gómez terminó "protegiendo" a una de las víctimas del exgobernador?

El Equipo Nizkor no obtuvo respuesta a estos interrogantes, pues el director de la UNP decidió bloquear a la autora de este reportaje de su red social de Whatsapp. A cambio, delegó las respuestas en el subdirector de Protección, coronel Nelson Acero, quien tampoco respondió, pese a ser uno de los supervisores directos de las empresas contratistas y responsable de los esquemas de protección.

Por su parte, el subdirector de Evaluación, coronel Álvaro López Pabón, se limitó a responder que "la Unidad Nacional de Protección realiza seguimientos al personal que va a ser asignado a los diferentes esquemas de protección con el fin de ejercer la supervisión técnica y operativa que corresponde en el cumplimiento de requisitos, y de esta forma exigir al Operador para que de forma inmediata adopte las medidas preventivas y/o correctivas a las que haya lugar, siendo el caso por ejemplo la desvinculación de dicho personal por el incumplimiento de los referidos requisitos."

No obstante, el Equipo Nizkor documentó varios casos más de escoltas contratistas al servicio de la UNP involucrados en labores de espionaje, seguimiento o persecución e incluso violencia sexual contra las personas cobijadas en los programas de ese organismo.

 

Próxima entrega: violación y acoso sexual a mujeres "protegidas": el fracaso del enfoque diferencial de la UNP.
[Fuente: Por Claudia Julieta Duque, Radio Nizkor y Equipo Nizkor, Primera Entrega, Bogotá, 16jul18]

Publicado enColombia
Para Colombia se acabó el Mundial, pero las masacres continúan

Sucede en un país “en paz”. Entre el 2 de junio y el 4 de julio, 16 lideresas y líderes sociales y defensores de Derechos Humanos fueron asesinados por grupos paramilitares y afines. En lo corrido de 2018 los líderes asesinados suman 116. ¡Un genocidio que ya tiene que parar! Para las 6:00 pm del viernes 6 de julio, a las 6 pm, en diversidad de plazas públicas del país, está convocado el país a una movilización nacional en contra del plan macabro que está en marcha.

 

Con la fiebre del Mundial llega la euforia por las estadísticas y por las marcas batidas: número de goles, de asistencia a los estadios, del goleador, en fin. Colombia, ya eliminada de tal certamen, tiene sus propias marcas. En 20 días de competición la Selección consiguió 6 goles en 4 juegos, es decir 1,5 por partido. Alegrías y tristezas arrojó tal resultado por todo el país.

Mientras esto acontecía en Rusia con la selección de fútbol, en nuestro territorio nacional, en 33 días –entre 2 de junio y 4 el de julio– la sociedad colombiana padeció en silencio el asesinato de 24 líderes/as sociales y defensoras/es de derechos humanos; 16 de ellas entre el 14 de junio y el 3 julio (20 días), es decir 2 personas cada tercer día, en promedio.

Contrario a lo sucedido en Rusia, en este caso el país guardó silencio ante semejante récord; las caras largas y los llantos solo se vieron entre las personas cercanas a cada una de las víctimas, y un poco más allá, entre sus pares activistas; de manera sorprendente, mientras el espectáculo de la pelota era cubierto por todos los medios, el desangre de los líderes y lideresas apenas mereció una que otra columna, pero sin llegar a conmover al país como un todo.

Son contradicciones y paradojas: mientras que el Mundial sucede cada 4 años, la violencia nos toca todos los días, ¿será por eso que el primero es sensación y la segunda ya no nos impacta?

Un desangre con lectura territorial. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) en lo que va corrido de este año son 116 los líderes/as y defensoras/es de derechos humanos asesinados. Así las cosas, en 186 días alcanzamos un promedio de 0,62 asesinados por día, es decir, cada 48 horas ocurre un asesinato por persecución política. Esta entidad también reportó que Cauca (78), Antioquia (43), Norte de Santander (21), Nariño (18), Valle del Cauca (16), Chocó (16), Risaralda (14) y Arauca (13), son los departamentos con mayor número de víctimas mortales por esta causa. Sin parecer que semejante realidad conmueva al país, un sector del mismo propone recolectar firmas para reclamar ante la Fifa las decisiones arbitrales que caracterizaron el partido contra Inglaterra. Cuesta creer semejante frivolidad.

Aunque las cifras ya son aterradoras, es preciso recordar que a diario son reportadas, en todo el país, amenazas de muerte dirigidas en contra de individuos o grupos de personas, ya sea vía telefónica o con panfletos. Y es que luego de que Iván Duque y el Centro Democrático ganaran las elecciones para la presidencia, se conocen amenazas contra algunas de las personas que participaron en la campaña presidencial del ex candidato Gustavo Petro, las cuales tienen como sitio de vivienda pequeños municipios de distintas coordenadas del territorio nacional; estas amenazas las colocan como objetivo militar.

Son contradicciones y paradojas que no parecen tener límite. Este 5 de julio el país habla de la recepción que le harán a los 23 “héroes” que dejaron en alto en Rusia el nombre del país; algunos se quejan porque quieren que el homenaje se realice en Barranquilla, sede de la Selección, otros se sienten indignados porque el artista encargado del espectáculo no es de su agrado. ¿Y las 24 personas asesinadas en estos últimos días por defender a los más débiles? ¿Y las 24 personas asesinadas en escasos 33 días por defender la tierra que es de todas y todos? ¿Y las 24 personas asesinadas por denunciar la injusticia o porque simplemente pensaron distinto? Silencio… ni asombro, ni dolor, ni inquietud, ni protesta…

Seguro, millones en Colombia saben a la perfección los nombres de los 23 jugadores inscritos para el Mundial, pero ninguno de los nombres de alguna de las 24 víctimas de la oleada criminal que mancha con sangre indeleble al actual Gobierno, y señala con interrogante al que asume el 7 de agosto.

1. ORLANDO NEGRETE. H. 02/06/2018. TIERRA ALTA. CORDOBA. Presidente de la Junta de Acción Comunal del Camu Las Delicias, CAMPESINO – COMUNAL.

2. CARLOS JIMMY PRADO GALLARDO. H. 02/06/2018. OLAYA HERRERA. NARIÑO. Directivo ASOCOETNAR, Representante legal de Satinga Joven y Delegado al Espacio Nacional de Consulta Previa por las Comunidades Negras del Pacífico Nariñense, CONAFRO y Marcha Patriótica. AFRO DESDENDIENTE. MAPA.

 3. JULIO CESAR MONTALVO. H. 02/06/2018. MONTELIBANO. CORDOBA. Hermano de la gobernadora indígena Meisa Montalvo Teherán, del cabildo la Meta Territorial del resguardo Zenú alto San Jorge. INDIGENA. ONIC.

4. YEISON RAMIREZ. H. 11/06/2018. VALLE DEL GUAMUEZ. PUTUMAYO. Presidente Junta de Acción Comunal vereda la Yet. CAMPESINO – COMUNAL.

 5. FRANCISCO JOSÉ GUERRA GUERRA. H. 11/06/2018. ITUANGO. ANTIOQUIA. Líder comunitario en calidad de presidente de la junta de acción comunal de la vereda El mandarino. CAMPESINO – COMUNAL.

6. HOLMAN MAMIAN. H. 12/06/2018. LA VEGA. CAUCA. Docente la Institución Educativa Santa Rita sede el Ventiadero del municipio de la Vega- Cauca. Afiliado a ASOINCA. DOCENTE.

 7. ARNULFO CATIMAY BLANCO. H. 19/06/2018. SANTA ROSALIA. VICHADA. Pueblo Saliva en Vichada. INDIGENA. ONIC.

8. CRISTIAN ANDREY RODRÍGUEZ SÁNCHEZ. H. 20/06/2018. HACARI. NORTE DE SANTANDER. Líder comunal. CAMPESINO.

 9. LUIS CARLOS CABRERA SEGURA. H. 20/06/2018. FLORENCIA. CAQUETA. Presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio El Berlín. COMUNAL.

10. EVELIA FRANCISCA ATENCIA PEREZ. M. 21/06/2018. MAICAO. GUAJIRA. Docente sindicalista integrante de la Colombia Humana. DOCENTE - COLOMBIA HUMANA.

11. HECTOR SANTIAGO ANTELIZ. H. 21/06/2018. TEORAMA. NORTE DE SANTANDER. Actualmente el líder hacía parte de ASCAMCAT, como responsable de coordinar el Comité Veredal en San José. También se desempeñaba como presidente de la Junta de Acción Comunal. CAMPESINO. MAPA.

12. JANER ALBERTO CORREA ARBOLEDA. H. 23/06/2018. TEORAMA. NORTE DE SANTANDER. CAMPESINO.

 13. ADRIAN PEREZ. H. 23/06/2018. CURVARADO. CHOCO. Hijo de reclamante de tierras. AFRO DESCENDIENTE.

 14. JOSE ABRAHAM GARCIA. H. 25/06/2018. ITUANGO. ANTIOQUIA. Presidente JAC Pascuita. CAMPESINO – COMUNAL.

15. JAMER ALBEIRO IDROBO NAVIA . H. 26/06/2018. EL BORDO. CAUCA. Integrante del comité Cocalero Vereda La Joaquina y COCCAM. PNIS.

 16. JULIO CESAR SUCERQUIA. H. 27/06/2018. ITUANGO. ANTIOQUIA. Miembro fundacional de La asociación de Comité de Barequeros del Norte de Antioquia. MINERO.

17. IVAN DE JESUS LAZARO MAZO. H. 29/06/2018. PUERTO LIBERTADOR. CORDOBA. Integrante de ACSUCOR y Marcha Patriótica, Ex secretario JAC Vereda Rogero . CAMPESINO. MAPA.

 18. LEONEDIS ALEISER SIERRA ORTIZ. H. 02/07/2018. TARAZA. ANTIOQUIA. Miembro la Junta de Acción Comunal de San Agustín Bajo, corregimiento de El Guáimaro, de Tarazá. CAMPESINO – COMUNAL

19. GABRIEL ADOLFO CORREA CHAVESTAN. H. 02/07/2018. BUENOS AIRES. CAUCA Concejal por el Partido Verde, trabajo en la Colombia Humana. COLOMBIA HUMANAL.

20. DAVID MEJIA PRIETO. H. 02/07/2018. LA MONTAÑITA. CAQUETA. Ex presidente Junta de Acción Comunal de Provivienda en el asentamiento Virgen del Carmen. CAMPESINO – COMUNAL

21. SANTA FELICINDA SANTAMARIA. M. 03/07/2018. QUIBDO. CHOCO. Presidenta JAC del Barrio Virgen del Carmen. COMUNAL.

22. LUIS BARRIOS MACHADO. H. 03/07/2018. PALMAR DE VARELA. ATLANTICO. Presidente ASOCOMUNAL Palmar de Varela. COMUNAL.

 23. MARGARITA ESTUPIÑAN USCATEGUI. M. 03/07/2018. TUMACO. NARIÑO. Presidenta JAC Barrio el recreo vereda Vaquerio Llorente. COMUNAL.

24. ANA MARIA CORTEZ MENA. M. 04/07/2018. CACERES. ANTIOQUIA. Coordinadora Municipal de la Colombia Humana.

 Por suerte, en Colombia, pese al constante desangre de sus liderazgos sociales, y a pesar de la indiferencia promovida por los medios de comunicación tradicionales, un sector no despreciable de su sociedad se preocupa por la violencia y el conflicto nacional que no cesan, preocupación que los lleva a dejar a un lado la euforia del Mundial para decir BASTA YA de este genocidio. Para hacer más evidente su rechazo y dolor, citan para este 6 de julio, a las 6 de la tarde, a la “Velatón nacional” en todas las plazas y parques principales del país.

El propósito es romper la indiferencia. Este será uno de los pasos para ponerle fin al amarillismo de los medios oficiosos que desinforman a la ciudadanía negando el contexto del conflicto y la misma ley del terror impuesta en la práctica, una ley que lleva a ampliar el silencio y la impunidad sobre estos hechos; una ley que promueven y desprenden desde el alto poder.

Entre el Mundial de cada 4 años y la vida diaria en nuestro país, estamos ante el momento para unirnos en una sola voz y exigir a la Procuraduría, a la Fiscalía, a las Fuerzas Militares, a los órganos de Derechos Humanos, y al presidente Santos, que se pronuncien al respecto, que investiguen los hechos y castiguen a los responsables y, no menos importante, que protejan a las personas que denuncien amenazas en su contra.

 

Publicado enColombia
Página 1 de 2