Caminos protocolarios de falsedad y camuflaje

De nuevo nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó acude ante el país y el mundo para dejar constancia de los últimos hechos que la afectan profundamente.

Hoy día el corregimiento de San José de Apartadó continúa invadido y controlado por paramilitares, quienes por más que el gobierno los niegue y los oculte, siempre están allí controlándolo todo y no se preocupan por las denuncias: tienen la seguridad de que sus patrocinadores y aliados son gobierno y no permitirán que sean judicializados, así se muestren a la luz del día y difundan ampliamente sus ilegales y perversas imposiciones, sus ilegales impuestos y extorsiones, sus amenazas y sus listados de candidatos a morir. Parodiando un salmo bíblico, se puede decir de ellos: “moran al abrigo del altísimo (gobierno)” y en esa seguridad fundan su cinismo y su descaro.

No hay que ir muy lejos para verificarlo: luego del asesinado del último joven campesino en la vereda La Cristalina (agosto 18 de 2019), un Fiscal de Apartadó convocó a pobladores de 4 veredas intensamente controladas por el paramilitarismo para preguntarles quién había asesinado a Weber Andrés (sept. 4/19). La nutrida presencia de paramilitares en dicha reunión, acompañados por numerosos militares y policías, le insistió al Fiscal que “en la zona no había paramilitares y que por lo tanto a Weber no lo podían haber matado los paramilitares”. Así se podían resumir las conclusiones convergentes de tan sospechosa asamblea. ¿Qué pretendía el Fiscal con un acto como esos? ¿Ignoraría que su auditorio estaba saturado de paramilitares quienes negaban su propia existencia con intenciones inconfesables y que los no paramilitares no se atrevían a hablar por no arriesgar sus vidas? ¿Tenía esa convocatoria el carácter de una audiencia judicial? ¿Será el Fiscal uno de los uribistas que opinan que el Estado de Derecho es obsoleto y que en adelante debe predominar “la  justicia de opinión” apoyada en las facultades decisorias de los victimarios agrupados en montoneras? ¿Qué hacían allí militares y policías recogiendo firmas de los asistentes? ¿Cuál es el destino y el uso de esas firmas? ¿Equivaldrán esas firmas a una especie de “jurado de conciencia” que legitima el veredicto absolutorio de los asesinos? ¿Cuáles serán las nuevas reglas de juego de esa extraña “justicia”? ¿Por qué al menos no las hacen públicas?

Desde esa seguridad imperturbable, los paramilitares continúan en su rutinaria agresión a la población civil: controlan, cobran impuestos, amenazan y asesinan. Solo el silencio encapsula las voces de los campesinos. Si se salen de ese orden, rápidamente circulan las listas fatídicas con los nombres de los próximos muertos.

No hay un remedio que pueda curar esta tragedia, contra la conciencia de un campesinado que por más de 50 años ha vivido en esta zona donde sólo el sometimiento les ha permitido sobrevivir ajustándose a las reglas de los armados. 

Los hechos de los cuales dejamos constancia son los siguientes:

 

  • ·El martes 17 de septiembre de 2019, a las 9:58 horas, fue captada la presencia de un grupo de paramilitares con vestidos de camuflado y portando armas largas en la vereda Arenas Altas, del corregimiento de San José de Apartadó.
  • ·El miércoles 18 de septiembre de 2019, nuestra Comunidad de Paz realizó un recorrido con la Defensoría del Pueblo y acompañamiento internacional, por las veredas Arenas Altas y Arenas Bajas, con la intención de poder acompañar a miembros de nuestra comunidad que viven allí, dada la presencia comprobada, en esos días, de unidades paramilitares. Al llegar a Arenas Altas se pudo verificar la presencia de gente armada muy cerca del camino, sin poder identificarla. Más adelante en el mismo camino,  como a  20 minutos de distancia,  encontraos un grupo armado muy sospechoso el cual estaba conformado por ocho integrantes quienes se identificaron como “fuerza pública”.
  • ·El miércoles 25 de septiembre de 2019, en horas de la noche, el señor ELKIN ORTIZ quien ha venido causando daños en la propiedad privada de nuestra Comunidad de Paz en la finca La Roncona, volvió a incursionar para destruir nuestros alambrados, cultivos de plátano y cacao. Según informaciones, esto lo hace impulsado por los paramilitares que controlan el caserío de San José.
  • ·El viernes 27 de septiembre de 2019, a las 10:00 a. m., cuando los miembros de una comisión de nuestra Comunidad  de Paz regresaban desde la vereda La Esperanza hasta San Josesito, fueron informados de que apenas habían salido de la finca de La Esperanza, propiedad privada de nuestra Comunidad de Paz, llegaron 7 paramilitares vestidos de camuflados y con armas largas, como asechando a los miembros de nuestro proceso que se encontraban allí realizando trabajos en la finca. Al mismo tiempo se verificó la presencia de otros 10 paramilitares en la parte alta de la vereda La Esperanza.
  • ·El sábado 28 y el domingo 29 de septiembre de 2019, nuestra Comunidad de Paz y otras comunidades del país, acompañadas por organizaciones internacionales, se encontraban de visita en la zona humanitaria Las Camelias, del municipio de Carmen del Darién en el departamento del Chocó y de igual manera acompañando a las familias del proceso comunitario que allí se ha desarrollado. Durante el viaje se pudo comprobar que esa es una zona totalmente controlada por el paramilitarismo, pues la intensa presencia de paramilitares en trajes civiles era muy notoria. Esto deja en evidencia una vez más que el paramilitarismo es el que controla todo a su antojo en los pueblos y veredas del país y lo peor de todo es que casi siempre el control lo ejercen en medio y bajo la protección o en complicidad de la fuerza pública y de toda evidencia, con su tolerancia y coordinación.
  • ·El mismo sábado 28 de septiembre de 2019, en respuesta a una orden del Consejo de Estado, el comandante de la Brigada XVII del ejército, Coronel Carlos Padilla, presidió una ceremonia de desagravio frente al salón comunal del caserío de San José de Apartadó, donde descubrió una placa alusiva a la masacre del 21 de febrero de 2005 y donde expresó: “Con esta placa reconocemos y dignificamos a las víctimas del conflicto armado por los hechos acaecidos el 21 de febrero de 2005 en la vereda La Resbalosa y Mulatos del municipio de San José de Apartadó en desagravio por su muerte (…) Quiero presentarles mis más sinceras disculpas y solidarizarme con el dolor de todos y cada uno de ustedes. Puedo darles fe de que el ejército nacional continuará con la firme convicción de mantener y garantizar las condiciones de libertad y democracia que todos ustedes como pueblo colombiano nos demandan

 

El acto no lo presidió el Ministro de Defensa, como estaba ordenado por el Consejo de Estado, lo que ya revela el bajo valor que el gobierno les reconoce a las víctimas campesinas y el tratamiento despectivo que les da. Tampoco la placa incluyó los nombres de todas las víctimas de esa masacre y nadie entendió por qué excluyeron a BELLANIRA AREIZA, la compañera del líder histórico de la Comunidad de Paz allí masacrado, Luis Eduardo Guerra, quien fue también masacrada en esa misma orgía de sangre. Sólo asistieron al acto una veintena de personas , algunas de ellas familiares de las víctimas que habían recibido indemnización monetaria ordenada por el Consejo de Estado, ninguna de ellas integrante de nuestra Comunidad de Paz, pues desde el comienzo repudiamos el tasar a nuestras víctimas en dinero, como si fueran mercancías, y menos cuando esa “paga” no va acompañada de sanción a los victimarios y de medidas efectivas de no repetición y de corrección de la criminalidad sistémica evidenciada en dicha horrenda masacre.

Las palabras del Coronel Padilla y el texto mismo de la placa son un modelo refinado  del perverso encubrimiento y distorsión de la realidad, coadyuvantes de la horrorosa impunidad reinante. Presentar a estas víctimas como “víctimas del conflicto armado” es una ignominia. Ninguno de los centenares de crímenes perpetrados en estos 23 años contra nuestra Comunidad de Paz puede considerarse como relacionado con el conflicto armado, pues si algo definió la identidad de nuestras Comunidad desde su primer momento de existencia fue su negativa radical a participar en el conflicto armado y a colaborar con cualquier actor armado. La fuerza pública sabe de sobra que asesinaron a nuestros hermanos y hermanas porque no los pudieron encuadrar en la estrategia paramilitar que habían diseñado para toda la región y que aún sigue imperando; los eliminaron porque por sus principios se les escapaban de las manos. Por ello es absolutamente irregular y contrario a las mismas reglas de la JEP que los victimarios de nuestra Comunidad estén pidiendo ingreso a la JEP.

Pero quizás lo más indignante es que el mismo texto de la placa y las palabras del Coronel Padilla “ignoren” lo sucedido en la masacre y sus reales dimensiones. Ninguna sombra de reconocimiento ni arrepentimiento de la responsabilidad del ejército en esos horrores, a pesar de que la misma Corte Suprema, en sentencia de casación, haya condenado a altos oficiales, si bien ha dejado en la impunidad a los más altos que tomaron las decisiones más macabras. ¿Qué tipo de desagravio es ese que no reconoce la responsabilidad evidente en el crimen? ¿Acaso no es una nueva victimización?

Pero el cinismo del discurso no tiene límites: el Coronel Padilla se atreve a “DAR FE” de que el ejército “CONTINUARÁ GARANTIZANDO CONDICIONES DE LIBERTAD Y DEMOCRACIA” que la gente demanda. No hay derecho a pretender ignorar la historia de manera tan atrevida. ¿Por qué no aludió siquiera a los 1462 crímenes de lesa humanidad que fueron perpetrados en los primeros 21 años de persecución y genocidio contra nuestra Comunidad de Paz, cuya documentación reposa en tribunales internacionales y en los cuales el ejército tiene responsabilidad activa o pasiva? ¿Sigue creyendo el Coronel que el sol se puede tapar con un dedo?

Cuando habla de “garantizar una continuidad de libertad y democracia”, ¿ignora que lo que ha brindado el ejército en estas décadas es todo lo contrario de libertad y democracia, así él se atreva a llamarlas “libertad y democracia”, como quizás nadie más se atrevería a hacerlo, pues lo que han garantizado hasta ahora son: masacres, asesinatos, cercos de hambre, desplazamientos, torturas, destrucción e incineración de viviendas y cultivos, creación y apoyo a estructuras paramilitares, montajes judiciales, encarcelamientos de inocentes, torturas, abusos sexuales, amenazas, campañas de difamación, calumnias e injurias, robos de bienes de subsistencia y asaltos a mano armada para ejecutarlos, violaciones de la intimidad, desapariciones forzadas, falsos positivos, profanación y ocultamiento de cadáveres y otros muchos horrores. ¿Es esa la “libertad y democracia” que ofrece “CONTINUAR”, para lo cual “DA FE”?

Cuando se dan manifestaciones de “desagravio” o de “perdón” en un contexto envuelto y sumergido hasta lo más profundo en las mismas dinámicas criminales que produjeron el exterminio de las víctimas, los discursos sólo tienen la posibilidad de recurrir a las falsedades, al camuflaje, a la desviación, al disfraz. Y eso es lo que hemos estado viviendo en el llamado “posconflicto” o “pos acuerdo”, en que las raíces del conflicto siguen más vivas que nunca y retoñando de manera apabullante. Se percibe una búsqueda desesperada por tapar la falta de credibilidad. Vivimos dentro de un Estado y un gobierno que quieren convencer al país y al mundo que es posible mostrar una “cara nueva” apoyada en discursos incumplidos pero sin enfrentar el problema más acuciante: garantizar la no repetición de los crímenes. Creen que eso es posible tapando y evadiendo las responsabilidades; manteniendo en sus puestos y ascendiéndolos a quienes diseñaron y ejecutaron las barbaries y manteniendo (negándolas) las doctrinas y estructuras que inspiraron y favorecieron tan horrendas prácticas. ¿Cuántos años o décadas habrá que esperar para que se convenzan que eso es absolutamente imposible?

Con nuestra gratitud siempre reiterada a quienes desde numerosos espacios de nuestro país y del mundo nos sostienen con su fuerza moral, les enviamos una nueva alerta sobre lo que estos falsos “desagravios” revelan y anuncian.

 

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Octubre 4 de 2019

Publicado enColombia
Guaidó, la narcopolítica y la invisibilización mediática

Dirigentes políticos, directivos de medios, periodistas y blogueros opositores quedaron en medio de una inquietante crisis tras la difusión viral de las fotografías y el video del autoproclamado presidente Juan Guaidó con dos peligrosos cabecillas de la banda narcoparamilitar colombiana Los Rastrojos, que lo escoltó en su ingreso a Colombia el 22 de febrero último, presuntamente por pedido del gobierno colombiano.

Guaidó, quien había asegurado no saber quiénes eran las personas con las que se estaba fotografiando fue duramente cuestionado por partidarios de la oposición, quienes dudan de su ingenuidad, sobre todo porque en las imágenes uno de los identificados como líder de la agrupación paramilitar porta un armamento en la cintura.

El Presidente Nicolás Maduro hizo referencia a los hechos del pasado 23 de febrero, momento en que Guaidó apareció en Colombia, pese a medidas cautelares que le prohibían salir de Venezuela. “Tremendo bandido, tremendo criminal, que ha elegido el gobierno de los Estados Unidos para ser el líder de la oposición. Tengo la seguridad de que fue Álvaro Uribe Vélez quien dio la orden a Los Rastrojos de prestar ayuda y seguridad a Juan Guaidó. Más temprano que tarde te llegará la justicia”, acotó.

Mientras El País titulaba “Las polémicas fotos de Juan Guaidó con Los Rastrojos en la frontera, el líder opositor colombiano Gustavo Petro señalaba que “si un senador de la República de Colombia estuviera en una foto así, sería de inmediato procesado por la Corte Suprema de Justicia”.

En las redes venezolanas, el filósofo e influencer opositor Erick Del Bufalo tuiteó que una persona con la apariencia del líder de Los Rastrojos debe tener “mínimo 10 muertos encima”. Francesco Manetto, corresponsal de El País español en Colombia, destacó que las fotos “son suficientes para levantar sospechas muy graves” sobre los posibles vínculos de Guaidó con grupos paramilitares y narcotraficantes.

Por supuesto que la mayor responsabilidad de la explicación de las fotos la tenía en este caso el empresario mediático Alberto Federico Ravell, en su condición de “ministro de información” de Guaidó.

Tras no hallar justificativo, optó por la excusa de la popularidad extrema de Guaidó, un tipo tan carismático que miles de personas pugnan por hacerse fotos con él, inclusive algunos delincuentes de alta estofa, como John Jairo Durán Contreras, apodado “el Costeño” o “el Menor” y Albeiro Lobo Quintero, alias “el Brother”.

Si las fotos podrían servir para explicar una ingenuidad de Guaidó, al sacarse selfies con “cualquiera”, el video no dejó ninguna duda, pues muestra el cruce del puente hacia Colombia rodeado exclusivamente por narcos y algunos de sus ayudantes.

Quizá ese verso de la ingenuidad es lo que la audiencia opositora quiere oír, dispuesta a aceptar hasta las historias más inverosímiles, siempre que refuercen las creencias y los puntos de vista cristalizados es la base sociológica del fenómeno de la posverdad que funciona, en este caso, a favor del liderazgo de la derecha, señala Clodovaldo Hernández.

Desde Bogotá, el seudoembajador de Guaidó Humberto Calderón Berti fue el encargado de dar la explicación, con aire de diplomático conservador del siglo pasado, acerca de que los grandes líderes no pueden solicitar antecedentes penales a todo aquel que quiera tomarse una foto.

Varias horas después y por orden de los laboratorios de comunicación, el propio Guaidó quiso pasar a la ofensiva al señalar que la gente no debe preguntarse por qué él se fotografió con los paracos, sino mediante qué conexiones criminales llegaron esas fotos a manos del gobierno venezolano.

Al esfuerzo por sacar a Guaidó del pantano se sumaron el presidente colombiano, Iván Duque, el expresidente Andrés Pastrana y otras figuras de la misma laya. El primero -a quien el escándalo lo involucra directamente ante evidencias de que su gobierno realizó una operación con esta banda criminal para trasladar a Guidó al lado colombiano -lo llamó héroe y titán, al margen de con quién aparezca en fotos; el segundo lanzó la tesis de que Guaidó le tendieron una trampa.

El escándalo de las fotos con los narcoparacos trató de ser invisibilizado por las agencias trasnacionales de noticias y las televisoras cartelizadas. Los medios colombianos usaron epítetos asépticos, descafeinados como “incómodas” o “polémicas” y un arsenal de presuntos y supuestos, que quieren invisibilizar la realidad, lo evidente.

Deliberadamente se oculta que las fotos fueron difundidas por Wilfredo Cañizares, un activista colombiano de derechos humanos que ya ha denunciado las actividades criminales de los Rastrojos, entre las que se incluyen las terribles casas de pique, lugares donde la organización delictiva descuartiza personas.

Los laboratorios de faknews trabajan en un escándalo alternativo que minimice o haga olvidar el de Guaidó.

Estas revelaciones confirman que los líderes de la derecha venezolana no sólo no experimentan ningún escrúpulo en conspirar contra su país con gobiernos extranjeros e instancias multilaterales completamente desprestigiadas, sino que además basan sus operaciones en una red de complicidad con grupos criminales y sus cabecillas confesos sin que les represente algún inconveniente ético la gravedad de los ilícitos perpetrados por éstos, señaló un editorial del diario mexicano La Jornada.

Queda pues demostrada por enésima ocasión la bancarrota moral de la derecha venezolana o, cuando menos, del sector de la derecha elegido por Estados Unidos y sus gobiernos satélite en la región para desestabilizar al gobierno legítimo de Venezuela e impulsar una salida violenta a la crisis que atraviesa la nación caribeña, añadió

Por Victoria Korn, periodista venezolana asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

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Tranquilidad cínica en ejecuciones programadas

Como en muchas ocasiones durante estos 22 años, nuestra Comunidad de Paz nuevamente deja constancia ante el país y el mundo sobre los últimos hechos de los cueles hemos sido víctimas al querer seguir en resistencia civil, en la defensa de la vida y del territorio.

Nuestra región se encuentra de nuevo de luto, gracias a la permisividad de la Brigada 17 del Ejército, pues los paramilitares asesinaron a otro joven campesino de nuestro Corregimiento que se negó a someterse a sus imposiciones arbitrarias y absurdas. Una evidencia más de que el paramilitarismo tiene las manos libres para proclamarse dueño de la vida y de la muerte de la población civil. Mientras el Gobierno y su Brigada militar 17 de Carepa afirman que el paramilitarismo no existe y que nuestra Comunidad de Paz inventa crímenes para desacreditarlos, la sangre sigue corriendo en nuestro territorio; los victimarios siguen en libertad y con carta blanca para seguir matando y las listas de próximos ejecutados circulando y sembrando terror, al tiempo que las organizaciones civiles, como las juntas comunales, que debieran reaccionar con energía, guardan silencio y se paralizan.

Los hechos de los cuales dejamos hoy constancia son los siguientes: 

  • ·El domingo 18 de Agosto de 2019entre las cinco 5 y las 6 de la tarde, fue asesinado el joven WEVER ANDRÉS ARIAS GARZÓN o UBER como lo llamaba la familia entre las veredas La Linda y La Cristalina, del corregimiento de San José de Apartadó. El crimen fue perpetrado por paramilitares que controlan la zona, los cuales ingresaron a la vivienda donde Wever Andrés se encontraba solo en ese momento, pues su compañera se encontraba en San José haciendo mercado. Le hicieron 4 disparos de arma de fuego que acabaron con su vida. Ese mismo día domingo, al enterarse del hecho, nuestra Comunidad de Paz organizó una comisión humanitaria para ir hasta el lugar de los hechos y acompañar a la familia. Se logró salir a las 11:00 de la noche, llegando al lugar a la 1:30 de la madrugada del lunes 19 y acompañar a la familia y amigos que se encontraban allí. Al mismo tiempo se habló con la Defensoría del Pueblo para que realizara las diligencias respectivas para el levantamiento del cadáver. Sólo a las 12:30 del día lunes 19 de agostode 2019, 19 horas después del asesinato, llegaron hasta el sitio miembros de la SIJIN, la Policía y el Ejército supuestamente para hacer el levantamiento del cadáver. Sin embargo un Sargento le dijo a la madre de la víctima que era mejor que los civiles que se encontraban allí recogieran el cadáver y lo llevaran hasta San José donde los esperaría un grupo de la policía, pues ellos estaban muy cansados y no podían llamar un helicóptero.

 

Miembros de nuestra Comunidad le insistieron a la Defensoría del Pueblo de Apartadó que llamara a las autoridades competentes y de allí se comunicaron con el Coronel Pavón, comandante de operaciones, pero él respondió que era la policía la que debería levantar el cadáver y llevarlo a San José. Las dos órdenes contradictorias solo evidenciaban la irresponsabilidad rutinaria de la fuerza pública que busca siempre evadir y sacarle el cuerpo a sus obligaciones.

Ante tanta tardanza, la familia había pensado en un momento levantar el cadáver y llevarlo hasta San José, pero al ver llegar a la fuerza pública esperó a que ésta lo hiciera. No lo hicieron sino que le pidieron a la familia que lo hiciera. Nuestra Comunidad, que estaba un poco alejada para no permanecer junto a gente armada, según sus principios, se acercó a hacerles el reclamo cuando vio que los del GOES se iban a retirar dejando allí el cadáver. Los policías se enojaron, reiteraron que estaban cansados y dijeron que entonces habría que esperar otras 6 horas hasta conseguir un helicóptero y se fueron, anunciando que después recogerían el cadáver.

Mientras los integrantes de nuestra Comunidad regresaban, separados de la fuerza pública y acompañando a la madre de la víctima, fueron alcanzados por familiares y amigos de Wever Andrés, quienes, ante la irresponsabilidad de la fuerza pública, decidieron recoger el cadáver en una hamaca y llevarlo hasta San José.

  • ·Este mismo lunes 19 de Agosto de 2019, el paramilitar alias ARCADIO TAMAYO y su hermano menor se encontraban cerca del río, a 50 metros del casco urbano de San José, pendientes y tomándole fotos a la comisión de nuestra Comunidad que venía de regreso del lugar donde los paramilitares habían asesinado al joven Wever Andrés.
  • ·El martes 20 de Agosto de 2019,nuestra Comunidad se enteró de que los paramilitares amenazaron a la población civil para que no saliera a hacer el levantamiento del cadáver de Wever Andrés, lo que explicaba que ninguna de las Juntas de Acción Comunal se acercó incluyendo a La Asociación Campesina de San José de Apartadó (ACASA) al lugar de los hechos. Seguramente estaban paralizadas por el terror. Según las informaciones que fueron suministradas a nuestra Comunidad, los paramilitares alias ALFREDO o ALFREDITO, alias ARCADIO, alias SANTIAGO, y alias KALET ex combatiente de las Farc y beneficiado en el programa de desmovilizados del Gobierno Nacional, entre otros reclutados por los paramilitares alias RENE y los hermanos CARDONA, han sido los autores materiales acompañados de sus jefes inmediatos de éste y otros asesinatos y se la pasan con todos los demás comandantes paramilitares en medio de la Policía y el Ejército en San José, consumiendo alcohol  y coordinando nuevas acciones criminales.

 

Pero resulta que WEVER ANDRÉS ARIAS GARZÓN ya estaba condenado a muerte, como lo estuvieron otros que fueron ejecutados antes de él. Figuraba en la LISTA DE LA MUERTE DE LOS PARAMILITARES. El martes 18 de septiembre de 2018 fue amenazado de muerte en la vereda La Cristalina, cuando era parte de la familia Guisao, por no aceptar que los paramilitares lo empadronaran para que pudieran tener control sobre su vida y obligarlo a participar en actividades paramilitares (Ver Constancia del 14 de octubre de 2018). Y ya hace algunos meses que vivía independiente con su compañera, Fue incluido en una lista de ocho personas para asesinar el pasado 17 de enero de 2019 (Ver Constancia del 18 de enero de 2019). Luego, el 20 de abril de 2019, los paramilitares habilitaron la lista para volver a asesinar, luego de un receso en el crimen, según ellos, a causa del ruido causado por las constancias públicas, y el 25 de abril de 2019 los paramilitares alias SANTIAGO y alias ARCADIO le prohibieron al joven Wever Andrés tumbar un pequeño rastrojo para sembrar un lote de maíz en su finca, y si lo hacía, tendría que pagar una multa de 5.000.000 (cinco millones de pesos), órdenes que no quiso obedecer y sembró su cultivo de maíz (Ver Constancia del 9 de mayo de 2019). Hoy, 3 meses después, es asesinado por no someterse a sus proyectos de muerte.

Ya son muchas las ocasiones en que hemos dejado constancias de que existe un grupo de personas civiles que vienen siendo amenazadas por los paramilitares, pero las instituciones militares y policiales se hacen los sordos ante las agresiones que sufren los campesinos en la zona. El pasado 22 de diciembre de 2017 dejamos constancia de que había un plan para asesinar a nuestro representante legal German Graciano Posso y 7 días después, el 29 de diciembre, fue el atentado contra su vida, el cual gracias a Dios y a nuestra Comunidad de Paz se pudo resistir (Ver Constancia del 22 de diciembre de 2017). Con esa misma lista que los mismos paramilitares anuncian, están matando, a pesar de que lo hemos advertido al país y al mundo en diversas constancias. Ya van 3 personas asesinadas recientemente de esa lista: el 16 de enero DEIMER USUGA HOLGUÍN; el 7 de julio YEMINSON BORJA JARAMILLO; el 18 de agosto WEVER ANDRÉS ARIAS GARZÓN. Y las autoridades competentes se siguen haciendo las de la vista gorda ante los hechos. Hacemos responsable a la Brigada 17 del Ejército y a la Policía de Urabá por estos crímenes que los paramilitares han perpetrado, pues si se dieran a la verdadera tarea de garantizar la protección de la población civil y no a la complicidad con esos grupos que conviven con ellos desde hace 22 años, no hubieran centenares de personas asesinadas en nuestra región. Al mismo tiempo hacemos responsable al Gobierno Nacional por lo que le pueda pasar en adelante a cualquier miembro de nuestra Comunidad de Paz o a otro poblador de nuestro entorno, pues en las listas de los paramilitares se anuncia que hay miembros de nuestra Comunidad de Paz a la vez que campesinos de nuestros vecindarios. Desde hace 22 años, nuestras Constancias llegan al Palacio Presidencial con censura moral y exigencia de derechos, pero NADA PASA. TODO SIGUE IGUAL.

De nuevo agradecemos a las muchas voces de ánimo que recibimos a diario desde el país y del mundo que nos brindan fuerte apoyo moral y político para continuar en nuestra resistencia ética y nunca callarnos ante los crímenes de lesa humanidad. A todas y a todos nuestra profunda gratitud.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Agosto 21 de 2019

Publicado enColombia
Foto panorámica Serranía de Abibe a la altura del corregimiento de Juradó

Nuevamente nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de acudir al país y al mundo para dejar constancia de los últimos hechos de los cuales hemos sido víctimas por seguir en nuestra resistencia civil en defensa de la vida y del territorio.

Desde hace 22 años nuestra comunidad de paz no ha parado de dejar constancias de las diferentes formas de someter a la población civil, por parte de grupos o instituciones armadas. Es cada vez más claro que los armados sirven a los intereses de empresas que siempre han buscado desocupar los territorios de campesinos que no se sometan a sus planes extractivistas de destrucción de la naturaleza, en la Serranía de Abibe. El paramilitarismo no ha sido más que una estrategia de Estado al servicio de esos intereses perversos. Los paramilitares son el instrumento más eficaz para expropiar y usurpar los territorios.

Es tanto el control que ejercen los paramilitares en la zona de San José de Apartadó, que hoy las juntas de acción comunal se han ido sometiendo a su poder. En las reuniones comunales participan “puntos” o informantes de las estructuras paramilitares y en muchas ocasiones son los mismos comandantes paramilitares quienes acuden a las reuniones para dar órdenes a la población civil de cómo se debe trabajar de acuerdo a sus intereses. Según muchos pobladores de la zona, en las reuniones de las juntas ya no falta la presencia de los paramilitares y la población civil tiene que aceptarlos, quiera o no quiera, pues son enviados por los mandos paramilitares para ejercer presión y control en las juntas comunales.

 Los hechos de los cuales dejamos hoy constancia son los siguientes: 

 

  • El sábado 11 de mayo de 2019 a las 13:00 horas, un grupo de 8 paramilitares con uniformes militares, brazaletes con siglas de AGC y portando armas largas, llegaron al sitio conocido como La Espabiladora, de la vereda La Resbalosa de San José de Apartadó, allí se encontraba un comité de trabajo de nuestra Comunidad de Paz sembrando maíz. A su llegada, dichos paramilitares se identificaron como Autodefensas Gaitanistas de Colombia - Bloque Oriental. Ya el reconocido paramilitar alias CHIRRY había anunciado el pasado martes 7 de mayo que llegaría una comisión paramilitar a la vereda para impartir órdenes a la población allí residente.  
  • El miércoles 15 de mayo de 2019, en horas de la mañana, un grupo de pobladores miembros de juntas de acción comunal de la vereda Mulatos Medio de San José de Apartadó, junto con profesores de otras veredas pagados por El Estado, llegaron hasta nuestra Aldea de Paz Lui Eduardo Guerra donde tomaron fotografías y manifestaron su interés en tomarse nuestro espacio comunitario y colocar allí sus instalaciones, usurpando nuestra propiedad. Nuestra comunidad desde hace 15 años ha defendido este espacio como un sitio de memoria histórica, pues allí fue perpetrada por el ejército y los paramilitares, el 21 de febrero 2005, la masacre de nuestro líder histórico Luis Eduardo Guerra y su familia. Desde entonces hemos ubicado allí a varias familias integrantes de nuestra Comunidad de Paz, ejerciendo una posesión pacífica que fundamenta su propiedad legal y ha construido instalaciones comunitarias para el mantenimiento de la paz, rechazando toda presencia armada, y defendiendo la tierra de los intentos de destrucción ambiental. No entendemos por qué profesores que son contratados para educar a niños y niñas en las escuelas de las veredas vecinas, se vinculan a actividades tan perversas de las juntas de acción comunal que han buscado usurpar territorios legalmente ocupados por nuestra Comunidad de Paz. Nos preguntamos si será que la Secretaría de Educación de Apartadó los destina a incursionar con las juntas comunales en esas tareas de usurpación. Hemos dejado ya muchas constancia de que la junta de acción  comunal de Mulatos Medio,  la cual no está legalmente constituida y que ha contado con el apoyo de otras juntas y además con el respaldo de la Alcaldía de Apartadó y con la presencia y el control paramilitar, ha querido invadir nuestro espacio comunitario Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra, con el pretexto de colocar allí instalaciones y zonas recreativas, supuestamente financiadas por el Estado, pero apuntando  a hacer desaparecer la  memoria y el lugar sagrado donde fueron masacrados nuestros hermanos por el ejército y los paramilitares.        
  • El jueves  23 de mayo de 2019,  nuestra Comunidad de Paz fue informada por pobladores de la zona de que las reuniones anunciadas y programadas por los paramilitares, a las cuales obligan a asistir a los campesinos bajo amenazas, se han ido realizando puntualmente y quienes las coordinan son los mismos paramilitares. Según las denuncias recibidas por nuestra Comunidad, de pobladores de la zona, los campesinos tienen que someterse a una serie de reglas impartidas por el paramilitarismo, y si no lo hacen, tienen que someterse a sanciones impuestas por los paramilitares.

El gobierno colombiano sigue haciéndose el sordo y el ciego frente a este fenómeno paramilitar, el cual hemos denunciado públicamente como Comunidad de Paz por más de 22 años. Las fuerzas militares que tienen jurisdicción en la región de Urabá han permitido y siguen permitiendo que el paramilitarismo haga control territorial y que patrulle por todas las veredas como si fuera autoridad estatal. Hace pocas semanas dejamos constancia de la presencia de grupos paramilitares de las AGC que llegaron a la vereda La Resbalosa con la intención de seguir controlando a la población y la respuesta de las autoridades militares fue llegar allí mucho después, cuando ya los paramilitares habían comprado víveres en tiendas civiles y habían patrullado la zona, sometiendo con su presencia y amenazas a los campesinos.

 

Como lo hemos manifestado muchas veces, nuestra Comunidad de Paz se vio obligada a romper con el aparato judicial colombiano, mediante objeción de conciencia, luego de experimentar por muchos años que allí solamente se cosechaba impunidad y corrupción extremas. Ello explica que nuestra Comunidad no haya actuado como PARTE en procesos espurios que se iniciaron formalmente ante los horrendos crímenes de Estado que hemos sufrido. Sin embargo, dado que todos esos crímenes lesionan y ofenden a la Humanidad como Humanidad, pues son Crímenes de Lesa Humanidad, la legislación soporta la figura del ACTOR POPULAR, quien EN NOMBRE DE LA HUMANIDAD se declara lesionado y actúa como PARTE CIVIL en los procesos. Así ocurrió en el caso de la horrenda masacre del 21 de febrero de 2005 que destruyó la vida de 8 integrantes de nuestra Comunidad, incluyendo a nuestro líder histórico Luis Eduardo Guerra. Como de rutina, las sentencias de primera y segunda instancia absolvieron a los criminales del Ejército mediante trampas vergonzosas que desacreditan profundamente el aparado judicial colombiano ante la comunidad internacional. Sin embargo los abogados del ACTOR POPULAR (no integrante de nuestra Comunidad) no se dieron por vencidos ante tanta ignominia y llevaron el caso, en DEMANDA DE CASACIÓN, ante la Corte Suprema de Justicia. Para sorpresa nuestra, el pasado 27 de marzo de este año, en Sentencia SP 1039-2019 la Corte Suprema condenó al Coronel ORLANDO ESPINOSA BELTRÁN, al Mayor JOSÉ FERNANDO CASTAÑO LÓPEZ, al Sargento ÁNGEL MARÍA PADILLA PETRO, al Cabo Segundo SABARAÍN CRUZ REINA, al Sargento Segundo HENRY AGUDELO GUASMAYÁN y al Cabo Tercero RICARDO BASTIDAS CANDÍA, como coautores de homicidio en persona protegida, en concurso homogéneo y heterogéneo con concierto para delinquir agravado, cada uno a 34 años de prisión. La Corte no pudo evadir la contundencia de las pruebas que obraban en el expediente desde el comienzo, inteligentemente decantadas por los abogados, y tuvo que rendirse - CATORCE AÑOS DESPUÉS DE LOS HECHOS- ante las evidencias. Esta sentencia confirma, dentro de las mismas reglas de juego de este Estado criminal, corrupto y tramposo, que lo que nuestra Comunidad ha denunciado durante 22 años sin ser escuchada, es verdad ineludible: la criminalidad de un ejército que actúa de consuno con los paramilitares para exterminar, con toda la crueldad posible, nuestra Comunidad de Paz. Quedan aún altos oficiales, suboficiales y soldados que participaron culpablemente en el mismo crimen, sin ser tocados por la justicia, entre ellos el Los Generales MONTOYA, FANDIÑO Y ZAPATA, el Coronel NÉSTOR IVÁN DUQUE y muchos de sus subalternos.

 

De nuevo agradecemos a las muchas voces de ánimo que recibimos a diario desde el país y el mundo, que por más de 22 años han creído en nuestra resistencia civil. Contar con su apoyo político y moral cada día nos brinda la fuerza para seguir adelante en Comunidad de Paz, en este territorio tan controlado por intereses empresariales que utilizan a los paramilitares para poder usurpar nuestro territorio y para aplastar nuestra resistencia.

 

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Junio 10 de 2019

 

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“Ni una gota de sangre en Mapiripán fue casualidad”, dicen líderes comunales

Un relato de la primera travesía de la Comisión de la Verdad por este municipio del suroriente de Meta

Llegaron a la 1 de la tarde del 4 de mayo de 1998. Entraron en volquetas, camiones y camionetas lujosas. Iban acompañados de los que se decían legales. Eran casi 200 hombres, “pero en un caserío tan pequeño como Puerto Alvira parecían mil”, cuenta Carmen*, una campesina de la zona. Le disparaban al que se les atravesara por el camino y al que quedara medio vivo le pasaban las llantas de las volquetas por la cabeza para rematarlo. Algunos estaban de botas y camuflado; otros estaban de civil, pero encapuchados. Entraron gritando, dando órdenes, escupiéndole en la cara y disparándole a los pies al que se atreviera a mirarlos a los ojos. Sacaron a la gente de sus casas. La llevaron a la pista de aterrizaje de las avionetas y a la cancha de fútbol. Allí la organizaron en filas. Hicieron formar hasta a los bebés. Sacaron una lista. “Las siguientes personas, un paso al frente”. Gritaron los nombres y los apellidos de 29 campesinos. A esos 29 los amarraron. A unos los degollaron y a los demás los llevaron al pie del puerto, donde estaban los surtidores de gasolina. Le dispararon a uno de los tanques. La gasolina se derramó sobre las víctimas, que estaban heridas pero vivas. Les prendieron fuego. Sus cuerpos ardieron toda la tarde. “Los finados quedaron pequeñitos de lo chamuscados y oliendo a un olor que a uno no se le borra jamás”, dice Carmen, quien sobrevivió y lo vio todo. “Lo que los paramilitares hicieron en Mapiripán en cinco días, aquí, en Puerto Alvira, lo hicieron en cinco horas”, cuenta.

 

La ruta del terror


La masacre de Puerto Alvira, un caserío ubicado en el suroriente de Meta, a orillas del río Guaviare, fue una de las matanzas que paramilitares perpetraron en un recorrido del terror que inició diez meses atrás en el casco urbano de Mapiripán y que se extendió por varias veredas, inspecciones y caseríos.


“Las comunidades de estos pueblos soportaron todas las crueldades posibles. Fueron prácticamente exterminadas. En algunos lugares no quedaron sino las ruinas de las casas incendiadas, pero sus historias de dolor quedaron eclipsadas por la masacre de Mapiripán de julio de 1997, que solo fue un capítulo de la política de exterminio que vivimos en el sur de Meta”, dice Juan, defensor de derechos humanos.


En una travesía de varios días, un equipo de la Comisión de la Verdad recorrió las trochas y las sabanas que a finales de los noventa se convirtieron en rutas de dolor y muerte y que, desde entonces, han sido escenario de masacres, torturas, asesinatos selectivos, despojos de tierras, desplazamientos y desapariciones forzadas.


La Comisión estuvo en Mapiripán y en otros cuatro caseríos de la zona, donde escuchó los relatos de algunos de los pobladores que decidieron regresar a sus casas después de años de destierro. Aún parecen pueblos fantasmas: casas abandonadas, techos pudriéndose, escuelas y centros de salud en ruinas, paredes perforadas por balas, calles y patios destruidos por bombas y cilindros, locales ahogados en maleza. Y en esa desolación, 10 o 20 familias que volvieron, sin ninguna garantía, para reclamar las tierras que les quitaron cuando los obligaron a irse.


No somos ‘efectos colaterales


“Al país le contaron por televisión que vinieron a matarnos por guerrilleros, por raspachines y por cocaleros; le dijeron que merecíamos morir, que éramos una plaga. Así justificaron la muerte de mucha gente inocente. Lo que a nadie le han contado es que ni una pizca del horror que vivimos fue chiripa; que cada tortura y cada masacre tenían un propósito concreto: sacarnos de nuestras tierras para dárselas a otros”, dice Francisco, un líder comunal de la región.


“Si de algo sirve desenterrar la verdad –anota Francisco– es para que la gente entienda que en este conflicto nada ha sido casualidad y que ni un solo campesino torturado, desaparecido o asesinado fue un “efecto colateral”, anota el líder.


No fueron casualidad los asesinatos de 50 campesinos en el matadero municipal de Mapiripán, donde los torturaron, los castraron y los degollaron para luego botarlos al río Guaviare. Tampoco lo fue la primera matanza de la inspección de La Cooperativa, que fue simultánea a la de Mapiripán. “No les bastó con matarlos. También los despedazaron y les dieron de comer a los perros los cuerpos desmembrados de sus víctimas”, dice una sobreviviente de ese caserío.


No fueron ‘efectos colaterales’ las personas que murieron en la masacre de Puerto Siare –las botaron en canecas y en lonas con arena para incinerarlas–, ni lo fueron los campesinos sobrevivientes a los que los obligaron a cargar los cadáveres de sus propios vecinos para botarlos, con el estómago lleno de piedras, en el río Meta.


No fueron casualidad las masacres de Tillavá, del Mielón, del Pororio, de Guacamayas y del Rincón del Indio, a donde los masacradores llegaban, mataban, se iban y volvían para seguir matando. No quemaron todas las casas del Anzuelo porque sí, ni cerraron por azar las trochas que conectaban todas las veredas con el centro poblado de Mapiripán. “Andar por cualquier camino era una pena de muerte. Hubo una época en la que ningún civil podía entrar al casco urbano y las remesas solo llegaban, por río, desde Venezuela”, cuenta un campesino de la región.


No fue casualidad que hayan tomado el control casi absoluto del Danubio, Santa Helena, San Antonio, El Alto del Águila, Merecure y otras veredas para fundar grandes haciendas. “O me firma la escritura de la finca o lo mato”, “me dice dónde está el enemigo o lo pico a pedazos”, “se largan a otra parte o se van para la fosa”, les decían.


Lo lograron. Aterrorizaron a las comunidades. Los que no murieron, huyeron. Vaciaron veredas y caseríos. Despojaron fincas campesinas enteras. Se quedaron con buena parte de las tierras de los indígenas y, al final, a esas tierras les aparecieron nuevos dueños.


Tenemos muchas preguntas


“Veinte años después del horror –dice Francisco–, estas tierras, vaciadas de comunidades, están forradas en palma. Hace poco llegaron unos señores a explorarlas. Dicen que todo el tiempo vivimos encima de miles de pozos de petróleo y que no nos dimos cuenta. En los periódicos anuncian que esta tierra es apta para grandes industrias, que en buena parte de Mapiripán se ‘consolidará’ el futuro agroindustrial y petrolero de Colombia”.


“Vivir de suposiciones cansa –señala Francisco–. Los sobrevivientes solo queremos la verdad y tenemos muchas preguntas: ¿Qué tiene ver lo que nos pasó hace 20 años con lo que nos pasa ahora? ¿A quién le reclamamos las tierras que nos quitaron? ¿Para consolidar qué cosas nos querían tan lejos, tan asustados, tan desaparecidos, tan muertos?”.

Por Comisión de la Verdad
Prensa Rural

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Imposible esconderse detrás de falsas identidades

Nuevamente nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de acudir al país y al mundo para dejar constancia de los últimos hechos de los cuales hemos sido víctimas por seguir en nuestra resistencia civil en defensa de la vida y del territorio.

Ha continuado la amenaza contra la vida y la integridad de nuestra Comunidad y la violación de los derechos fundamentales del campesinado de nuestro entorno. Cada día el campesino es obligado a someterse, contra su voluntad, al control y a las normas que quieran imponerle los paramilitares. Ya el campesino no puede trabajar su propia tierra sin que los paramilitares le cobren altos impuestos; tiene que tener permiso de los paramilitares para sembrar y tiene que pagar impuestos hasta por sus siembras de pan-coger

Según muchas informaciones que pobladores de la zona le han transmitido a nuestra Comunidad, en los últimos días los paramilitares están coordinando reuniones en las veredas, en las cuales obligan a los campesinos a participar en ellas y allí les ordenan someterse a sus normas, a sus proyectos y a sus planes sobre la región y al mismo tiempo les hablan en contra de nuestra Comunidad de Paz, la estigmatizan y anuncian nuevamente su próximo exterminio. Siempre hemos dejado constancia sobre la identidad de los líderes paramilitares alias “René” desmovilizado del 58 frente de las Farc-Ep durante el Proceso de Paz, hoy comandante de los paramilitares en las veredas de San José de Apartadó, alias “Caballo”, alias “Bruja” y alias “Majute” comandantes paramilitares en la vereda Arenas de San José de Apartadó, encargados de reunir y someter contra su voluntad a los campesinos de las demás veredas, toda una estrategia de control y de exterminio.

Los hechos de los cuales dejamos hoy constancia son los siguientes:

El sábado 20 de abril de 2019, en horas del día, nuestra Comunidad de Paz fue informada de un supuesto plan que tendrían los paramilitares para seguir asesinando en el corregimiento de San José de Apartadó y en sus veredas, pues, según los mismos paramilitares, habían tenido que suspender los asesinatos desde el 16 de enero del presente año, cuando asesinaron al joven Deimer Úsuga, cerca del caserío central de San José, según ellos porque nuestra Comunidad de Paz había denunciado el crimen y todo se estaba complicando, pero ahora, pasados ya varios meses, van a retomar el control realizando nuevas ejecuciones.

Del miércoles 24 al sábado 27 de abril de 2019, nuestra Comunidad de Paz realizó un recorrido con la Defensoría del Pueblo por las veredas Mulatos, Resbalosa y La Esperanza, de San José de Apartadó, con el fin de poder visibilizar más concretamente el control paramilitar que existe en toda esa zona y que cada día oprime más nuestra región.

El jueves 25 de abril de 2019, en horas del día, dos paramilitares conocidos como alias “Santiago” y alias “Arcadio” le prohibieron a un campesino de la vereda La Cristalina de San José de Apartadó sembrar un lote de maíz y le advirtieron que si tumbaba monte le cobrarían $ 5.000.000 (cinco millones) de pesos. Es de recordar que alias Arcadio y alias Alfredo son dos paramilitares de los 5 que participaron en el atentado contra nuestra Comunidad de Paz el pasado 29 de diciembre de 2017 donde intentaron asesinar a nuestro representante legal German Graciano Posso y a otros miembros de nuestra Comunidad, de esta manera los paramilitares están extorsionando y controlando a los campesinos, pues se aprovechan de la necesidad para prohibirles sembrar, con la intención de someterlos a sus proyectos y quitarles dinero o animales domésticos, como ganado o caballos, a cambio de dejarles tumbar y sembrar sus lotes de pan coger.

El sábado 4 de mayo de 2019, en horas de la tarde, pobladores de la zona informaron a nuestra Comunidad de Paz sobre una serie de reuniones que realizarán los paramilitares alias “Rene”, alias “Caballo” y alias “Bruja” en las veredas de San José de Apartadó, a las cuales convocan de manera obligatoria al campesinado de cada vereda. Según las informaciones, las reuniones tendrán lugar en las dos semanas siguientes.

El martes 7 de mayo de 2019, en horas de la tarde un paramilitar de nombre Domingo Antonio Herrera conocido en la zona como “Chirrí” abordó a miembros de nuestra Comunidad de Paz que se encontraban sembrando un cultivo de maíz en la vereda Resbalosa del corregimiento San José de Apartadó, allí este paramilitar manifestó en tono amenazante diciendo: está prohibido para los campesinos sembrar pan coger y tumbar montañas sin permiso hasta nueva orden, a la vez que amenaza diciendo, en el transcurso de los dos días siguientes llegará una comisión paramilitar a esta vereda y ellos darán las ordenes, yo solo cumplo órdenes y por eso estoy aquí.

El control paramilitar es cada vez más fuerte en la zona pues cobran grandes vacunas o impuestos, someten a la población a reuniones forzadas, ubican puntos de informantes en las casas de los civiles y ahora están prohibiéndole al campesinado sembrar y trabajar sus tierras heredadas de sus padres y abuelos, todo esto como una estrategia de exterminio y control territorial donde hay que obedecer y someterse al paramilitarismo y si algún campesino no lo hace no puede trabajar su tierra.

El miércoles 8 de mayo de 2019, a las 17:00 de la tarde llegó un grupo armado no identificado a la vereda la Resbalosa de San José de Apartadó, de esta presencia aún no tenemos más informaciones, nos preocupa pues el día martes 7 de mayo el paramilitar alias “Chirri” amenazó a miembros de nuestra Comunidad de Paz con que llegaría una comisión paramilitar a la vereda en los próximos dos días siguientes.

En el discurso oficial del gobierno y de las instituciones estatales, el paramilitarismo “no existe”. Sin embargo, la experiencia del campesinado en muchas regiones del país, como en nuestro territorio, evidencia que su presencia y su dominio es total. Como no es un fenómeno de hoy ni de ayer sino que lo hemos sufrido en más de 22 años y conocemos sus identidades y sus prácticas, nadie podrá convencernos de que son grupos “fuera de control” del Estado. Si la fuerza pública no los tolerara y los patrocinara y si el gobierno y sus instituciones administrativas, judiciales, disciplinarias y políticas no se hicieran “de la vista gorda”, como lo ha hecho en todas estas décadas, no podrían funcionar ni existir. Para nosotros continúan siendo una política de Estado.

Desde nuestro territorio amado agradecemos a las muchas voces de ánimo que recibimos a diario desde el país y el mundo, pues contar con todo su apoyo político y moral nos da mucho valor para seguir adelante, en resistencia, en este territorio tan dominado por el poder de las armas al servicio de lo peor.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Mayo 09 de 2019

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El Bloque Tolima disparó  al corazón y a la mente

El amor es el antídoto del miedo. 

Pero el sujeto debe autoafirmarse primero.

Emilio Mira y López

 

El instrumento paramilitar del Estado colombiano ha tenido diferentes efectos en su aplicabilidad. Es decir, en todos los ámbitos humanos como estrategia contra-insurgente y anti-popular que abre paso en los territorios a la invasión del capital privado-multinacional. El norte del Tolima, fue un territorio de incursión paramilitar del Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), donde la comunidad fue víctima de las múltiples acciones terroristas utilizadas por este grupo armado para-estatal.

 

De los años 2002 al 2005 se vivió la guerra entre el Bloque Tolima, la insurgencia y comunidad. Desde su llegada en todo el departamento del Tolima, los asesinatos selectivos, masacres, torturas, desapariciones forzadas, violaciones, extorsiones hicieron parte de la caja de herramientas para ocupar el territorio, desarticular el tejido social y sacar a la insurgencia del mismo. Esto con el ánimo de imponer el miedo y la desconfianza entre las personas. En el norte del Tolima, se tiene registrado los asesinatos de 3 personas en la vereda La Trina (Líbano) el 11 de septiembre del 2003. El asesinato del líder campesino y comunal Ángel María Rodríguez el 3 de marzo del 2004, en la vereda La Esmeralda, Villahermosa. Además, la estigmatización al corregimiento de Santa Tereza, Líbano, como zona insurgente convirtiendo a sus habitantes en objetivo militar (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2017).

 

Ahora bien, también se registran daños emocionales y sicológicos debido al control social en la rutina diaria de la comunidad. Siguiendo con Santa Teresa, se restringió la movilidad de las personas después de las 6:00 pm; el asesinato de un joven en el parque principal en horas del día; la instalación de bases militares en fincas y cementerio del corregimiento; los grafitis en algunas casas y locales con las siglas de las AUC, se encaminaron a sembrar miedo y desconfianza, a transformar el carácter público y de encuentro de los espacios públicos al tiempo que se suspendieron los eventos comunitarios como campeonatos de fútbol, celebraciones del día de la madre, fiestas patronales, ferias, la cancelación de clases desarticulando por completo la convivencia en la comunidad (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2017).

 

Esta pequeña radiografía en el norte del Tolima, es una muestra a nivel local de la invasión paramilitar al resto de la región en donde se vieron afectados también pueblos indígenas, sindicalistas, partidos políticos de izquierda y organizaciones sociales. En ese sentido, es necesario realizar el análisis desde el campo de la sicología de guerra de este caso para comprender los efectos en la siquis comunitaria e individual de las acciones paramilitares, con el fin de ganar una guerra contra-insurgente.

 

La guerra sicológica del Bloque Tolima de las AUC

 

Al evidenciar el asesinato político, la tortura, las amenazas, violaciones y demás acciones paramilitares contra la comunidad, puede comprenderse que son recursos centrales en la estrategia contra-insurgente, los mismos que traen consigo la deshumanización tanto de victimarios y víctimas. La deshumanización se traduce en la perdida de atributos humanos como la esperanza, sensibilidad ante el sufrimiento y el sentido de la solidaridad (Baró, 1990).

 

Ahora bien, el paramilitarismo cuando aparece en la prolongación de la guerra y azote de territorios como el norte del Tolima, produce: relaciones sociales deshumanizantes, desprecio por la vida, perdida de la identidad personal y grupal, lo que se complementa con la parálisis política cuyos efectos se prolongan después de la desintegración o reducción al mínimo nivel de la organización social, blanco del paramilitarismo.

 

Como eje central de todos estos estragos, se encuentra el miedo sembrado en la comunidad el cual, en el contexto del Norte del Tolima, tiene dos niveles: la prudencia/retraimiento y la concentración/cautela sembrados en los habitantes de este territorio. A decir, la prudencia/retraimiento impone un límite a los fines y ambiciones, como la renuncia a los placeres que contengan riesgo, así mismo busca evitar las situaciones que se aproximan. Por el otro lado, la concentración/cautela se traduce en asegurar el básico e inmediato propósito de tener una situación de seguridad y por la cual se emplean todas las facultades. La preocupación es una constante acompañada de pesimismo, que hace ver al sujeto reservado desde la perspectiva externa (Mira, 1944).

 

Con los casos de las víctimas de las AUC arriba descritos, se presentó también el otro rasgo que hace cosechar el miedo colectivo, es el peligro impredecible, debido al cambio de lugar y la irregularidad en la apariencia o desaparición de los estímulos fobígenos que aumentan su carácter sorpresivo (Mira, 1944). La comunidad del Líbano y Villahermosa, eran conscientes de la presencia de paramilitares en su corregimiento o vereda, pero no sabían cuándo ni dónde actuarían contra ellos estos sujetos armados.

 

Junto al miedo, caminaron la angustia y el terror por los caminos y trochas del norte del Tolima con el fin de asfixiar los procesos organizativos y movilizadores que apuntaban a las transformaciones sociales, ¿por qué? Porque según Baró (1990) hay tres acciones en la guerra sicológica: la persuasiva (consciente), sugestiva (subconsciente) y compulsiva (inconsciente) y esta tercera tuvo mayor preponderancia en el territorio abordado, pues continuando con el autor la acción compulsiva por medio de la implementación del miedo, el terror y la angustia produce que la comunidad solo piense en conservar la vida, dejando en un segundo plano las reflexiones y acciones sobre la complejidad social y política que la rodea (Baró, 1990).

 

El fin, entonces, de esta estrategia tuvo dos caras, la inmediata y la de largo plazo. La primera estuvo cargada de los hechos denunciados y sistematizados que desarticularon el tejido social, minó la fuerza política de las organizaciones campesinas y, por supuesto, buscó la desaparición de la insurgencia. La segunda cara de la estrategia tiene sus efectos en la actitud colectiva que incide con desconfianza, miedo, frustración y desesperanza en la visión de la vida en el territorio, instalando una barrera invisible a las iniciativas organizativas que busquen transformaciones sociales.

 

Para que el amor sea realmente eficaz

 

Comprender el campo de la sicología de las relaciones humanas en un contexto de guerra, es obligatorio para incluir otro escenario de reflexión en las causas de las conductas de la comunidad y poder establecer rutas que permitan superar las heridas sufridas por el paramilitarismo sin desprenderse de la realidad social que sigue dinamizada por los conflictos sociales.

 

Así mismo, para las organizaciones sociales es inherente a su quehacer el abordar la salud mental de sus miembros y de las comunidades que se articulan a los planes de vida digna ya que por años una de las malas tradiciones de la izquierda ha sido despotricar el aspecto sicológico de los sujetos. Hoy en día, es imperioso aprehender del amor para que sea realmente eficaz.

 

* Coordinador Nacional Agrario – Congreso de los Pueblos.

 

Bibliografía

Baró, Ignacio Martín (1990), Sicología social de la guerra: Trauma y terapia. UCA, San Salvador, El Salvador.
Centro Nacional de Memoria Histórica (2017), “De los grupos precursores al Bloque Tolima (AUC). Informe Nº 1”, Cnmh, Bogotá.
Mira y López, Emilio (1944), Siquiatría en la guerra. Editorial Médico-quirúrgica, Buenos Aires.

Publicado enEdición Nº254
HRW denuncia que Colombia promueve a militares bajo sospecha de participar en ejecuciones extrajudiciales

La ONG acusa al Gobierno de Iván Duque de situar en puestos clave a nueve generales investigados directa o indirectamente por el escándalo de los falsos positivos


El Ejecutivo de Iván Duque ha situado en puestos clave del Ejército colombiano a al menos nueve generales sobre los que existen “evidencias creíbles” que los vinculan a ejecuciones extrajudiciales de civiles presentadas como bajas en combate —conocido como el escándalo de los falsos positivos—, según ha señalado este miércoles la ONG Human Rights Watch (HRW). Después de analizar decenas de decisiones judiciales, testimonios e informes de la Fiscalía General de la Nación, la organización de defensa de los derechos humanos sostiene que al menos tres de los militares que han sido ascendidos están siendo directamente investigados. Los fiscales indagan también numerosas muertes perpetradas por soldados en unidades bajo el mando de los otros seis.


“Al nombrar a estos generales, el Gobierno transmite a las tropas el preocupante mensaje de que cometer abusos puede no ser un obstáculo para avanzar en la carrera militar”, señaló José Miguel Vivanco, director de HRW para las Américas. La ONG ha denunciado con insistencia los obstáculos que los sucesivos Gobiernos colombianos han puesto a las pesquisas sobre las ejecuciones extrajudiciales. “Las autoridades colombianas deberían impulsar investigaciones serias contra los generales implicados en falsos positivos y no designarlos en los puestos más importantes del Ejército”.


En diciembre, cuando renovó la cúpula militar, Duque nombró al general Nicasio de Jesús Martínez Espinel como nuevo comandante del Ejército. En ese mismo mes, el Gobierno nombró nuevos comandantes en varias posiciones clave. La ONG asegura haber encontrado pruebas que vinculan a Martínez Espinel y ocho de esos generales con el caso de los falsos positivos y con otros abusos. El actual comandante del Ejército fue, entre octubre de 2004 y enero de 2006, el segundo comandante de la Décima Brigada Blindada, y la Fiscalía ha abierto investigaciones sobre 23 ejecuciones extrajudiciales perpetradas por soldados de esa brigada, según detalla la ONG.


Además de Martínez Espinel, los otros generales promovidos por Duque a comandancias del Ejército que menciona el informe de HRW son Jorge Enrique Navarrete Jadeth, Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, Adolfo León Hernández Martínez, Diego Luis Villegas Muñoz, Edgar Alberto Rodríguez Sánchez, Raúl Hernando Flórez Cuervo, Miguel Eduardo David Bastidas y Marcos Evangelista Pinto Lizarazo.


La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal constituido para juzgar los crímenes de guerra más graves cometidos en Colombia, mantiene abierto un caso sobre las más de 2.000 ejecuciones de civiles presentadas como bajas en combate. El tercer proceso que asume ese sistema de justicia transicional —surgido de los acuerdos de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la exguerrilla de las FARC— se abrió a mediados del año pasado a partir de un informe elaborado por la Fiscalía que identifica un total de 2.248 víctimas de "falsos positivos" entre 1988 y 2014. Casi la mitad de los casos son jóvenes humildes de entre 18 y 30 años. El fenómeno aumentó dramáticamente a partir del año 2002, durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), actual senador y mentor político de Duque, y es especialmente crítico entre 2006 y 2008.


En las divisiones del Ejército que concentraron la mayoría de los casos "están involucrados, presuntamente, personas con posiciones de mando y altos rangos en la organización militar que pudieron haber tenido un rol determinante en los hechos", apuntó la JEP en su momento. Al priorizar el caso de los falsos positivos, el tribunal tuvo en cuenta que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional también había llamado la atención sobre este fenómeno, una de las peores manchas de un conflicto armado que por más de medio siglo ha involucrado al Estado, guerrillas y grupos paramilitares.


A pesar de que los tribunales colombianos han condenado a cientos de miembros del Ejército por su papel en las ejecuciones extrajudiciales —en su mayoría soldados rasos, apunta Human Rights Watch—, las autoridades no han procesado a los comandantes presuntamente responsables de estos crímenes.

Bogotá 27 FEB 2019 - 12:00 COT

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“Hay una delincuencia que capturó el Estado”

Director de la carrera de Ciencia Política en la Universidad Nacional de Colombia, Carlos Medina Gallego es un observador fino de la realidad de su país y del conflicto actual en Venezuela. Mario Toer, profesor consulto de Política Latinoamericana en la UBA, accedió a anticipar un diálogo preparado para un futuro libro sobre Colombia.

 –El atentado a la escuela de policía que se ha atribuido el ELN, la parálisis que existía en las negociaciones establecidas entre esa organización y el gobierno, devenida ahora en ruptura, los centenares de asesinatos de líderes sociales y otras manifestaciones de incumplimiento de lo que había sido el acuerdo con las FARC, llevan a que se pueda esperar un viraje en la escena política colombiana, con sus repercusiones en la región y particularmente en lo referente a la tensa situación en torno a Venezuela.. ¿Qué repercusiones puede tener todo esto en el escenario político?

–A partir de la llegada del nuevo gobierno, que llega en franca confrontación con el acuerdo firmado con las Farc, hacen sus ajustes independientemente de la otra parte, lo que genera un acto de incumplimiento porque un acuerdo firmado por partes, si ha de ser modificado, debe serlo por ambas partes y no de manera unilateral. Eso hace que se comience a perder la confianza en unas condiciones en las que el proceso de diálogo se ha hecho irreversible porque se han producido los puntos que eran esenciales para generar las confianzas suficientes para saber que ya no iban a volver a la guerra, entre esos puntos estaba el de la entrega de armas. Entonces las Farc entregan las armas y comienzan a presentarse fenómenos que son propios de todos los fenómenos y que no podían dejarse de presentar en Colombia, que es el proceso de las disidencias. Pero que haya disidencias y que comiencen a producirse situaciones tan adversas, en términos de las seguridades que debía ofrecer el proceso de la implementación, que atañen a la seguridad física de los excombatientes: 85 excombatientes de las Farc han sido asesinados en los 18 meses de la implementación del acuerdo. A lo que se agregan centenares de líderes sociales.

–¿Cómo funciona la jurisdicción especial?

–La jurisdicción especial para la paz viene teniendo grandes dificultades para poder funcionar y así obstaculizar sistemáticamente, con la política de gobierno y con la corte constitucional que hizo un pronunciamiento que deja por fuera a los militares de estos tribunales y la voluntad de que los militares se adscriban a los tribunales de la jurisdicción especial para la paz, y claro, han llegado aproximadamente 1300/1850 militares todos condenados a 30, 40 o 50 años a recibir los beneficios de la jurisdicción especial para la paz.

–¿No avanza el sistema integral diseñado?

–El sistema integral de verdad, justicia, reparación y reconciliación que tiene una comisión de la memoria, ha tenido grandes dificultades para poder avanzar, como dificultades a tenido para avanzar la comisión encargada de la búsqueda de personas desaparecidas. Es decir, hay una serie de factores determinantes en ese proceso que preocupan y que sirven de espejo retrovisor al proceso que se está desarrollando con el ELN. Entonces el ELN dice, miren cómo se están comportando ante un acuerdo de paz que se ha agudizado ahora con el incumplimientos del nuevo gobierno.

–Hubo una campaña política, más allá de lo que es el actual gobierno, donde una candidatura, que fue bastante explícita con un discurso alternativo, instaló una presencia nacional como quizá nunca haya habido en toda la historia de Colombia. Es decir, que también como consecuencia de esa negociación hubo un escenario político de nuevo tipo que, cualitativamente, creo yo, es la ampliación de ese espacio, la consolidación de ese territorio donde la acumulación de fuerzas va a poder poner en cuestión todo aquello que era esperable. Existe un espacio en el cual las posibilidades de acumular fuerzas se mostraron quizá hasta mayores de lo que uno podría haber supuesto a priori. Entomces el debate es: ¿cuál es ese territorio y cómo la actuación del ELN irrumpe en ese escenario y a quién le facilita las cosas?

–Hay un proceso inédito en términos de los logros alcanzados por la izquierda democrática y eso significa que alcanzan aproximadamente 8.5 millones de votos en elecciones, que nunca en la historia habían podido alcanzar, contra 10.5 millones de votos de la candidatura ganadora, eso es claro. Pero tiene una particularidad, es que nunca en la historia del país todas las fuerzas políticas de derecha, desde la derecha de centro o la derecha tradicional hasta la extrema derecha, se habían unido bajo una misma candidatura para derrotar ese proceso específico de efervescencia política y electoral de ciudadanía, la irrupción de un modelo de ciudadanía que votó por una opción que era la de la Colombia Humana, entonces todo eso también está ahí. La Colombia Humana es el resultado de las circunstancia emocionales y políticas de una nación y no constituye una fuerza articulada, dinámica, con continuidad en el tiempo, sino que es el resultado de las circunstancias políticas. Esto en el marco de una situación política complicada con un presidente de adolescencia tardía porque es un presidente que no logra entender la dimensión del cargo y no porque no lo quiera sino porque Iván Duque no tiene la capacidad ni la experiencia acumulada de conductor y de estadista que se requiere para manejar un país.


–Por eso lo tiene a Alvaro Uribe.


–Si, lo tiene a Uribe. Que es como gobernar en cuerpo ajeno. Con un equipo de gobierno que sale de su salón de clase, de sus amigos, igualmente inexpertos, que creen que pueden pasarse la jurisdicción y el estado de derecho por encima, que pueden acomodar las leyes a su acomodo y eso me parece que es sumamente grave porque se pierde todo anclaje que posibilite a la sociedad resolver sus conflictos: “si yo tengo esta Constitución pero no me sirve, la cambio”; “si yo tengo este acuerdo pero no me sirve, lo cambio”; “si yo tengo un pacto internacional pero no me sirve, entonces no lo cumplo”... Esos elementos nos construyen una imagen de un Estado paria, que no es capaz de asumir sus obligaciones en términos de la agenda internacional. De alli que el conflicto está dado principalmente en las calles, porque la democracia se va a las calles, a la protesta social, a la marcha. Se comienza a presionar al Estado a través de la movilización social: campesinos, obreros, maestros, indígenas, afros, comienzan a presionar y van a tener resultados. La democracia en la calle va dando resultados porque las causas que se abrazan son causas justas y la ciudadanía adscribe a esas causas de manera vehemente. En realidad, el problema que tenemos nosotros es que hay una delincuencia que capturó el Estado y que está empotrada en el ejercicio del poder y que define que su forma de gobierno es la muerte de los demás en defensa de sus propios intereses. Cuando usted encuentra en los más altos cargos del Estado delincuentes articulados con la práctica de la corrupción, del caso Odebretch en adelante; cuando usted tiene los empresarios detrás de los aparatos de justicia, colocándola a su servicio, cuando usted tiene los terratenientes detrás de las reformas agrarias, evitando la distribución de las tierras. Es decir, cuando la delincuencia organizada que se mueve con un sistema mafioso de ilegalidad y legalidad, llega al poder del Estado, la situación no es fácil de resolver pese a todas las cosas grandes que usted pueda hacer.

–Este gobierno vino para eso. Esperar otra cosa conociendo, sobre todo, a un tipo tan articulado como es el líder de la fuerza política, Uribe, no es factible. Porque uno puede esperar que Jair Bolsonaro haga tonterías por sus propia limitaciones, pero Uribe está preparado, es un personaje capaz de articular ese proyecto. El proyecto es dar marcha atrás en cuanto a la capacidad de expandir un proceso de paz democrático. Lo que tenemos menos claro quizá es ¿cómo moverse para construir algo que, sabiendo frente a quien estamos, ensanche el espacio de la paz democrática como un anhelo popular? Esa tarea, yo se que es difícil, porque están actuando para que no se produzca, los medios, la justicia, provocaciones, pero aún así quedan espacios para que inventemos.

–Hay una cosa que se viene presentando al menos en el país, es que hay una emancipación de los territorios y de las comunidades en términos de la política de Estado. Es decir, la gente no cree en el Estado y cuando deja de creer en el Estado usted tiene que buscar la forma de resolver los problemas. Se manejan nuevos ordenes de institucionalidad, nuevos planes de desarrollo, nuevos proyectos e iniciativas económicas que van tratando de resolver lo que el Estado no resuelve. Y cuando usted es capaz de resolver lo que el Estado no resuelve, entonces usted adquiere independencia y entra a defender su territorio, sus proyectos, sus poblaciones. Aquí lo que está pasando es que se perdió el referente del Estado paternalista y su autoridad, y se construye una nueva legitimidad desde las comunidades en los territorios. Entonces la lucha se vuelve territorial por la supervivencia, el desarrollo y el bienestar, se construyen distintos tipos de planes en distintos territorios y la gente los defiende. En ese contexto, miremos el problema del incidente provocado por el ELN. Yo he estudiado el ELN durante 40 años, conozco al ELN, lo he vivido y lo he padecido. Se de su comportamiento y se de sus estrategias, de sus prácticas y de sus imaginarios. Y se como funcionan las estructuras del ELN. Esta es una acción realizada por una de sus estructuras y esa estructura no le va a decir a las otras estructuras ni a nadie: “vamos a hacer esto”. Ellos operan conforme a su plan estratégico y táctico de guerra. Entonces definen un objetivo militar, en este caso la Escuela de Cadetes Francisco de Paula Santander y operan sobre ese objetivo. Operan en unas condiciones particulares que causa mucho dolor en esa población, que son jóvenes, pobres, buscando una carrera al interior de la policía, etc. con otros jóvenes de otros países que vienen a formarse a esa escuela y en un momento que, me parece a mi, que contaban con una información interna. Era el momento de clausura de cursos y de graduaciones donde se conglomeraba población lo que permitía hacer eso. Con un sistema de seguridad muy complicado porque la información que se ha mostrado, cada vez con mayor elocuencia, muestra que el que entró con el carro pudo pasearse por la escuela sin ningún tipo de dificultad. Lo que yo no entiendo es la inmolación. ¿Por qué se inmoló? Porque perfectamente podría haber estacionado el carro, bajarse del carro e irse como un funcionario o como un visitante cualquiera y nadie lo hubiera parado. El acto visto así, contra ese tipo de población, lejos del derecho internacional humanitario, es un acto terrorista. Esa gente no está en actitud de combate, se están preparando, seguramente, pero no están en actitud de combate. Es un acto terrorista. El ELN es una organización que tiene un fundamento moral y ético profundamente cristiano, si ellos hacen algo reconocen ese algo que hacen, lleguen las consecuencias a donde le lleguen, nunca han negado una acción por trágica o difícil que haya sido. Entonces se pone fin a un proceso de paz, a un proceso de diálogo, de conversaciones que no había avanzado, que estaba en estado de coma, que el gobierno no había retomado en cinco meses y que tenía las posibilidades de abandonar o las pretensiones de abandonar. Nunca aprendieron, como lo aprendimos todos los que participamos en el proceso y en las conversaciones con las Farc, que en una mesa de conversaciones, además de ser una mesa en la que se clarifican los puntos de vista, se construyen confianzas, es fundamentalmente una escuela de aprendizaje y un centro de toma de decisiones. Es en la mesa de conversaciones donde uno aprende a ver el país, a ver las circunstancias, a ver las lógicas del poder, las tensiones... y allá es donde uno aprende a tomar las decisiones.


–¿Así fue también para el ELN?


–El ELN ha hecho aprendizajes. No es que una fuerza viva que opera sobre un cuerpo inerte. Actúa sobre otra fuerza viva que es la fuerza pública. Es una fuerza viva que sabe moverse, comportarse, que ha tenido aprendizajes y que actúa. Entonces si usted los bombardea debe esperar que reaccione, y ellos reaccionaron frente a los hechos de violencia y a la sistemática persecución del Estado. De allí el atentado de la escuela de cadetes, reaccionaron ahí. No lo hicieron de la manera correcta porque colocaron las bombas en un lugar que no es un campo de batalla, no es el teatro de operaciones sino que es una escuela de formación en la que se está produciendo la formación de futuros oficiales de la policía. Eso tiene unos impactos específicos, que significa que volvemos a la guerra, esa guerra tiene actores, el Estado es uno de los actores, la fuerza pública y la fuerza militar es otro de los actores pero también tiene disidencias de las Farc que van a estar operando, reductos del EPL que están en la región del Catatumbo que están operando que han sido un poco llamados por el ELN a parar la guerra entre ellos, esa guerra entre ellos es por superposición de guerras; tiene el ELN y tiene un avance del paramilitarismo, con una dificultad, hoy en muchas partes del territorio nacional la población está llamando a la necesidad de que las Farc regresen. Porque las Farc resolvían todos los problemas que habían que resolver en términos de ley o en términos de conflicto. No había devastación de bosque ni de selva porque las Farc lo impedían. Estamos en una situación de guerra que favorece a este gobierno.

–¿Por qué?


–Es un gobierno que no le está apostando a la paz, que siente que tiene una carga que es el acuerdo de paz que le dejó el gobierno anterior a la sociedad colombiana. Pero la sociedad colombiana tiene que entender que nunca antes en la historia del país, en 60 años de guerra, había respirado tanta tranquilidad, pese a todas las dificultades, a partir del proceso de paz con las Farc.


–Es muy ilustrativo todo. De todas maneras, es de suponer, que en lo que conocemos y se ha venido constituyendo como la izquierda en Colombia, va a haber diferencias en torno a cómo pararse frente a este nuevo acontecer.


–El problema nuestro y de nuestra América Latina es que todavía no hemos sido capaces de entender que no se construye una alternativa sobre liderazgos personalizados sino sobre imaginarios colectivos que reivindican derechos fundamentales. El problema nuestro es que somos populistas en la construcción política de nuestras organizaciones, bien liderazgo de derecha o bien liderazgo de izquierda. Es que yo quiero pensar el Centro Democrático, sin Uribe, no existe; la Colombia Humana, sin Petro, tampoco… Sabe que yo descubrí, después de muchos años, qué era la revolución. La revolución era una cosa muy elemental, era que el cuerpo de una persona y de su familia pudiera satisfacer derechos elementales que convocaban sus propias necesidades biológicas, sociales, culturales y políticas


–Alvaro García Linera lo viene diciendo...


–Yo quiero que me garanticen la posibilidad de vivir, el derecho a la vida, pero no de cualquier forma, un derecho a la vida digna. El derecho a la vida digna merece que me pueda alimentar, las 5 comidas diarias, agua potable, vivienda digna, que se llene de amor de solidaridad, camaradería, afecto, que no se llene de cosas, el problema nuestro es que la sociedad de consumo hizo que nuestras casas se llenaran de cosas y no de personas, de afectos y de relaciones; que me garanticen la salud, pero la salud no es que tenga que ir a un hospital, la salud es que yo no tenga que ir a un hospital; yo quiero que me garanticen educación, que pueda trabajar para reproducir mis condiciones de vida de mi trabajo; yo quiero poder recrearme, poder salir a caminar tranquilo por los lugares que vivo sin temor a ningún tipo de agresión; y yo quiero seguridad. Nosotros le entregamos la seguridad a la derecha. La izquierda tiene que pensar que la seguridad es parte de las reivindicaciones de las condiciones básicas del ser humano.

–Las calles deberían ser nuestras.

–Si, las calles tienen que volver a ser nuestras. Miren todo lo que ha ocurrido con los centros de vivienda, nos encerramos en cárceles cuidados por vigilancia privada que nos permiten entrar o no entrar. Nos hemos encarcelado, la ciudad se volvió un panóptico con corredores de pobreza.
Yo digo, ¿qué es lo que debe pertenecer al Estado? Los recursos estratégicos de la nación: agua, huertos, escuelas, hospitales, transporte, etc. Pero la fábrica de sostenes, zapatos, pantalones déjensela a esos empresarios para que produzcan, para que inventen y para que haya trabajo. ¿Se entiende?

–Eso es lo que cuenta...

–Entonces, es un modelo de propiedades mixtas: de economía solidaria, de economía privada y de economía estatal. Pero que se sabe cuales son los roles que juegan para construir el bienestar general en el marco de las diferenciaciones que hay.

–Una última pregunta: en el marco de la tensión con Venezuela ¿cómo ve la situación?

–Primero yo veo que con las tensiones con Venezuela es que hay una alianza estratégica regional y mundial contra Venezuela. Yo particularmente pienso que Colombia es una punta de lanza en la confrontación contra Venezuela. Los medios de comunicación y el gobierno han sido feroces en relación con Venezuela. Y yo me levanto sobre el principio de la libre autodeterminación de los pueblos y el ejercicio pleno de su soberanía. El problema de los venezolanos es el problema de los venezolanos y tienen que resolverlo los venezolanos, allá ellos. Ahora, ¿habrá un conflicto armado entre Colombia y Venezuela? Sí, aumenta la tensión con la ruptura del diálogo con el ELN, porque el ELN está en toda la franja de frontera, pero no ahora, desde siempre, construyeron economía, territorialidad, han estado desde 30-40 años en ese territorio. Hacen parte de esa cartografía de la conflictividad política de frontera. Pero si ustedes me preguntan si hay una confrontación militar entre Colombia y Venezuela en una modalidad de guerra, eso duraría dos bombardeos porque si usted tiene que bombardear los recursos de Venezuela que son las refinerías y los campos petroleros y ellos te bombardearían uno solo que es el de Cartagena y acabarían con la economía de este país...

Publicado enColombia
Con licencia abierta y blindada para matar

De nuevo nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de acudir al país y al mundo para dejar constancia de los últimos hechos de los cuales hemos sido víctimas por parte de los paramilitares que actúan con plena libertad en nuestra región.


El control paramilitar que siempre nuestra Comunidad de Paz ha denunciado públicamente, sigue avanzando con gran fuerza, abarcando todo el territorio, pero las autoridades no hacen nada para enfrentar y erradicar este fenómeno criminal que anula los derechos y las libertades de la población. Por el contrario, su pasividad, tolerancia y connivencia con el mismo, revela que hace parte de las políticas y estrategias oficiales.


Nuestra Comunidad de Paz siempre ha dejado en evidencia los avances que muestran los paramilitares en el corregimiento de San José de Apartadó y en sus veredas, antes con otros nombres y desde hace un tiempo con el de Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), pero la respuesta rutinaria de las autoridades es que nuestra Comunidad de Paz se inventa los hechos o los infla. Desde Rito Alejo del Río (mediados de los años 90) hasta el presente, NEGAR TODO ha sido la actitud de las instituciones del Estado, empezando por la más directamente responsable: la fuerza pública. Con ello se han desprestigiado hasta el extremo, pues han ido confirmando cada vez más que sus verdades son mentiras y que su principal afán es tapar y camuflar la realidad real y tratar de venderle al país y al mundo una realidad falsa.


Las amenazas a nuestra Comunidad de Paz y a los pobladores de la zona no cesan. Los grupos paramilitares que patrullan las veredas obligan a los campesinos a trabajar para ellos, a pagar vacunas, a servirles de puntos de información. La población civil no tiene más opciones que someterse o si no lo hacen tienen que desplazarse o entrar a formar parte de las listas negras, de donde se eligen los candidatos al asesinato, crímenes que van convenciendo a los pobladores que ellos “hablan en serio” y que además gozan de inmunidad, pues están blindados frente a la justicia. La rutinaria matanza de líderes sociales en el país, como política generalizada, nos está demostrando que quienes ordenan los crímenes son inmunes a todo proceso judicial. Ya el gobierno y las cabezas de sus instituciones mantienen el discurso preparado para “lamentar los hechos y prometer que las cosas no se quedarán así, que el peso de la ley caerá sobre los victimarios”, pero la rutina nacional nos ha enseñado hasta la saciedad que se trata de un mero discurso tranquilizador sin incidencia alguna en la realidad.


Durante todo el año 2018 dejamos constancia de todos los atropellos, amenazas y sometimiento de la población civil al paramilitarismo. El afán de controlarlo todo fue como una avalancha que fue inundando todas las veredas ante la mirada pasiva y complaciente de sus “primos” y de las demás autoridades locales y regionales. La consigna frente a nuestra Comunidad siguió siendo que nuestra Comunidad de Paz debe desaparecer, consigna adicionada con amenazas y anuncios persistentes de muerte para varios de nuestros líderes e integrantes y con agresiones audaces como tomas de tierra e incursiones armadas con fines aterradores.


Los hechos de los cuales dejamos constancia hoy son los siguientes:


* Por información de pobladores de la zona, se supo que durante la fiesta de fin de año, hubo en el caserío de San José una gran concentración de paramilitares quienes eligieron ese sitio para sus festejos. Subieron en lujosas camionetas y en multitud de motocicletas por nadie requisadas y se encontraron con numerosos colegas paramilitares. Nos preguntamos por qué lo hicieron allí, estando el caserío tan militarizado, pues hay una base militar y un búnker de la policía, establecimientos cuya ubicación contradice las normas y jurisprudencias de la Corte Constitucional. Muchos pobladores civiles que fueron esa noche a visitar a sus parientes, quedaron extrañados de la gran concentración paramilitar.


* El jueves 10 de enero 2019, veinte paramilitares con camuflados y armas largas, al mando de alias “Majute”, llegaron a la vereda Mulatos Medio, donde se quedaron por varias horas junto a uno de los espacios privados de nuestra Comunidad de Paz.


* El sábado 12 de enero de 2019, cinco paramilitares armados y montando en mulas llegaron al punto conocido como Chontalito, de San José de Apartadó, donde permanecieron algunas horas.


* El miércoles 16 de enero de 2018, en horas de la tarde fue asesinado el joven DEIMER ÚSUGA HOLGUÍN, a escasos 300 metros de la Base Militar del corregimiento de San José de Apartado. El hecho ocurrió en el camino real que sube por el río El Mariano y conduce para las veredas El Mariano, La Linda, Cristalina, Miramar, buenos Aires, Buena Vista, Alto Bonito, Mulatos, Resbaloza, entre otras, el hecho fue exactamente en el punto donde el pasado 16 de noviembre de 2017 intentaron asesinar al joven JUAN DE A CRUZ GUZMAN, hechos atribuidos a los paramilitares, pues su afán por controlar a la población los lleva a perpetrar asesinatos selectivos para producir impactos sobre todo aquel que no se someta a sus intereses. El contexto es, evidentemente, toda la tolerancia y aquiescencia de la fuerza pública con la cual el paramilitarismo ha contado en la zona, ya durante varias décadas, en las cuales han consolidado su accionar y su estrategia, lo cual hace recaer la responsabilidad, de manera evidente, en el gobierno y sus instituciones militares y policiales. Nuestra Comunidad de Paz ha dejado centenares de constancias, clamando permanentemente para que esta absurda situación se termine, pero la única respuesta del Estado es luchar para que no denunciemos, para que cerremos los ojos y la boca y dejemos actuar a sus anchas al paramilitarismo. Ese es el sentido de la Acción de Tutela que la Brigada XVII ha colocado contra nuestra Comunidad, pero que no puede ser acatada porque viola derechos constitucionales y universales intocables y porque de acatarla ahí sí tendrían el campo libre para continuar arrasando con todos los derechos de la población y las bases de la dignidad humana.


* El jueves 17 de enero de 2019, nuestra Comunidad de Paz fue informada de una lista de 8 persona que tienen los paramilitares para asesinar, entre los cuales estaba el joven asesinado el día anterior, Deimer Usuga Holguin. Entre los otros siete que están en la lista, algunos son miembros de nuestra Comunidad de Paz y el resto son pobladores de la zona. Responsabilizamos al Gobierno y a sus instituciones militares por lo que pueda pasarle a los miembros de nuestra Comunidad de Paz y/o a otros pobladores de la zona, pues ya se escuchan nombres de personas que asesinarán y bien lo tiene sabido El Estado, pues la situación que se vive en nuestro territorio es dramática y el Estado no ha querido hacer nada para enfrentarla. En el mismo corregimiento de San José de Apartadó se corren los rumores de una serie de panfletos que circulan los mismos paramilitares desde El Municipio de San José de Uré Córdoba con amenazas de muerte y sometimiento a la población civil si no se acoge a sus ideas perversas.


La Juez Segunda Promiscua de Apartadó se ha propuesto amordazar nuestras constancias públicas presionada por los militares, pero razón tuvimos desde hace ya muchos años, cuando descubrimos que el aparato judicial estaba hundido en la corrupción y sólo producía impunidad para un lado y arbitrariedad para el otro, algo tan opuesto a la mínima ética que debe inspirar el ejercicio de la justicia, que decidimos no relacionarnos más con ese aparato para poder salvar nuestra rectitud de conciencia, mientras hemos seguido clamando a las altas Cortes para que corrija tan perversos caminos y limpie los expedientes de tanta podredumbre, pero no han querido hacer caso.


Es un hecho de completa evidencia que nuestro territorio lo dominan los paramilitares y que la fuerza pública que está ahí, lo permite. Nos preguntamos ¿por qué un corregimiento tan militarizado es controlado por los paramilitares? Y lo más terrible: están matando al campesino a pocos metros de esas bases militares. ¿Hasta cuándo el gobierno va a permitir que el campesino siga siendo oprimido por el paramilitarismo? ¿Cómo es posible que un corregimiento donde hay una base miliar grande y una estación de policía con muchos hombres, los paramilitares ejerzan allí su control, vivan a sus anchas, se reúnan para hacer allí sus grandes fiestas, sin que nadie lo impida, y que además cobren impuestos ilegales, impongan sus normas, asesinen, amenacen, circulen listas de condenados a muerte y las vayan ejecutando y el gobierno siega fingiendo que es sordo y ciego?


Desde nuestro territorio amado y oprimido agradecemos las muchas voces de ánimo que recibimos desde el país y el mundo, pues todo su apoyo político y moral nos da mucho valor para seguir adelante, en resistencia, en este territorio tan dominado por el poder de las armas al servicio de lo peor.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó
Enero 18 de 2019

 

Publicado enColombia
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