Paro cívico de Buenaventura, vista panorámica

A 20 meses del histórico paro cívico, el incumplimiento del gobierno de Iván Duque 

genera dudas e inconformidad al punto de que ya hay rumores de un nuevo paro

 

Muchos fueron los expertos, periodistas y analistas que se atrevieron a afirmar, en el momento más álgido del paro cívico de Buenaventura, que esta gesta de participación social y sus consecuencias partirían la historia de la ciudad en un antes y un después.

 

Más allá de los aciertos en torno a la anterior afirmación, la verdad es que 20 meses después de firmados los acuerdos del 6 de junio de 2017 entre el gobierno Santos y el Comité del Paro Cívico, se registran varios logros de enorme significación para la ciudad, aunque es evidente que los mayores reclamos del pueblo están lejos de materializarse, y el ritmo de avance registrado a partir de asumir Ivan Duque la presidencia, es angustiosamente lento.

 

De todo el conjunto de graves problemas que fueron motivo de la protesta social, las mesas que más han logrado concretar y avanzar en la ejecución de recursos, son educación en el componente de básica primaria, lo mismo que la mesa de saneamiento básico que ya cuenta con los recursos para mejorar cobertura de agua potable y alcantarillado. Pero persisten y en algunos casos se agudizan algunos problemas, tal como ocurre con la crisis de la salud, que pese a las millonarias inversiones anunciadas no llegan las obras y menos se ven las mejorías; persisten también los problemas con las basuras y la contaminación, y lo mismo ocurre con los problemas por falta de agua potable, los altísimos índices de desempleo con el estancamiento de los comerciantes e incluso el problema de la inseguridad y la violencia urbana, que se ha recrudecido en el último año llegando a niveles superiores a los registrados al momento del Paro Cívico.

 

Como puede recordarse, las preocupaciones del pueblo de Buenaventura que fueron resumidas en 8 grandes temas, con sus respectivas propuestas de solución, llegaron, al término de los acuerdos, a 10 mesas de trabajo, luego de sumárseles dos mesas temáticas que surgieron en el curso de la negociación:

 

Salud, educación, productividad y empleo, agua y saneamiento básico, ambiente, justicia y atención a víctimas, recreación cultura y deporte, territorio vivienda e infraestructura. Ampliadas con la mesa de derechos humanos, lo mismo que los componentes de garantías, protección y memoria.

 

Es entonces necesario recordar que los acuerdos entre gobierno y movimiento cívico tienen compromisos de los tres niveles: nacional, departamental y distrital. Y dentro de lo pactado, además de la ley para dar cumplimiento a los acuerdos con su fondo de Patrimonio autónomo en un periodo de 10 años, que por cierto el gobierno Santos tramitó con sorprendente agilidad emitiendo la ley 1872 del 18 de diciembre de 2017, llamada “ley de Buenaventura”, se establecieron prioridades y montos para ejecutar proyectos entre 2017 y 2019 que respondieran a las urgencias que fueron motivo de reclamación por parte del pueblo en sus 22 días de paro.

 

Lo dramático de la situación es que justamente estos recursos que debieran ser la primera parte del cumplimiento de lo acordado, no quedaron contemplados en el presupuesto del presente 2019, y hasta ahora el contenido de los acuerdos no ha sido incorporado al Plan Nacional de Desarrollo, por lo que puede afirmarse que hasta ahora el presidente Iván Duque incumple a los acuerdos con el pueblo de Buenaventura, aunque mantenga la agenda de seguimiento y permanezca activa la interlocución mediante algunos ministerios con los voceros del Comité del Paro Cívico.
Esta negativa a incorporar los acuerdos firmados el 6 de junio de 2017 en el Plan Nacional de Desarrollo es particularmente grave, pues sucede a pesar de los enormes esfuerzos adelantados por el Comité Cívico para que los mismos no corran la suerte del olvido. Así quedó registrado en carta enviada el pasado 11 de febrero a la directora de Planeación nacional, Gloria Amparo Alonso y al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla; misiva en la que el Comité Cívico expone la importancia y la obligación legal de cumplir lo contraido con Buenaventura, y hasta aportan los términos del artículo elaborado con apoyo de la bancada vallecaucana, para que en el Plan Nacional de Desarrollo sea incorporado el acuerdo del Estado con la ciudad.

 

Las cifras que aparecen a continuación, son los montos pactados en el acuerdo con el gobierno de Santos, para hacer inversiones entre 2017 y 2019, respondiendo así a las urgencias y prioridades expresadas por el pueblo. Sin embargo, hasta ahora la mayor parte de las obras no despegan y en muchos casos los recursos ni siquiera aparecen en los respectivos ministerios dentro del presupuesto 2019.

 

Con estos recursos quedaron priorizadas en las mesas temáticas proyectos para solucionar problemas urgentes y estratégicos para el bienestar de quienes habitan en Buenaventura, como la ciudadela hospitalaria y la reapertura del hospital Luis Ablanque de la Plata con servicios de los niveles dos y tres, lo mismo que el aumento en horas de suministro de agua potable, y obras de infraestructura vial, así como el problema de alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y basuras, entre muchos otros.

 

Para comprender los logros y avances del Paro Cívico es necesario reconocer, por un lado, el tamaño de las aspiraciones plasmadas en los acuerdos con sus cifras, ciertamente millonarias, y por otro lado, interpretar la ganancia social del papel protagónico y el liderazgo gestado en torno al comité del Paro Cívico y que ha puesto a Buenaventura en el centro de la discusión nacional.

 

Este segundo aspecto se ve expresado en la alta credibilidad despertada por el Comité Cívico de Buenaventura, en su dinámico rol de interlocutor con el Gobierno, y que llevó en tiempo extraordinariamente corto al trámite de la ley 1872 de diciembre de 2017 que crea el Fondo de Patrimonio Autónomo y concibe la implementación de un Plan Especial de Desarrollo Integral para garantizar el cumplimiento de los acuerdos. También se logró ya el correspondiente marco normativo de reglamentación y aplicación de la mencionada ley, al punto que el 18 de octubre de 2018 pudo instalarse la Junta Administradora del Fondo en la misma ciudad de Buenaventura, en un hecho que no tiene precedentes en la historia de Colombia.

 

En el escenario de seguimiento a los acuerdos, resalta que las diez mesas temáticas muestras niveles variados de desarrollo. Y queda también claro que mientras las mesas técnicas conformadas por funcionarios del Gobierno y la comunidad avanzan en procura de concretar la solución a problemas priorizados, el comité ejecutivo mantiene una intensa interlocución con el Gobierno para lograr el desarrollo normativo de la ley 1872 y la respectiva presión, con apoyo de la bancada de congresistas del Valle del Cauca, para que el Gobierno mantenga la atención al más alto nivel en el compromiso con Buenaventura. Así se demuestra con la instalación de la Junta Administradora de FonBuenaventura, que tiene la tarea de diseñar e implementar el Plan Especial de Desarrollo Integral para esta ciudad.

 

Un logro parcial, pues de nada servirá la conformación de la Junta Administradora de un fondo sin fondos. Y eso es lo que está ocurriendo, y está a punto de concretarse el incumplimiento formal de parte del gobierno Duque, si es que en las pocas semanas que quedan para aprobar el Plan Nacional de Desarrollo el gobierno persiste en dejar por fuera los acuerdos firmados para levantar el Paro Cívico de Buenaventura, y con ello daría nuevas razones al pueblo para recordar que el paro cívico no está desmontado sino suspendido, lo que significa que en el presente 2019 podrían venir nuevas protestas.

 

El desafío a corto y mediano plazo, por lo tanto, es concretar en proyectos y ejecución de los mismos, las soluciones plasmadas en los acuerdos.

 


 

Recuadro 1

 

Salud

 

En el Acta final se acordaron recursos por 12.500 millones de pesos para le Unidad de Cuidados Intensivos del único hospital público de la ciudad, pero esta obra está lejos de realizarse.

 

Con una población que carece de servicios básicos, y padece atraso acumulado por años en temas tan sensibles como salud, agua y saneamiento básico, educación e infraestructura, todo es urgente. Por eso, y ante la inocultable crisis de la salud que sufre Buenaventura –a pesar de las reclamaciones del Paro Cívico–, se ve con frustración que todavía no se hayan dado los primeros pasos para concretar la ciudadela hospitalaria que tiene recursos asignados por 183 mil millones de pesos, y es válida la preocupación por el incumplimiento del gobierno local en la tarea de asignar el respectivo lote para la obra.

 

 

Recuadro 2

 

Ambiente

 

Esta mesa, desde los acuerdos hasta inicios de 2018, mantuvo una actividad de seguimiento muy intensa con el gobierno de Juan Manuel Santos, pero presenta una dificultad similar a la comportada por varias de las otras mesas en las fases de planeación, definición y diseño de proyectos; además, en los últimos meses del gobierno saliente se disolvió la interlocución, por lo que se registra un estancamiento en seguimiento y avances. Tampoco ha logrado una reactivación notoria en lo corrido del gobierno de Iván Duque.

 

En materia de ambiente se logró la presión suficiente para suspender, por ahora, la pretensión de realizar el relleno sanitario en la parte alta del nacimiento de la quebrada El Venado, logrando así protejer el recurso hídrico y el bienestar de las comunidades aledañas, pero el Distrito tiene aplazada la solución al grave problema de las basuras, sin decidir aún el lugar donde deberá construirse el relleno.

 

Sobre este particular se elaboró un informe que demuestra la no viabilidad de la realización del relleno sanitario en Santa Elena. Se demuestra que hay árboles en peligro de extinción, porque el relleno sanitario quedaría encima del nacimiento de una microcuenca, por terrenos demasiado pendientes.

 

Un informe riguroso, generado desde la mesa de ambiente, obligó al establecimiento público ambiental –EPA– a imponer medidas preventivas para la protección del aire, y logró la expedición de sendas resoluciones en octubre de 2017, la 141 y 144, que implica la orden de suspensión preventiva de dos de los patios de carbón de Buenaventura. Sin embargo, transcurrido más de un año esta importante disposición no se ha acatado, y urge por cierto, el acompañamiento de la comunidad y del ministerio público para obligar a su cumplimiento.

 

Al mismo tiempo, se trabaja en tres políticas: ambiental, hídrica y cambio climático, aplicadas a la región natural de influencia de Buenaventura.

 

Al mismo tiempo, se labora en el Plan de Getión ambiental distrital de Buenaventura; el plan de gestión de residuos sólidos, y el Plan de saneamiento y manejo de vertimientos.

 

 

Recuadro 3

 

Educación, lo más destacado

 

El tema que tiene mayor grado de avance es educación, porque hay varias obras del componente de infraestructura que están en ejecución: remodelación de escuelas en zona rural y urbana, y porque se logró el aumento de recursos para Buenaventura en una cifra cercana a 25 mil millones de pesos año, mediante la revisión de un criterio técnico denominado “tipología educativa” que determina los recursos asignados por regiones. Parte de esos recursos ya comienzan a beneficiar a la ciudad. Se logró, así mismo, la asignación de 137 nuevas plazas para docentes.

 

Infraestructura educación superior. El logro concreto en este componente del acuerdo es del orden de once mil millones de pesos ($ 11.000.000.000) para la Univalle sede Pacífico.

 

Se dispuso por parte del MEN, y están en proceso de ejecución, doscientos treinta y seis millones de pesos (236.000.000) para el diagnóstico ampliado que posibilite la definición de políticas públicas territoriales en materia de educación superior.

 

En materia de salud: está aprobada la inversión de 183 mil millones de pesos para la ciudadela hospitalaria, de los cuales están asegurados 27 mil millones para primera fase.

 

Recursos para adecuación, remodelación y construcción de puestos y centros de salud urbanos y rurales. Asegurados ya 3.500 millones para el Centro hospitalario de Puerto Merizalde.

 

cuadro p3

 

Publicado enColombia
Paro cívico de Buenaventura, vista panorámica

A 20 meses del histórico paro cívico, el incumplimiento del gobierno de Iván Duque 

genera dudas e inconformidad al punto de que ya hay rumores de un nuevo paro

 

Muchos fueron los expertos, periodistas y analistas que se atrevieron a afirmar, en el momento más álgido del paro cívico de Buenaventura, que esta gesta de participación social y sus consecuencias partirían la historia de la ciudad en un antes y un después.

 

Más allá de los aciertos en torno a la anterior afirmación, la verdad es que 20 meses después de firmados los acuerdos del 6 de junio de 2017 entre el gobierno Santos y el Comité del Paro Cívico, se registran varios logros de enorme significación para la ciudad, aunque es evidente que los mayores reclamos del pueblo están lejos de materializarse, y el ritmo de avance registrado a partir de asumir Ivan Duque la presidencia, es angustiosamente lento.

 

De todo el conjunto de graves problemas que fueron motivo de la protesta social, las mesas que más han logrado concretar y avanzar en la ejecución de recursos, son educación en el componente de básica primaria, lo mismo que la mesa de saneamiento básico que ya cuenta con los recursos para mejorar cobertura de agua potable y alcantarillado. Pero persisten y en algunos casos se agudizan algunos problemas, tal como ocurre con la crisis de la salud, que pese a las millonarias inversiones anunciadas no llegan las obras y menos se ven las mejorías; persisten también los problemas con las basuras y la contaminación, y lo mismo ocurre con los problemas por falta de agua potable, los altísimos índices de desempleo con el estancamiento de los comerciantes e incluso el problema de la inseguridad y la violencia urbana, que se ha recrudecido en el último año llegando a niveles superiores a los registrados al momento del Paro Cívico.

 

Como puede recordarse, las preocupaciones del pueblo de Buenaventura que fueron resumidas en 8 grandes temas, con sus respectivas propuestas de solución, llegaron, al término de los acuerdos, a 10 mesas de trabajo, luego de sumárseles dos mesas temáticas que surgieron en el curso de la negociación:

 

Salud, educación, productividad y empleo, agua y saneamiento básico, ambiente, justicia y atención a víctimas, recreación cultura y deporte, territorio vivienda e infraestructura. Ampliadas con la mesa de derechos humanos, lo mismo que los componentes de garantías, protección y memoria.

 

Es entonces necesario recordar que los acuerdos entre gobierno y movimiento cívico tienen compromisos de los tres niveles: nacional, departamental y distrital. Y dentro de lo pactado, además de la ley para dar cumplimiento a los acuerdos con su fondo de Patrimonio autónomo en un periodo de 10 años, que por cierto el gobierno Santos tramitó con sorprendente agilidad emitiendo la ley 1872 del 18 de diciembre de 2017, llamada “ley de Buenaventura”, se establecieron prioridades y montos para ejecutar proyectos entre 2017 y 2019 que respondieran a las urgencias que fueron motivo de reclamación por parte del pueblo en sus 22 días de paro.

 

Lo dramático de la situación es que justamente estos recursos que debieran ser la primera parte del cumplimiento de lo acordado, no quedaron contemplados en el presupuesto del presente 2019, y hasta ahora el contenido de los acuerdos no ha sido incorporado al Plan Nacional de Desarrollo, por lo que puede afirmarse que hasta ahora el presidente Iván Duque incumple a los acuerdos con el pueblo de Buenaventura, aunque mantenga la agenda de seguimiento y permanezca activa la interlocución mediante algunos ministerios con los voceros del Comité del Paro Cívico.
Esta negativa a incorporar los acuerdos firmados el 6 de junio de 2017 en el Plan Nacional de Desarrollo es particularmente grave, pues sucede a pesar de los enormes esfuerzos adelantados por el Comité Cívico para que los mismos no corran la suerte del olvido. Así quedó registrado en carta enviada el pasado 11 de febrero a la directora de Planeación nacional, Gloria Amparo Alonso y al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla; misiva en la que el Comité Cívico expone la importancia y la obligación legal de cumplir lo contraido con Buenaventura, y hasta aportan los términos del artículo elaborado con apoyo de la bancada vallecaucana, para que en el Plan Nacional de Desarrollo sea incorporado el acuerdo del Estado con la ciudad.

 

Las cifras que aparecen a continuación, son los montos pactados en el acuerdo con el gobierno de Santos, para hacer inversiones entre 2017 y 2019, respondiendo así a las urgencias y prioridades expresadas por el pueblo. Sin embargo, hasta ahora la mayor parte de las obras no despegan y en muchos casos los recursos ni siquiera aparecen en los respectivos ministerios dentro del presupuesto 2019.

 

Con estos recursos quedaron priorizadas en las mesas temáticas proyectos para solucionar problemas urgentes y estratégicos para el bienestar de quienes habitan en Buenaventura, como la ciudadela hospitalaria y la reapertura del hospital Luis Ablanque de la Plata con servicios de los niveles dos y tres, lo mismo que el aumento en horas de suministro de agua potable, y obras de infraestructura vial, así como el problema de alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y basuras, entre muchos otros.

 

Para comprender los logros y avances del Paro Cívico es necesario reconocer, por un lado, el tamaño de las aspiraciones plasmadas en los acuerdos con sus cifras, ciertamente millonarias, y por otro lado, interpretar la ganancia social del papel protagónico y el liderazgo gestado en torno al comité del Paro Cívico y que ha puesto a Buenaventura en el centro de la discusión nacional.

 

Este segundo aspecto se ve expresado en la alta credibilidad despertada por el Comité Cívico de Buenaventura, en su dinámico rol de interlocutor con el Gobierno, y que llevó en tiempo extraordinariamente corto al trámite de la ley 1872 de diciembre de 2017 que crea el Fondo de Patrimonio Autónomo y concibe la implementación de un Plan Especial de Desarrollo Integral para garantizar el cumplimiento de los acuerdos. También se logró ya el correspondiente marco normativo de reglamentación y aplicación de la mencionada ley, al punto que el 18 de octubre de 2018 pudo instalarse la Junta Administradora del Fondo en la misma ciudad de Buenaventura, en un hecho que no tiene precedentes en la historia de Colombia.

 

En el escenario de seguimiento a los acuerdos, resalta que las diez mesas temáticas muestras niveles variados de desarrollo. Y queda también claro que mientras las mesas técnicas conformadas por funcionarios del Gobierno y la comunidad avanzan en procura de concretar la solución a problemas priorizados, el comité ejecutivo mantiene una intensa interlocución con el Gobierno para lograr el desarrollo normativo de la ley 1872 y la respectiva presión, con apoyo de la bancada de congresistas del Valle del Cauca, para que el Gobierno mantenga la atención al más alto nivel en el compromiso con Buenaventura. Así se demuestra con la instalación de la Junta Administradora de FonBuenaventura, que tiene la tarea de diseñar e implementar el Plan Especial de Desarrollo Integral para esta ciudad.

 

Un logro parcial, pues de nada servirá la conformación de la Junta Administradora de un fondo sin fondos. Y eso es lo que está ocurriendo, y está a punto de concretarse el incumplimiento formal de parte del gobierno Duque, si es que en las pocas semanas que quedan para aprobar el Plan Nacional de Desarrollo el gobierno persiste en dejar por fuera los acuerdos firmados para levantar el Paro Cívico de Buenaventura, y con ello daría nuevas razones al pueblo para recordar que el paro cívico no está desmontado sino suspendido, lo que significa que en el presente 2019 podrían venir nuevas protestas.

 

El desafío a corto y mediano plazo, por lo tanto, es concretar en proyectos y ejecución de los mismos, las soluciones plasmadas en los acuerdos.

 


 

Recuadro 1

 

Salud

 

En el Acta final se acordaron recursos por 12.500 millones de pesos para le Unidad de Cuidados Intensivos del único hospital público de la ciudad, pero esta obra está lejos de realizarse.

 

Con una población que carece de servicios básicos, y padece atraso acumulado por años en temas tan sensibles como salud, agua y saneamiento básico, educación e infraestructura, todo es urgente. Por eso, y ante la inocultable crisis de la salud que sufre Buenaventura –a pesar de las reclamaciones del Paro Cívico–, se ve con frustración que todavía no se hayan dado los primeros pasos para concretar la ciudadela hospitalaria que tiene recursos asignados por 183 mil millones de pesos, y es válida la preocupación por el incumplimiento del gobierno local en la tarea de asignar el respectivo lote para la obra.

 

 

Recuadro 2

 

Ambiente

 

Esta mesa, desde los acuerdos hasta inicios de 2018, mantuvo una actividad de seguimiento muy intensa con el gobierno de Juan Manuel Santos, pero presenta una dificultad similar a la comportada por varias de las otras mesas en las fases de planeación, definición y diseño de proyectos; además, en los últimos meses del gobierno saliente se disolvió la interlocución, por lo que se registra un estancamiento en seguimiento y avances. Tampoco ha logrado una reactivación notoria en lo corrido del gobierno de Iván Duque.

 

En materia de ambiente se logró la presión suficiente para suspender, por ahora, la pretensión de realizar el relleno sanitario en la parte alta del nacimiento de la quebrada El Venado, logrando así protejer el recurso hídrico y el bienestar de las comunidades aledañas, pero el Distrito tiene aplazada la solución al grave problema de las basuras, sin decidir aún el lugar donde deberá construirse el relleno.

 

Sobre este particular se elaboró un informe que demuestra la no viabilidad de la realización del relleno sanitario en Santa Elena. Se demuestra que hay árboles en peligro de extinción, porque el relleno sanitario quedaría encima del nacimiento de una microcuenca, por terrenos demasiado pendientes.

 

Un informe riguroso, generado desde la mesa de ambiente, obligó al establecimiento público ambiental –EPA– a imponer medidas preventivas para la protección del aire, y logró la expedición de sendas resoluciones en octubre de 2017, la 141 y 144, que implica la orden de suspensión preventiva de dos de los patios de carbón de Buenaventura. Sin embargo, transcurrido más de un año esta importante disposición no se ha acatado, y urge por cierto, el acompañamiento de la comunidad y del ministerio público para obligar a su cumplimiento.

 

Al mismo tiempo, se trabaja en tres políticas: ambiental, hídrica y cambio climático, aplicadas a la región natural de influencia de Buenaventura.

 

Al mismo tiempo, se labora en el Plan de Getión ambiental distrital de Buenaventura; el plan de gestión de residuos sólidos, y el Plan de saneamiento y manejo de vertimientos.

 

 

Recuadro 3

 

Educación, lo más destacado

 

El tema que tiene mayor grado de avance es educación, porque hay varias obras del componente de infraestructura que están en ejecución: remodelación de escuelas en zona rural y urbana, y porque se logró el aumento de recursos para Buenaventura en una cifra cercana a 25 mil millones de pesos año, mediante la revisión de un criterio técnico denominado “tipología educativa” que determina los recursos asignados por regiones. Parte de esos recursos ya comienzan a beneficiar a la ciudad. Se logró, así mismo, la asignación de 137 nuevas plazas para docentes.

 

Infraestructura educación superior. El logro concreto en este componente del acuerdo es del orden de once mil millones de pesos ($ 11.000.000.000) para la Univalle sede Pacífico.

 

Se dispuso por parte del MEN, y están en proceso de ejecución, doscientos treinta y seis millones de pesos (236.000.000) para el diagnóstico ampliado que posibilite la definición de políticas públicas territoriales en materia de educación superior.

 

En materia de salud: está aprobada la inversión de 183 mil millones de pesos para la ciudadela hospitalaria, de los cuales están asegurados 27 mil millones para primera fase.

 

Recursos para adecuación, remodelación y construcción de puestos y centros de salud urbanos y rurales. Asegurados ya 3.500 millones para el Centro hospitalario de Puerto Merizalde.

 

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Publicado enEdición Nº254
Lunes, 25 Septiembre 2017 11:45

Dos canciones para la navidad en Casablanca

Dos canciones para la navidad en Casablanca

Para mi amigo Carlos

 

Cuando llegué a uno de los Centros Locales de Artes, ubicado al occidente de Bogotá, lo escuché cantar con su voz afectada por la gripa, y al fondo las voces de los niños en coro. Se trataba de un poema de José Goytisolo llamado El lobito bueno, que Paco Ibañez había musicalizado: «Érase una vez/ un lobito bueno/ al que maltrataban/ todos los corderos./ Y había también/ un príncipe malo,/ una bruja hermosa/ y un pirata honrado./ Todas estas cosas había una vez./ Cuando yo soñaba/ un mundo al revés». Seguí el rastro de las voces hasta un salón donde lo vi de pie, rodeado por seis niños que lo acompañaban en la tonada. El día era claro y el sol entraba por la puerta del centro local de artes dibujando siluetas sobre los azulejos del pasillo. Él estaba sonriente, batiendo sus manos dirigiendo al pequeño coro, pero cuando me fijé en sus ojos, abultados ya, quizás atrapados tras una red de lóbregos recuerdos, observé aquella mirada que en una navidad de treinta y seis años atrás brillaba tras los barrotes y en medio de la oscuridad de una celda de la cárcel La Modelo.

 

Se hace llamar Carlos Mayo, pero bien podría llamarse Carlos Abril o Carlos Diciembre, tiene sesenta y ocho años y es escritor, aunque yo prefiero llamarlo poeta. Trabaja como artista formador de creación literaria para los niños de la ciudad. Tiene dos hijos, una madre a la que cuida de acuerdo al turno que le sea asignado, sus manos son grandes y fuertes, recorre la ciudad en una pequeña bicicleta niquelada que soporta el peso de su maleta que siempre va atiborrada de libros. Su ser es tranquilo y anda por el mundo diseminando sus sonrisas, su lucha incansable por la justicia y por supuesto, sus poemas.

 

Días atrás Carlos había empezado a relatarme su historia y aquella mañana, luego de su clase salimos hacia una panadería donde pedimos café y retomamos la conversación. Su historia o parte de la que me había contado caló tan hondo en mí que le pedí me refiriera los hechos ocurridos en aquel diciembre de 1981, cuando él tenía treinta y dos años y las fuerzas intactas para la lucha. El día era claro, las copas de los árboles brillaban y el viento pasaba liviano por nuestros rostros. Encendí un cigarrillo y Carlos luego de aprobar el sabor del café de una cabezada continuó.

 

Fue en los albores de la navidad del 81. Carlos se encontraba en su casa cuando una escuadra del ejército llegó hasta allí para apresarlo. Inicialmente se negó a ir con ellos, mientras su hijo de tan solo dos años se aferraba a su pantalón para que no se lo llevaran. Sin embargo, el capitán que dirigía a los militares extrajo una hoja donde había escritos alrededor de sesenta nombres de civiles, buscó el de Carlos, tapó los demás y se la enseñó. Se trataba de una orden de arresto firmada por el mismísimo presidente de la república Julio César Turbay Ayala, en la que se le acusaba de conspiración y se explicaba que era una detención preventiva para frenar el paro cívico que germinaba en algunos sectores, y para evitar los desmanes que pudieran ocurrir tras el supuesto paro.

 

Por aquellos días en todo el país no era extraño que se apresara a la gente de esta forma. El Estatuto de Seguridad Nacional, eufemismo utilizado para hablar del Estado de Sitio o en nuestro tiempo de la Seguridad Democrática, creado en 1978 por el general Camacho Leyva y Turbay Ayala le confirió poderes especiales a las fuerzas armadas para detener a cualquier civil sospechoso de ser enemigo de la patria, de desaparecer a personas pertenecientes a grupos armados ilegales o simplemente a opositores y críticos del gobierno, también impedía la reunión de más de dos personas, las manifestaciones y marchas, y hasta cubrirse el rostro era considerado un delito. Por tanto, cuando el gobierno supuso, según sus fuentes de información secretas, que se avecinaba un paro cívico, imaginó que sería igual o peor al ocurrido en 1977 y decidió evitarlo enviando a la cárcel a estudiantes, trabajadores, sindicalistas y reconocidos líderes sociales. Es la ley natural del más fuerte la que utilizaba el Estado, me dice Carlos, matando siempre al más impetuoso y bravo y dejando a los más débiles para manipularlos a su antojo.

 

Pero a Carlos no solo lo acusaban de algo que no había alcanzado a hacer, como era llevar a cabo el paro cívico y participar activamente en él, sino que se encontraba reseñado, o quizás podría decirse que se encontraba signado o marcado por el destino desde que era un niño y su padre le hablaba sobre la justicia, sobre la igualdad, sobre la corrupción, y cuando aprendió a leer y accedió a Marx y a Mao Tse Tung, y cuando a los ocho o nueve años, todos los sábados en la tarde caminaba hasta el bebedero de su barrio y se sentaba sobre los bultos de papa para escuchar las historias de los viejos que escanciaban botellas de cerveza y para escuchar a los tríos que llegaban a cantar sus canciones de amores fallidos y de guerras en los campos de su país. También estaba signado por el destino cuando en su juventud hizo parte de la Junta de acción comunal de su barrio y quiso hacer cosas diferentes a conseguirle votos a los congresistas, porque él sabía y sabe aún, que el verdadero cambio en el país, para que haya justicia y conciencia política, se da en los hábitos de las personas, y que son la cultura y el deporte los que pueden brindarle otras formas de ver el mundo a la sociedad.

 

Por supuesto, las viejas herencias de la politiquería colombiana, aferradas hasta los más bajos niveles del poder como las juntas de acción comunal, lo señalaron y lo expulsaron pues lo veían como enemigo de los principios de corrupción que nos han gobernado durante los pocos siglos en que nuestro país es un país. Carlos, que había estudiado odontología en la Universidad Nacional, siguió trabajando por la comunidad a cuenta propia y desvinculado de cualquier grupo, atendiendo de forma gratuita a las personas que no podían pagar las consultas y tratamientos, y de vez en cuando, viajando de forma clandestina hasta los confines del país, y en medio de las selvas, atender a los campesinos y guerrilleros que tampoco tenían acceso a un servicio de salud.

 

Fue así como años después la misma comunidad lo eligió presidente de la Junta de acción comunal de su barrio, ubicado en la localidad de Kenedy. Fue allí donde en la década de los sesentas él le propuso al hijo del presidente de la junta cambiarle el nombre al barrio para que pasara a llamarse Camilo Torres, en honor al prócer de la independencia. Allí su vida dio un giro vertiginoso y al voltear de los días que se abrían como calles inciertas, se encontró con la literatura al fundar junto con los vecinos más jóvenes el primer periódico comunal del sector. Aprendió el oficio de escribir, de contar sucesos, de lanzar injurias, de polemizar por medio de la palabra, además les dio un espacio en el mundo a esos jóvenes extraviados de su comunidad. Luego hizo parte del paro cívico nacional del 77 y continuó con su trabajo social sin detenerse a pensar en los beneficios que obtendría. Por todo lo anterior, estaba reseñado y por eso lo apresaron aquel diciembre del 81.

 

Por eso me encarcelaron de nuevo, me dice Carlos sonriendo con melancolía como quien recuerda hechos dolorosos que jamás volverán a ocurrir. Los militares lo llevaron a la cárcel La Modelo de Bogotá a la que él llama Casablanca con ironía y lo encerraron en la sección de Recepción. Lo que más me dolía en ese momento era tener que pasar la navidad sin mi hijo, sin mi esposa y sin mi comunidad, porque la navidad es para compartir en comunidad y lo que buscaba mi apresamiento y el de todos los presos políticos era individualizarnos, alejarnos de la sociedad para reducirnos hasta nuestra más mínima expresión, comenta con tranquilidad y con la mirada pegada a su segundo café que bebe a sorbos lentos.

 

Allí le atrapó la tristeza del 24 de diciembre. En aquella ocasión compartió su celda con siete hombres más, entre los que había sindicalistas, estudiantes, revolucionarios intelectuales, artistas, trabajadores del común y un profesor de literatura que se convirtió en su gran amigo y al que no ve desde esos días. Esa navidad fue terrible, refiere Carlos con la voz quebrada por la gripa y la evocación, cuando estaba llegando la medianoche los reclusos empezaron a golpear las puertas y las rejas de sus celdas, gritaban, lloraban, otros rezaban, entretanto la desesperación crecía desaforadamente. Carlos se puso de pie y se aferró con fuerza de los barrotes, intentó sacar la cabeza de la celda para mirar lo que ocurría pero la oscuridad todo lo devoraba, así que imaginó los rostros descompuestos de aquellos hombres que él no conocía y que se encontraban en Casablanca, rostros de ojos famélicos, desfigurados por la tristeza y muertos por la soledad. Volvió su mirada y vio las siluetas de sus compañeros de celda arrojados en aquel minúsculo espacio, fumando y otros acostados en posición fetal. Pasada la medianoche un silencio profundo, tenebroso y tajante se adueñó de Casablanca, estaba conmocionado, me dice Carlos a quien se le escapan dos lágrimas, seguía mirando hacia los pasillos y hacia el barrio que circundaba la cárcel por entre las rejas que dejaban entrever el techado laminado de la penitenciaría y donde vio las luces de los fuegos artificiales restallar en medio de la noche y de su pecho.

 

De repente sintió una mano que lo tomaba para abrazarlo y una voz que le cantó la misma canción que ahora escucho en esta mañana gris de junio, treinta y seis años después, y que me estremece, mientras imagino a Carlos joven, encarcelado y abatido. Era su amigo, el profesor de literatura, un hombre de treinta años de edad, moreno, alto, venido de la Costa Atlántica quien le entonó Memorias de una vieja canción que yo reproduzco a estas tempranas horas en la voz de Horacio Guarany, entretanto recuerdo a Carlos tomar su bicicleta luego de abrazarme, echar a andar por el mundo sorteando las bofetadas de la vida y tarareando la misma canción: «Este día sin sol es todo mío,/ golpea mis ventanas tanto frío./ Una vieja canción en mi guitarra,/ una vieja canción no tiene olvido./ Es la misma que un día nos uniera,/ en las playas lejanas de tu viejo país./ Y el otoño al ver caer sus hojas,/ viene hasta mí y me moja con su llovizna gris./ Por qué no olvido tu canción/ será porque tanto te amé,/ que aquí sentado en esta pieza/ sobre esa misma mesa/ anoche te lloré./ Por qué no olvido tu canción,/ si el río va y no vuelve más/ Reloj eterno de las horas y esta canción que llora/ sobre mi ventanal».

Publicado enEdición Nº239
Viernes, 23 Junio 2017 17:20

“En Buenaventura despertamos”

“En Buenaventura despertamos”

“¡Cuando se juntan la seminola y el negro
el hombre blanco
el hombre blanco pierde el sueño!”

 

Changó el gran putas.
Manuel Zapata Olivella.

 

Temprano en la mañana del 6 de junio de 2017, los bonaverenses salieron a las calles de su ciudad a ‘recoger el mugre’, a limpiar los escombros y las cenizas que dejaron los enfrentamientos contra el ejército negro –o Esmad– durante los 22 días de resistencia y lucha, que antecedieron a la gran celebración de ese día: “Se suspende el paro de Buenaventura”.

 

 

“¡El pueblo no se rinde carajo!”, y no se rindió a pesar de la represión sádica a manos del escuadrón de la muerte, de la presión del Gobierno y de la flaqueza de muchos que perdían las esperanzas.

 

Una vez conocido el acuerdo para levantar el paro, la fiesta fue programada para las 3 de la tarde en la plaza central del puerto. De a pocos fueron llegando, unos en familias, otros con amigos o solos. Alegres comentaban la gran hazaña; una vez más David venció a Goliat: los 22 días de incertidumbre dieron fruto.

 

“Muy buenas tardes ¡Buenaventura! Quiero agradecer al señor arzobispo de Cali, quien durante los días del paro cívico nos dio una mano como garante y ayudó avanzar en las conversaciones, y hoy, en este día de fiesta, este día histórico, viene acompañarnos en esta ceremonia”, dijo monseñor Héctor Esparza Quintero entre los gritos y aplausos de todos los allí reunidos.

 

Buenaventura, tierra de marimbas y tambores; de vírgenes y santos, celebró los acuerdos logrados con una santa eucaristía. Música autóctona a cargo del grupo Buscajá puso a bailar a propios y extraños, pues la algarabía no era para menos, “¡El pueblo no se rinde carajo!”

 

Día D: 16 de mayo

 

“Buenaventura se respeta, o si no, la hacemos respetar, ¡carajo!”1. El Comité del Paro Cívico informó al país, que Buenaventura cesaba sus actividades, esta vez no era un simple llamado de atención al Gobierno, era un advertencia clara y directa a la élite política y económica de Colombia, de que un pueblo indignado emergía desde el olvido para reclamar lo que por derecho le corresponde.

 

“De muchas maneras le hemos dicho al gobierno central que nosotros hacemos parte de Colombia y no nos han escuchado. Por eso la comunidad de Buenaventura tomó la decisión de entrar en paro cívico indefinido. Buenaventura es el principal puerto marítimo de Colombia y les interesa sólo por las mercancías que por aquí entran al resto del país, no por las personas que habitamos la ciudad”, afirmó Miyela Riascos, lideresa social y representante de la ciudadanía en la mesa ejecutiva del paro.

 

En un principio la demanda de los impulsores del paro cívico fue la declaración de emergencia social, económica y ecológica para el municipio. Una multitud de voces –entre ellas las de 48 organizaciones sociales, políticas y gremiales–, reclamaron agua, educación, salud y mejores oportunidades laborales. Con manifestaciones culturales afrocolombianas, bailes, colores y toda la sabrosura del pueblo bonaverense, salieron desde entonces todos los días a las calles a exigir, de manera pacífica, sus derechos como pobladores del puerto más importante del país. Por su parte, la alcaldía de Buenaventura bajo el mandato de Jorge Eliecer Arboleda –quien se ha visto envuelto en escándalos de corrupción– en una entrevista radial aseguró “el paro de Buenaventura no durará más de 3 días”. Inconsciente del eco de sus palabras, ayudó a despertar a un gigante dormido, un pueblo ofendido que aguantaría hasta las últimas consecuencias.

 

La cosa iba en serio

 

Conforme pasaban los días, más fuerzas se unieron a la demanda de mejores condiciones de vida, sumando 147 organizaciones distribuidas en 40 puntos de concentración. Taxistas, ‘moto-ratones’, conductores de ‘carpatias’ (Jeep’s), comerciantes, trabajadores informales, pescadores industriales y artesanales, lancheros y coteros cesaron sus actividades, demostrándole a Colombia que, más allá de los ingresos económicos individuales está el bienestar colectivo, y que sin importar el valor económico que representa el puerto para el país, había una causa justa de un pueblo históricamente marginado.

 

Acción social multiplicada con el paso de los días, hasta reunir la fuerza necesaria para realizar lo único que haría flaquear al gobierno central: impedir el paso de los camiones y tractomulas hacia y desde el puerto. Para ello los pobladores ubicaron bloqueos estratégicos donde vigilaban día y noche los posibles movimientos de los transportadores de carga. Acción efectiva y de alto impacto. En tan sólo dos días los empresarios y el gobierno sintieron el duro golpe de la interrupción del flujo de mercancías. Con cada día de paro las pérdidas económicas aumentaban exponencialmente. Empezaba a flaquear la mano de la burguesía. Y de su vocero de turno. Al no poder romper la voluntad de los inconformes y víctima de su ineptitud, Santos no tardó en enviar al Esmad y al Ejército Nacional para impartir el caos y recuperar el control de la Vía Buenaventura. Negociar no estaba en sus planes.

 

¡A las malas no! ¡El pueblo se respeta carajo!

 

Más que un paro era un carnaval al mejor estilo afrocolombiano; un grito unificado e imponente aclamaba: ¡El pueblo no se rinde, carajo! Y las movilizaciones cada día convocaban a más personas a la fiesta. Y de repente...

 

“...por obra de magia apareció el Esmad,
policías disfrazados de Robocop,
escuadrón móvil para la opresión,
lanzando gases lacrimógenos
contra la población”2

 

Mientras los noticieros mostraban el paro como un acto de vandalismo que afectaba gravemente la canasta familiar y la economía del resto de los colombianos, en el puente del Piñal y en La Delfina las comunidades indígenas y afro se enfrentaban a los gases y granadas lanzados por el Esmad de manera indiscriminada. Niños y ancianos fueron atacados en sus viviendas y los jóvenes fueron asediados en las calles, mientras el Gobierno no presentaba propuestas concretas para darle salida a la problemática.

 

El 19 de mayo, a tres días de haber declarado la parálisis de su ciudad, las agresiones a la población por parte del Esmad aumentaban; para el Gobierno era más importante la entrada y salida de la mercancía represada que la calidad de vida de quienes habitan está parte del país. Mientras tanto, la comunidad y el Comité del Paro Cívico trabajaban en mesas temáticas discutiendo propuestas concretas para cada uno de los 9 puntos de su pliego de exigencias (Ver Recuadro 1), sin que el Gobierno reconociera la magnitud de la problemática ni cediera en su repetitivo “no hay recursos”. El 25 de mayo fue más allá, al rechazar en alocución pública la exigencia ciudadana de declaración de emergencia social, económica y ecológica para Buenaventura.

 

Según Javier Torres, representante de la Flota de Cabotaje del Pacífico, el argumento del Gobierno para rechazar la declaración de la emergencia era el temor a que la Corte Constitucional tumbara la iniciativa, ante lo cual propuso “otras alternativas distintas a la emergencia, pero resulta que ya perdió la confianza del pueblo, porque cuanto se ha acordado bajo comités y actas no nos ha funcionado, pero la emergencia sí nos garantiza la destinación de recursos para solucionar los problemas de Buenaventura. De lo contrario es muy difícil creer, especialmente porque no estamos negociando frente a cualquier gobierno”. La desconfianza en las palabras del gobierno fue un aspecto importante para su resistencia.

 

En paralelo, los enfrentamientos entre los pobladores y la mal llamada fuerza pública, aumentaban los reportes de violación a los derechos humanos en el marco del paro, de tal manera que Todd Howland, Alto comisionado de derechos humanos en Colombia, facilitó un espacio de conversación el 2 de junio en la sede de la Procuraduría en la capital del país, entre los delegados del Comité y el Gobierno, en la cual se abordó lo relacionado con la violación de derechos humanos en el marco del paro.

 

Mientras el ambiente ganaba, supuestamente en distención, horas antes de la cita en cuestión, clandestinos, bajo la oscuridad de la madrugada, el Esmad y el Ejército Nacional custodiaron una caravana de camiones que intentaban salir del puerto con mercancía. La ira de los porteños no se hizo esperar, dejando como resultado un camión incendiado y familias afectadas por los gases y balas de goma. Rendirse no hacía parte de la agenda de lucha puesta en marcha desde el 16 de mayo.

 

Paro cívico: día 17

 

Un viaje directo desde Bogotá u otra ciudad hasta Buenaventura era imposible, la única alternativa –corridos 17 días de paro– , era los transbordos: un primer recorrido hasta Cali, para abordar allí un microbús hasta Dagua (ninguna empresa de transporte en Cali se atrevía a entrar a Buenaventura), donde los ‘carpatia’ prestaban servicio hasta el corregimiento de Cisneros, donde el paro ya se sentía con fuerza, y de aquí hasta la entrada de Buenaventura en otro vehículo, el que solo partía cuando llenaba su cupo, lo cual no ocurría antes de dos horas.

 

Una vez en El Gallinero –entrada al municipio– la travesía debía continuar en moto. Todo el que pretendiera entrar a la ciudad debía confiar en la destreza de los ‘moto-ratones’. El precio a pagar concordaba con las elevadas sumas impuestas por los transportadores desde Dagua hasta el casco urbano del puerto. En promedio 8 mil pesos por pasajero, lo que incluía los diversos ‘peajes’ por sortear en los bloqueos instalados a lo largo de sus calles, así como el riesgo que afrontaba conductor y usuario al tratar de ingresar a la ciudad.

 

Buenaventura despertó: orígenes de un plan maestro

 

“[...] 400 millones de dólares vamos a invertir [...] vamos a construir una ciudad industrial, para que genere más empleo, más inversión, para que Buenaventura se convierta en ese eje de la Alianza del Pacífico. Para que Buenaventura que ha sido abandonada no por años, ni décadas sino por siglos; desde que la descubrieron hace 500 años, al terminar la guerra salga del abandono”3.

 

¿Dónde quedó la ciudadela industrial? ¿Dónde quedaron los miles de empleos nuevos? Como a niños inocentes, Santos convenció a miles de bonaverenses para así ganar las elecciones de 2014, esto con la promesa de la paz para el país y la inversión de 400 millones de dólares para construir una supuesta ciudadela industrial en el puerto, que generaría empleos estables. Santos se quedó en el Palacio de Nariño, la terminación del conflicto empezó a negociarse pero nada avizoraba –ni entonces ni ahora– el nuevo mega-proyecto que cambiaría la suerte de Buenaventura.

 

Por esta promesa, y por otras más sin cumplir, algunos líderes sociales iniciaron la que sería una agenda continua de reuniones clandestinas que, poco a poco, consolidaron un plan de acción que delimitaría el protocolo de lo que a futuro sería el paro del 16 de mayo. Desde las casas se conformó el Comité del Paro Cívico de Buenaventura, el mismo que se encargaría de proyectar el número de organizaciones vinculadas, de los tiempos y del presupuesto que la movilización demandaría.

 

La lucha era contra el tiempo, pues a medida que pasaba, los ánimos decaían y los esfuerzos parecían en vano. Tres años de discusiones, análisis y estudios de su capacidad de acción dieron paso a un monumental levantamiento colectivo de todos los sectores que integran el puerto.

 

Cara a cara con el Gobierno

 

Al final el Gobierno tuvo que ceder. Aquellos que ‘sólo iban aguantar 3 días’ hicieron sentar a tres ministerios (ambiente, educación e interior) en las mesas de trabajo propuestas por el Comité para negociar uno por uno los puntos de cada pliego. Como la declaración de la emergencia social, económica y ecológica del puerto fue rechazada por el Gobierno, surgió la propuesta de la creación de una Ley Fondo Autónomo Exclusivo para Buenaventura. (Ver Recuadro 3)

 

Este fue el eje principal de todas las mesas negociantes. Las organizaciones representantes optaron por el Fondo Autónomo porque consideraron que pueden hacer una veeduría efectiva del manejo de los recursos pactados. La elaboración de las mesas facilita la supervisión de la inversión de los dineros. Logrado esto, el Comité acordó la suspensión del paro por un mes; tiempo en el que el Gobierno tendrá que legislar vía Fast Track la implementación de lo acordado.

 

1 https://www.desdeabajo.info/colombia/31535-buenaventura-se-respeta-o-si-no-la-hacemos-respetar-carajo.html
2 Canción Fucking Esmad del artista local Junior Jein: https://www.youtube.com/watch?v=-PiSHiKxG88
3 Discurso de Juan Manuel Santos, campaña electoral 2014

 


 

Recuadro 1*

 

“No todos los puntos significan plata sinonormatividad y legislaciones”

 

Declaración de emergencia económica, social y ecológica de Buenaventura.
Por salud de calidad, con hospital de segundo y tercer nivel.
Por la educación pertinente y de calidad.
Por el agua y saneamiento básico.
Por nuestro territorio, porque esta tierra es nuestra.
Por el ambiente sano y la salvación de nuestras riquezas naturales.
Por empleo digno y vida decente de nuestros trabajadores
Por justicia y atención a las víctimas de la violencia
Por recreación y espacio para esparcimiento, deporte y cultura.

* https://www.desdeabajo.info/colombia/31593-aqui-no-se-rinde-nadie.html

 


 

Recuadro

 

Junio 3: Tocando puerto

 

Del calor de la ciudad se habla bastante, pocos pensarían que el de sus gentes es más envolvente. Dijeron caos, dijeron violencia; pero había fiesta y jolgorio. Comparsas, silbatos, trompetas y tambores de una comunidad celebrando la vida y la insurrección, justa y necesaria.

 

Transcurría un día normal de protesta encabezada por las lideresas vinculadas al Paro Cívico. Buenaventura abría sus puertas:

 

-Por donde se mire hay un poco de lo que cualquier economista llamaría subdesarrollo: calles resquebrajadas, casas improvisadas, a medio construir, drenajes sin canalizar y otras cosas más. Pero más que pobreza aquí se percibe voluntad y anhelo de cambio. Después de haber padecido décadas de exclusión e indiferencia oficial, Buenaventura dijo “no más” y apostó todo por la lucha honrada, por la protesta pacífica para exigir lo que por derecho la oligarquía colombiana le ha negado.

 

Décadas de exclusión que fueron suficientes para colmar la paciencia de la ciudadanía que ni siquiera goza, a plenitud, de los derechos básicos (energía eléctrica, acueducto, alcantarillado, gas domiciliario, salud, recreación, deporte, atención oportuna en un hospital de 3 y 4 nivel), y solo recibe promesas de que tendrán oportunidad de empleo, así como los soñados derechos hasta sólo conocidos en la parte financiera de la ciudad, así como en televisión.

 

Un mar de contrastes. Una tierra donde puede sentirse el calor sofocante y húmedo del trópico, la brisa tibia del Pacífico y la frescura de las cientos de fuentes hídricas que bañan al municipio, así es Buenaventura. Su gente sólo tiene acceso a su propia agua dos horas al día, mientras que en el puerto y en los establecimientos comerciales y financieros en el bulevar, el líquido fluye 24/7. En las casas, hay que recoger el agua y atesorarla, pues es bastante cara. En las principales ciudades del país, lo común es una ducha, en Buenaventura para bañarse es esencial la totuma. ¿Por qué? En San Cipriano, famoso sitio turístico, hay tres acueductos diferentes para cada grupo de usuarios: el que va a las comunas, el que surte al puerto y el que nutre al centro de la ciudad.

 

Es “curioso” que el grueso de la población ocupada recurra a empleos informales en el comercio y en el transporte, y que la única opción de empleo considerable que ofrezcan los muelles sea para coteros tercerizados que no cuentan, muchas veces, con seguridad social alguna. Es “curioso” que el Dane insista en que la tasa de desempleo en Buenaventura asciende al 18 por ciento, cuando los mismos porteños saben que la desocupación alcanza, por lo menos, al 40 por ciento del total de personas prestas a trabajar.

 

Insólito, pero muy comentado por sus habitantes, es el hecho de que casi la totalidad de los locales comerciales del centro de la ciudad son de propietarios blancos-mestizos, locales que otrora pertenecieran a afrocolombianos. Asimismo, es frecuente escuchar que los cargos públicos rara vez son ocupados por personas afro y que, por lo general, los cargos administrativos en el sector privado son asignados a personas blancas-mestizas. Resulta difícil, entonces, no suponer un marcado racismo en las relaciones sociales cotidianas.

 

La falta de empleo explica, en gran medida, que el 64 por ciento de la población urbana viva en condiciones de pobreza, que el 91 por ciento de los habitantes rurales sean considerados pobres y que el 9 por ciento viva en la miseria. Pero esas cifras sólo resaltan las carencias, más no las ambiciones de estas personas acostumbradas a conseguir en el mar todo lo que necesitan. Bien reza el dicho “rico es aquel que menos necesita”; Buenaventura exige justicia, exige respeto. Necesita un trato al menos igual al brindado a los demás centros económicos del país, nada más.

 

Exigen una oportunidad para la vida. Así debe ser, también, para evitar que el precio del abandono lo sigan pagando los jóvenes, quienes al concluir su bachillerato encuentran pocas opciones de futuro: Estudiar en el Sena, enrolarse en el Ejército, ser un trabajador informal o formar parte de las bandas criminales y del narcotráfico. Quienes optan por una formación técnica y tecnológica encuentran con amargura que 20 de cada 100 jóvenes logran concluir sus estudios y conseguir un trabajo bien remunerado, de ellos, menos de la mitad acceden a carreras universitarias y obtienen un título profesional.

 

Buenaventura disimula bien las tensiones políticas, económicas y culturales que la inundan, producto de años de enfrentamientos entre la guerrilla, el Estado y el paramilitarismo, en abierta disputa por la posición geoestratégica que representa y la riqueza mineral que aguarda debajo de su tierra. Por eso, al recorrer las calles de esta tórrida ciudad, se encuentran infinidad de personas de múltiples orígenes del litoral pacífico que, huyendo de la violencia, llegaron al puerto buscando mejor fortuna. Aquí, cerca del 50 por ciento de los habitantes han sido víctimas del conflicto.

 


 

Recuadro 2

 

En Buenaventura habitan –según proyecciones del Dane– poco más de 407 mil habitantes, sin embargo, instituciones como el Sisbén aseguran que en la ciudad hay más de 500 mil. Así las cosas, al menos 230 mil personas están en capacidad de trabajar. De ellas, por lo menos 110 mil ejercen este derecho de manera informal y unas 80 mil trabajan como obreros o empleados particulares; unos 40 mil no cuentan con ningún tipo de trabajo.

 

De los cerca de 500 mil habitantes, el 88,5 por ciento es afrocolombiana, el 10 por ciento es blanca-mestiza y menos del 1 por ciento es indígena. El 94 por ciento de la población vive en la cabecera urbana, el resto en el área rural continental e insular. Aunque más del 90 por ciento de los habitantes cuentan con energía eléctrica, ningún hogar tiene acceso a gas natural, apenas el 60 por ciento de las viviendas tienen sistema de alcantarillado y tan solo el 85 por ciento cuentan con acueducto, eso sí en malas condiciones y apenas dos horas al día.

 

Sin embargo, lo último que quieren en Buenaventura es que el resto del país y del mundo los mire con compasión, pues no se sienten pobres, todo lo contrario, son conscientes de las capacidades de su gente.

Publicado enEdición Nº236
Viernes, 23 Junio 2017 17:16

Ecos de un despertar

Ecos de un despertar

Las últimas semanas del mes de mayo y las primeras de junio, con diversidad de movimientos y conglomerados sociales movilizados en defensa de sus reivindicaciones, desnudaron el verdadero espíritu del Gobierno que encabeza el señor Santos –por si alguien tenía dudas sobre el particular–, aireando al país con una ventisca de necesaria democratización e indicando desde ahora que esta será la pauta que marque al país en los años por venir.

 

De los conglomerados sociales movilizados, Buenaventura (ver página 11) y Quibdó dan la pauta. Dos territorios que otrora fueron uno solo –parte de lo conocido como Gran Cauca–, poblados por descendientes de esclavos, mirados por el poder como tierra de Misiones y así entregados a la Iglesia para su adoctrinamiento, de lo cual no dudaron los ‘enviados divinos’.

 

Aquel territorio, desde el centro del poder nunca fue valorado en su real dimensión –¡indios y negros!, rodeados de animales y selvas. Los gringos sí sabían parte de lo allí existente, y en particular en el Chocó construyeron sus enclaves mineros. Esa población, pese al desinterés oligárquico, logró sobrevivir con parte de sus saberes y tradiciones conservados. Apenas hace pocas décadas la crisis mundial del capitalismo descubre su verdadero potencial en biodiversidad, con territorios cruzados por variedad de fuentes de agua, con minerales diversos en sus entrañas. El surgimiento de China como potencia también redescubre la importancia geopolítica de esta parte del país (de ahí el puerto de aguas profundas localizado en Buenaventura), recordando que al fin y al cabo una fortaleza del país es la salida que tiene por dos mares. Cuando permitieron el desmembramiento de Panamá, a pesar de lo visionado por Bolívar en su Carta de Jamaica, los ‘ilustres’ radicados en la Sabana de Bogotá ni entendían el país que tenemos ni imaginaban que hacíamos parte del mundo. Ignorancia prolongada en el tiempo.

 

Olvidados por siempre, de manera ininterrumpida sus pobladores sufrieron la desidia oficial. Sus territorios padecieron (padecen) la extracción de materias primas y ganancias para llenar los bolsillos de unas pocas familias. La extracción devastó todo aquello que tocó: Andagoya y otros municipios chocoanos así pueden testimoniarlo, pero también las cuencas de innumerables ríos, entre ellos el San Juan y el Atrato.

 

Aunque todo tiene un límite, y así lo reafirma el dicho que enfatiza que “no hay mal que cien años dure/ ni cuerpo que lo resista”, y para la muestra dos botones, los cuales, pese a sus reclamos y acuerdos con el alto gobierno, fueron objeto de burla del mismo, incumpliendo la palabra empeñada. El irrespeto despertó desconfianza y decisión de lucha, hasta la declaratoria de paros cívicos indefinidos. La capacidad para sostener la decisión ciudadana, colectiva, terminó por torcer, así fuera en parte, el discurso oficial de que “no hay plata”, de que “la regla fiscal” no nos permite comprometer más recursos. Pues, quebrantando la Regla, los acuerdos exigidos se firmaron, enseñando a todo el país que un tipo de protesta como el paro cívico debe ser preparado con mucha antelación, estructurando una entramada red que lo soporte, con exigencias claramente establecidas, así como los liderazgos por exponer, siempre debidos en sus negociaciones a la decisión última de las asambleas ciudadanas.

 

Como en 1977, cuando el país fue estremecido por el primero y único de los paros cívicos que conoce, en realidad nacionales y paralizantes, estos de ahora externalizan un factor organizativo de nuevo tipo, donde diversos movimientos sociales, entretejidos con sus poblaciones, logran aislar al establecimiento, permitiendo divisar quién(es) es/son los contrarios por enfrentar y cómo hacerlo.

 

Resalta en ambos casos que sus pobladores perdieron credibilidad en el gobierno de turno (queda por identificar si también en el establecimiento), así como el miedo sembrado allí por el paramilitarismo. Tanta manipulación oficial, con tantos incumplimientos, no da para menos. Un interrogante por esclarecer es si esta ruptura fue posibilitada por la participación del paramilitarismo en las protestas, que, de ser así, ubica a los actores políticos y sociales alternativos ante la realidad de un proyecto de poder fascista con base social. La participación de la Iglesia, con su profundo enraizamiento, también realza un factor de poder, superador de su simple visión y misión ideologizante tan reiterativa y destructiva hasta los años 80, para transformarse en factor de esperanza para miles de familias arrinconadas por el desgreño estatal, así como por el factor paramilitar y el conjunto de la guerra desatada en sus territorios.

 

El papel de las iglesias, como espacio para compartir el dolor y la memoria, tan evidentes en Quibdó y otras poblaciones situadas a lo largo del río Atrato, al igual que en Buenaventura y todo el territorio que cubre la diócesis allí existente, así como su acompañamiento a los miles de desplazados y expropiados de todo lo suyo, son las bases evidentes para la movilización que hoy toma forma.

 

Con el tablero a la calle

 

La pérdida de credibilidad también resalta en la protesta de los docentes responsables de la educación pública en todo el país. Con renovada energía y decisión de lucha por sus derechos, las bases del magisterio llevan a la dirección de Fecode a no ceder en lo demandado, abriendo un espacio social a través del cual, como no se veía desde hace varias décadas, docentes y comunidad educativa podrían reencontrarse, dejando el espacio abierto para que un nuevo movimiento urbano tome aliento en el país en los años por venir.

 

La desinformación que emana de la Casa de Nariño de la disputa en curso, y el eco que los medios oficiosos le garantizan al discurso gubernamental, difícilmente creíble, también abren un espacio en la sociedad para que Santos pierda la escasa credibilidad que le quedaba. Con el sol a cuestas, esta realidad bien pudiera darle paso a cualquier protesta social, de grande o pequeño calado, cuestionando a su paso a la totalidad del establecimiento en procura de democracia económica pero no sólo formal –política o electoral. Una democracia de nuevo tipo en cuya consecución la sociedad colombiana pueda dar un salto de calidad en sus luchas, rompiendo la unidad del establecimiento. Falta imaginación y vocación de lucha para que así sea. ¿O tal vez es el factor electoral el que maniata a unos y otros?

 

La agenda de paz, en el cumplimiento de lo acordado entre Gobierno y Farc, sin duda es un elemento que ayuda a que esto no ocurra. Es sorprendente cómo se dividen las agendas de lucha, perdiendo la mirada de país al quedar ensimismados en el factor particular. Sin superar errores de siempre, organizaciones alternativas de diverso cuño siguen priorizando su agenda particular como el propósito fundamental por encarar, dejando a un lado al país nacional, que una y otra vez les recuerda que deben renovar sus formas de analizar y proceder.

 

En medio de estas luchas, que también congregan a los trabajadores estatales (ver página 14) en procura de estabilidad y mejora salarial, así como otro cúmulo de reivindicaciones sectoriales, llama la atención el surgimiento y el posicionamiento de la consulta popular como una nueva forma de lucha irrigada por decenas de poblaciones pequeñas y medianas, en defensa de sus territorios y de la vocación agrícola de sus suelos. Las consultas populares, para que sus habitantes decidan si allí se llevan a cabo o no, explotación minera, va dejando en claro que la conciencia ambiental gana cada día más espacio, y que la gente prefiere lo poco pero perdurable, a lo mucho pero efímero.

 

De las formas de lucha se ha escrito mucho, y aquí una vez más queda reafirmado que nadie en particular las inventa sino que aquéllas toman forma a la luz de los sucesos particulares, para luego, desde un sitio puntual, extenderse como referente por todos los lugares donde se vivan iguales circunstancias.

 

De lo escrito aquí deberán pasar meses para que se sepa con toda propiedad el rumbo que toman los acontecimientos y si, como todo parece indicarlo, los movimientos sociales del país empiezan a transitar la senda de la recuperación de su iniciativa. Mientras ello sucede, no se puede perder tiempo: la democracia directa y refrendataria aparece como una necesidad imperiosa. Como canal para facilitarlo, se requiere darle cuerpo a un sistema nacional de comunicación alternativa, desde el cual la naturaleza del poder quede al desnudo, a la par que se entreteja una gran diversidad de agendas sociales, dejando su particularidad para saltar en calidad hacia un común referente nacional.

Publicado enEdición Nº236
Primera victoria del Pacífico colombiano frente al olvido del Estado

Tras 18 días de paro, la región de Chocó y el Gobierno alcanzan un acuerdo. Buenaventura sigue negociando el final de las protestas


Los paros cívicos en Chocó, en el Pacífico colombiano, se han convertido en una obligación. Casi anualmente, el medio millón de ciudadanos, una mayoría afrodescendiente, que vive en este departamento deja sus actividades diarias y sale a la calle para recordarle al Gobierno, del color que sea, que no tienen agua potable, alcantarillado, una sanidad y educación de calidad, y que la guerra en esta región no ha terminado. Después de 18 días de manifestaciones pacíficas al grito de "El Chocó se respeta, carajo", el Comité Cívico que promovió la protesta y la comisión del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos han llegado a un acuerdo.

El Ejecutivo se compromete a invertir 440.000 millones de pesos (más de 150.000 millones de dólares) para continuar las obras de las carreteras que conectan Quibdó, la capital del departamento, con Medellín y Pereira, hasta 2022. La comunicación con estas dos grandes ciudades garantizará la movilidad de personas, pero también la entrada de materiales para infraestructuras en Chocó. El año pasado, un derrumbamiento en una de estas vías dejó nueve muertos y mantuvo el acceso cerrado durante dos meses. "El Gobierno va a declarar de importancia estratégica este proyecto", ha asegurado Alfonso Prada, secretario general de la Presidencia.


Los acuerdos alcanzados para mejorar el sector sanitario dan cuenta de la precariedad del sistema en la región. En Chocó, los pacientes con enfermedades graves como el cáncer tienen que trasladarse a los departamentos vecinos para poder ser atendidos ya que no cuentan con un hospital especializado en este tipo de patologías. El Gobierno se ha comprometido a construir y dotar un hospital denominado de Tercer Nivel, además de sanear la clínica San Francisco, el centro al que acuden los chocoanos. En el paquete de compromisos se incluyen hospitales de "mediana complejidad" en los municipios de Riosucio e Itsmina y la adecuación del de Bahía Solano. Los ciudadanos tendrán ambulancias.


La falta de asistencia sanitaria afecta especialmente a los niños. En esta región la mortalidad infantil es el doble de la media a nivel nacional, según cifras del Instituto Nacional de Salud de 2013, las más recientes. Estas estadísticas están relacionadas con los altos niveles de pobreza. Chocó ostenta el primer lugar con el mayor porcentaje de personas en situación de pobreza 62,8%, según el Departamento Nacional de Estadísticas (DANE). El desempleo en esta zona alcanza al 11%.


No solo no hay sanidad de calidad ni trabajo, carecen de otros servicios básicos como el agua potable y el alcantarillado. Del río donde tiran la basura se toma el agua para los centros hospitalarios y el consumo general. La planta potabilizadora no da abasto para hacer su trabajo. "Desde 2010 hemos financiado 58 proyectos de acueducto y alcantarillado por 279.000 millones. Llevaremos acueducto todos los municipios del departamento", ha prometido el Gobierno.


Cuando los chocoanos se manifiestan lo hacen usando el mensaje #SOSChocó para recordar la crisis humanitaria en la que viven desde hace décadas. La situación del sistema educativo también contribuye a esta alerta. Un informe de la Defensoría del Pueblo de 2014 reveló que la tasa de analfabetismo es del 20,9%, dos veces y medio mayor que el índice nacional. En Quibdó esperan desde hace más de tres años que terminen las obras de un megacolegio para los niños y jóvenes de la ciudad. "Es una oda a la corrupción", dicen los vecinos.


En los acuerdos no hay mención al nivel de inseguridad que se vive en Chocó en particular, y en todo el Pacífico en general. Solo el pasado marzo, medio centenar de familias tuvieron que abandonar sus casas por miedo a los enfrentamientos entre la guerrilla del ELN y las Autodefensas Gaitanistas, herederas del paramilitarismo. Los grupos armados que persisten en Colombia están ocupandolas zonas que las FARC, en pleno proceso de dejación de armas, abandonaron el pasado enero.


"Cada seis meses se hará una rendición de cuentas conjunta con la comunidad y los líderes cívicos, las autoridades departamentales y el Gobierno Nacional que permita mantener a los colombianos informados del avance del cumplimiento", ha explicado Prada. Esta será la tarea de las mesas técnicas de seguimiento a los acuerdos firmados la mañana del sábado. La enésima hoja de ruta que los chocoanos reciben de las autoridades.
Buenaventura, a la espera


Los vecinos de los chocoanos, los habitantes de Buenaventura en el departamento del Valle del Cauca llevan 11 días en paro esperando a llegar a un acuerdo con el Gobierno. En esta región las protestas por el abandono estatal acabaron en disturbios, saqueos y un toque de queda decretado por el Gobierno local.


Alfonso Prada ha informado de que una misión compuesta por varios ministros se dirige este sábado a la zona para intentar reanudar los diálogos con la comisión cívica que lidera las protestas en Buenaventura.

Bogotá 27 MAY 2017 - 13:14 COT

 

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Jueves, 25 Mayo 2017 18:48

“Aquí no se rinde nadie”

“Aquí no se rinde nadie”

Con una fuerza que recuerda su capacidad de resistencia y de superación, pobladores del Chocó y de Buenaventura, durante varios siglos un solo territorio, levantan su voz de protesta e inconformidad, la misma que retumba por todo el país. En el primero ya son 15 los días de paro cívico. En el segundo suman 10. Y, a pesar de las arremetidas violentas de la mal llamada “fuerza pública”, de las dilaciones y manipulaciones oficiales, no dan muestra de desfallecer.

Su altivez no es para menos. El centralismo estatal solo los determina para explotar sus territorios, al cual solo regresa miseria. Los incumplimientos con los acuerdos firmados en anteriores paros, les hace hervir la sangre: no creen en el gobierno, mucho menos en éste.

Cada día que pasa es una razón más para resistir, hasta que el gobierno de Juan Manuel Santos cumpla y acceda a declarar a Buenaventura en estado de emergencia económica, social y ecológica; y cumpla con el acuerdo firmado con los habitantes de Quibdó durante el paro cívico de 2015.

Su decisión es irrevocable: el paro de las actividades productivas y comerciales se extenderá por el tiempo que sea necesario. La insatisfacción del pueblo colombiano con este gobierno de minorías es cada vez más evidente, y los únicos medios para transformar esta realidad son la protesta social, las arengas y reclamos, alzamiento social que el establecimiento intenta resolver con más represión y propuestas lejanas de la realidad.

 

Capítulo Buenaventura

 

“[...] 400 millones de pesos vamos a invertir [...] vamos a construir una ciudad industrial, para que genere más empleo, más inversión, para que Buenaventura se convierta en ese eje de la Alianza del Pacífico. Para que Buenaventura que ha sido abandonada no por años, ni décadas sino por siglos; desde que la descubrieron hace 500 años, al terminar la guerra salga del abandono”, vociferaba Juan Manuel Santos en su visita a Buenaventura en el marco de su segunda campaña presidencial. Palabras huecas, palabras de campaña electoral, para capturar despistados. No hay duda de ello, de ahí que a la fecha sus palabras le quedaran grandes, teniendo que acudir a la violencia oficial para intentar contener y contrarrestar la fuerza de unidad y lucha del pueblo bonaverense.

A diez (10) días de haber tomado forma este paro indefinido, desdeabajo (da) habló con Javier Torres (J.T), pescador e integrante del Comité de sectores productivos, quien nos explica la situación de su territorio.

d.a. A 10 días de paro ¿cómo está la situación en Buenaventura?

J.T. El paro sigue igual, la comunidad está a la expectativa de lo que el Gobierno pueda proponer en medio de la coyuntura para mejorar las problemáticas de Buenaventura.

d.a. ¿Qué ha dicho y propuesto el Gobierno hasta ahora?

J.T. De un día para otro hay un pequeño cambio en el discurso del gobierno. Inicialmente se mostraron muy cerrados en el caso de la declaratoria, luego hubo un ambiente muy diferente donde se empezaron a escuchar opiniones y sugerencias sobre conceptos de magistrados y jurídicos que puedan aplicar, pero fueron enfáticos en la inviabilidad de la declaración de emergencia económica, social y ecológica de Buenaventura.

d.a. ¿Cuáles son los argumentos por los que el Gobierno considera inviable declarar el estado de emergencia?

J.T. Hay un elemento que es el escollo en este momento y son los sucesos sobrevinientes. Para poner en contexto: en el 2014 había 142.000 víctimas en Buenaventura, al 2016 había 187.000 víctimas. Lo que le preguntamos al Gobierno fue ¿eso no son hechos sobrevinientes? ¿El Gobierno sabía que esas víctimas iban a estar? Y su respuesta fue casi afirmativa, queriendo decir que en Buenaventura en dos o tres días van a morir 1.000 personas porque ya lo tienen previsto, ¡es inconcebible, por Dios!

Además dice que es inviable por diversos aspectos, uno es el temor de que la Corte Constitucional tumbe la iniciativa, a lo que hemos reforzado nuestro documento de exigencias, con argumentos más que suficientes para que la emergencia sea declarada.

Propone otras alternativas distintas a la emergencia, pero resulta que ya perdió la confianza del pueblo, porque cuanto se ha acordado bajo comités y actas no nos ha funcionado, pero la emergencia sí nos garantiza la destinación de recursos para solucionar los problemas de Buenaventura. De lo contrario es muy difícil creer, especialmente porque no estamos negociando frente a cualquier gobierno.

d.a. ¿Cuánto tiempo están dispuestos a resistir?

J.T. ¡El pueblo no se rinde carajo! Voy a hablar de la Flota de Cabotaje del Pacífico a la cual yo represento: nosotros inicialmente nos preparamos para un mes, pero le aseguro que el pueblo de Buenaventura, en la situación que está, va a resistir el tiempo que sea necesario. No tenemos nada que perder y, de hecho, estamos perdiendo todos los días.

d.a. Más allá del paro ¿qué otras acciones están adelantando para presionar al gobierno a cumplir?

J.T. Sólo el paro cívico, porque hay un bloqueo de la movilidad en Buenaventura y con eso basta; la flota de cabotaje es el único medio de transporte que hay para la Costa Pacífica, quiere decir que 2.000.000 de personas ya se van a quedar sin suministros.

En este momento la afectación no es de 500 mil personas que viven en el Puerto, sino de 2.000.000 millones de personas de toda la Costa Pacífica; hasta el viernes tienen provisiones de alimentos y combustible.

d.a. El Gobierno cambió a sus delegados, ¿qué proponen los nuevos?

J.T. Para la reunión del 24 de mayo estaba la promesa de que asistiría el Ministro del Interior, pero no fue así, siguen incumpliendo la palabra. En la nueva ronda negociadora se habló del tema de la declaratoria de la emergencia, y su no aprobación es el escollo que no deja avanzar la negociación. La reunión se suspendió hasta el día viernes, que el Gobierno vuelva nuevamente a Buenaventura y ojalá que tengan la propuesta de la declaratoria firmada por el Presidente, para retomar el diálogo.

d.a. Entonces ¿no se ha adelantado nada con el Gobierno?

No se ha adelantado nada, estamos en las mismas porque son 9 puntos los que se están negociando, el primer corresponde a la declaratoria, es el que le da vida a los 8 puntos restantes; si ella no está no pueden estar los otros puntos, porque sino estaríamos trabajando al revés.

Esperamos que el viernes el Gobierno asista y traiga soluciones reales, porque aquí no hay que discutir sobre propuestas, aquí ya hay que hablar en el marco de las soluciones.

“No todos los puntos significan plata, sino normatividad y legislaciones.”

1. Declaración de emergencia económica, social y ecológica de Buenaventura.
2. Por la salud de calidad con hospital de segundo y tercer nivel.
3. Por la educación pertinente y de calidad.
4. Por el agua y saneamiento básico.
5. Por nuestro territorio, porque esta tierra es nuestra.
6. Por el ambiente sano y la salvación de nuestras riquezas naturales.
7. Por empleo digno y vida decente de nuestros trabajadores
8. Por justicia y atención a las víctimas de la violencia
9. Por recreación y espacio para esparcimiento, deporte y cultura.

 

Capítulo Quibdó

 

Antonio Andrade (A.A), activista de Quibdó, la capital chocoana, en entrevista con este medio, describe la situación actual del municipio y del paro cívico indefinido.

d.a. ¿Cómo es la situación en estos últimos días en Quibdó?

A.A. No hemos tenido más represión. El paro es una manifestación con enfoque de derechos, en el marco del respeto, donde solicitamos una serie de reivindicaciones, pero con argumentaciones y de manera pacífica. Todo lo nuestro son expresiones culturales, arengas y muchas reclamaciones, pero mal haríamos en afirmar que hemos sido reprimidos recientemente.

d.a. ¿Cuáles son las propuestas del Gobierno?

A.A: Nosotros tenemos un acuerdo escrito con el Gobierno desde el año pasado, compuesto por 10 puntos, articulados a través de unas mesas temáticas por punto y cada una de ellas con una serie de requerimientos y compromisos. El ejercicio que hemos hecho durante estos días es la revisión del nivel de cumplimiento que se tiene en cada uno de esos puntos. Pero el diálogo continúa.


d.a. ¿Qué otras acciones están adelantando para presionar al Gobierno?

A.A. Ninguna otra. Estamos en una protesta pacífica y es el único mecanismo que hemos usado para acceder a la implementación de los temas fundamentales.

d.a. ¿Todo el departamento del Chocó está participando en el paro o sólo se lleva a cabo en la capital?

A.A. Está involucrado todo el departamento inicialmente, pero también están involucrados los departamentos del Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó; con protestas sucesivas y coordinadas que se están realizando exactamente en los municipios del norte del Cauca, Buenaventura, Tumaco y Quibdó, desde un enfoque étnico y regional.

 

Puntos de la negociación.

1. Infraestructura para la productividad y la competitividad.
2. Salud que garantice el acceso al derecho de la salud a los grupos étnicos que habitan el Chocó.
3. Defensa del territorio.
4. Educación y cultura como plataformas para el desarrollo humano y económico.
5. Reingeniería institucional.
6. Garantía de acceso a los servicios públicos
7. Productividad sostenible.
8. Infraestructura física para el deporte y la recreación.
9.Comunicación con enfoque diferencial étnico por fuera de los monopolios de la información en Colombia.
10.Derechos humanos, seguridad y flexibilización de las políticas públicas con enfoque diferencial.

 

Lo faltante

 

Los paros continúan. Y la mancha de esperanza y vida parece ganar eco en otros territorios: desde otros departamentos, como la Guajira y Huila, surgen voces en tal sentido. También sectores de los camioneros anuncian protestas. En el Cauca los indígenas salieron de manera masiva hacia Cali, el día jueves 23 de mayo, en una muestra de solidaridad con la lucha aquí descrita, reclamando a la par derechos propios.

Otros sectores, como los docentes también continúan en cese de actividades, y parece que para largo.

Asimismo, en un centenar de municipios la inconformidad popular con sus alcaldes motiva la recolección de firmas para exigir revocatorias de sus mandatos. Una nueva elección en Bogotá los hace temblar, y por ello maniobran para quebrarle el pescuezo a la norma de la democracia que ellos mismos promulgaron en 1991.

Luces y sombras. Luchas y resistencias que aún no logran un hilo que los integre y potencie, arrinconando al gobierno, hasta que de el brazo a torcer, dejando a un lado su Regla Fiscal y los consejos del Fondo Monetario Internacional, los mismos que le llaman a no incrementar el gasto social.

 

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