El presidente colombiano Iván Duque, durante una conferencia de prensa.Raúl Arboleda / AF

El Congreso pospone sus sesiones y las protestas contra el Gobierno quedan en suspenso

Bogotá - 19 mar 2020 - 19:04COT

l presidente de Colombia, Iván Duque, acabó el año pasado asediado por las protestas en las calles, su baja aceptación en las encuestas y una oposición al alza. La segunda quincena de marzo se anticipaba como un momento decisivo para un Gobierno sediento de gobernabilidad, que ha remodelado su Gabinete en busca de aplacar el descontento popular y alcanzar las mayorías que le han sido esquivas en el Congreso. Pero la crisis del coronavirus ha puesto en cuarentena a los manifestantes, trastocado la agenda política y eclipsado el más reciente escándalo de supuesta corrupción electoral.

Todas las fechas juiciosamente marcadas por los analistas políticos en el calendario se han ido cayendo. O más bien, las ha ido tumbando el avance de la pandemia, con 108 casos confirmados de Covid-19 en Colombia hasta este jueves. Esta semana, por ejemplo, estaba programado el regreso del Congreso. Las expectativas sobre el reinicio de la legislatura, con una agenda que debería incluir reformas de calado, eran considerables. Sin embargo, el presidente del Senado, Lidio García, anunció el aplazamiento de las sesiones legislativas hasta el próximo 13 de abril, “con posibles prórrogas supeditadas a las medidas que se sigan tomando frente a la emergencia sanitaria en que se encuentra nuestro país”.

La decisión no dejó a todos satisfechos. “Trabajar de forma virtual si es posible”, reclamaba sin negar la crisis sanitaria el senador Juan Luis Castro, un médico cirujano de la opositora Alianza Verde. Le pedía a los presidentes de ambas cámaras “que se implementen de la forma más rápida posible los debates online o las sesiones virtuales. Más que nunca Colombia necesita un Congreso trabajando”. El Legislativo, con su ejercicio de control político, quedó en suspenso.

Las implicaciones son notorias en ambas orillas. La respuesta de Duque a la inédita oleada de protestas desatadas desde las marchas del 21 de noviembre fue lanzar lo que llamó una gran “conversación nacional”, que concluyó el domingo. Para el Gobierno se trataba de construir políticas de largo plazo, aunque diversos sectores lo veían como una estrategia para diluir el malestar social que no atendía la amalgama de reclamos de los manifestantes –que incluían implementar el acuerdo de paz o mayores recursos para la educación pública, entre muchos otros–. En cualquier caso, la crisis del coronavirus opacó el interés en las conclusiones de ese diálogo que el Gobierno se proponía traducir en proyectos legislativos sobre empleo, medio ambiente o lucha contra la corrupción. Sin sesiones legislativas, cualquiera de esas iniciativas se vería ahora mismo represada.

La estrategia de la Presidencia, con una aprobación que según la última medición de Gallup apenas alcanza el 23%, no aplacó el descontento. El llamado Comité Nacional del Paro había convocado una gran jornada de manifestaciones para hacerse sentir el 25 de marzo en todo el país. Sin embargo, los esfuerzos por evitar la propagación, que incluyen medidas como prohibir congregaciones de más de 50 personas, obligaron a replantear esa convocatoria. Ya no habrá marchas ni movilizaciones sino un cacerolazo desde los hogares acompañado de múltiples mensajes en redes sociales, según anunció el comité que agrupa a centrales obreras y organizaciones estudiantiles.

Duque ha aprovechado que las movilizaciones amainaron este año para concretar, a cuentagotas, la largamente esperada remodelación de su Gabinete. Mantuvo los principales ministerios en la órbita del Centro Democrático, el partido de Gobierno fundado por el expresidente Álvaro Uribe, su mentor político, pero remató los cambios con un gesto de apertura a otros partidos. Al Gabinete llegaron los conservadores, el Partido de la U y especialmente Cambio Radical, que se quedó con la cartera de Salud, en cabeza del médico Fernando Ruiz Gómez, quien ha debido afrontar la crisis.

En esa naciente coalición, Cambio Radical –el partido del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, otrora férreo crítico de Duque– se antojaba como el fiel de la balanza para garantizarle al Gobierno las mayorías necesarias en el Congreso para echar andar las reformas política, a la salud y la justicia que ha prometido. Además de las sensibles reformas sobre asuntos laborales y pensionales, que en alguna medida fueron detonantes de las manifestaciones. A Duque, que ya cumplió año y medio en el poder, se le agota el tiempo para dejar la impronta de su Gobierno. El pulso legislativo con la oposición, en cualquier caso, quedó postergado.

Como en otros países de la región, el Ejecutivo ha ordenado en estas semanas de vértigo el cierre de sus fronteras terrestres, fluviales y marítimas; restringido el ingreso de extranjeros al país; cancelado los eventos y reuniones de más de 50 personas; suspendido clases en colegios y universidades; ordenado el aislamiento de los mayores de 70 años. Por momentos, la oposición pareció conceder a Duque una tregua para lidiar con la emergencia sanitaria. Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, llegó a mostrarse solidaria con el mandatario en tiempos de crisis.

Pero la presión para cerrar también la frontera aérea, y el aeropuerto El Dorado de Bogotá en particular, volvió a elevar la tensión. A los llamados de la alcaldesa por redoblar controles en la terminal se sumó una carta de 71 congresistas que pedían restringir los vuelos. “¿Si tenemos unos colombianos que están tirados en un aeropuerto los dejamos allá?”, se preguntó Duque el martes en una entrevista con la emisora Blu Radio al reiterar que no pensaba cerrar el espacio aéreo. Sin embargo, este jueves anunció que suspendía durante 30 días la llegada de vuelos internacionales de pasajeros.

El presidente terminó además agriamente enfrentado con los alcaldes por un confuso decreto que cuestionaba los toques de queda que habían decretado algunos y el simulacro de aislamiento previsto para el fin de semana en Bogotá, que al final sigue en pie. “Permitan que las autoridades en cada región tomen sus propias medidas”, opinó el exvicepresidente Vargas Lleras, en teoría nuevo aliado del Gobierno. El tono del debate ilustra el cambio de prioridades de la agenda política.

Otro efecto inesperado del coronavirus ha sido eclipsar escándalos que en otras condiciones concentrarían la atención pública, como ocurre con la investigación por presunta compra de votos para favorecer la campaña presidencial de Duque. El caso implica al narcotraficante José Guillermo Ñene Hernández, asesinado en un atraco en Brasil y vínculado al uribismo. La Corte Suprema incluso abrió una investigación formal contra el expresidente Uribe. “Nunca le pedí al señor Hernández ningún recurso para mi campaña, ni tampoco hay aportes del señor Hernández a mi campaña”, ha dicho Duque. Al final de la entrevista de este martes con Blu Radio, el mandatario declinó amablemente referirse de nuevo al escándalo: “Yo no dejo de contestar preguntas, [pero] dejemos por hoy en el coronavirus que es el tema inmediato”.

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Un empleado de NDP Technology en Ciudad Juárez, 9 de marzo de 2020Jose Luis Gonzalez / Reuters

Un día después de la histórica protesta para denunciar la violencia de género en el contexto del Día Internacional de la Mujer, millones de mujeres mexicanas se sumaron al paro nacional 'Un día sin nosotras', y se ausentaron del espacio público para visibilizar la importancia que tienen en la sociedad y economía del país latinoamericano.

Bajo la leyenda "El nueve, ninguna se mueve", miles de mujeres enviaron un poderoso mensaje en rechazo ante las violencias que padecen a diario en ese país y para poner sobre la mesa las demandas de la agenda feminista, que contemplan la interrupción voluntaria del embarazo, los salarios inequitativos, los derechos para las encargadas de los cuidados, entre otros.

 

 

Un alumno de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en un aula vacía, México, el 9 marzo 2020.Jose Luis Gonzalez / Reuters

 

La ausencia de mujeres en el espacio público fue notoria en los 32 estados de la República. En las calles, escuelas, empresas, restaurantes, estaciones de transporte público y centros comerciales fue notorio el vacío dejado por ellas.

 

Estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California en Tijuana, 9 de marzo de 2020, Guillermo Arias / AFP

 

Las redacciones de los medios de comunicación de Ciudad de México, Puebla, Monterrey y Veracruz lucían vacías ante la ausencia de miles de mujeres que se quedaron en sus casas como parte del paro nacional.

 

La redacción del periódico ABC sin mujeres, en Monterrey, Nuevo León, el 9 de marzo de 2020.Daniel Becerril / Reuters

 

Desde el sector financiero, estimaban entre 34.000 y 43.000 millones de pesos (de 1.628 a 2.058 millones de dólares) las perdidas económicas en el marco del paro 'un día sin nosotras'.

 

Vista general de la empresa de ensamblaje NDP Technology, en Ciudad Juárez, 9 de marzo de 2020.Jose Luis Gonzalez / Reuters
 

Las mujeres se ausentaron de ir a trabajar a los comercios, fábricas, bancos, maquilas, ensambladoras, organizaciones, instituciones públicas y de los entrenamientos en los equipos de fútbol femenil.

 

Vista general de las calles durante la protesta en Monterrey, Nuevo León, el 9 de marzo de 2020.Daniel Becerril / Reuters

 

No obstante el masivo paro que se vivió en todo el país, millones de mujeres no pudieron sumarse a 'un día sin nosotras' debido a las posibles repercusiones que tendría en su vida, como una jornada descontada de su salario. Cuatro de cada diez mujeres pensaban que habría sanciones en caso de sumarse al paro, según una encuesta de El Financiero difundida el pasado viernes.

 

Sala de redacción de Multimedios Televisión en Monterrey, 9 de marzo de 2020. Daniel Becerril / Reuters

 

Indignación

Los recientes feminicidios de Ingrid Escamilla, una joven de 25 años que fue apuñalada y desollada por su pareja, y de Fátima, una niña de siete años que fue encontrada tirada en una bolsa, con signos de tortura, encendieron las alarmas sobre la brutal violencia que viven las mujeres en el país latinoamericano.

El año pasado, México registró 51.146 denuncias por violencia sexual en contra de las mujeres, lo que implicó un aumento del 19,1 % con respecto a 2018. También en 2019, mataron a 10 mujeres cada día. Hace tres años, el promedio era de siete.

Además, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) refleja que el 66,1 % de las mujeres de 15 años o más han sufrido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o de discriminación a lo largo de su vida, en al menos un ámbito, ya sea en la comunidad, en el entorno laboral, familiar, escolar o en pareja.

Las agresiones en la calle documentadas por la ENDIREH son principalmente de tipo sexual, como piropos groseros u ofensivos; intimidación, acecho; abuso sexual; violación e intento de violación.

Ante esta violencia cotidiana, millones de mujeres inundaron las calles de México el domingo durante la marcha del 8M y, en contraste, este lunes le hicieron ver al país la importancia que tienen en la sociedad, al evidenciar el peso específico de su ausencia.

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Manifestación de la huelga petrolera en Río de Janeiro, el 18 de febrero / Foto: Marcelo Aguilar

Veintiún mil obreros de la petrolera estatal mantienen una huelga desde el 1 de febrero, debido al despido de mil empleados y la negativa a negociar de las autoridades. De fondo, el futuro de un recurso estratégico para Brasil que el gobierno de Bolsonaro busca pasar a manos privadas.

Si usted vio los medios masivos brasileños en las últimas semanas, debe de haber visto que uno de los milicianos sospechosos por el asesinato de Marielle Franco fue asesinado por la policía militar en Bahía, o que el gobierno estatal de Rondonia quiso prohibir libros de Machado de Assis y de otros autores en las escuelas públicas, o que Jair Bolsonaro presentó un proyecto de ley para abrir las tierras indígenas a la minería. Pero difícilmente haya visto que los trabajadores de Petrobras están en huelga desde el viernes 31 de enero. El silencio mediático es monolítico.

Después del anuncio unilateral del repentino cierre de la Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados de Paraná (Fafen) por Petrobras –una medida que causará el despido de más de mil trabajadores–, la Federación Única de los Petroleros entró en huelga. Ya se adhirieron más de 21 mil trabajadores de 58 plataformas de explotación y 11 refinerías, entre otras instalaciones de la compañía estatal: un total de 121 unidades del llamado Sistema Petrobras. Además, cinco dirigentes del sindicato petrolero ocupan una sala del cuarto piso del edificio sede de Petrobras en Rio de Janeiro. Sentados a la mesa, esperan que la directiva, encabezada por Roberto Castello Branco, se presente para negociar. Y afuera, un campamento integrado por diversos movimientos populares y sindicales se mantiene en vigilia permanente desde hace 18 días.

ADENTRO.

Hasta ahora, nada. Lo único que recibieron los dirigentes de los petroleros fueron chicanas: durante los primeros cuatro días, la directiva de la empresa negó el acceso de agua y comida a la sala ocupada.

Cibele Vieira, directora del sindicato y una de las ocupantes, dijo a Brecha que esta situación se explica por el “completo vaciamiento de la negociación colectiva”. Sostuvo que la actual directiva es aún más dura que la que gobernó Petrobras durante el gobierno de Michel Temer. En aquel entonces, “aunque ya se veía un proceso de desmonte de la empresa, teníamos más espacio para la negociación que ahora”. Durante 2019, la construcción del acuerdo colectivo con la actual directiva duró seis meses y “los primeros cinco fueron de mesas vacías”. “Finalmente, vino una mediación del Tribunal Superior del Trabajo, aunque la empresa no quiso aceptar ni los prerrequisitos”, contó Vieira.

“Después de eso, la empresa empezó a cambiar puntos sin consultar a nadie y a tomar decisiones unilaterales”, explicó la sindicalista. La gota que derramó el vaso fueron los despidos en la Fafen: “En el propio acuerdo colectivo dice que las dimisiones en masa deben ser discutidas con los sindicatos; es una cláusula. Pero los trabajadores se enteraron de que iban a ser despedidos por la prensa. O sea, la empresa le filtró a la prensa sin hablar con los trabajadores, incumpliendo totalmente el acuerdo”.

“El hecho de que precisemos estar aquí sentados en una mesa hace 18 días y que no haya hasta hoy ni una conversación demuestra esto que decimos. Este gobierno y Petrobras no quieren negociar, sino fragmentar a los trabajadores. Estamos acá para demostrar que nosotros queremos negociar y que quienes no quieren son ellos”, dijo Vieira.

AFUERA.

Frente a la sede carioca de la empresa, en el acampe construido por los petroleros junto con otros movimientos populares y sindicales, se desarrollan talleres de batucada y de serigrafía, ruedas de debate diarias, aulas públicas, actos y hasta blocos (corsos) de carnaval. Paulo Neves, dirigente del sindicato en el estado de Amazonas, dijo a Brecha que una clave para entender el apoyo de los movimientos es que la huelga “no reivindica sólo cuestiones corporativas”, sino que se hace “sobre todo por la soberanía nacional y contra la desindustrialización del país”: “El petróleo es un recurso importantísimo y debe estar al servicio del pueblo brasileño”.

Matheus Quevedo, de la juventud del Movimiento de los Pequeños Agricultores, señaló a este semanario que “los movimientos están apoyando y construyendo la huelga porque la unión de toda la clase trabajadora se hace muy necesaria para enfrentar tantos retrocesos”. Explicó además: “Petrobras es un símbolo nacional, un patrimonio brasileño. El petróleo es un bien natural que, a pesar de que puede causar grandes impactos ambientales y climáticos, sigue siendo una fuente de energía crucial a nivel mundial. Por eso es necesario que el pueblo participe de la gestión de la empresa que regula ese recurso”.

“Esta empresa es estratégica para Brasil y tiene un fuerte impacto social”, recordó Quevedo. “Petrobras está en la mesa de todos los agricultores y todos los consumidores. Está en el tractor, en la gasolina para llevar la producción a la ciudad, en el gas para cocinar. El petróleo influencia el precio de los alimentos. Defender una Petrobras pública y fuerte es defender el arroz y el feijão en el plato de nuestro pueblo.”

EL SUEÑO DE UN CHICAGO BOY.

Roberto Castello Branco, que asumió la presidencia de Petrobras en enero de 2019, es un neoliberal de manual. Formado en la Universidad de Chicago –al igual que su amigo, el ministro de Economía, Paulo Guedes–, fue economista y jefe de la minera Vale durante 15 años. Nombrado por Dilma Rousseff, entró al Consejo Directivo de Petrobras en 2015, de donde salió en 2016.

El año pasado Castello Branco asumió como presidente de la empresa, a pedido de Guedes, y sus intenciones han sido claras. “Privatizar Petrobras siempre fue un sueño”, dijo en marzo de 2019, a poco de asumir, en un evento de la Fundación Getúlio Vargas. Las ironías de la historia. Petrobras fue creada por el propio Getúlio Vargas en 1953, que estableció el monopolio estatal de la producción, el refinamiento y el transporte del petróleo. En noviembre pasado, Castello Branco dejó en claro durante una entrevista con O Globo que cree que “la regulación es extremadamente complicada”: “Precisamos tener un ambiente institucional promercado, amigable con el inversor”. Él, como presidente de Petrobras, tiene que pensar en “lo que es mejor para los accionistas”.

Los trabajadores defienden lo contrario. Luchan contra la privatización, por considerarla “un robo”. Y parece que la mayor parte del pueblo brasileño está de acuerdo. Según una encuesta de Datafolha de setiembre de 2019, solamente uno de cada cuatro brasileños apoya las privatizaciones de las empresas públicas. En el caso de Petrobras, 65 por ciento de la población está en contra de la venta de la compañía. Sin embargo, a pesar de que Castello Branco ha dicho que, más allá de sus convicciones personales, aún no hay planes para privatizar la petrolera estatal, el diario Valor Económico publicó en agosto de 2019 que estos sí existen. Según el periódico, a pesar de no haber sido incluida públicamente en la lista de empresas a ser vendidas, el gobierno espera privatizarla antes de 2022, último año de mandato de Bolsonaro.

El lunes 17, el Tribunal Superior del Trabajo (Tst) decretó que la huelga de los petroleros es “ilegal”. Según el magistrado del Tst Ives Gandra Martins Filho, la medida sindical “tiene motivaciones políticas y no respeta las leyes sobre huelgas”. La decisión del Tst también ampara “eventuales sanciones disciplinarias” de la directiva de la empresa contra los huelguistas. Pero el martes los petroleros anunciaron que continuarán con la medida y apelarán la decisión del tribunal.

Por Marcelo Aguilar

21 febrero, 2020

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La larga huelga en Petrobras pone contra las cuerdas a Bolsonaro

El paro cumplió 18 días en la empresa más importante de Brasil

Una de las principales demandas es impedir la "entrega" galopante de la compañía que está a cargo de su presidente, Roberto Castelho Branco, un ahijado político e ideológico del ministro de Economía, Paulo Guedes.  

 

Con sus mamelucos color naranja los trabajadores de Petrobras cumplieron 18 días de una huelga que incomoda (y mucho) al régimen capitaneado por Jair Bolsonaro. El expresidente y otrora líder sindical Luiz Inácio Lula da Silva, él también de overol anaranjado, posteó este martes una foto de apoyo a la medida de fuerza en las redes sociales. 

Es el primer paro de envergadura en lo que va de este gobierno y afecta a la empresa más importante del país: que 2019 alcanzó su record productivo con 2,7 millones de barriles de crudo diarios.

El juez del Tribunal Superior del Trabajo, Ives Gandra Martins Filho, declaró ilegal la medida de fuerza, además de autorizar el despido por "justa causa" de los huelguistas y el descuento de los días no trabajados, en una decisión cuyo contenido y redacción tuvieron el carácter de un ultimátum.

Para reventar al gremio el magistrado, ligado al Opus Dei y a una familia que participó en la dictadura, estipuló una multa de 130 mil dólares diarios si no se cumple su fallo.

La Federación Única de los Petroleros (FUP), formada por nueve gremios, no se acobardó. Ratificó el plan de acción por tiempo indeterminado y le respondió al juez que "la huelga es un derecho garantizado a todos los brasileños, incluso a los petroleros, por la Constitución de 1988". En su último boletín FUP informó que cuenta con la adhesión de 21 mil trabajadores en 120 unidades, lo que comprende más de cincuenta plataformas marinas, una decena de refinerías, usinas termoeléctricas y una planta de fertilizantes.

Uno de los reproches que el juez bolsonarista Gandra Martins Filho les enrostró a los trabajadores es el de llevar a cabo una medida de carácter "político". Se trata de una imputación que los gremialistas lejos de rechazar, reivindican como legítima. Una de las principales demandas es impedir la "entrega" galopante de la compañía que está a cargo de su presidente, Roberto Castelho Branco, un ahijado político e ideológico del ministro de Economía, Paulo Guedes, quien ha declarado en repetidamente, incluso ante banqueros estadounidenses , que si por él fuera vendería toda petrolera de un solo golpe, en lugar de entregarla en partes a través de las licitaciones de los pozos.

La FUP también exige que no sean despedidos mil empleados, entre ellos los de la fábrica de fertilizantes de Aracucaria , en el sureño estado de Paraná.

Con el correr de los días el movimiento, iniciado en un relativo aislamiento, fue ganando fuerza principalmente en Río de Janeiro, donde tiene sede la estatal y se encuentran los mayores recursos energéticos del país, especialmente los gigantescos campos de pre-sal en aguas ultraprofundas descubiertos a partir de 2007, cuando Lula era presidente y Dilma Rousseff ocupaba la jefatura de gabinete, tras haber sido ministra de Minas y Energía.

Hasta el momento hay trabajadores en paro activo, con ocupación de plantas y oficinas, en trece estados mientras la empresa contrató a trabajadores temporarios para garantizar un piso de producción.

Los dirigentes de la FUP denunciaron la "desnacionalización" en marcha a través de la virtual entrega de las reservas del pre-sal y el programa de "desinversiones" ejecutado por Castelho Branco que no sólo suspendió los programas para construir nuevas refinerías sino que a las existentes las mantiene fuera de actividad, u operando parcialmente.

Con esto se induce a la importación de nafta y diesel en un país que podría ser autosuficiente: y en lugar de exportar productos refinados se vende al exterior petróelo crudo.

Asimismo el plan de lucha denuncia la política de precios orientada por el valor internacional del barril, que es muy superior al del petróleo extraído en los campos de aguas ultraprofundas o al ras del fondo del mar. Ese encarecimiento, explica la FUP, es para aumentar el lucro de los accionistas privados, en particular los tenedores de títulos vendidos en la Bolsa de Nueva York.

Para sensibilizar a la población los petroleros instalaron puestos de venta de garrafas de gas a 30 reales (7,5 dólares) en lugar de los 80 reales (20 dólares) que es el precio impuesto por Petrobras siguiendo al mercado externo.

Ganar las mentes y corazones de los consumidores, esto es de la opinión pública, es primordial para que los trabajadores pueden continuar adelante con su pelea.

Un dato clave es el tiempo: se estima que a partir de la semana próxima comenzará a haber desabastecimiento de combustibles y esto podrá ser utilizado por la propaganda gubernamental para descalificar a los huelguistas.

Los grandes medios privados son aliados de Bolsonaro y el ministro Guedes en su plan de privatización-desnacionalización de Petrobras y enemigos de la FUP, ignorando casi por completo sus comunicados de prensa. Fue por ello que la semana pasada un grupo del sindicato se reunió frente a los estudios de la TV Globo, en Río, exigiendo que se les garantice el derecho a comunicar sus motivos ante el gran público.

Si el paro sobrevive no se descarta que se convierta en la chispa que contagie otros reclamos contenidos. Un sector que parece pronto a explotar es el de los camioneros, los que luego de apoyar a Bolsonaro en las elecciones ahora están desengañados por el incremento del gasoil, y ya realizaron un acto de protesta el lunes frente al puerto de Santos, en San Pablo, el más importante del país y otro en la Plaza de los Tres poderes, en el centro de Brasilia.

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La protesta contra la reforma de las pensiones en Francia da síntomas de erosión

Nueva jornada de manifestaciones en Francia mientras el Gobierno negocia con los sindicatos moderados

La oposición frontal a la reforma de las pensiones de Emmanuel Macron se erosiona levemente, aunque resiste y está lejos de plegar velas. Tras la cuarta jornada de manifestaciones nacionales en poco más de un mes, ayer, se prepara la quinta para mañana. El Gobierno francés confía en que la pérdida paulatina de apoyos a la protesta, la división de los sindicatos, la concesiones en la negociación y la política de los hechos consumados le permitan imponer una reforma central en el programa del presidente de la República.

Las más de 200 manifestaciones convocadas ayer en toda Francia sirvieron para medir la capacidad de resistencia de un movimiento que, pese a la erosión del tiempo y a su carácter numéricamente minoritario, goza aún de una amplia simpatía popular. También mantiene la capacidad para perturbar la vida cotidiana de los franceses que viven en áreas metropolitanas como la de París y dependen del metro o el tren de cercanías para desplazarse al trabajo.

Las cifras oficiales reflejan un descenso de participantes en la manifestación de ayer respecto de la anterior, el 17 de diciembre. Ese día salieron a la calle, en todo Francia, 615.000 manifestantes, según el Ministerio del Interior. En la jornada de ayer fueron 452.000. Las cifras que da el sindicato CGT suelen multiplicar por dos o por tres la oficial, pero es significativo que, respecto a la marcha en París, la cifra oficial coincida —incluso es superior— a la del centro independiente Occurrence: 56.000 el primero; 44.000 el segundo.

Más allá de la batalla de cifras, la tendencia señala una bajada lenta del poder de convocatoria sindical, pero insuficiente en todo caso para desinflar el movimiento. Al mismo tiempo, la tendencia descendente indica las dificultades de la protesta para sumar nuevos apoyos y transformarse en un movimiento masivo. Macron y su primer ministro, Édouard Philippe, creen que esto les concede una ventaja clara respecto a las huelgas de 1995, que acabaron forzando al Gobierno a una retirada de una reforma similar.

Un 47% de franceses tiene una opinión positiva del movimiento antirreforma y un 35%, negativa, según un sondeo del instituto Ifop. El apoyo es considerable, pero inferior al de otras movilizaciones similares del pasado, como la de 1995 o la de 2010.

Los sindicatos están divididos. En las manifestaciones no participó el reformista CFDT, el primero de Francia. Al contrario que la CGT, principal organización contraria a la reforma, la CFDT no pide la retirada completa de la reforma. Apoya la idea básica —fusionar en uno solo los 42 regímenes de pensiones actuales e instaurar un nuevo sistema de cálculo— pero discrepa de otro punto clave: los 64 años como edad para cobrar la jubilación plena (la edad legal de retiro es ahora de 62 años).

El Gobierno ha hecho varias concesiones que permitirán a algunos sectores profesionales largos periodos de transición hacia el nuevo sistema, pero el punto donde todo encalla son los 64 años. A iniciativa de la CFDT, el Gobierno ha convocado para hoy una reunión con vistas a la celebración de una conferencia sobre la financiación de las pensiones. Esto permitiría desgajar, como desea la CFDT, las dos patas de la reforma. Por un lado, el cambio sistémico de 42 regímenes a uno. Por el otro, la búsqueda del equilibrio financiero que obligaría a prolongar la edad de jubilación, a aumentar las cotizaciones o a rebajar las pensiones.

Un acuerdo del primer ministro Philippe, con el líder de la CFDT, Laurent Berger, dejaría sin responder a la exigencia de la CGT y los sindicatos que quieren la retirada del proyecto, pero permitía desatascar el pulso. El Consejo de Ministros prevé examinar la ley el 24 de enero y presentarla a la Asamblea Nacional a partir del 17 de febrero para que se apruebe definitivamente antes del verano.

Por MARC BASSETS

París 9 ENE 2020 - 14:42 COT

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Miércoles, 18 Diciembre 2019 09:02

Paro Nacional: exigencias y finanzas públicas

Paro Nacional: exigencias y finanzas públicas

Un país que busca zafarse del histórico lastre de desigualdad, opresión, explotación, injusticia, violencia y corrupción que lo caracteriza, eso es lo que destaca por estos días con las notorias movilizaciones de juventud que vive un presente de negaciones y reconoce en sus progenitores un futuro de amplias carencias y frustraciones. El fin del modelo neoliberal, y la vivencia de democracia directa, integral, plural y plebiscitaria resume las demandas levantadas por las nuevas generaciones. En perspectiva de ello, este artículo compara las exigencias de la protesta social y el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2020.

 

El Comité nacional de Paro de manera enfática y enérgica declara: “mientras no haya una solución real a los 13 puntos no se suspende la protesta social”. Del otro lado, el presidente Iván Duque, quien de manera arrogante y autoritaria trató de desconocer las protestas y reprimirlas violentamente, aceptó finalmente llevar a cabo un diálogo directo con los voceros de las protestas sociales a nivel nacional. Sin embargo, el primer encuentro entre las partes, el martes 3 de diciembre, terminó sin avances para delinear una hoja de ruta o definir la metodología para negociar el pliego de exigencias. El Gobierno busca dividir al movimiento, polarizar a la sociedad, desatar el miedo, desgastarlo vía agotamiento y conducir el debate hacia temas abstractos e intrascendentes.

El contexto en medio del cual está planteada la negociación no puede ser más revelador de la arrogancia oficial: el Presupuesto General de la nación 2020 (PGN) ya está aprobado por el Congreso, recinto donde prosigue el trámite de la reforma tributaria de aliento gubernamental y, además, se mantiene como fiera al asecho el nuevo paquete de reformas neoliberales promovido por la Ocde, el FMI y la extrema derecha colombiana.

No obstante, en el campo de fuerzas en pugna todavía se encuentran espacios político y financieros para adelantar reformas estructurales. Por ejemplo, se pide, de parte de la ciudadanía democrática, poner fin a la sangrienta historia de pogromos aplicada por las élites dirigentes como método de reproducción de su poder y adelantar reformas que promuevan el desarrollo social, la democracia y la dignidad humana. Un caso emblemático puede ser, de llegar a conquistarse esta exigencia, la disolución del Escuadrón Móvil Antidisturbios y reorientar el gasto improductivo que implica mantener esta unidad especial de la Policía nacional hacia el financiamiento de la educación pública (Recuadro: Esmad, violencia, represión y educación).

 

Los puntos en la mesa de negociación

 

El movimiento social que nutre el Paro nacional, integrado por sindicatos, estudiantes, campesinos y pueblos originarios, pensionados, profesionales, defensores de derechos humanos, intelectuales democráticos y ciudadanía consciente, rechazan enfáticamente las reformas laboral y del régimen de pensiones que aseguran prepara el Gobierno y que éste niega, así como el plan de privatizaciones, la falta de compromiso de la administración Duque con el Acuerdo de Paz, la reforma tributaria impulsada por el Presidente con el fin de aliviar las cargas impositivas al gran capital y gravar aún más a las clases media y popular; además, exige medidas contra el asesinato de líderes sociales, sindicalistas, ex-combatientes de las Farc, ambientalistas y defensores de derechos humanos, poner fin a la corrupción y ampliar el gasto social, entre otras causas (Recuadro: Las 13 reivindicaciones en litigio).

 

Indicadores de sufrimiento social

 

Un país de extremos. En una de sus caras una oligarquía que concentra tierra, industria, bancos, comercio, propiedad accionaria, con exabruptos como que el 1 por ciento concentra el 20,5 por ciento del total de ingreso y la riqueza de Colombia, según la información tributaria, por lo cual la nuestra es una de las sociedades más desiguales del mundo. La desigualdad social, según estudios de la Cepal, es resultado de una compleja matriz de determinantes, que se asienta en la heterogeneidad estructural de sus sistemas productivos y en la cultura del privilegio; la pertenencia a distintos estratos socioeconómicos o clases sociales constituye uno de los ejes estructurantes de la matriz de la desigualdad social, junto con el género, la edad (ciclo de vida), la condición étnico-racial y el territorio, entre otros.

La otra cara de la concentración de la riqueza es la pobreza generalizada de la población; en 2019 el 27,2 por ciento vive bajo condiciones de insatisfacción de sus necesidades esenciales para poder llevar un mínimo de vida digna. El modelo de economía rentista, excluyente y extractivo que impuso la oligarquía criolla no genera empleo decente: una décima par- te de la fuerza de trabajo se mantiene en desempleo abierto y el 65 por ciento vive del rebusque y labora en condiciones informales, precarias y de bajo ingreso.

Durante la administración Duque los indicadores del sufrimiento social han detenido sus tendencias positivas y comienzan a dar muestras de deterioro y empeoramiento tanto en la violencia, la desigualdad y la pobreza como en las tasas de desempleo. Las modificaciones impulsadas por su gobierno de conceder un descuento del 100 por ciento del impuesto a las ventas (IVA) a la importación de bienes de capital, con un costo fiscal anual para la nación de $6,5 billones, provoca la sustitución de la fuerza de trabajo por tecnologías modernas con la consiguiente destrucción de más puestos laborales. Una medida, que de ser aprobada, promoverá la destrucción de puestos de trabajo, una realidad en aumento: durante octubre de 2018 a octubre de 2019 se eliminaron 285.000 empleos, la tasa de desempleo pasó de 9,1 a 9,8 por ciento; la cifra de desempleo promedio durante 2019 es de 10,7 por ciento (Gráfico 1). A las personas hundidas en la pobreza se les une ahora una población superflua confinada en suburbios o aislada en el inhumano sistema carcelario.

El presupuesto General de la Nación 2020

 

El PGN es, en Colombia, el reflejo del antagonismo de clases. Es cuidadosamente planeado y perfilado para favorecer a los más ricos y exprimir cada vez más a los trabajadores, a los pobres y a la clase media. La hacienda pública es una maquinaria de gasto improductivo y corrupción que favorece a las élites políticas, empresarios, fuerzas armadas y de policía, tecnócratas y al capital financiero transnacional. Las finanzas públicas no se corresponden con las necesidades del desarrollo económico y social sostenible, a pesar que su participación en el producto bruto nacional va en creciente desde la segunda mitad del siglo XX. Su sistema de ingresos se caracteriza por la evasión o elusión fiscal de las clases ricas y la gravitación del sistema tributario sobre las clases medias y populares, además del endeudamiento público (externo e in terno) de carácter estructural; y su sistema de gastos se define por una tendencia creciente de los gastos de funcionamiento y una propensión errática de la inversión pública y de los gastos de bienestar social. El proceso de expansión del Estado tiene, entonces, no un sentido orgánico y virtuoso, sino una dirección burocrática, rentista, corrupta, autoritaria, guerrerista y represiva (Ver diagrama del Presupuesto General de la nación, 2020).

El valor total del Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital para el año 2020 está estimado en 271,7 billones de pesos. Las fuentes de los ingresos provienen principalmente de los impuestos directos, esto es, impuesto sobre la renta y complementarios (26%), los impuestos indirectos, como el tributo a las ventas, al consumo y a la gasolina, entre otros (32,3%) y los recursos de capital de la nación, esto es, excedentes financieros y recursos de endeudamiento externo e interno (29,9%); los establecimientos públicos aportan el 6,4 por ciento de los ingresos del Presupuesto nacional.

La estructura del gasto se distribuye de la siguiente manera: Servicio de la deuda pública externa e interna (21,5%), funcionamiento (63,6%) e inversión (14,9%). El comparativo entre los presupuestos generales de 2019 y 2020 permite destacar los siguientes hechos: i) el PGN aumenta 9 por ciento; como proporción del PIB eleva su participación de 23,9 a 24,3 por ciento; ii) los gastos de funcionamiento crecen en 9,9 por ciento, en relación al PIB con- centran 15,0 en 2019 y 15,4 por ciento en 2020; iii) el crecimiento económico viene dependiendo del rápido endeudamiento público, entre 2019-2020 aumentó el servicio de la deuda en 14,2 por ciento (5% del PIB en 2019 y 5,3% en 2020); según las cuentas alegres y desacertadas del Marco Fiscal de Mediano Plazo del 2019, este año el país cerraría con una deuda total de 50,6 por ciento del producto inter- no bruto (PIB), pero los cálculos de Anif muestran que con la asunción de nuevas acreencias, a través de la emisión de títulos TES, y la postergación del pago de capital, la cifra escalará al 56 por ciento del PIB en el Gobierno Duque (2018-2022); iii) en contraste, la inversión decae en 0,9 por ciento; en proporción del PIB la inversión pierde participación al pasar de 3,9 en 2019 a 3,6 por ciento en 2020 (además, según informes de la CGN, una cuarta parte de los recursos de inversión son desviados a través de prácticas corruptas).

De acuerdo con la Ley del PGN 2020, las partidas presupuestales con mayor incidencia son las siguientes: i) Salud, educación, agua potable y propósito general a través del SGP: $43,8 billones; ii) Pensiones: $43,3 billones, las cuales son obligaciones ineludibles para la nación (el 80% de los subsidios se orienta al 20% de quienes devengan las pensiones más altas: clase política y altos funcionarios del Estado); iii) Aseguramiento en salud: $19,3 billones; iv) Otras transferencias para educación (Instituciones de Educación Superior Públicas, Fondo de prestaciones del magisterio): $6 billones; v) Fuerzas, militares, policía, Fiscalía y Justicia: $47.7 billones.

Al distribuir el 100 por ciento del gasto, según las funciones principales que desempeña el Estado colombiano, se tiene, sobre un 100 por ciento: i) Servicio de la Deuda Pública nacional: 21,5%, ii) Desarrollo social, trabajo y cultura: 44,9%, iii) Ciencia, tecnología e innovación, crecimiento económico e infraestructura: 5,9%, iv) Fuerzas militares, policía y justicia: 17,5%, sostenibilidad ambiental y Corporaciones autónomas regionales de desarrollo sostenible: 0,4%, v) Dirección del Estado, normatividad, control, fiscalización, regulación y políticas públicas: 9,8%.

En Colombia, la distribución del gasto social por funciones se orienta principal- mente al asistencialismo y la protección social; esta función concentra el 43,9 por ciento del gasto social (los recursos destinados a las políticas de protección social consideran los desembolsos correspondientes a servicios y transferencias a personas y familias relacionados con enfermedad e incapacidad, edad avanzada, supérstites, transferencias condicionadas en efectivo a hogares pobres, desempleo, vivienda y exclusión social, tanto del sector de la protección social contributiva como no contributiva). La distribución del gasto social en las otras funciones es, en términos porcentuales: educación: 26,4; salud: 24,0; vivienda y servicios comunitarios: 4,1; recreación, deporte y cultura: 1,2; protección del medio ambiente: 0,5.

El gasto social viene cayendo en Colombia, medido como proporción del PIB o en dólares constantes de 2010 per cápita**. El gasto social representaba el 13,4 por ciento del PIB en 2017 y bajó a 12,6 en 2018; de otra parte, en dólares constantes per cápita cayó de 1.016 a 975 en estos dos años. El gasto social, como proporción del PIB, es significativa- mente más bajo en Colombia respecto a otros países de América Latina en 2018: Uruguay (17,2%), Brasil (17,7%), Chile (16,4), Argentina (13,5%).

 

 

¿Hacia dónde quiere llevar al país la extrema derecha?

 

Colombia es un país gobernado por la extrema derecha, a pesar que el centro es la opción por la cual se inclina la mayoría de connacionales. En la Encuesta de Cultura Política, aplicada a personas mayores de 18 años, el Dane realiza la siguiente pregunta respecto a la posición ideológica de la población: En una escala de 1 a 10, donde 1 significa izquierda y 10 significa derecha ¿dónde se ubicaría usted? En la aplicación de la encuesta en el año 2019, el 41,0% de las personas residentes en las cabeceras municipales y el 34,6% de la población en centros poblados y rural disperso se ubicaron en la posición ideológica de Centro. En la posición ideológica de Derecha se ubicó el 25,4% de las personas en cabeceras municipales y el 31,5% de la población en centros poblados y rural disperso. La posición ideológica de Izquierda, fue elegida por el 12,2% y 10,0% de la población de cabeceras y centros poblados-rural disperso, respectivamente.

El candidato del partido de la extrema derecha, el Centro Democrático, Iván Duque, se convirtió en octubre de 2018 en el presidente de Colombia en unas elecciones muy reñidas en las que su contendor Gustavo Petro logró la votación más alta de la historia de la izquierda en el país. El ungido de Uribe pasó del 39% logrado en la primera vuelta a un 54% en la segunda y decisiva que lo puso como el nuevo habitante de la Casa de Nariño. Duque obtuvo 10.372.697 votos frente a los 8.034.087 logrados por Gustavo Petro; el voto en blanco se ubicó en el 4% con 808.333 votos. Tras cumplir los pri- meros 100 días de gobierno, se desplomó la popularidad de Iván Duque de 53,8 a 27,2 por ciento. A finales de noviembre de 2019, la encuesta de Invamer que se llevó a cabo durante las jornadas de pro- testa, la aprobación de la gestión del presidente Duque cayó en picado y apenas alcanza el 24 por ciento. En conclusión, a Duque actualmente lo apoya únicamente la población militante e ideológicamente fanática de los partidos políticos de la ex- trema derecha, en concordancia con los resultados de la encuesta de Cultura Política del Dane.

El ascenso atemorizador en el país de la extrema derecha está bien expresada por el ultraneoliberalismo radical de los partidos y organizaciones políticas, por el maniqueísmo y fundamentalismo político y religioso de las sectas cristianas y evangélicas, por las fuerzas guerrerista del ejército, la policía y los paramilitares, por la intelectualidad autoritaria y anti- democrática, por el sector empresarial clasista y la fuerza terrateniente premoderna, todos apoyados por el monopolio de los medios de comunicación, las organizaciones financieras internacionales (FMI y BM) y el gobierno conservador estadounidense. Durante el Paro nacional, el gobierno y las fuerzas de extrema derecha han hecho acopio de las tradicionales tácticas y estrategias utilizadas por los fascistas en estas circunstancias: generar terror dentro de las clases medias, implementar políticas que favorecen al gran capital, tomar medidas autoritarias y represivas, asesinato de opositores, desconocimiento de la protesta social, instalar la mentira como eje de la propaganda oficial y mostrar arrogancia frente a la ciudadanía democrática y sectores populares, además de exhortar la lucha de clases, el racismo, la violencia de género y etaria, la xenofobia y la homofobia.

La pregunta que se plantea ahora es: ¿Qué vendrá después del conservadurismo atroz de la derecha colombiana que domina la política, la institucionalidad, la economía y el presupuesto público? Los sectores más fanáticos de los partidos de extrema derecha están presionando al gobierno de Duque para implementar una política militarista de tierra arrasada que pueda degenerar en un genocidio y apurar con la puesta en vigencia del “paquetazo” neoliberal. Entre tanto, el 79 por ciento de los encuestados por Invamer considera que las cosas van empeorando en el país y están indignados por el ejercicio bárbaro y deshumanizante del poder y el control político ejercido históricamente por esta oligarquía lumpen y sus esbirros que la protegen. No más explotación, opresión, corrupción, mentira, manipulación y violencia asesina es lo que pide la ciudadanía decente, digna y democrática. El Gobierno no cuenta con legitimidad ni tiene gobernabilidad. El momento es disruptivo; las nuevas generaciones exigen una democracia radical, pluralista y revolucionaria. ¿Se atreverá la extrema derecha, como históricamente lo ha practicado desde la Conquista, la Colonia y la Independencia, a realizar un nuevo genocidio o pogromo (saqueo y matanza de gente indefensa) para preservar sus eternos y excluyentes privilegios de clase y continuar reproduciendo por siempre su poder monopólico?

** Cepal, Panorama Social de América Latina 2019.
* Economista político y filósofo humanista. Escritor e investigador independiente. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia, y desdeabajo.

 


Esmad, violencia, represión y educación


El Esmad, instrumento violento y represor fue creado durante el gobierno del partido conservador, representado por Andrés Pastrana, en el año 1999; la adminis- tración Duque lo reforzó con grupos antisurgentes provenientes del ejército. Con su desmonte, el país, de una parte, se ahorraría medio billón de pesos y evitaría que este grupo de gamberros siga cometiendo violaciones a los derechos humanos y vulnerando la dignidad humana, y de otra, podrían aumentarse los recursos finan- cieros del sistema educativo. El Esmad cuenta con 3.876 integrantes, 3.770 hombres y 106 mujeres, y operan con un presupuesto anual que supera los 490.000 millones de pesos. Del sistema educativo hacen parte 12,5 millones de estudiantes, 80,5% en la educación básica y 19,5% en la educación superior; el presupuesto asignado al Ministerio de Educación Nacional para el año 2020 es de 43,1 billones de pesos (funcionamiento e inversión). El costo anual de cada miembro del Esmad es de 126,5 millones de pesos y el gasto por estudiante de 3,5 millones; en consecuencia, con el pago a cada agente del Esmad se pueden financiar 37 estudiantes. La elección es entre malgastar el presupuesto público en rubros que suscitan el conflicto armado o construir un futuro en paz, con desarrollo socio-económico y dignidad humana. Colombia es el país que más gasta, en cifras absolutas y relativas al PIB, en compra de armamento y financiamiento de una desmesurada fuerza represiva.

 


Recuadro

 

Las 13 reivindicaciones en litigio

 

Los puntos sobre la mesa colocados por el Comité Nacional de Paro Nacional son los siguientes:

1. Retiro del Proyecto de Ley de Reforma Tributaria en tránsito en el Congreso de la República. Los cambios marginales que se introdujeron en la reforma tributaria, como respuesta al paro nacional (3 días sin IVA y reducción parcial en el pago de salud de las pensiones inferiores a un salario mínimo), no fueron impedimento para que el texto que actualmente se debate en el Congreso mantengan los beneficios tributarios a las empresas; estos cambios en exenciones, descuentos, disminuciones y demás ‘gabelas’ aún le costarán al país por lo menos $9,4 billones desde el año 2020, según las cuentas del Ministerio de Hacienda. El día martes 3 de diciembre de 2019, las comisiones económicas del Congreso, en sesión conjunta, aprobaron la reforma tributaria en primer debate, la cual consta de 136 propuestas.
2. Derogatoria inmediata del Decreto 2111 del 2019, por el cual se crea el Holding Financiero. El gobierno nacional tiene participación directa e indirecta en dieciocho (18) entidades sujetas a la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia o que desarrollan actividades conexas al servicio financie- ro público. El valor patrimonial de estas entidades asciende a $15,8 billones de pesos, de los cuales la participación de la Nación equivale a $14,9 billones de pesos. Con esta medida el Gobierno busca con- solidar un grupo de servicios financieros equiparable a los conglomerados de carácter privado que existen en el país.
3. Derogatoria de la Circular N° 049 de 2019 sobre estabilidad laboral reforzada
4. Disolución del Esmad y depuración de la Policía Nacional, responsables del asesinato del joven estudiante Dilan Cruz.
5. El Gobierno se abstendrá de tramitar la reforma al Sistema de Pensiones. Esta busca aumentar la edad de pensión, equiparar las edades para pensionarse entre mujeres y hombres, aumentar de 16 a 20% las contribuciones, incrementar las semanas de pago, reducir el porcentaje de los beneficios y acabar con el sistema de reparto medio y Colpensiones.
6. El Gobierno se abstendrá de realizar reformas laborales, tramitando además la derogatoria de los artículos 193, 198, 240 y 242 del Plan Nacional de Desarrollo. El Gobierno ha considerado establecer un salario del 75% respecto al SML para la contratación de jóvenes (14 a 29 años).
7. El Gobierno no adelantará proceso alguno de privatización o enajenación de bienes del Estado independientemente de su participación accionaria. Un total de 160 billones de pesos, unos 50.000 millones de dólares, es el ‘avalúo’ de las propiedades del Estado que, tras la aprobación del Plan de Desarrollo, quedaron más expuestas a la privatización. El Ministerio de Hacienda ya presentó ante el Congreso el Plan de Enajenaciones, con lo cual quedan oficialmente disponibles para que cualquiera de ellas sea puesta en venta. La cartera de las finanzas públicas ha hablado de echar mano de las privatizaciones, entre 2019 y 2022, para disponer de 30 billones de pesos, de los cuales, 6 billones (0,6%) del PIB ya están incluidos en el Plan Financiero. Los posibles activos colocados en la lista de ventas públicas están conformados por Ecopetrol, Cenit (filial de Ecopetrol en transporte de hidrocarburos) e Interconexión Eléctrica S. A. (ISA).
8. El Gobierno iniciará de inmediato con las organizaciones respectivas la implementación y cumplimiento de los acuerdos firmados por el anterior y el actual Gobierno entre otros: Estudiantes universitarios, Organizaciones indígenas,Trabajadores estatales, Fecode, Sectores campesinos y agrarios
9. Trámite con Dignidad Agropecuaria Colombiana los temas relacionados con las necesidades de los pro- ductores agropecuarios, entre estos la revisión de los Tratados de Libre Comercio y todo lo relacionado con la producción en este sector.
10. El Gobierno abordará con Defendamos La Paz, el proceso de cumplimiento e implementación de los acuerdos de paz firmados en La Habana.
11. Trámite inmediato en el Congreso de la República de los proyectos de ley anticorrupción.
12. Derogatoria del impuesto o Tarifazo Nacional relacionado con el tema de Electricaribe. Desde el mes de octubre de 2019, entró en vigencia una sobretasa al servicio de energía que impacta directamente a los estratos 4, 5 y 6 de todo el país. Esta arbitraria sobretasa golpea la factura de 2,8 millones de clientes en viviendas y comercios. El Gobierno estima que anualmente se recaudarán con esta sobretasa cerca de 130.000 millones de pesos para subsanar las arcas de Electricaribe, empresa que registra un déficit en caja superior a 294.000 millones de pesos producto del saqueo a que fue cometido por las corruptas élites políticas de la Costa y las transnacionales que manejaron el negocio de la energía.
13. Definición de las políticas ambientales, protección de los páramos y demás con los representantes de las organizaciones ambientales que se acuerden.

 

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Publicado enColombia
Sábado, 07 Diciembre 2019 17:02

Paro Nacional: exigencias y finanzas públicas

Paro Nacional: exigencias y finanzas públicas

Un país que busca zafarse del histórico lastre de desigualdad, opresión, explotación, injusticia, violencia y corrupción que lo caracteriza, eso es lo que destaca por estos días con las notorias movilizaciones de juventud que vive un presente de negaciones y reconoce en sus progenitores un futuro de amplias carencias y frustraciones. El fin del modelo neoliberal, y la vivencia de democracia directa, integral, plural y plebiscitaria resume las demandas levantadas por las nuevas generaciones. En perspectiva de ello, este artículo compara las exigencias de la protesta social y el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2020.

 

El Comité nacional de Paro de manera enfática y enérgica declara: “mientras no haya una solución real a los 13 puntos no se suspende la protesta social”. Del otro lado, el presidente Iván Duque, quien de manera arrogante y autoritaria trató de desconocer las protestas y reprimirlas violentamente, aceptó finalmente llevar a cabo un diálogo directo con los voceros de las protestas sociales a nivel nacional. Sin embargo, el primer encuentro entre las partes, el martes 3 de diciembre, terminó sin avances para delinear una hoja de ruta o definir la metodología para negociar el pliego de exigencias. El Gobierno busca dividir al movimiento, polarizar a la sociedad, desatar el miedo, desgastarlo vía agotamiento y conducir el debate hacia temas abstractos e intrascendentes.

El contexto en medio del cual está planteada la negociación no puede ser más revelador de la arrogancia oficial: el Presupuesto General de la nación 2020 (PGN) ya está aprobado por el Congreso, recinto donde prosigue el trámite de la reforma tributaria de aliento gubernamental y, además, se mantiene como fiera al asecho el nuevo paquete de reformas neoliberales promovido por la Ocde, el FMI y la extrema derecha colombiana.

No obstante, en el campo de fuerzas en pugna todavía se encuentran espacios político y financieros para adelantar reformas estructurales. Por ejemplo, se pide, de parte de la ciudadanía democrática, poner fin a la sangrienta historia de pogromos aplicada por las élites dirigentes como método de reproducción de su poder y adelantar reformas que promuevan el desarrollo social, la democracia y la dignidad humana. Un caso emblemático puede ser, de llegar a conquistarse esta exigencia, la disolución del Escuadrón Móvil Antidisturbios y reorientar el gasto improductivo que implica mantener esta unidad especial de la Policía nacional hacia el financiamiento de la educación pública (Recuadro: Esmad, violencia, represión y educación).

 

Los puntos en la mesa de negociación

 

El movimiento social que nutre el Paro nacional, integrado por sindicatos, estudiantes, campesinos y pueblos originarios, pensionados, profesionales, defensores de derechos humanos, intelectuales democráticos y ciudadanía consciente, rechazan enfáticamente las reformas laboral y del régimen de pensiones que aseguran prepara el Gobierno y que éste niega, así como el plan de privatizaciones, la falta de compromiso de la administración Duque con el Acuerdo de Paz, la reforma tributaria impulsada por el Presidente con el fin de aliviar las cargas impositivas al gran capital y gravar aún más a las clases media y popular; además, exige medidas contra el asesinato de líderes sociales, sindicalistas, ex-combatientes de las Farc, ambientalistas y defensores de derechos humanos, poner fin a la corrupción y ampliar el gasto social, entre otras causas (Recuadro: Las 13 reivindicaciones en litigio).

 

Indicadores de sufrimiento social

 

Un país de extremos. En una de sus caras una oligarquía que concentra tierra, industria, bancos, comercio, propiedad accionaria, con exabruptos como que el 1 por ciento concentra el 20,5 por ciento del total de ingreso y la riqueza de Colombia, según la información tributaria, por lo cual la nuestra es una de las sociedades más desiguales del mundo. La desigualdad social, según estudios de la Cepal, es resultado de una compleja matriz de determinantes, que se asienta en la heterogeneidad estructural de sus sistemas productivos y en la cultura del privilegio; la pertenencia a distintos estratos socioeconómicos o clases sociales constituye uno de los ejes estructurantes de la matriz de la desigualdad social, junto con el género, la edad (ciclo de vida), la condición étnico-racial y el territorio, entre otros.

La otra cara de la concentración de la riqueza es la pobreza generalizada de la población; en 2019 el 27,2 por ciento vive bajo condiciones de insatisfacción de sus necesidades esenciales para poder llevar un mínimo de vida digna. El modelo de economía rentista, excluyente y extractivo que impuso la oligarquía criolla no genera empleo decente: una décima par- te de la fuerza de trabajo se mantiene en desempleo abierto y el 65 por ciento vive del rebusque y labora en condiciones informales, precarias y de bajo ingreso.

Durante la administración Duque los indicadores del sufrimiento social han detenido sus tendencias positivas y comienzan a dar muestras de deterioro y empeoramiento tanto en la violencia, la desigualdad y la pobreza como en las tasas de desempleo. Las modificaciones impulsadas por su gobierno de conceder un descuento del 100 por ciento del impuesto a las ventas (IVA) a la importación de bienes de capital, con un costo fiscal anual para la nación de $6,5 billones, provoca la sustitución de la fuerza de trabajo por tecnologías modernas con la consiguiente destrucción de más puestos laborales. Una medida, que de ser aprobada, promoverá la destrucción de puestos de trabajo, una realidad en aumento: durante octubre de 2018 a octubre de 2019 se eliminaron 285.000 empleos, la tasa de desempleo pasó de 9,1 a 9,8 por ciento; la cifra de desempleo promedio durante 2019 es de 10,7 por ciento (Gráfico 1). A las personas hundidas en la pobreza se les une ahora una población superflua confinada en suburbios o aislada en el inhumano sistema carcelario.

El presupuesto General de la Nación 2020

 

El PGN es, en Colombia, el reflejo del antagonismo de clases. Es cuidadosamente planeado y perfilado para favorecer a los más ricos y exprimir cada vez más a los trabajadores, a los pobres y a la clase media. La hacienda pública es una maquinaria de gasto improductivo y corrupción que favorece a las élites políticas, empresarios, fuerzas armadas y de policía, tecnócratas y al capital financiero transnacional. Las finanzas públicas no se corresponden con las necesidades del desarrollo económico y social sostenible, a pesar que su participación en el producto bruto nacional va en creciente desde la segunda mitad del siglo XX. Su sistema de ingresos se caracteriza por la evasión o elusión fiscal de las clases ricas y la gravitación del sistema tributario sobre las clases medias y populares, además del endeudamiento público (externo e in terno) de carácter estructural; y su sistema de gastos se define por una tendencia creciente de los gastos de funcionamiento y una propensión errática de la inversión pública y de los gastos de bienestar social. El proceso de expansión del Estado tiene, entonces, no un sentido orgánico y virtuoso, sino una dirección burocrática, rentista, corrupta, autoritaria, guerrerista y represiva (Ver diagrama del Presupuesto General de la nación, 2020).

El valor total del Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital para el año 2020 está estimado en 271,7 billones de pesos. Las fuentes de los ingresos provienen principalmente de los impuestos directos, esto es, impuesto sobre la renta y complementarios (26%), los impuestos indirectos, como el tributo a las ventas, al consumo y a la gasolina, entre otros (32,3%) y los recursos de capital de la nación, esto es, excedentes financieros y recursos de endeudamiento externo e interno (29,9%); los establecimientos públicos aportan el 6,4 por ciento de los ingresos del Presupuesto nacional.

La estructura del gasto se distribuye de la siguiente manera: Servicio de la deuda pública externa e interna (21,5%), funcionamiento (63,6%) e inversión (14,9%). El comparativo entre los presupuestos generales de 2019 y 2020 permite destacar los siguientes hechos: i) el PGN aumenta 9 por ciento; como proporción del PIB eleva su participación de 23,9 a 24,3 por ciento; ii) los gastos de funcionamiento crecen en 9,9 por ciento, en relación al PIB con- centran 15,0 en 2019 y 15,4 por ciento en 2020; iii) el crecimiento económico viene dependiendo del rápido endeudamiento público, entre 2019-2020 aumentó el servicio de la deuda en 14,2 por ciento (5% del PIB en 2019 y 5,3% en 2020); según las cuentas alegres y desacertadas del Marco Fiscal de Mediano Plazo del 2019, este año el país cerraría con una deuda total de 50,6 por ciento del producto inter- no bruto (PIB), pero los cálculos de Anif muestran que con la asunción de nuevas acreencias, a través de la emisión de títulos TES, y la postergación del pago de capital, la cifra escalará al 56 por ciento del PIB en el Gobierno Duque (2018-2022); iii) en contraste, la inversión decae en 0,9 por ciento; en proporción del PIB la inversión pierde participación al pasar de 3,9 en 2019 a 3,6 por ciento en 2020 (además, según informes de la CGN, una cuarta parte de los recursos de inversión son desviados a través de prácticas corruptas).

De acuerdo con la Ley del PGN 2020, las partidas presupuestales con mayor incidencia son las siguientes: i) Salud, educación, agua potable y propósito general a través del SGP: $43,8 billones; ii) Pensiones: $43,3 billones, las cuales son obligaciones ineludibles para la nación (el 80% de los subsidios se orienta al 20% de quienes devengan las pensiones más altas: clase política y altos funcionarios del Estado); iii) Aseguramiento en salud: $19,3 billones; iv) Otras transferencias para educación (Instituciones de Educación Superior Públicas, Fondo de prestaciones del magisterio): $6 billones; v) Fuerzas, militares, policía, Fiscalía y Justicia: $47.7 billones.

Al distribuir el 100 por ciento del gasto, según las funciones principales que desempeña el Estado colombiano, se tiene, sobre un 100 por ciento: i) Servicio de la Deuda Pública nacional: 21,5%, ii) Desarrollo social, trabajo y cultura: 44,9%, iii) Ciencia, tecnología e innovación, crecimiento económico e infraestructura: 5,9%, iv) Fuerzas militares, policía y justicia: 17,5%, sostenibilidad ambiental y Corporaciones autónomas regionales de desarrollo sostenible: 0,4%, v) Dirección del Estado, normatividad, control, fiscalización, regulación y políticas públicas: 9,8%.

En Colombia, la distribución del gasto social por funciones se orienta principal- mente al asistencialismo y la protección social; esta función concentra el 43,9 por ciento del gasto social (los recursos destinados a las políticas de protección social consideran los desembolsos correspondientes a servicios y transferencias a personas y familias relacionados con enfermedad e incapacidad, edad avanzada, supérstites, transferencias condicionadas en efectivo a hogares pobres, desempleo, vivienda y exclusión social, tanto del sector de la protección social contributiva como no contributiva). La distribución del gasto social en las otras funciones es, en términos porcentuales: educación: 26,4; salud: 24,0; vivienda y servicios comunitarios: 4,1; recreación, deporte y cultura: 1,2; protección del medio ambiente: 0,5.

El gasto social viene cayendo en Colombia, medido como proporción del PIB o en dólares constantes de 2010 per cápita**. El gasto social representaba el 13,4 por ciento del PIB en 2017 y bajó a 12,6 en 2018; de otra parte, en dólares constantes per cápita cayó de 1.016 a 975 en estos dos años. El gasto social, como proporción del PIB, es significativa- mente más bajo en Colombia respecto a otros países de América Latina en 2018: Uruguay (17,2%), Brasil (17,7%), Chile (16,4), Argentina (13,5%).

 

 

¿Hacia dónde quiere llevar al país la extrema derecha?

 

Colombia es un país gobernado por la extrema derecha, a pesar que el centro es la opción por la cual se inclina la mayoría de connacionales. En la Encuesta de Cultura Política, aplicada a personas mayores de 18 años, el Dane realiza la siguiente pregunta respecto a la posición ideológica de la población: En una escala de 1 a 10, donde 1 significa izquierda y 10 significa derecha ¿dónde se ubicaría usted? En la aplicación de la encuesta en el año 2019, el 41,0% de las personas residentes en las cabeceras municipales y el 34,6% de la población en centros poblados y rural disperso se ubicaron en la posición ideológica de Centro. En la posición ideológica de Derecha se ubicó el 25,4% de las personas en cabeceras municipales y el 31,5% de la población en centros poblados y rural disperso. La posición ideológica de Izquierda, fue elegida por el 12,2% y 10,0% de la población de cabeceras y centros poblados-rural disperso, respectivamente.

El candidato del partido de la extrema derecha, el Centro Democrático, Iván Duque, se convirtió en octubre de 2018 en el presidente de Colombia en unas elecciones muy reñidas en las que su contendor Gustavo Petro logró la votación más alta de la historia de la izquierda en el país. El ungido de Uribe pasó del 39% logrado en la primera vuelta a un 54% en la segunda y decisiva que lo puso como el nuevo habitante de la Casa de Nariño. Duque obtuvo 10.372.697 votos frente a los 8.034.087 logrados por Gustavo Petro; el voto en blanco se ubicó en el 4% con 808.333 votos. Tras cumplir los pri- meros 100 días de gobierno, se desplomó la popularidad de Iván Duque de 53,8 a 27,2 por ciento. A finales de noviembre de 2019, la encuesta de Invamer que se llevó a cabo durante las jornadas de pro- testa, la aprobación de la gestión del presidente Duque cayó en picado y apenas alcanza el 24 por ciento. En conclusión, a Duque actualmente lo apoya únicamente la población militante e ideológicamente fanática de los partidos políticos de la ex- trema derecha, en concordancia con los resultados de la encuesta de Cultura Política del Dane.

El ascenso atemorizador en el país de la extrema derecha está bien expresada por el ultraneoliberalismo radical de los partidos y organizaciones políticas, por el maniqueísmo y fundamentalismo político y religioso de las sectas cristianas y evangélicas, por las fuerzas guerrerista del ejército, la policía y los paramilitares, por la intelectualidad autoritaria y anti- democrática, por el sector empresarial clasista y la fuerza terrateniente premoderna, todos apoyados por el monopolio de los medios de comunicación, las organizaciones financieras internacionales (FMI y BM) y el gobierno conservador estadounidense. Durante el Paro nacional, el gobierno y las fuerzas de extrema derecha han hecho acopio de las tradicionales tácticas y estrategias utilizadas por los fascistas en estas circunstancias: generar terror dentro de las clases medias, implementar políticas que favorecen al gran capital, tomar medidas autoritarias y represivas, asesinato de opositores, desconocimiento de la protesta social, instalar la mentira como eje de la propaganda oficial y mostrar arrogancia frente a la ciudadanía democrática y sectores populares, además de exhortar la lucha de clases, el racismo, la violencia de género y etaria, la xenofobia y la homofobia.

La pregunta que se plantea ahora es: ¿Qué vendrá después del conservadurismo atroz de la derecha colombiana que domina la política, la institucionalidad, la economía y el presupuesto público? Los sectores más fanáticos de los partidos de extrema derecha están presionando al gobierno de Duque para implementar una política militarista de tierra arrasada que pueda degenerar en un genocidio y apurar con la puesta en vigencia del “paquetazo” neoliberal. Entre tanto, el 79 por ciento de los encuestados por Invamer considera que las cosas van empeorando en el país y están indignados por el ejercicio bárbaro y deshumanizante del poder y el control político ejercido históricamente por esta oligarquía lumpen y sus esbirros que la protegen. No más explotación, opresión, corrupción, mentira, manipulación y violencia asesina es lo que pide la ciudadanía decente, digna y democrática. El Gobierno no cuenta con legitimidad ni tiene gobernabilidad. El momento es disruptivo; las nuevas generaciones exigen una democracia radical, pluralista y revolucionaria. ¿Se atreverá la extrema derecha, como históricamente lo ha practicado desde la Conquista, la Colonia y la Independencia, a realizar un nuevo genocidio o pogromo (saqueo y matanza de gente indefensa) para preservar sus eternos y excluyentes privilegios de clase y continuar reproduciendo por siempre su poder monopólico?

** Cepal, Panorama Social de América Latina 2019.
* Economista político y filósofo humanista. Escritor e investigador independiente. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia, y desdeabajo.

 


Esmad, violencia, represión y educación


El Esmad, instrumento violento y represor fue creado durante el gobierno del partido conservador, representado por Andrés Pastrana, en el año 1999; la adminis- tración Duque lo reforzó con grupos antisurgentes provenientes del ejército. Con su desmonte, el país, de una parte, se ahorraría medio billón de pesos y evitaría que este grupo de gamberros siga cometiendo violaciones a los derechos humanos y vulnerando la dignidad humana, y de otra, podrían aumentarse los recursos finan- cieros del sistema educativo. El Esmad cuenta con 3.876 integrantes, 3.770 hombres y 106 mujeres, y operan con un presupuesto anual que supera los 490.000 millones de pesos. Del sistema educativo hacen parte 12,5 millones de estudiantes, 80,5% en la educación básica y 19,5% en la educación superior; el presupuesto asignado al Ministerio de Educación Nacional para el año 2020 es de 43,1 billones de pesos (funcionamiento e inversión). El costo anual de cada miembro del Esmad es de 126,5 millones de pesos y el gasto por estudiante de 3,5 millones; en consecuencia, con el pago a cada agente del Esmad se pueden financiar 37 estudiantes. La elección es entre malgastar el presupuesto público en rubros que suscitan el conflicto armado o construir un futuro en paz, con desarrollo socio-económico y dignidad humana. Colombia es el país que más gasta, en cifras absolutas y relativas al PIB, en compra de armamento y financiamiento de una desmesurada fuerza represiva.

 


Recuadro

 

Las 13 reivindicaciones en litigio

 

Los puntos sobre la mesa colocados por el Comité Nacional de Paro Nacional son los siguientes:

1. Retiro del Proyecto de Ley de Reforma Tributaria en tránsito en el Congreso de la República. Los cambios marginales que se introdujeron en la reforma tributaria, como respuesta al paro nacional (3 días sin IVA y reducción parcial en el pago de salud de las pensiones inferiores a un salario mínimo), no fueron impedimento para que el texto que actualmente se debate en el Congreso mantengan los beneficios tributarios a las empresas; estos cambios en exenciones, descuentos, disminuciones y demás ‘gabelas’ aún le costarán al país por lo menos $9,4 billones desde el año 2020, según las cuentas del Ministerio de Hacienda. El día martes 3 de diciembre de 2019, las comisiones económicas del Congreso, en sesión conjunta, aprobaron la reforma tributaria en primer debate, la cual consta de 136 propuestas.
2. Derogatoria inmediata del Decreto 2111 del 2019, por el cual se crea el Holding Financiero. El gobierno nacional tiene participación directa e indirecta en dieciocho (18) entidades sujetas a la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia o que desarrollan actividades conexas al servicio financie- ro público. El valor patrimonial de estas entidades asciende a $15,8 billones de pesos, de los cuales la participación de la Nación equivale a $14,9 billones de pesos. Con esta medida el Gobierno busca con- solidar un grupo de servicios financieros equiparable a los conglomerados de carácter privado que existen en el país.
3. Derogatoria de la Circular N° 049 de 2019 sobre estabilidad laboral reforzada
4. Disolución del Esmad y depuración de la Policía Nacional, responsables del asesinato del joven estudiante Dilan Cruz.
5. El Gobierno se abstendrá de tramitar la reforma al Sistema de Pensiones. Esta busca aumentar la edad de pensión, equiparar las edades para pensionarse entre mujeres y hombres, aumentar de 16 a 20% las contribuciones, incrementar las semanas de pago, reducir el porcentaje de los beneficios y acabar con el sistema de reparto medio y Colpensiones.
6. El Gobierno se abstendrá de realizar reformas laborales, tramitando además la derogatoria de los artículos 193, 198, 240 y 242 del Plan Nacional de Desarrollo. El Gobierno ha considerado establecer un salario del 75% respecto al SML para la contratación de jóvenes (14 a 29 años).
7. El Gobierno no adelantará proceso alguno de privatización o enajenación de bienes del Estado independientemente de su participación accionaria. Un total de 160 billones de pesos, unos 50.000 millones de dólares, es el ‘avalúo’ de las propiedades del Estado que, tras la aprobación del Plan de Desarrollo, quedaron más expuestas a la privatización. El Ministerio de Hacienda ya presentó ante el Congreso el Plan de Enajenaciones, con lo cual quedan oficialmente disponibles para que cualquiera de ellas sea puesta en venta. La cartera de las finanzas públicas ha hablado de echar mano de las privatizaciones, entre 2019 y 2022, para disponer de 30 billones de pesos, de los cuales, 6 billones (0,6%) del PIB ya están incluidos en el Plan Financiero. Los posibles activos colocados en la lista de ventas públicas están conformados por Ecopetrol, Cenit (filial de Ecopetrol en transporte de hidrocarburos) e Interconexión Eléctrica S. A. (ISA).
8. El Gobierno iniciará de inmediato con las organizaciones respectivas la implementación y cumplimiento de los acuerdos firmados por el anterior y el actual Gobierno entre otros: Estudiantes universitarios, Organizaciones indígenas,Trabajadores estatales, Fecode, Sectores campesinos y agrarios
9. Trámite con Dignidad Agropecuaria Colombiana los temas relacionados con las necesidades de los pro- ductores agropecuarios, entre estos la revisión de los Tratados de Libre Comercio y todo lo relacionado con la producción en este sector.
10. El Gobierno abordará con Defendamos La Paz, el proceso de cumplimiento e implementación de los acuerdos de paz firmados en La Habana.
11. Trámite inmediato en el Congreso de la República de los proyectos de ley anticorrupción.
12. Derogatoria del impuesto o Tarifazo Nacional relacionado con el tema de Electricaribe. Desde el mes de octubre de 2019, entró en vigencia una sobretasa al servicio de energía que impacta directamente a los estratos 4, 5 y 6 de todo el país. Esta arbitraria sobretasa golpea la factura de 2,8 millones de clientes en viviendas y comercios. El Gobierno estima que anualmente se recaudarán con esta sobretasa cerca de 130.000 millones de pesos para subsanar las arcas de Electricaribe, empresa que registra un déficit en caja superior a 294.000 millones de pesos producto del saqueo a que fue cometido por las corruptas élites políticas de la Costa y las transnacionales que manejaron el negocio de la energía.
13. Definición de las políticas ambientales, protección de los páramos y demás con los representantes de las organizaciones ambientales que se acuerden.

 

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Publicado enEdición Nº264
Jueves, 05 Diciembre 2019 06:29

El terremoto social llega a Francia  

El terremoto social llega a Francia  

Un total de 245 manifestaciones contra la reforma a las jubilaciones previstas para este jueves

Confluirán chalecos amarillos, huelga en los hospitales, en los ferrocarriles y el transporte público, así como estudiantes, policías, maestros y judiciales. El Gobierno francés teme que se instale un clima de protesta social como el que sacude a otros países.

 

 Sólo queda por saber la magnitud final del terremoto programado para este jueves 5 de diciembre. El Ejecutivo francés y la presidencia siguen con aprensión los temblores sociales que se fueron expandiendo en el país desde hace varios meses y que convergen este 5 de diciembre en un movimiento social de magnitudes colosales. ”Esto va a ser como un tsunami social histórico”, dice Henry mientras le da las últimas pinceladas a la banderola de la CGT sección ferrocarriles con la que saldrá a la calle. El gobierno espera lo mismo. 

Chalecos amarillos, huelga en los hospitales, en los ferrocarriles y el transporte público, estudiantes, policías, maestros, justicia, un total de 245 manifestaciones están previstas en toda Francia en signo de protesta contra una enésima reforma del sistema de pensiones. El procedimiento propuesto por el Ejecutivo consiste en reemplazar por “un sistema universal de jubilaciones” los 42 regímenes jubilatorios de la actualidad. Los sindicatos no quieren dicha reforma y su oposición ha ido aunando muchos otros sectores sociales. Ello terminó por trazar un horizonte posible de convergencias de luchas sociales que, esperan los sindicatos, podría igualar la huelga de 1995 contra una reforma similar que paralizó a Francia durante tres semanas.

Las previsiones de la movilización son altísimas. 90% de los trenes no circularán este jueves, el 60% de las escuelas estarán inactivas mientras que las compañías aeronáuticas ya anularon cientos de vuelos. La pesadilla, para el gobierno, podría durar un sólo día o muchos según lo que ocurra con la huelga ilimitada decretada por los sindicatos de la SNCF, la compañía nacional de ferrocarriles.

La cantidad de sectores que se han añadido a las manifestaciones o a la huelga es asombrosa. La nueva reforma concentró un montón de malestares sociales dispersos, facilitó la unión de varios sindicatos y hasta un probable resurgimiento del sindicalismo como eje catalizador de la movilización. Fuera de la CFDT, los otros sindicatos, principalmente la CGT y Fuerza obrera, convocaron a “construir un plan de acción contra la reforma de las jubilaciones”. El “cuerpo social” no olvidó sus heridas.

 En noviembre de 2018 surgía en Francia la revuelta de los chalecos amarillos y en diciembre de 2019 se plantea un levantamiento todavía más grande, tanto en el sector público como privado. Varios futuros están en juego, empezando por el de la misión del propio presidente Emmanuel Macron y la imagen que, desde 2016, empezó a destilar en la opinión pública. Según explicaba Macron en un libro publicado ese año (Révolution), la división central se situaba entre “conservadores atados al pasado” y los “progresistas reformistas”. Su reforma se instala en esa narrativa con el riesgo de que, si no pasa por la persistencia de la acción social, ”el mandato se habrá acabado, ya no haremos más nada”, según admitía en las páginas del vespertino Le Monde un miembro del staff presidencial citado anónimamente. 

Macron retrocedió entre finales de 2018 y principios de 2019 cuando se vio confrontado a los chalecos amarillos y anuló las medidas que habían desatado el movimiento. Esta vez no parece ser el caso. Tanto su primer ministro, Edouard Philippe, como él han reiterado su “determinación” para llevar a cabo la reforma a través de la cual ambos se juegan su respectivo capital político. Hay un sector consistente del electorado que lo respalda (39%), que aún ve en él ese dirigente “que soluciona los problemas irresueltos desde hace más de 30 a años” (Frédéric Dabi, director general de la consultora IFOP, Le Monde).

A su vez, los sindicatos se juegan su poder de influencia y su capacidad a volver al centro de la acción social. El sindicalismo francés ha sido reiteradamente derrotado en los últimos a años y vio también como caía en picada su legitimidad de actor social.

 La insurgencia de los chalecos amarrillos se plasmó fuera de los círculos sindicales y así logró arrancarle al poder unas cuantas concesiones sin que mediada ninguna mediación sindical. Presidencia y sindicatos ponen en la mesa sus respectivas fortunas. La historia reciente no es alentadora en la lógica sindical. 

Hace ya casi 20 a años que las manifestaciones, por más importantes que sean, dejaron de tener un impacto en el rumbo fijado por los políticos. No obstante, los chalecos amarillos volvieron a demostrar que en la calle sí se podía aún trastornar las lógicas del poder. Con ello cuentan los sindicatos, respaldados ahora por la señal de la insurgencia amarilla y por la densidad de los actores que ya adhirieron a la huelga. La fuerte oposición incumbe en mucho a la presidencia y al Ejecutivo.

 Mal explicada, casi oculta, compleja, poco “vendida” y maquillada, la reforma de las pensiones es una suerte de onda de varias frecuencias. Por un lado, 76% de los franceses considera que una reforma del sistema de pensiones es “necesaria”, pero 64% no confían en Macron para llevarla a cabo. El gobierno tenía un camino trazado pero sus divisiones internas dieron vuelta a la opinión. La reforma no es una sorpresa porque figuraba en el programa electoral de Macron. El entonces candidato abogaba por un sistema universal, más equitativo y transparente. Pero el ala derecha del macronismo presionó para que se introdujeran variables que no estaban contempladas, entre ellas aumentar la edad de la jubilación o cotizar más tiempo. Allí se rompió el consenso ante la reforma. La gente sintió que la estaban engañado y que, en el fondo, la reforma no más que una manera encubierta de recortar beneficios sociales. Ello explica por qué tantos sectores socio profesionales, públicos y privados, se citan este jueves en las calles del país. Puede ser “la lucha final” o una lucha inicial para una futura negociación.

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El paro (movilización) del 21 y sus necesarios ecos

Una campaña de miedo. En vísperas de la realización del paro(movilización) nacional convocado en Colombia para el 21 de noviembre, el gobierno de Iván Duque amedrenta e intimida a quienes tomarán las calles del país para confrontar las propuestas de reformas laboral y pensional (que por el momento están congeladas, hasta que los ánimos de la región se calmen), así como contra el asesinato de liderazgos sociales en todo el territorio nacional, el incumplimiento de los Acuerdos de Paz, la propuesta de regularización de la protesta social, entre otros temas que afectan al conjunto nacional.

Las “no violencias” del poder en Colombia

Un discurso doble, como es el Gobierno. Aunque el discurso del poder es el de “garantizar la protesta social” –siempre y cuando transcurra “sin violencia”–, el actuar del mismo es completamente manipulador y violento, proceder evidente en: utilización de los medios masivos de comunicación para presentar programas “objetivos” que evidencian un discurso de estigmatización y criminalización de la protesta, los cuales llegan a tachar de mentirosos a quienes se movilizan o de terroristas a quienes ocultan su rostro en las jornadas de protestas; la orden de acuartelamiento que dio el comando de las Fuerzas Militares que terminaría con la militarización de las calles de diferentes ciudades del país; la noticia de detención de 800 kilos de explosivos en el municipio de Villagarzón, Putumayo y su amañada relación con la jornada del 21 de noviembre; el retiro de publicidad y la generación de multas a quienes estén repartiendo información alusiva al paro; la difusión de cadenas de Whatsapp que generan el pánico y llaman a armarse para proteger propiedades; la consolidación de un discurso anticomunista y del enemigo interno que plantea la filtración de las marchas de grupos enviados por el gobierno venezolano y que siguen los lineamientos del Foro de Sao Paulo; la legitimación de grupos ultraderechistas de choque, entre otros.

A estos actos manipuladores y violentos debe sumarse la noticia más reciente: los allanamientos llevados a cabo el 19 de noviembre en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali por parte de la Policía y el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía en contra de estudiantes, activistas, medios de comunicación alternativos y sindicatos.

Allanamientos para intimidar

Mediante mecanismos irregulares, cuerpos del Estado ingresaron a las casas y oficinas de diferentes personas y organizaciones sociales. Sin presentar las órdenes de allanamiento o presentar identificaciones de quienes ingresaban a los predios, agentes de policía incautaron elementos legales como pinturas, camisetas, gorras, banderas, libros, afiches y comunicados convocando al paro, entre otros objetos personales como celulares, computadoras y discos duros.

En la ciudad de Bogotá fueron 27 los casos de allanamiento registrados en 15 localidades, entre ellas Teusaquillo, Kennedy, Puente Aranda, Suba, Bosa, Ciudad Bolívar y el municipio de Soacha. Dentro de las órdenes de allanamiento se expresaban supuestos delitos como "terrorismo y fabricación, tráfico o porte de armas o municiones de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos".

Dos personas fueron capturadas en estos hechos y presentados ante la opinión pública como terroristas, atizando la doctrina militar que ve a los activistas sociales como enemigos internos. Andrés Palacios, estudiante de último semestre de antropología de la Universidad Nacional, mostrado en medios como “alias chiqui”, es un joven que apoya espacios de educación popular como la Escuela Sol del Sur y las caracolas educativas en temas comunicativos; participa, así mismo, en espacios con indígenas Nasa del norte del Cauca. La otra persona capturada es Julián Duarte, licenciado en ciencias sociales de la Universidad Distrital, empleado de la Secretaría de Integración Social del Distrito, acompañando comunidades de Usme y Sumapaz, también tallerista en pre-universitarios, que entre su labor social también ha participado del festival de la memoria de la Universidad Pedagógica Nacional.

Algunas de las organizaciones y colectivos afectados por estos hechos fueron: Ciudad en Movimiento, el colectivo de agitación gráfica Puro Veneno, Pirotecnia, Congreso de los Pueblos, Grupo Estudiantil Anarquista, colectivo Degénero. Vale la pena decir que en la ciudad de Medellín fueron allanadas las casas de tres estudiantes del Instituto Tecnológico Metropolitano y la sede del sindicado de la Asociación de institutores de Antioquia –Adida. Asimismo, en el Valle del Cauca fueron allanadas las casas de estudiantes y un docente de la Universidad del Valle, estudiantes de la universidad Javeriana de Cali y la del secretario político de la Juventud Comunista Colombiana.

Ni los medios y artistas se salvaron. En la ciudad de Bogotá fue allanada la sede de la revista de cultura alternativa Cartel Urbano, a la que ingresaron alrededor de 12 agentes de policía que revisaron hasta los libros contables de la revista. Con otro modus operandi la revista Cerosetenta de la Universidad de los Andes fue hostigada por el Centro Cibernético de la Policía Nacional quienes les enviaron una carta para desmontar de su sitio web el “Manual 070 de autoprotección contra el Esmad”. De la misma manera miembros del colectivo La Otra Danza fueron víctimas de un allanamiento a las 3:00 de la mañana; también fueron hostigados integrantes del colectivo artístico Puro Veneno, que participaron en la realización del grafiti en el que aparecían los oficiales (activos y retirados) Juan Carlos Barrera, Adolfo León Hernández, Mario Montoya Uribe, Nicacio de Jesús Martínez y Marcos Evangelista en cuyos periodos sucedieron casos de ejecuciones extrajudiciales o mal llamados falsos positivos.

El mundo está que arde

Estamos en un periodo de álgidas luchas sociales en todo el planeta y el poder en Colombia lo sabe, razón por la cual trata de intimidar a la ciudadanía para evitar un desborde. A medida que avanza el descontento social la represión se agudiza y esto lo debemos tener claro para próximas movilizaciones. Diferentes países encendidos son muestra de ello: en Hong Kong la policía advirtió que utilizará fuego real si los estudiantes de la Universidad Politécnica de Hong Kong utilizan “armas letales” en defensa de la Universidad. En Iraq van alrededor de 250 muertos y 8.000 heridos en un mes de protestas. El Estado de Israel asesinó al menos a 24 palestinos y dejó 70 heridos en la última ofensiva contra la Franja de Gaza. En Bolivia, luego del golpe de Estado se han registrado 24 asesinatos, 9 de ellos sucedidos, además de ciento quince heridos, en la denominada masacre de Cochabamba. Sus asesinos y victimarios fueron librados de responsabilidad penal por participar en “los operativos para el restablecimiento del orden interno”.

De igual manera el caso de mutilaciones en Chile es alarmante, evidencia de un modus operandi de las fuerzas militares y de policía para la represión de la protesta social. Tras 15 días de movilizaciones se reportaron 170 traumas oculares por lo cual quedaron parcialmente ciegas 157 personas.

La situación es álgida en el mundo y nuestro país parece no quedarse atrás. Estamos a pocas horas de la jornada de paro nacional y el deseo nacional, de los excluidos y negados, es que los resultados de los días por venir no sean desalentadores para la protesta social, sino que sirvan como motor para comenzar un proceso de articulación nacional que escuche y aprenda del sentir nacional, y que así por fin empecemos a construir los cimentos para materializar vida digna para el conjunto del pueblo colombiano.

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Miércoles, 20 Noviembre 2019 06:13

El gobierno de Colombia criminaliza la protesta

El gobierno de Colombia criminaliza la protesta

La desinformación y la propaganda de terror en contra de la movilización, crecen cada hora. Hubo allanamientos irregulares a casas de estudiantes.

Colombia prepara una movilización nacional para expresar el descontento con el gobierno de Iván Duque y sus propuestas de reformas laboral y jubilatoria que afectarían los salarios de los más jóvenes y alejarían aún más las posibilidades de pensionarse de los trabajadores actuales, además del asesinato creciente de líderes sociales, pueblos indígenas y ataques a la protesta social y movimiento estudiantil. 

A dos días del paro nacional, el Estado desplegó una serie de decisiones que generaron el rechazo de las organizaciones sociales. En ciudades capitales las residencias de jóvenes estudiantes, algunos de los principales promotores del paro junto a las centrales obreras, sufrieron allanamientos por parte de la Policía y el CTI (Cuerpo Técnico de Investigaciones) de la Fiscalía.

El abogado Wiston Gallego, de la Corporación Jurídica LIbertad, le explicó a PáginaI12 que “desde las primeras horas de la mañana se presentaron allanamientos en Bogotá, Cali y Medellín. No había orden de captura para estos jóvenes, y tampoco hubo hallazgos. Incautaron elementos legales como libros y comunicados que convocan al paro nacional”. El defensor de Derechos humanos detalló que los tres jóvenes son estudiantes del Instituto Metropolitano de Educación (ITM) y que varios estudiantes de ésta y otras instituciones locales han denunciado que desde la semana pasada son víctimas de seguimientos de personas vestidas de civil que se acercan a sus barrios y residencias preguntando por su ubicación.

“En los allanamiento de ayer hubo irregularidades pues participó policía vestida de civil, no dejaron ver en su totalidad la orden de allanamiento e impidieron dejar observaciones en la misma; por último no hubo presencia de la Procuraduría”, explicó Gallego. Estos jóvenes y millones en el país del movimiento estudiantil reclaman al gobierno de Duque por el incumplimiento en las promesas que realizaron tras meses de paros universitarios que exigieron más financiación a las universidades públicas. Jennifer Pedraza, reconocida líder de este sector, dijo a los medios desde Bogotá que seguirán motivando a la ciudadanía a manifestarse pacíficamente por las reformas que, a pesar de que el gobierno dice que no son ciertas, son una propuesta real. Explicó que hay una propuesta de ley ya radicada por la bancada del Centro Democrático para la reforma laboral, y que los cambios en el régimen previsional han sido ampliamente divulgados por ministros en medios de comunicación.

PáginaI12 habló con un estudiante de Medellín quien contó que los uniformados llegaron a sus casas en la madrugada e “ingresaron armados y de forma muy intimidante a nuestras residencias, en la cual proceden a desordenar y ultrajar las pertenencias de todos nosotros, muchas de las cuales fueron incautadas como un supuesto material probatorio”.

“Nos sentimos perseguidos, criminalizados, psicológica y emocionalmente decaídos”, explicó a este diario el joven que pidió omitir su nombre, y agregó que tienen miedo a salir de sus casas y que sus familias “están fuertemente afectadas provocando incluso complicaciones a su salud, puesto que observar sujetos encapuchados y armados entrar a nuestras residencias fue un impacto total y destructivo a nuestra integridad”.

La desinformación y la propaganda de terror en contra de la movilización, crecen cada hora. Ayer se supo, en videos circulados en redes sociales, que cientos de militares se desplazaban en camiones hacia Bogotá. Esto tras la orden de acuartelamiento que dio el comando de las Fuerzas MIlitares para contener, dicen las amenazas de orden público por el paro. En los medios comerciales y en cadenas falsas de whatsapp, se recomienda a los ciudadanos no salir durante esta fecha. Sin embargo, importantes sectores y personalidades defienden el derecho a la protesta e invitan a movilizarse pues también están inconformes con las propuesta a futuro de Duque que beneficiarían solo a los más poderosos empresarios, y también con la realidad presente: violación de derechos humanos, guerras por los cultivos de coca, incumplimientos en el Acuerdo de Paz, impunidad en casos de corrupción como Odebrecht y aumento de precios de alimentos y desempleo.

De acuerdo con la Revista Semana, más allá de las razones del paro, “ese día planteará una prueba ácida para el gobierno porque medirá la temperatura social del país con solo año y medio de mandato”. En medio del clima creciente de estigmatización y criminalización de una protesta que aún no ocurre, los ánimos y emociones crecen generando que el paro nacional sea tema de conversación en todos los espacios. En Medellín, en colegios decidieron cancelar clases, mientras en muchas empresas de Bogotá dieron el día a sus empleados para salir a marchar o trabajar desde casa.

Según Wiston Gallego, los allanamientos de ayer “están orientados desde la misma Fiscalía antiterrorista para las tres principales capitales. Y las incautaciones son ridículas: témperas, pinceles, como se puede observar en los noticieros nacionales”:

PagínaI12 consultó a la Fiscalía de Medellín y la Secretaría de Seguridad de la Alcaldía para confirmar el allamiento e incautación de libros a tres estudiantes de Medellín, y ambas entidades dijeron no tener información. Sin embargo, la Corporación Jurídica Libertad confirmó los hechos así como un allanamiento más en la sede del sindicato de maestros (Adida) que no tendría que ver con el paro pero que por realizarse horas antes de la movilización podría tener como fin causar temor entre los manifestantes. En Medellín, el comandante de la Meval dijo que hicieron 5 allanamientos, en vez de los 3 que tiene conocimiento la Corporación Jurídica Libertad, y que encontraron elementos que no son de uso ilegal como botas y material publicitario de la marcha pero “no son elementos terroristas”.

Por su parte la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que realizó este martes  más de 27 diligencias judiciales y allanamientos, en conjunto con la Fiscalía con el fin de, según ellos, encontrar a los encapuchados que cometieron “vandalismo y terrorismo” en protestas pasadas.

PáginaI12 confirmó que algunos de los afectados fueron jóvenes artistas de la capital que realizaron un mural con las cifras de más de 5 falsos positivos (ejecuciones extrajudiciales) cometidas por el Ejército y que incluyeron el nombre de altos oficiales; éste fue borrado y censurado, y luego replicado en otras capitales. El colectivo “PUro Veneno” y “Cartel Urbano” habrían sido allanados con orden judicial sin capturas “como parte de la estrategia de terror de Duque”, según dijo una fuente cercana a la organización a este diario. 

En Bogotá fueron incautados objetos de venta y circulación legal como latas de aerosol, pintura,, overoles, líquidos, pañoletas, carteles, y camisetas. Para Gallego, todo esto busca “una afectación directa entre los organizadores del paro”. Sin embargo, las voces que invitan a manifestarse pacífica y masivamente van más allá de los sectores organizados y la oposición a Duque. El cantante Carlos Vives, la Iglesia Católica, gremios económicos liderados por Bruce Mac Master, y hasta la recién elegida reina de la belleza de Colombia, han invitado a salir a las calles a expresar el rechazo a las propuestas de Duque. El llamado, insisten todos y todas, es a realizarlo sin violencia.

Por Katalina Vásquez Guzmán

Desde Medellín

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