Protestas antigubernamentales en Bogotá, Colombia, el 20 de julio de 2021.Santiago Mesa / Reuters

El ministro de Defensa colombiano Diego Molano precisó que se llevaron a cabo 34 operaciones en 18 ciudades del país.

La Policía Nacional de Colombia ha capturado a 134 miembros de la llamada 'primera línea' de las manifestaciones antigubernamentales, por supuestos actos de violencia y vandalismo, informó este domingo el ministro de Defensa colombiano, Diego Molano.

El titular de la cartera señaló que se llevaron a cabo 34 operaciones en 18 ciudades del país dando como resultado la detención de personas que han protagonizado algunas de las acciones delictivas de las últimas semanas. "Mantenemos acciones por una democracia segura", apuntó el ministro.

Bogotá, Cali y Soacha son las ciudades donde se realizaron la mayor cantidad de aprehensiones, todas con orden judicial, según la Fiscalía. Algunos de los delitos que se les imputan son vandalismo, bloqueos de vías, atentado contra la autoridad y la propiedad.

Los últimos arrestos se producen pocos días después de que la Policía colombiana detuviera a otras 12 personas, también de la 'primera línea', por posesión de materiales explosivos con los que supuestamente pretendían atentar contra las fuerzas de seguridad.

La denominación de 'primera línea' se ha atribuido al grupo de jóvenes que se ha colocado al frente de las manifestaciones contra del Gobierno en Colombia, usando por lo general escudos de fabricación casera y máscaras antigás. Los integrantes, según sostienen, buscan defenderse de las agresiones de los uniformados.

Sin embargo, las autoridades consideran que comenten actos delictivos con el financiamiento del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC, por lo que el presidente Iván Duque ha defendido su captura y judicialización.

Por otro lado, el tema de la violencia policial contra los manifestantes adquirió mayor relevancia internacional luego de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que recomendó en su informe separar al Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) del Ministerio de Defensa, en vista de las denuncias de "graves violaciones a los derechos humanos" en el contexto de las manifestaciones.

Publicado: 26 jul 2021 04:03 GMT

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Las semillas de la emancipación están intactas

Las juventudes protagonistas de la revuelta colombiana, en particular las que generaron 25 “puntos de resistencia” en la ciudad de Cali, espacios auto-controlados de libertad y resistencia a la represión, provienen de los sectores populares más afectados por el neoliberalismo.

Estamos ante generaciones que han sufrido décadas de bloqueo de sus vidas: desde un no futuro instalado al calor de la desindustrialización que vive la ciudad desde hace tres décadas, hasta la humillación racista empuñada por las clases medias, la discriminación por color de piel, la criminalización de la pobreza y la represión de sus manifestaciones culturales y espacios sociales.

Por eso llama la atención que estas jóvenas y jóvenes hayan sido capaces de poner en pie una enorme variedad de iniciativas, desde bibliotecas populares en locales policiales tomados hasta el ya célebre anti-monumento “Resiste”, pasando por espacios de alimentación, de salud y deporte, además de mantener debates abiertos con la comunidad sobre el tipo de sociedad que sueñan.

En diálogo permanente con el periodista Felipe Martínez, del medio Desdeabajo, aparecen algunas características de estas juventudes que resultan notables: “Jóvenes universitarios, de barras de fútbol antes enfrentadas, pandilleros y delincuentes que estuvieron en la cárcel, gente que ha vivido la exclusión y la pobreza y que ahora conviven en las barricadas y en los puntos de resistencia”.

Lo que el sistema se empeña en separar para dividir, durante la revuelta se convierte en comunidad de vínculos solidarios. Felipe asegura que en los espacios de resistencia se dice una y otra vez: “aquí nadie manda, nadie está por encima de nadie”. En su opinión, se trata de “una experiencia zapatista en la ciudad”, en la que pueden observarse cocinas comunitarias, el centro médico, la biblioteca popular y “vecinos muy tranquilos con la presencia de los jóvenes”, porque controlan robos y ofrecen una seguridad inexistente cuando ellos no están.

La convivencia entre la comunidad de vecinos y los jóvenes se ha vuelto tan profunda, que “la comunidad les avisa cuando viene la policía y los vecinos abren las puertas de sus casas para que los jóvenes se bañen y puedan comer”. Un tipo de vínculos que antes de la revuelta eran, literalmente, imposibles.

Más aún, en Puerto Resistencia, un sector muy pobre de la comunidad “salió con banderas blancas a proteger a los jóvenes que los policías estaban matando”, en lo que define como “una comunidad defendiéndose unos a otros”.

Lo más notable es la construcción material y simbólica de lo nuevo. En las asambleas multitudinarias “empezaban a plantear discusiones muy profundas”, sin necesidad de caudillos y de dirigentes. En los puntos de resistencia no hubo vanguardias ni fueron necesarias, entre otras razones porque las y los jóvenes se muestran cansadas y desconfiadas con la política tradicional, sea de derecha o de izquierda.

En la revuelta colombiana estuvieron ausentes, comenta Felipe, los movimientos sociales, que podrían haber aportado acompañamiento sin pretender dirigir, algo que sólo la Guardia Indígena nasa supo hacer, llegando por miles a Cali para proteger y cuidar colectivamente.

Sin embargo, durante semanas funcionó una democracia asamblearia multitudinaria, diversa, capaz de afrontar los conflictos internos sin apelar a los viejos modos de “mandar mandando”.

Algunas reflexiones se imponen. Los sectores populares necesitan espacios en los que puedan dialogar unos con otras en relación de igualdad y horizontalidad, donde desplegar sus iniciativas, crear comunidad para enfrentar la dramática situación que viven. Lo realizado nos indica que la posibilidad de construir mundos nuevos está intacta, que las semillas de la emancipación siguen vivas, sólo necesitan el espacio-tiempo para desplegarse, ese que el sistema les niega por las bravas en todo momento y en cualquier rincón de esta sociedad.

Para que estos mundos nuevos florezcan no hacen faltan vanguardias, sino decenas, cientos de colectivos empeñados en abrir espacios para que sean habitados por la gente común, limitándose a acompañar sin imponer, debatir según los tiempos y modos de la cultura de abajo. Lo que hace falta es un nuevo tipo de activistas y de grupalidades, que no aspiren a dominar ni a subir, sino a servir.

Por Raúl Zibecfhi

12 julio 2021 0

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Los testimonios de Indepaz, Temblores y Paiis. Sobre la violencia estatal: Represión en el marco del Paro Nacional

“La violencia aparece donde
el poder está en peligro”.
Hannah Arendt, Sobre la violencia.

 

Con motivo de la visita realizada a Colombia por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las organizaciones no gubernamentales Indepaz, Temblores y Paiis, en conjunto con Canal 2 y los periodistas Felix de Bedout y Camila Zuluaga, convocaron el 8 de junio a rueda de prensa para presentar un detallado reporte sobre la efectiva violación por parte de la Policía de diversos derechos humanos fruto de su violenta arremetida contra quienes levantaron su voz de protesta en el marco del paro nacional convacado el 28A

En realidad la rueda de prensa, transformada en una conferencia, sirvió para que cada una de las organizaciones dedicadas al tema de los derechos humanos presentaran avances de sus investigaciones sobre prácticas desplegadas por la mal llamada “fuerza púlica” a la hora de su despliegue para proteger el orden establecido, todo ello en aras de plantearse escenarios de reparación y no repetición.
Desapariciones forzadas

De vieja práctica en Colombia, donde las cifras indican que más de (,,,,) personas la han padecido, y con ellas sus familias y amigos cercanos que sufren la zozobra del cuerpo insepulto, el no poder realizar el necesario duelo para despedir al ser querido, su ejecución no ha estado ausente a lo largo de las semanas que suma el paro.

Según Indepaz, y con corte al 28 de mayo, 346 manifestantes registran como desaparecidos/as. Cifra contraria a la informada por la Fiscalía General de la Nación que la sitúa en 129.

En cuanto al modus operandi para llevarlas a cabo, la retención ilegal, subpreticia y sin registro de quien es perseguido y capturado, es el paso inicial para ejecutarla; su detención sin dejar huella en las minutas de los centros de detención es el paso que le sigue, y la imposbilidad de ser asistido por abogado alguno es el paso que le sigue.

En ocasiones en que el detenido de manera ilegal sí queda registrado en alguna minuta, el tiempo que trascurre entre su transitoria desaparición y la certificación de estar deternido en uno u otro lugar, es suficiente para que la sometan a presión psicológica, por ejemplo, pero también a todo tipo de golpizas y, en no pocos caso, hasta a prácticas de tortura.

Amedrantar, humillar, desequilibrar psicologica y moralmente a la persona apresada, dejando en ella huella para que no se anima a continuar protestando son algunos de los propósitos de estas prácitcas, las cuales se extienden hasta por 72 horas, momento en el cual, al no existir cargos para mantenerla en prisión, es dejada en libertad. De ello dieron explicación quienes intervinieron a nombre de Temblores, Indepaz y Paiis en la ya mencionada rueda de prensa.

Temblores, por su pasrte, cifró en 2.387 los casos de violencia policial y en 43 los homicidios paadecidos por quienes alzaton su voz de protesta desde el inicio del paro nacional. En su análisis del despliegue violento distribyó y tipificó cada caso acorde a las circunstancias y naturaleza de los hechos, así: victimas con lesiones oculares, violencia sexual, retenciones arbitrarias, golpizas y la utilización inadecuada de implementos de dotación. En este último particular enfatizaron en el uso de “Venom”, un arma lanzacohetes múltiple de carácter “aturdidor” y efectos “no letales”, con capacidad, según sus fabricantes, para disipar multitudes, artefacto que hace su primera aparición en territorio latinoamericano, un arma de alta peligrosidad y de efecto incontralados sobre quienes padecen su ataque.

Por su potencia, esta arma de manufactura española, la han adquirido incluso potencias del armento como Estados Unidos e Israel. Según sus fabricantes, su potencia solo es aturdidora y cegadora, no obstante contar con un lanzador que puede enviar sobre sus objetivos 30 cartuchos al mismo tiempo, cada uno de ellos con una dirección IP “para ser disparado individualmente o en cualquier secuencia deseada”. El sistema informático de Venom permite que cada uno de los 30 cartuchos persiga objetivos diferentes, lo que indica que en realidad con su despliegue pretenden alcanzar objetivos más precisos, mucho más que simplemente aturdir o disolver aglomeraciones.


Ojos que no ven, corazón que resiste

Como una práctica generalizada en contra de la resistencia social, con balas de goma intencionalmente disparadas al rostro, efectivos del Esmad pretenden disuadir el clamor popular. Apuntan y disparan sin piedad alguna, saben de su propósito y de las consecuencias del mismo, y para ello los forman.

Es un proceder sistematizado por instituciones policiales en todo el mundo, hace parte de sus doctrinas y de qué y cómo hacer para proteger a los poderosos. Y de ello hay testimonio también en países como Chile, con un saldo de 405 impacatados, pero también en Francia, “excelencia democrática”, país en el que las lesiones en el rostro ya son un lugar común toda vez que hay protesta, y en el que se repotan a partir del 2017 y hasta el 2020, 43 impactados con perdida al menos de un vista.


Es un crimen de Estado ampliamente investigado y tipificado por la Ong Temblores, como consta más adelante.


Referencia a la dosis

En un claro escenario de “excesos” por parte de la “fuerza pública” en contra de los inconfomes que salen a las calles a ejercer sus derechos, dos temas fueron ejes centrales de la rueda de prensa:

1. La alta desconfianza que la ciudadanía tiene con las instituciones de todo orden. Es una conclusión a la cual llegan luego de atender desde años atrás el despliegue de la violencia estatal, y refrendada una vez en el curso del actual paro.

Para poder tramitar las comprobadas violaciones de los derechos fundamentales que padecen distintos actores de la sociedad civil, han desarrollado plataformas para que las victimas denuncien ante las autoridades oficiales y para que no sean revictimizadas. No obstante, resaltaron en uno de los momentos que tuvo la rueda de prensa, el gran obstáculo con que se han encontrado estos mecanismos ha sido el alto nivel de escepticismo de las victimas a la hora de entablar un proceso donde las puedan reparar pues, “no confían en las instituciones”.

2. La sistematicidad en el obrar violento de las Fuerzas Armadas. En su seguimiento a este tipo de violencia estatal, de momento Temblores concentra su foco en las lesiones oculares, las que ascienden a 65 en el corrrido del paro –con corte al 7 de junio– según las investigaciones expuestas en la rueda de prensa.

Disparan contra los ojos de quienes protestan, esa es la conclusión fundamental arrojada por el alto índice de personas amputadas de una de sus vistas; es un tiro que no es casual, ni obedece a que fue en dirección equivocada, no, todo indica que los agentes que disparan están entrenados para ello, actuan como si fueran francotiradores, capacitados en tiro de precisión y tras un claro propósito: generar terror en la población en general, infundir miedo en quien piense salir a protestar. Las consecuencias de este proceder son de alto impacto en la salud física y mental de quienes son así violentados, cuyos derechos fundamentales son claramente negados. Un actuar policivo y militar con propósitos similares a los pretendidos en confrontaciones militares con el uso de armas laser que, precisamente, tienen como propósito impactar la vista del enemigo, sin causar su muerte pero sí anulandolo para el combate. Un ejermplo de la “humanización” alcanzada por la guerra.

Ejes centrales de la reflexión que desembocan en conclusiones contundentes. Por un lado, el fuerte discurso de estigmatización de la movilización y resistencia social, el cual propicia y cobija estos excesos sádicos por parte de los uniformados estatales, tanto la “fuerza disponible” como los así especializados en su formación y enrolados en el Esmad.

Por el otro, ante la efectiva doctrina que los impegna y su actuar cotidiano como si fuera una fuerza de ocupación, la necesidad de una reforma estructural a la “fuerza pública”, un cuerpo que siempre se dice que está al servicio de la ciudadanía pero que cada vez que actúa deja la huella indeleble de ser un cuerpo al servicio del poder, para su protección, es decir, una fuerza que no tiene por fin la protección y defensa del conjunto social sino de los poderosos o, en otras, palabras, la Policía también tiene que ser desprivatizada.

La labor y las investigaciones de estas Ongs no finaliza aquí, con lo informado solo sientan un precedente clave para llamar la ateción del conjunto social, así como para tomar decisiones y garantizar, por un lado que la impunidad no se imponga y, al mismo tiempo, que se garantice una verdadera reparación a quienes son víctimas de la violencia del establecimiento.

De así lograrse, puede superarse la actual y profunda desconfianza que reina en la sociedad con respecto a la institucionalidad, la que de mantenerse rompe la necesaria cohesión que como país demanda la construcción de convivencia y el ejercicio real de la democracia, aquella que va más allá de elegir y ser elegidos.

https://desinformemonos.org/las-nuevas-armas-del-terror-policial/
https://www.youtube.com/watch?v=XtgsYldDQWE&t=3415s

 

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Publicado enEdición Nº281
Un hombre sujeta la bandera de Colombia en medio de los disturbios en el Paro Nacional (abril 2021). Oxi.Ap

Entre el 70% y el 75% de la ciudadanía apoya la continuidad de la movilización, a pesar de la pandemia y de la violencia policial

 

Desde el 21 de noviembre de 2019, se inició una revuelta generalizada en Colombia que ha desbordado el llamado a la movilización hecha por el Comité Nacional de Paro, CNP, integrado por 26 diferentes sectores gremiales, sindicales y sociales entre los que se cuenta salud, transporte, diversas centrales sindicalistas, organizaciones indígenas y afro, agrarias, estudiantiles, universidades, de mujeres y movimientos feministas y LGBTI, entre otros, y por más de 60 representantes de esos sectores. Para ese momento se concertó, con distintos sectores de la sociedad civil, un pliego de negociación que precedió al llamado de Paro Nacional 21 N y que cuenta con 104 puntos presentados ante el gobierno nacional. En los meses que sucedieron a esas primeras manifestaciones, el gobierno colombiano estableció unas mesas de diálogo infructuosas por sus propias maniobras de dilación, que han sido la constante en su manera de afrontar la crisis. 

La represión fue cruenta y dejó muertos, personas detenidas y torturadas, personas con mutilaciones oculares, mujeres víctimas de violencia sexual e intentos de desaparición. En marzo de 2020, sobrevino el estricto confinamiento a raíz de la pandemia, por lo que las grandes movilizaciones empezaron enfriarse. Sin embargo, las muy difíciles condiciones de subsistencia de millones de personas durante el confinamiento activaron movilizaciones en distintos lugares del país y, en particular, en las ciudades. Así, se dio el llamado “movimiento de los trapos rojos”, consistente en que las personas que estaban pasando hambre colgaban un trapo rojo visible desde el exterior de su vivienda para llamar la atención sobre su situación. Por eso, a pesar del riesgo de contagio, por ejemplo en Bogotá, la gente convocó a ollas comunitarias en distintas localidades. 

Este estallido social tiene razones claras de fondo, tales como el incumplimiento de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC-EP, las masacres cometidas durante su puesta en marcha –según Indepaz, sólo entre 2020 y 2021 se presentaron 132 masacres, es decir el asesinato intencionado de 3 o más personas en un mismo hecho; en Bogotá, en una sola noche de protestas frente al abuso policial, se registraron 14 muertes a manos de ese cuerpo estatal–; el asesinato de más 900 líderes y lideresas sociales desde 2016, 838 feminicidios entre 2020 y 2021, además de incumplimientos por parte del gobierno nacional de acuerdos logrados después de los recientes paros en el puerto de Buenaventura, uno de los principales de la cuenca global del Pacífico y en las movilizaciones estudiantiles por la reforma a la educación. 

Todo esto y mucho más se sumó a las retrógradas reformas fiscal y a la salud propuestas por el gobierno, a los casos de corrupción, de narcopolítica que involucra a altos funcionarios del gobierno y al derroche presupuestal por parte del gobierno nacional y de muchos gobiernos regionales, principalmente en la compra de helicópteros, camionetas, armamento y hasta biblias para dotación de la policía.

En la actualidad, están en ciernes varias reformas del mismo corte como la reforma laboral, la reforma pensional, la reforma a la Procuraduría General de la Nación, que va en contravía de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que busca garantizar el equilibrio de poderes, sin el que es imposible hablar de democracia.

Ad portas de las elecciones presidenciales, que se celebrarán en mayo de 2022,  la ciudadanía expresa una bajísima confianza en la transparencia de la Registraduría Nacional del Estado Civil y del Consejo Nacional Electoral.  Al mismo tiempo, con claros fines electorales, ha sido desplegada una retórica generacional de exaltación a la juventud, usada tanto por la derecha como por candidatos de la oposición, una narrativa desmemoriada y ahistórica que pretende mostrar estas movilizaciones como revueltas juveniles, lo que desconoce el largo camino de las luchas sociales de ya más de cinco siglos, al tiempo que echa leña al fuego para que las y los jóvenes se enfrenten en las barricadas contra fuerzas letales policiales y paramilitares, con saldos lamentables de asesinatos marcados, como muestra un informe de CODHES, por una política racista estructural. Por otra parte, La violencia sexual que adereza estos momentos de movilización, en su gran mayoría crímenes cometidos por fuerzas policiales y ESMAD, da cuenta de una política estructural misógina, homofóbica, lesbofóbica y transfóbica herencia colonial sostenida por el Estado durante siglos. 

En medio de las movilizaciones, se presentó en el Senado una moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano, que no salió adelante porque fue rechazada por 69 congresistas del ala de derecha. Molano había autorizado un bombardeo en 2020, que dejó un saldo de más de diez niños muertos. Antes, había asegurado que esos “niños eran máquinas de guerra”. La realidad es que se trataba de niñas y niños víctimas de reclutamiento forzado por parte las disidencias de las FARC. Paradójicamente, el ministro Molano estuvo antes al frente del Instituto de Bienestar Familiar, institución encargada de las políticas de niñez y adolescencia en el país.  Hay que recordar su antecesor en el cargo, el ministro Botero, también autorizó un bombardeo sobre una zona dominada por las disidencias de las FARC, a sabiendas de que allí había niñas y niños: el saldo, 18 niños asesinados.

Por todo lo anterior, la reciente convocatoria de paro nacional por parte del CNP, para el 28 de abril de 2021 (28A), se vio una vez más desbordada.  A estas alturas, Colombia lleva más de 45 días de movilizaciones ininterrumpidas, a pesar de la aterradora represión y de la crisis de un sistema de salud colapsado en las principales ciudades, entre ellas Bogotá, que se vive por la pandemia, por el pico de contagios ya pronosticado para abril y mayo para toda la región y por los problemas estructurales del sistema de salud que arrastra el país.

Manifestaciones pacíficas

Las manifestaciones que estamos viviendo han sido masivamente pacíficas. En algunas ocasiones han acudido a vías de hecho como el corte de rutas, una acción legal no violenta comprendida dentro del derecho a la protesta, pero también ha habido algunas barricadas apostadas en ciudades como Cali, Bogotá, Pereira, Popayán y Pasto. Al mismo tiempo, se han presentado hechos de afectación a la infraestructura pública y privada, por parte de agentes que, según se puede ver en muchos videos que circulan ampliamente por redes sociales, al parecer son ocasionados por infiltrados en connivencia con las fuerzas policiales cuando no por policías vestidos de civil. Sin duda, la anomia que vivimos también da pie a que algunas personas o grupos de delincuencia común cometan algunos desmanes, pero esta, cabe aclarar, no es la nota predominante en este panorama de represión y comisión de crímenes de estado. 

El presidente y varios funcionarios sostienen que detrás de esos actos estarían grupos armados al margen de la ley, pero hasta el momento no hay ninguna investigación clara que confirme esa hipótesis. Desde allí, se ha establecido la narrativa de que quienes protestan son vándalos, representación que ha sido contrarrestada con sarcasmo e información por las personas que permanecen movilizadas desde las redes sociales. Según medios de tendencia no muy independiente frente al gobierno, como W Radio y El Espectador, entre el 70% y el 75% de la ciudadanía apoya la continuidad de la movilización social.

Por si no fuera suficiente, hemos visto cómo, principalmente en Cali y en Pereira, hombres de civil, acompañados por la policía, han arremetido contra manifestantes haciendo uso de armas de fuego de largo alcance o de, aparentemente, armas “no letales” que, al ser usadas contra personas, pueden resultar letales. Estamos presenciado una paramilitarización del conflicto social sin precedentes, pues imágenes de la connivencia entre fuerzas armadas estatales y civiles armados están siendo grabadas y transmitidas en vivo. El trabajo de la ciudadanía documentando, mediante videos y audios, lo que está sucediendo, no solo ayuda a romper el cerco mediático impuesto por unos medios de comunicación en su mayoría amañados por intereses gubernamentales o particulares, sino que saca a la luz cómo ha sido el accionar paramilitar en nuestro país, durante décadas. 

Para la coyuntura iniciada el 28 de abril, el CNP presentó ante el gobierno, dadas las condiciones de salud pública y políticas que vive el país, un pliego de emergencia con 6 puntos, documento que no elimina el anterior de 104 puntos, cuyas demandas siguen vigentes. Por otra parte, ante la respuesta del gobierno nacional, claramente represiva y desmedida en el uso de la fuerza, el CNP presentó, el 16 de mayo, otro pliego de garantías para poder instalar las mesas de negociación. Este fue ampliamente discutido con representantes y asesores del gobierno y se llegó a un preacuerdo que fue después rechazado casi en su totalidad por el gobierno nacional.

Mesas de diálogo

Dado que no existen garantías, ni el gobierno nacional ni el CNP consideran viable instalar mesas de diálogo sobre los puntos estructurales que han conducido a este estallido social. El gobierno exige que no haya cortes de ruta mientras el CNP pide garantías mínimas para ejercer el derecho a la protesta. El CNP, después de la dilación en las negociaciones, propone una pausa en las manifestaciones, sin olvidar que el 20 de junio de este año se cumplen dos años de presentación del pliego de negociación de 104 puntos. El CNP además propone una campaña pedagógica y de comunicación en 38 regionales del CNP, que propenda por la unidad con sectores que hasta ahora no se han sentido representados en este cuerpo social. 

El paro nacional y el estallido social continúan en medio de un escalamiento de la represión y de una degradación del conflicto, provocada por la anomia impuesta por el gobierno por vías de la militarización del país y en una clara apuesta por desestabilizar aún más la ya débil democracia institucional colombiana. Por ejemplo, el Decreto 575 del 28 de mayo de 2021, ya recurrido por inconstitucionalidad, impone un estado de excepción de hecho, lo que, en términos prácticos, representa una ruptura del equilibrio de poderes necesarios para una democracia. 

A estas alturas, hay una controversia por las cifras que arrojan los más de 45 días de paro: según la ONG Temblores, hasta el 8 de junio se han presentado 3.789 casos de violencia policial, 1.248 casos de violencia policial física, 45 casos de homicidio y 28 en estado de verificación, 187 casos de disparos de armas de fuego por parte de la policía,  25 casos violencia sexual por parte de fuerzas policiales, incluidos dentro de los más de 106 reportes de violencia de género contra personas LGBTI y mujeres a manos de la policía, según cifras de la Defensoría del Pueblo; 1.649 detenciones arbitrarias, amenazas, allanamientos ilegales, 65 victimas de mutilaciones oculares, que hemos visto como un accionar sistemático de fuerzas represivas en todo el mundo, y cientos de desapariciones, cifra que fluctúa a medida que se resuelven como homicidios o detenciones arbitrarias. Como es de esperar, el gobierno muestra cifras muy inferiores a las que varias ONG han logrado consolidar.

Además de todo lo anterior, se han presentado ataques por parte de la fuerza pública a las misiones médicas, campañas de desprestigio contra la protesta, el CNP y políticos de la oposición por parte del gobierno, así como gasto en propaganda gubernamental, como el sonado caso de la auto entrevista en inglés, pagada por la presidencia de Iván Duque.

Por otra parte, la postura de la alcaldesa de Bogotá, el segundo cargo político más importante del país, de quien se esperaba un gobierno liberal moderado, ha sido contraria a las garantías del derecho a la protesta. En varias ocasiones, ha estigmatizado públicamente las manifestaciones, un talante que se le ha visto también con declaraciones xenófobas, en particular contra venezolanas y venezolanos. Se esperaba de ella un contrapeso a las necropolíticas del gobierno nacional.

Por estos días, luego de la dilación y reticencia por parte del gobierno nacional, se llevó a cabo la visita de la CIDH, precedida por una serie de denuncias por parte de ONG y redes como Human Rights Watch, Temblores, Indepaz, Sisma Mujer y Campaña por la Libertad: un asunto de todas, entre otras. Estas denuncias muestran el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía y la militarización escalonada como respuesta a las manifestaciones.

Además de la caída o aplazamiento de las reformas fiscal y de la salud logradas durante los primeros días de movilización, el gobierno, en el marco de la visita de la CIDH solicitada con urgencia por miles de ciudadanos,  anunció una reforma de la policía, cuya única medida conocida es el cambio de color del uniforme de estas fuerzas. Sin embargo, poco o nada se ha dicho sobre tres puntos fundamentales: doctrina, adscripción de la policía al sector defensa y asignación de la jurisdicción penal militar de los casos de abuso sistemático por parte de policías y ESMAD. 

La protesta que transcurre en Colombia ha tenido diversas formas de participación que dan cuenta del talante de la ciudadanía y de la necesidad de resistir la represión estatal: primeras líneas jurídicas, informáticas, de madres, ollas comunitarias, iniciativa musical “el paro suena” y miles de corte artístico y cultural, aulas abiertas, universidad al barrio, clase a la calle, preicfes popular, juicio simbólico y derribamiento de monumentos de colonizadores europeos, hallados culpables de genocidio y violación, y retirada colectiva de estos monumentos que busca la sanación espiritual del territorio por parte de la Minga indígena y el pueblo Misak, acciones en algunos casos acompañadas por algunas organizaciones de mujeres.

Durante el estallido social y el paro podemos ver cómo continúa la integración de agendas políticas y sociales de diversos sectores, así como el liderazgo de la Minga indígena, de las organizaciones afro del Cauca, Valle del Cauca y del país, de organizaciones feministas y de mujeres, ambientalistas, LGBTI y de trabajadoras y trabajadores que buscan “cambiarlo todo” para poder vivir, no sólo una paz negativa, sino una paz con justicia social en Colombia.

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Por Camila Esguerra Muelle, investigadora GIEG, Universidad Nacional de Colombia.

 21/06/2021

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Bachelet condena la violencia en las manifestaciones de Colombia y pide "tolerancia cero" a los abusos policiales

La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos solicitó a la administración de Iván Duque la "plena aplicación del Acuerdo de Paz" de 2016.

La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó este lunes su preocupación por la violencia policial en el marco de la protesta social en Colombia, a la vez que instó al Estado a cumplir los compromisos adoptados en el Acuerdo de Paz de 2016, ya que, a su juicio, su correcta implementación podría ayudar a resolver el conflicto actual. 

En el marco del 47° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, Bachelet condenó "todas las formas de violencia" registradas por la entidad en el contexto de las manifestaciones, incluyendo 56 muertes —54 civiles y dos policías— y 49 casos de víctimas de violencia sexual.  

"Mi Oficina ha expresado su profunda preocupación por las denuncias de graves violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado", dijo Bachelet al presentar su reporte ante el Consejo de la ONU. 

Desde el 28 de abril que iniciaron las protestas sociales en Colombia, se han registrado denuncias de múltiples violaciones a los derechos humanos cometidas por integrantes de la Policía Nacional y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), en contra de manifestantes. 

Además, la alta comisionada afirmó que se encuentran documentando los abusos cometidos por "agentes no estatales", en referencia a las agresiones y asesinatos en contra de manifestantes por parte de civiles armados que se infiltran en las protestas, con la presunta complicidad de la Policía. 

"Mi Oficina condena todas las formas de violencia, pide el pleno respeto del derecho de reunión pacífica y alienta el diálogo para resolver la crisis", aseveró Bachelet. 

En medio de las fuertes críticas por el actuar de las instituciones de seguridad, el Gobierno de Duque presentará en julio el 'Proyecto de Ley de Estatuto Disciplinario Policial', el cual contemplará un sistema de seguimiento de denuncias contra autoridades y modificaciones respecto al "uso legal y legítimo de la fuerza". 

Al respecto, Bachelet expresó su aval a la implementación de una política de tolerancia cero para los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad. En este contexto, la Alta Comisionada instó al Gobierno de Duque a garantizar investigaciones rápidas, efectivas e independientes en estos casos, para que "los responsables rindan cuentas"

Acuerdo con las FARC

Durante su discurso, Bachelet hizo referencia al Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), firmado en 2016 como una respuesta al histórico conflicto en el país suramericano. 

"La plena aplicación del Acuerdo de Paz, incluido el apoyo al histórico proceso de justicia transicional, sigue siendo fundamental en respuesta a los disturbios actuales", afirmó la alta comisionada.

Desde el 1 de enero de 2021, 77 líderes y defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia. Asimismo, en lo que va de este año, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) tiene un registro de 26 asesinatos o desapariciones de exguerrilleros que firmaron el Acuerdo de Paz. 

"El cumplimiento de estas promesas vitales al pueblo de Colombia contribuirá a abordar las causas fundamentales [de la protesta social] y a aumentar la confianza pública en las autoridades", dijo Bachelet. 

Violencia en México

Durante el 47° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, Bachelet también expresó su preocupación por el violento periodo electoral que vivió México desde septiembre de 2020 hasta los comicios intermedios del pasado 6 de junio de 2021. 

"Me alarmó el alto nivel de violencia política en el contexto electoral", dijo Bachelet, tras conocerse que al menos 91 políticos fueron asesinados, entre los cuales se encontraban 36 candidatos a algún cargo popular.

"Los partidos políticos de todo el espectro se vieron afectados y las mujeres enfrentaron violencia de género, incluida la violencia sexual y campañas de difamación", afirmó la alta comisionada.

Publicado: 21 jun 2021 19:37 GMT

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“Resiste”, el monumento construido por la resistencia en Cali

Lo que empezó como un sueño se hizo realidad. En víspera de cincuenta días de paro nacional, la comunidad de Puerto resistencia, su creadora, con abierta y desbordante alegría inauguró el monumento “Resiste”.

 

Similar a como ha sido su tenacidad para resistir la andanada criminal del establecimiento, logrando mantener el control de su territorio más allá de lo imaginado, la numerosa y vistuosa concurrencia comunitaria lo llenaba todo. No ocultaban su alegría ni su identidad con lo que está sucediendo, y no es para menos.

Al llegar al punto de la inauguración, si se entra por la calle 27, lo primero con que se encontraba quien pretendía ingresar al espacio designado para la celebración, era un carro incendiado con el que obstruían la vía. Varios manifestantes con boquitoquis coordinaban la logística; “motos a la izquierda, no se cobra parqueadero”, decía uno de ellos.

 

 

Unas cuadras más adelante, a la altura de la autopista Simón Bolívar,se veían miles de personas con banderas de Colombia yotros miles con capuchas que cubrían su rostro. A lo lejos, sobre una tarima,desprendía su sonido el cacerolazo sinfónico; a su lado varias personas desmontaban los andamios de un monumento de 12 metros de alto, que retoma una mano que con varios escudos incrustados a su costado izquierdo, en la cima, agarra con los dedos la palabra “Resiste”.

 

 

 

En el cambuche donde la comunidad guarda las herramientas con las que construyó este monumento estaba Luis García*, metalmecánico del sector, que emocionado contó cómo nació la idea: “Una noche estaban cinco manifestantes que propusieron la construcción del monumento. Y entonces unos obreros fueron por material y cogieron unas varillas que estaban botadas en las estaciones del MIO, y empezaron la construcción, donde antes había 3 postes de 12 metros y donde se colocaban unas banderas. Se consiguieron los andamios, los soldadores y las pulidoras. La comunidad traía que palustres, que palas, que cemento y arena. También un señor donó las luces para iluminar el monumento en la noche. Con esto le demostramos al Gobierno que sí podemos y el Gobierno enojado porque le dimos un ejemplo, lo que hacen los pobres, que la unión hace la fuerza”.

La celebración es inmensa, mucho alboroto y alegría. Miles cantaban la conocida arenga “el que no salte es tombo”. A su vez, con una mano agarrada a una cinta amarilla para que no se pasaran personas y obstruyeran el desmonte de los andamios, estaba Valentina Quintero, con un casco blanco que a su costado derecho tenía pintada la palabra: arte.

Ella colaboró en el monumento haciendo las raíces de la mano y después pintando los escudos y las caras de varios manifestantes caídos, como Nicolás Guerrero, Luis Eduardo López y Elkin Fernández, oAngie Johana Valencia, la mujer que falleció en Calipso impactada por la bala de un fusil. “El monumento significa que empezamos desde abajo y vamos creciendo desde la noche y arriba, cuando termina el día, encontramos nuestra palabra “Resiste”. Y, para mí, la resistencia es victoria”, contó emocionada la joven, que en cuanto podía también saltaba y gritaba las demás arengas que miles de personas entonaban.

 

En el monumento, amarrado con lazos a las varillas del andamio y ayudando a desmontarlos, se veía a un joven con una pantaloneta del equipo América de Cali. Su nombre es Jefferson, y dice que su participación en la construcción del monumento fue desde el primer día en que el pueblo tomó la decisión de resistir y de reconocerse.

“La idea de su creación vino, sin querer distorsionarla, porque unos compañeros vieron una piedra con sangre. La idea del puño no es solamente de resistir sino de aguantar y de recuperar lo que es el amor. Un puño cerrado, es un corazón. Todos los temas son importantes, pero con hambre no trabaja nadie. Entonces, dibujé sobre las madres ancestrales que salieron a sacar su olla, su sancocho y su sazón acá en Puerto resistencia. Creo que fueron 19 días de construcción y fueron días muy corticos mano, porque hubo mucho amor. Pero si este monumento lo hubiera hecho el Estado se hubieran demorado 2 o 3 años y lo dejan iniciado”, expresó el artistadespués de terminar de desmontar los andamios, con una cerveza en la mano.

 

 

Varias intervenciones artísticas se presentaron a lo largo de la celebración. Personas de provenientes desde los otros veinte puntos de bloqueos de la ciudad estuvieron presentes en la inauguración, que terminó con juegos pirotécnicos. El monumento “Resiste”,propicia identidad y fortalece, valora lo realizado y logrado estas semanas de intensa lucha, y estimula a las personas de la ciudad de Cali en el propósito de mantener el Paro, que por falta de negociaciones y acuerdos serios por parte del gobierno parece prolongarse.

Vea la galería de fotos que el equipo desde abajo tomó de esta inauguración.

       

 

       

 

      

 

    

 

 

*Nombre cambiado a petición de la fuente.

Escrito y fotografías: Sebastián Navarrete Aldana.

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Martes, 15 Junio 2021 06:18

Hoy recibí una carta

Hoy recibí una carta

Un compañero que vive en Cali, muy cerca de Puerto Resistencia, un suburbio de la ciudad colombiana que desde hace un mes se ha convertido en uno de los 25 “puntos de resistencia”, relata lo sucedido en algunas asambleas1. El relato dice:

“Me gustaría compartir una anécdota que me parece hermosa. En la Primera Línea de defensa, en Puerto Resistencia, hay un niño mudo, que ni siquiera sabe el lenguaje de señas para comunicarse. Sin embargo, ese niño es tratado en pie de igualdad por todos los demás, tanto es así que -en dos de las asambleas que se realizaron- fue invitado a «hablar». Sí, le entregaron el micrófono para que dijera «lo que podía y debía decir». Ciertamente no era una forma de burlarse de él sino de decir que en Puerto Resistencia todos pueden hablar. Todos, incluso aquellos que literalmente no tienen voz. De la misma manera, entonces, en ese espacio, hay que escuchar a todos”.

Mirar el mundo con las y los de abajo supone partir de los pequeños hechos de la vida cotidiana, esos que normalmente no aparecen en los grandes medios de comunicación, pero que son el alimento espiritual de la gente común y el cimiento de la vida comunitaria.

Así es como podemos componer un cuadro de los sectores populares. Un cuadro de conjunto que surge de la combinación de retratos de esa cotidianeidad, un tapiz tejido con muy diversas hebras y colores.

El objetivo es comprender y mostrar la heterogeneidad de la vida real, la vida que rechaza la homogeneización que sirve al sistema capitalista. Ese sistema necesita convertirnos a todos en consumidores de los mismos productos, para que todos vivamos en los espacios iguales.

El capitalismo, en general, se entiende como un modo de producción, una economía que produce bienes. Esta, sin embargo, es una mirada de arriba, que no hace centro en las personas. Si miramos desde abajo, lo que vemos es una enorme diversidad que es aplastada -en cada minuto y en cada parte del mundo- por un sistema que necesita homogeneidad, para destruir la diversidad de la vida y convertirnos en consumidores.

El compa que me escribió desde Cali relata una historia similar a la que viven los pueblos originarios y, en particular, a las que aparecen en los relatos zapatistas.

Los zapatistas nunca comienzan hablando de economía, bolsas de valores, multinacionales, sino con los pequeños acontecimientos de la vida diaria, como las historias del viejo Antonio o las de la niña Defensa Zapatista. Es el modo como la gente entiende la vida, a partir de las pequeñas cosas que nos afectan e involucran.

¿Podemos mirar la vida, el mundo, con los ojos de ese chico mudo que participa en las barricadas de Puerto Resistencia?

El punto es si somos capaces de sentir como siente ese niño mudo; de aceptar que pueda ocupar el centro de la asamblea, desplazando a quienes emiten un discurso racional, ordenado, “político”.

¿Podemos, como activistas de izquierda, imaginar que un niño mudo puede ser sujeto político? Que aunque no habla con la voz, lo hace con el enorme gesto de estar allí, en la barricada, junto a sus pares, poniendo el cuerpo, arriesgando la vida. Para eso, como sabemos, sólo hace falta dignidad, no un programa máximo y otro mínimo.

Si podemos compartir espacios y tiempos con el niño mudo, entonces sí, podemos cambiar el mundo. Podemos construir un mundo nuevo. Porque hemos logrado estar a la altura de un niño mudo (o una mujer que ha sufrido violencia, o cualquier otra persona que el sistema condena por diferente, porque no puede tomar el poder) es porque nosotros ya somos parte de lo nuevo, porque ya estamos caminando con otros pasos.

El nuevo mundo no es la sociedad perfecta, el paraíso al que algún día llegaremos, después de tantos sacrificios. Es una forma de caminar por el mundo, con pies de niña y sonrisas. El nuevo mundo comienza el día en que merecemos sentirnos migrantes, ancianos, niñas, el día que tenemos el honor de volvernos mudos en una asamblea.

1 Se trata de un correo de Alejandro Sánchez Guevara, a quien conocí en uno de mis viajes.

14 junio 2021

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Informe presentado por el Comité Nacional de Paro a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Agradecemos la decisión de la CIDH de realizar esta visita a Colombia como respuesta a la solicitud de miles de organizaciones y personas y de la insistencia de la comunidad internacional.


El Comité Nacional de Paro presentó el 16 de mayo unas exigencias de garantías para ejercer la protesta, y entre ellas incluyó la exigencia al gobierno nacional de que diera anuncia al pedido de la CIDH, en los siguientes términos: “Que el gobierno nacional acepte de inmediato el pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para realizar una visita de trabajo en Colombia para observar en terreno la situación de derechos humanos en el entorno de las protestas sociales que dieron inicio el 28 de abril. Y acepte el pedido de visita de los siguientes relatores especiales de naciones unidas: derecho de protesta, libertad de expresión, violencia contra las mujeres, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, defensores de derechos humanos y tortura”.


El Comité Nacional de Paro fue constituido en el año 2019 y actualmente está integrado por sectores sociales del orden nacional (organizaciones sindicales, indígenas, campesinas, ambientales, estudiantiles, mujeres, educadores, salud, derechos humanaos, cooperativas, pensionados, periodistas alternativos, productores agropecuarios, pescadores, mineros, lgtbi, cultivadores de coca, arte y cultura, recicladores, padres de familia, transportadores, etc.), 28 comités departamentales de paro y unos 350 comités municipales de paro.


Queremos presentar este informe donde incluimos una sustentación de las razones del Paro Nacional iniciado el pasado 28 de abril, las garantías para la protesta que hemos exigido al gobierno y sobre las cuales el gobierno nacional no ha tenido la voluntad de adoptar, las consecuencias de esta falta de garantías, y unas solicitudes concretas con las que pensamos podemos mejorar las condiciones para ejercer los derechos de reunión y manifestación pública.


1- Los antecedentes y razones del Paro Nacional

a- El Acuerdo de paz como impulsor de la participación ciudadana en Colombia.

La firma del acuerdo final de paz entre el Estado Colombiano y la antigua insurgencia de las FARC EP en el año 2016 ha tenido como una de sus consecuencias políticas positivas la generación de un proceso creciente de ampliación y masificación de la participación ciudadana y la protesta social, expresado entre otras cosas en muy significativa votación de la consulta ciudadana contra la corrupción en agosto del 2018, las inmensas movilizaciones estudiantiles e indígenas de los últimos años, el paro nacional del 21 de noviembre de 2019 y el actual paro nacional, estos últimos dos, los más grandes
en las últimas décadas en Colombia. De hecho, según la base de datos de “luchas sociales en Colombia” del CINEP Colombia se presentaron 12775 jornadas de protesta entre 2016 y 2019, teniendo como principales motivos 2“el incumplimiento de pactos, la exigencia de derechos y las motivaciones políticas.”
 
b- El pliego de 2019 presentado por el Comité Nacional de Paro (ver anexo)

En medio de las masivas movilizaciones del Paro Nacional iniciado en noviembre de 2019 en defensa de la vida, la paz y en contra de las medidas económicas regresivas del Gobierno de Iván Duque, posibilitó la ampliación y fortalecimiento del Comité Nacional de Paro y la construcción de un pliego nacional que recogió en buena medida las diversas aspiraciones, demandas y reclamos de los diversos sectores de la ciudadanía que se movilizaron durante dichas jornadas, este pliego de ciento cuatro puntos en buena medida se puede sintetizar en cuatro grandes bloques:


● Implementación del acuerdo de paz y garantías para la vida: el pliego recoge medidas concretas y específicas contenidas en el acuerdo final de paz y que, aunque son obligaciones estatales no han sido impulsadas o implementadas cabalmente por el Gobierno de Iván Duque, muchas de ellas directamente relacionadas con la creación de mecanismos que permitan frenar el asesinato sistemático de líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes en proceso de reincorporación.

● Cumplimiento de acuerdos anteriores con sectores del movimiento social, popular, étnico y comunitario: producto de proceso de movilización social de años anteriores se alcanzaron diversos acuerdos entre sectores del movimiento social, popular, étnico y comunitario con el gobierno nacional, los cuales, a pesar de estar contenidos en distintos mecanismos normativos como políticas públicas, leyes y decretos han sido incumplidos en su inmensa mayoría

● Medidas de Política social: la movilización del año 2019 tuvo origen en buena medida por un fuerte paquete legislativo impulsado por el gobierno nacional y su coalición al interior del Congreso de la República, paquete que incluye entre otras medidas de mayor flexibilización laboral, afectaciones serias al régimen pensional y de seguridad social en el país, por tanto el pliego nacional recoge la exigencia de su no aprobación y la de la construcción de medidas de política social progresivas y de carácter garantista.

● Nuevas demandas ciudadanas: la sociedad colombiana al igual que buena parte de las sociedades contemporáneas vive un proceso de complejización de su ciudadanía, de sus aspiraciones y del entendimiento de sus derechos, proceso especialmente relacionado a la irrupción de nuevos entendimientos sobre el rol de las mujeres, los jóvenes y de la forma en la que debemos relacionarnos con la naturaleza, es por esto que en el pliego nacional se encuentra contenidos diversos reclamos y propuestas en relación a la forma en la que el Estado debe responder a dichas demandas ciudadanas.

c- Pliego Nacional de Emergencia por el cuidado de la vida, la salud y el empleo (ver anexo)

La pandemia del COVID 19 y el pésimo manejo sanitario, económico y social que le ha dado el Gobierno de Iván Duque ha traído como consecuencia la pérdida de la vida a más de noventa mil personas, siendo Colombia uno de los países en el mundo con más muertos por cada cien mil habitantes, la destrucción de millones de puestos de trabajo, la pérdida de ingresos de las personas que trabajan, la destrucción de pequeñas y medianas empresas, y la extensión del hambre y a un franco deterioro de la democracia por el manejo autoritario de la crisis.
Ante esta realidad el Comité Nacional de Paro le presentó en junio de 2020 al gobierno nacional un pliego social que busca cuidar la vida, la salud y el empleo llamado “pliego nacional de emergencia” con el que mediante seis medidas concretas se busca garantizar que todo colombiano pueda ser atendido integralmente, oportuna y dignamente frente al diagnóstico y atención de las diversas complicaciones de salud derivadas del COVID 19, una renta básica para millones de familias que hoy no pueden afrontar con dignidad y derechos la pandemia, medidas que detengan las violencias basadas en género que se han incrementado exponencialmente en el actual contexto, la gratuidad en la educación superior para que millones de jóvenes no se vean obligados a desertar el sistema educativo profundizando más la desigualdad en el país y medidas urgentes para proteger la producción agropecuaria y la producción nacional no sólo como un elemento central para conservar el empleo sino también para garantizar el abastecimiento de alimentos y bienes de primera necesidad para el país.

1 https://www.cinep.org.co/Home2/temas/programa-de-movimientos-sociales-derechos-humanos-e-interculturalidad/linea-de-movimientos-sociales-tierra-y-territorio/movilizaciones-cinep.html
2 https://www.cinep.org.co/Home2/movilizaciones-cinep-2016-2019

 

Informe completo (25 páginas)

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Evaluará la CIDH 584 quejas de abuso durante las protestas en Colombia

Bogotá. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) evaluará 584 presuntas violaciones de los derechos humanos durante las protestas en Colombia, la mayoría cometidas por elementos de la fuerza pública, informó ayer la Defensoría del Pueblo.

La oficina del ombudsman entregó a la CIDH un balance sobre la cruenta represión a las manifestaciones que estallaron el 28 de abril contra el gobierno de Iván Duque, en medio de una visita de la Comisión al país entre el 6 y 10 de junio.

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, aseguró que entre el 28 de abril y el 3 de junio recibió 417 quejas que dan cuenta de 584 violaciones a los derechos humanos, según la transcripción oficial de su declaración ante la CIDH.

"Del total de las quejas recibidas en el periodo de análisis, en 73 por ciento se refiere como presuntos responsables a miembros de la fuerza pública, y de ese total 98 por ciento son atribuidas a la Policía Nacional", indica el texto compartido a la prensa.

Según el jefe de la entidad, "las vulneraciones más graves se traducen en 58 presuntos casos de homicidio", de los cuales 45 ocurrieron en el departamento del Valle del Cauca, cuya capital es Cali.

El Comité Nacional del Paro señaló antier que al menos 77 personas han sido asesinadas presuntamente por elementos de la fuerza pública.

El estallido social comenzó contra un alza de impuestos promovida por el gobierno y desechada más tarde ante la presión de cientos de miles de personas que protestan en las calles. Las manifestaciones se mantienen a diario con jornadas más intensas que otras y violentos enfrentamientos entre civiles y la fuerza pública.

La policía está en la mira de la comunidad internacional que denuncia excesos y abusos contra los manifestantes.

La CIDH, con sede en Washington y adscrita a la Organización de los Estados Americanos (OEA), visitará Bogotá y Cali, las ciudades más golpeadas por crisis.

La Defensoría del Pueblo señaló además 113 actos de violencia de género y 3 mil 144 bloqueos en las vías que afectan el abastecimiento y el paso de misiones médicas.

La entidad recoge también información de la Fundación para la Libertad de Prensa sobre ataques a 233 periodistas, en los cuales "el agresor más recurrente es la fuerza pública, a quien se le atribuye 53.73 por ciento de los atropellos".

Los manifestantes exigen una reforma a la formación policiaca y un Estado más solidario para lidiar con los estragos económicos de la pandemia, que atraviesa su pico más letal en 15 meses de emergencia sanitaria.

El Comité Nacional del Paro, la organización más visible de los manifestantes, suspendió las conversaciones que mantenía con el gobierno desde principios de mayo y convocó a nuevas protestas para mañana.

Afp

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Colombia es innegociable para el Comando Sur

Ni el Pentágono ni la oligarquía van a ceder ante la calle y la sociedad colombianas, porque temen perderlo todo si dan medio paso al costado. Están dispuestos a provocar un baño de sangre antes que ceder, incluso van a hacer lo imposible por evitar una derrota electoral en mayo de 2022.

En el ajedrez geopolítico latinoamericano, el Caribe es el mare nostrum del imperio, allí donde no puede admitir ninguna oposición, ni naciones que salgan de su control. Ya se le escaparon dos, y no puede admitir una tercera, porque aceleraría su ya importante declive como superpotencia.

El más importante geoestratega estadunidense del siglo pasado, Nicholas Spykman, defendía una "América mediterránea" que incluye México, América Central y el Caribe, además de Colombia y Venezuela, que debe ser "una zona en que la supremacía de Estados Unidos no puede ser cuestionada", como señala en su obra America’s Strategy in Politics, citada por el brasileño José Luis Fiori (https://bit.ly/2Tvny5f).

Sin Colombia, la estrategia del Pentágono y del Comando Sur queda huérfana de puntos de apoyo, se desvanece. Colombia es el único país sudamericano que cuenta con salida al Pacífico y al Caribe, además de ser la bisagra para el control de las estratégicas regiones andina y amazónica.

La hipótesis con que debemos trabajar, es que Estados Unidos apoyará al gobierno de Iván Duque, más allá de alguna reprimenda menor por las ostensibles violaciones a los derechos humanos. Lo que está en juego es tan importante que se pueden pasar por alto los atropellos, del mismo modo que se hace la vista gorda ante la violencia israelí en la franja de Gaza o ante la brutalidad de la monarquía saudí en Yemen.

La oligarquía colombiana es la más rancia y vetusta del continente. Nació de la derrota del proyecto de Simón Bolívar en los albores de la nueva república, se afianzó a punta de bala y metralla, y tuvo dos momentos clave que explican su continuidad ante los avances populares.

El primero es el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948, quien era el muy probable vencedor en las elecciones de 1950. Fue un líder popular que ganó prestigio a raíz de su intervención en el debate sobre la masacre de las bananeras en 1928 y fue asesinado por la oligarquía y la CIA, dando inicio a la guerra civil entre liberales y conservadores que causó más de 300 mil muertos.

Con Gaitán muere toda esperanza de reforma agraria y de cambios en el dominio de la oligarquía terrateniente, que en ese periodo estaba siendo desplazada en Argentina por la rebelión obrera del 17 de octubre de 1945 y los gobiernos de Perón, y en Brasil por la gestión de Getulio Vargas. En otros países, como México y Bolivia, los terratenientes fueron desplazados por sendas revoluciones, mientras en Perú y Ecuador las reformas fueron encaradas por las fuerzas armadas en la década de 1960.

El segundo es conocido como Pacto de Chicoral. Fue la respuesta de los hacendados a la burguesía reformista colombiana y al presidente Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), que pretendía realizar una tibia reforma agraria inspirada en la Alianza para el Progreso, para modernizar el país y debilitar al movimiento obrero y campesino como parte del combate al comunismo.

El 9 de enero de 1972 políticos y empresarios firmaron el Pacto de Chicoral (por la población donde se realizó el encuentro), un gran acuerdo de las clases dominantes y el poder político para liquidar el reformismo agrario. De inmediato se produjo “la movilización de batallones del ejército, la militarización de regiones enteras, las detenciones masivas, las largas permanencias en la cárcel en medio de maltratos y la libertad de acción para las bandas de ‘pájaros’ de los terratenientes”*.

El uribismo es hijo de esta historia y aunque la DEA llegó a denunciar sus vínculos con el narcotráfico, el servicio que presta al imperio es infinitamente más valioso que los desvaríos de su principal aliado en Colombia. Los seguidores del ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010) controlan las instituciones judiciales y electorales, policiales y militares, como para perpetuarse en el poder mediante masacres y fraudes electorales sin más que alguna vaga declaración de laderos como Luis Almagro.

Por tanto, no aparece en el horizonte la posibilidad de cambios a nivel del Estado, ni por la vía electoral ni por ninguna otra, habida cuenta de la cohesión adquirida por la clase dominante que se muestra dispuesta a todo, sin fisuras, para seguir aferrada al poder.

Corresponde a los miles de jóvenes movilizados, decidir el rumbo de un paro que ya supera el mes y al que no se le adivina final. La inspiración ya la tienen, luego de haber convivido con la Guardia Indígena a la que llamaron para aprender de su experiencia: autonomía y autogobierno para defender territorios y pueblos.

* León Zamosc, La cuestión agraria y el movimiento campesino en Colombia, Cinep, Bogotá, 1987, p. 177.

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