La ONU señala el sindicalismo como “fundamental” para la salud mental

 

El último informe del relator especial para la salud de la ONU afirma que las medidas para combatir la desigualdad son más efectivas para promover la salud mental que las terapias medicinales.

La toria lo demuestra: las relaciones de solidaridad, y en particular la sindicación para garantizar mejoras de salarios y condiciones en el trabajo, son fundamentales para la promoción de la salud mental. Así lo afirma el último informe del Relator Especial para la salud de la ONU, que fue ayer, 24 de junio, enviado a Ginebra. “El modo en que se organiza el trabajo tiene profundas y duraderas repercusiones sociales y psicológicas”, explica el informe, que señala cómo la configuración del mercado de trabajo afecta a las relaciones personales, tanto en el ámbito familiar como en el cuidado de niños y mayores.

El informe, titulado Sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, apunta la preocupación general en cuanto a que la mala salud mental se considere “una amenaza para la productividad económica” y que las soluciones consistan en recuperar fuerza de trabajo. “El hincapié que se hace en los problemas de salud mental, considerados una carga a nivel mundial, y el llamamiento a reducir las deficiencias en el tratamiento y a lograr que las personas afectadas por esos problemas regresen al trabajo se mencionan cada vez más al justificar desde el punto de vista económico la necesidad de dar prioridad a los problemas de salud mental en todo el mundo”, señala el informe, que alerta de que las prioridades se centren en recuperar la fuerza de trabajo en vez de en garantizar la atención de calidad.

Y es que, desde principios del milenio, la prescripción de antidepresivos ha aumentado a nivel general en todo el mundo. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) recogidos por The Guardian, entre el año 2000 y 2016 en Estados Unidos se han pasado de las 75 dosis diarias por cada mil personas a las 125 —un 66,66% más—, en Reino Unido de las 37,6 a las 101 —aumento del 168,6%— y en España se han pasado de las 28,2 dosis diarias por cada mil personas a 75,5 —un 167,7% más—. 

Entre las medidas aconsejadas para combatir las enfermedades mentales, el Relator Especial subraya aquellas que vayan encaminadas a combatir la desigualdad y la discriminación. “Serían la mejor vacuna contra las enfermedades mentales y sería mucho mejor que el uso excesivo de medicación psicotrópica que tenemos en la actualidad”, ha afirmado a The Guardian el relator especial Dainius Pūras, que ha señalado también las políticas que siguieron a la crisis financiera de 2008, que han acentuado la desigualdad, como perjudiciales para la salud mental. “Las medidas de austeridad no contribuyen de manera positiva a la salud mental”, explica el relator. “La gente se siente insegura, con ansiedad, no gozan de un bienestar emocional debido a esta situación de inseguridad”, continúa.

Un enfoque de derechos para garantizar la salud mental

El informe del relator especial destaca la importancia del entorno social, psicosocial, político, económico y físico a la hora de gozar de una buena salud mental y apunta la obligación de los Estados de establecer medidas que garanticen el respeto de los derechos humanos y propicien la vinculación social como alternativa al modelo biomédico, que utiliza criterios restringidos e individuales para la prevención de los problemas de salud mental.

“Todavía hay una tendencia a utilizar modelos individualizados y causales para identificar determinantes de la salud mental como la violencia juvenil y las autolesiones. Esa tendencia da lugar a intervenciones centradas en factores de comportamiento inmediatos e individuales, en lugar de abordar adecuadamente las condiciones estructurales, que son las causas fundamentales”, explica el informe del relator especial de la ONU. “La explicación de las desigualdades en materia de salud mental va mucho más allá de lo biológico y lo individual y se extiende a lo social, lo económico y lo político. La vida de las personas se ve a menudo limitada por leyes y estructuras de gobierno y poder no equitativas, así como por políticas que estratifican a la sociedad, lo que afecta profundamente a las relaciones humanas y a la forma en que las personas actúan a lo largo de sus vidas”, continúa.

El informe recuerda que ya el Plan de Acción Integral de la OMS sobre Salud Mental 2013-2020 incluía entre sus cinco objetivos clave la promoción de la salud mental a través de la actuación sobre los determinantes sociales, pero esto no se tradujo en medidas en la práctica. También señala que, 70 años después de la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se ha conseguido una reducción general del número de suicidios, se ha avanzado en la reducción de la pobreza extrema y en los problemas de violencia interpersonal, se ha conseguido una mayor igualdad de género y se han reducido los regímenes totalitarios. “Esa tendencia induce a pensar que han tenido un efecto positivo las políticas y prácticas de las sociedades de todo el mundo basadas en los derechos humanos”, señala el informe, que también alerta de que “esos avances se ven amenazados por un movimiento creciente de poderosos grupos de interés mundiales que se oponen a los principios universales de derechos humanos y sostienen que ha fracasado el orden mundial de la posguerra”.

El relator apunta como ejemplos de cómo los gobiernos pueden socavar la promoción de la salud los recortes en protección social, las políticas que restringen el acceso a la información y a servicios de salud sexual y reproductiva, la penalización de la posesión y cultivo de drogas para uso personal o las leyes que reducen el espacio de la sociedad civil, así como los castigos corporales a niños y adultos. También destaca como “prácticas nocivas” las “terapias de conversión” para personas LGTBI o las terapias que usan la religión para el tratamiento de drogodependencias o de problemas de salud mental, así como la corrupción farmacéutica, a la que dedicó otro informe en 2017.

El informe alerta también del sobrediagnóstico de enfermedades mentales, que ha llevado a la medicalización de “reacciones normales a las múltiples presiones de la vida, incluidas las formas moderadas de ansiedad social, tristeza, timidez, absentismo escolar o comportamiento antisocial”, así como de las prácticas en la atención a personas con enfermedades mentales en las que no se cuenta con su consentimiento. “La coacción se utiliza profusamente en los servicios de salud mental, y hay pruebas de que cada vez es mayor la prevalencia de las medidas coactivas en esos servicios”, lamenta el relator especial.

Otro de los temas tratados en el informe son la estigmatización de la persona con enfermedad mental como amenaza para la sociedad, o el acogimiento de menores a instituciones, que el relator señala que debe ser sustituido progresivamente con miras a su total eliminación. “Con respecto a los niños menores de cinco años, el acogimiento en instituciones debería considerarse una forma de violencia y de práctica nociva y, por lo tanto, debería prohibirse”, apunta el informe.


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2019-06-25 06:10:00

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Viernes, 07 Junio 2019 06:18

Dónde perdimos la brújula

Dónde perdimos la brújula

Los asesinatos de la brasileña Marielle Franco (marzo de 2018) y de la hondureña Berta Cáceres (marzo de 2016) fueron crímenes políticos, algo en lo que coinciden movimientos, partidos de izquierda e intelectuales progresistas. Ambas eran mujeres de abajo y del color de la tierra, feministas que resistían el patriarcado y el capitalismo. Con toda razón se achacaron sus crímenes a la alianza entre empresas multinacionales, gobiernos y milicias paramilitares, que en cada país adquiere formas distintas pero siempre favorecen al 1 por ciento más poderoso.

La vida del campesino náhuatl Samir Flores tenía muchas similitudes con las de Berta y Marielle: nació abajo y resistió el capitalismo neoliberal que en su tierra (Amilcingo, Morelos) se concreta en grandes obras de infraestructura, igual que en Honduras, donde Berta resistió un proyecto hidroeléctrico para el "desarrollo" del país. Tres personas que vivieron y murieron de pie, defendiendo la dignidad de sus pueblos convertidos en obstáculo para la acumulación de capital.

Siendo los contextos de los crímenes tan similares, debe entenderse porqué académicos y profesionales que se dicen progresistas, establecen diferencias y exigen no politizar el asesinato de Samir, al que consideran además una cuestión policial. Tres crímenes de Estado, como los de Ayotzinapa, de los cuales siempre hemos responsabilizado a los gobiernos en turno.

Lo único que justificaría un tratamiento diferente es que en Brasil y Honduras se trata de gobiernos de derecha, acusados de complicidad con los crímenes, mientras en México el discurso progresista del actual gobierno (que no sus acciones), lo exculparían de cualquier responsabilidad. A mi modo de ver, estamos ante un argumento mezquino y pobre.

Es evidente que los discursos y las palabras no pueden modificar los hechos y, sobre todo, no tiene sentido aplicar raseros diferentes a situaciones similares. Si Ayotzinapa fue responsabilidad del gobierno de Peña Nieto, si Marielle y Berta fueron responsabilidad de sus respectivos gobiernos, no hay modo de eludir la responsabilidad del asesinato de Samir.

Por ese camino se llega a una extravío de difícil retorno, lindero con la aberración. El mayor desatino de las izquierdas del continente se llama, por ahora, Nicaragua. Daniel Ortega no pierde oportunidad de mentar su supuesto "antimperialismo", mientras su gobierno, según reciente informe de Amnistía Internacional, sigue instaurando "un ambiente de terror, donde cualquier intento por ejercer la libertad de expresión y el derecho a reunión pacífica es castigado con represión" (https://bit.ly/2GyYFvy).

La comandante sandinista Mónica Baltodano denuncia las penosas condiciones carcelarias de los presos, enfermos por el consumo de aguas putrefactas y condiciones sanitarias lamentables. Según Baltodano, nunca hubo tal cantidad de presos en Nicaragua, que sufren peores condiciones que los presos de Somoza como lo fue ella misma (https://bit.ly/2IgjVqC).

En Nicaragua se tortura a los detenidos con los métodos salvajes de las dictaduras (https://bit.ly/2wCEJmQ). Pero buena parte de la izquierda sigue apoyando al régimen neosomocista de Ortega, incluyendo algunos intelectuales. En este periodo incierto de decadencia imperial y de las izquierdas, las palabras no valen nada o, parafraseando al poeta, ciertas voces valen menos, "mucho menos que el orín de los perros".

Se ha convertido en norma que las palabras enmascaren realidades que se pretenden ocultar, porque resulta incómodo aceptarlas.

El progresismo es, en primer lugar, una construcción discursiva. Solamente discursiva porque no produce cambios estructurales. La clave de cualquier transformación verdadera no es otra que el poder popular, las decisiones que emanan de los de abajo, no las políticas de arriba, por más "revolucionarias" que se digan. Este punto es tan decisivo, que podría incluso definirse revolución no por la toma del poder, sino por la organización masiva de los de abajo, del modo que decidan.

En segundo lugar, el centro del conflicto del progresismo es contra los pueblos y no contra el capital y las derechas, como pretenden los intelectuales progres. Este punto es nodal y es el que permite establecer diferencias entre los progresismos (acomodados a la relación de fuerzas heredadas y limitados a gestionar lo existente) y otros procesos que, mal que bien, pretenden superar el estado actual de las cosas.

Los enemigos que ataca el progresismo, son el pueblo mapuche (al que se le aplicó la ley antiterrorista), los movimientos de junio de 2013 en Brasil, y los pueblos originarios, en general y ahora los de México en particular, entre los más evidentes.

La brújula que se perdió es la ética. Que no se recupera con discursos sino escuchando a los pueblos, aceptando sus decisiones colectivas que, nunca en cinco siglos, pudieron ser encajonadas en envases institucionales. Lo demás es verborrea hueca que sólo pretende amparar a los de arriba ninguneando a los pueblos.

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La “disputa del sentido común” entre códigos mafiosos

Prometen que resolverán problemas, que corregirán desigualdades, que desterrarán el hambre, la desnutrición y la pobreza. Prometen recortar impuestos, abrir más escuelas, mejorar los salarios, construir hospitales, carreteras, presas e infraestructura de “primer mundo”. Juran que serán infatigables, que no habrá despotismo, autoritarismo, sectarismo ni privilegios para amigos ni familiares. Se desgarran las vestiduras por la patria, por la república, por las leyes y por las “buenas costumbres” y bla, bla, bla. Todo eso montado en la ninguna estructura legal que los obligue a rendir cuentas por cada mentira proferida y cada falacia premeditada. “Por el engaño nos han dominado más que por la fuerza” decía Simón Bolívar. Hoy incluye engaño con “trolls”, “bots”… y todo tipo de canalladas en “redes sociales”. 

No se trata de un “arte de genios”, engañar a los pueblos es una industria del capitalismo, muy rentable, ideada para ganar votos -a como dé lugar- gracias a emboscadas mafiosas que “naturalizan” conductas delincuenciales como si fuesen prendas morales inmaculadas. Fabrican un cierto “sentido común” cuajado de mentiras disfrazadas de “procesos electorales” donde engañar, impúdicamente, parece ser “cualidad” de “políticos”. Un “mérito” de la modernidad... un logro de la estulticia. Pero en realidad es un delito... es un fraude.


Los sistemas y procesos electorales, con sus leyes y sus reglamentos, sus “valores entendidos” y sus tradiciones… (que nada tienen de ingenuos) han permitido una serie de perversiones mediáticas diseñadas por “expertos” para hacer pasar por “democráticos” los embustes de los “candidatos” oligarcas, sus partidos y sus adláteres. Nos han llenado las páginas de la historia con engaños de todo tipo, especialmente con saliva de “políticos” lenguaraces que, para “ganarse la confianza” de los electores, despliegan todo género de argucias y falacias. Y todo eso legalizado y naturalizado por la fuerza del negocio implícito en vender campañas políticas al margen de la ética más elemental. Otro capítulo es el delito de lesa humanidad que consiste en prometer el cumplimiento de tareas que jamás se cumplen o que se cumplen al contrario de lo prometido. “Fortaleceremos la economía”, “defenderemos el empleo”, “garantizaremos la salud”, “mejoraremos la educación”, “garantizaremos la vivienda” y bla, bla, bla, bla. Jamás un tribunal especializado en delitos de falacias electorales, fraudes o traiciones a mansalva. Jamás una herramienta de justicia para los pueblos que miran desfilar ante sus ojos y sus oídos la retahíla nauseabunda de palabrería electorera diseñada corruptamente para el engaño serial. Delincuencia con premeditación, alevosía y ventaja. Sin atenuantes.


Millones de dólares gastan las campañas políticas. Maquillan el oportunismo electoral con artilugios de propagada, rostros felices, poses glamorosas. Casi nunca ideas y menos trabajo real. Lo urgente, para ellos, es sumar votos, más tarde les vendrá un sueldo y para las masas el olvido. Se trata de vender ilusiones. Plagan las ciudades con carteles, volantes, anuncios televisivos, radiales, periodísticos. Saturan cuanto espacio está al alcance de sus patrocinadores, (sus patrones), para aparecer renovados y resucitar de su mediocridad, frescos, carentes de memoria... recién nacidos... van por el mundo recitando soluciones que presumen conocer y que pueden aplicar en un santiamén. Dicen que lo pueden todo, que lo quieren todo para el pueblo todo, todo a cambio de votos, votos, muchos votos. Las campañas basadas en despliegues mediáticos ostentosos suelen ser repeticiones de lo mismo, de mala calidad y poca información: frases ambiguas, remates rimbombantes y desconocimiento de problemas reales y urgentes en la vida cotidiana. Invierten sumas obscenas. Por ejemplo Odebrecht


Hay escándalos de financiamientos irregulares en Inglaterra, Alemania, Francia, España, Colombia, Brasil; Nicaragua, Perú, Ecuador. Parece que es cosa frecuente y nunca sancionada. Hay cuentas especiales que se manejan en secreto para engordar los montos de presencia pública. No pocos sospechan de dinero aportado por narcotraficantes y mafias de toda índole. Acaso la subsistencia de estos últimos dependa de ciertas alianzas con aquellos funcionarios golondrinos. La mitad de la población mundial padece pobreza y exclusión.
Los grandes beneficiados de las campañas, además de los aparatos burocráticos que pagan, son los monopolios multimedia, las agencias publicitarias y los estudios de marketing político que reinan impúdica e impunemente en alianzas con funcionarios de turno. Esas campañas quieren hacernos creer que su idea de política nos es imprescindible, que es muy decente, muy oportuna. Quieren hacernos creer que eso es la democracia, que la democracia consiste sólo en votar, que votar es ser “buen ciudadano”, “buen patriota”, votar para que otros decidan y gasten. Especialmente los que más se anuncian y luego el olvido. Su único programa de fondo es conservar al capitalismo vivo cueste lo que cueste. Y ya costó mucho.

Mientras esto no quede superado desde abajo, nosotros debemos evaluar y sancionar, la justicia y la defensa de los votos democráticos de verdad; evaluar y sancionar la injerencia de los monopolios mediáticos y la intromisión de caciques banqueros, terratenientes y empresariales. Evaluar y sancionar cuánto abonan y pagan para profundizar la alienación y deformar la realidad para acaparar votos. Con evidencias nítidas sobre la asimetría tecnológica y el derecho a las herramientas electorales... con la garantía irrevocable del derecho al referéndum revocatorios en todos los cargos; con fundamentos hacia una nueva legislación la justicia electoral en términos de derecho y de igualdad de condiciones para la participación de todos... un referéndum con voto directo y comprometido que sea capaz de poner a consideración de todos la urgencia de una nueva educación electoral bien informada, sin coerciones, sin emboscadas… Referéndum revocatorio contra toda mentira y todo mentiroso, en fin, Justicia electoral de cabo a rabo como herramienta emancipadora y como ventana abierta de la democracia verdadera.


Mientras avanzamos hacia ese consenso, producto de nuestra organización y nuestra movilización, con un programa de transparencia electoral y participación directa de las bases, llamémonos a perfeccionar la crítica contra todas las trampas ideológicas que se pasean impunemente por todos los medios. Esto es un problema de seguridad nacional, tan peligroso y amenazante como las bases militares imponiéndose en nuestros territorios.


Que nunca más quienes roban, torturan, reprimen, saquean y humillan sistemáticamente a un pueblo, puedan salir victoriosos en unas elecciones. Que nunca más el que exhibe con impudicia –impune- en los hechos, su obscenidad ideológica, sus derroches, sus corruptelas, su servilismo, su entreguismo… su estulticia, pueda ganar el voto de una mayoría y representarla. Esos que se muestran circenses y faranduleros, insensibles al dolor popular, embriagados con su “vida empresaria” o “funcionaria”, henchidos de glorias fraudulentas, desfigurado el rostro por su mentalidad corrupta, deformados por su ignorancia y señalados como delincuentes, criminales y traidores… todo junto y por partes no pueden ser elegidos. Tenemos a la vista casos estruendosos. Todo análisis simplista prueba ser fallido.


Si se cree que todo lo resuelve una “buena foto” y un “buen slogan” repetidos hasta la nausea… si todas las formas del maltrato operan ideológicamente como fatalidad para el pueblo y golpe de suerte para el “político”… en suma si los trabajadores nos son protagonistas ni conductores de la acción política, incluso electoralmente ¿En qué piensa el que vota, cuando vota? Como está de moda que los “candidatos” de las oligarquías no expliquen, no respondan no postulen… convicciones, programas o planes. (moda en España, México, Argentina, Colombia…) porque es “tendencia” en el mercado de las “ingenierías de imagen”. Como se estila la pose más que la idea, quizá en la lógica “moderna” de la burocracia burguesa prospera el silogismo infeliz de que: el elector que no piensa es el elector anhelado. O mejor aún, el elector que sólo piensa lo que le decimos que piense, es decir nada, será el elector más codiciado por los estrategas de la vaciedad electoral.


Y todo eso a precios demenciales con episodios de obscenidad inenarrable a la hora en que no hay cuenta que salga si hacemos balance de costos de “campañas” electorales. Los grandes triunfadores como siempre son los monopolios y consorcios televisivos, radiofónicos y editoriales que con formato de “propaganda oficial” o camuflados con entrevistas, referencias o noticias facturan a destajo en el reino del mercenarismo mediático esta vez disfrazado de “democracia”. El costo por voto es una bofetada (otra más) a la clase trabajadora que paga por estos circos el precio de ser humillada, despreciada y robada por el modelo de fraudes políticos consuetudinarios. Y dicen, algunos “politólogos” que eso es lo “moderno”.
Dicen muy despatarrados los señorones y los señoritos que medran con los procesos electorales (funcionarios, publicistas, asesores, encuestadores, periodistas….ufff) que al pueblo le gusta ver a los “políticos” en contacto con la realidad (pero sin decir qué harán con ella, qué mandato obedecen ni cuánto cobran por eso) Dicen los “eruditos” del voto que a la gente le gusta que el “político” debata (pero al estilo televisivo, con tiempos recortados, sin mucho enredo y calculando los anuncios publicitarios sin los cuales en negocio de la imagen no se sostiene… dicen) Dicen los “jefes de campaña”, de los candidatos oligarcas, que la gente vota por la “gestión” y no por el discurso. Y le llaman gestión a salir en la foto, en la tele, en los cines en carteles públicos… con su sonrisa de vencedor y su slogan de coyuntura. Dicen que eso es hacer “política”. Confunden a los pueblos con los “públicos”.


En el fondo de la historia la cosa es muy distinta. Los pueblos votan acosados por una sistema de presión primero económico-política, con ello ideológica y mediática, en el que reina la incertidumbre y el chantaje omnipresentes, bajo miles de trastadas cotidianas y en el pantano de la desinformación y la manipulación de la realidad. Si hubiese información libre y suficiente, si la comunicación sirviera para organizarnos críticamente y para confiar en la fuerza de los trabajadores y no para el individualismo y el linchamiento mediático de las luchas a nadie se le ocurriría votar por sus verdugos aunque se disfrazaran de santos o de “buenos muchachos”. Nadie pondría un voto a cambio de babas gerenciales salpicadas contra la historia de despojos y humillaciones incontables. Nadie votaría ni por el “glamour” de campaña ni por el fetiche. Nadie pondría su confianza en el torturador histórico que ha mentido, robado y vuelto a mentir y robarnos sempiternamente. Nadie permitiría semejante farsa y fraude, si pudiésemos votar libremente. Sin capitalismo. Votaríamos sólo por quienes conocemos, con nosotros, en lucha hombro a hombro, diariamente y por el bien de todos. ¿Exagero?


Es urgente una Revolución de la Justicia Social en los procesos electorales. Antes, durante y después. Sanciones para los que mienten, para los que no sancionan las mentiras, para lo que idean y ejecutan fraudes con votos y con promesas… sanciones al aparato electoral de los oligarcas por desigual, opaco, amañado y excluyente. Sanción para quien permita elecciones asediadas, plagadas con amenazas (así sean “sutiles”), sin auditorias o sin protocolos éticos manejados por los electores. Sanción para el dispendio y para la censura… para el tráfico de miedos. Sanciones para los que ponen la cara en episodios electorales y jamás vuelven a las bases, para los que no rinden informes y para lo que se disfrazan de “reporteros”, comentaristas u opinólogos para hacer propaganda embozada. Someter a juicio a la democracia burguesa.

Por Fernando Buen Abad Domínguez
Rebelión/Instituto de Cultura y Comunicación

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Sábado, 18 Mayo 2019 07:00

La batalla por las calles

La batalla por las calles

Cuba y el control de la protesta pública.

Luego de que el gobierno decretara la cancelación de las tradicionales “congas” de la diversidad sexual, unas doscientas personas marcharon en La Habana por los derechos de la comunidad Lgtbiq, un acontecimiento que terminó con varios detenidos y levantó críticas contra la actuación policial. El episodio echa luz sobre los límites de la “apertura” cubana y la compleja posición de las disidencias.
La primera convocatoria había sido anunciada para la mañana en la ciudad de Santiago de Cuba, la segunda más importante del país, casi mil quilómetros al sureste de La Habana. Pero hacia las nueve ya era evidente su fracaso: sólo una veintena de personas había acudido a la Plaza de Marte para participar en la inédita marcha del orgullo gay. Ese sábado 11 en la tarde, en declaraciones a un medio digital alternativo, Ezequiel Fuentes Morales, uno de los congregados, aseguró que “aunque la comunidad (Lgtbiq) está disgustada, teme a la represión y prefiere callar”.


Por primera vez la celebración no era organizada bajo el auspicio del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), institución adscripta al Ministerio de Salud Pública y dirigida por la socióloga y diputada Mariela Castro, hija del todavía primer secretario del Comité Central del Partido Comunista, Raúl Castro.


Días atrás, el Cenesex había anunciado que este año no saldrían a la calle sus tradicionales “congas por la diversidad”. Como argumento justificatorio, se expuso “la agudización de la agresividad contra Cuba y Venezuela (que) ha envalentonado a grupos (que) intentan tergiversar la realidad de Cuba, y (…) pretenden utilizar nuestra conga para desacreditar, dividir y sustituir el verdadero sentido de esta actividad”.
Durante la última década, las “congas por la diversidad” –una suerte de marcha de la diversidad en versión tropical– han constituido el momento cumbre de las Jornadas Cubanas contra la Homofobia y la Transfobia, que cada mes de mayo tienen sus “sedes centrales” en La Habana y en alguna capital de provincia escogida a tal efecto. Este año la elección recayó en la centroriental ciudad de Camagüey, la tercera de la isla en cuanto a población e importancia, pero una de las más conservadoras debido a la influencia de iglesias, como la católica.


Mientras se discutían allí los planes para los festejos (no fue hasta mediados de la semana anterior que las autoridades aprobaron una versión limitada de la programación original), en La Habana se desataba una tormenta de mensajes, convocatorias y contraconvocatorias a través de Facebook y otras redes digitales. La esencia de los debates podía resumirse en dos posiciones: aceptar la suspensión de la conga e incorporarse al resto de la cartelera preparada por el Cenesex, o acudir el sábado en la tarde al céntrico Paseo del Prado capitalino, para marchar sin autorización oficial. A pesar del fracaso matutino en la “cuna de la Revolución”, a las cuatro y media de la tarde unos doscientos habaneros optaron por esa última opción.


LA CALLE, DE LOS REVOLUCIONARIOS.


La de las calles fue una de las primeras batallas libradas por Fidel Castro y sus seguidores luego del 1 de enero de 1959. Pocas victorias han tenido una importancia mayor. Un estudio publicado en 2015 por la investigadora Claudia González Marrero, doctoranda en el Centro de Estudios para la Cultura de la Universidad Justus Liebig, de Berlín, lo resalta desde su propio título: “La calle es de los revolucionarios: Políticas normativas e imaginario social cubano”.


El monopolio de la movilización popular y de la representación de sus intereses constituye una fuente esencial de legitimidad para la dirigencia isleña. “Expresiones de disconformidad o cuestionamiento público han sido conductas, si bien no negadas, reorientadas y absorbidas por el propio proceso normativo. Las críticas han sido aceptadas siempre que sean emitidas desde los espacios instituidos y organizados para ello”, apunta la estudiosa al describir una dinámica de poder que ha evolucionado a la par del país.


Los hechos confirman su efectividad. No fue hasta el 5 de agosto de 1994 que en La Habana se produjeron los únicos disturbios de alguna consideración, que registra la historia reciente de Cuba. Significativamente, las contramarchas que aquella tarde pusieron fin a los desórdenes avanzaron bajo la consigna de“¡Esta calle es de Fidel!”, remarcando un derecho de posesión que el gobierno-partido está obligado a conservar.


Tal privilegio es refrendado por la nueva Constitución, que de manera implícita subordina libertades individuales, como las de reunión, manifestación y asociación, a la “necesidad de proteger nuestra soberanía e independencia”, según explicación brindada en el Parlamento por el secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta. Aun así, teniendo en cuenta las numerosas normas que habrán de complementar la carta magna aprobada el 24 de febrero, no faltó quien especulara respecto a la posibilidad de que fuera establecida una suerte de protocolo para la convocatoria ciudadana de marchas y otras iniciativas de esa índole. Como anticipándolo, a comienzos de abril fue autorizada una manifestación en contra del maltrato animal, que reunió en La Habana a casi medio millar de personas. Poco después, la solicitud para un evento similar era recibida por el gobierno de la central ciudad de Santa Clara, y en otras, como Camagüey y Pinar del Río, grupos interesados en el tema se preparaban para presentar las suyas.


En definitiva, la tendencia fue cortada de raíz a finales del mes pasado, con la destitución del funcionario que había dado luz verde a la solicitud capitalina y la denegación de la presentada ante las autoridades santaclareñas. La facultad “movilizadora” seguirá siendo derecho exclusivo del gobierno, el partido y las organizaciones de masas que se le subordinan.


¿POR QUÉ LOS ANIMALES Y LA COMUNIDAD LGTBIQ?


La marcha por la diversidad sexual, que finalmente tuvo lugar el 11 de mayo en La Habana, fue cubierta por una miríada de corresponsales extranjeros, que pudieron enviar a sus redacciones una jugosa cosecha informativa. Como era de esperar, el momento cumbre de la tarde se produjo cuando la marcha arribó al final de la zona peatonal del Prado y pretendió cortar el tránsito de la concurrida calle San Lázaro para continuar rumbo a Malecón.


¿A dónde se dirigía? Nadie parece saberlo. “Todos los amigos de mi grupo que nos reunimos ese día nos pusimos de acuerdo en Facebook. Por lo que se decía, siempre pareció que la caminata tendría lugar en el Parque Central y el Prado”, contó a Brecha una joven comunicadora social para quien la culminación “natural” de la cita era la “besada” pública, que en la ocasión protagonizaron decenas de parejas. De ahí en más, “creo que todo el mundo tenía sus propios planes. Una amiga mía, por ejemplo, iba preparada para seguir luego hacia el José Antonio (el círculo social José Antonio Echevarría, donde el Cenesex desarrollaba a esa misma hora una fiesta)”.


Muchos, en efecto, lo hicieron. Si bien al día siguiente las portadas de numerosos diarios extranjeros resaltaron la “fuerte represión ordenada por el régimen”, lo cierto es que sólo cuatro personas terminaron esa tarde en el asiento trasero de un coche de patrulla. Cotejando las imágenes y los testimonios de algunos de los presentes, es posible definir casi con exactitud el momento de la confrontación. Sobre su principal animador no quedan dudas: fue el biólogo Ariel Ruiz Urquiola, quien hace un año se vio envuelto en un enmarañado proceso judicial contra funcionarios del Cuerpo de Guardabosques y vecinos suyos en una finca que usufructúa en el paradisíaco Valle de Viñales. Con independencia de la publicación que se revise, es su detención la que acapara los lentes, por el dramatismo de verlo forcejear entre varios agentes vestidos de civil. Los fotorreporteros tuvieron poco más con que trabajar, pese al fuerte dispositivo policial montado en torno del Prado.


“Todo indica que la apuesta de algunas conocidas figuras de la llamada disidencia, que nunca se preocuparon ni ocuparon con propuestas ni mensajes constructivos por nuestros derechos como personas Lgtbi, era por enrarecer aun más el ambiente”, opinó Francisco Rodríguez Cruz en su blog, Paquito el de Cuba, un conocido reportero de la prensa estatal que se autodefine como “martiano, comunista y gay”. “Fue la agencia Efe la que reportó que en ese grupo había quienes al parecer tenían la intención de provocar un incidente (…), y es evidente que en parte lo lograron”, lamentó.


En los últimos años, el activismo por los derechos de los animales y de las personas con orientaciones sexuales diversas ha asumido buena parte de la centralidad mediática que en otros tiempos acaparaba la lucha contra la discriminación racial. De hecho, durante los debates populares sobre la nueva Constitución, el artículo 68 del proyecto (relativo a la posibilidad del matrimonio igualitario) fue uno de los más discutidos, motivando cerca del 10 por ciento de las intervenciones y propuestas. La campaña animalista, pese a no estar contemplada en el texto, también ganó notoriedad, aunque su mayor impacto estuvo en Internet y entre algunos sectores urbanitas, fundamentalmente capitalinos.


Para muchos, el matrimonio igualitario funcionó como una suerte de cortina de humo durante la consulta. El programa televisivo de mayor popularidad en el país, el humorístico Vivir del cuento, lo alertaría en una de sus emisiones. Como en la ficción, muchas reuniones terminaron centrándose en las implicaciones que tendría la hipotética modificación constitucional y no en temas como la política económica o la relación del Partido Comunista con el Estado.


Desde el exterior tampoco faltan los dobles raseros. Regularmente llegan a La Habana generosos donativos individuales para proyectos centrados en la protección de animales callejeros, la conservación del medioambiente o la promoción de colectivos minoritarios, por citar sólo algunos de los más comunes. La casi totalidad de tales emprendimientos se unifican bajo una premisa, al menos formalmente: no “recurrir a gobiernos, partidos políticos, ni Ong de ninguna parte (mucho menos a instituciones estatales cubanas)”. La frase textual pertenece a Isbel Díaz Torres, líder de Abra, un centro social y biblioteca libertaria definido como “empeño autoemancipatorio” por sus miembros. Tres años de campaña internacional permitieron allegar los fondos para que comenzara a funcionar en mayo de 2018, declaró, por entonces, el propio Isbel, quien el sábado se vio impedido de participar en la marcha del Prado, tras ser detenido junto con su pareja por la policía.


Entre las publicaciones más recientes de su perfil en Facebook llama la atención una que recuerda el Día Internacional de la Objeción de Conciencia al Servicio Militar (este 15 de mayo), asumiendo una posición contrapuesta a la del gobierno de La Habana, que en las últimas semanas ha manifestado su preocupación por la agresividad estadounidense y ha reafirmado la defensa como una de sus “tareas estratégicas”. Vale apuntar que la base de las Fuerzas Armadas Revolucionarias radica en los conscriptos del servicio militar, que por ley están obligados a cumplir todos los hombres mayores de 18 años; significativamente, la homosexualidad es uno de los contados motivos de exoneración.


“Con el matrimonio igualitario y la ley de protección animal se aplicó aquello de ‘jugar con la cadena, pero no con el mono’: con seguridad, alguna gente se extendió en esos tópicos para no meterse en problemas opinando sobre otros que podían ser complicados. Si fue una ‘habilidad’ del gobierno, fue una muy buena”, reflexiona un profesor universitario que durante el proceso de consultas integró uno de los cientos de dúos de “facilitadores” encargados de conducir las asambleas y recoger las opiniones de sus asistentes. La misma sombra de duda puede proyectarse sobre el fin último de muchos de los emprendimientos “alternativos” que florecen en la isla. Entre el activismo militante y el oportunismo media una frontera en extremo difusa.


CUESTIÓN DE SUPERVIVENCIA.


Esta marcha “dilata lo que otros activistas hicimos cuando el peligro parecía incluso mayor. Esa memoria estimula a la de hoy, esos rostros de ahora son una certeza que ansío pueda ser la de muchas otras esperanzas. La batalla real comienza ahora”, escribió esta semana el dramaturgo cubano Norge Espinosa, que reside en España. Sus palabras se alinean con las de creadores como el actor Luis Alberto García, y los músicos Silvio Rodríguez y Vicente Feliú, críticos de la actuación de la policía y las “mentalidades que tienen la retranca puesta en todo lo que se intenta mejorar”, según el último. Opiniones similares predominan en las redes sociales y en los despachos noticiosos fechados en La Habana.


Leyéndolos, pareciera que Cuba se detuvo el sábado en la tarde. En realidad, no ha sido así. Lo ocurrido en el Prado quedó –en buena medida– allí; a las provincias han llegado sólo ecos lejanos y videos filmados con móviles, que para la mayoría de la población no pasan de registrar “cómo la policía dispersó la marcha de los maricones”. Al cubano promedio, sobre todo al “del campo”, lo siguen convocando más las urgencias cotidianas que los pulsos contra el gobierno. Conscientes de ese divorcio entre las elites capitalinas y el país profundo, las autoridades evitaron en todo momento informar sobre lo acontecido en el Prado. A la par, fueron anunciadas medidas contra el acaparamiento y la especulación, a favor del incremento de la cantidad de productos que se comercializan de forma controlada, y la próxima entrada en funcionamiento de nuevos servicios de transporte.


Al redactarse esta nota, el presidente Miguel Díaz-Canel completaba una intensa semana de apariciones públicas visitando su provincia natal, Villa Clara, centro de la comunidad Lgtbiq en la isla, que en la jornada de marras permaneció en absoluta tranquilidad. Mirado a contraluz, el recorrido parece destinado a trasmitir un mensaje claro, a tenor de las reiteradas imágenes del mandatario dialogando ante grandes concentraciones de sus conciudadanos: al margen de lo sucedido el sábado, las calles no han cambiado de manos.

Por Amaury Valdivia
17 mayo, 2019

Publicado enInternacional
Inventar la democracia directa, organizarse en contrapoderes

Presentamos una relación detallada de la segunda ‘Asamblea de Asambleas’ de Saint-Nazaire, pero también un análisis del movimiento de los gilets jaunes: composición social y política, y conjunto de reivindicaciones y formas organizativas.

El martes 16 de abril, el presidente Macron habría tenido que presentar las “reformas” políticas y sociales con las que, tras la muy cuestionada consulta nacional del Grand Débat, pretende dar respuesta a un movimiento que sigue avanzando. No obstante, el incendio de Notre-Dame ha dado a Macron la excusa perfecta para retrasar unos días el anuncio de dichas medidas, en un intento de sortear el atolladero político en que se encuentra en este momento, a través de una contundente llamada a la unidad nacional y al redescubrimiento de la identidad del pueblo francés. En realidad, la reconstrucción de Notre-Dame y los homenajes televisivos a los magnates que han donado grandes sumas de dinero en un clima de conmoción han sido también objeto de un encendido debate político, en un país en el que las cuestiones sociales y democráticas planteadas por los gilets jaunes (chalecos amarillos) han dejado de poderse ignorar.


Desde el viernes 5 y hasta el domingo 7 de abril, a casi cinco meses del inicio de la sublevación de los gilets jaunes, más de doscientas delegaciones provenientes de toda Francia, compuestas siguiendo el principio de la paridad de género y el mandato imperativo, se reunieron en la Maison du Peuple de Saint-Nazaire para tomar parte en la segunda Asamblea de Asambleas (de ahora en adelante, AdA), tras la celebrada en Commercy los pasados 26 y 27 de enero.


On a tous un rond-point en commun (Tenemos todos una rotonda en común)


La devaluación de la democracia directa reaparece persistentemente en el debate actual a través de una serie de clichés.


Por un lado, sus detractores nos dicen que la ‘democracia directa’ sería un mero suplemento de la máquina de la representación que entraría en juego como un potencial correctivo en fases de crisis. Aquí se incluyen las diversas declinaciones débiles del término ‘participación’. En el extremo opuesto se sitúan quienes utilizan el término en modo impropio o manipulador, asociándolo a la abusada y ambigua fórmula política del populismo. En este caso la ‘democracia directa’ asumiría las características del referéndum, para ser más tarde encerrada en la camisa de fuerza de la representación (más o menos) carismática por parte de un determinado líder.


Tanto en el caso de los detractores como en el de los usurpadores, la democracia directa se considera siempre la fase adolescente de un movimiento, antes de su llegada a la edad adulta, la de la “gran política”.


En el caso de los gilets jaunes, es decir, de una “revuelta histórica” en lucha contra un “poder histérico”, las cosas son bien distintas. A estas alturas resulta evidente que los gilets jaunes se niegan a transformarse en partido y, de hecho, han rechazado cualquier oferta electoral, prefiriendo la irrupción multitudinaria en los espacios urbanos, el bloqueo de la economía y la experimentación colectiva. El rechazo a la democracia representativa se realiza en nombre de la propia democracia. Entre Commercy y Saint-Nazaire, empieza ahora a delinearse una forma precisa de expresión política del movimiento, que continúa en desarrollo.


Democracia directa asume aquí un triple valor:


a) Antes que nada, se trata del nombre común alrededor del cual se han reunido un conjunto de grupos locales, asambleas ciudadanas, casas del pueblo, comités de barrio y asambleas de banlieu que constituyen el “cuerpo” de un movimiento policéntrico y muy distribuido a nivel territorial y en las redes sociales digitales. El punto de origen, junto con una petición online, es la ocupación de la “rotonda”, el primero de una serie de círculos concéntricos que configuran una organización de tipo horizontal, la cual se desarrolla siguiendo lógicas asociativas y la pragmática del encuentro.


b) En segundo lugar, “democracia directa” es un modus operandi que la AdA ha hecho proprio, autodefiniéndose, en la inauguración de los tres días de asambleas, como una “plataforma de inteligencia colectiva”, con el objetivo de favorecer que se compartan experiencias, que se cree un mutualismo de ideas y de prácticas y que se mejore la coordinación entre grupos. El método del consenso, los grupos de trabajo y la continua descomposición y recomposición de los “círculos” de debate han permitido sustituir, en el arte de la decisión colectiva, el principio de la mayoría por el de la aglomeración de las diferencias en puntos de convergencia.


c) Por último, la democracia directa es, en el contexto político actual de Francia y Europa, un terreno de lucha, podría decirse vertical, contra Macron y su mundo, contra el desastre social y ecológico del neoliberalismo en pleno Capitaloceno. Ese enfrentamiento vertical se define en términos de asimetría. Los “Actos” del sábado se mueven así al ritmo de la proliferación de instituciones autónomas del movimiento, lo que la AdA define como “contrapoderes populares y locales”.


Por tanto, no se trata simplemente de recuperar un viejo sentido perdido de democracia directa. La AdA quiere aventurarse en el sendero del descubrimiento y la invención. El llamamiento final dice: “Frente a la mascarada del Grand Débat, frente a un gobierno no representativo y al servicio de una minoría privilegiada, nosotras construimos las nuevas formas de la democracia directa”.


La Maison du Peuple de Saint-Nazaire


La Maison du Peuple (Casa del Pueblo) de Saint-Nazaire, un edificio abandonado perteneciente al Pôle Emploi, fue ocupada el 24 de noviembre de 2018, justo una semana después del inicio de la rebelión. Algunos la definen como el “centro nervioso” de un tejido conectivo mucho más amplio que comprende tanto la ciudad de Saint-Nazaire como la banlieu que la rodea.


En los inicios del movimiento, la Maison du Peuple se convirtió rápidamente en punto de encuentro de las rotondas y párkings ocupados por los gilets jaunes de la región. Cada tarde tiene lugar una asamblea plenaria y solo el sábado se organizan conciertos, al final de cada Acto. Con el tiempo, la Maison se ha transformado en un taller de autoproducción que aloja: una serigrafía, una red de encuentro entre comedores y agricultores de la región (algunos de los cuales producen dentro de la Zone À Défendre, más conocida como ZAD) y una plataforma de comunicación digital independiente.


El llamamiento de la AdA se ha acompañado con una invitación a construir Maisons du Peuple por toda Francia: “nuestras Maisons du Peuple son lugares de vida, de solidaridad, donde el calor del colectivo nos hace dejar de sentirnos solos, donde aprendemos a escucharnos y a aceptar nuestras diferencias, y de la que no podríamos prescindir. Y no importa si estos espacios están bajo amenaza de desalojo, si éste llegara a consumarse encontraríamos otros lugares. La Maison du Peuple no es solo un edificio: se mueve al compás de nuestros propios movimientos.


En 1789 el pueblo insurrecto se reunía en los clubs y en los cafés, a principios del siglo XX, los obreros reforzaban su solidaridad en las Bourses du Travail, en 1936 y en 1968, las fábricas en huelga se convirtieron en el corazón de la lucha. Nuestras Maisons du Peuple se inscriben directamente en esa continuidad”.


Para alojar la AdA, los gilets jaunes de Saint-Nazaire realizaron inicialmente una petición al Ayuntamiento para obtener la cesión temporal de edificios públicos. Frente al rechazo del consistorio, reestructuraron por completo el espacio de la Maison du Peuple, echando abajo muros e instalando una carpa de circo en el terreno limítrofe.


La Maison du Peuple ha propuesto un método inspirado en cuatro principios:


a) Confiar en la inteligencia colectiva.


b) Recordar que ningún individuo tiene la solución perfecta, pero que en colectivo podemos encontrar una parte de la solución.
c) Aceptar que tenemos derecho a equivocarnos.


d) Saber que es necesario llegar a puntos de convergencia sin necesidad de ocultar las divergencias.


Los promotores han invitado a quince personas “facilitadoras”, cuya tarea ha sido moderar los debates y asegurar un clima “benévolo” en las asambleas plenarias. Una tarea necesaria, considerando la heterogeneidad de los puntos de vista y la diversidad de los modos de practicar la “toma de la palabra”; por no hablar de la diversidad de culturas políticas presentes. Tras una reflexión sobre la naturaleza y el funcionamiento de la próxima AdA, se ha llegado a un acuerdo general para que ésta se reúna una vez cada mes y medio, de forma que continúe y se consolide la relación de fuerzas en todo el país. La próxima AdA se celebrará antes del verano, y la siguiente, en septiembre.


Geografía social de la AdA


Dentro de la sala donde se desarrollan las asambleas plenarias hay colgado un mapa de Francia, en el que cada comité ha colocado un símbolo distintivo. El número de delegaciones ha crecido respecto a la AdA de Commercy (de 70 a 230), así como su diversidad social y territorial. En relación a su proveniencia, cada delegación ha compartido sus modos de encuentro y organización. En las zonas rurales predominan las “rotondas”, mientras en las ciudades y las zonas periurbanas, lo hacen los comités de barrio y las asambleas de banlieu. También han participado delegaciones de zonas rurales agrícolas o turísticas (principalmente del Sureste de Francia, pero también de regiones del Centro), de zonas rurales obreras (Este y Norte), de zonas periurbanas (alrededor de grandes ciudades como París o Burdeos y de las regiones occidentales del país), de ciudades medianas como Estrasburgo, Montpellier, Grenoble o Nantes, de grandes ciudades como Burdeos, Toulouse o Lyon y también de la metrópoli parisina (región de la Île de France).


La AdA de Saint-Nazaire ha mostrado que la distribución territorial de los gilets jaunes es mucho más rica y articulada de lo que quieren hacernos creer algunas lecturas mainstream fundadas en las maniqueas dicotomías del urbano-rural, de la ciudad-campo o del centro-periferia.


Lejos de ser social o geográficamente “periféricos”, resulta ahora evidente que los gilets jaunes se sitúan en el centro de la lucha por la apropiación del excedente social (“partage des richesses”, “reparto de la riqueza”), de la lucha por la revalorización del trabajo (“nous voulons vivre des nos métiers”, “queremos vivir de nuestros oficios”), de la lucha por construir resistencias a la privatización de lo existente y por la desposesión del bien común (“Fin du monde, fin du mois, mêmes responsables, même combat!”, “¡Fin del mundo, fin de mes, mismos responsables, misma batalla!”). Se demuestra así que la lucha de los gilets jaunes es inseparable de la reescritura de las actuales geografías del poder político y económico (“Réapprenons à vivre ensemble où nous habitons”, “Reaprendamos a vivir allí donde habitamos”).


No es casualidad que el movimiento, durante los últimos meses, haya debatido cada vez más sobre la temática de la vivienda, acompañándola con la práctica de la apropiación del espacio urbano. Precisamente porque los habitantes de las grandes y medianas ciudades, junto con quienes viven en pueblos pequeños mal comunicados y sin servicios públicos, se ven cada vez más empujados a establecerse en las áreas periurbanas como consecuencia de la gentrificación y de la especulación inmobiliaria, los gilets jaunes han orientado sus acciones hacia los barrios ricos de las principales ciudades francesas, obstaculizando los circuitos del consumo y del turismo.


Ahora, junto con los Actos del sábado, empieza a prefigurarse una perspectiva constituyente definida como municipalista (o comunalista), propuesta inicialmente por los gilets jaunes de Commercy, y compartida en Saint-Nazaire por un gran número de grupos. Con esta expresión se critica la organización centralista que caracteriza al Estado francés, y se exige en primer lugar un poder de decisión sobre la gestión y la organización de los servicios públicos locales y sobre las políticas urbanas y territoriales. La propuesta de Commercy destaca, además, la necesidad de construir asambleas populares permanentes y, allí donde la relación de fuerzas lo consienta, presentar listas electorales locales e independientes vinculadas al mandato imperativo. Sobre este último aspecto, el debate está aún totalmente abierto, y en el llamamiento final se ha invitado únicamente a la creación de asambleas populares locales.


“Gilets jaunes, quel est votre métier?”


Los tres días de asambleas se han desarrollado en un clima de gran entusiasmo y determinación colectiva. Y esto a pesar de que las cifras de la represión gubernamental (cuyos responsables se presentan ahora como candidatos a representar “la Europa que protege”) hayan alcanzado una dimensión inédita en el contexto de la historia francesa reciente. Pero el miedo o el victimismo no forman parte de las tonalidades emotivas de los gilets jaunes. Entre una plenaria y otra, han resonado cantos y gritos de batalla, tan alentadores como irónicos: “Gilets Jaunes, quel est le votre métier? Ahou! Ahou! Ahou!”. Este grito, que en Italia se hizo popular entre 2008 y 2010, durante la Ola [último gran movimiento estudiantil italiano, nacido bajo el cuarto gobierno de Silvio Berlusconi, N. del T.], es proferido en esta ocasión por un grupo cuya composición social es mucho más amplia e irregular: jubilados, obreros,profesores, trabajadores de plataformas digitales, parados, trabajadores del sector asociativo, funcionarios públicos, estudiantes, militantes de barrios obreros, pequeños agricultores y pequeños comerciantes.


Más que limitarnos a realizar la enésima descripción o a una clasificación de las categorías “socio-profesionales” que componen el movimiento (lo que a menudo se asocia a un abstracto “interclasismo” de los gilets jaunes), hemos preferido centrarnos en la subjetivación política, podría decirse de clase, que se ha producido en estos cinco meses de lucha. Desde ese punto de vista, se pueden extraer dos elementos claros del encuentro de Saint-Nazaire.


El primero es que los gilets jaunes entrelazan la revalorización del trabajo concreto y la revalorización de la vida en su conjunto. Así, no pierden de vista la lucha por un salario digno, pero al mismo tiempo presentan una serie de reivindicaciones que van más allá de la relación salarial: servicios públicos, pensiones, ayudas a la discapacidad, vivienda, ayudas al desempleo y a las personas sin hogar. La lucha de los gilets jaunes no se limita a denunciar el desmantelamiento del Estado social, sino que se interroga, aún solo de forma embrionaria, sobre la reinvención y la socialización de los elementos de aquél. Al mismo tiempo, el movimiento enfoca la cuestión fiscal en términos de “fin de privilegios”. “Ir a por el dinero allí donde se encuentra” significa, junto con el rechazo a los impuestos indirectos (como el llamado “impuesto sobre el carbono”), elaborar un conjunto de medidas dirigidas a buscar la igualdad fiscal siguiendo el principio de “les gros payent GROS et les petits payent PETIT” (“Que los grandes paguen MUCHO y los pequeños paguen POCO”).


También se ha debatido sobre la reintroducción del ISF (impuesto a las grandes fortunas), sobre la recuperación del fondo económico de 40.000 millones del CICE (crédito fiscal para el empleo), la tributación de las grandes empresas de Internet y de aquellas que más contaminan, la intervención contra los grandes evasores fiscales, etc. La insistencia sobre la vida y el trabajo, y la lucha por el fin de los privilegios (más que contra una genérica “casta”) dividen la abstracta homogeneidad del pueblo, demostrando que éste está compuesto por intereses fraccionados y divergentes.


El segundo elemento es que la transformación social, en el sentido de egalité, es inseparable de la transformación política. La crítica, por parte de los gilets jaunes, de la forma de gobierno de la Quinta República parte de la conciencia que el agotamiento de su constitución material es proporcional al giro autoritario de algunos de sus órganos y aparatos administrativos. En Saint-Nazaire, los gilets jaunes pretenden “funcionar”, en el plano social, como una multiplicidad de grupos que se opongan a la reorganización autoritaria de la máquina estatal (véase la ley “anti-casseurs” aprobada por el Parlamento francés). Al ponerse de manifiesto que existe una condición común de pobreza productiva, el movimiento ha empezado a dirigirse hacia una lucha por la existencia social, adquiriendo así un nuevo carácter de fuerza de choque que ataca los cimientos de la legitimidad del poder soberano.

Las reivindicaciones de los gilets jaunes se sintetizan con la siguiente fórmula: “justicia social, justicia fiscal, justicia ecológica y más democracia”. Los cuatro niveles resultan indisociables, a pesar de que los medios de comunicación sigan pidiendo continuamente al movimiento que “ponga prioridades en sus reivindicaciones”. Tal cosa no sucederá, porque no se encuentran en el marco de una negociación de tipo sectorial. El mismo Macron, por otro lado, ha hecho de la liquidación de los cuerpos intermedios una de las características de su proyecto de gobierno. Pero si los gilets jaunes no estructuran en orden jerárquico sus reivindicaciones es sobre todo porque éstas se están dirigiendo cada vez más hacia una crítica radical del sistema político y económico, haciendo de la misma “ecología” campo de una dura contienda.


La multiplicación de las luchas actuales nos invita a buscar una unidad de acción


Las propuestas presentadas por los comités locales han tenido como objetivo organizar el movimiento y consolidar sus estrategias, tanto a corto como a largo plazo. Durante el cierre de los tres días de asambleas, se han redactado, aprobado y publicado distintos llamamientos en formato texto y audiovisual.


En el marco de un llamamiento a movilizarse el 1 de mayo y a una “semana amarilla de acción”, así como a converger con el movimiento climático y las luchas por la vivienda, la perspectiva de un “movimiento social, ecologista y popular” parece reunir las distintas peticiones de justicia desde la perspectiva de una unidad de acción.


En el llamamiento dedicado a la “convergencia ecológica” se afirma que lo que está destruyendo la vida sobre la Tierra, incluida la vida humana, es la lógica de explotación infinita del capitalismo. La limitación de los recursos empuja al movimiento a preguntarse sobre la distribución de aquellos, así como sobre el control de la producción. La AdA afirma que el conocido como “impuesto sobre el carbono” es el ejemplo perfecto de un falso ecologismo punitivo que castiga a aquellos que no son responsables, o que lo son, como mucho, en una ínfima parte. Así, los gilets jaunes invitan a todas las personas que quieran acabar con el acaparamiento de lo viviente a actuar contra el sistema actual.


Se ha debatido sobre las elecciones europeas como una ocasión para denunciar el carácter antidemocrático de las instituciones de la UE y como un terreno de movilización a escala europea. Considerando el periodo electoral como un “Acto de reconquista democrática”, los gilets jaunes rechazan cualquier indicación sobre el voto, para generar una presencia en las calles durante todo el periodo electoral (se ha previsto una manifestación en Bruselas para finales de mayo o principios de junio).


Además, se ha dedicado un llamamiento a la anulación de las penas para los miles de personas encarceladas y condenadas en estos meses de vida del movimiento de los gilets jaunes, así como de otras luchas dedicas a la defensa del bien común, luchas de barrio, ecologistas o que intentan construir una democracia directa. Se insiste así en la construcción de una campaña en defensa de las libertades públicas y de los derechos fundamentales, configurándose una plataforma estatal para censar los casos de represión judicial, y apoyar su defensa en los tribunales.


A largo plazo, como ya se ha dicho, la perspectiva municipalista (o comunalista) fue propuesta por los gilets jaunes de Commercy. También ésta se ha presentado en forma de llamamiento compartido por la AdA: “Desde aquí invitamos a crear en cada comuna [unidad mínima territorial de tamaño muy variable en que se configura oficialmente el territorio francés, N. del T.], o donde sea posible, una o más asambleas ciudadanas y populares. Porque ese poder nos ha sido confiscado, como podemos constatar en diferentes ámbitos: ecologismo, privatizaciones, democracia, etc.”


El conjunto de propuestas, de instrumentos de trabajo y de llamamientos compartidos por la AdA deberá ser ahora debatido de nuevo por cada comité o asamblea local presente en Saint-Nazaire. La mención de la necesidad de «salir del capitalismo», incluida en el llamamiento final, ha provocado un encendido debate. Algunas personas han expresado su perplejidad, porque consideran que la salida del capitalismo no es una reivindicación que defender ante una contraparte, sino un objetivo de fondo que se conquista con la fuerza material de la lucha. Otras personas, aun declarándose explícitamente anticapitalistas, han señalado la exigencia de preservar la heterogeneidad del movimiento, expresando en su llamamiento solo las reivindicaciones más ampliamente consensuadas. Por último, otros grupos han afirmado que la salida del capitalismo es una consecuencia lógica de las reivindicaciones de los gilets jaunes. La propuesta ha sido aprobada y ahora deberá someterse a discusión en los comités locales, como todo lo demás.


Resulta también necesario subrayar que la “gruposidad” de los gilets jaunes va mucho más allá del conjunto de comités que se han reunido en Saint-Nazaire. La AdA se configura, por tanto, como una hipótesis de trabajo y como la expresión de una tendencia dentro del movimiento de los gilets jaunes, sin pretender representar toda su complejidad.


Esa complejidad se manifiesta en múltiples prácticas de lucha y formas de existencia política: en los “Actos” del sábado, en el uso político de las redes sociales, en la plataforma digital alternativa llamada Vrai Débat, en las asambleas ciudadanas, en los piquetes en peajes, en almacenes de la logística, sedes de Amazon y centros comerciales; en los encuentros públicos en la Bourse de Travail de París y en los Ayuntamientos de las pequeñas ciudades, en los puntos fijos de información en los barrios y en los mercados callejeros; y en la construcción de pequeños campamentos en rotondas y en plazas de las ciudades.

Por Marta Camell i Galí  / Francesco Brancaccio
Traducido por Pedro Castrillo
2019-04-22 14:48:00

Publicado enPolítica
Sábado, 09 Marzo 2019 06:34

La revuelta feminista y sus conexiones

Las más jóvenes, los sectores populares y las mujeres racializadas son las protagonistas de este momento histórico

Vivimos una extensión del feminismo sin precedentes: lo que antes era marginal se volvió sentido común. Los acontecimientos se suceden tan velozmente que a veces no podemos pararnos a pensar. ¿De qué está hecha esta revuelta que tambalea cimientos a escala global? ¿Cuáles son los ingredientes que agitan su potencia?


A veces se ha intentado responder esta pregunta desde la idea de olas, buscando identificar en cuál estamos, como si el momento actual hubiese concluido y pudiéramos analizarlo de forma estanca. Mi propuesta es enfocarlo de un modo distinto, que evite cierres apresurados y utilizar estas preguntas no tanto para definir, sino para escuchar los modos en los que está siendo contestado el poder contemporáneo, porque en ellos encontramos claves fundamentales para comprender nuestro presente.


La revuelta feminista que recorre nuestros cuerpos es radicalmente heterogénea y se produce al mismo tiempo en diferentes niveles: calle, escuela, institución, entornos laborales, medios de comunicación, redes sociales, sindicatos. Esta multiplicidad tiene lugar de manera simultánea en una serie de expresiones comunes: hartazgo ante la violencia, huelga como desafío, demanda inaplazable del aborto. Desde esta perspectiva, es posible repasar algunas de las imágenes que nos deja la revuelta y que hilan un feminismo radicalmente diverso y transformador.


Una revuelta que se inicia en el Sur


Las imágenes de movilizaciones históricas se mantienen muy presentes en nuestras pupilas. La mecha prendida en 2015 en Argentina con la movilización #NiUnaMenos tras una serie de feminicidios, entre los que se encuentra el de Chiara Páez –adolescente de 14 años embarazada en ese momento– y su réplica en México el 24 de abril de 2016, con una movilización que sacude el país entero, resitúan la cuestión de la violencia en términos de clase y la raza: ¿A qué violencias están sometidas las mujeres de las villas o de la periferia de la Ciudad de México? ¿Cómo resistir cuando tu casa se encuentra en la misma zona donde salir a la calle supone en sí mismo riesgo de desaparición o muerte? ¿Qué economías operan en la violencia contra las mujeres? ¿Cómo defenderse, cuidarse colectivamente, cómo no ceder al terror?


La convocatoria en Ciudad de México fue precedida por la acción #MiPrimerAcoso. Cientos de mujeres narraron en ese momento por primera vez abusos de todo tipo. Se iniciaba un proceso histórico: la ruptura del pacto de silencio que impera sobre la violencia. Comenzaron a organizarse grupos de denuncia contra el acoso en las universidades y se tejieron alianzas con las familias que buscaban incansablemente el regreso con vida de sus desaparecidas o batallaban por justicia ante los feminicidios. Las cruces rosas quedaron clavadas en los territorios allí donde la violencia se impuso, allí donde la hermana, la hija o la amiga desapareció, allí donde se encontraron sus restos: símbolos contra el olvido, resistencia contra el borrado de humanidad.


Más tarde, en España se gritará, con la fuerza de quienes sienten en primera persona aquello por lo que batallan, “hermana, somos tu manada”. Se recontruyó un nuevo nosotras no unitario en una realidad cargada de violencia e impunidad. Y también asistimos a las movilizaciones de las estudiantes chilenas por una educación libre de violencias, las de las mujeres en la India marchando juntas, encadenando fuertemente sus brazos, las turcas desafiando al régimen, y el #MeToo, no como causa de esta revuelta, como erróneamente se ha interpretado en ocasiones, sino como efecto de la oleada que nace desde el Sur y el Este, reconfigurando el mapa global de la protesta.


También tenemos recientes las imágenes del Paro Internacional de Mujeres, impulsado por las argentinas en 2017, a raíz del brutal feminicidio de Lucía Pérez, de 16 años de edad, y que colmó la pretensión de asimilar socialmente la barbarie. Una huelga en el que la protesta contra el feminicidio, el derecho al aborto y las desigualdades económicas se entrelazan: “Sin nosotras no se produce y sin nosotras no se reproduce”. Desde Argentina, el desafío se expandió: ¿Qué significa parar cuando la realidad laboral es la precariedad extrema y la familiar depende del cuidado? ¿Cómo hacerlo dentro de una comunidad? ¿Cómo reinventan las mujeres el paro? ¿Qué circuitos económicos colapsan cuando las mujeres dicen «basta»? ¿Qué orden social y qué entramado de poder son cuestionados en cada situación?


Posteriormente, al calor de la huelga feminista convocada en España, adquirió forma otra intuición: si en este sistema las mujeres y quienes no se adecúan a las normas de género son explotadas y excluidas –como las empleadas domésticas, las migrantes, las disidentes sexuales o las trabajadoras del sexo–, amenazadas e, incluso, asesinadas, –en un sistema que impone la desigualdad y la violencia como formas de control–, ¿no será necesariamente el feminismo anticapitalista y antirracista? ¿No cuestiona el feminismo de raíz este orden intolerable? En otras latitudes, las mujeres zapatistas dicen algo que resuena fuertemente con estas preguntas: el capitalismo ataca nuestras comunidades, las mismas condiciones para la reproducción, la misma posibilidad de existir.


Por último, en nuestra memoria reciente aparecen las imágenes de las luchas por el derecho y la despenalización del aborto. Las irlandesas regresando a casa a votar en referéndum histórico; las polacas vestidas de negro, desafiando al régimen en su empeño por prohibirlo y penalizarlo; las argentinas tomando el parlamento, haciendo que sus demandas se conviertan en debate nacional y anudando pañuelos, el verde de las jóvenes, el blanco de las Madres de Plaza de Mayo y el de millones de mujeres en el mundo entero. ¿Qué discursos hegemónicos sobre el control del cuerpo de las mujeres se ven desplazados aquí? La autonomía, sobre la que pivotan buena parte de las reivindicaciones históricas del feminismo, se actualiza en varios aspectos: una nueva dimensión internacional –la autonomía de las de aquí pasa por las de allí–, el derecho de las personas trans a decidir sobre su cuerpo y el cruce con la clase, la edad y la procedencia: son las más jóvenes, los sectores populares y las mujeres racializadas las protagonistas en este momento histórico.
El feminismo como punto de partida incuestionable


El sentido del feminismo se está reconfigurando a través de todas estas nuevas prácticas. Mirar desde esta perspectiva implica asumir que no existe programa predefinido o agenda única que pueda imponerse para calcular avances o evaluar logros. En otras décadas, el feminismo se articuló en torno a la representación de la mujer, categoría que aglutinó al movimiento el movimiento; posteriormente, se cuestionó con la aparición de las diferencias entre mujeres y el reconocimiento de una enorme diversidad de feminismos –populares, comunitarios, negros, transfeministas, queer, descoloniales–. En la actualidad, sin negar nuestras diferencias, nos reunimos en torno a situaciones o problemas comunes. Estas situaciones tienen, además, la cualidad de reverberar a escala global: mensajes, reivindicaciones, discusiones y formas de acción circulan traspasando fronteras y haciendo que unas vibremos con la experiencia de otras. Esta articulación de las diferencias en un nuevo común no unitario es el problema filosófico-político de nuestro tiempo.


El trabajo de identificar situaciones o problemas comunes expresa la resistencia contra lo que podemos llamar lógica de separación: separación de experiencias, separación de cuerpos, separación de territorios. Ante un poder que separa la vida, la nueva revuelta feminista reconstruye los vínculos sociales rotos de maneras diversas. En el Estado de México, la Asamblea Nos Queremos Vivas Neza, formada ante el terrible aumento de niñas y mujeres desparecidas y/o asesinadas, afirma: “El miedo se transforma en amor por otras”. En la práctica de organizarse, reaparecen otras formas de estar juntas y juntos.


En estos lugares periféricos, vemos con terrible crudeza que nuestro tiempo está definido por la paradoja: al mismo tiempo que vamos ganando vamos perdiendo. Al mismo tiempo que adquirimos más fuerza, experimentamos mayor violencia. Al mismo tiempo que somos potencia, nos sentimos extremadamente vulnerables. El feminismo es hoy un punto de partida incuestionable porque sin él no existe justicia, igualdad ni cuidado de la vida. Y, sin embargo, nos vemos obligadas a gritar: “Disculpen las molestias, nos están matando”, que en lugares como México cobra un sentido absolutamente literal. Es importante reconocer la paradoja de nuestro tiempo, no para quedarnos en ella, sino para hacerla estallar.


Estallar la paradoja


En la revuelta feminista encontramos ingredientes que pueden permitir estallar la paradoja para conducirnos a horizontes distintos. En primer lugar, una comprensión de la categoría de lo humano más allá del paradigma de la racionalidad. El feminismo enseña que la existencia no es evidente, sino una posibilidad que emerge al hacernos cargo de la vulnerabilidad y de la potencia de los cuerpos radicalmente diversos. No hay autonomía como transcendencia, sino que aquélla se da siempre en un entramado situado de interdependencia. Las madres que buscan a sus hijas saben que sin el apoyo de las demás es imposible literalmente sostener la búsqueda.


El significado de la acción política también cambia radicalmente. Aparecen varios desafíos. El primero, inclusión y horizontalidad. ¿Cómo impedir que las diferencias entre mujeres –de clase, procedencia, sexo– se resuelvan en desigualdad? ¿Cómo seguir atentas a las exclusiones producidas por las categorías morales y políticas de la tradición que tratan de imponerse? ¿Cómo propiciar el protagonismo de las menos privilegiadas? El segundo, conexión. María de Jesús Patricio Martínez (Marichuy), representante indígena en las pasadas elecciones en México decía: “Se trata de conectar dolores”. ¿Podemos hacer que distintos dolores dialoguen entre sí para hacernos más fuertes? ¿Qué tipo de nosotrxs distinto puede emerger? El tercero, amplificación. ¿Cómo generar prácticas que interroguen lo que se considera privado –cuidado, sexualidad, afecto– en sus aspectos políticos? El último, una política de lo común que nos permita entendernos enredadas en permanente conversación: con resistencias no necesariamente identificadas como feministas, identidades minoritarias no normativas, las genealogías de las luchas de las que somos parte, el malestar de millones en distintas partes del mundo. El feminismo internacionalista debe revolverse contra las desigualdades producidas por el colonialismo sin reproducir al mismo tiempo identidades estancas.


La revuelta feminista está planteando una de las preguntas más difíciles de nuestro tiempo en un momento en el que cualquier alternativa se declara imposible: ¿Cómo queremos vivir en común con criterios de justicia e igualdad? Y una respuesta tentativa: ¿No lo estamos ensayando ya? En muchos lugares del mundo, este próximo 8 de marzo seguiremos practicando el horizonte transformador por el que transitamos con todas nuestras fuerzas.

Autora
Silvia L. Gil, feminista y profesora/investigadora de Filosofía. Es autora de Nuevos Feminismos. Sentidos Comunes de la dispersión (Traficantes de Sueños) y participa en distintos procesos de pensamiento y acción colectiva entre México y España.

Publicado enSociedad
Paro cívico de Buenaventura, vista panorámica

A 20 meses del histórico paro cívico, el incumplimiento del gobierno de Iván Duque 

genera dudas e inconformidad al punto de que ya hay rumores de un nuevo paro

 

Muchos fueron los expertos, periodistas y analistas que se atrevieron a afirmar, en el momento más álgido del paro cívico de Buenaventura, que esta gesta de participación social y sus consecuencias partirían la historia de la ciudad en un antes y un después.

 

Más allá de los aciertos en torno a la anterior afirmación, la verdad es que 20 meses después de firmados los acuerdos del 6 de junio de 2017 entre el gobierno Santos y el Comité del Paro Cívico, se registran varios logros de enorme significación para la ciudad, aunque es evidente que los mayores reclamos del pueblo están lejos de materializarse, y el ritmo de avance registrado a partir de asumir Ivan Duque la presidencia, es angustiosamente lento.

 

De todo el conjunto de graves problemas que fueron motivo de la protesta social, las mesas que más han logrado concretar y avanzar en la ejecución de recursos, son educación en el componente de básica primaria, lo mismo que la mesa de saneamiento básico que ya cuenta con los recursos para mejorar cobertura de agua potable y alcantarillado. Pero persisten y en algunos casos se agudizan algunos problemas, tal como ocurre con la crisis de la salud, que pese a las millonarias inversiones anunciadas no llegan las obras y menos se ven las mejorías; persisten también los problemas con las basuras y la contaminación, y lo mismo ocurre con los problemas por falta de agua potable, los altísimos índices de desempleo con el estancamiento de los comerciantes e incluso el problema de la inseguridad y la violencia urbana, que se ha recrudecido en el último año llegando a niveles superiores a los registrados al momento del Paro Cívico.

 

Como puede recordarse, las preocupaciones del pueblo de Buenaventura que fueron resumidas en 8 grandes temas, con sus respectivas propuestas de solución, llegaron, al término de los acuerdos, a 10 mesas de trabajo, luego de sumárseles dos mesas temáticas que surgieron en el curso de la negociación:

 

Salud, educación, productividad y empleo, agua y saneamiento básico, ambiente, justicia y atención a víctimas, recreación cultura y deporte, territorio vivienda e infraestructura. Ampliadas con la mesa de derechos humanos, lo mismo que los componentes de garantías, protección y memoria.

 

Es entonces necesario recordar que los acuerdos entre gobierno y movimiento cívico tienen compromisos de los tres niveles: nacional, departamental y distrital. Y dentro de lo pactado, además de la ley para dar cumplimiento a los acuerdos con su fondo de Patrimonio autónomo en un periodo de 10 años, que por cierto el gobierno Santos tramitó con sorprendente agilidad emitiendo la ley 1872 del 18 de diciembre de 2017, llamada “ley de Buenaventura”, se establecieron prioridades y montos para ejecutar proyectos entre 2017 y 2019 que respondieran a las urgencias que fueron motivo de reclamación por parte del pueblo en sus 22 días de paro.

 

Lo dramático de la situación es que justamente estos recursos que debieran ser la primera parte del cumplimiento de lo acordado, no quedaron contemplados en el presupuesto del presente 2019, y hasta ahora el contenido de los acuerdos no ha sido incorporado al Plan Nacional de Desarrollo, por lo que puede afirmarse que hasta ahora el presidente Iván Duque incumple a los acuerdos con el pueblo de Buenaventura, aunque mantenga la agenda de seguimiento y permanezca activa la interlocución mediante algunos ministerios con los voceros del Comité del Paro Cívico.
Esta negativa a incorporar los acuerdos firmados el 6 de junio de 2017 en el Plan Nacional de Desarrollo es particularmente grave, pues sucede a pesar de los enormes esfuerzos adelantados por el Comité Cívico para que los mismos no corran la suerte del olvido. Así quedó registrado en carta enviada el pasado 11 de febrero a la directora de Planeación nacional, Gloria Amparo Alonso y al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla; misiva en la que el Comité Cívico expone la importancia y la obligación legal de cumplir lo contraido con Buenaventura, y hasta aportan los términos del artículo elaborado con apoyo de la bancada vallecaucana, para que en el Plan Nacional de Desarrollo sea incorporado el acuerdo del Estado con la ciudad.

 

Las cifras que aparecen a continuación, son los montos pactados en el acuerdo con el gobierno de Santos, para hacer inversiones entre 2017 y 2019, respondiendo así a las urgencias y prioridades expresadas por el pueblo. Sin embargo, hasta ahora la mayor parte de las obras no despegan y en muchos casos los recursos ni siquiera aparecen en los respectivos ministerios dentro del presupuesto 2019.

 

Con estos recursos quedaron priorizadas en las mesas temáticas proyectos para solucionar problemas urgentes y estratégicos para el bienestar de quienes habitan en Buenaventura, como la ciudadela hospitalaria y la reapertura del hospital Luis Ablanque de la Plata con servicios de los niveles dos y tres, lo mismo que el aumento en horas de suministro de agua potable, y obras de infraestructura vial, así como el problema de alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y basuras, entre muchos otros.

 

Para comprender los logros y avances del Paro Cívico es necesario reconocer, por un lado, el tamaño de las aspiraciones plasmadas en los acuerdos con sus cifras, ciertamente millonarias, y por otro lado, interpretar la ganancia social del papel protagónico y el liderazgo gestado en torno al comité del Paro Cívico y que ha puesto a Buenaventura en el centro de la discusión nacional.

 

Este segundo aspecto se ve expresado en la alta credibilidad despertada por el Comité Cívico de Buenaventura, en su dinámico rol de interlocutor con el Gobierno, y que llevó en tiempo extraordinariamente corto al trámite de la ley 1872 de diciembre de 2017 que crea el Fondo de Patrimonio Autónomo y concibe la implementación de un Plan Especial de Desarrollo Integral para garantizar el cumplimiento de los acuerdos. También se logró ya el correspondiente marco normativo de reglamentación y aplicación de la mencionada ley, al punto que el 18 de octubre de 2018 pudo instalarse la Junta Administradora del Fondo en la misma ciudad de Buenaventura, en un hecho que no tiene precedentes en la historia de Colombia.

 

En el escenario de seguimiento a los acuerdos, resalta que las diez mesas temáticas muestras niveles variados de desarrollo. Y queda también claro que mientras las mesas técnicas conformadas por funcionarios del Gobierno y la comunidad avanzan en procura de concretar la solución a problemas priorizados, el comité ejecutivo mantiene una intensa interlocución con el Gobierno para lograr el desarrollo normativo de la ley 1872 y la respectiva presión, con apoyo de la bancada de congresistas del Valle del Cauca, para que el Gobierno mantenga la atención al más alto nivel en el compromiso con Buenaventura. Así se demuestra con la instalación de la Junta Administradora de FonBuenaventura, que tiene la tarea de diseñar e implementar el Plan Especial de Desarrollo Integral para esta ciudad.

 

Un logro parcial, pues de nada servirá la conformación de la Junta Administradora de un fondo sin fondos. Y eso es lo que está ocurriendo, y está a punto de concretarse el incumplimiento formal de parte del gobierno Duque, si es que en las pocas semanas que quedan para aprobar el Plan Nacional de Desarrollo el gobierno persiste en dejar por fuera los acuerdos firmados para levantar el Paro Cívico de Buenaventura, y con ello daría nuevas razones al pueblo para recordar que el paro cívico no está desmontado sino suspendido, lo que significa que en el presente 2019 podrían venir nuevas protestas.

 

El desafío a corto y mediano plazo, por lo tanto, es concretar en proyectos y ejecución de los mismos, las soluciones plasmadas en los acuerdos.

 


 

Recuadro 1

 

Salud

 

En el Acta final se acordaron recursos por 12.500 millones de pesos para le Unidad de Cuidados Intensivos del único hospital público de la ciudad, pero esta obra está lejos de realizarse.

 

Con una población que carece de servicios básicos, y padece atraso acumulado por años en temas tan sensibles como salud, agua y saneamiento básico, educación e infraestructura, todo es urgente. Por eso, y ante la inocultable crisis de la salud que sufre Buenaventura –a pesar de las reclamaciones del Paro Cívico–, se ve con frustración que todavía no se hayan dado los primeros pasos para concretar la ciudadela hospitalaria que tiene recursos asignados por 183 mil millones de pesos, y es válida la preocupación por el incumplimiento del gobierno local en la tarea de asignar el respectivo lote para la obra.

 

 

Recuadro 2

 

Ambiente

 

Esta mesa, desde los acuerdos hasta inicios de 2018, mantuvo una actividad de seguimiento muy intensa con el gobierno de Juan Manuel Santos, pero presenta una dificultad similar a la comportada por varias de las otras mesas en las fases de planeación, definición y diseño de proyectos; además, en los últimos meses del gobierno saliente se disolvió la interlocución, por lo que se registra un estancamiento en seguimiento y avances. Tampoco ha logrado una reactivación notoria en lo corrido del gobierno de Iván Duque.

 

En materia de ambiente se logró la presión suficiente para suspender, por ahora, la pretensión de realizar el relleno sanitario en la parte alta del nacimiento de la quebrada El Venado, logrando así protejer el recurso hídrico y el bienestar de las comunidades aledañas, pero el Distrito tiene aplazada la solución al grave problema de las basuras, sin decidir aún el lugar donde deberá construirse el relleno.

 

Sobre este particular se elaboró un informe que demuestra la no viabilidad de la realización del relleno sanitario en Santa Elena. Se demuestra que hay árboles en peligro de extinción, porque el relleno sanitario quedaría encima del nacimiento de una microcuenca, por terrenos demasiado pendientes.

 

Un informe riguroso, generado desde la mesa de ambiente, obligó al establecimiento público ambiental –EPA– a imponer medidas preventivas para la protección del aire, y logró la expedición de sendas resoluciones en octubre de 2017, la 141 y 144, que implica la orden de suspensión preventiva de dos de los patios de carbón de Buenaventura. Sin embargo, transcurrido más de un año esta importante disposición no se ha acatado, y urge por cierto, el acompañamiento de la comunidad y del ministerio público para obligar a su cumplimiento.

 

Al mismo tiempo, se trabaja en tres políticas: ambiental, hídrica y cambio climático, aplicadas a la región natural de influencia de Buenaventura.

 

Al mismo tiempo, se labora en el Plan de Getión ambiental distrital de Buenaventura; el plan de gestión de residuos sólidos, y el Plan de saneamiento y manejo de vertimientos.

 

 

Recuadro 3

 

Educación, lo más destacado

 

El tema que tiene mayor grado de avance es educación, porque hay varias obras del componente de infraestructura que están en ejecución: remodelación de escuelas en zona rural y urbana, y porque se logró el aumento de recursos para Buenaventura en una cifra cercana a 25 mil millones de pesos año, mediante la revisión de un criterio técnico denominado “tipología educativa” que determina los recursos asignados por regiones. Parte de esos recursos ya comienzan a beneficiar a la ciudad. Se logró, así mismo, la asignación de 137 nuevas plazas para docentes.

 

Infraestructura educación superior. El logro concreto en este componente del acuerdo es del orden de once mil millones de pesos ($ 11.000.000.000) para la Univalle sede Pacífico.

 

Se dispuso por parte del MEN, y están en proceso de ejecución, doscientos treinta y seis millones de pesos (236.000.000) para el diagnóstico ampliado que posibilite la definición de políticas públicas territoriales en materia de educación superior.

 

En materia de salud: está aprobada la inversión de 183 mil millones de pesos para la ciudadela hospitalaria, de los cuales están asegurados 27 mil millones para primera fase.

 

Recursos para adecuación, remodelación y construcción de puestos y centros de salud urbanos y rurales. Asegurados ya 3.500 millones para el Centro hospitalario de Puerto Merizalde.

 

cuadro p3

 

Publicado enColombia
Paro cívico de Buenaventura, vista panorámica

A 20 meses del histórico paro cívico, el incumplimiento del gobierno de Iván Duque 

genera dudas e inconformidad al punto de que ya hay rumores de un nuevo paro

 

Muchos fueron los expertos, periodistas y analistas que se atrevieron a afirmar, en el momento más álgido del paro cívico de Buenaventura, que esta gesta de participación social y sus consecuencias partirían la historia de la ciudad en un antes y un después.

 

Más allá de los aciertos en torno a la anterior afirmación, la verdad es que 20 meses después de firmados los acuerdos del 6 de junio de 2017 entre el gobierno Santos y el Comité del Paro Cívico, se registran varios logros de enorme significación para la ciudad, aunque es evidente que los mayores reclamos del pueblo están lejos de materializarse, y el ritmo de avance registrado a partir de asumir Ivan Duque la presidencia, es angustiosamente lento.

 

De todo el conjunto de graves problemas que fueron motivo de la protesta social, las mesas que más han logrado concretar y avanzar en la ejecución de recursos, son educación en el componente de básica primaria, lo mismo que la mesa de saneamiento básico que ya cuenta con los recursos para mejorar cobertura de agua potable y alcantarillado. Pero persisten y en algunos casos se agudizan algunos problemas, tal como ocurre con la crisis de la salud, que pese a las millonarias inversiones anunciadas no llegan las obras y menos se ven las mejorías; persisten también los problemas con las basuras y la contaminación, y lo mismo ocurre con los problemas por falta de agua potable, los altísimos índices de desempleo con el estancamiento de los comerciantes e incluso el problema de la inseguridad y la violencia urbana, que se ha recrudecido en el último año llegando a niveles superiores a los registrados al momento del Paro Cívico.

 

Como puede recordarse, las preocupaciones del pueblo de Buenaventura que fueron resumidas en 8 grandes temas, con sus respectivas propuestas de solución, llegaron, al término de los acuerdos, a 10 mesas de trabajo, luego de sumárseles dos mesas temáticas que surgieron en el curso de la negociación:

 

Salud, educación, productividad y empleo, agua y saneamiento básico, ambiente, justicia y atención a víctimas, recreación cultura y deporte, territorio vivienda e infraestructura. Ampliadas con la mesa de derechos humanos, lo mismo que los componentes de garantías, protección y memoria.

 

Es entonces necesario recordar que los acuerdos entre gobierno y movimiento cívico tienen compromisos de los tres niveles: nacional, departamental y distrital. Y dentro de lo pactado, además de la ley para dar cumplimiento a los acuerdos con su fondo de Patrimonio autónomo en un periodo de 10 años, que por cierto el gobierno Santos tramitó con sorprendente agilidad emitiendo la ley 1872 del 18 de diciembre de 2017, llamada “ley de Buenaventura”, se establecieron prioridades y montos para ejecutar proyectos entre 2017 y 2019 que respondieran a las urgencias que fueron motivo de reclamación por parte del pueblo en sus 22 días de paro.

 

Lo dramático de la situación es que justamente estos recursos que debieran ser la primera parte del cumplimiento de lo acordado, no quedaron contemplados en el presupuesto del presente 2019, y hasta ahora el contenido de los acuerdos no ha sido incorporado al Plan Nacional de Desarrollo, por lo que puede afirmarse que hasta ahora el presidente Iván Duque incumple a los acuerdos con el pueblo de Buenaventura, aunque mantenga la agenda de seguimiento y permanezca activa la interlocución mediante algunos ministerios con los voceros del Comité del Paro Cívico.
Esta negativa a incorporar los acuerdos firmados el 6 de junio de 2017 en el Plan Nacional de Desarrollo es particularmente grave, pues sucede a pesar de los enormes esfuerzos adelantados por el Comité Cívico para que los mismos no corran la suerte del olvido. Así quedó registrado en carta enviada el pasado 11 de febrero a la directora de Planeación nacional, Gloria Amparo Alonso y al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla; misiva en la que el Comité Cívico expone la importancia y la obligación legal de cumplir lo contraido con Buenaventura, y hasta aportan los términos del artículo elaborado con apoyo de la bancada vallecaucana, para que en el Plan Nacional de Desarrollo sea incorporado el acuerdo del Estado con la ciudad.

 

Las cifras que aparecen a continuación, son los montos pactados en el acuerdo con el gobierno de Santos, para hacer inversiones entre 2017 y 2019, respondiendo así a las urgencias y prioridades expresadas por el pueblo. Sin embargo, hasta ahora la mayor parte de las obras no despegan y en muchos casos los recursos ni siquiera aparecen en los respectivos ministerios dentro del presupuesto 2019.

 

Con estos recursos quedaron priorizadas en las mesas temáticas proyectos para solucionar problemas urgentes y estratégicos para el bienestar de quienes habitan en Buenaventura, como la ciudadela hospitalaria y la reapertura del hospital Luis Ablanque de la Plata con servicios de los niveles dos y tres, lo mismo que el aumento en horas de suministro de agua potable, y obras de infraestructura vial, así como el problema de alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y basuras, entre muchos otros.

 

Para comprender los logros y avances del Paro Cívico es necesario reconocer, por un lado, el tamaño de las aspiraciones plasmadas en los acuerdos con sus cifras, ciertamente millonarias, y por otro lado, interpretar la ganancia social del papel protagónico y el liderazgo gestado en torno al comité del Paro Cívico y que ha puesto a Buenaventura en el centro de la discusión nacional.

 

Este segundo aspecto se ve expresado en la alta credibilidad despertada por el Comité Cívico de Buenaventura, en su dinámico rol de interlocutor con el Gobierno, y que llevó en tiempo extraordinariamente corto al trámite de la ley 1872 de diciembre de 2017 que crea el Fondo de Patrimonio Autónomo y concibe la implementación de un Plan Especial de Desarrollo Integral para garantizar el cumplimiento de los acuerdos. También se logró ya el correspondiente marco normativo de reglamentación y aplicación de la mencionada ley, al punto que el 18 de octubre de 2018 pudo instalarse la Junta Administradora del Fondo en la misma ciudad de Buenaventura, en un hecho que no tiene precedentes en la historia de Colombia.

 

En el escenario de seguimiento a los acuerdos, resalta que las diez mesas temáticas muestras niveles variados de desarrollo. Y queda también claro que mientras las mesas técnicas conformadas por funcionarios del Gobierno y la comunidad avanzan en procura de concretar la solución a problemas priorizados, el comité ejecutivo mantiene una intensa interlocución con el Gobierno para lograr el desarrollo normativo de la ley 1872 y la respectiva presión, con apoyo de la bancada de congresistas del Valle del Cauca, para que el Gobierno mantenga la atención al más alto nivel en el compromiso con Buenaventura. Así se demuestra con la instalación de la Junta Administradora de FonBuenaventura, que tiene la tarea de diseñar e implementar el Plan Especial de Desarrollo Integral para esta ciudad.

 

Un logro parcial, pues de nada servirá la conformación de la Junta Administradora de un fondo sin fondos. Y eso es lo que está ocurriendo, y está a punto de concretarse el incumplimiento formal de parte del gobierno Duque, si es que en las pocas semanas que quedan para aprobar el Plan Nacional de Desarrollo el gobierno persiste en dejar por fuera los acuerdos firmados para levantar el Paro Cívico de Buenaventura, y con ello daría nuevas razones al pueblo para recordar que el paro cívico no está desmontado sino suspendido, lo que significa que en el presente 2019 podrían venir nuevas protestas.

 

El desafío a corto y mediano plazo, por lo tanto, es concretar en proyectos y ejecución de los mismos, las soluciones plasmadas en los acuerdos.

 


 

Recuadro 1

 

Salud

 

En el Acta final se acordaron recursos por 12.500 millones de pesos para le Unidad de Cuidados Intensivos del único hospital público de la ciudad, pero esta obra está lejos de realizarse.

 

Con una población que carece de servicios básicos, y padece atraso acumulado por años en temas tan sensibles como salud, agua y saneamiento básico, educación e infraestructura, todo es urgente. Por eso, y ante la inocultable crisis de la salud que sufre Buenaventura –a pesar de las reclamaciones del Paro Cívico–, se ve con frustración que todavía no se hayan dado los primeros pasos para concretar la ciudadela hospitalaria que tiene recursos asignados por 183 mil millones de pesos, y es válida la preocupación por el incumplimiento del gobierno local en la tarea de asignar el respectivo lote para la obra.

 

 

Recuadro 2

 

Ambiente

 

Esta mesa, desde los acuerdos hasta inicios de 2018, mantuvo una actividad de seguimiento muy intensa con el gobierno de Juan Manuel Santos, pero presenta una dificultad similar a la comportada por varias de las otras mesas en las fases de planeación, definición y diseño de proyectos; además, en los últimos meses del gobierno saliente se disolvió la interlocución, por lo que se registra un estancamiento en seguimiento y avances. Tampoco ha logrado una reactivación notoria en lo corrido del gobierno de Iván Duque.

 

En materia de ambiente se logró la presión suficiente para suspender, por ahora, la pretensión de realizar el relleno sanitario en la parte alta del nacimiento de la quebrada El Venado, logrando así protejer el recurso hídrico y el bienestar de las comunidades aledañas, pero el Distrito tiene aplazada la solución al grave problema de las basuras, sin decidir aún el lugar donde deberá construirse el relleno.

 

Sobre este particular se elaboró un informe que demuestra la no viabilidad de la realización del relleno sanitario en Santa Elena. Se demuestra que hay árboles en peligro de extinción, porque el relleno sanitario quedaría encima del nacimiento de una microcuenca, por terrenos demasiado pendientes.

 

Un informe riguroso, generado desde la mesa de ambiente, obligó al establecimiento público ambiental –EPA– a imponer medidas preventivas para la protección del aire, y logró la expedición de sendas resoluciones en octubre de 2017, la 141 y 144, que implica la orden de suspensión preventiva de dos de los patios de carbón de Buenaventura. Sin embargo, transcurrido más de un año esta importante disposición no se ha acatado, y urge por cierto, el acompañamiento de la comunidad y del ministerio público para obligar a su cumplimiento.

 

Al mismo tiempo, se trabaja en tres políticas: ambiental, hídrica y cambio climático, aplicadas a la región natural de influencia de Buenaventura.

 

Al mismo tiempo, se labora en el Plan de Getión ambiental distrital de Buenaventura; el plan de gestión de residuos sólidos, y el Plan de saneamiento y manejo de vertimientos.

 

 

Recuadro 3

 

Educación, lo más destacado

 

El tema que tiene mayor grado de avance es educación, porque hay varias obras del componente de infraestructura que están en ejecución: remodelación de escuelas en zona rural y urbana, y porque se logró el aumento de recursos para Buenaventura en una cifra cercana a 25 mil millones de pesos año, mediante la revisión de un criterio técnico denominado “tipología educativa” que determina los recursos asignados por regiones. Parte de esos recursos ya comienzan a beneficiar a la ciudad. Se logró, así mismo, la asignación de 137 nuevas plazas para docentes.

 

Infraestructura educación superior. El logro concreto en este componente del acuerdo es del orden de once mil millones de pesos ($ 11.000.000.000) para la Univalle sede Pacífico.

 

Se dispuso por parte del MEN, y están en proceso de ejecución, doscientos treinta y seis millones de pesos (236.000.000) para el diagnóstico ampliado que posibilite la definición de políticas públicas territoriales en materia de educación superior.

 

En materia de salud: está aprobada la inversión de 183 mil millones de pesos para la ciudadela hospitalaria, de los cuales están asegurados 27 mil millones para primera fase.

 

Recursos para adecuación, remodelación y construcción de puestos y centros de salud urbanos y rurales. Asegurados ya 3.500 millones para el Centro hospitalario de Puerto Merizalde.

 

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Publicado enEdición Nº254
Cuba aprueba su nueva Constitución tras la celebración de un referéndum

El 86,8 % de los votantes (73,3 % de todos los electores cubanos) votó 'Sí' a la reforma de la carta magna surgida del debate popular realizado entre agosto y noviembre de 2018.

Este domingo 24 de febrero los cubanos y cubanas votaron en un referéndum a favor de reformar la Constitución vigente desde 1976. Con una participación del 84,40 % (el voto no es obligatorio), el 86,85 % de los votantes respondió 'Sí' a la pregunta: "¿Ratifica usted la nueva Constitución de la República?".


Esto corresponde a un apoyo de 6.816.169 ciudadanos (el 73,31 % del padrón electoral), mientras que 706.400 personas (el 7,59 % del padrón y el 9,39 % de los votos válidos) marcaron el 'No' en la consulta popular. La Comisión Electoral Nacional cubana anuló 127.100 boletas, y las restantes 198.674 quedaron en blanco.


El jefe de Estado, Miguel Díaz-Canel, declaró a los medios, luego de asistir al centro de votación, que se trata de una carta magna "moderna" que "formula un Estado socialista de derecho". "Nos va a permitir destrabar procesos y avanzar de una manera más decidida en la construcción del modelo económico-social", añadió.


A su vez, recordó que "el 24 de febrero de 1976, Cuba aprobó la primera Constitución socialista, ya en Revolución", lo que implicó un "momento de crecimiento, de avance institucional, jurídico y constitucional".


Finalmente, sostuvo que la votación fue "también por América Latina, por Venezuela y la dignidad de la región". "Estamos viviendo un momento de amenaza imperial, existe la intención de imponer una plataforma de restauración capitalista en América Latina", agregó en relación a la crisis que se vive en Venezuela y las amenazas de intervención militar por parte de EE.UU


"Los pueblos latinoamericanos tenemos que aprender a defender nuestra identidad. Esta guerra que se nos hace es económica, ideológica y cultural", completó.
¿Qué plantea la nueva Constitución.


El texto aprobado en el referéndum de este domingo supone una serie de modificaciones de distinta índole y mantiene derechos consagrados por el modelo cubano. Entre los artículos más importantes se destacan:


• Título II: actualización del modelo económico y reconocimiento del mercado, la propiedad privada y la inversión extranjera para hacer frente al bloqueo de EE.UU.
• Artículo 4: se ratifica que el país no volverá al capitalismo y se destaca el carácter "irrevocable" del sistema socialista.
• Artículo 82: se considera al matrimonio como una forma de organización familiar que "se funda en el libre consentimiento y en la igualdad de derechos, obligaciones y capacidad legal de los cónyuges". De esta manera, se modifica la descripción que planteaba que era la unión de un varón y una mujer, abriendo la puerta para que el matrimonio igualitario sea legalizado en el futuro.
• Artículos 126 y 127: se crea el cargo de presidente del país que tendrá un mandato de cinco años con opción a una sola reelección por un período de tiempo similar. Además, la edad mínima requerida para aspirar a este cargo serán 35 años y la máxima 60 a la hora de presentarse por primera vez.
• Artículo 15: se explicita el carácter laico del Estado y se mantiene la libertad de credo y el respeto igualitario a todos ellos.
• Artículo 55: se declara que "los medios fundamentales de comunicación social", en cualquiera de sus formas y soportes, son de propiedad socialista y "no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad".

• Artículo 42: todas las personas recibirán "igual salario por igual trabajo, sin discriminación alguna".

• Artículos 72 y 73: tanto la Salud como la Educación serán garantizadas por el Estado de forma gratuita.

• Artículo 86: se reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de pleno derecho para garantizar "su desarrollo armónico e integral" teniendo en cuenta "su interés superior en las decisiones y actos que les conciernan".


Un proceso de debate inédito en el mundo


El primer borrador de la nueva Constitución fue presentado a mediados de 2018 en la Asamblea Nacional y sometido a un debate popular de varios meses, que comenzó el 13 de agosto y finalizó el 15 de noviembre.


Según informó Prensa Latina, casi 9 millones de cubanos –sobre 11.500.000 habitantes– participaron de 133.000 reuniones de discusión que se llevaron a cabo en barrios, centros de trabajo y estudio. De allí surgieron alrededor de 783.000 propuestas de modificación, adición o eliminación de artículos.

Publicado: 25 feb 2019 20:22 GMT | Última actualización: 26 feb 2019 09:31 GMT

Publicado enInternacional
Nos hemos conformado con una concepción superficial de la democracia. Y eso es peligroso

A lo largo de los últimos decenios, muchos en Occidente han llegado a aceptar una concepción notablemente estrecha de para qué sirven la economía y una democracia. La economía existe para enriquecernos, o al menos para pagar las facturas. Se cree que funciona cuando suben la bolsa y el PIB. Democracia es votar por alguno de que esté “de tu lado”. Ambas están vinculadas cuando votas por alguien que promete que te hará rico, o al menos que te bajará los impuestos.

A riesgo de afirmar algo que se ha vuelto obvio en años recientes, esta visión materialista de la economía y la democracia es, en el mejor de los casos, pobre; y en el peor, es peligrosa. La insatisfacción económica prolongada y nuestra concepción de la democracia poco consistente han abierto un agujero espiritual que ha empujado a los votantes de Estados Unidos, Europa y Sudamérica a los abrazos de populistas irritados y nacionalistas, que ofrecen un nuevo espiritualismo basado en la nación.


Pero hay otra tradición democrática, prácticamente perdida, en la que los objetivos de una democracia y una civilización digna están irreduciblemente ligados al vigoroso desarrollo de sus ciudadanos en dimensiones sociales, intelectuales y espirituales. En esta vieja concepción, una democracia excelente es aquella que sirve de crisol para la forja del buen carácter y la búsqueda de una vida digna: una que incluye la seguridad material, pero que también va más allá.


Esta versión de la democracia no pone el acento en las urnas o en los valores bursátiles, sino en la calidad de la vidas de los ciudadanos tal y como son vividas. Reconoce, de este modo, que el crecimiento personal saludable no ocurre por sí solo: requiere de libertades y seguridad con las que el florecimiento humano sea posible.


Según esta noción, todos los ciudadanos deberían tener la seguridad como para trascender una brutal refriega por la supervivencia y sentirse a salvo, y la libertad para aspirar a hacer algo más con sus vidas. Como una vez lo expresó el jurista estadounidense Louis Brandeis: “el ‘derecho a la vida’ garantizado por nuestra Constitución” debería ser entendido como “el derecho a vivir, y no meramente a existir”.


La opinión de Brandeis tiene implicaciones radicales respecto a cómo deberían ser un país y su economía. En particular, exige que reconozcamos, limitemos y equilibremos sendos peligros sobre nuestras vidas: tanto el de la opresión gubernamental como el de la coerción privada. Eso significa, claro está, la protección ante la censura y la represión del gobierno. Pero también significa libertad ante la dominación industrial, la explotación o tanta inseguridad económica como para que uno tema constantemente al desempleo o a la pobreza. Como escribió Brandeis, nadie es realmente libre “si depende, en el terreno laboral, de la voluntad arbitraria de otro”.


Desde la revolución industrial, hemos tenido que contar con el crecimiento del poder privado: antes en forma de trust o cártel, ahora en la forma de la gran corporación, el monopolio y la multinacional. El poderío y la riqueza de estas instituciones puede exceder incluso el de los gobiernos. Especialmente en los Estados Unidos, estas empresas también han reivindicado para sí mismas muchos de los derechos políticos de la ciudadanía: el derecho a la libertad de expresión, a gastar dinero para influir en la política y a la libertad de culto corporativo –hasta ahora, prácticamente todo excepto el derecho a votar–.


Para la mayoría de las personas en los países industrializados hoy en día, nuestro sentido de la autonomía y la seguridad está igual o más influenciado por fuerzas privadas y estructuras económicas que por el gobierno. Las condiciones de trabajo –desde la cantidad de nuestro salario y la duración de la jornada, hasta los riesgos de ser despedido, acosado o maltratado por los jefes, e incluso la seguridad personal– determinan hoy qué parte de nuestras vidas es realmente vivida.


Fuera del trabajo, nuestras vidas diarias están también profundamente determinadas por cuestiones económicas como el alquiler, el acceso al transporte o la compra diaria de alimentos, así como el seguro médico, incluso mucho más que cualquier otra libertad abstracta. Es por eso que la libertad real debe ser comprendida como ausencia de coerciones públicas y privadas: un aspecto que ha sido completamente olvidado por los denominados libertarianos, conservadores e incluso la mayoría de neoliberales.


Esto dirige a otra intuición crucial ulterior: que el “gigantismo” –la dominación de la economía y la política por parte de empresas gigantes– es una calamidad.


Desde la perspectiva de la libertad individual hay una diferencia fundamental entre una economía dominada por multinacionales gigantes y una que abarque intereses más pequeños en condiciones de competición. Cuando el poder privado está concentrado, los ciudadanos corporativos [las empresas] pueden desplazar con sus exigencias a los humanos. Emerge cierta inhumanidad, y perdemos de vista que el florecimiento humano debería ser el objetivo.


Las condiciones de trabajo hacen esta dinámica particularmente clara. En los Estados Unidos, los empleados están sujetos regularmente a infracciones que van desde lo invasivo hasta lo abiertamente tiránico. A los trabajadores poco cualificados se les prohíben regularmente las conversaciones casuales o demorarse en la tarea (a lo que Walmart llama “robo de tiempo”), se les deniega el acceso al baño (Tyson Foods), son cacheados al salir del trabajo (Amazon), o sujetos a controles antidroga masivos sin sospecha alguna, incluso para trabajos rutinarios (en muchas industrias).


Más en general, el crecimiento de empleos inestables a tiempo parcial y su otra cara, la sobrecarga de trabajo, ha tenido un efecto corruptor y corrosivo sobre cómo la vida es realmente vivida. Tal vez más perniciosamente, el poder privado, tal y como se experimenta en la forma de un puesto de trabajo pleno de dominación, puede destruir la vida familiar. Esto tiene efectos intergeneracionales profundos, obstaculizando el desarrollo y limitando las oportunidades futuras de los hijos cuyos padres no pueden dedicarles el tiempo y la atención que necesitan.


Proteger la libertad humana y proveer de la seguridad consistente con la prosperidad humana no requiere solo de regulaciones humanas de las condiciones de trabajo, sino también de una economía abierta, compuesta de pequeñas empresas que realmente obedezcan las leyes. Para lograrlo, necesitamos poner fin, o al menos limitar radicalmente, el poder de los monopolios.


Como Brandeis entendió, la verdadera libertad implica una suspicacia contra las corporaciones enormes y los gobiernos enormes. El principio unificador es este: el poder concentrado en cualquiera de sus formas puede ser peligroso; las instituciones deben construirse a escala humana, y necesitamos, por encima de todo, perseguir metas humanas.

 

Por Tim Wu. Es profesor de derecho en la Universidad de Columbia. Su especialidad es la legislación contra los monopolios, especialmente en el ámbito de las telecomunicaciones. Se le atribuye la creación del concepto de “neutralidad en la red”. Es el autor de "El interruptor principal: Auge y caída de los imperios de la información" (Fondo de Cultura Económica, 2016). Acaba de publicar su último libro, del cual este texto es una adaptación, "The Curse of Bigness: Antitrust in the New Gilded Age" (Columbia Global Reports, 2018).

 

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