MÚSICA DESDE OTRAS COORDENADAS

Funcionarios de casilla esperan a ciudadanos para que emitan su voto. Foto Afp

Caracas. Casi a las dos de la mañana, hora de Caracas, la autoridad electoral venezolana dio a conocer que la participación electoral fue de apenas 31 por ciento. Como incluso la oposición esperaba, el madurismo se declaró vencedor con 67.6% de los votos, según el reporte que leyó Indira Alfonzo, presidenta del Consejo Nacional electoral.

La oposición “tradicional” alcanzó apenas 17.95% y la disidencia de izquierda no rebasó la barrera del 3 por ciento.

La lectura de estos resultados fue atestiguada por personajes como los ex presidentes Rafael Correa y Evo Morales.

El chavismo se apresuró a festejar los resultados. “No hicieron nada, sino mucho daño al país”, dijo Diosdado Cabello, en una celebración que se debe matizar con los siguientes datos: hace cinco años, la participación fue de 71 por ciento.

Antes de esos resultados de última hora, lo que sigue fue lo que ocurrió en una jornada complicada como toda elección de Venezuela.

No hay dudas sobre la sinceridad del hombre que habla. Ha sido alto funcionario de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. No tiene sino comentarios despectivos para los dirigentes opositores que considera responsables principales de la crisis política y social de Venezuela. Pero también tiene ojos.

Pasamos al lado de una nevería. La fila a reventar. “Mira, aquí hay más gente que en los centros de votación… para tu crónica”.

Con elecciones cada año, los venezolanos parecen acostumbrados a las largas colas para ejercer su derecho. Este domingo no hay esas filas de diez en fondo. En dos recorridos por centros de votación, a diferentes horas, es posible observar que la elección de los nuevos integrantes de la Asamblea Nacional, el congreso unicameral, no entusiasma a las mayorías.

“Con esta elección estamos moviendo una pieza en el tablero. Ahora le toca a la oposición”, dice una fuente del gobierno de Maduro.

Tal pieza ha sido movida con la ayuda del ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero, quien hoy pide a la Unión Europea modificar su postura de no reconocer estas elecciones.

Zapatero es, según fuentes del gobierno, el promotor principal de una salida que, vista la polarización, suena disparatada: que el gobierno madurista incorpore opositores en el gabinete para “cogobernar”.

“Sabemos que ya no sirven la imposición ni las sanciones. Sólo sirven el diálogo y los votos, el encuentro y la deliberación democrática”, dice Zapatero, sumando puntos a su papel de demonio a los ojos de la derecha.

No hay que olvidar, en este punto, que la oposición de derecha promovió opciones que incluían la intervención militar extranjera en su propio país. Sálvenos Donald Trump, pues.

El asunto, dicen los eruditos, es multifactorial.

Uno: el bolívar, la moneda, es ya un recuerdo que sólo sirve para dar cambio, como aquellas moneditas de nuestras crisis mexicanas que no compraban ni un caramelo. Solo que aquí son billetes con la cara del Libertador y un número: 50 mil bolívares.

Otro punto en la cantaleta multifactorial: no hay gasolina, o hay tan poca que muchos sacrificados ciudadanos prefieren hacer filas que pueden durar días para dar de beber a sus automóviles

La oposición más significativa decidió no participar, en su lógica de “gobierno paralelo” encabezada por Juan Guaidó, que llevó las expectativas de “salir de Maduro” y luego se fue consumiendo en sus propias torpezas y en cálculos que no se hacían en Caracas sino en Washington.

Guaidó, que tiene “embajadores” en varios países, llamó a la abstención y ha convocado a una consulta, a celebrarse el próximo domingo

El bloqueo estadunidense, sumado a los errores del madurismo, ha llevado a un sector de los venezolanos a situaciones de miseria impensables en un país que apenas hace unos años acogía migrantes y hoy los lanza a Chile, Argentina, México y otras naciones.

A lo largo del día, las narrativas oficialista y opositora se confrontan en las redes sociales. Del lado opositor abstencionista se dice que el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunciará una participación de alrededor de 20 por ciento. Desde el bando madurista creen que menos de 30 por ciento sería una derrota.

En las propias filas del oficialismo hay voces que consideran un error que Maduro haya convertido esta elección en una suerte de referéndum sobre su propia gestión. Hace unos días, el “presidente obrero” reiteró a los medios locales: “Si ganan las elecciones parlamentarias de este 6 de diciembre me retiro, pero si ganamos, vamos para adelante con el pueblo”.

Un alto funcionario del gobierno lo pone de esta manera: “En el tablero esta fue nuestra jugada; ahora vamos a ver qué pieza mueve la oposición”.

Y cuando dice oposición no se refiere a las fuerzas que participaron en esta contienda, sino al llamado G4, es decir, los cuatros partidos opositores con mayor poder de convocatoria, donde se inscribe la opción del “presidente” Guaidó.

Varias estampas de la votación dibujan el momento venezolano.

A dos calles de un centro de votación, en la céntrica parroquia (barrio) San Agustín, truenan las bocinas con una canción que reza: “Con Chávez y Maduro, el pueblo está seguro”.

Tras las cortesías de rigor, que incluyen el clásico “¡mexicano!” cariñoso, Deimy Álvarez, líder del PSUV en la parroquia San Agustín, una mujer de 36 chavista desde adolescente, resume la contienda de aparatos, no exclusiva de su preferencia política:

“La participación es muy buena… tenemos jefe de comunidad, jefe de calle, en esta parroquia (barrio) tenemos instalados 57 puestos de comandos comunales donde se chequean los votos duros del chavismo y se movilizan desde la calle hasta el centro electoral y después se le escanea su carnet de la patria y se anota el código del carnet del PSUV, para nosotros garantizar la movilización de la maquinaria y del voto chavista.

Sigue: “Esta es una parroquia chavista, aquí no perdimos ni la reforma (2007) ni la elección de la asamblea en 2015 y aquí nosotros estamos garantizando la salida de los votos duros, que aquí es de 80 por ciento”.

Hace siete años, Nicolás Maduro se bañó de pueblo en Catia, un barrio chavista que siempre presumían a los visitantes extranjeros.

Pero este domingo no hubo largas filas ni multitudes a la espera del presidente. Hasta pasado el mediodía, los voceros del gobierno guardaban silencio sobre el acto de votación del presidente.

Un militar de bajo rango, a eso de las 9 de la mañana, dijo: “El presidente ya votó, en el Fuerte Tiuna”.

Después del fallido atentado de los drones, la decisión se explica, pero tampoco ayuda a favorecer la popularidad de Maduro que anda, según sus propios seguidores, en el rango de 15 por ciento.

Las prioridades y las líneas de mando parecen claras. Antes de la medianoche, el Consejo Nacional Electoral no había dado los resultados oficiales, pero ya el mando militar, en la voz del poderoso general Padrino López, había adelantado una jornada sin sobresaltos.

Tras anunciar que solo diría unas cuantas palabras, hizo un largo discurso claramente político contra el terrorismo, la subversión y la “anti patria”.

Prioridades de la “unión cívico militar”, vaya.

El bando opositor que endiosa a Trump guarda silencio con excepción de su campaña en redes para desacreditar la elección.

Ya es muy tarde, y tras la arenga del general Padrino, las calles se quedaron vacías, al menos en el pedacito de Caracas que un mexicano puede mirar.

Arturo Cano, enviado .

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Seguidores del gobierno de Nicolás Maduro. Foto Ap

Caracas. Diez elecciones atrás, un político venezolano dijo una gran verdad: “No ganamos nosotros, perdió Chávez”.

El político era Felipe Mújica, del Movimiento al Socialismo, y se refería a una de las dos únicas batallas que el imbatible Hugo Chávez perdió en las urnas: el referéndum de 2007, cuando sus asesores lo convencieron de una reforma constitucional que el pueblo chavista no entendió –o que entendió como una peligrosa concentración de poder.

Chávez intentó esa reforma en su plenitud. Un año antes se había reelecto con cierta comodidad, pero en el referéndum tres millones de chavistas decidieron quedarse en sus casas.

Chavistas, escuálidos o decepcionados de todo (una categoría que crece en Venezuela), los caraqueños no se quedaron este sábado en sus casas. La estrategia del gobierno contra el coronavirus ha consistido, entre otras cosas, en una semana de confinamiento estricto por una de “flexibilidad”.

Pero se atravesaron elecciones y el gobierno de Nicolás Maduro decidió que todo el mes de diciembre va a ser de “flexibilización”.

Los primeros días de tal relajamiento coinciden con el tradicional relajo decembrino, pletórico de aguinaldos, hallacas y güisquis. Así que muchos caraqueños se echan a la calle a comprar ropa y regalos.

Las filas son enormes. El proceso se complica por las modalidades de pago y las cifras enormes que trajeron el bloqueo y la hiperinflación.

En La Hoyada, una suerte de mini Tepito en el centro de la ciudad, los autobuses desembuchan gente uno tras otro. Un par de jóvenes madres miran juguetes de plástico, se acercan a los precios en dólares y prosiguen su camino.

En una tienda se piden, por ejemplo, dos baratijas: un encendedor y un rastrillo.

—¿Cuánto es?

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—830 mil.

—¿Y en divisa?

—Menos de un dólar.

Se paga con un billete de un dólar. El cambio, en bolívares, tres billetes que suman 110 mil.

Los taxis aceptan tres formas de pago: tarjeta de débito, transferencia o divisa, y en varios negocios hay letreros que anuncian el tipo de cambio del día: 1 dólar por un millón cien mil bolívares.

La gestión económica del gobierno de Maduro no ha sido, por supuesto, ejemplar. Pero esto que se ve se explica en buena medida por el bloqueo económico estadunidense y el robo en despoblado que Donald Trump practicó al quedarse con Citgo, la filial de Petróleos de Venezuela que funcionaba en Estados Unidos. O el robo de los británicos, que se quedaron con millones en oro, propiedad de la nación venezolana, con el argumento de que no sabían si el presidente era Maduro o Juan Guaidó, el joven derechista que suplicó todas las opciones contra su propio país (incluyendo la intervención militar extranjera), que se autoproclamó presidente y cuyo funeral político se celebra este domingo.

Sobre despojos imperiales y episodios electorales hablo con William Castillo, quien ocupa una posición de reciente creación en el gabinete de Maduro: es viceministro de Políticas Antibloqueo.

El cargo no tiene nada de extraño en un país donde hay tres órganos legislativos que difícilmente legislan: uno que preside un opositor desconocido por otros opositores; la Asamblea constituyente creada por el madurismo como contrapeso tras su aplastante derrota en 2015; y el congreso de Guaidó, que sesiona en la sede del diario El Nacional.

La elección de este día (6D, le llaman aquí) es justo para renovar el órgano legislativo unicameral, la Asamblea Legislativa, que Guaidó presidía cuando —con el decidido apoyo de una parte de la oposición de derecha y de EU— dijo al mundo que en adelante él sería el presidente de Venezuela.

Tras unos nueve meses de arrastre popular, comenzó la deriva que tendrá su punto culminante con estos comicios, aunque es probable que la figura política del autoproclamado tarde en consumirse unos cuantos meses más.

Es sabido que las intermedias no despiertan el entusiasmo que suele gestar una elección presidencial. Si a ese hecho se suman años de polarización, el llamado de la oposición más fuerte a no participar y la pandemia, el resultado puede ser uno que teme sobre todo el gobierno de Maduro: el triunfo del abstencionismo.

A principios de noviembre, Datanálisis, una casa encuestadora que generalmente se acerca a los resultados reales, anticipó que la participación rondará 30 por ciento. Un ex funcionario chavista asegura que los cálculos del partido en el gobierno (PSUV) van de 50 a 80 por ciento de abstención.

El viceministro Castillo reconoce que una de las preocupaciones del gobierno de Maduro es el peso de la abstención. Entre los factores, menciona la pandemia, los problemas “de distribución de combustibles por el bloqueo” (el desabasto de gasolina, pues) y “que la gente ha sido golpeada por la situación económica y eso la puede alejar de las urnas”.

El salario que hoy reciben los trabajadores, admite el viceministro, “es ínfimo”, porque “nos han arrebatado las empresas petroleras, los buques están parados y no nos permiten vender petróleo”.

—¿Las enormes filas del sábado se repetirán el domingo frente a las urnas?

—Toda esta afectación a la economía tendrá mañana una expresión política, vamos a ver cuál es”, admite el viceministro.

“El madurismo tiene un voto duro, que puede movilizar, de entre 15 y 20 por ciento. Con eso le alcanza para lograr la mayoría en la Asamblea”, me dice el ex funcionario chavista.

Por supuesto, el Partido Socialista Unificado de Venezuela y sus aliados no se han cruzado de brazos a la espera de lo que ocurra.

El gobierno alimentó la legendaria costumbre venezolana de crear partidos como se crean clubes de niños exploradores, de modo que en estos comicios concurren 107 fuerzas políticas, muchas de ellas bajo el paraguas de la organización más grande.

Pero esa peculiaridad no es la que marca el 6D.

Primera, que los partidos opositores más importantes decidieron no participar. El bloque conocido como G4, de los partidos de derecha, decidió no participar, amarrado a una lógica diseñada en Washington. Guardando distancias, en México sería como ir a una elección sin el PAN.

Segunda, entre las fuerzas que decidieron participar se cuentan un partido evangélico que ha obtenido votaciones nada despreciables y disidencias de partidos tradicionales, como una escisión de Acción Democrática (el PRI venezolano, para decirlo rápido), dirigida por el sindicalista Claudio Fermín,

Pero quizá la novedad mayor sea que, por vez primera, hay una opción todavía minoritaria pero que se reclama heredera del chavismo. “Va a haber una opción más de izquierda, y eso es sano para el país”, dice William Castillo.

Hugo Chávez intentó crear un partido único y al final desistió por resistencias como la del Partido Comunista, una fuerza ortodoxa, olorosa a naftalina, pero que ahora ha logrado reunir a grupos sociales y políticos que ya no se ven representados en el gobierno de Maduro.

Por lo demás, y para hacer contrapeso a la elección, Guaidó y los suyos han llamado a una consulta popular la semana próxima, pero aún entre sus bases, cada vez más menguadas, hay dudas sobre participar en un ejercicio que no tendría ninguna consecuencia práctica.

Ya sin quien le escriba los tuits, Juan Guaidó publica unas horas antes de unas elecciones equivalentes a las que ganó hace un lustro: “El fraude del 6D está derrotado diplomáticamente e internacionalmente”.


En las elecciones legislativas del domingo se ponen en juego las 277 bancas de la Asamblea

Elecciones en Venezuela: escenario de calma política

En esta elección estará en juego más que el poder legislativo, sino la posibilidad de asentar la reconfiguración del tablero nacional, con sus consecuencias internacionales y económicas.

Por Marco Teruggi

Página12

 

Desde Caracas.Todo está en su lugar para una elección legislativa determinante en Venezuela. El Consejo Nacional Electoral (CNE) realizó las auditorías de las nuevas máquinas de votación, la instalación de las mesas electorales, ya se encuentran los veedores electorales internacionales, invitados especiales, como Evo Morales y Rafael Correa. En total son 277 diputados y diputadas a ser electos, ampliando los 167 actuales, para lo cual participan 107 partidos.

El país llega a la jornada electoral en un escenario de calma política en superficie. Era un objetivo difícil de lograr, en un año marcado por la pandemia, una cuarentena en una economía en recesión y bajo bloqueo, el intento de un desembarco en mayo de mercenarios en la denominada Operación Gedeón, y elecciones en Estados Unidos, con la necesidad de Donald Trump de consolidar el voto en Florida, lo que significaba un aumento de presión sobre Venezuela.

Durante el año tuvo lugar el avance de la reconfiguración del tablero político, con el incremento de una oposición heterogénea dispuesta a participar electoralmente, consolidando un bloque de partidos que se formó en cuatro tiempos, alejándose de la estrategia golpista: primero fueron quienes participaron en las presidenciales del 2018, luego aquellos que formaron la Mesa Nacional de Diálogo en septiembre del 2019, en tercer lugar, quienes protagonizaron la disputa en la Asamblea Nacional en enero del 2020, y, finalmente, las diferentes rupturas que se sucedieron en estos últimos meses.

Así tomó forma lo que pasó a denominarse la oposición democrática, o, la oposición colaboracionista, visto desde lado de quienes sostienen la estrategia golpista del gobierno paralelo. Este sector, por su parte, encabezado formalmente por Juan Guaidó, quedó desplazado del centro político nacional, sin capacidad de reconstrucción de expectativa, con una reducción marcada de su base social. Su última carta, para este año, y tal vez en perspectiva, es la denominada “consulta popular” que será realizada, según los anuncios, de manera virtual del 7 al 12 de diciembre y, ese día, también será presencial.

La “consulta” será un mecanismo para buscar refrendar la “presidencia interina” en manos de Juan Guaidó o de algún posible recambio en su lugar. Si bien dentro del país el llamado no parece haber tenido eco, tiene el respaldo público del gobierno estadounidense que, en días recientes, ha vuelto a condenar la elección legislativa y ratificar su respaldo a Guaidó.

Pero, se sabe, se trata de los últimos meses de la administración de Trump, quien condujo una estrategia contra el gobierno de Maduro a través de una combinación de bloqueo económico, cerco diplomático, intentos de acciones de fuerza, puesta de precio a la cabeza de la dirección del chavismo, y un constante error de cálculo sobre la correlación de fuerzas interno, cuyo mayor exponente fue Guaidó.

La fallida estrategia de Trump ha dado como resultado una serie de cuestionamientos en Estados Unidos, que podría llevar a la administración de Joe Biden a cambiar de forma de abordaje, siempre con el mismo objetivo: un cambio de gobierno. Es entonces probable que, aunque exista un sostenimiento de la figura del “gobierno interino”, haya una modificación que permita un diálogo al cual no solamente está dispuesto el chavismo, sino también la oposición política y empresarial, que condena el bloqueo.

Por el momento el foco central está puesto en la contienda del 6. Maduro repitió en tres oportunidades que, en caso de perder, dejaría la presidencia. Su anuncio puede ser interpretado como un llamado al voto, tanto para la oposición como para el chavismo, en un contexto donde uno de los debates centrales es cuál será la tasa de participación. En la elección presidencial de mayo del 2018 la tasa fue de 46,1 por ciento, con 6.245.862 votos para el chavismo, en un escenario marcado por el llamado a no participar por parte de una oposición mayoritaria.

Las elecciones legislativas en Venezuela tienen, por lo general, una tasa de participación más baja que las presidenciales. La última contienda, del 2015, ganada por la oposición, había sido atípica, con 73,1por ciento de participación. La derecha estaba entonces unificada en la Mesa de la Unidad Democrática, la situación económica marcada por el desabastecimiento de productos de primera necesidad, el salario para diciembre de ese año era alrededor de 18 dólares, y se trataba, en general, de una sociedad mayormente movilizada.

Los cinco años transcurridos desde entonces fueron profundamente complejos, con la acusación de “abandono de cargo” hecha a Maduro desde la Asamblea Nacional desde el 2016, el intento de asalto al poder en el 2017, la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, operaciones armadas, un bloqueo en escalada sobre áreas estratégicas de la economía, inflación seguida de hiperinflación e inflación alta, creación de una ficción de gobierno paralelo, dolarización de facto de amplios sectores de la economía, migración masiva con las consecuentes remesas, descenso del salario a dos dólares, hasta llegar a este diciembre, con esos cinco años marcados sobre el cuerpo social.

Pero también en esos años el chavismo realizó un proceso de consolidación de lo que se conoce como maquinaria del Partido Socialista Unido de Venezuela, que, articulada a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, así como un conjunto de políticas sociales, afianzó su presencia en los territorios del país, en particular en zonas populares donde la oposición no suele tener presencia.

Esa maquinaria será clave durante estas elecciones del domingo donde estará en juego más que el poder legislativo, sino la posibilidad de asentar la reconfiguración del tablero nacional, con sus consecuencias internacionales y económicas.

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Domingo, 22 Noviembre 2020 05:39

¿Una política sin ‘millennials’?

Manifestación por el clima en Barcelona (Ana Jiménez)

Los nacidos a partir de los años ochenta son ya la generación más descontenta con la democracia; las causas son diversas

 

La generación hiperconectada ha desconectado de la política. No es un fenómeno exclusivo de España, donde la crispación y el tacticismo electoral se han adueñado de la esfera pública, sino que tiene una preocupante dimensión global. La desafección de los jóvenes se extiende por los cinco continentes –con distinta intensidad–, hasta el punto de que los millennials , nacidos entre 1981 y 1996, son ya la generación más descontenta con la democracia, no solo comparados con sus coetáneos, sino también respecto a generaciones anteriores en el mismo momento de sus vidas.

Esta es una de las conclusiones de un estudio del Instituto Bennett de Políticas Públicas de la Universidad de Cambridge, titulado “Juventud y satisfacción con la democracia: ¿Cómo revertir la desconexión democrática?”, liderado por el profesor Roberto Foa, director del Centro para el Futuro de la Democracia de esta universidad inglesa. El trabajo ha analizado las respuestas de más de 4,8 millones de encuestados, de 160 países, entre 1973 y 2020, y categoriza los cambios en la vida de cuatro generaciones: millennials , generación X (1965-1980), baby boomers (1945-1964) y la generación de entreguerras (1913-1944).

La desafección joven es global pero en Europa avanza en el sur y frena en el norte, detalla un estudio de Cambridge

Con estos datos, han dibujado el mapamundi de la desafección de los jóvenes, en el que se identifican cuatro regiones impulsoras: la Europa del sur, Latinoamérica, el África subsahariana y las democracias anglosajonas. En las tres primeras, han detectado que en las democracias jóvenes, el descontento surge a medida que las generaciones que carecen de la memoria de la dictadura alcanzan la mayoría de edad. En las democracias anglosajonas, “hay un patrón constante de disminución”, cada generación está menos satisfecha con la democracia de lo que lo estaban sus mayores a esa edad. “Sin embargo, otras regiones muestran una tendencia de mejora, observada notablemente en el norte de Europa, Asia Oriental y en las democracias poscomunistas del antiguo bloque soviético”, detallan.

Entre las causas de la desafección, destacan en las democracias desarrolladas las dificultades económicas, en concreto el alto nivel de desempleo juvenil actual. “Los jóvenes siempre se han enfrentado a una lucha en la vida. Pero la insatisfacción política de la generación del baby boom cayó drásticamente en los ochenta cuando las economías europeas crecieron rápidamente, los precios de la vivienda se mantuvieron asequibles y se introdujeron beneficios en países (incluidos Francia, Grecia, Italia y España) que apoyaron la seguridad laboral, el aumento de salarios y un bienestar social más amplio –detalla por e-mail Roberto Foa–. Pero la situación es distinta para los millennials , especialmente en el sur de Europa. Muchos han llegado a mediados de los 30 sin contratos de trabajo formales, viviendo con sus padres y sin poder avanzar en la vida. Eso crea sensación de fracaso y frustración.”

En el caso español, apunta, el impacto a largo plazo de la crisis de la eurozona es un agravante. “Hemos visto un aumento pronunciado en la movilización populista de izquierdas en el sur de Europa. Pero lo más probable es que no desestabilice la democracia occidental, porque en un sistema de representación estos partidos normalmente tienen que gobernar en coalición con centristas, como ha sido en Italia, España o Portugal”, indica.

El sistema electoral, asegura, influye también en el declive de satisfacción con la democracia, que “es especialmente agudo en países con sistemas mayoritarios, que crean ‘ganadores y perdedores’, más que en sistemas proporcionales que conducen a un gobierno de coalición”. Una de las razones, apunta el politólogo, es que “frente a un entorno de redes sociales responsable de polarizar a la población, una coalición lo compensa porque ayuda al diálogo en aras del consenso”.

Pese a todo, Foa se muestra optimista sobre el futuro de los millennials . “Los del baby boom , por su peso demográfico, siempre han tenido una influencia política desproporcionada, y beneficios –pensiones, condiciones laborales...–. Pero eso no es para siempre. Cuantos más jóvenes tengas en una sociedad económicamente excluidos más cerca estarán de formar una mayoría política. Y en ese punto, se producirá un cambio en el equilibrio de las políticas públicas”, asegura.

Más allá de razones económicas, el desencanto tiene también su origen en la propia política. Lo apunta Víctor Climent, profesor de Sociología de la Universitat de Barcelona: “La desafección tiene características culturales y sociales, y cuando la analizamos tenemos que olvidarnos de aspectos como la renta. Es cierto que nuestros hijos tienen la convicción de que vivirán peor que nosotros, pero hay gente con diferentes niveles de renta que vota distintas opciones. La participación y el interés por la política viene determinado por el marco cultural y las propuestas y proyectos que les pongas delante –detalla–. Y en España tenemos un problema serio con una parte del espectro político del país, que está polarizando a la sociedad”.

Climent constata que la política se ha convertido en un “espectáculo lamentable”. “Tendríamos que retirar a una serie de políticos mediocres, muy tóxicos, que secuestran la política para sus propios intereses y harán lo que sea para mantenerse dentro de la estructura que les da legitimidad –plantea–. Si esto desanima a las generaciones que tenemos una cultura política arraigada, es lógico que los jóvenes directamente desconecten.” También es muy crítico con los medios de comunicación que hacen de altavoz de esta política que va siempre a la contra. “¿Cómo quieren que los jóvenes participen en esto?”, se pregunta.

22/11/2020 02:10| Actualizado a 22/11/2020 10:09

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Liderazgo social alternativo para enfrentar la pandemia, y más allá de ella

El Covid-19 nos colocó como sociedad global ante el espejo, y su reflejó es el capitalismo, destructor, atomizador de relaciones humanas, destructor de la naturaleza, aniquilador de vida y de la esperanza.

Esa es una realidad. Pero también nos colocó cara a cara entre procesos sociales y políticos, con su característica atomización y pretensión de hacer cada uno por cuenta propia, con la fragilidad de no proyectar el mediano ni el largo plazo, así como de no retomar las capacidades y debilidades de cada uno para entre todos y todas, sacando lo mejor de sus particularidades, extender ante el país una alternativa que propenda por el liderazgo común, de los millones que somos, para así, con la fuerza totalizante de sueños y disposiciones poder avanzar tras la construcción de la gran vivienda que aspiramos sea nuestro país. Una vivienda donde cada quien encuentre su lugar, así como posibilidad de realización, personal y colectiva.

Tenemos ante nosotros, por tanto, una posibilidad –a pesar de todo lo negativo que esconde la coyuntura, manipulada por el poder global y local–. Actuemos de acuerdo al reto.

Como ya es coincidencia social, la cuarentena decretada no puede implicar multiplicación de hambre y penurias para quienes están al margen del sistema; de ahí que necesitemos un plan humano, inmediato, para los de abajo. Pero tampoco puede significar, una vez superada la coyuntura, continuidad de lo que ya traía el país, de una economía organizada a favor de unos pocos, y una participación de forma pero no decisoria; pero tampoco puede significar, producto de la crisis/recesión económica a la que se adentra el sistema mundo capitalista, ahondamiento de desempleo, pobreza y segregación social. La primera lección de la crisis es que necesitamos un país para los 50 millones que somos.

Es por ello que el país está de cara a toma, ya, sin más dilación, medidas como:

Medidas inmediatas

- Entrega de alimentos y otras ayudas para cada familia. Para ello, disponer las sedes de las Juntas de Acción Comunal, así como iglesias, centros educativos, para concentrar alimentos, y logística en general, que demanda la atención de la crisis, para distribuirlos en cada uno de los barrios.

- Para facilitar la entrega de estos recursos. Constitución de grupos juveniles para la selección de todo lo recibido y su entrega, casa a casa. Recordar que quienes están en edad juvenil son las personas menos propensas a un golpe duro por parte del Covid-19

- Realización urgente de censo, barrio a barrio y con duración no mayor a un día, de personas en necesidad de apoyo alimentario, reconexión de servicios públicos, atención médica –terapias y otros tratamientos–, y entrega de la información a las alcaldía locales –para el caso de Bogotá– y a los despachos de los alcaldes en cada una de las otras ciudades. Se supondría que el Dane, o departamentos sociales y comunitarios de cada alcaldía debiera contar con esta información, pero todo indica que no es así, o que no tienen una información totalmente actualizada, producto de que los programas sociales diseñados por años están enfocados no para todos los sectores excluidos sino para algunos de estos.

- Atención directa a personas con alguna discapacidad, así como acompañamiento psicosocial y de todo tipo para personas que lo requieran.

- Protección a mujeres y niños/as sometidos a violencia intrafamiliar.

- Acompañamiento a estudiantes que no cuenten con computador y/o red de internet en sus casas.

- Entrega de salario mínimo generalizado, hasta que dure la crisis, para desempleados e informales.

- En tanto las guarderías también fueron cerradas, despliegue de asistencia social para acompañar madres cabeza de familia, realización de terapias de estímulo a niños y niñas con capacidades especiales, implementación de recreación dirigida en los barrios populares, así como garantía de entrega de apoyos alimentarios para cada uno de estos infantes.

- Diseñar programas urgentes en procura de una conexión con los productores directos en el campo, algunos de ellos organizados en redes de producción y distribución –como lo evidencia la realización de ferias campesinas periódicas en distintas partes del país, algunas de ellas con asiento en plazas principales de ciudades–, rompiendo así la intermediación comercial, estabilizando de esta manera precios y brindando a los campesinos, por esta vía, ingresos seguros.

En pocos meses

La crisis humanitaria pasará, no así la económica, y en ese momento, para que el país vaya avanzando hacia una política cada vez más humana y digna, debemos implementar un conjunto de medidas de manera autónoma, sin esperar para ello la reacción del Estado y de los grupos que lo detentan; política lideradas por los movimientos sociales, dándole vitalidad a:

Soberanía alimentaria. Coordinación de redes de producción y de mercadeo agrario. Así debemos proceder. La coyuntura ha demostrado que el acceso a un abastecimiento suficiente y eficiente a todos los niveles es una de las primeras preocupaciones de las familias. El miedo al desabastecimiento, la especulación con los precios de los alimentos más esenciales para la mesa cotidiana, es un factor de desequilibrio y control social.

Construcción de tiendas comunitarias en todos los barrios populares, a través de las cuales se mercadee lo producido por las redes agrarias, garantizando calidad y control de precios.

Edificar la sociedad a la altura de nuestros sueños, sin depender del Estado. Redes comunitarias en salud, educación, comunicación, deporte, recreación, y demás particulares que facilitan que la vida sea más amena y satisfactoria. Más participación con capacidad decisoria, menos delegación.

Participación. Ampliación de los mecanismos de participación directa de las comunidades, con capacidad decisoria: implementación de asambleas comunitarias, como mínimo mensuales, donde se aborde y decida sobre la vida comunitaria en todos los niveles, donde se decida sobre la administración de lo público, y donde la democracia directa gane concreciones medibles.

Implementación de programas de agricultura urbana, realmente comunitaria, no individual. Para ello, disposición de espacios comunales –lotes– en los barrios. Estos lotes pueden ubicarse tras un censo de todos aquellos espacios que pertenecen a las alcaldías y que están sin uso o en comodatos.

Puesta en marcha de programas ambientales de las más diversas características e impactos: recuperación de cuencas y microcuencas, reforestación, reciclaje en la fuente, control de vehículos y emisión de gases, modernización de procesos productivos en todas las fábricas que por algún motivo generen altos niveles contaminantes, etcétera.

Instalación de industrias para la fabricación de ropa y útiles de aseo de todo uso, abriendo así políticas de empleo comunitario, al tiempo que programas de vida sana y vida digna.

Para ir cerrando las causas del eterno conflicto armado colombiano, amplia movilización por la demanda de restitución de la tierra a todos los usurpados y desplazados, concretando con ello lo definido en el Acuerdo de Paz firmado en reciente fecha. A su par, izar la bandera de reforma agraria integral, con lo cual se daría un paso fundamental para concretar el programa de soberanía alimentaria, así como los complementarios a la misma.

La crisis abre una oportunidad para los de abajo. Otra democracia, directa, radical, plebiscitaria, es posible. Actuemos en consecuencia.

 

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En esta segunda entrega del análisis de la última obra de Hardt y Negri, abordamos las propuestas que ofrecen ambos autores en Asamblea para la organización de los ciclos de luchas y la institución de nuevas formas de vida.

Tomando como punto de partida la afirmación según la cual “no sabemos de qué es capaz la multitud cuando se reúne en asamblea”, en su última obra Hardt y Negri plantean la necesidad de producir las condiciones necesarias para liberar la potencia creativa de todas aquellas expresiones subjetivas de carácter subversivo. Como ya apuntamos en la primera parte de este texto, los autores desarrollan esta tesis siguiendo dos ejes principales: el de la organización interna de los movimientos políticos y sociales y el de la institución de las formas de vida que se generan al margen del modelo neoliberal.

En este sentido, con la noción de asamblea se hace alusión al espacio en que la toma de decisiones se produce desde la horizontalidad y en base a los principios de la democracia absoluta, pero también al conjunto de dispositivos que cabe poner en funcionamiento para conseguir, tanto la destitución del poder constituido, como la constitución de una nueva articulación de las relaciones en el campo social. De esta manera, si los procesos de destitución y constitución se definen, en sentido estratégico, como el principal objetivo alrededor del cual plantear las luchas en el contexto actual, los autores apuntan a la organización y a la institución como las vías más adecuadas para llevar a la práctica tal aspiración.

Luchas sin vanguardias: el problema de la organización

En su producción anterior, Hardt y Negri hablan de manera profusa sobre las formas de articular la multitud. En Asamblea, los autores plantean de manera explícita el problema de la organización de las revueltas que se han producido los últimos años. Cabe recordar, por este lado, que nos encontramos en un contexto caracterizado no solo por la existencia de centros de poder diseminados, lo que conlleva que sea difícil plantear un combate focalizado y con unos objetivos claros, sino también, en muchas ocasiones, en un marco en el que destaca la ausencia de líderes, lo que en principio podría implicar dificultades a la hora de decidir la estrategia a seguir en las luchas. En este sentido, en Asamblea se aborda la cuestión de cómo tomar la iniciativa, por parte de los movimientos políticos y sociales, cuando el esquema tradicional de una vanguardia dirigente que representa los intereses de la masa ha dejado de ser, en buena medida, operativo.

Desde esta perspectiva que proponen los autores, el proletariado está formado en la actualidad por todas aquellas y todos aquellos capaces de generar una riqueza en términos colectivos y que, en este sentido, sufren de una manera u otra la explotación capitalista, tanto en lo que respecta a la producción estrictamente material como a la (re)producción inmaterial expresada en la creación de formas de vida. El espacio amplio y heterogéneo de la multitud cuenta así entre sus filas con las expresiones subjetivas que escapan del patrón patriarcal, heteronormativo y racista. Asimismo, junto con los sectores que integran la clase trabajadora tradicional, la multitud se conforma a través de lo que los autores llaman el proletariado intelectual o el cognitariado, las y los estudiantes, la mano de obra del sector terciario y los sectores productivos no tradicionales. Si se quiere decir en términos de Deleuze y Guattari, con la multitud se expresa en la actualidad el devenir minoritario de todo el mundo.

Los autores inciden así en uno de los puntos centrales de su obra. En la línea tanto de los movimientos autónomos italianos de los años setenta como de las demás luchas que se dan alrededor del año 68 en distintas partes del mundo, en Las verdades nómadas (1985) se plantea la necesidad de articular los movimientos llamados minoritarios que, cada vez más, ocupan un espacio central a la hora de dinamizar las luchas. En este texto, surgido de un intercambio epistolar entre Negri y Guattari cuando el primero se encontraba en la cárcel de máxima seguridad de Rebibbia, los autores empiezan por rechazar la organización centralista de las luchas. En su lugar, reivindican un multicentrismo funcional con capacidad para neutralizar los efectos del capitalismo y, al tiempo, para articular las luchas de los movimientos enfrentados al poder constituido. Asimismo, los autores plantean la posibilidad de llegar a una coimplicación multivalente entre la clase obrera tradicional y las trabajadoras y los trabajadores del sector terciario, así como con las precarias y precarios. Estos elementos constituyen el doble eje de lo que los autores definen como un método de agregación molecular, en referencia a las luchas que se dan por debajo del ámbito de la representación política.

De esta manera se avanzan, asimismo, algunos de los elementos que Negri tratará posteriormente en títulos como La fábrica de la estrategia (2004), desde la perspectiva de renovación del aparato conceptual marxista que apuntamos en la primera parte de este análisis. A partir del ejemplo que ofrece la toma del poder por parte de Lenin, aunque situados ahora en el contexto del capitalismo postindustrial, Negri trata de caracterizar la emergencia de una nueva subjetividad colectiva ―los soviets del nuevo siglo― alrededor de dos elementos principales. En primer lugar, la necesidad de organizar las luchas, así como las relaciones sociales en su conjunto, sobre la base de la toma colectiva y directa de las decisiones. En segundo lugar, las posibilidades que por esta parte ofrecen los procesos productivos basados en el avance de los dispositivos tecnológicos; sobre todo en la medida en que tales dispositivos pueden contribuir a una actividad más autónoma, es decir, desligada de los procesos capitalistas de atribución de valor, por parte de las nuevas figuras productivas.

Como se puede observar, los rasgos característicos del espacio que constituye la multitud, como un todo abierto y dinámico, atravesado por una heterogeneidad radical aunque con capacidad para proponer unos objetivos en común, obligan a plantear la cuestión de la organización interna del movimiento o los movimientos. En este sentido, el dilema sobre la necesidad o no de una organización para las luchas expresa, en opinión de los autores, un falso problema: no hay duda de que los ciclos de luchas y los movimientos que los protagonizan necesitan proponer unos objetivos y la orientación más adecuada para conseguirlos. En todo caso, esto no supone que se deban recuperar los liderazgos caracterizados por la concentración de funciones y la dirección vertical, de arriba a bajo, con que se ejerce el poder. Son los movimientos mismos, desde el interior y en sentido horizontal, los que deben decidir hacia dónde y cómo se orientan las luchas. En este sentido, si con la noción de liderazgo se hace alusión a la posibilidad de organizar las acciones de manera eficaz, regular y masiva, con capacidad para conmover las relaciones a todos los niveles, más que eliminar esta posibilidad, se trata de llevar el liderazgo al lugar de la inteligencia colectiva que se pone de manifiesto en el interior de los propios movimientos. No se trata, pues, de rechazar la noción de liderazgo, sino de eliminar su carácter trascendente y, por tanto, separado del movimiento.

La propuesta de Asamblea pasa así por invertir el plano en que la tradición marxista ha elaborado buena parte del análisis de las luchas contra el capital. Como apuntan los autores, de lo que se trata ahora es de dar la vuelta a las dos mitades del centauro, de manera que la parte pensante y, en este sentido, las decisiones y el poder ejecutivo sobre la estrategia a seguir se alberguen en la base, en manos de la militancia y del movimiento. Reservando asimismo la posibilidad, en sentido táctico y de manera provisional, de abstraer una parte del movimiento para que se encargue de tareas de tipo representativo. En vez de mantener el esquema según el cual el proletariado debe devenir una clase en sí y para sí a través de la mediación y la organización de una cúpula dirigente, los autores reivindican la posibilidad de organizar las luchas sobre un plano de inmanencia, en la medida en que es el movimiento mismo el que puede diseñar, a través de sus acciones, un principio fuerte y compartido de articulación colectiva.

Igualmente, Asamblea alerta sobre el peligro de reproducir las relaciones que se dan en el interior del sistema capitalista cuando se trata de organizar las luchas. Lo que, dicho así, puede parecer una evidencia, no lo es tanto si tenemos en cuenta el contexto biopolítico en el que nos movemos. De esta manera, si se trata de combatir el poder de mando capitalista, el tipo de organización que se de a sí mimo el movimiento debe prefigurar y constituir un ensayo ―si bien a dimensión reducida― del conjunto de relaciones a las que se trata de dar vida con cada nuevo ciclo de luchas. En este sentido, puede servir como base y ejemplo el potencial productivo de la multitud, que late rebelde bajo las redes de la explotación capitalista.

Luchas descentralizadas: el problema de la institución

Una vez que se han dado algunas claves para pensar la organización de las luchas en manos de los movimientos, falta por apuntar cómo se puede llegar a concretar los efectos de tales luchas mediante la creación de un proceso institucional de carácter abierto e inacabado, aunque duradero y estable. Con estas dos líneas, siguiendo la lectura de Maquiavelo que los autores no abandonan a lo largo de su obra, tendríamos garantizadas para los movimientos y sus ciclos de luchas la virtud (que se concentra en las capacidades estratégicas de la multitud) y la fortuna (que se expresa, como veremos a continuación, a través de la creación institucional del común).

Para empezar, si se trata de instituir las relaciones de la multitud es porque Hardt y Negri no rechazan la toma del poder como vía para construir un nuevo orden social. Esto es lo que lleva a los autores a abandonar la terminología que habían utilizado hasta este momento, en referencia a la tensión que se produce entre la capacidad productiva de la multitud y la capacidad de absorción del capitalismo. En los títulos anteriores, siguiendo la distinción spinoziana entre la potestas y la potentia, los autores definían el poder imperial, propio del capitalismo en la actualidad, mediante el término de biopoder, reservando la noción de biopolítica para la potencia creativa de la multitud. Ahora, en Asamblea, Hardt y Negri utilizan el mismo término ―poder― para referirse a la gestión de la propiedad capitalista (Poder) y a la articulación del espacio del común (poder) ―si bien utilizando la mayúscula o la minúscula para la letra inicial en cada caso―.

Así pues, quizá de forma más clara que en ningún otro lugar de su obra, los autores inciden en Asamblea sobre este punto: de la misma manera que no se trata de abandonar el espacio de la organización y del liderazgo, sino de dotarlo de un contenido liberador y eficaz para las luchas colectivas en el contexto actual, ahora se trata de tomar el espacio del poder no solo de otro modo, sino, sobre todo, con unos objetivos distintos de los que plantea el sistema capitalista. En definitiva, se trata de crear un espacio estable para las relaciones autónomas de la multitud y, pues, para la construcción y la defensa de la riqueza que emerge del común.

En este sentido, si ―como ya apuntamos en el texto anterior― hasta ahora los autores habían utilizado la noción de éxodo, en Asamblea, en cambio, esta estrategia del poder dual, que se expresa desde el interior y en contra del sistema, se complementa tomando elementos de otras dos vías que no rechazan, en este caso, la toma del poder institucional: la del reformismo antagonista y la de la hegemonía.

Mediante la noción de éxodo se trata de prefigurar, a pequeña escala y partiendo de la organización de los propios movimientos, la articulación futura de un espacio amplio y estable de relaciones al margen del sistema capitalista. Entre los ejemplos actuales que ofrecen los autores encontramos los centros sociales ocupados de Italia en los años setenta y, más recientemente, las acampadas surgidas alrededor del ciclo de luchas de 2011. La segunda vía trata de infiltrarse, por medios electorales, en las instituciones, con el objetivo de transformarlas desde el interior. Proyectos de carácter municipalista y partidos como Podemos o Syriza ―aunque este caso constituye un ejemplo del fracaso de la hipótesis basada en el reformismo antagonista―, se encontrarían entre las propuestas de este tipo. Por último, la estrategia de la hegemonía plantea la destitución más o menos rápida del orden establecido, sin desestimar la vía electoral, a lo que debe seguir la construcción de un nuevo espacio institucional a todos los niveles. Las experiencias que se han dado en algunos países de América Latina durante las dos últimas décadas, pueden constituir una muestra por esta parte. En este sentido, se trataría de hacer confluir las tres líneas ―los tres rostros de Dioniso para el (auto)gobierno de la multitud, como apuntan los autores― con el propósito de llevar más allá el alcance, habitualmente relativo, y de fortalecer la capacidad de resistencia, a menudo frágil, de los proyectos de carácter prefigurativo.

Así pues, el nuevo espacio institucional debe impugnar la propiedad capitalista en favor de la producción cooperativa del común. Al mismo tiempo, la nueva creación institucional debe desbordar los límites impuestos por la soberanía y su materialización en el seno del aparato estatal. Decae así, igualmente, el peso de los mecanismos de representación en la esfera de lo político. Superar la soberanía quiere decir, en este caso, que no se acepta ni la abstracción que supone un sujeto unificado como el de pueblo ―o el de nación―, ni la alienación de la capacidad de decisión que, sobre este cuerpo político, acaba ejerciendo el modelo representativo. Como apuntan los autores, el objetivo de disminuir al máximo la distancia entre gobernantes y gobernados debe constituir, por esta parte, uno de los motores del nuevo espacio institucional. En este sentido, el comunismo se reivindica desde la posibilidad de llevar a la práctica procesos de producción, circulación y atribución del valor, así como también de expresión y de participación política, que ni caigan bajo las redes del Mercado ni se encuentren encerrados en los límites del Estado. Por este lado, como indican los autores, experiencias como el confederalismo democrático kurdo o las comunidades autónomas zapatistas ofrecen un ejemplo de buena parte de los aspectos implicados en la construcción de un nuevo espacio institucional.

Como dijimos al principio, Asamblea constituye por esta parte un espacio en el que desarrollar y concretar, en el que poner a trabajar conjuntamente las principales herramientas conceptuales que Hardt y Negri han forjado con su obra a lo largo de los últimos veinte años.

Por Miquel Martínez Josep Artés

Profesores de Filosofía

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Publicado enPolítica
Domingo, 17 Noviembre 2019 06:11

El legado imborrable de los chalecos amarillos

El legado imborrable de los chalecos amarillos

Un año después de la irrupción explosiva del malestar, el número de manifestantes ha decaído de forma significativa en Francia. Pero la solidaridad y la construcción de lo común persisten como herencia de las protestas.

Un chaleco amarillo gigantesco colgado de una ventana llama la atención del transeúnte. Unos metros más adelante, delante de un portal, en una pancarta aparece escrito: “Casa del pueblo". En pleno centro de Nantes, un colegio católico abandonado se ha convertido en el nuevo epicentro de los chalecos amarillos de esta localidad del noroeste de Francia. Entre las paredes de hormigón de un edificio ostensiblemente abandonado, intentan mantener la llama de la indignación que el 17 de noviembre del año pasado llenó de gente las carreteras, rotondas y calles de Francia. Y puso contra las cuerdas al presidente francés, Emmanuel Macron.

Un año después de la irrupción explosiva de los chalecos amarillos, las manifestaciones se siguen repitiendo cada sábado, pero estas son cada vez más minoritarias, salvo ocasiones excepcionales como las protestas para conmemorar este sábado el primer aniversario. Aunque las calles se han ido vaciando, persiste un legado de solidaridad y construcción de lo común. La “Casa del pueblo” es una buena prueba de ello.

“Nuestro objetivo es reapropiarnos de espacios comunes para intentar resolver la miseria actual y evitar que haya gente que duerma en la calle”, asegura Renz, de 37 años. Este militante, con “dedicación completa desde hace tres años”, se trasladó a Nantes en julio cuando impulsaron la primera “Casa del pueblo” de esta localidad. Tras ser expulsados de un primer espacio, se instalaron en octubre en el colegio Notre-Dame-du-Bon-Conseil.

Sentado en torno a una mesa en el patio de este recinto, Renz recuerda al detalle cómo vivió la emergencia de los chalecos amarillos el 17 de noviembre del año pasado. “Estuve bloqueando la circulación en un centro comercial durante una semana en Pau (sur de Francia) y después fui a Saint-Nazaire, donde intentamos impedir el acceso a uno de los principales puertos industriales del país”, explica este manifestante, con una barba bien poblada e inseparable de su gorro de lana. En Saint-Nazaire, cerca de Nantes, descubrió la primera “Casa del pueblo”, impulsada a principios de diciembre. Estos edificios ocupados se multiplicaron desde entonces por el territorio francés: Marsella, Burdeos, Caen, Lorient, Tours…

“Los chalecos amarillos permitieron a la gente que no llegaba a fin de mes que dejara de esconderse. Estos salieron a la calle y dijeron que estaban hartos”, afirma Mathieu Herbomel, un hipnoterapeuta que nunca antes había militado hasta la emergencia de este movimiento. Ahora es uno de los coordinadores de la “Casa del pueblo” de Nantes. “Acogemos a unas 30 personas. Un tercio de ellas son migrantes y otro tercio franceses sin techo”, indica sobre este espacio ocupado que se inspira en el espíritu del barrio anarquista de Atenas Exarchia y en casas okupas de Barcelona y Madrid. Además de las asambleas semanales de los chalecos amarillos, “también se celebran reuniones de colectivos de estudiantes, militantes ecologistas y de asociaciones de acogida de refugiados”.

“Macron nos ha permitido descubrir la fraternidad”

Las “Casas del pueblo” resultan la continuidad de las miles de rotondas ocupadas hace un año cuando empezaron las protestas a través de cortes de carreteras. La presencia de manifestantes fue permanente durante semanas y meses a lo largo del invierno. Las fuerzas de seguridad desalojaron la mayoría de ellas. No obstante, algunos chalecos amarillos aún resisten como galos. “No hemos logrado gran cosa por parte del presidente Emmanuel Macron, pero al menos hemos conseguido que el movimiento no se detenga durante un año. Cuando emergió, nadie hubiera creído que duraría tanto tiempo”, asegura Erick Simon, de 58 años, portavoz de los chalecos amarillos de Coutances, una localidad normanda de 8.000 habitantes, situada a unos 330 kilómetros al oeste de París, en la que la rotonda des Îles ha estado ocupada de forma casi continuada durante los últimos doce meses.

“Al menos Macron nos ha permitido descubrir una fraternidad que antes ignorábamos”, presume Simon sobre los fuertes vínculos de solidaridad establecidos entre los chalecos amarillos de su región y, en concreto, de su localidad. Allí conmemoran este domingo el primer aniversario “preparando una gran sopa para comer y debatir con todos los vecinos que se acerquen a la rotonda”. Esta reivindicación de lo local es una de las herencias más fuertes de este movimiento transversal, que en diciembre logró frenar la ofensiva neoliberal del joven presidente francés.

“La ocupación de las rotondas permitió crear nuevos colectivos de personas en zonas periurbanas y rurales donde vivían de forma muy aislada e individual”, defiende el politólogo Laurent Jeanpierre, autor del libro In Girum. Les leçons politiques des ronds-points (La Découverte, 2019). Según este profesor de la Universidad París 8, “ha representado un movimiento de educación popular que ha dado lugar a una nueva sociedad civil en zonas que estaban muy despolitizadas”. Para muchos chalecos amarillos, estas protestas representaron la primera militancia de sus vidas. Entonces, descubrieron “que la política no solo consiste en votar. Aprendieron que hablar de los problemas cotidianos de salud, empleo o transporte también es una forma de hacer política”.

Normalización de las barricadas y los disturbios

Además de la solidaridad de las rotondas, la identidad de los chalecos amarillos se vio reforzada por la experiencia de la confrontación con la policía. “En un inicio no había la voluntad de manifestarse a través de disturbios y de forma insurreccional”, recuerda Romain Huet, que publicó recientemente el libro Le vertige de l’emeute. De la Zad aux gilets jaunes (PUF, 2019). Pero fruto de su voluntad de hacerse visibles en el espacio público y perpetuar su presencia en los barrios ricos de las grandes ciudades, las barricadas y los disturbios se convirtieron en una forma habitual de manifestarse. “Reflejaron una cierta impotencia de la política, dado que no es posible expresar su indignación solo manifestándose de forma pacífica”, añade este profesor en comunicación en la Universidad de Rennes sobre unas protestas conflictivas que en los últimos meses se reprodujeron en Hong Kong, Ecuador, Chile o incluso en Catalunya.

Unas manifestaciones que experimentaron una dura represión de las fuerzas de seguridad francesas. Así lo refleja el balance de las víctimas de violencias policiales en los últimos doce meses: 2 muertos, 2.448 heridos, 315 manifestantes con heridas en la cabeza, 24 que perdieron un ojo, 5 que se quedaron sin una mano…

Fue para denunciar estos abusos policiales que Gabin Formont creó en diciembre de 2018 el medio Vécu (Vivido), cuya página de Facebook ya cuenta con más de 100.000 seguidores. “No era normal que casi ningún medio hablara en diciembre de las violencias policiales”, asegura este joven de 29 años, que no es periodista de formación y que se manifestó ese 17 de noviembre prácticamente por primera vez en su vida. Desde entonces, se consagra a su tarea de “reportero-ciudadano”. Ante el tratamiento hostil de los grandes medios, los chalecos amarillos prefirieron informarse a través de publicaciones alternativas, como Brut, ThinkerView, Le Média o la edición francesa de la cadena rusa RT.

¿Un movimiento con vocación municipalista?

Doce meses después de que el aumento del precio del combustible desatara esta protesta, “el cabreo social permanece”, reconoce Jeanpierre. Aunque los chalecos amarillos son el movimiento que más ha obligado a ceder a Macron, que adoptó una serie de medidas sociales y bajadas de impuestos para las clases medias valoradas en 17.000 millones de euros, “las dificultades económicas persisten”, afirma este politólogo.

“El precio de la gasolina no ha dejado de aumentar. También sube la electricidad y los productos de primera necesidad. El gobierno no ha cambiado nada”, lamenta Laure Courbey, integrante de los chalecos amarillos en Nemours, en el sur de la región parisina, donde mantienen una rotonda ocupada. Según un sondeo del instituto Elabe para la cadena BFM TV, el 55% de los franceses sigue apoyando las reivindicaciones de los chalecos amarillos, aunque el 66% no desea que sus movilizaciones se intensifiquen.

Priscillia Ludosky y Jérôme Rodrigues, dos de las figuras del movimiento, enviaron a finales de octubre una carta a Macron pidiéndole una reunión antes del 16 de noviembre. Una petición denegada. Su objetivo era transmitirle las 59 propuestas elaboradas a través del “verdadero debate”, una plataforma impulsada por los chalecos amarillos como alternativa al “gran debate” del presidente francés y que contó con un millón de contribuciones. Unas medidas focalizadas en la justicia fiscal, ecología solidaria, refuerzo de los servicios públicos y una transformación del sistema político.

Ludosky, que originó las protestas con una petición en internet contra el aumento del precio del combustible que obtuvo más de un millón de firmas, también anunció este viernes la creación de un lobby ciudadano. Una iniciativa con la que quiere hacer emerger reivindicaciones locales y nacionales, sobre todo de las zonas periurbanas y rurales. Otros “chalecos amarillos” apuestan por estructurarse a través del modelo asambleario. Unos 600 delegados de asambleas locales se reunieron, del 1 al 3 de noviembre, en Montpellier para debatir sobre el futuro del movimiento en la cuarta “asamblea de las asambleas”.

“También existe la voluntad de presentarse en las elecciones municipales de marzo del año que viene”, asegura Jeanpierre, quien subraya que es el “movimiento más descentralizado en la historia reciente de Francia”. En grandes localidades como Burdeos, Niza o Grenoble, pero también en pequeñas como Commercy (nordeste), donde se celebró la primera “asamblea de las asambleas”, grupos de chalecos amarillos ya preparan “listas ciudadanas”. Sus expectativas resultan muy inciertas. En las pasadas elecciones europeas, candidaturas que querían encarnar el espíritu de las protestas obtuvieron unos resultados ínfimos.

“Nuestra apuesta es concentrarnos en la convergencia de luchas”, defiende, por su lado, Herbomel. Este militante de la “Casa del pueblo” de Nantes cita como muestra del malestar persistente las recientes manifestaciones en el sector sanitario o de los estudiantes después de que la semana pasada un joven de 22 años intentara inmolarse prendiéndose fuego a sí mismo delante de un restaurante universitario en Lyon. Los indignados franceses no solo tienen marcado en rojo en el calendario este fin de semana, sino también la huelga del 5 de diciembre contra la reforma de las pensiones. El legado de los chalecos amarillos no se transmite, se transforma.

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Jueves, 24 Octubre 2019 08:15

El deber de acompañar

El deber de acompañar

¿Quién hará lo que tenemos que hacer, y nadie podrá hacer, nadie, si no lo hacemos todos juntos? Martí

 Han publicado esta semana la información sobre la posible entrega de veinte mil millones de pesos por parte del clan Uribe a las iglesias cristianas para que orienten en voto a sus rebaños hacia los candidatos del Centro Democrático.

En muchos lugares del país, sin que las capitales departamentales estén exentas de ello, fluye el dinero del narcotráfico y sus lavadores hacia los candidatos que, no solo defenderán sus intereses, sino que devolverán con contratos, inversiones y empleos lo que invierten sus financiadores. Por supuesto, los grandes grupos económicos también invierten, incluso a varias bandas, en candidatos que retornaran con creces las sumas recibidas.

En este escenario turbio y maloliente, brillan con luz propia los candidatos que participan en la asimétrica justa, sin otro respaldo que sus vidas, largas o breves, consagradas al servicio de las comunidades.

Lo menos que podemos hacer como ciudadanos, es acompañar con nuestro voto. No como una dadiva, sino como un deber elemental. Con la conciencia plena de que un voto sufragado sin anhelo diferente al aliento a la pureza en el proceder, tiene el valor infinito de apostar por la virtud, por la capacidad, por ese valor tan olvidado y tan indispensable en los tiempos barbaros que corren: la honestidad.

Por otra parte, consideramos que ante la incapacidad de los liderazgos genuinamente democráticos por alcanzar acuerdos decisivos en la tarea vital de reencausar desde los poderes del Estado el proceso de paz (atacado de la forma más vil que cabe imaginar: afirmando que se le defiende, mientras se da rienda suelta a los ataques criminales), es necesario apoyar desde las ciudadanías las opciones democráticas más opcionadas y dar un ejemplo de unidad fraterna desde abajo.

En el caso de Bogotá, hay candidaturas a edilato como los de Jorge Caceres en Puente Aranda, con una larga vida consagrada a mejorar las condiciones concretas de vida de los humildes y a promover la organización popular, o Christian Robayo en Ciudad Bolivar, con un desempeño ejemplar en su primer periodo como edil; y hay candidatos al Concejo como David García, con excepcional capacidad en la crucial tarea de elevar la cultura de nuestras comunidades.

Con relación a la Alcaldía Mayor, nuestro voto acompañara a Claudia López, por encarnar una opción democratizadora en un escenario decisivo para la ciudad y para las elecciones presidenciales del 2022. Es por Claudia López, no por Sergio Fajardo, que tiene no poca responsabilidad en el retorno del uribismo al poder.

Hay muchas mujeres y hombres que contemplan la política como deber sagrado, como servicio sin mácula, como una labor asumida para responder de modo ejemplar a la confianza de quienes no venden su conciencia. Los nombres mencionados, son unos de muchos, que son muy pocos frente al oprobio imperante.

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Viernes, 19 Julio 2019 08:15

De la confrontación a la autonomía

Integranates de la Nación Wampis en defensa de su territorio

La historia del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis se remonta medio siglo atrás, un proceso que llevó a la conformación del Consejo Aguaruna Huambisa en 1977, bajo el régimen militar peruano. Fue también una respuesta de los pueblos wampis y awajun a la colonización mestiza del río Marañón, cerca de la frontera con Ecuador. Poco después rompieron con los jesuitas que trabajaban con ellos y decidieron tomar un camino propio.

 

En una primera etapa se empeñaron en la titulación de sus tierras, como forma de recuperar la integridad territorial como pueblo. Este proceso implicó muchas ten-siones con los actores externos, militares, empresas extractivas y mestizos colonizadores, y llevó al despliegue fuerzas comunales para desalojar a los invasores, que fue respondido con el encarcelamiento de líderes y dirigentes.

 

Con la crisis del gobierno militar al comienzo de la década de los años 80, se produjo lo que la socióloga Tania Gómez (autora de una magnífica tesis sobre el gobierno autónomo wampis que inspira este artículo) denomina como una "avalancha a la Amazonía", de la mano de las empresas multinacionales en el contexto de la globalización. Hidrocarburos y minería aurífera son las dos actividades que más afectan a los pueblos amazónicos, impulsadas por el gobierno autoritario de Alberto Fujimori (1990-2000).

 

La crisis sobrevino en 2009, cuando el Estado desconoció los acuerdos que tenía con los pueblos. "Los wampis van aprendiendo que tanto las titulaciones como las categorizaciones ambientales de su territorio son herramientas insuficientes. El Estado empieza a modificar los marcos legales para permitir el ingreso de fuerzas globales de enorme magnitud, sin tomar en cuenta las afectaciones en la vida de los wampis", señala el citado trabajo de Gómez.

 

El 5 de agosto se produjo el enfrenamiento entre indígenas awajun y wampis y fuerzas policiales y militares, luego de casi dos meses de intensa movilización en la Amazonia para la derogación de los decretos que permitían una abusiva explotación de los bienes comunes sin consulta ni consentimiento de los pueblos originarios, con un saldo de 33 muertos entre manifestantes y policías (https://bit.ly/2XROoB2).

 

La jornada conocida como Baguazo fue un parteaguas, además de la síntesis de un largo e intenso ciclo de luchas amazónicas. En apenas seis años, a caballo de nuevas frustraciones que agudizaron la histórica desconfianza con el Estado (criminalización y divisiones), el pueblo wampi tomó decididamente el camino de la autonomía. Debieron dejar de lado desde las ONG hasta organizaciones nacionales, incluyendo la tentación de la administración municipal. Esta experiencia los convenció, además, de los límites de instituciones que nunca los trataron como iguales, incluyendo las leyes de consulta previa, que no se aplicaron o se manipularon.

 

"Después de la participación en estos procesos, se concluye que la consulta previa es apenas un procedimiento de convencimiento en donde el Estado busca atacar debilidades de la organización". Para construir autonomía debieron articular las comunidades de dos cuencas (ríos Santiago y Morona) y elaboraron su estatuto autonómico en más de una decena de talleres con amplia participación de las bases.

 

Uno de los puntos centrales del estatuto destaca: "consideramos sin validez alguna, cualquier trato o consentimiento efectuado en favor de las empresas de manera separada o parcial antes de que haya terminado el proceso oficial entre nuestra nación y el Estado peruano".

 

Los organismos de poder del gobierno autónomo conocen cuatro instancias: la asamblea principal con 96 asambleístas; un gobierno ejecutivo con sus consejeros; gobiernos de ambas cuencas y gobiernos de cada comunidad con sus respectivas autoridades electas.

 

Como señala el sociólogo peruano Alvaro Giles, "se trata del primer pueblo indígena en el país que cambia la estrategia del sindicalismo indígena por la idea del autogobierno". Añade que ya hay otros tres pueblos amazónicos en proceso de fundar sus gobiernos autónomos, por lo que "estaríamos frente a una nueva estrategia en el mundo amazónico peruano".

 

Sólo caben dos observaciones. Una, que la autonomía no es una opción anclada en ideologías, sino en historias y cosmovisiones propias que se despliega para enfrentar desafíos concretos. Lo que nos muestra que estamos ante genealogías diferentes a las de cuño europeo, analizadas entre otros por Castoriadis.

 

Dos, que los pueblos en movimiento (concepto más adecuado que movimientos sociales) van descubriendo que las autonomías y los autogobiernos territoriales les permiten enfrentar en mejores condiciones el extractivismo depredador, que cualquier otra estrategia que pase por la negociación con el Estado. En los próximos años veremos una proliferación de procesos autonómicos.

 

La acumulación por despojo y el capitalismo sólo se pueden confrontar y derrotar con otras culturas políticas, por fuera de las instituciones y de los acuerdos por arriba.

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La ONU señala el sindicalismo como “fundamental” para la salud mental

 

El último informe del relator especial para la salud de la ONU afirma que las medidas para combatir la desigualdad son más efectivas para promover la salud mental que las terapias medicinales.

La toria lo demuestra: las relaciones de solidaridad, y en particular la sindicación para garantizar mejoras de salarios y condiciones en el trabajo, son fundamentales para la promoción de la salud mental. Así lo afirma el último informe del Relator Especial para la salud de la ONU, que fue ayer, 24 de junio, enviado a Ginebra. “El modo en que se organiza el trabajo tiene profundas y duraderas repercusiones sociales y psicológicas”, explica el informe, que señala cómo la configuración del mercado de trabajo afecta a las relaciones personales, tanto en el ámbito familiar como en el cuidado de niños y mayores.

El informe, titulado Sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, apunta la preocupación general en cuanto a que la mala salud mental se considere “una amenaza para la productividad económica” y que las soluciones consistan en recuperar fuerza de trabajo. “El hincapié que se hace en los problemas de salud mental, considerados una carga a nivel mundial, y el llamamiento a reducir las deficiencias en el tratamiento y a lograr que las personas afectadas por esos problemas regresen al trabajo se mencionan cada vez más al justificar desde el punto de vista económico la necesidad de dar prioridad a los problemas de salud mental en todo el mundo”, señala el informe, que alerta de que las prioridades se centren en recuperar la fuerza de trabajo en vez de en garantizar la atención de calidad.

Y es que, desde principios del milenio, la prescripción de antidepresivos ha aumentado a nivel general en todo el mundo. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) recogidos por The Guardian, entre el año 2000 y 2016 en Estados Unidos se han pasado de las 75 dosis diarias por cada mil personas a las 125 —un 66,66% más—, en Reino Unido de las 37,6 a las 101 —aumento del 168,6%— y en España se han pasado de las 28,2 dosis diarias por cada mil personas a 75,5 —un 167,7% más—. 

Entre las medidas aconsejadas para combatir las enfermedades mentales, el Relator Especial subraya aquellas que vayan encaminadas a combatir la desigualdad y la discriminación. “Serían la mejor vacuna contra las enfermedades mentales y sería mucho mejor que el uso excesivo de medicación psicotrópica que tenemos en la actualidad”, ha afirmado a The Guardian el relator especial Dainius Pūras, que ha señalado también las políticas que siguieron a la crisis financiera de 2008, que han acentuado la desigualdad, como perjudiciales para la salud mental. “Las medidas de austeridad no contribuyen de manera positiva a la salud mental”, explica el relator. “La gente se siente insegura, con ansiedad, no gozan de un bienestar emocional debido a esta situación de inseguridad”, continúa.

Un enfoque de derechos para garantizar la salud mental

El informe del relator especial destaca la importancia del entorno social, psicosocial, político, económico y físico a la hora de gozar de una buena salud mental y apunta la obligación de los Estados de establecer medidas que garanticen el respeto de los derechos humanos y propicien la vinculación social como alternativa al modelo biomédico, que utiliza criterios restringidos e individuales para la prevención de los problemas de salud mental.

“Todavía hay una tendencia a utilizar modelos individualizados y causales para identificar determinantes de la salud mental como la violencia juvenil y las autolesiones. Esa tendencia da lugar a intervenciones centradas en factores de comportamiento inmediatos e individuales, en lugar de abordar adecuadamente las condiciones estructurales, que son las causas fundamentales”, explica el informe del relator especial de la ONU. “La explicación de las desigualdades en materia de salud mental va mucho más allá de lo biológico y lo individual y se extiende a lo social, lo económico y lo político. La vida de las personas se ve a menudo limitada por leyes y estructuras de gobierno y poder no equitativas, así como por políticas que estratifican a la sociedad, lo que afecta profundamente a las relaciones humanas y a la forma en que las personas actúan a lo largo de sus vidas”, continúa.

El informe recuerda que ya el Plan de Acción Integral de la OMS sobre Salud Mental 2013-2020 incluía entre sus cinco objetivos clave la promoción de la salud mental a través de la actuación sobre los determinantes sociales, pero esto no se tradujo en medidas en la práctica. También señala que, 70 años después de la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se ha conseguido una reducción general del número de suicidios, se ha avanzado en la reducción de la pobreza extrema y en los problemas de violencia interpersonal, se ha conseguido una mayor igualdad de género y se han reducido los regímenes totalitarios. “Esa tendencia induce a pensar que han tenido un efecto positivo las políticas y prácticas de las sociedades de todo el mundo basadas en los derechos humanos”, señala el informe, que también alerta de que “esos avances se ven amenazados por un movimiento creciente de poderosos grupos de interés mundiales que se oponen a los principios universales de derechos humanos y sostienen que ha fracasado el orden mundial de la posguerra”.

El relator apunta como ejemplos de cómo los gobiernos pueden socavar la promoción de la salud los recortes en protección social, las políticas que restringen el acceso a la información y a servicios de salud sexual y reproductiva, la penalización de la posesión y cultivo de drogas para uso personal o las leyes que reducen el espacio de la sociedad civil, así como los castigos corporales a niños y adultos. También destaca como “prácticas nocivas” las “terapias de conversión” para personas LGTBI o las terapias que usan la religión para el tratamiento de drogodependencias o de problemas de salud mental, así como la corrupción farmacéutica, a la que dedicó otro informe en 2017.

El informe alerta también del sobrediagnóstico de enfermedades mentales, que ha llevado a la medicalización de “reacciones normales a las múltiples presiones de la vida, incluidas las formas moderadas de ansiedad social, tristeza, timidez, absentismo escolar o comportamiento antisocial”, así como de las prácticas en la atención a personas con enfermedades mentales en las que no se cuenta con su consentimiento. “La coacción se utiliza profusamente en los servicios de salud mental, y hay pruebas de que cada vez es mayor la prevalencia de las medidas coactivas en esos servicios”, lamenta el relator especial.

Otro de los temas tratados en el informe son la estigmatización de la persona con enfermedad mental como amenaza para la sociedad, o el acogimiento de menores a instituciones, que el relator señala que debe ser sustituido progresivamente con miras a su total eliminación. “Con respecto a los niños menores de cinco años, el acogimiento en instituciones debería considerarse una forma de violencia y de práctica nociva y, por lo tanto, debería prohibirse”, apunta el informe.


publicado

2019-06-25 06:10:00

Publicado enSociedad
Viernes, 07 Junio 2019 06:18

Dónde perdimos la brújula

Dónde perdimos la brújula

Los asesinatos de la brasileña Marielle Franco (marzo de 2018) y de la hondureña Berta Cáceres (marzo de 2016) fueron crímenes políticos, algo en lo que coinciden movimientos, partidos de izquierda e intelectuales progresistas. Ambas eran mujeres de abajo y del color de la tierra, feministas que resistían el patriarcado y el capitalismo. Con toda razón se achacaron sus crímenes a la alianza entre empresas multinacionales, gobiernos y milicias paramilitares, que en cada país adquiere formas distintas pero siempre favorecen al 1 por ciento más poderoso.

La vida del campesino náhuatl Samir Flores tenía muchas similitudes con las de Berta y Marielle: nació abajo y resistió el capitalismo neoliberal que en su tierra (Amilcingo, Morelos) se concreta en grandes obras de infraestructura, igual que en Honduras, donde Berta resistió un proyecto hidroeléctrico para el "desarrollo" del país. Tres personas que vivieron y murieron de pie, defendiendo la dignidad de sus pueblos convertidos en obstáculo para la acumulación de capital.

Siendo los contextos de los crímenes tan similares, debe entenderse porqué académicos y profesionales que se dicen progresistas, establecen diferencias y exigen no politizar el asesinato de Samir, al que consideran además una cuestión policial. Tres crímenes de Estado, como los de Ayotzinapa, de los cuales siempre hemos responsabilizado a los gobiernos en turno.

Lo único que justificaría un tratamiento diferente es que en Brasil y Honduras se trata de gobiernos de derecha, acusados de complicidad con los crímenes, mientras en México el discurso progresista del actual gobierno (que no sus acciones), lo exculparían de cualquier responsabilidad. A mi modo de ver, estamos ante un argumento mezquino y pobre.

Es evidente que los discursos y las palabras no pueden modificar los hechos y, sobre todo, no tiene sentido aplicar raseros diferentes a situaciones similares. Si Ayotzinapa fue responsabilidad del gobierno de Peña Nieto, si Marielle y Berta fueron responsabilidad de sus respectivos gobiernos, no hay modo de eludir la responsabilidad del asesinato de Samir.

Por ese camino se llega a una extravío de difícil retorno, lindero con la aberración. El mayor desatino de las izquierdas del continente se llama, por ahora, Nicaragua. Daniel Ortega no pierde oportunidad de mentar su supuesto "antimperialismo", mientras su gobierno, según reciente informe de Amnistía Internacional, sigue instaurando "un ambiente de terror, donde cualquier intento por ejercer la libertad de expresión y el derecho a reunión pacífica es castigado con represión" (https://bit.ly/2GyYFvy).

La comandante sandinista Mónica Baltodano denuncia las penosas condiciones carcelarias de los presos, enfermos por el consumo de aguas putrefactas y condiciones sanitarias lamentables. Según Baltodano, nunca hubo tal cantidad de presos en Nicaragua, que sufren peores condiciones que los presos de Somoza como lo fue ella misma (https://bit.ly/2IgjVqC).

En Nicaragua se tortura a los detenidos con los métodos salvajes de las dictaduras (https://bit.ly/2wCEJmQ). Pero buena parte de la izquierda sigue apoyando al régimen neosomocista de Ortega, incluyendo algunos intelectuales. En este periodo incierto de decadencia imperial y de las izquierdas, las palabras no valen nada o, parafraseando al poeta, ciertas voces valen menos, "mucho menos que el orín de los perros".

Se ha convertido en norma que las palabras enmascaren realidades que se pretenden ocultar, porque resulta incómodo aceptarlas.

El progresismo es, en primer lugar, una construcción discursiva. Solamente discursiva porque no produce cambios estructurales. La clave de cualquier transformación verdadera no es otra que el poder popular, las decisiones que emanan de los de abajo, no las políticas de arriba, por más "revolucionarias" que se digan. Este punto es tan decisivo, que podría incluso definirse revolución no por la toma del poder, sino por la organización masiva de los de abajo, del modo que decidan.

En segundo lugar, el centro del conflicto del progresismo es contra los pueblos y no contra el capital y las derechas, como pretenden los intelectuales progres. Este punto es nodal y es el que permite establecer diferencias entre los progresismos (acomodados a la relación de fuerzas heredadas y limitados a gestionar lo existente) y otros procesos que, mal que bien, pretenden superar el estado actual de las cosas.

Los enemigos que ataca el progresismo, son el pueblo mapuche (al que se le aplicó la ley antiterrorista), los movimientos de junio de 2013 en Brasil, y los pueblos originarios, en general y ahora los de México en particular, entre los más evidentes.

La brújula que se perdió es la ética. Que no se recupera con discursos sino escuchando a los pueblos, aceptando sus decisiones colectivas que, nunca en cinco siglos, pudieron ser encajonadas en envases institucionales. Lo demás es verborrea hueca que sólo pretende amparar a los de arriba ninguneando a los pueblos.

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