Miércoles, 04 Diciembre 2019 05:55

Colombia ante el desafío de contar el horror

Carlos Beristain, miembro de la comisión de la Verdad colombiana. Imagen: Jorge Larrosa

Colombia emprendió una tarea titánica:  explicar su conflicto armado. Para eso creó la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición

Colombia emprendió una tarea titánica: dar una explicación y alcanzar la verdad sobre las causas del conflicto armado en el país. Son más de 50 años de guerra con cientos de miles de muertos y millones de víctimas. Una de las instituciones creadas para ese fin es la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, que recuerda a la CONADEP argentina. Esta Comisión de la Verdad (según su nombre corto) es de carácter temporal (durará tres años) y extrajudicial. Tiene la difícil misión de escuchar a las víctimas y llegar a una explicación del conflicto armado. En una Colombia donde día a día hay más muertes esta Comisión buscará dar con las causas estructurales de la violencia.

En 2016 el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmaron un Acuerdo de Paz para terminar con la guerra. El mismo contemplaba la creación de tres organismos para esclarecer las causas del conflicto y llevar justicia a las víctimas. Uno de ellos es la Comisión de la Verdad. “La `no repetición´es una tarea para el ahora”, sostiene Carlos Beristain, uno de los once comisionados que integran el organismo. Médico y psicólogo nacido en España, Beristain tiene una vasta trayectoria como asesor de varias comisiones de la verdad. “No es sólo lo que nos pasó, sino lo que sigue pasando. Una de las tareas de la comisión es buscar una verdad que explique, no solamente que cuente casos. Este es un país en el que se ha investigado demasiado pero siguen sin estar claras muchas dimensiones del conflicto y de lo que hay que cambiar. Tenemos la misión de hacer recomendaciones para que se puedan enfrentar las condiciones estructurales y los factores de persistencia del conflicto armado. Una tarea que nos conecta con el ahora de Colombia", explicó el psicólogo.

Para entender la naturaleza del trabajo que llevan adelante hay dimensionar las 262.197 muertes que produjo el conflicto armado, según el Centro Nacional de Memoria Histórica. En ese sentido el organismo necesitó crear estrategias para poder abarcar una realidad tan compleja. “En un país con nueve millones de víctimas no vamos a poder resolver todos los casos. Pero sí trabajar sobre los patrones de victimización. Es decir, ver en diferentes épocas cuales han sido las regularidades de la violencia contra la población y cómo eso explica la dinámica del conflicto armado”, afirmó Beristain.

Reconocer a las víctimas, darles la palabra, es una de las funciones primordiales de la Comisión. Para eso buscaron una aproximación desde nuevas perspectivas que contemplan problemáticas no abordadas por otros organismos de este tipo. "En el primer año de trabajo ya llevamos más de 5.800 testimonios. Hicimos un reconocimiento a las víctimas de violencia sexual, a los niños y niñas que fueron reclutados para combatir. Otro tema central es la lucha del movimiento campesino por el acceso a la tierra. También queremos llegar a un reconocimiento desde los responsables. Hay que quebrar los pactos de silencio que son la base de la impunidad. Esperamos obtener testimonios significativos que logren romper ese pacto y generar un reconocimiento de lo sucedido del lado de los responsables y los perpetradores”, expuso el comisionado.

Desde que se firmó la paz 702 líderes sociales y 135 miembros de las FARC fueron asesinados. Hace pocas semanas facciones de esa guerrilla anunciaron su regreso a la clandestinidad. El miedo sigue habitando en millones de colombianos. “Venimos haciendo análisis que nos permiten actuar entendiendo la complejidad del caso colombiano. Por eso trabajamos acercándonos a las víctimas en los territorios. Tenemos 28 Casas de la Verdad repartidas por todo el país, donde trabaja gente que conoce los contextos, de forma que podamos incorporar la experiencia de los propios territorios”, explicó Beristain. Esta situación de vulnerabilidad a la que están expuestas las víctimas es un dato central. “Hacemos un análisis de riesgo para saber en qué lugares se puede trabajar abiertamente. En otros buscamos crear redes de confianza que permitan no visibilizar directamente lo que hacemos. Por ejemplo a través de escuchas en entornos no visibles. Y también sacamos gente de los territorios para que puedan expresarse con mayor libertad y enfrentar el miedo a las condiciones de presión que existen”, sostuvo el psicólogo español.

La búsqueda de testimonios en el exilio es otras de las características que hacen de esta Comisión de la Verdad una experiencia única. Según datos de ACNUR se estima en 500.000 los refugiados a causa del conflicto armado. Los países que dieron mayor recepción a los exiliados fueron Ecuador y Venezuela. “Hay una historia de Colombia fuera de Colombia. Cuando se hizo el Acuerdo de Paz en La Habana llegaron las demandas de los exiliados para poder contar su verdad. Hay testimonios que buscan ser escuchados en más de 20 países. No tenemos los recursos para tener Casas de Verdad en cada uno. Por eso buscamos construir lazos que funcionen como redes de apoyo con organizaciones que aborden estas temáticas. Acá en Argentina estamos trabajando con Memoria Abierta. Los primeros tres testimonios que tomó la Comisión fueron en el exilio como una muestra de nuestro compromiso con la gente que está afuera. Ellos también necesitan ver que su verdad va a formar parte de esta construcción colectiva”, sostuvo Beristain.

En estos días Colombia está viviendo un momento inédito de movilizaciones y huelgas. La gente tomó las calles y dentro de los reclamos está el de sostener el acuerdo de paz. “Hay un malestar en Colombia que perdió el miedo a expresarse. La movilización une dos tipos de demandas: reclamos en torno a la inequidad que hay en el país, junto con el pedido de cumplimiento del proceso de paz. La coyuntura empuja para que se profundice ese proceso. Salir de 60 años de guerra no es fácil. Se necesitan políticas sostenidas que trasciendan a un gobierno y permita dar respuesta a las necesidades de las víctimas”, informó el comisionado.

Una vez concluido el trabajo de la comisión, dentro de dos años, el resultado se va a plasmar en un informe final. Para Beristain el involucramiento de la sociedad les va a permitir llegar a ese informe y sostenerlo en el futuro. “En Argentina el “Nunca Más” fue un best seller. En el otro extremo, el informe al que llegaron los organismos en San Salvador nunca se publicó. En Guatemala el gobierno lo rechazó. Una comisión es una herramienta para esos procesos que no termina con el informe. Existe la necesidad de que la gente se lo apropie. La verdad sale a luz si hay quien la empuje”, enfatizó Beristain.

Publicado enColombia
Sábado, 02 Noviembre 2019 17:24

Y después de todo... EL PERDÓN

Y después de todo... EL PERDÓN

 

“Un hombre a quien no conocí personalmente,
el flaco Jaime Bateman Cayón, dijo en una ocasión que el M-19
era una cadena de afectos.
Ah, tenía razón el samario aquel,
pues en el Eme se tejieron sueños y esperanzas
a partir de los afectos.
Y estos –los sueños y los afectos– siguen vigentes”.

Javier Correa

“Fabio Alejandro nos devuelve en esa implacable máquina
del tiempo que se llama la memoria, en la que siguen vivos
a dentelladas, el dolor de los cuerpos afligidos en el potro;
de los cuerpos, porque decir hermano, es decir compañero, amigo, yo soy tú y viceversa; somos uno en la búsqueda de la justicia social y de la paz; somos todos, y dos, y más, en el empeño”.

Matilde Eljach

“Solo el perdón nos redime
de la muerte y la tortura”.

Jerónimo

 La artista colombiana Doris Salcedo, en el Hay Festival en Cartagena de Indias (Colombia), este año. Daniel Mordzinski

La artista colombiana, una de las más influyentes de América Latina, utilizará el dinero para su serie de instalaciones 'Actos de duelo', con las que rinde homenaje a las víctimas de la violencia

Considerada una de las artistas más influyentes de América Latina, creadora y a la vez activista por los derechos humanos y la paz, la colombiana Doris Salcedo (Bogotá, 1958) ha sido elegida ganadora de la primera edición del Nomura Art Award, el premio de mayor dotación económica del mundo del arte contemporáneo: un millón de dólares (unos 900.000 euros). El galardón, convocado por el grupo de servicios financieros japonés Nomura Holdings, Inc. con el fin de apoyar total o parcialmente la financiación de proyectos que de otro modo resultarían difíciles de llevar a término, anunció el nombre de Salcedo en una ceremonia celebrada este pasado miércoles en Shanghái. La artista, por su parte, adelantó que utilizará el dinero para sufragar los costes de sus Actos de duelo, una serie de instalaciones en la que lleva inmersa desde 1999, concebidas en recuerdo de los asesinados en el conflicto armado de su país y de todas las comunidades víctimas de la violencia.

La elección de Salcedo, realizada por un “jurado independiente e internacional” en el que destacan nombres como el de Max Hollein, director del Metropolitan Museum of Art de Nueva York, y Yuko Hasegawa, directora artística del Museo de Arte Contemporáneo de Tokio, se debe a la “importante significación cultural de su producción”, según anunció Nomura en una nota de prensa. “Es una noticia totalmente inesperada”, respondió Salcedo, “y me llena de una abrumadora humildad y gratitud por la generosidad y la responsabilidad que conlleva tan grande honor. Producir objetos capaces de honrar la memoria de las víctimas de la violencia requiere de grandes inversiones de tiempo y organización, a veces con numerosos colaboradores. Gracias a este premio, ahora seré capaz de avanzar mucho más rápido de lo que esperaba con un proyecto que es importante para mí, y que espero que tocará a muchas personas”.

La noción de duelo forma parte intrínseca del motor creativo de Salcedo. Como medio para la catarsis, sus obras buscan implicar no solo al espectador, sino al ciudadano en su sentido más abarcador para, a modo de acto simbólico, expiar el sufrimiento derivado de la violencia, entendida también en toda su amplitud. Esta idea de la atrocidad remite en muchos de sus trabajos al dolor provocado por el conflicto que se prolonga en Colombia desde 1960, y que ha afectado a millones de personas, muchas de ellas mujeres que han sufrido abusos sexuales. Sobre ellas versa uno de sus más recientes proyectos, Fragmentos, un espacio arquitectónico de arte y memoria en Bogotá o, como ella lo denomina, un "contramonumento" cuyos suelos se forjaron con 37 toneladas de armas fundidas entregadas por las FARC. Este centro compone una de las tres piezas artísticas que se acordó erigir tras los acuerdos de paz entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla, y se ha convertido desde su apertura a principios de año en un agente activo por la memoria y el debate sobre el proceso de paz. “Lo primero que pensé cuando me llamaron para pedirme el encargo fue: ‘No”, explicó la artista a El País Semanal el pasado enero. “No quería trabajar con un material que ha causado tanto dolor. Decidí que no iba a emprender nada, pero cambié de opinión. Entendí que no compartía la forma en que se planteaba. Pensé que las armas no debían ser monumentalizadas. Destruí esa noción. No podía construir una obra jerárquica porque no buscamos una versión única de la historia”.

Recientemente, la colombiana, que fue nombrada a principios de 2019 doctora Honoris Causa de la Universidad Complutense, en Madrid, también ha trabajado en Pensilvania con familias separadas en la frontera de EE UU. Su último proyecto dentro de los Actos de duelo, titulado Quebrantos, vuelve nuevamente a buscar el contacto y la participación del público, convertido así en una herramienta más del hecho artístico. En plena plaza de Bolívar de Bogotá, el mismo lugar que acoge su espacio de Fragmentos, Salcedo ensalzó a los 500 líderes y activistas colombianos asesinados desde la firma del acuerdo de paz en 2016 hasta hoy. Usando fragmentos de vidrio como material, centenares de voluntarios escribieron los nombres de 165 de esos defensores de los derechos humanos sobre el suelo, en una suerte de ritual colectivo que intentaba expresar el luto y llamar a su superación. Tres años atrás, en 2016, Salcedo desplegó en ese mismo enclave una enorme lona blanca a modo de mortaja, una "acción de paz" que tituló Sumando ausencias, y en cuya construcción participaron 10.000 personas. “Llevo 30 años inmersa en el duelo, sobreviviéndolo”, apuntó la artista en la citada entrevista con EPS. “No se puede salir del túnel, pero encuentras héroes en el camino, aquellos que sufrieron nos arrojan luz”.

Por Silvia Hernando

Madrid 31 OCT 2019 - 18:00 COT

 

Video relacionado:

Quebrantos... reescribiendo los nombres de los ausentes

https://youtu.be/NvKK-iWEfI4

Publicado enCultura
Domingo, 20 Octubre 2019 06:07

Vlady Putin: Nuevo zar del Medio Oriente

Vladimir Putin tiene un pie en ambas costas del Golfo Pérsico.Foto Ap

Los sucesos en el norte de Siria que (en)marcan el nuevo orden regional en proceso (https://bit.ly/2MNTTNP) –bajo el condominio ruso-estadunidense que sustituye al acuerdo británico-francés Sykes-Picot de hace 103 años– estaban escritos en el muro desde diciembre del año pasado cuando se fraguó la retirada de Trump y la división norte-sur del Medio Oriente: “La cartografía de Medio Oriente cambió dramáticamente con vencedores y perdedores: entre los primeros, Rusia, Irán, Turquía; y entre los segundos, EU, los kurdos, Israel y la mayoría de las seis petromonarquías del Golfo, con la excepción de Catar (https://bit.ly/2AObv6V)”.

Hoy las tendencias sólo se acentuaron.

Obama abandonó a los kurdos iraquíes y ahora Trump lo imita con los kurdos sirios (https://bit.ly/2BanSdb) frente al neo-otomanismo del sultán Erdogan a quien los kurdos turcos (15 por ciento de la población total de Turquía) le están carcomiendo su tambaleante frente doméstico.

Israel, con su primer hoy atribulado Netanyahu, fracasó en su intento de balcanizar a Siria y a Irak mediante la secesión del Gran Kurdistán para desestabilizar a Irán y Turquía (https://bit.ly/32b3k0c).

Desde sus fracasos en el mundo árabe –Libia (descuartizada por Hillary), Somalia, Yemen, Irak y Siria con baby Bush, los Clinton, Obama y Trump–, EU había iniciado su repliegue para (con)centrarse en la región Indo-Pacífico ( https://bit.ly/32BHCCU ) con el fin de contener a China, así como enfocarse en el Ártico (https://bit.ly/2DLeL4w) para repeler el avance de Rusia y China cuando ya no le interesa controlar el petróleo del Medio Oriente.

EU es hoy el mayor productor de gas/petróleo lutita (shale gas/oil) del planeta y su producción ha superado a Rusia y a Arabia Saudita (AS), por lo que el Medio Oriente ha perdido su interés de hace 74 años cuando Roosevelt y el rey Saud pactaron su acuerdo petrolero a bordo del USS Quincy en el Gran Lago Amargo (sic) de Egipto (https://bit.ly/2MUh4WB).

Cuando se agote la Cuenca Pérmica en Texas, la mayor fuente de shale gas/oil de EU, tienen contemplado controlar directa o indirectamente la Cuenca de Burgos y la Cuenca Sabina en el norte de México (https://bit.ly/2qoMo8h).

Hoy EU controla el petróleo del Golfo de México con la ignominiosa "reforma energética" del entreguista itamita neoliberal Luis Videgaray y ha puesto en jaque a la mayor reserva de petróleo del mundo: Venezuela.

En pleno desasosiego, Financial Times (19.10.19) admite que Turquía "se considera triunfador". Cita a Sinan Ulgen, director del think tank Edam, con sede en Estambul, quien califica de un "ganar-ganar" para Turquía y Trump, mientras el sultán Erdogan se prepara en dos días a reunirse con el zar Vlady Putin en su sitio preferido de Sochi.

Mientras Putin recorre el Golfo Pérsico, los iraníes conmemoran la máxima peregrinación del planeta del Arbiin en el santuario del imán Hussein (nieto del profeta Mahoma) en Kerbala, Irak (https://bit.ly/2P2VZMA).

Sumados los eventos en el norte de Siria con las relevantes visitas del zar Vlady Putin a las dos petromonarquías de AS y los Emiratos Árabes Unidos, en una de las dos costas del Golfo Pérsico, se trasluce que el Gran Medio Oriente se convirtió en el "patio trasero" de Rusia en la era de la cibergeopolítica (https://bit.ly/2qpy1ki).

Rusia controla el mar Caspio, el mar Negro, la costa oriental del mar Mediterráneo en Siria –sumado del Líbano–, y mantiene una óptima relación con Israel donde llegaron 1.5 millones de migrantes rusos/ucranianos de origen jázaro no-semita.

Sin contar sus inmejorables relaciones con los países islámicos de Asia Central, Moscú mantiene excelentes tratos con Egipto, donde participó en la construcción del segundo Canal de Suez.

Ahora el zar Vlady Putin tiene un pie en ambas costas del Golfo Pérsico: con Irán, del lado este, y con AS y los Emiratos Árabes Unidos del lado oeste.

Rusia se despliega y profundiza su presencia en el Medio Oriente, de donde EU se repliega a conveniencia.

¡Vlady Putin es hoy el incontestable "Zar del Medio-Oriente"!

http://alfredojalife.com

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El analista de arriba y la calle

Raúl Zibechi

Los pueblos y los sectores populares, las mujeres y los varones de abajo, están ganando las calles en todo el mundo. En Barcelona y en Hong Kong, en París y en Quito, y en un largo etcétera imposible de abarcar en pocas líneas. A mi modo de ver, este sólo hecho da para celebrar, para el regocijo de quienes deseamos el fin del capitalismo, porque éste no sucederá sin confrontación y lucha de calles, entre otras formas similares de pelea.

La poderosa reorganización de los aparatos represivos los ha hecho casi invulnerables a la protesta, de modo que desbordes como los que vimos en periodos anteriores (siempre recuerdo el mítico Cordobazo de 1969, cuando obreros y estudiantes derrotaron en la calle a la policía del régimen militar), son cada vez más infrecuentes. Por eso la lucha de calles, es tan importante, como escuela y como horizonte.

Es cierto, por otro lado, que con marchas y acciones directas no es posible trascender el sistema, que hacen falta por lo menos dos cuestiones centrales: una crisis sistémica profunda, como las que se registraron en Europa hacia el final de la guerra de 1914-1918, y una potente organización de los pueblos, no sólo para afrontar la crisis, sino de modo muy especial para construir los mundos otros llamados a expandirse mientras vamos deshidratando la hidra capitalista.

Los pueblos organizados y los militantes celebramos las pequeñas victorias, la multiplicación de caracoles en Chiapas o el frenazo al paquetazo del FMI en Ecuador. Nos conmovemos con esos miles que arañaron las piedras, literalmente hasta sangrarse, para erigir barricadas con adoquines y trozos de edificios en Quito. Nos indignamos con la represión que provocó una decena de muertos y mil 300 heridos.

Festejamos los avances. "En Loja y Azuay se crearon asambleas populares autónomas, espacios organizativos de abajo para construir poder popular, dar continuidad al proceso y articular planes y acciones", nos dice un militante contra la minería del sur. Valora, de forma muy especial, que los 12 días de lucha hayan sido la primera experiencia para toda una generación, porque no está pensando en tomar el palacio, sino en la continuidad de la pelea.

Otros compas estiman la trascendencia de que haya emergido una nueva generación de militantes y dirigentes indígenas y populares, así como la importancia del protagonismo masivo de las mujeres. En paralelo, se emocionan con los estudiantes que armaron centros de acopio, albergues y cocinas comunitarias, "integrando así una lucha campo-ciudad".

Son los temas estratégicos que deberían preocuparnos, porque de ellos depende el futuro, y no si la acción favorece a tal o cual potencia global, a tal o cual político que quiere llegar o volver al palacio.

Por eso nos indigna, por lo menos a quien esto escribe, cuando el analista de arriba se limita, desde su escritorio, a censurar a los dirigentes, sean de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), del pueblo mapuche o del EZLN, porque no hicieron lo que ellos consideran oportuno o necesario.

Los pueblos no son acarreados por los dirigentes, como suele creer el analista de arriba, porque no se molesta en preguntar y, sobre todo, en escuchar razones de la gente común. Si lo hiciera, descubriría una lógica propia, diferente por cierto a la del académico o del político profesional, porque responde a necesidades concretas que no pasan por la academia y la literatura especializada.

Sinceramente, me parece insignificante, por decirlo en tono amable, si la lucha nuestra beneficia a China, a Rusia o a Estados Unidos. Son tres potencias imperiales que están dispuestas a masacrar pueblos, para seguir acumulando poder y capital.

Me parece igualmente poco importante si una lucha de abajo, con toda su cuota de dolor y sangre, termina beneficiando a tal o cual candidato a la presidencia. No es ése el camino de los pueblos. Todo lo que fortalezca el protagonismo y la organización de los de abajo es muy positivo, más allá de consecuencias que nunca se pueden medir a priori.

Hubo un tiempo en que el analista de arriba era, sistemáticamente, parte del sistema. En las pasadas décadas, sobre todo a partir de la caída del socialismo real y de las derrotas de la revoluciones centroamericanas, han surgido multitud de analistas que se dicen de izquierda, pero no se manchan las manos, ni ponen el cuerpo en las barricadas, ni escuchan a los pueblos.

Se sienten portadores de la verdad, cuando deberían ser apenas trasmisores del pensamiento y la acción colectivas. No puede haber análisis valederos que subestimen a los pueblos. Siempre fue y será una actitud propia de la derecha, funcional al sistema.

No se vale que unos pongan los muertos y otros usen los cuerpos ultrajados como escaleras, materiales o símbolos. "No queremos ser escaleras de ustedes", dicen los aymaras a los políticos corruptos. Sólo sirven los análisis nacidos del compromiso, no con los de abajo, sino abajo y a la izquierda.

Publicado enInternacional
Micohaumado es uno de los focos de un conflicto que dura ya décadas. David F. Sabadell

Dos periodistas de El Salto han formado parte de la misión internacionalista de verificación de derechos humanos que durante nueve días ha recorrido tres focos del conflicto que vive hoy Colombia. Mil días después del plebiscito sobre los acuerdos de paz, la voz de los grupos armados legales e ilegales sigue entonando el presente político del país. Los movimientos sociales exigen justicia y reparación y alertan del incremento de la violencia contra el campesinado y el hostigamiento de los movimientos sociales.

La bebida nacional de Colombia es el tinto, llamado coloquialmente tintico, un café ligeramente aguado que funciona como el primer signo de hospitalidad en cualquier hogar o reunión. El café impulsó la prosperidad colombiana a finales del siglo XIX, hoy es junto al aceite de palma, el principal cultivo legal del país. El concepto cultivo ilícito se utiliza en exclusiva para las matas de hoja de coca, la base de la cocaína, el estigma del campesinado de determinados departamentos del país, el ingrediente secreto de la economía colombiana, y uno de los símbolos de una guerra por el territorio que la colombiana institucional libra a través de su ejército en hasta cinco territorios: el Chocó, el Bajo Cauca, Nariño, Sur de Bolívar y Catatumbo. Una misión internacionalista de verificación de derechos humanos impulsada por la ONG Paz con Dignidad con el apoyo de dos organizaciones del terreno, Sembrar y Cisca, recorrió entre el 15 y el 24 de septiembre dos de los focos de ese conflicto en curso. Los sonidos de la guerra se recrudecen en un país con seis décadas de guerra a sus espaldas.

El brigadier comandante Jairo Leguizamón y sus subordinados ofrecen un tintico a los integrantes de la misión internacionalista. Leguizamón, que dice a los visitantes que anhela la paz tras varias décadas en el servicio, dirige desde febrero de 2019 la operación Fuerza de Tarea Marte (el dios romano de la guerra) sobre el territorio del sur de del departamento de Bolívar, un alargado departamento que se extiende desde el mar Caribe hasta el interior del país.

Después de advertir que no se puede grabar la conversación ni tomar fotografías, el comandante despliega ante la misión sus dotes para la comunicación. Cuida la imagen que el ejército quiere mostrar a la opinión pública colombiana: un ejército con la mente abierta —“open minded”— para pacificar el país mediante la erradicación de las guerrillas que operan en el Sur de Bolívar, la persecución de la minería y “combatir el narcotráfico”.

La fuerza Marte es la evidencia del último fracaso de Colombia en su esfuerzo por construir la paz, un fracaso programado por el poder económico y político aglutinando en torno al expresidente Álvaro Uribe, figura fundamental en la campaña por el no a los acuerdos en el plebiscito llevado a cabo el 2 de octubre de 2016. La salida del presidente que impulsó la Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Juan Manuel Santos, y la llegada a la presidencia de Iván Duque, delfín de Uribe, ha dejado en vía muerta unos acuerdos que no modificaban la estructura económica, política y social del país y no se extendían a otros grupos, especialmente el ELN, que iniciaron conversaciones para su propio proceso, suponían la esperanza de poner fin a una concatenación de conflictos que arrancó en el año 58. Mil días después de aquel referéndum que se perdió para la paz, y a pesar de la propaganda del Ejército y el Gobierno, el conflicto sigue vivo y el futuro inmediato está teñido por la misma sangre de más de 60 años de guerra.

 

Micoahumado, sur de Bolívar

 

Es de noche en Micoahumado y el pueblo se prepara para una fiesta de recepción a la veintena de personas que desde los ámbitos del derecho internacional humanitario, los derechos humanos, las redes de solidaridad internacionalista y el periodismo conforman la misión. Poco después de las seis de la tarde, la luz se apaga. No volverá en toda la noche. Con la ayuda de tres focos, la celebración sigue. El público lo componen mayoritariamente niños y niñas. Los adultos saben que los próximos años serán cruciales para mantener la comunidad. El futuro es de esos chicos y chicas que se asientan en un territorio extraordinariamente rico y excepcionalmente violentado.

 

Víctimas

 

Acnur estima que más de siete millones de personas se encuentran ahora mismo desplazadas por la guerra, lo que lo convierte en el primer país del mundo con más desplazamientos internos por delante de México. Hasta julio de 2018, el Centro Nacional de Memoria Histórica contabilizaba 262.197 muertos en el periodo transcurrido desde 1958. Pese a que los medios de comunicación resaltan la responsabilidad de los grupos armados —FARC y ELN principalmente— en la lógica de la guerra, las cifras oficiales explican que el mayor número de víctimas procede de la actividad de los grupos paramilitares, que eliminaron a más de cien mil personas en 60 años de conflicto.

Hoy, para las instituciones del Estado, el paramilitarismo sigue siendo un secreto a voces. No se refieren a esas estructuras fascistas el ejército y apenas constatan su presencia otros organismos como la procuraduría o la defensoría del pueblo. Han cambiado sus nombres, pero no han dejado de existir: hoy son los rastrojos, las águilas negras, el clan del golfo o los gaitanistas. Controlan distintos territorios y, como las guerrillas, funcionan como para-Estado para cubrir necesidades y ejercer su concepto de justicia.

En la ciudad de Aguachica es posible apreciar la presencia de dos Colombias: el país “despejado” por los “paracos” y la otra Colombia de las víctimas. En plena campaña electoral para el Gobierno de departamentos y municipios —unos comicios que tendrán lugar el 27 de octubre—, la corporación Sembrar y el colectivo de Víctimas de Crímenes de Estado del Sur del Cesar, Sur de Bolívar y el Catatumbo rinden homenaje a sus muertos y desaparecidos en una reunión con la comisión internacionalista. Una vela y un puñadito de piedras recuerdan a los fallecidos. Muy especialmente a Alejandro Uribe, líder comunal de la Federación Agrominera Del Sur De Bolívar, asesinado hace 13 años y disfrazado de falso positivo por el ejército.

En una historia de violencia como la que vive Colombia, el caso de los Falsos Positivos destaca con un resplandor siniestro. Una historia de la infamia que se destapó en 2008 y que involucra al Estado y altos mandos del Ejército en la desaparición y asesinato de al menos 2.248 personas —varones jóvenes en su mayoría— que fueron hechas pasar por guerrilleros. El Gobierno de Álvaro Uribe, a través de la a Directiva Ministerial 029, estableció unos incentivos para el abatimiento de insurrectos que llevaron a soldados y militares de graduación y sectores del paramilitarismo al asesinato de civiles.

Uno de esos jóvenes secuestrado y asesinado fue Ismael Quintero, hijo de Marlene Quintero Díaz. Su madre cuenta cómo Ismael, que tenía problemas de aprendizaje y para las relaciones sociales, fue engañado con la promesa de un trabajo, asesinado y hecho pasar por un guerrillero de las FARC. “Se aprovechan de la inocencia de las personas, de la necesidad” rompe a llorar Leslie, tía de Ismael, quien se despidió de ella con la ilusión de “por fin” haber encontrado un trabajo. Sólo en Aguachica, 809 personas fueron desaparecidas en la fase anterior del conflicto. Las víctimas tienen que ver cómo el líder paramilitar conocido por el seudónimo de Juancho Prada vive libre e impune en una población a unos pocos kilómetros de la escena de sus crímenes.

El colectivo de víctimas discute sobre los acontecimientos del día siguiente, 19 de septiembre. La campaña electoral va a llevar a Álvaro Uribe a Aguachica. El expresidente, que en estos momentos está siendo juzgado por los vínculos de su familia con el paramilitarismo en el conocido como caso de los 12 Apóstoles, tiene millones de partidarios en el país. Su mandato es el de los falsos positivos y el de la expansión de los paracos, el de la expansión de los monocultivos de palma y también el de las fumigaciones de coca de los años 2002 hasta 2005. Hoy Uribe es la voz de la Colombia que rechazó los acuerdos de paz bajo consignas como que iban a suponer la implantación de “la ideología de género” en el país. Las víctimas de su mandato saben que se arriesgan a nuevas amenazas si acuden a expresar su desprecio a Uribe. Pero se insuflan unas a otras el arrojo para hacerlo. En medio del conflicto, reclaman su derecho a no ser despojadas de la memoria, reclaman el fin de la impunidad.

El Sur de Bolívar es rico en aceite de palma, también tiene las reservas más importantes de petróleo de Colombia, es además territorio en disputa por la presencia de oro y plata en sus minas. A la presencia de la petrolera estatal Ecopetrol y la conflictividad obrera ligada a los derechos laborales que ha marcado una historia no concluida de asesinato de líderes, lideresas y sindicalistas, se sumó hace más de una década la ofensiva de la multinacional minera AngloGold Ashanti por acaparar y expulsar de sus explotaciones a las pequeñas comunidades mineras que se despliegan en esa zona con el beneplácito de la institucionalidad. La disputa sobre la propiedad de la tierra supone el no reconocimiento de títulos a sus pobladores, tiene su correlato en la expedición de licencias mineras para AngloGold.  

La región del Magdalena Medio, y su capital oficiosa Barrancabermeja, en el departamento de Santander, han sido históricamente escenario de masacres, de la presencia paramilitar y asesinatos extrajudiciales. Desde la casa de la memoria y los derechos humanos de las mujeres de Barrancabermeja, Kelly Campos, de la Organización Feminista Popular, define el momento actual como una “reocupación del territorio y una reconfiguración de la guerra” en un contexto de aumento de la pobreza en la zona, de aumento del desempleo femenino y con nuevos elementos de riesgo para las mujeres. Al aumento de los feminicidios se le suma la extensión de microcréditos —llamados “gotagotas”— con créditos usurarios, un sistema controlado por clanes mafiosos vinculados con el paramilitarismo, una realidad que afecta a las mujeres como principales organizadoras de los tejidos familiares. Campos destaca también un tipo de violencia diferenciada contra las lideresas sociales, violencia aplicada contra sus cuerpos en forma de violaciones, torturas y abusos sexuales y contra sus familias.

Siguiendo el río Magdalena desde Barrancabermeja por el norte, y después de un viaje en autobús, ferry, chalupa y cuatro por cuatro se llega al corregimiento de Micohaumado, dentro del municipio de Morales. Una zona de hombres y mujeres de “la otra Colombia, la Colombia de hacha y machete”, como lo define Juan B. el veterano líder social que da la bienvenida a la comisión internacionalista de derechos humanos en una reunión con presidentes de las juntas de acción comunal y delegados de toda la zona.

Micoahumado es una comunidad humilde, de trabajadores del campo, que se estableció en el año 58 en el territorio y que sufren la condena de asentarse sobre una zona rica y fértil, terreno para “el asedio sobre las riquezas renovables y no renovables”, explica Narciso Beleño, otro de los líderes presentes en el encuentro. “Siempre estamos en un punto crítico”, define Beleño, “siguen evidentes los riesgos de muertes y desapariciones”.

A la falta de una carretera desde la que sacar los alimentos producidos en el corregimiento se une la falta de comunicaciones a través de internet. El agua contaminada genera problemas de salud para tres cuartas partes de una población estimada de 2.000 personas que no tienen un doctor ni un dentista en el pueblo. El evidente abandono estatal es reconocido por la procuraduría de la nación y es la principal demanda de la comunidad que ven cómo la única respuesta es la presencia del ejército.

Eran las cinco de la tarde del 7 de marzo cuando la fuerza de tarea Marte en una ofensiva sobre el pueblo disparó y mató al joven de 18 años José Dolores Sánchez. La muerte en la cancha de fútbol de un chico que nunca hizo mal a nadie, como resalta la comunidad, ha dejado una nueva cicatriz en un pueblo en el que los jóvenes tienen escasas oportunidades de llegar a la universidad y son vistos como carne de cañón para los grupos armados legales e ilegales. En julio, la policía judicial y el ejército llevaron a cabo otra operación con resultado de nueve detenidos, también varones en el borde de la mayoría de edad. Hoy se encuentran en una prisión a varias horas de viaje, en Cartagena, la capital de Bolívar. La fuerza pública los vincula con el ELN; el pueblo de Micoahumado denuncia que las detenciones se produjeron con pruebas falsas y manipuladas y acusan al Gobierno de un proceso de judicialización contra los líderes y jóvenes del pueblo.

Pablo, de la Federación Agrominera del sur de Bolívar, denuncia que la guerra “de Uribe e Iván Duque” que se está produciendo contra los campesinos: “Generan guerra para que nos dé miedo, y que eso nos desplace”. Pablo, uno de los líderes de Micoahumado fue testigo de una muerte a menos del ELN, y vive en sus carnes la conflictiva relación con la guerrilla. Durante años, los “elenos” cooperaron con las comunidades supliendo algunos de los abandonos del Estado pese a que, como dice Pablo, Micoahumado fue capaz de “decir al ELN que respetara su territorio”. En 2019, con el despliegue de la fuerza de tarea Marte contra el ELN “y la minería ilegal”, la comunidad se siente hostigada, “vuelta mierda”, define otro de los líderes presentes en la reunión con la comisión internacionalista.

Aunque el plebiscito por la paz se perdió, el Estado colombiano asegura estar comprometido —y recibe ayudas internacionales para ello— en poner fondos para la Unidad de Búsqueda de personas dadas por desaparecidas o a una Comisión de la Verdad, pero el dinero para la memoria no llega a su destino. Los colectivos denuncian que engrasan los circuitos de corrupción institucional y que no se ejercen sanciones contra quienes no cumplen con la reparación de las víctimas. Otras organizaciones denuncian que los cuestionarios de la Comisión de la Verdad tienden a la exclusión de la fuerza pública como actor en el conflicto y están contribuyendo a la estigmatización de las comunidades. Está en juego, indica Gladys Rojas, de la corporación Sembrar, que el relato de la paz y la memoria dé prioridad “a la verdad de los víctimas o a la verdad de los militares”.

El año que comenzó con el primer atentado suicida de la historia de Latinoamérica en la escuela de policía General Santander en Bogotá, que se cobró 23 víctimas, concluye con un incremento de la violencia. El anuncio, este verano, de que una parte de las FARC firmantes del acuerdo de La Habana, encabezados por Iván Márquez, ha dado al Estado y el Ejército el pie para el incremento de la presión sobre los territorios en disputa. Zonas con activos estratégicos para el capital colombiano, que aspira a la integración del país en la OCDE, y poblaciones acostumbradas a la guerra.

 

Catatumbo

 

En medio de la carretera, alguien pide una sábana o un trapo para tapar el cadáver que se encuentra en medio de la vía. En la buseta en la que viaja la misión hacia el territorio del Catatumbo suena el vallenato “Los caminos de la vida” del grupo los Diablitos, del departamento del Cesar. Es la entrada al Catatumbo desde la histórica ciudad de Ocaña, en la que Simón Bolívar encontró la financiación para su campaña contra la corona española. Catatumbo significa “la casa del trueno” en la lengua de los barí, una comunidad indígena atropellada por el progreso que aún se asientan sobre dos zonas de reserva en el parque nacional que se estableció sobre sus tierras. Hoy es uno de los cinco focos que la ONU y el ejército reconocen como vivos en la Colombia “de la pacificación” de Duque y Uribe. Sobre el Catatumbo operan el ELN, el frente 33 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que no participó en los acuerdos de La Habana, y el Ejército Popular de Liberación (EPL) un grupo armado a medio camino entre la lucha política y la organización criminal enfrentado en los últimos años con el ELN.

María Lázaro es, por su edad, una de la pocas mujeres que ha conocido la paz en el Catatumbo. Recuerda que las mayores amenazas eran los truenos, cómo cambiaba pescado por grano, el reparto no escrito por el que los pioneros y los barí se desplegaban en el territorio a ambos lados del río Catatumbo. Hasta finales de la década de los 50, María no supo qué eran la guerra ni el ejército. Hoy la fuerza pública ocupa la finca de su hija, Luisa María Prieto, de 50 años. El incremento de los combates en el último año ha alterado aún más su vida: los cilindros —balas— vuelan alrededor de su casa a cualquier hora del día. Los helicópteros han acabado con cincuenta de las cien gallinas que le proporcionó el Comité de integración social del Catatumbo (Cisca), y la ocupación dejado inutilizada media hectárea de cacao y una de leña.

A los diez años, Luisa María Prieto perdió a su padre a manos de un grupo armado. Hace trece, a su hermano. Hace tres años “un cilindro afeitó mi cabeza”. Recibió tres disparos de bala y ninguna indemnización por parte del Estado. Desde entonces tiene dolores de oído, de cabeza y pérdidas de memoria. Cuando el ejército ocupó su predio, Prieto se desplazó, pero tampoco entonces recibió ayuda más allá de arroz y lentejas. A los diez días, decidió regresar. “Usted en mi finca encuentra de todo, encuentra conejitos, cerditos, pollitos, plantitas, aguacates, café, cacao, de todo”, explica. El trabajo se interrumpe cuando comienzan los combates, pera veces se traslada a una pequeña habitación en la que puede seguir elaborando jabones y cremas que vende con la ayuda del Cisca, que promueve un movimiento social autónomo en varios frentes que van desde el empoderamiento de las comunidades hasta la participación electoral desde una premisa que es no pelear por la legalización sino mantener un pulso por la construcción de tejidos ajenos a la lógica estatal.

Por encima del carbón, y por encima del contrabando de gasolina en la porosa frontera con Venezuela, la planta de coca es el principal insumo de la economía de Catatumbo. Los cultivos ilícitos son un reflejo de la paradoja que vive Colombia: un formidable activo y una formidable lacra. En el marco de los acuerdos de paz y en el contexto del Plan Colombia que, desde el año 2000 estableció una relación fluida entre el Gobierno de Estados Unidos y el ejecutivo colombiano, se ha fijado el año 2020 para el comienzo de una nueva campaña para la fumigación y la erradicación de plantas de coca. Algo que amenaza la vida del campesinado, como explica otra agricultora: “Al fumigarnos la coca nos veremos desplazados de nuevo, porque se acabarían los cultivos del plátano, del café, del cacao, todo lo que tenemos sembrado muere porque muere si nos echan veneno”.

José De Dios Toro, alcalde de El Tarra, en Catatumbo, está convencido de que hay que buscar una alternativa viable a la fumigación que, si se produce va a venir de la mano de un estallido mayor de “confrontación armada, desaparecidos, desplazamientos y falsos positivos”. Como en Sur de Bolívar, ante la falta de alternativas, los jóvenes son candidatos al reclutamiento en los grupos armados. En Catatumbo hay un médico por cada cinco mil habitantes y solo uno de cada mil estudiantes puede llegar a la universidad.

Entre las mujeres, especialmente entre las migrantes venezolanas, la amenaza es el reclutamiento para trabajo esclavo y la explotación sexual por parte de los grupos armados. En primavera de este año, una joven que había sido raptada por uno de estos grupos y que, tras huir se encontraba bajo custodia estatal, fue asesinada en circunstancias que aún no han sido esclarecidas por la Fiscalía. La Defensoría del Pueblo habla del “tabú” de esas prácticas que son el motivo de desplazamiento de muchas familias, que no pueden denunciar las prácticas de violación y abuso por parte de esos actores armados.

En la Casa de la Cultura, algunos niños y jóvenes del municipio de El Tarra presentan un conjunto de canciones y bailes tradicionales. Al requinto y a guacharaca, al bajo y el acordeón, chicos y chicas con menos de un año de experiencia musical despliegan un talento asombroso ante las personas que integran la comisión internacionalista que recorre la zona del Catatumbo. María Siro, del Cisca, ha contado antes cómo la suya, es una “generación que nació en medio del conflicto y no conoce la paz, por eso nos cuesta imaginar cómo es la paz”. Quizá el sonido del grupo musical Son Folclor sea uno de esos fogonazos de vida digna en medio del conflicto. Lo cierto es que esa misma noche, se produjo un ataque de la escisión Frente 33 de las FARC en torno al municipio de El Tarra, Teorama, Sardinata y Tibú que dejó 17 personas heridas por explosivos.

A la mañana siguiente, a la salida de San Pablo, un retén del Frente 33 detuvo al convoy de la comisión internacionalista —entre otros vehículos— para distribuir un papel con una invitación a todos los exguerrilleros que permanecen en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación​ para reincorporarse a la lucha armada. “Mientras haya voluntad de lucha habrá esperanza de vencer”, finaliza la carta “desde las montañas del Catatumbo, Estado mayor del Frente 33 Mariscal Antonio José de Sucre de las FARC-EP”.

Intentando sustraerse de los sonidos de la guerra, la Comisión por la Vida, la Paz y la Reparación del Catatumbo es una de las organizaciones que, como Cisca o Sembrar, disputan el relato de la paz que el Gobierno colombiano exporta fuera de sus fronteras. Tres años después del plebiscito que agrietó la confianza de los distintos actores de los acuerdos de La Habana, el movimiento social y las comunidades de las regiones en disputa, apelan a la unidad y la autoprotección para salvar los próximos meses de zozobra y dolor. Como se explican unos a otros en sus reuniones, el objetivo es morir en las zonas en las que han crecido y vivido, pero morir de viejos.

 

Las recomendaciones de la misión

 

La Asociación Paz con Dignidad, con el apoyo de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo planteó la Misión Internacional de verificación de Derechos Humanos con un objetivo de acompañamiento a las comunidades en conflicto, para incidir en políticas locales, departamentales y nacionales y para sensibilizar a la opinión pública internacional, especialmente en Europa para la implementación completa de los Acuerdos de Paz. Tras la misión sobre el terreno, el equipo de derechos humanos y derecho internacional humanitario, se entrevistó con diputados de la bancada por la paz —formado por varios partidos de la oposición al Gobierno del Centro Democrático de Iván Duque y con la embajada española en Bogotá.

Del informe publicado por la misión destacan las recomendaciones que instan al Gobierno de Duque a “velar por la protección de todas las personas que habitan estos territorios, especialmente las más vulnerables, e impulsar políticas públicas que tengan como objetivo final garantizarles una vida digna y el ejercicio efectivo de sus derechos fundamentales”. Facilitar la actividad social y económica de las comunidades —especialmente los tejidos de economía social— y garantizar la protección de líderes y lideresas sociales, son otros de los puntos que destacan las organizaciones que participaron en la misión. “Abordar las causas estructurales de la desigualdad” y cuestionar la militarización como estrategia de pacificación son pasos clave para alcanzar “una paz real y duradera”, según Paz con Dignidad y las organizaciones que participaron en la misión de verificación de derechos humanos.

 

Por Pablo Elorduy

@pelorduy


publicado

2019-10-12 05:59

Publicado enColombia
 El primer ministro etíope, Abiy Ahmed, en una visita en Roma en enero. En vídeo, así es el premiado con el Nobel de la Paz. SIMONA GRANATI (REUTERS) / VÍDEO: REUTERS-QUALITY

El dirigente africano recibe el galardón por impulsar el fin del conflicto fronterizo con Eritrea tras dos décadas de enfrentamientos

 

El Comité noruego ha otorgado este viernes a Abiy Ahmed, el primer ministro de Etiopía, el Premio Nobel de la Paz 2019 "por sus esfuerzos por lograr la paz y la cooperación internacional y, en particular, por su decisiva iniciativa de resolver el conflicto fronterizo con la vecina Eritrea".

En un comunicado, su oficina ha expresado su "orgullo" por la concesión del premio, "un testimonio eterno" de los "ideales de unidad, cooperación y coexistencia mutua" que ha defendido el primer ministro. "Esta victoria y reconocimiento es un logro colectivo de los etíopes y un llamamiento a fortalecer nuestra resolución en hacer de Etiopía un país próspero para todos", ha subrayado.

Con el premio concedido al líder etíope, nacido en 1976 en Beshasha, se quiere "reconocer a todos los actores que trabajan en favor de la paz y la reconciliación en Etiopía y en las regiones del este y noreste de África", apunta el Comité.

Abiy Ahmed llegó al poder en abril de 2018 y, desde el principio, impulsó las conversaciones entre los dos países en un conflicto que ha causado decenas de miles de refugiados y solicitantes de asilo. El Comité noruego ha destacado la labor de "reconciliación, solidaridad y justicia social emprendida" por el primer ministro, que ha contribuido a la paz en el este de África.

El premio de la Paz se fue ya el año pasado en parte a África, al recibirlo el médico congoleño Denis Mukwege, que lo compartió con la activista iraquí yazidí Nadia Murad, ambos distinguidos por sus esfuerzos para terminar con el uso de la violencia sexual como arma de guerra en conflictos armados.

Madrid 11 OCT 2019 - 04:47 CO

Publicado enSociedad
https://diario-octubre.com/2019/08/29/colombia-ivan-marquez-que-fuera-numero-2-de-las-farc-anuncia-la-vuelta-a-la-lucha-armada/

De cómo errar con razones

La decisión de volver al monte, por parte de Márquez, Santrich y sus acompañantes, corrobora una vez más que no es suficiente tener razón para acertar. En efecto, como han resaltado un sinnúmero de analistas en los días posteriores a la declaración, la mayoría de las razones esgrimidas en el comunicado son ciertas. Claramente, ha habido un incumplimiento sistemático del Acuerdo de Paz tanto por parte del Estado colombiano –lo que es evidente por ejemplo en la implementación de “operaciones de entrampamiento” y montajes judiciales o en el fracaso de las circunscripciones para la paz en el Congreso– como por el actual gobierno -que ha atacado a la JEP, objetando la ley estatutaria y reduciendo sus recursos, por no hablar de puntos sustanciales como el congelamiento de la reforma rural integral o la negligencia a la hora de garantizar la seguridad tanto a desmovilizados como a líderes sociales. No obstante, y esto también hace parte del consenso entre analistas, el retorno a las armas es una torpeza política enorme.

Desde que el uribismo se propuso “hacer trizas” el Acuerdo de Paz, estaba anhelando que algo así sucediera. Como fácilmente se puede corroborar, el gobierno Duque ha tratado de ejecutar el mismo libreto que tanto éxito le reportó a Uribe en sus dos gobiernos (2002-2010) y que implica aglutinar los actores de su coalición y las élites sociales y políticas que lo apoyan en torno al combate de un supuesto enemigo fundamental. La pieza faltante en todo este tiempo era el enemigo absoluto que permite disculpar e invisibilizar todos los crímenes y aglutinar su coalición: las Farc.

Los rumores que circularon cada cierto tiempo sobre misteriosas “cumbres” de disidencias pretendían revivir ese enemigo e incluso el afán de antagonizar con el actual gobierno de Venezuela muestra la necesidad que tiene el uribismo de un discurso bélico para subsistir. Máxime de cara a un panorama económico gris, muy alejado de la “bonanza” minero energética que, gracias al precio favorable de los minerales, experimentó el gobierno Uribe, y bajo un presidente sin liderazgo efectivo ni legitimidad, con las más altas cifras de desaprobación de los últimos años.

Aunque los informes del seguimiento a la implementación de lo acordado entre las partes indican que más del 90 por ciento de los excombatientes de las antiguas Farc están comprometidos con el proceso de paz, el uribismo y es de esperar que también el gobierno echarán mano del acontecimiento agenciado por Márquez para continuar erosionando los distintos componentes del proceso de paz e incluso tendrán una excusa para la desidia que han demostrado frente al genocidio político en ciernes, en forma análoga a la actitud del Estado frente al que mermó a la Unión Patriótica. La reacción del expresidente Uribe pocos minutos después de publicarse el comunicado deja ver claramente su afán de articular el hecho en su discurso con el fin de legitimar la supuesta entrega del país a la guerrilla y al mismo tiempo deslegitimar la JEP.

Pero más allá de la utilización conciente que se pueda hacer de tal evento, la existencia de este “enemigo” fortalece la mentalidad contrainsurgente, construida y enraizada en el imaginario colectivo y no solo en la doctrina de las FF. AA. durante medio siglo, que ni siquiera empezó a cuestionarse tras el Acuerdo, y que ahora tendrá nuevamente cómo ubicar el “enemigo interno” que amenaza al orden social y a todo lo que, con su sesgo característico, se le parezca en una entidad “real”: las “nuevas” Farc.

La selva de la historia

 Al margen de las acusaciones por el incumplimiento del Acuerdo, el discurso de Márquez muestra una lectura, si es que la hubo, superficial y distorsionada de la realidad política y de la correlación de fuerzas en el presente, que recuerda la falta de horizonte político demostrada por las Farc en las negociaciones con el gobierno de Pastrana (1998-2002).

En aquel momento se popularizó una explicación para ese fenómeno según la cual las Farc vivían en un tiempo lento, de larga duración, producto de su vinculación con las entrañas olvidadas y abandonadas del país, en contraste con los tiempos “líquidos” del mundo global. Mientras esa organización se desenvolvía en un mundo anterior a la caída del Muro de Berlín, en donde la política estaba necesariamente vinculada a hechos indiscutibles, o al menos con un margen reducido de interpretación, como la misma revolución, el país que veía a sus comandantes por la televisión empezaba a sumergirse en una política del espectáculo en donde, más que los hechos en sí mismos, lo fundamental es el “enmarcado”, esto es, la significación hegemónica con que son investidos.

Tal vez nada corrobora mejor ese tránsito que la fabricación simultánea de una gran amenaza y de su solución. Nadie usufructuó mejor la amenaza de las Farc de ir a las ciudades –según las palabras del “Mono Jojoy” en un famoso video– que el uribismo, incluso admitiendo que golpes como el secuestro de los 12 diputados del Valle del Cauca en abril de 2002 o el atentado al Club El Nogal en febrero de 2003 parecían la realización de tal designio.

Como muestra Fabio López de la Roche en su libro Las ficciones del poder (Debate, 2014), el temor de la ciudadanía más que en los horrendas masacres del paramilitarismo, se enfocó en el secuestro, en particular en las llamadas “pescas milagrosas” en las carreteras, por cuenta del despliegue mediático dado a las víctimas y los sufrimientos que conllevó. De ahí el énfasis puesto por la política de seguridad democrática en la seguridad de las vías principales. La alta percepción de inseguridad muy probablemente llevó a que personas que no tenían finca, vacaciones ni recursos para salir de las ciudades en plan de paseo se sintieran interpeladas por el discurso de la seguridad democrática. Así se empezó a cimentar una hegemonía cuya base fundamental, el antagonismo que permitía articular intereses, demandas e identidades diversas, fue la construcción de ese enemigo absoluto del orden social que hoy siguen siendo las Farc.

En este marco nacional, Márquez y sus compañeros no parecen ser conscientes de las transformaciones experimentadas en el terreno de la política en las últimas décadas ni de la persistencia, incluso aunque se acepte un cierto retroceso, de la hegemonía uribista en la cultura política del país. Es algo que puede inferirse incluso de la puesta en escena de su comunicado, calcado en lo fundamental de los demás comunicados que el grupo hizo públicos en las últimas décadas mediante video. La apelación a una “nueva Marquetalia”, si bien puede tener sentido para tratar de interpelar a los excombatientes comprometidos con el proceso de paz, es una muestra de solipsismo que no le dice nada al “otro”, a ese pueblo que explícitamente se afirma representar, sino que erige un discurso únicamente para sí mismos. Esa huida al pasado ubica al grupo, además, en un lugar asincrónico respecto del tiempo que maneja el resto del país, al que primero se le vendió la idea de que el conflicto armado se reducía a la existencia de la guerrilla y luego de que se estaba transitando hacia un “posconflicto”, desde el que será imposible sintonizar políticamente.

Fallas estructurales

 El “enmarcado” del acontecimiento, el significado dado por distintos actores políticamente relevantes, negó de entrada cualquier pretensión de reconocimiento político al grupo de Márquez. El común rechazo osciló sin embargo entre los discursos guerreristas que inmediatamente pidieron “mano dura”, la impasibilidad de los expertos para quienes es un hecho más en el tortuoso camino de construcción de la paz y el pesimismo de quienes estaban esperando el suceso. Pero la visión general que se tuvo fue la del surgimiento de una nueva “disidencia” que se suma a las ya existentes, las cuales se conciben como grupos dedicados a actividades criminales.

La apuesta de esta disidencia se concentra en tratar de articular a los excombatientes comprometidos con el proceso de paz, a las demás disidencias y al Eln o sectores de esa guerrilla. Aunque en el comunicado mencionan cambios en las formas de hacer la guerra, el aspecto fundamental es que su relevancia política y militar dependerá, en últimas, del fracaso del Acuerdo de Paz, un interés común con el uribismo y los sectores sociales que se enriquecieron con la guerra. Mientras persistan la oposición y la desidia con la implementación, no será difícil que este grupo se constituya en una “amenaza” relevante. Las experiencias de Centroamérica luego de las negociaciones de paz, el aumento en las tasas de homicidio y delincuencia común y organizada entre otras cosas, muestran que si no se atacan los factores sociales que originan y alimentan el recurso a la violencia organizada, la mano de obra disponible para la guerra no va a faltar. Así, el retorno al monte muestra varias de las fallas estructurales del proceso de paz, más allá de los incumplimientos y la lentitud de la implementación, que se retrotraen a la concepción misma del conflicto armado en que se fundamentó y la imposibilidad de articular una mayoría de respaldo.

En efecto, no es posible desligar las negociaciones de paz bajo el gobierno Santos de la implementación de la Política de Seguridad Democrática de Uribe, pues esta se trazó explícitamente el objetivo de debilitar a la guerrilla para llevarla a negociar. De hecho, ese objetivo se realizó, incluso sobre los más ambiciosos postulados de promover la presencia de la fuerza pública como base para garantizar la operación de las demás entidades del Estado en todo el territorio nacional, pues hoy sabemos que en este empeño se ha retrocedido hasta el punto de convertirse en uno de los principales problemas para la implementación del Acuerdo. Sin embargo, la consecuencia de esa enfoque fue limitar la agenda de negociaciones a la desmovilización, incluso aceptando que el Acuerdo final contiene puntos esenciales como la Reforma Rural Integral. La narrativa del actual gobierno de Duque intensifica este marco de comprensión al concebir el proceso como una política de reintegración exclusivamente, olvidando el resto de compromisos necesarios para construir paz.

Podría decirse entonces que Santos dio continuidad a la política del gobierno Uribe, que incluso intentó acercamientos con las Farc al final de su segundo período, a pesar de la oposición del expresidente. Esa oposición, aunada a la tibieza de Santos, imposibilitaron crear una fuerte coalición de respaldo al proceso de paz, que no solamente incluyera actores políticos sino parte sustancial de las élites nacionales e incluso el Estado estadounidense, y no solo al gobierno Obama. Si bien hubo una división en las élites, que se manifestó con fuerza en las elecciones presidenciales de 2014, en donde Santos resultó vencedor con el apoyo de quienes habían sido sus anteriores adversarios para salvar el proceso de paz, también es cierto que Santos fue complaciente con los sectores de las élites que naturalmente privilegian sus intereses particulares sobre la construcción de la paz. Quizás el ejemplo más notorio fue la promoción de Néstor Humberto Martínez a la Fiscalía, un hombre de Sarmiento, vinculado directamente a la cadena de acontecimientos que resulta en el retorno de ese grupo de las Farc a la guerra.

¿Hacia la vieja polarización?

El Acuerdo de paz reestructuró el escenario político colombiano de una manera inédita. La agenda pública fue invadida por las demandas sobre los problemas estructurales del país que están en la raíz de la violencia política, la exclusión social y política, la desigualdad socioeconómica, la concentración en la propiedad de la tierra, las reivindicaciones ambientalistas, feministas, urbanas, etcétera. En ese contexto, la representación política de esas demandas necesariamente implica una “polarización” de nuevo cuño, ya no definida únicamente en función de la posición que adoptan los distintos actores frente a la guerra, sino por la representación de las demandas represadas durante medio siglo. Ambas formas de polarización se traslapan aunque no se confunden. Así, mientras las elecciones de 2014 y el plebiscito de octubre de 2016 evidencian un escenario político estructurado por la opción guerra/paz, las elecciones presidenciales de 2018 insertaron en el campo político la necesidad de transformaciones de fondo para responder a las demandas mencionadas.

El otro elemento característico del escenario posterior al Acuerdo es el intento de construir una identidad política de “centro”, que empieza por denunciar el carácter ficticio de la polarización, cuando no por rechazar lo que considera una manera de alentar la “lucha de clases”, para designar los intentos de representar las demandas irresueltas que han alimentado la violencia política. El “centro”, cuyo análisis desborda estas líneas, está constituido por sectores de la política tradicional que no comparten los medios del uribismo o que acompañaron al gobierno Santos en las negociaciones, así como por actores emergentes que por distintas razones no apuestan a una confrontación abierta con quienes detentan el poder y los privilegios en el país.

Aunque por el momento el anuncio de retorno a la guerra por la facción de las Farc no parece modificar de fondo ese escenario, sí incrementa las probabilidades de que la polarización guerra/paz termine por sobreponerse o desplazar a la polarización que originan las demandas aplazadas por medio siglo que alimentan periódicamente la guerra. De hecho, el llamado del ex candidato presidencial, Sergio Fajardo, a rodear al presidente Duque para enfrentar la nueva amenaza, es una muestra de lo que podría significar una escalada violenta, en la medida en que el “centro”, reacio a representar las demandas emergentes tras la firma del Acuerdo, se fragmentaría nuevamente en torno a la bifurcación guerra/paz, entre quienes acompañarían al gobierno uribista y quienes apostarían por una expresión autónoma de la sociedad civil en función de la implementación del Acuerdo.

En fin, si bien en este momento la apuesta política de Márquez y sus camaradas nació muerta, tanto por las carencias del propio grupo como por el rechazo generalizado, siendo finalmente asimilado a una disidencia más sin reconocimiento político, la apuesta militar va a tener oportunidad mientras no se traten de fondo los históricos problemas estructurales que suscitan la guerra o, cuando menos, aquellos que fueron abordados en el Acuerdo de Paz, como la Reforma Rural Integral. Mientras la situación en los campos y ciudades siga igual o empeore, el problema no va a ser el posible retorno a la guerra de los desmovilizados de las Farc hoy comprometidos en el proceso, pues “mano de obra” para la guerra se conseguirá con relativa facilidad en función de objetivos políticos o meramente criminales.

 


 Cuando el río suena, piedras lleva

 

Wilmar Harley Castillo A

 

 

 

Más de un seguidor de la teoría de la no-violencia, la muerte de los meta-relatos y posmodernos deben estar rascándose la cabeza y tomando mucho café, a partir del video de los comandantes de las Farc con el fúsil al hombro, así uno de ellos tenga problemas de visión. Aguaceros de reflexiones, contra-argumentos contra la lucha armada, acuerdos de La Habana hojeados con lupa y libros sobre la guerrilla desempolvados pueden estar ocupando el primer lugar en escritorios y salones de clase.

Ojo. Que los uniformes verde olivo (nuevos y viejos) no nos distraigan de la almendra de este asunto. Sacude fibras que en pleno siglo XXI reaparezca una guerrilla, pero no es la única en el mundo que vive actualmente; veamos al pueblo kurdo y sus cuerpos armados de hombres y mujeres, veamos la India donde está la guerrilla Naxtalita; o la guerrilla del Eln que sigue operando en Colombia. Ahí no puede limitarse la reflexión.

Los acuerdos de La Habana fueron pactados con el fin de cambiar algunas condiciones de vida de los miembros de las Farc y de las comunidades de los territorios donde ellas operaban. Con naturaleza reformista, sus 6 puntos estipulaban leyes económicas, judiciales, sociales, comunicacionales, de reintegración y beneficios tanto para la guerrillerada y comunidades, como para sus detenidos/as políticas, que pusiera fin al conflicto armado con este grupo subversivo. Pero se vio truncado por un plebiscito donde ganó el NO convalidar lo firmado en La Habana; Acuerdo pocas semanas después firmado una vez más –con un proceder lo más parecido al del pupitrazo– en un teatro en Bogotá. La ultra derecha había hecho bien su tarea de movilizar sus seguidores para frenar la aprobación de esos acuerdos.

A partir de ahí, se empezaron a revelar una serie de inconsistencias en la parte del trato que el Estado debía cumplir. Las zonas de integración donde se ubicó la guerrillerada fueron blanco de la corrupción desde el inicio. Mercados vencidos, incumplimientos en los tiempos de entrega de los enseres, casas hechas en medio del barro, incluso se presentaron zonas donde no había agua. Para rematar, los paramilitares estaban cercando estos lugares. La misma guerrilla empezó a denunciar estas condiciones inhumanas de vida.

Seguidamente, los asesinatos selectivos de los excombatientes empezaron a subir como espuma. Más de 100 se cuentan a la fecha. Junto a los casos de desplazamiento y amenazas contra estos excombatientes a manos de paramilitares que entraron en el plan de retomar los territorios donde no mandaban las armas de las Farc, para imponer la ley de las suyas. Siguiendo con el listado de traiciones al proceso de negociación, se presenta la captura de Santrich –bajo acusaciones de narcotráfico– con un espectacular cubrimiento mediático que lo inculpaba antes de iniciar el juicio, alegato y demás. La emboscada estaba cantada.

Escarbando más hondo, encontramos la raíz de todo esto. El modelo económico neoliberal no se tocó. La estructura económica que rige a Colombia sigue intacta, donde banqueros, industriales privados, agroindustriales, grandes comerciantes, multinacionales de sectores servicios, petróleo, minero-energético y ricos locales engordan sus cuentas bancarias a costa de la miseria del pueblo y destrucción de la naturaleza. En ese marco global ¿usted cree que unos acuerdos de paz pueden echar frutos? Claro, están aquellas microempresas de excombatientes donde producen cerveza artesanal, sacha ichi, zapatos, morrales, para su sustento colectivo y familiar, pero no lograron transformar la lógica del mercado, la competencia y dependencia del sector privado en todos los niveles de la economía, para que esas iniciativas económicas puedan garantizar, primero, un modelo económico que ponga al ser humano y naturaleza por encima del capital y, segundo, que promueva unas relaciones sociales solidarias y dignas.

El gobierno nacional hizo lo que llamamos en dominó, tapicui. Jugó sus fichas para que por punta y punta perdieran las Farc. En este contexto, ¿quién en sus cinco sentidos no cosecha la idea de seguir echando plomo? Si la correlación de fuerzas para el 2012, año donde inició la mesa en La Habana, hubiera sido distinta ¿no creen que las otras insurgencias –Eln y Epl– también se hubieran pegado a un proceso de diálogo, junto a las comunidades/movimiento social para realizar las transformaciones de raíz que exigimos hace más de 50 años? ¡Claro que sí!

¿Cuáles reflexiones se cocinan?

 Para que haya un proceso de paz real, se debe meter mano al modelo económico y social que causó el conflicto armado, para construir otro modelo que esté acorde a los intereses de las comunidades, de las mayorías. Pues son los intereses de los ricos y multinacionales los que no permiten tener paz. De eso, nos pueden hablar muy bien los hermanos/as de El Salvador y Guatemala. Así mismo, también podemos ver que el agua, los árboles, los animales, la tierra, los minerales y todo el extenso cuadro del territorio continúa siendo un escenario de disputa entre el capital y las comunidades; y cada uno buscará las formas de ganar esa disputa.

Por otro lado, la bandera de la paz se ha revelado como un escenario de disputa ideológica y política. Porque diferentes concepciones se chocan como un par de trenes sin frenos. Está la concepción de la paz de los ricos (desarme de las insurgencias, debilitamiento del movimiento social-político, continuación de los negocios con multinacionales y entrega irrestricta de la naturaleza a la explotación minero-energética) versus la visión de paz de las comunidades (defensa y permanencia en el territorio, participación directa en la construcción del Estado-nación, deslinde de megaproyectos e implementación de alternativas económicas que frenen el cambio climático).

El reflejo

El video de las Farc 2.0 expone la vigencia del carácter integral de la lucha social y política de las comunidades de Nuestra América y el mundo. A partir del contexto, historia, cultura de cada comunidad, estas deciden cómo organizarse y cómo movilizarse. En algunos casos la principal herramienta es la toma de tierras baldía, en manos de terratenientes, en otros la toma de instituciones públicas/privadas, cierre de carreteras para frenar el movimiento del capital, junto al despliegue del relacionamiento internacional para denunciar y consolidar fuerzas entre organizaciones sociales-políticas.

Lo que está pasando en Colombia no es un caso de terquedad de unos pocos en seguir disparando y poniendo bombas. Por el contrario, es el reflejo de que los ricos tienen el pie en el acelerador en sus planes de seguir robando y regalando los bienes de la naturaleza, los recursos públicos a costa de la miseria de las comunidades; dando como resultado más gente con ganas de subvertir ese orden de cosas.

*Comunicador social. Coordinador Nacional Agrario.

 


 

La guerra de los tal Ivanes

 

Enrique Santos Molano

 

 

 

Pocos acontecimientos han suscitado un rechazo nacional casi unánime, acompañado de la preocupación internacional, como la reaparición de los excomandantes de la antigua guerrilla de las Farc (hoy extinta), rearmados y agrupados en un nuevo movimiento, cuyo vocero, Iván Márquez, en el discurso promocional difundido vía YouTube y otras redes, calificó de “la Segunda Marquetalia”. ¿Otros sesenta años de guerra? Segundas partes nunca fueron buenas, ni lo serán jamás.

Si desbrozamos el discurso de Iván Márquez de su basura guerrerista, podemos encontrarle sin dificultad un tono conciliador, de memorial de agravios que expone los motivos por los cuales un grupo de excomandantes de la primera Marquetalia, desilusionado por el comportamiento pérfido de un gobierno dispuesto desde sus entrañas a hacer trizas la Paz, ha resuelto reanudar el camino escabroso de la lucha armada, pero aclara que sus acciones no serán ofensivas sino defensivas y abre rendijas para volver en el futuro a la mesa de negociaciones, cuando un gobierno, o un gobernante, tengan la voluntad de dialogar. La pregunta es ¿después de cuántos muertos, heridos, desplazados, familias destruidas, persecución, represión y desplazamientos forzados tendremos ese gobierno dialógico?

En el discurso de Iván Márquez sólo hay un párrafo para aplaudir sin reservas y al que mirar con simpatía y esperanza. Es el anuncio de que la nueva guerrilla reanudará las tareas de protección del Medio Ambiente, en las que fue muy efectiva la antigua. Aunque ningún medio de comunicación destacó ese anuncio, no por eso es menos importante en un país cuyos recursos naturales y su medio ambiente están a punto de ser arrasados por la codicia desbordada de los terratenientes, los ganaderos, los mineros, los apóstoles del fracking y otras especies depredadoras, que cuentan con la complicidad del gobierno naranja.

Sin embargo, la guerra no es el camino, ni la lucha armada contribuirá hoy a la protección del medio ambiente, ni ayudará a extender la calidad de vida a los colombianos del común que hoy carecen de ella.

¿Quiénes están felices por el escalamiento de la guerra? La respuesta es obvia. Los que anunciaron, varios meses antes de mutar en gobierno, que de alcanzar el poder harían “trizas los malditos acuerdos de La Habana”. ¿Y acaso no era eso a lo que se habían dedicado las huestes uribistas desde el inicio mismo de las conversaciones entre el gobierno del presidente Santos y la comandancia guerrillera? El paso en falso que han dado los excomandantes de la antigua Farc es el resultado exitoso de las jugadas y las maquinaciones del grupo guerrerista que hoy gobierna en Colombia.

Lo expresó con claridad en el discurso que pronunció, el otro Iván, el presidente Iván Duque Márquez, para responder a la declaración de Iván Márquez (rodeado este Iván por Santrich, Romaña y varios guerrilleros y guerrilleras en traje de fatiga y portando armas de grueso calibre) al proclamar que combatiría sin cuartel a “la banda criminal” que encabezan su tocayo Iván Márquez y el clarividente Jesús Santrich, por quienes ofreció recompensas jugosas, aparte de bombardeos y acoso a sangre y fuego. Bravatas o no, no es el lenguaje prudente y conciliador que esperamos de un jefe de Estado cuya prioridad es la paz de la República. No parece que esa sea la prioridad del presidente Iván Duque.

A los disidentes de las Farc, y a los Iván que se han embarcado en esa aventura sin sentido que llaman “la segunda marquetalia” no se les puede exigir que respeten el compromiso adquirido en las Acuerdos de Paz de La Habana, sino pedirles que reflexionen y que no incendien mucho más el país, porque esas llamas infernales le darán en la vena del gusto a la extrema derecha neonazi. No se les puede exigir a los insurgentes que se han puesto por fuera de la ley una actitud legal, y es lógico que no se sientan en la obligación de acatarla; a los Iván que ejercen el gobierno legítimo, sí están los ciudadanos en el derecho de exigirles que respeten esa legitimidad y que cumplan con los Acuerdos de Paz de La Habana, que son legítimos, reconocidos por la Constitución y la sociedad civil, y apoyados sin ambages por la comunidad internacional, como lo acaban de expresar el Nuncio Apostólico en Colombia, y otras personalidades del ámbito mundial. El Presidente de la República es un servidor público, no un mandamás, y como servidor público su obligación es estar al servicio de la educación, la tranquilidad, el bienestar y la felicidad de todos y cada uno de los colombianos, que lo han elegido para servirles (a los que votaron por él y a los que no votaron por él) con eficiencia, inteligencia y humildad autocrítica.

Luego, los discursos del Presidente no pueden ser belicosos. Su deber como jefe del Estado lo obliga a esforzarse por entender las razones que han llevado a un grupo de compatriotas a pensar que no tienen otro camino que el de la lucha armada; a tenderles la mano y regresar con ellos, y con cuantos estén en plan de guerra, a la mesa de negociaciones de paz. Paciencia, serenidad y persistencia son las virtudes que deben caracterizar a un buen servidor público, y con mayor pábulo al que ocupa el cargo más conspicuo en esa tarea de servicio que los ciudadanos le han encomendado.

La lucha armada no es el camino. La respuesta armada tampoco es la respuesta correcta. Nada, más que el diálogo, ayuda tanto a conjurar los peligros de una guerra y sus consecuencias tremendas. Si no lo entienden así los dos Ivanes, Iván Duque Márquez e Iván Márquez, si ambos quieren ganarse el título de Iván el Terrible, pues hay que decirles a los tal Ivanes que están terriblemente equivocados.

O no hay que decírselo. Ya se lo están diciendo millones de voces sensatas en Colombia y en el mundo. No prendan una guerra cuyo fuego arderá peor que el de la Amazonia.

 

Publicado enColombia
Paz para el pueblo y guerra para la selva: la deforestación en Colombia aumenta tras el fin de la guerrilla

Las cifras de la tala ilegal venían mejorando hasta que el gobierno de Santos comenzó a negociar el acuerdo de paz

La ausencia de las FARC ha creado un vacío aprovechado por quienes se apoderan de la selva para actividades como la minería, la ganadería y el cultivo de coca

En 2016 se perdieron 179 mil hectáreas de bosque en Colombia, cifra que ha ido a más en los siguientes años

El acuerdo de paz que firmó el gobierno de Juan Manuel Santos con las FARC el 24 de noviembre de 2016 fue un hito para la sociedad colombiana, desangrada por 52 años de conflicto. También fue un punto de inflexión para las selvas de un país que, tras una década de mejoras en la tasa de deforestación, perdió ese año una superficie de bosque comparable a la de Toledo, Guipúzcoa o Almería: 179.000 hectáreas.

Según los datos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), el ritmo de la deforestación en la Amazonia colombiana y otras reservas forestales del país llevaba diez años bajando de forma casi ininterrumpida. Pero en 2016 la tasa comenzó a acelerar de nuevo, con una subida de 44% en la superficie deforestada de ese año y otra del 23% en la del siguiente. La ganadería, el oro, la madera y la coca protagonizan gran parte del aumento de un fenómeno que, según los datos del IDEAM, es la principal fuente de gases de efecto invernadero de Colombia (debido al CO2 que se libera al talar los árboles). Por no hablar del daño irreversible al hábitat de las comunidades indígenas, además de la dramática pérdida en biodiversidad y recursos hídricos.

De acuerdo con el profesor y consultor medioambiental Manuel Rodríguez Becerra, que en 1993 fue el primer ministro de Medioambiente de Colombia, para entender lo ocurrido hay que distinguir entre el año del acuerdo de paz y lo que vino después. Según él, el aumento de la deforestación durante 2016 se explica por la negociación con las FARC, un momento en que el Gobierno quiso alejar fuentes de conflicto: "La mayor tolerancia que hubo ese año con las FARC les permitió aumentar la deforestación para los cultivos de coca". 

Paradójicamente, Rodríguez Becerra también atribuye el incremento del 2017 a las FARC, aunque esta vez el motivo fue su retirada de la zona. "Una vez hecho el proceso de paz el gobierno de Santos no tomó el control efectivo del antiguo territorio de las FARC y algunas regiones se convirtieron en tierra de nadie y comenzaron los procesos de apropiación". La explicación es la siguiente: en su último año, las FARC aprovecharon la tregua negociadora para aumentar las plantaciones de coca, pero en la década anterior habían ejercido de vigilantes impidiendo que los campesinos deforestaran. Entre otros motivos, porque así dificultaban el acceso del ejército colombiano a su área.

Terminado el miedo a una represalia de las FARC, en 2017 llegaron los grandes capitales. Como dice Rodríguez Becerra, "se puede ver claramente el tamaño de los deforestadores, porque en tres meses talan hasta 1.500 hectareas en áreas perfectamente trazadas y hacer eso significa una capacidad grande, tener mucho dinero".

Según Brigitte Baptiste, que hasta julio dirigió el Instituto Humboldt para la Investigación sobre la Biodiversidad de Colombia, uno de los factores de la impunidad de los responsables es la falta de claridad de los títulos de propiedad. A principios de los años 40, explica, "se instituyó un mecanismo para proteger a los campesinos y fue que tras 20 años de ocupación, si presentaban pruebas de desarrollo productivo, eran reconocidos como propietarios".

"Lo que era una ley con buena intención acabó convirtiéndose en un incentivo para el robo de tierras del Estado", concluye Baptiste. Agrega que hay procesos históricos de ocupación que aún no han sido resueltos, con comunidades agrícolas viviendo hace décadas en reservas forestales sin títulos: "Sólo los cafeteros fueron apoyados por el Estado con títulos claros desde principios del siglo XX, por eso casi no hay conflictos en tierras cafeteras".

Al abuso de la ley se añade la falta de reacción estatal por la dificultad de hacer valer la ley en un territorio con escasa implantación de las fuerzas de seguridad. "Las autoridades regionales no tienen personal o están cooptadas por los ilegales", resume Baptiste. "Y tampoco es que puedan hacer mucho, si tratas de llegar sin respaldo a una zona donde se está deforestando, no tienes ninguna opción de salir vivo".

La alternativa a castigarlos con la ley es eliminar los incentivos económicos de la deforestación. La venta de la coca ilegal ya está prohibida, pero el veto se podría extender a la ganadería de tierras deforestadas. Una medida elemental, según Baptiste, "que algunos congresistas y senadores resisten pidiendo hacer un punto de corte para que solo afecte a lo deforestado a partir del año 2016". Sostiene: "Me da la idea de que quienes lo piden están envueltos en la corrupción".

Según Rodrigo Botero, de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, la responsabilidad de muchos poderes públicos se hace evidente cuando hacen llegar servicios como carreteras o electricidad a tierras no formalizadas, "generando un estímulo a la apropiación de tierras que luego son incorporadas a la frontera agropecuaria".

Pero también hay motivos para el optimismo. A principios de 2018, un grupo de niños y jóvenes ayudados por la ONG DeJusticia presentaron una demanda contra el Estado colombiano exigiendo que les garantizase una vida libre de catástrofes medioambientales. Un año después, la Corte Suprema les dio la razón, exigiendo al Gobierno cumplir con sus promesas de frenar la deforestación en la Amazonia colombiana. 

Los activistas esperan que la presión del fallo contribuya a que el nuevo gobierno de Iván Duque acelere la dotación de recursos para capturar y castigar a los responsables de la deforestación. Tras los aumentos de 2016 y 2017, el ritmo de deforestación mejoró en 2018. Aunque sigue en niveles catastróficos, las 197.000 hectáreas del año pasado representan una reducción de 10% con relación al 2017. Según Baptiste, el Gobierno ha desplegado recientemente fuerzas en algunas zonas y ha habido señales de control en el Amazonas pero aún es pronto para saber si 2019 confirmará la tendencia con nuevas bajas. "Como la deforestación es una actividad tan estacional, hay que esperar a que termine la temporada de lluvia, en las próximas semanas veremos en los satélites si sigue aumentando o no".

Por Francisco de Zárate

30/09/2019 - 22:03h

Publicado enColombia
Jueves, 26 Septiembre 2019 19:01

La guerra de los tal Ivanes

La guerra de los tal Ivanes

Pocos acontecimientos han suscitado un rechazo nacional casi unánime, acompañado de la preocupación internacional, como la reaparición de los excomandantes de la antigua guerrilla de las Farc (hoy extinta), rearmados y agrupados en un nuevo movimiento, cuyo vocero, Iván Márquez, en el discurso promocional difundido vía YouTube y otras redes, calificó de “la Segunda Marquetalia”. ¿Otros sesenta años de guerra? Segundas partes nunca fueron buenas, ni lo serán jamás.

Si desbrozamos el discurso de Iván Márquez de su basura guerrerista, podemos encontrarle sin dificultad un tono conciliador, de memorial de agravios que expone los motivos por los cuales un grupo de excomandantes de la primera Marquetalia, desilusionado por el comportamiento pérfido de un gobierno dispuesto desde sus entrañas a hacer trizas la Paz, ha resuelto reanudar el camino escabroso de la lucha armada, pero aclara que sus acciones no serán ofensivas sino defensivas y abre rendijas para volver en el futuro a la mesa de negociaciones, cuando un gobierno, o un gobernante, tengan la voluntad de dialogar. La pregunta es ¿después de cuántos muertos, heridos, desplazados, familias destruidas, persecución, represión y desplazamientos forzados tendremos ese gobierno dialógico?

En el discurso de Iván Márquez sólo hay un párrafo para aplaudir sin reservas y al que mirar con simpatía y esperanza. Es el anuncio de que la nueva guerrilla reanudará las tareas de protección del Medio Ambiente, en las que fue muy efectiva la antigua. Aunque ningún medio de comunicación destacó ese anuncio, no por eso es menos importante en un país cuyos recursos naturales y su medio ambiente están a punto de ser arrasados por la codicia desbordada de los terratenientes, los ganaderos, los mineros, los apóstoles del fracking y otras especies depredadoras, que cuentan con la complicidad del gobierno naranja.

Sin embargo, la guerra no es el camino, ni la lucha armada contribuirá hoy a la protección del medio ambiente, ni ayudará a extender la calidad de vida a los colombianos del común que hoy carecen de ella.

¿Quiénes están felices por el escalamiento de la guerra? La respuesta es obvia. Los que anunciaron, varios meses antes de mutar en gobierno, que de alcanzar el poder harían “trizas los malditos acuerdos de La Habana”. ¿Y acaso no era eso a lo que se habían dedicado las huestes uribistas desde el inicio mismo de las conversaciones entre el gobierno del presidente Santos y la comandancia guerrillera? El paso en falso que han dado los excomandantes de la antigua Farc es el resultado exitoso de las jugadas y las maquinaciones del grupo guerrerista que hoy gobierna en Colombia.

Lo expresó con claridad en el discurso que pronunció, el otro Iván, el presidente Iván Duque Márquez, para responder a la declaración de Iván Márquez (rodeado este Iván por Santrich, Romaña y varios guerrilleros y guerrilleras en traje de fatiga y portando armas de grueso calibre) al proclamar que combatiría sin cuartel a “la banda criminal” que encabezan su tocayo Iván Márquez y el clarividente Jesús Santrich, por quienes ofreció recompensas jugosas, aparte de bombardeos y acoso a sangre y fuego. Bravatas o no, no es el lenguaje prudente y conciliador que esperamos de un jefe de Estado cuya prioridad es la paz de la República. No parece que esa sea la prioridad del presidente Iván Duque.

A los disidentes de las Farc, y a los Iván que se han embarcado en esa aventura sin sentido que llaman “la segunda marquetalia” no se les puede exigir que respeten el compromiso adquirido en las Acuerdos de Paz de La Habana, sino pedirles que reflexionen y que no incendien mucho más el país, porque esas llamas infernales le darán en la vena del gusto a la extrema derecha neonazi. No se les puede exigir a los insurgentes que se han puesto por fuera de la ley una actitud legal, y es lógico que no se sientan en la obligación de acatarla; a los Iván que ejercen el gobierno legítimo, sí están los ciudadanos en el derecho de exigirles que respeten esa legitimidad y que cumplan con los Acuerdos de Paz de La Habana, que son legítimos, reconocidos por la Constitución y la sociedad civil, y apoyados sin ambages por la comunidad internacional, como lo acaban de expresar el Nuncio Apostólico en Colombia, y otras personalidades del ámbito mundial. El Presidente de la República es un servidor público, no un mandamás, y como servidor público su obligación es estar al servicio de la educación, la tranquilidad, el bienestar y la felicidad de todos y cada uno de los colombianos, que lo han elegido para servirles (a los que votaron por él y a los que no votaron por él) con eficiencia, inteligencia y humildad autocrítica.

Luego, los discursos del Presidente no pueden ser belicosos. Su deber como jefe del Estado lo obliga a esforzarse por entender las razones que han llevado a un grupo de compatriotas a pensar que no tienen otro camino que el de la lucha armada; a tenderles la mano y regresar con ellos, y con cuantos estén en plan de guerra, a la mesa de negociaciones de paz. Paciencia, serenidad y persistencia son las virtudes que deben caracterizar a un buen servidor público, y con mayor pábulo al que ocupa el cargo más conspicuo en esa tarea de servicio que los ciudadanos le han encomendado.

La lucha armada no es el camino. La respuesta armada tampoco es la respuesta correcta. Nada, más que el diálogo, ayuda tanto a conjurar los peligros de una guerra y sus consecuencias tremendas. Si no lo entienden así los dos Ivanes, Iván Duque Márquez e Iván Márquez, si ambos quieren ganarse el título de Iván el Terrible, pues hay que decirles a los tal Ivanes que están terriblemente equivocados.

O no hay que decírselo. Ya se lo están diciendo millones de voces sensatas en Colombia y en el mundo. No prendan una guerra cuyo fuego arderá peor que el de la Amazonia.

Publicado enEdición Nº261
EEUU se asoció con milicias armadas en Afganistán impidiendo el éxito de un programa de la ONU que pretendía disolverlas

Tan solo dos meses después del inicio de la guerra en octubre de 2001, Afganistán y las milicias aliadas habían arrebatado a los talibanes el control de todo el país

La posterior lucha por el poder entre estos grupos constituyó "la mayor amenaza a la estabilidad de Afganistán" y la ONU puso en marcha un programa para disolverlos

Aunque EEUU formaba parte de esta iniciativa internacional, al mismo tiempo seguía aliado y trabajando con las mismas milicias que la ONU intentaba desmantelar

 

En diciembre de 2001, tras dos meses de ofensiva militar en Afganistán, EEUU había arrebatado a los talibanes el control de todo el país gracias a la ayuda de las milicias afganas aliadas. Jalaluddin Haqqani, un destacado comandante militar talibán líder de la Red Haqqani intentó entonces llegar a un acuerdo con el nuevo gobierno interino. El 20 de diciembre, como gesto simbólico, Haqqani envió a miembros de su grupo, amigos cercanos y aliados políticos a participar en una caravana que viajaba desde la región de Loya Paktia a Kabul para felicitar al nuevo presidente, Hamid Karzai, y prometerle lealtad.

Pacha Khan Zadran, un señor de la guerra autoproclamado gobernador de Loya Paktia y apoyado por EEUU, paró el convoy a su paso por el territorio bajo su control. Zadran y centenares de sus hombres armados intentaron supuestamente forzar que la caravana le jurase lealtad y le reconociese como gobernador de al región. La respuesta de los líderes tribales en caravana fue que discutirían el asunto después de la inauguración de Karzai y continuaron su ruta hacia la capital, Kabul. Como respuesta, Zadran informó a sus contactos estadounidenses que una caravana Haqqani-Al Qaeda se dirigía a Kabul. Lo siguiente fue un bombardeo aéreo de EEUU en el que murieron unas 50 personas de la caravana y los pueblos cercanos.

Este episodio aparece como uno de los ejemplos de la colaboración entre EEUU y las milicias afganas antitalibanes en el último informe de la Oficina del Inspector General Especial para la Reconstrucción de Afganistán (SIGAR), una agencia del Gobierno estadounidense que supervisa la acción de EEUU en la guerra de Afganistán, la más larga de la historia de EEUU, que el 7 de octubre cumple 18 años.

El documento narra que tras la derrota inicial de los talibanes, las milicias comenzaron una cruenta lucha de poder interna para transformar su victoria militar en influencia política y económica. En 2003, la ONU logró poner en marcha un programa para desmantelar a las milicias antitalibanes, que por aquel entonces constituían "la mayor amenaza a la estabilidad de Afganistán", según otro informe de SIGAR de 2017. Una de las causas principales del fracaso de esta iniciativa internacional fue que mientras EEUU participaba en el programa, al mismo tiempo seguía aliado, trabajando con y fortaleciendo a las mismas milicias que la ONU intentaba desmantelar, denuncia la investigación.

"Las fuerzas de EEUU estaban al mismo tiempo asociadas con las milicias por motivos de seguridad y otros servicios", denuncia el informe. "La dependencia de EEUU de los grupos armados empoderó a los comandantes y grupos que en teoría iban a ser desmantelados", afirmó John F. Sopko, responsable de la agencia, en la presentación del informe el pasado 19 de septiembre. "EEUU estableció nuevos sistemas de apoyo que reforzaron la misma dependencia económica y social entre los comandantes locales y excombatientes que el programa intentaba romper", explica el documento. De acuerdo con una estimación citada en la investigación, en los meses posteriores al 11S EEUU entregó tanto dinero a las milicias que el valor del dólar respecto a la moneda afgana se redujo a la mitad en tan solo tres meses.

¿Por qué necesitaba EEUU a los grupos armados para combatir a los talibanes? Antes de los atentados del 11 de septiembre de 2001, Washington no tenía planeado invadir Afganistán. Esta falta de preparación hizo que la respuesta inicial estuviese liderada por la CIA, que optó por forjar alianzas con varias milicias, especialmente la Alianza del Norte.

Ni EEUU ni las milicias estuvieron especialmente comprometidas con el programa de la ONU de desarme, desmovilización y reintegración de combatientes, el cual estuvo en vigor entre 2003 y 2005. La ONU quiso incluir la iniciativa para disolver las milicias en el Acuerdo de Bonn –acuerdo aprobado en el marco de la ONU en diciembre de 2001 tras la derrota talibán para reconstruir las instituciones de Afganistán–, pero la Alianza del Norte se negó porque entendía que le haría perder poder. En Bonn, las diferentes facciones eligieron a Karzai como presidente interino. Karzai no tenía una fuerza de seguridad y dependía de EEUU, por lo que a cambio del apoyo político, nombro a líderes de la Alianza del Norte como ministros de Defensa, Interior y Exteriores, por lo que estos se hicieron con el control de todo el aparato de seguridad.

EEUU tampoco cumplió sus promesas económicas con el programa de la ONU de desmovilización de combatientes. Washington "prometió 10 millones de dólares, pero a finales de 2004 todavía no había entregado nada. Miembros del programa advirtieron a EEUU que si seguían reteniendo los fondos, el programa se quedaría sin recursos", señala el informe. Finalmente entregaron 9 millones de dólares.

EEUU no contemplaba la reconciliación, solo la victoria

Los talibanes no fueron invitados a Bonn aunque estaban dispuestos a reconocer su derrota. "A pesar de ser rechazados, los líderes talibanes no declinaron de inmediato el orden posterior a 2001. No hubo ninguna llamada a las armas. De hecho, lo contrario: un reconocimiento de derrota y un intento de llegar a un acuerdo", señala el informe. "En los primeros años de la intervención, varios líderes talibanes intentaron rendirse a cambio de amnistía y protección, pero EEUU rechazó estos esfuerzos de reconciliación". La guerra había empezado bien y EEUU solo contemplaba la derrota absoluta de los talibanes. La reconciliación no era necesaria y por eso tampoco se incluyó a los talibanes en el primer programa de desmovilización de combatientes. 18 años después, el Gobierno de Afganistán solo controla el 34% de los distritos y el 47% de la población. El resto está en disputa o controlado por los talibanes.

"A pesar del bombardeo de EEUU al convoy, Haqqani envió a su hermano Ibrahim Omari para jurar 'lealtad al nuevo gobierno' y emitir 'una petición a todos los seguidores de Haqqani para volver de Pakistán y trabajar con las autoridades'. Aunque la CIA al principio celebró la propuesta de Omari, poco después fue detenido por las fuerzas de operaciones especiales de EEUU", señala el informe. Días antes, un grupo de altos cargos talibanes escribieron una carta de rendición y entregaron sus territorios al Gobierno afgano. La Administración Bush, sin embargo, forzó a Karzai a abandonar el acuerdo y la mayoría de los líderes talibanes involucrados volvieron a la lucha armada.

Cuánto ha cambiado la situación que ahora EEUU busca llegar a un acuerdo con los talibanes, de los cuales se estima que hay unos 60.000 combatientes a tiempo completo. Tras acordar un borrador de pacto y lanzar una invitación a los insurgentes para Camp David en el 18 aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 por los que empezó la guerra, Trump congeló todos los progresos por la presión interna y los continuos atentados de los talibanes. 760.000 millones de dólares después, EEUU sigue en guerra

29/09/2019 - 21:51h

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