“He perdido toda la ayuda que antes recibía de las FARC”

Miles de excombatientes heridos están perdiendo la fe en el pacto al tener dificultades para acceder al debilitado sistema de sanidad pública de Colombia

 

 Pablo Jiraldo recibió un disparo en el maxilar en su cuarto día en el frente. Sucedió hace 10 años, cuando luchaba con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), durante la guerra que vivió el país durante décadas. El hombre, de 43 años, afirma que la bala la disparó un soldado del Gobierno.


“Fui a buscar mi arma, pero me disparó”, recuerda. “Fui valiente. Perdí la mitad de la cara”. Sobrevivió gracias al eficiente sistema sanitario clandestino de las FARC, pero Jiraldo ha quedado desfigurado y necesita atención médica frecuente. Es uno de los muchos excombatientes que tienen problemas de salud y lesiones sufridas durante los años de combate y la vida como fugitivos, según afirman médicos y trabajadores humanitarios.


Laura Villa, una excomandante de la guerrilla que lideraba el sistema de sanidad del grupo, calcula que más del 10% de sus cerca de 7.000 excombatientes viven con problemas de salud crónicos como consecuencia del conflicto.


Durante años, las FARC facilitaron tratamiento a sus combatientes heridos en el campo de batalla. Pero cuando se ratificó el Acuerdo de paz entre el grupo armado y el Gobierno, en noviembre de 2016, el servicio pasó a ser responsabilidad del sistema público de sanidad de Colombia. Ya de por sí limitado, este ha tenido hasta ahora dificultades para incorporar los casos de las FARC, pese a las promesas hechas bajo los acuerdos de paz, señala Villa, quien está ahora encargada de supervisar la reintegración y de coordinar los programas rurales de sanidad liderados por ONG.


La escasez de servicios sanitarios contribuye a la falta de confianza en un acuerdo que ya se mueve sobre arenas movedizas, a consecuencia de la falta de progreso en la aplicación de las reformas y de las alegaciones de corrupción en la asignación de los fondos para estos cambios.


Según las condiciones del Acuerdo de paz, las FARC debían dejar las armas y desmovilizarse, mientras que el Gobierno tenía que aplicar una serie de reformas y propuestas de medidas centradas en las causas fundamentales del conflicto, el cual, muchos reconocen, deriva de la desigualdad rural. Además de las propuestas de reforma agraria, los programas de sustitución de los cultivos de coca y la mejora de las infraestructuras y los servicios, a los combatientes de las FARC también se les prometió acceso al sistema de sanidad del país.


Los acuerdos también prevén que “excepcionalmente, para enfermedades graves de alto coste y para la rehabilitación de lesiones derivadas del conflicto, el Gobierno establecerá un sistema especial con la cooperación nacional e internacional para su atención durante 36 meses”.


La atención sanitaria era una “parte muy importante del paquete”, según Ivan Briscoe, director de programas para América Latina del International Crisis Group. “La idea de que el Estado se haga cargo de las necesidades básicas de estas personas para que puedan integrarse en la sociedad colombiana es fundamental”, añade Briscoe.


El problema de la atención sanitaria “plantea la cuestión fundamental que es transversal a todo el proceso de implementación del proceso de paz: ¿cuánto se ha sobrevendido el Estado colombiano?”
Los analistas advierten de que la desconfianza continuada hacia el proceso de paz podría alimentar la disidencia entre los excombatientes (aproximadamente 1.200 miembros de las FARC aún están activos) o aumentar su vulnerabilidad al reclutamiento por grupos criminales u otros grupos armados, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), otra organización guerrillera marxista.


Las elecciones que tuvieron lugar el 17 de junio y llevaron a la presidencia a Iván Duque, un político de derechas que critica el histórico Acuerdo de paz del país, han incrementado esta sensación de intranquilidad. La legislación relacionada con el Acuerdo no podrá anularse en 12 años, pero Duque ha prometido efectuar algunas modificaciones al mismo.


No está claro si alguno de estos cambios afectará negativamente al acceso limitado de las FARC a la atención sanitaria. Si fuera así, traería más problemas a combatientes como Jiraldo que tienen problemas para recibir tratamiento médico.


“Me alegré cuando se firmó el proceso de paz; pensé que todo mejoraría. Pero me equivoqué. He perdido toda la ayuda que antes recibía de las FARC”, se lamenta Jiraldo, y añade que su comandante alega que su lesión es ahora responsabilidad del Gobierno.


Jiraldo, que también sufre trastorno por estrés postraumático (TEPT), se ha sometido a 18 operaciones financiadas por las FARC desde que recibió el disparo, todas ellas antes de la firma del Acuerdo de paz. Pero muchas fueron chapuzas ―cuenta que un cirujano le estiró el párpado para tapar el espacio que antes ocupaba su globo ocular en vez de utilizar un injerto de piel— y sigue necesitando atención médica frecuente.


No ha podido conseguir tratamiento efectivo en el sistema de sanidad pública de Colombia desde la firma del acuerdo de paz y afirma que ha sido rechazado por cinco cirujanos diferentes del Estado. Solo logró recibir atención médica adecuada tras conocer a Claudia Luzar, que trabaja con la Comisión de Conciliación Nacional, un grupo de paz y reconciliación financiado parcialmente por el Gobierno alemán. Con su ayuda y la ayuda económica ha podido conseguir tratamiento privado.


“Durante cuatro años, padeció una infección por una superbacteria, el staphylococcus aureus resistente a la medicina (SARM), para la cual le estoy dando tratamiento actualmente”, explica el doctor Peter Jasinski desde su clínica privada en Bogotá. Luzar presentó a Jiraldo al médico, polaco de nacimiento, tras conocer su drama. En un intento de liberar a Jiraldo de la complicada infección, Jasinski ha estado administrándole diariamente inyecciones de una solución salina en su herida —que atraviesa su maxilar superior y la cara— antes de administrarle antibióticos.


Jiraldo tiene arcadas y respira con dificultad durante todas las intervenciones, pero estas son necesarias para prepararlo para una posible operación que se espera que acabe con el ciclo de reinfección. Aún no se sabe quién realizará la operación, ni quién la pagará.


“Pablo no tiene ninguna confianza”, afirma Luzar. “Se suponía que el proceso de paz iba a generar confianza, pero ha tenido el efecto contrario”.


El cambio abrupto a un sistema de atención sanitaria precario fue un aspecto inesperado del proceso de paz para muchos de los soldados rasos de las FARC. “Cuando estaban en las FARC, no era necesario pedir cita”, explica la excomandante Villa. “Para cualquier cosa que necesitasen, en cualquier campamento, había un profesional preparado para ayudar”. Y añade: “Así que cuando lo dejaron y pasaron a pertenecer al sistema colombiano de atención sanitaria… la transición fue muy dura”.


Pero el problema es simplemente que los excombatientes están experimentando ahora los mismos problemas con la atención sanitaria pública que el resto de la población, remacha Villa. Los analistas se hacen eco de esta opinión. “La atención sanitaria pública en la sociedad colombiana no es buena tal como está”, señala Briscoe, del International Crisis Group. “El hecho es que, en las zonas rurales, los servicios sanitarios públicos son deficientes. Eso no ha cambiado”.


La situación de la atención médica también presenta una paradoja, afirma Kristian Herbolzheimer, de Conciliation Resources. “Si el Gobierno atendiera a los excombatientes y no al resto de la población, ello generaría agravio”, explica. “Parecería que los que tomaron las armas son recompensados, y los que no lo hicieron, no”.
Para Jiraldo, su mala salud no es el único factor que refuerza su desconfianza hacia el proceso de paz. También le preocupa el sueldo escaso que percibe mensualmente ―que se acabará con el nuevo Gobierno― y su percepción de que no tiene posibilidades de futuro.


“No creo que el proceso de paz sea real”, admite Jiraldo. “Mucha gente está volviendo para seguir luchando”, añade. “Si yo tuviera salud, volvería ahora mismo. Continuar con la guerra no es la solución, pero no hay otra vía”.


La excomandante Villa admite que un retorno del conflicto es una posibilidad, dado que el Gobierno está incumpliendo sus obligaciones bajo los acuerdos. Pero mantiene la esperanza.


“Una de las principales características de la gente revolucionaria es que son muy optimistas”, afirma. “Las décadas de conflicto nos han hecho fuertes y ahora somos guerreros en busca de una paz a largo plazo”.


Este texto fue publicado originalmente en inglés en la página web de Newsdeeply en este enlace.

Bogotá 5 AGO 2018 - 17:07 COT

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El río Samaná, un tesoro oculto que pretenden acabar

“La legalidad de las licencias ambientales, deben ser más que legales con el gobierno, 

legales con la comunidad y el ambiente”, 

Gustavo Wilches-Chaux.

 

Aunque a primera vista no parece así, y aunque nunca es reconocido por sus impulsores, la construcción de represas representa un riesgo inminente tanto para los ecosistemas como para las poblaciones asentadas en tales territorios.

 

El reclamo que actualmente elevan las poblaciones en defensa de sus territorios, a través de diversidad de consultas populares, refleja que más que un progreso impuesto, estas prefieren conservar el medio ambiente, al tiempo que les respeten el derecho a vivir en paz.

 

Tales son las exigencias de los pobladores afectados con la central hidroeléctrica Porvenir II que pretenden construir en el río Samaná una obra que, además de generar un importante desplazamiento de personas (re-victimización de población retornada), atenta contra un ecosistema valorado como único por su riqueza biológica, y de importancia para la conservación de especies endémicas con presencia en esta región del país.

 

“Más vale prevenir que curar”

 

Colombia cuenta con 1.450 especies de peces dulceacuícolas registradas, ubicándose, después de Brasil, en el segundo país con mayor número de especies de peces de agua dulce; asimismo ocupa el segundo puesto entre los países más biodiverso del mundo. Según el Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia, el 25 por ciento de los peces del mundo (incluidos los peces marinos) están en territorio colombiano.

 

La conservación de estas especies, en palabras del profesor Jaime Aguirre Ceballos, es prioritaria, no sólo por el papel que desempeña en la diversidad total del país y del mundo, sino también por “su importancia socioeconómica y de la seguridad alimentaria de amplias zonas del país y, generalmente de aquellas de mayor pobreza”.

 

No obstante, un estudio de la Universidad Nacional determinó que los peces en los mares y ríos colombianos han disminuido a una tercera parte en la última década, en comparación con la cantidad de los mismos en los años 70 del siglo XX. Las causas, según varios autores, son atribuidas a diferentes fenómenos como la deforestación y transformación de ecosistemas, la construcción de represas, la minería y contaminación con mercurio, así como la sobreexplotación pesquera.

 

Comprendiendo que los planes para la conservación de los hábitats, y de quienes los habitan, deben ser integrales, aquí en este artículo se abordan únicamente los temas de transformación de los ecosistemas y construcción de represas por su carácter urgente y, sobre todo, porque son prevenibles.

 

A diferencia del resto de causas que podrían entenderse como enfermedades ya adquiridas, y que deben tratarse desde políticas de salud animal en general, la construcción de más represas aún puede prevenirse. La vitalidad de nuestros ecosistemas depende de nuestro cuidado. Como bien hemos aprendido desde la misma medicina: “más vale prevenir que curar”.

 

El río Samaná, el último río libre y limpio de Antioquia



De los 8 ríos principales y 125 afluentes que recorren el departamento de Antioquia, el río Samaná es el único en su magnitud que cumple con dos condiciones: no estar obstruido por represas y estar limpio; su historia reciente, marcada por la presencia sobre su cuenca de actores armados, y su ubicación geográfica, lo han conservado como un joya intacta en medio de la devastación ambiental: La totalidad de ríos que conforman su cuenca han sido intervenidos con hidroeléctricas, a saber, los ríos Guatapé, Nare, San Carlos, Cocorná, Caldera y Santo Domingo.

 

Es esta realidad la que le otorga mayor importancia al cañón del río Samaná, ya que tiene la particularidad de ser un ecosistema valorado cómo único por su riqueza biológica y de importancia para la conservación de especies endémicas de Colombia, específicamente de la región del Magdalena Medio.

 

Es así como el Río Samaná es actualmente un refugio de conservación de las especies del Río Magdalena, el cual registra, con 53, la mayor cantidad de especies de peces amenazadas en el país. La declinación de sus pesquerías ponen en evidencia esta amenaza: “En los últimos 40 años se ha registrado un descenso cercano al 90 por ciento de las capturas, pasando de 80.000 toneladas anuales en la década de 1970 a menos de 10.000 a finales del siglo pasado”.

 

Por su parte, en la cuenca del Río Samaná se han detectado 30 especies de peces que se encuentran en algún estado de amenaza: En peligro crítico (1), en peligro (4), vulnerables (11), casi amenazadas (10), preocupación menor (2) y no aplica n/a (2). De estas 30, quince especies son migrantes y 24 son endémicas de Colombia. (Ver tabla 1).

 

Una realidad con afectación inmediata y de alto impacto también en lo económico y dieta alimenticia, pues para el 90 por ciento de los pobladores del cañón del Samaná la pesca es parte fundamental de su actividad económica, además de ser su base nutricional. Los habitantes del cañón están distribuidos en 35 veredas pertenecientes a 4 municipios (sólo considerando los de la parte alta del cañón). San Luis (10), San Carlos (11), Caracolí (5), puerto Nare (9), adicional de dos centros poblados: Puerto Garza (Narices) y La Pesca.

 

Además, y más allá de las especies acuáticas, la intervención del río para construir en su lecho una represa, también afectaría de manera grave otras especies que habitan su cuenca. Según un reporte de investigación realizado con el apoyo de diferentes organizaciones, se han registrado en la zona 673 especies de flora distribuidas en 103 familias, de las cuales hay 22 con alto valor de conservación; 64 especies de mamíferos, 273 especies de aves (2 endémicas), 33 de anfibios (3 endémicas) y 35 de reptiles (1 endémica). Con el embalse, se talarían más de 76.000 individuos de especies arbóreas catalogadas en alguna categoría de peligro (incluyendo 2 endémicas, 2 en peligro crítico y 5 en peligro), además de afectar especies endémicas cuya área de distribución no supera los 2 departamentos (afectación de más de 29.000 individuos).

 

Las represas no son sinónimo de energías limpias

 

La construcción de represas genera una transformación de los ecosistemas, con la cual, tanto las especies de peces migrantes como no migrantes sufren un proceso de desplazamiento o adaptación a los nuevos hábitats.

 

Al modificarse los ecosistemas cambian las dinámicas del entorno por lo que podría ocurrir un desplazamiento o, en el peor de los casos, extinciones locales de las especies nativas; riesgo que se acrecienta con la llegada de otras especies que se acondicionen mejor a estos nuevos ambientes y que entran a competir con las especies locales.

 

Tal fue el caso con el ya extinto Runcho (Rhizosomichthys totae) en la laguna de Tota. Tras la introducción de la trucha arcoíris en los años 50 y otras especies foráneas que le sirvieran de “forraje”, se produjo la desaparición de esta especie por competición ecológica. Lo que confirma, una vez más, que la evolución de las especies que tan sabiamente identifico y procesó Darwin no es un cuento.

 

Para el caso del Río Samaná, las especies de peces que más se verían afectadas con la construcción de la represa serían las migratorias, ya que el levantamiento de paredes y otros obstáculos de cemento forrado implica un obstáculo en sus ciclos de vida naturales. De las 1.450 especies de peces dulceacuícolas registradas en Colombia, 106 son especies migrantes: aquellas que hacen desplazamientos a través de los ríos principales y/o tributarios de Colombia; algunas de ellas, como el Bocachico (Prochilodus magdalenae), entre otras especies de importancia económica y alimentaria, migran en periodos cíclicos, lo que conocemos como las “subiendas” y “bajanzas”; Estas migraciones han potenciado la cultura nacional, tal es el caso de las fiestas del Bocachico celebradas en Puerto Garza, en el municipio de San Carlos.

 

De estas 106 especies migratorias, 15 recorren las aguas del Samaná (de las 30 registradas en amenaza para esta cuenca). Peces migrantes como la Dorada, Jetudo (pataló), Sabaleta, Picuda, Bocachico, Comelón, Vizcaína, Bagre, Capaz, Nicuro, entre otros, tenderían a desaparecer tanto río arriba como río debajo de la represa.

 

El ciclo de vida de estas especies migratorias se caracteriza por migraciones masivas o de pequeños grupos, dependiendo de la familia; las cuales parten desde las ciénagas donde se crían, hasta las cuencas altas donde se reproducen y desovan. Al interponer una barrera en sus travesías quedan bloqueadas, y se fragmenta el hábitat, quedan aisladas las especies nativas y transformado el flujo natural de los ríos. Todo esto se refleja en que los peces río abajo dejan de remontar sus aguas (por falta de sedimento, y/o alimento, represado en el embalse, o bien porque la variación de las corrientes (geomorfología fluvial) no coincide con el patrón de comportamiento de nado de estas especies. Asimismo, río arriba también queda interrumpido su ciclo reproductivo, por lo que no abrían condiciones apropiadas para el desove e incubación de los huevos, lo que terminaría en posibles extinciones locales de estas especies. Toda una catástrofe para la naturaleza, que no es ajena a nosotros pues somos parte de ella, es decir, todo un desastre para nosotros como especie, a pesar de que algunos empresarios se llenen sus bolsillos con la energía que venderán.

 

Además de fragmentar el hábitat, transformándolo en otro, hay una ruptura en la intercomunicación de diferentes ecosistemas, con lo cual serían afectadas no sólo las especies migrantes sino todas. Muchas especies, por ejemplo, que no son migrantes y viven en las cuencas altas dependen indirectamente de las ciénagas, pues depredan las especies que migran desde allí en las “subiendas”.

 

En intentos por mitigar estos impactos, algunas hidroeléctricas han dispuesto rampas o pasajes para peces migratorios que reconecten las rutas interrumpidas por la represa, sin embargo hasta la fecha no han sido exitosas.

 

Por su parte, según advierte El Libro rojo de peces dulceacuícolas de Colombia, “llama la atención que a pesar de la enorme diversidad íctica, el país no cuenta con Parques Nacionales Naturales que incluyan a los peces dulceacuícolas entre sus objetos de conservación, así como tampoco existen áreas protegidas dedicadas específicamente a su protección y aprovechamiento sostenible”.

 

Si gana el medio ambiente ganamos todos

 

No es válido hablar de progreso si éste conlleva repercusiones tan negativas en los territorios. La ciencia y tecnología han demostrado que estamos a la altura de generar progreso en las regiones, en conciliación con las comunidades y el medio ambiente. Asunto que parece no interesarle al gobierno, ni a Celsia (Filial de Grupos Argos y promotores del proyecto Hidroeléctrico Porvenir II), Su sordera ante las reiteradas inconformidades de la comunidad afectada es notable.

 

Pero se hace camino al andar. Como alternativa al impacto negativo que produciría la represa, la Fundación Yumaná propone la creación del Parque Río Samaná, donde se promueva “un modelo de protección de corredores biológicos y ecosistemas únicos, haciendo provecho de los recursos naturales, culturales y arqueológicos”. Su pretensión es combinar la economía local, turismo e innovación, con otras formas de generación de energía “realmente sostenibles”.

 

La propuesta invita a la participación de las organizaciones campesinas, sociales, ambientales y líderes locales, en donde se desarrollen “estrategias de inclusión socioeconómica”, convirtiéndose este en un “referente de integración comunitaria, modelo de reconciliación y paz”.

 

Es una propuesta, pueden levantarse otras, lo importante y urgente es reconocer que está en nuestras manos abogar por la conservación de nuestra biodiversidad y seguridad alimentaria; y que para salvar al Río Samaná es necesaria la movilización social, a la par de acciones jurídicas y de propuestas creativas alternas y realmente amigables con el medio ambiente y las comunidades allí asentadas. La apuesta está en construir el bienestar futuro a partir de un modelo social participativo, consciente y en armonía con nuestro más preciado tesoro: nuestro medio ambiente, para así lograr vida digna para todos y todas.

 

 

 

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Mesa de negociación Gobierno - Eln, con funcionamiento en La Habana

Sin la concreción de un acuerdo de cese el fuego concluyó este miércoles en La Habana el sexto ciclo de conversaciones de paz entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Aunque tampoco lograron la conciliación en lo referente al proceso de participación de la sociedad en la construcción de la paz, ambas partes expresaron su satisfacción por el camino recorrido y ratificaron su voluntad de continuar, en aras de lograr la paz total en un ambiente solidario, justo y progresista.


En ese sentido, el jefe de la delegación del ELN, Pablo Beltrán, expresó su deseo de avanzar en el proceso con el gobierno entrante de Iván Duque, aunque aún no existe un pronunciamiento de la nueva administración sobre el futuro de las negociaciones.


Para el grupo guerrillero, el gobierno no se dispuso a pactar los compromisos de protección a los líderes y comunidades afectadas por la violencia durante un nuevo cese al fuego bilateral, temporal y nacional.
Por su parte, el jefe negociador del ejecutivo, Gustavo Bell, sostuvo que la tregua “es necesaria para dar garantías a la sociedad de participar directamente en la construcción de la paz”.


Ambas delegaciones aseguraron en el comunicado emitido al concluir el sexto ciclo, que el diálogo continúa siendo el mejor camino para solucionar los conflictos, con la participación de la ciudadanía.
Las pláticas públicas entre el ELN y el gobierno colombiano comenzaron en febrero de 2017 en la capital de Ecuador, Quito, pero se trasladaron a La Habana cuando el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, retiró a su país como garante y sede del proceso de paz en abril último.


Cuba también fue sede del diálogo entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC-EP, proceso que condujo a la firma de un pacto en noviembre de 2016, a la desmovilización de la guerrilla y al comienzo de la incorporación de sus miembros a la vida política y civil.

1 agosto 2018


(Con información de Prensa Latina)

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Miércoles, 01 Agosto 2018 07:51

Santos, preso de sus propias paradojas

Santos, preso de sus propias paradojas

Mientras el mundo aplaude el pacto de paz que terminó con una rebelión armada de más de medio siglo, en Colombia acumula un saldo rojo en las encuestas en parte por la negociación que lideró con la ya disuelta guerrilla FARC.

Juan Manuel Santos se acomoda la corbata lo mejor que puede. “Nada es perfecto”, se excusa. Y pocas frases englobarían tan bien el mandato del presidente que ganó la paz para perder la popularidad en Colombia.


En una de sus últimas entrevistas antes de dejar el poder el 7 de agosto en manos del opositor de derecha Iván Duque, Santos parece atrapado en las paradojas después de ocho años de mandato.


Mientras el mundo aplaude el pacto de paz que terminó con una rebelión armada de más de medio siglo, en Colombia acumula un saldo rojo en las encuestas en parte por la negociación que lideró con la ya disuelta guerrilla FARC. Además, Duque llegó al poder con la promesa de modificar el pacto que arrancó lágrimas de felicidad al mandatario saliente. Y que de paso le otorgó el Nobel de Paz en 2016.


Y aunque el expresidente Alvaro Uribe –su jefe en el gobierno cuando fue ministro de Defensa y mentor político de Duque– lo llama traidor, Santos cree que al final lo que hizo fue ejecutar con éxito sus políticas.
Santos, de 66 años, se defiende: deja un país sin la que fue la guerrilla más poderosa de América, con reducciones históricas de secuestros y homicidios, y avances en infraestructura y en la lucha contra la pobreza y la inequidad.


Incluso hoy espera que el régimen de Nicolás Maduro caiga lo más pronto en Venezuela, pese a que recibió y agradeció su ayuda en los exitosos diálogos con las FARC y las negociaciones en curso con el también grupo insurgente del ELN. Santos se va con la satisfacción de haber “hecho todo lo que se pudo”, y se permite darle un consejo a Duque, su antiguo aliado: “Haga lo correcto así sea impopular”.


–¿Falló en su búsqueda de una paz completa para Colombia?


–Lo que estamos entregando, y lo dicen todos los organismos internacionales, es una paz muy completa, muy profunda, el acuerdo con las FARC no tiene precedente en ningún otro país. Ahora con el ELN seguimos negociando, hemos avanzando mucho, vamos a ver si antes del 7 de agosto podemos firmar un cese al fuego, así sea temporal y un acuerdo marco, pero estamos en plenas negociaciones”.


–¿Tiene algo que reprocharle a la ex guerrilla a casi dos años de la firma de la paz?


–Se quejan mucho de que el Estado no ha cumplido. El Estado sí ha cumplido; sí hay retrasos, hay aspectos que en el Congreso se han modificado, pero en términos generales, lo dicen todos los organismos internacionales, los verificadores, este acuerdo se ha cumplido en una forma muy rápida, la implementación va bien, lo que pasa es que ellos también están haciendo política, eso es comprensible y bienvenido.


–¿Es posible la rendición de Otoniel, el mayor capo y líder del Clan del Golfo, antes del 7 de agosto?


–Ellos habían dicho que estaban listos a someterse y en los dos o tres últimos días, los abogados dicen que están en trámites, vamos a ver qué deciden. La ley de sometimiento ya se aprobó, está todo listo, la fiscalía está lista y ellos vienen insistiendo en eso hace algún tiempo. Vamos a ver si antes de una semana hacen algo o si prefieren esperar al próximo gobierno.


–Usted defendió un cambio de enfoque en la lucha antidrogas. ¿En qué alternativas piensa?


–Hay que tener unos enfoques más pragmáticos en materia de salud pública, de darles alternativas a los campesinos (cultivadores de coca) y ser más efectivos contra las mafias y contra el lavado de activos y contra los activos que se generan en un negocio como el narcotráfico.


–¿La legalización es la única alternativa?


–No es la única. Ya se está legalizando en muchos países. Hay países como Portugal que han tenido un enfoque pragmático y muy efectivo, pero este es un tema que tiene que resolverse a nivel multilateral. Un país solo no puede ganar la guerra contra las drogas.


–Y si se forma un bloque de países, ¿podría ser una opción?


–Pues si los países lo aceptan, por supuesto.


–Uribe lo considera su adversario. ¿No teme una cacería judicial después de dejar el poder?


–Espero que no, porque eso sería algo que no aceptaría el país. Creo que el país ya está demasiado polarizado, el propio presidente electo Duque me dijo aquí, en este palacio: ‘mire, yo voy a continuar las políticas que creo que están funcionando, voy a corregir las que no están funcionado y voy a tener algunos proyectos e iniciativas mías, y no voy a gobernar con espejo retrovisor’. Todo eso me pareció lógico, conveniente, y espero la pueda cumplir, porque esa es la actitud que debe tener todo gobernante.


–¿Va a defender su legado?


–El legado se defiende solo, ahí están los resultados. La paz está ahí, las FARC son partido político, ahí está. Y la paz la va a seguir defendiendo el pueblo colombiano, porque es que la paz no es mía, ni es de mi gobierno, es de todos los colombianos. Es el bien más preciado que puede tener cualquier sociedad y los colombianos tienen que defender la paz y la van a defender.


–¿A qué se va a dedicar?


–No voy a dedicar a defenderme en las redes sociales. En la parte académica sí, tengo muchísimas ofertas, me gusta. Voy a dedicarme a escribir. He sido periodista más que político durante mi vida. Voy a dedicarle más tiempo a mi familia, que es tal vez la más sacrificada en esta vida pública.

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Apartadó bajo el ordenamiento territorial y político del paramilitarismo

De nuevo nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de acudir al país y al mundo para dejar constancia de los últimos hechos de los cuales hemos sido víctimas por parte de los paramilitares que cada vez someten más a nuestra región al exterminio, acabando con todos los valores de la vida campesina y sometiendo al poblador civil a una guerra que, en lugar de extinguirse, se reactiva sin cesar.


La complicidad de organismos del Estado, como son la Brigada XVII del ejército, la Policía Urabá, la Alcaldía de Apartadó y las empresas promotoras del paramilitarismo, son las que han conllevado a que la región de San José de Apartadó esté ya sometida en su totalidad por los paramilitares que viven forzando al campesinado a ajustarse a sus intereses.


En los últimos días nuestra Comunidad ha sido informada de que en las veredas Mulatos y La Esperanza se está evidenciando una alta complicidad entre los militares del Batallón Bejarano Muñoz de la Brigada XVII y los grupos paramilitares que controlan las veredas; allí los militares están tomándole fotos a miembros de nuestra Comunidad de Paz que viven en sus tierras y luego se las entregan a los paramilitares; estas informaciones las han suministrado los mismos paramilitares en las casas de los pobladores de las veredas La Esperanza y Mulatos.


Culpable es el Gobierno con sus instituciones militares y administrativas, que en vez de desmantelar el paramilitarismo lo están es fortaleciendo, pues ¿cómo es posible que la Brigada 17 del ejército tenga sus batallones al servicio de los paramilitares en las 32 veredas de san José de Apartadó? ¿Cómo es posible que en las últimas semanas los militares de los batallones Voltígeros, Vélez y Bejarano Muñoz estén tomándoles fotos a los campesinos y se las estén entregando a los paramilitares? Es claro que no hay un verdadero interés del gobierno por terminar este fenómeno de muerte.


Ya algunos funcionarios que tienen cargos públicos están lanzando calumnias infames contra de nuestra Comunidad de Paz, como es el caso del concejal de Apartadó Carlos Betancur, quien manifiesta que: la Comunidad de Paz se opone a la inversión y al desarrollo del corregimiento de San José de Apartadó; que los campesinos son personas de bien y gente muy noble pero sólo difaman y cuestionan a las instituciones, pero que la verdad es muy diferente. Afirma perversamente el Concejal: “en lo personal considero que la Comunidad de Paz se sostiene con el ostracismo de sus habitantes y la desinformación y el cuestionamiento a la institucionalidad y su único fin es poder captar recursos de ayuda en algunos países internacionales”.


Le recordamos, señor concejal, que nuestra Comunidad de Paz nunca se ha opuesto al desarrollo sino que ha cuestionado de dónde provienen los planes de desarrollo. ¿Será usted capaz de justificar las carreteras ilegales que han ido abriendo los paramilitares desde Nuevo Antioquia hasta la vereda La Esperanza y hasta Rododoxalí y La Hoz y los proyectos de ganadería, de mejoramiento de vivienda en Rodoxalí, el arreglo de caminos en las veredas, el reclutamiento de menores, el sometimiento de las Juntas de Acción Comunal, la explotación minera, entre otros proyectos diseñados y ejecutados por los paramilitares? ¿Según usted, el campesino de la zona tiene que aceptar esos proyectos y someterse sin reacción alguna a los intereses que esos proyectos esconden? ¿Ignora usted, Concejal Betancur, que en los últimos 21 años en San José de Apartadó el “desarrollo” lo ha diseñado y gestionado el paramilitarismo y que muchas empresas que buscan su lucro y la ruina y extinción o sometimiento del campesinado y agentes del mismo gobierno se escudan en dicho “desarrollo”? Es evidente que La Brigada 17 del ejército y la Policía de Urabá han hecho todo un trabajo de encubrimiento a la gestión impune de ese falso “desarrollo” por parte del paramilitarismo y que tratan de taparlo con festejos, fiestas y promesas falsas que le hacen al campesinado en el centro urbano de San José de Apartadó. A nuestro juicio, personas que están tan comprometidas en favor de los proyectos del paramilitarismo no debieran tener cargos públicos.
Los hechos de los cuales dejamos constancia son los siguientes.


• El domingo 15 de julio de 2018, llegaron 12 paramilitares uniformados y portando armas largas y se quedaron en la corraleja de ganado de la finca vecina que colinda con la Comunidad Paz en la vereda La Esperanza; varias horas después se ubicaron muy cerca a la casa de un poblador, allí se tomaron 15 cajas de cerveza y al momento de irse obligaron al campesino a guardarles un fusil y un millón quinientos mil pesos (1.500.000). El mando de esta tropa se hace llamar Aquiles. A las 02:00 de la madrugada se fueron a la finca del señor Muñoz, finca donde han estado acantonados por muchos meses sin ser molestados por ninguna autoridad.

• El lunes 16 de julio de 2018, llegó un grupo de paramilitares a la casa de la mamá de un miembro de nuestra Comunidad de Paz en la vereda Mulatos y preguntaron por el hijo, diciendo que ellos ya sabían que él vivía allí; de igual manera manifestaron que: “en esta vereda hay tres sapos, entre ellos un menor de edad y uno de esos sapos le impidió el paso por esa Aldea a los soldados del Batallón Bejarano Muñoz de la Brigada XVII, todo esto lo sabemos porque los mismos soldados en ese momento le tomaron fotos y nos las enviaron a nosotros los paramilitares”. También afirmaron: “Estamos cansados de las denuncias que hace la Comunidad de Paz en contra nuestra y si siguen denunciando les vamos a hacer un daño no menor sino mayor”. Quisieron decir que todas las amenazas e intentos de asesinato de los cuales hemos sido víctimas como Comunidad de Paz sí han sido de su autoría.

• Este mismo lunes 16 de julio de 2018, en otro lugar de la vereda Mulatos Medio, un mando paramilitar que se hace llamar “Cementerio” amenaza con mucha contundencia a los miembros de nuestra comunidad de paz que viven en la Aldea Luis Eduardo Guerra, manifestando; desde esta aldea nos están denunciando cada vez que nosotros pasamos por ahí, pero que cualquier día de estos nos vamos a entrar allá y vamos a ver quién es quién, porque ya tenemos la orden para matar estos sapos que nos denuncian en esa “hp” Comunidad de Paz. Este tipo de amenazas dejamos en constancias en año 2004 sobre la presencia de paramilitares en conjunto con tropas militares en Mulatos y luego el 21 de febrero de 2005 fue la masacre de ocho personas entre ellos 3 menores de edad, perpetrada por paramilitares y militares. Según nuestro análisis es la misma estrategia pues la fuerza pública hoy protege estos grupos paramilitares que controlan todo y utilizan a la población civil a su antojo. Como Comunidad de Paz cada día enfrentamos nuevas amenazas, que no paran de hacernos daño pero que aun así seguimos adelante en nuestra resistencia civil.

• El jueves 19 de julio de 2018, pasaron 8 paramilitares vestidos de camuflados y portando armas largas por nuestra Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra y así se la pasan todos los días transitando por este espacio enmarcado como propiedad privada de nuestra Comunidad de Paz.

• El viernes 20 de Julio de 2018, nuestra Comunidad fue informada de un supuesto plan de los paramilitares que controlan el área urbana de Apartadó, según el cual, mandarían un grupo de limpieza social para las veredas La Balsa y La Victoria, paso obligado para llegar a nuestros asentamientos, por la carretera que conduce de Apartadó a San José, con la mira de acabar con nuestra Comunidad de Paz. En años anteriores colocaron en esa zona retenes militares y paramilitares donde asesinaron a cantidad de gente, coordinaron los cercos de hambre destruyendo y robando todo alimento o bebida que transportaran los chiveros, amenazaron, torturaron, desaparecieron y agredieron de mil maneras a los campesinos, cobijados por una impunidad absoluta.

• El sábado 21 de julio de 2018, llegaron 40 paramilitares armados al Resguardo Uradá Jiguamiandó, en el Departamento Del Chocó, allí cercaron ilegalmente a los pobladores por varias horas. Hechos como estos dejamos en nuestras constancias semana a semana y el Gobierno siempre ha negado todo este accionar paramilitar protegido por las Brigadas militares.

• El domingo 22 de Julio de 2018, por informaciones de pobladores de la región de San José de Apartadó, los paramilitares habrían realizado una serie de reuniones con la población civil en la vereda Arenas Bajas y en el punto conocido como Caraballo de la misma vereda; dicha reunión fue coordinada por el paramilitar alias “Chiquito Malo”.

• El viernes 27 de julio de 2018, a las 8:40 am pasaron por nuestra Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra en la vereda Mulatos medio, 6 paramilitares portando uniformes militares y armas largas. Allí se encontraba una delegación de nuestra comunidad de paz con acompañamiento internacional los cuales fueron testigos de la presencia paramilitar. Estos grupos paramilitares aún siguen allí transitando las propiedades privadas de los campesinos, y se dejan ver como si fuera una tropa de militares, pues dejan en evidencia el poder que tienen para controlar y someter al campesinado.


En las últimas semanas se ha comprobado que los paramilitares que operan en el corregimiento de San José de Apartadó han ido recogiendo a todos sus miembros, tanto a los ya antes ingresados como a los recién reclutados en el corregimiento y las veredas, para entrenarlos y para planear objetivos y estrategias. Los centros de entrenamiento están en diferentes veredas como: Arenas Bajas, Playa Larga, Naín y Saiza (esta última en Córdoba).


En las veredas se mueven los paramilitares en grandes grupos con uniformes militares y portan armas largas; la fuerza pública lo sabe y lo que ha hecho es ubicar tropas militares en puntos específicos por tiempos prolongados, en lugares donde no molesten el desarrollo paramilitar y donde puedan brindarles informaciones y fotografías a los paramilitares.


Como Comunidad de Paz, que ha sobrevivido en estos 21 años en medio de amenazas, desapariciones, torturas, agresiones de todo tipo, estigmatizaciones, calumnias, despojos y masacres, aún seguimos aquí con nuestro anhelo de algún día ver una verdadera paz. La vida la hemos consagrado durante estos años a la defensa de la vida y de la tierra, por eso no pararemos de dejar constancias de la barbarie que estamos viviendo, pues ni a este Gobierno ni a los anteriores les ha importado la vida del campesinado sino defender sus propios intereses económicos y políticos.

Agradecemos muy profundamente desde nuestros corazones a todos aquellos amigos y amigas, organizaciones hermanadas del país y del mundo que saben de nuestro dolor y están dispuestos a resistir junto a nosotros, con su acompañamiento físico y espiritual y nos hacen levantar cada día con más ganas de vivir para fortalecer nuestro proceso de vida comunitaria. Los seguimos invitando a no parar de confrontar a este Gobierno, al que cada día le importa menos la vida digna de la gente que amamos vivir en paz en nuestros territorios.


Comunidad de paz San José de Apartadó


Julio 31 de 2018

 

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Nueve asesinados en El Tarra: A sangre fría, a plena luz del día, ante los ojos de la Fuerza Pública

Un desangre que se ahonda y se prolonga, ahora sus hilos llegaron al Catatumbo, al municipio de El Tarra. En plena luz del día del 29 de julio, cuando la diversión y el compartir desprevenido llenaba uno de los billares con que cuenta este municipio en su zona central, en donde varios amigos compartían recuerdos y visiones sobre el presente, la presencia inesperada de un grupo de sicarios encapuchados, transportados en motocicletas, y dotado de fusilería, interrumpió con ráfagas de 5.56 y 7.62 el rodar de las bolas de billar, así como la vida de nueve de los allí presentes; otros dos quedaron tendidos en el piso, impactados sobre su humanidad.

“[…] entre las nueve personas asesinadas había un líder social perteneciente a la Asociación campesina del Catatumbo. Se trata de Frederman Quintero presidente de la junta acción comunal de la vereda el 84, responsable del Comité veredal de Ascamcat”, informó a desdeabajo, en conversación telefónica, Juan Quintero vicepresidente de la Asociación Campesina del Catatumbo.

Según informa Ascamcat en su página, este líder social participaría el próximo 3 y 4 de agosto en la Audiencia Popular Regional a celebrarse en el municipio San Calixto de la región del Catatumbo. Las audiencias permiten a la población opinar políticamente y llevar a cabo lo que constitucionalmente está reglamentado: ejercer el estado social de derecho, para buscarle solución a la problemáticas existentes en la región.

Juan Quintero nos narra parte de los hechos ocurridos ayer en El Tarra:

“Según versiones de la autoridad departamental, entre este grupo de personas se encuentran tres ex integrantes de las Farc acreditados por el Comisionado de paz”, lo que permite entrever que la masacre fue fríamente calculada, buscando golpear en dos direcciones de manera simultánea: liderazgos sociales y personas con capacidad y experiencia militar, y tal vez disposición para retomar su batalla si los incumplimientos del Gobierno Nacional con lo firmado en La Habana y luego en el Teatro Colón, prosiguen.

Otras de las víctimas que registra este ataque sicarial, a las cuales Juan Quintero se refiere como “[…] personas que estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado (son): “un joven que vendía lotería y está por establecerse la identidad de las otras personas que se encontraban en el establecimiento”.

Las horas pasan, un aire de temor y zozobra expande aires amargos sobre este territorio, y pese a ello las autoridades no se atreven a confirmar el grupo responsable de la autoría de este ataque. Algunos especulan con la posibilidad de que la autoría de los hechos recaiga sobre alguna de las estructuras armadas que con más evidencia ejercen control sobre esta parte del país, sin embargo el Eln y el Epl, pocas horas después de conocido este insuceso, dejaron en claro que no participaron en los hechos. Como es conocido, ambas agrupaciones sostienen una confrontación abierta desde hace varios meses, la cual ha dejado como resultado varios muertos, el secuestro de líderes sociales por espacio de varios días, la imposición de paros armados como evidencia de control territorial y el temor entre la población que habita esta parte del país de quedar en medio de combates que toman forma en la parte rural a distinta horas del día.

Sobre este particular enfatiza nuestro entrevistado: “[…] hay una incertidumbres de quienes pudiesen haber sido; están circulando unos comunicados del Eln y el Epl desvinculándose del hecho, rechazándolo, se está verificando la veracidad de los hechos, pero lo que hay que preguntarse es, ¿cómo es posible que se desarrolle una masacre a plena luz del día, en un casco urbano de los más custodiados del Catatumbo y la fuerza pública no se de por enterada”.

Es una realidad que genera una suspicaz duda en relación a cómo sucedieron los hechos, técnicamente en las narices de la Fuerza Pública que copa el casco urbano de esta localidad.

Preguntado sobre amenazas recibidas en días pasados, Juan Quintero confirma que no sabían de ningún tipo de amenazas en contra del líder social, y hasta el momento las autoridades tampoco han explicado algo sobre los posibles responsables. Según ellas, están esperando a la reunión del Consejo municipal de paz, reconciliación y no estigmatización, del municipio de el Tarra para esclarecer los hechos.

“[…] y lo de siempre, lo que hemos expresado es un anuncio de desmilitarización. Nosotros pensamos que hay que ir más de fondo a este tema, hay unos escenarios propicios para ayudar a resolver los conflictos sociales y armados que tenemos en la región, y esperamos que esas voluntades existan en los grupos armados, en las autoridades y en el Gobierno”.

Al despedirnos, recordamos que esta parte del país, fuertemente azotada por el paramilitarismo hace dos décadas, no vivía un hecho similar desde hacía dos décadas. Eran tiempos donde no se sabía cuál sería la próxima víctima, pero donde muchos temían por su vida. Hoy parece volver tal temor, ahondado por la ofensiva paramilitar vivida desde hace cerca de dos años en contra del movimiento social.

Es un recuerdo y un temor que también hace temer por el futuro del Acuerdo de Paz, deshecho en varios de sus principales apartados, y marcado por la sangre de decenas de sus actores medios y de base. Sin duda alguna, Santos se va el próximo 7 de agosto sin haber cumplido con su promesa de paz completa y manchado por la sangre de los liderazgos sociales asesinados en distintas partes del país.

 

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Interrogantes y escenarios, periódico desdeabajo No. 248

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El río Samaná, un tesoro oculto que pretenden acabar

“La legalidad de las licencias ambientales, deben ser más que legales con el gobierno, 

legales con la comunidad y el ambiente”, 

Gustavo Wilches-Chaux.

 

Aunque a primera vista no parece así, y aunque nunca es reconocido por sus impulsores, la construcción de represas representa un riesgo inminente tanto para los ecosistemas como para las poblaciones asentadas en tales territorios.

 

El reclamo que actualmente elevan las poblaciones en defensa de sus territorios, a través de diversidad de consultas populares, refleja que más que un progreso impuesto, estas prefieren conservar el medio ambiente, al tiempo que les respeten el derecho a vivir en paz.

 

Tales son las exigencias de los pobladores afectados con la central hidroeléctrica Porvenir II que pretenden construir en el río Samaná una obra que, además de generar un importante desplazamiento de personas (re-victimización de población retornada), atenta contra un ecosistema valorado como único por su riqueza biológica, y de importancia para la conservación de especies endémicas con presencia en esta región del país.

 

“Más vale prevenir que curar”

 

Colombia cuenta con 1.450 especies de peces dulceacuícolas registradas, ubicándose, después de Brasil, en el segundo país con mayor número de especies de peces de agua dulce; asimismo ocupa el segundo puesto entre los países más biodiverso del mundo. Según el Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia, el 25 por ciento de los peces del mundo (incluidos los peces marinos) están en territorio colombiano.

 

La conservación de estas especies, en palabras del profesor Jaime Aguirre Ceballos, es prioritaria, no sólo por el papel que desempeña en la diversidad total del país y del mundo, sino también por “su importancia socioeconómica y de la seguridad alimentaria de amplias zonas del país y, generalmente de aquellas de mayor pobreza”.

 

No obstante, un estudio de la Universidad Nacional determinó que los peces en los mares y ríos colombianos han disminuido a una tercera parte en la última década, en comparación con la cantidad de los mismos en los años 70 del siglo XX. Las causas, según varios autores, son atribuidas a diferentes fenómenos como la deforestación y transformación de ecosistemas, la construcción de represas, la minería y contaminación con mercurio, así como la sobreexplotación pesquera.

 

Comprendiendo que los planes para la conservación de los hábitats, y de quienes los habitan, deben ser integrales, aquí en este artículo se abordan únicamente los temas de transformación de los ecosistemas y construcción de represas por su carácter urgente y, sobre todo, porque son prevenibles.

 

A diferencia del resto de causas que podrían entenderse como enfermedades ya adquiridas, y que deben tratarse desde políticas de salud animal en general, la construcción de más represas aún puede prevenirse. La vitalidad de nuestros ecosistemas depende de nuestro cuidado. Como bien hemos aprendido desde la misma medicina: “más vale prevenir que curar”.

 

El río Samaná, el último río libre y limpio de Antioquia



De los 8 ríos principales y 125 afluentes que recorren el departamento de Antioquia, el río Samaná es el único en su magnitud que cumple con dos condiciones: no estar obstruido por represas y estar limpio; su historia reciente, marcada por la presencia sobre su cuenca de actores armados, y su ubicación geográfica, lo han conservado como un joya intacta en medio de la devastación ambiental: La totalidad de ríos que conforman su cuenca han sido intervenidos con hidroeléctricas, a saber, los ríos Guatapé, Nare, San Carlos, Cocorná, Caldera y Santo Domingo.

 

Es esta realidad la que le otorga mayor importancia al cañón del río Samaná, ya que tiene la particularidad de ser un ecosistema valorado cómo único por su riqueza biológica y de importancia para la conservación de especies endémicas de Colombia, específicamente de la región del Magdalena Medio.

 

Es así como el Río Samaná es actualmente un refugio de conservación de las especies del Río Magdalena, el cual registra, con 53, la mayor cantidad de especies de peces amenazadas en el país. La declinación de sus pesquerías ponen en evidencia esta amenaza: “En los últimos 40 años se ha registrado un descenso cercano al 90 por ciento de las capturas, pasando de 80.000 toneladas anuales en la década de 1970 a menos de 10.000 a finales del siglo pasado”.

 

Por su parte, en la cuenca del Río Samaná se han detectado 30 especies de peces que se encuentran en algún estado de amenaza: En peligro crítico (1), en peligro (4), vulnerables (11), casi amenazadas (10), preocupación menor (2) y no aplica n/a (2). De estas 30, quince especies son migrantes y 24 son endémicas de Colombia. (Ver tabla 1).

 

Una realidad con afectación inmediata y de alto impacto también en lo económico y dieta alimenticia, pues para el 90 por ciento de los pobladores del cañón del Samaná la pesca es parte fundamental de su actividad económica, además de ser su base nutricional. Los habitantes del cañón están distribuidos en 35 veredas pertenecientes a 4 municipios (sólo considerando los de la parte alta del cañón). San Luis (10), San Carlos (11), Caracolí (5), puerto Nare (9), adicional de dos centros poblados: Puerto Garza (Narices) y La Pesca.

 

Además, y más allá de las especies acuáticas, la intervención del río para construir en su lecho una represa, también afectaría de manera grave otras especies que habitan su cuenca. Según un reporte de investigación realizado con el apoyo de diferentes organizaciones, se han registrado en la zona 673 especies de flora distribuidas en 103 familias, de las cuales hay 22 con alto valor de conservación; 64 especies de mamíferos, 273 especies de aves (2 endémicas), 33 de anfibios (3 endémicas) y 35 de reptiles (1 endémica). Con el embalse, se talarían más de 76.000 individuos de especies arbóreas catalogadas en alguna categoría de peligro (incluyendo 2 endémicas, 2 en peligro crítico y 5 en peligro), además de afectar especies endémicas cuya área de distribución no supera los 2 departamentos (afectación de más de 29.000 individuos).

 

Las represas no son sinónimo de energías limpias

 

La construcción de represas genera una transformación de los ecosistemas, con la cual, tanto las especies de peces migrantes como no migrantes sufren un proceso de desplazamiento o adaptación a los nuevos hábitats.

 

Al modificarse los ecosistemas cambian las dinámicas del entorno por lo que podría ocurrir un desplazamiento o, en el peor de los casos, extinciones locales de las especies nativas; riesgo que se acrecienta con la llegada de otras especies que se acondicionen mejor a estos nuevos ambientes y que entran a competir con las especies locales.

 

Tal fue el caso con el ya extinto Runcho (Rhizosomichthys totae) en la laguna de Tota. Tras la introducción de la trucha arcoíris en los años 50 y otras especies foráneas que le sirvieran de “forraje”, se produjo la desaparición de esta especie por competición ecológica. Lo que confirma, una vez más, que la evolución de las especies que tan sabiamente identifico y procesó Darwin no es un cuento.

 

Para el caso del Río Samaná, las especies de peces que más se verían afectadas con la construcción de la represa serían las migratorias, ya que el levantamiento de paredes y otros obstáculos de cemento forrado implica un obstáculo en sus ciclos de vida naturales. De las 1.450 especies de peces dulceacuícolas registradas en Colombia, 106 son especies migrantes: aquellas que hacen desplazamientos a través de los ríos principales y/o tributarios de Colombia; algunas de ellas, como el Bocachico (Prochilodus magdalenae), entre otras especies de importancia económica y alimentaria, migran en periodos cíclicos, lo que conocemos como las “subiendas” y “bajanzas”; Estas migraciones han potenciado la cultura nacional, tal es el caso de las fiestas del Bocachico celebradas en Puerto Garza, en el municipio de San Carlos.

 

De estas 106 especies migratorias, 15 recorren las aguas del Samaná (de las 30 registradas en amenaza para esta cuenca). Peces migrantes como la Dorada, Jetudo (pataló), Sabaleta, Picuda, Bocachico, Comelón, Vizcaína, Bagre, Capaz, Nicuro, entre otros, tenderían a desaparecer tanto río arriba como río debajo de la represa.

 

El ciclo de vida de estas especies migratorias se caracteriza por migraciones masivas o de pequeños grupos, dependiendo de la familia; las cuales parten desde las ciénagas donde se crían, hasta las cuencas altas donde se reproducen y desovan. Al interponer una barrera en sus travesías quedan bloqueadas, y se fragmenta el hábitat, quedan aisladas las especies nativas y transformado el flujo natural de los ríos. Todo esto se refleja en que los peces río abajo dejan de remontar sus aguas (por falta de sedimento, y/o alimento, represado en el embalse, o bien porque la variación de las corrientes (geomorfología fluvial) no coincide con el patrón de comportamiento de nado de estas especies. Asimismo, río arriba también queda interrumpido su ciclo reproductivo, por lo que no abrían condiciones apropiadas para el desove e incubación de los huevos, lo que terminaría en posibles extinciones locales de estas especies. Toda una catástrofe para la naturaleza, que no es ajena a nosotros pues somos parte de ella, es decir, todo un desastre para nosotros como especie, a pesar de que algunos empresarios se llenen sus bolsillos con la energía que venderán.

 

Además de fragmentar el hábitat, transformándolo en otro, hay una ruptura en la intercomunicación de diferentes ecosistemas, con lo cual serían afectadas no sólo las especies migrantes sino todas. Muchas especies, por ejemplo, que no son migrantes y viven en las cuencas altas dependen indirectamente de las ciénagas, pues depredan las especies que migran desde allí en las “subiendas”.

 

En intentos por mitigar estos impactos, algunas hidroeléctricas han dispuesto rampas o pasajes para peces migratorios que reconecten las rutas interrumpidas por la represa, sin embargo hasta la fecha no han sido exitosas.

 

Por su parte, según advierte El Libro rojo de peces dulceacuícolas de Colombia, “llama la atención que a pesar de la enorme diversidad íctica, el país no cuenta con Parques Nacionales Naturales que incluyan a los peces dulceacuícolas entre sus objetos de conservación, así como tampoco existen áreas protegidas dedicadas específicamente a su protección y aprovechamiento sostenible”.

 

Si gana el medio ambiente ganamos todos

 

No es válido hablar de progreso si éste conlleva repercusiones tan negativas en los territorios. La ciencia y tecnología han demostrado que estamos a la altura de generar progreso en las regiones, en conciliación con las comunidades y el medio ambiente. Asunto que parece no interesarle al gobierno, ni a Celsia (Filial de Grupos Argos y promotores del proyecto Hidroeléctrico Porvenir II), Su sordera ante las reiteradas inconformidades de la comunidad afectada es notable.

 

Pero se hace camino al andar. Como alternativa al impacto negativo que produciría la represa, la Fundación Yumaná propone la creación del Parque Río Samaná, donde se promueva “un modelo de protección de corredores biológicos y ecosistemas únicos, haciendo provecho de los recursos naturales, culturales y arqueológicos”. Su pretensión es combinar la economía local, turismo e innovación, con otras formas de generación de energía “realmente sostenibles”.

 

La propuesta invita a la participación de las organizaciones campesinas, sociales, ambientales y líderes locales, en donde se desarrollen “estrategias de inclusión socioeconómica”, convirtiéndose este en un “referente de integración comunitaria, modelo de reconciliación y paz”.

 

Es una propuesta, pueden levantarse otras, lo importante y urgente es reconocer que está en nuestras manos abogar por la conservación de nuestra biodiversidad y seguridad alimentaria; y que para salvar al Río Samaná es necesaria la movilización social, a la par de acciones jurídicas y de propuestas creativas alternas y realmente amigables con el medio ambiente y las comunidades allí asentadas. La apuesta está en construir el bienestar futuro a partir de un modelo social participativo, consciente y en armonía con nuestro más preciado tesoro: nuestro medio ambiente, para así lograr vida digna para todos y todas.

 

 

 

Publicado enEdición Nº248
Así se negoció la paz con las FARC en Colombia

El Gobierno desclasifica los documentos del proceso que empezó en La Habana en 2012


La paz en Colombia fue una mera “exploración” durante años. Esa palabra indica que, pasara lo que pasara, solo se trataba una tentativa en medio de la guerra. Con ese propósito de tanteo mutuo, a finales de febrero de 2012 se citaron en Cuba una delegación del Gobierno de Juan Manuel Santos y una representación de las FARC, entonces la guerrilla más antigua y poderosa de América.

"En el marco del encuentro exploratorio que se desarrolló en La Habana entre el Gobierno nacional y las FARC-EP con el ánimo de explorar la posibilidad de poner fin al conflicto armado interno en Colombia, el Gobierno identificó los siguientes puntos en la discusión, que podrían constituir una fórmula para la terminación del conflicto". Así comienza el primer documento de esa fase de las negociaciones, que de manera informal habían arrancado en 2010 y desembocaron en la firma de los acuerdos de paz en 2016. Esta semana los archivos de ese proceso quedarán desclasificados y recopilados en una colección de 10 tomos que representan la memoria de una etapa decisiva para la historia de Colombia.

Por parte del Ejecutivo de Juan Manuel Santos acudieron a La Habana, entre otros, Sergio Jaramillo, Frank Pearl y Enrique Santos. La organización insurgente envió a un grupo en el que figuraban Mauricio Jaramillo, El Médico, Marcos Calarcá, desde el pasado viernes congresista en la Cámara de Representantes, y Ricardo Téllez. El sábado 25 de febrero las dos delegaciones emitieron las primeras conclusiones, a las que ha tenido acceso EL PAÍS. El Estado colombiano, que prometió mantener las condiciones de confidencialidad, propuso cinco asuntos de discusión: el desarrollo agrario y la pobreza rural; la participación política; el desarme, la desmovilización y la incorporación a la vida civil de los combatientes; la seguridad; y la verdad, justicia, reparación con garantías de no repetición. Las FARC presentaron un folio con 12 puntos de conversación, que incluían la protección de los derechos humanos, la explotación de los recursos naturales y distintas reformas.

Entre el 17 y el 19 de marzo de 2012 las dos partes volvieron a verse en la misma ciudad y pactaron una "hoja de ruta para la construcción de un acuerdo marco". En un tercer documento se fijaron los seis ejes centrales de los acuerdos, que, además de lo planteado inicialmente por el Gobierno, instaban a afrontar el problema de las drogas y el narcotráfico. Ese texto esbozaba también los mecanismos de acompañamiento, observación internacional y verificación, en las que resultaron clave Naciones Unidas y los países garantes, Cuba, Noruega, Chile y Venezuela. También quedaron negro sobre blanco algunas reglas del juego. Por ejemplo, que "en la discusión sobre el desarrollo del acuerdo marco se entenderá que nada está acordado hasta que todo esté acordado" o que "el inicio de la implementación de todos los compromisos contenidos en el acuerdo final será simultánea".

En medio quedan más de seis años de desencuentros, retrasos, obstáculos, tensiones políticas, un referéndum que rechazó los acuerdos por la mínima, la modificación de lo pactado y finalmente la firma de la paz. Las FARC son hoy un partido político, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, y tienen garantizados 10 escaños en el Congreso durante dos legislaturas. Sus 13.003 guerrilleros se han desmovilizado, entregaron las armas y se encuentran en fase de reinserción en la sociedad. La Jurisdicción Especial para la Paz, el tribunal encargado de juzgar los crímenes de la guerra, recibió las críticas del presidente electo, Iván Duque, y de su partido, el Centro Democrático, aunque ya ha sentado en el banquillo a la cúpula del antiguo grupo insurgente, encabezada Rodrigo Londoño, Timochenko.


El fin de una guerra de más de medio siglo, como enfatizó Santos, es "irreversible". No obstante, los próximos años serán cruciales para determinar la estabilidad de los acuerdos a largo plazo. La llamada Bilbioteca del proceso de paz, explica la oficina del Alto Comisionado, da cuenta de "los detalles y documentos más importantes" de la negociación. Algunos fueron guardados en secreto "con el fin de mantener en reserva decisiones que de ser públicas hubiesen podido enfrascar a las partes en discusiones innecesarias y entorpecer el avance de las discusiones". Aun así, ahora el Gobierno considera "de vital importancia que Colombia y el mundo conozcan la historia, descrita al pie de la letra, a través discursos, comunicados, actas, declaraciones, fotografías, datos y detalles de los dos años de conversaciones exploratorias, de los sucesos tras el plebiscito y las rondas de discusiones con los voceros del sí y del no, y de los dos años del camino recorrido para que la organización armada de las FARC hiciera su tránsito a la legalidad".

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Asciende a 326 cifra de líderes sociales asesinados

Desde enero de 2016 a la fecha han sido asesinados 326 líderes sociales en todo el país, según cifras que maneja el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret.

El funcionario, que adelanta una correría humanitaria por el departamento del Cauca, entregó esta estadística después de conocer la muerte de Ibes Trujillo Contreras, líder social del municipio de Suárez, así como el hallazgo del cuerpo sin vida de Luis Eduardo Dagua, en aguas de un río en Caloto, ambos municipios del departamento del Cauca, y el asesinato de Robert Jaraba, uno de los líderes del Sindicato de Trabajadores de Cerromatoso.


“La cifra cada día aumenta. Son 326 líderes sociales en toda Colombia y en el departamento del Cauca son 81. Me preocupa de esta visita que los tres corregimientos los líderes sociales nos hicieron saber que tienen serias preocupaciones por las amenazas de las que son víctimas”, explicó el Defensor.


Negret se refiere a los corregimientos de El Sinaí, El Mango y el Plateado, lugares que visitó en un recorrido que finalizó en el casco urbano de Argelia, Cauca.


Adicionalmente, Negret se reunió con las comunidades y las autoridades locales con el propósito de verificar la situación de derechos humanos en esa región del país debido que en ese territorio tenía presencia el Frente 60 de las Farc y es necesario que se lleve a cabo la implementación de los acuerdos de paz.


De otro lado, Asocaña rechazó las amenazas hechas a líderes sociales de los municipios de Corinto y Caloto por parte de las autodenominadas ‘Águilas Negras’. Así mismo, manifestó su solidaridad con las personas amenazadas y sus familias.


De igual forma, hizo un llamado al Gobierno nacional para que proteja la vida de las personas amenazadas y evite que se continúe con los asesinatos e intimidaciones a líderes sociales como ha venido ocurriendo en los últimos días.


El gremio, manifestó preocupación frente a este tipo de acciones que ponen en riesgo la paz y la estabilidad del país, contribuyendo además a generar miedo y zozobra en la comunidad.
Finalmente, hizo un llamado a que se haga una investigación exhaustiva sobre el origen de esta amenaza que, al contrario de aportar al desarrollo económico y empresarial de la región, perjudican el normal desarrollo de las actividades propias del sector privado y afectan especialmente a todos los ciudadanos indefensos e inocentes que, en esa región, aspiran un territorio en paz.

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Carta abierta a Santos. "Usted deja la Presidencia con una enorme deuda frente a la humanidad"

San José de Apartadó, julio 13 de 2018

Señor JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

Presidente de Colombia

Bogotá, D. C.

De toda consideración.

A muy pocos días de terminar su segundo período de gobierno, queremos manifestarle sinceramente y de manera somera lo que hemos vivido y sentido durante estos 8 años en los cuales usted ha ocupado el cargo de Presidente y Jefe de Estado, período que se proyecta hacia atrás por el tiempo en que usted ejerció como Ministro de Defensa del ex Presidente Álvaro Uribe Vélez.

Durante su mandato, Presidente Santos, acudimos en 20 ocasiones a usted, haciendo uso del derecho constitucional de petición, para pedirle, de manera apremiantes, que en atención a obligaciones muy claras que la Constitución le impone al Jefe de Estado, interviniera directamente para frenar la cadena de crímenes de lesa humanidad que su ejército, sobre todo a través de la Brigada XVII y otras unidades, en unidad de acción con las estructuras paramilitares, había perpetrado y aún sigue perpetrando contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y contra el campesinado de su entorno. Usted siempre esquivó esas peticiones y les dio órdenes a sus secretarías jurídicas de remitirlas a los mismos victimarios: el Ministerio de Defensa y sus diversas unidades, alegando decretos que no pueden oponerse a órdenes constitucionales y que se ajustan a la figura universalmente antijurídica de convertir al victimario en su propio investigador y juez.

Nadie ignora que una política evasiva frente a cadenas de crímenes horrendos y sistemáticos, encubiertos por los veredictos autoabsolutorios de sus propios subordinados, compromete con toda evidencia al primer mandatario ante una Comunidad Internacional que durante ya muchas décadas ha elaborado tratados y convenciones para proteger a las víctimas de esos horrores. Usted, pues, Presidente Santos, sale responsable ante la historia y ante el mundo de centenares de crímenes horrendos que han tratado de exterminar a nuestra Comunidad de Paz, tales como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, abusos sexuales, masacres, desplazamientos forzados, torturas, retenciones, detenciones y enjuiciamientos ilegales y arbitrarios, amenazas por millares, anuncios de exterminio, cercos de hambre, destrucciones e incineraciones de viviendas y de campos de cultivos, asaltos a mano armada para robar los bienes de sobrevivencia de las víctimas, profanación y ocultamiento de cadáveres, pillajes, robos de animales domésticos, principalmente de bestias de carga, único medio que posee el campesino de la zona para comercializar sus pobres productos, robo de los instrumentos de trabajo agrícola, campañas de calumnia, difamación y estigmatización a través de los medios masivos, ausencia, manipulación y corrupción de investigaciones judiciales y disciplinarias, generalización de la impunidad y de la desprotección judicial.

Si bien la Comunidad de Paz hizo uso de la Acción de Tutela en ciertas ocasiones y obtuvo respaldo de la Corte Constitucional, la cual emitió tres Sentencias y dos Autos en favor de la Comunidad, usted mismo y las instituciones de su gobierno desacataron todas las órdenes de la más alta Corte del Estado, además de otras órdenes incluidas en otras sentencias de dicha Corte, como las referidas a la prohibición de mantener unidades militares y policiales en medio de la población civil en zonas de conflicto, o las que se refieren a la prohibición al mandatario de pronunciarse públicamente contra grupos y comunidades echando mano de informaciones no verídicas o las que se refieren a la prohibición de empadronamientos. El desacato de su gobierno a todas esas normas y decisiones constitucionales nos hizo concluir siempre que el “Estado de Derecho” constituye más una ficción propagandística utilizada para encubrir realidades contrarias.

Durante todo su gobierno, como también durante el gobierno del Presidente Uribe, estuvimos solicitando que se nos suministrarían los nombres, códigos institucionales, unidades y cadenas de mando de todos los miembros de la fuerza pública que estuvieron presentes en los días, horas y sitios en que fueron perpetrados los crímenes, pero su gobierno siempre se negó a ello, y cuando la Corte Constitucional se lo ordenó repetidas veces, usted desacató sus órdenes burlándose de la más alta Corte del Estado. Y ya para terminar su mandato, en diciembre de 2017, la Corte se lo volvió a ordenar, dándole dos meses de plazo para cumplir la orden y su gobierno volvió a desacatar el mandato de la Corte. Tal contumacia tiene, de toda evidencia, un propósito: mantener encapuchados y clandestinizados, al peor estilo paramilitar, a los criminales insertos en su gobierno.

Usted deja, pues, la Presidencia, con una enorme deuda frente a la humanidad. Ojalá llegue el día en que tribunales internacionales honestos ejerzan justicia frente a esos millares de crímenes y enjuicien su comportamiento de participación en los mismos con carácter de complicidad, connivencia, apoyo, tolerancia y protección de sus actores.

En este contexto, nos avergüenza la distinción que se le hizo al otorgarle el Premio Nobel de Paz, sin que mediara siquiera un reconocimiento de culpa en estos y muchos millares más de crímenes contra los derechos elementales de los colombianos, perpetrados por sus subordinados protegidos por su actitud de negarse a que siquiera fueran investigados y más bien exonerados ideológicamente de toda culpa, como ocurrió en las intervenciones durante del “Proceso de Paz”, luego enormemente degradado.

Con enorme dolor de patria,

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Javier Giraldo Moreno, S. J. firmante de los derechos de petición.

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