Ex senadora colombiana Aida Merlano habla durante una audiencia en un tribunal en Caracas, Venezuela.Palacio de Miraflores / Reuters

Aida Merlano aseguró que el gobierno colombiano tiene "la intención de asesinarla" y dijo que su escape fue organizado "por la clase dirigente" de su país, "con la colaboración de Germán Vargas Lleras".

La excongresista colombiana, Aida Merlano, le pidió disculpas a Venezuela por su ingreso de una manera ilegal al país, pero aseguró que su "desesperación" la llevo a "buscar refugio", pues se considera "perseguida" por el presidente Iván Duque, a quien señaló de tener "la intención de asesinarla".

Merlano, quien cumplía pena en un recinto penitenciario en su país, estaba prófuga de la justicia luego de haber escapado por la ventana de un consultorio médico donde se sometía a un tratamiento odontológico en octubre del año pasado. Hace una semana las autoridades venezolanas la capturaron en el fronterizo estado Zulia y, este jueves, la excongresista aseguró que su fuga había sido "organizada por la clase dirigente de Colombia con la colaboración del exvicepresidente, Germán Vargas Lleras".

Desde el Palacio de Justicia de Venezuela, en Caracas, y frente a periodistas de diferentes países, Merlano aseguró que fue condenada "por un delito que no cometió", tras "un allanamiento viciado", donde la Fiscalía y miembros de la Policía colombiana "sembraron pruebas" que la incriminaron en delitos como porte de armas, concierto para delinquir, entre otros.

Según la excongresista, esta "conspiración" fue dirigida por el exvicepresidente Vargas Lleras, con ayuda del exfiscal Néstor Humberto Martínez, a quien acuso de ser "la cuota política" de Odebrecht para garantizar que todas las contrataciones fuesen destinadas a los empresarios que financian a distintos parlamentarios de derecha.

"Todo fue un montaje para quitarme del paso, inhabilitarme y guardarme en prisión (…) porque sabían que yo tenía pruebas contundentes para demostrar la corrupción que existe en mi país", sostuvo Merlano.
¿Por qué ella?

Aida Merlano, quien tuvo una larga relación sentimental con Julio Gerlein —cabeza de Valorcon, una de las empresas contratistas más importantes del país—, aseguró había tratado de cambiar la política tradicional que los Gerlein venían haciendo durante muchas décadas en la región Caribe con la "compra y venta de votos".

Según su testimonio, la iniciativa "fue generando mucho malestar entre los Gerlein y los Char, quienes hoy tienen el poder absoluto de la región Caribe porque se han comprado a toda la clase política".

La colombiana acusó a los integrantes de las familias Gerlein y Char de ser los "mayores financiadores de las campañas políticas de los últimos 20 años, desde la primera presidencia de Álvaro Uribe Vélez", y dijo que tenía pruebas. Por eso, se consideró un "objetivo militar" cuando decidió lanzarse como senadora "de forma independiente".

Tras su detención en Colombia, contó Merlano, Char se ofreció a ayudarla para que le quitaran los cargos, a cambio de su silencio. "Los llamé para decirles que iba a declarar en contra de ellos aunque no obtuviera ningún beneficio, entregué pruebas contundentes para demostrar mi inocencia, pero todo me fue negado porque estoy segura que hasta los magistrados fueron sobornados para hundirme".

Luego, la excongresista afirma que intentó lograr un acuerdo con la Corte, pero asegura que no la quisieron escuchar. "Luego me enviaron a un abogado de la familia Char, quien me explicó que habían planificado mi fuga, pero yo sé que el objetivo de esa fuga era asesinarme luego".

La fuga

La excongresista —condenada a 15 años de cárcel por la compra ilegal de votos para las elecciones parlamentarias de 2018—, se fugó en octubre del año pasado. Sin embargo, ella asegura que "no estaba fugada" sino "secuestrada".

"Muchos días después de la fuga es que yo me escapo de una finca a las afueras de Valledupar, donde me tenían secuestrada. Uno de los captores me dijo que pretendían asesinarme y enterrarme en una fosa común. Cuando yo me escapo de esa finca es que Duque aumenta la recompensa ofrecida para mi captura, él lo sabia", dijo Merlano, quien relató que durante su supuesta retención fue víctima de abusos.


Colombia le pide a Guaidó (y no a Maduro) la extradición de una excongresista prófuga capturada en Venezuela: ¿qué hay detrás?

"Él (Duque) y la familia Char y Gerlein tienen intereses en común, si yo hablo, sabe que va a caer él, Santos, media clase política y el Partido Conservador completo", expresó, al tiempo que aseveró que el gobierno de su país había armado un montaje para hacerle creer a la prensa que ella había comprado unos boletos para Barbados. "Querían mostrar que me fugué y estaba en una isla paradisíaca disfrutando de la vida con otra identidad, pero la verdad es que iba a estar enterrada en una fosa común".

Solicitud de ayuda

Por último, la exsenadora colombiana le pidió al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que "por favor la ayude". "Si este caso se debe llevar a tribunales o instancias internacionales, que por favor me ayude porque yo soy víctima de Duque, sé lo que tramaron en mi contra, me expusieron a cosas terribles en la finca donde me secuestraron", manifestó entre llanto.

"Tengo miedo al gobierno colombiano y a la clase política que busca mi muerte. Si algo le pasa a mi familia en Colombia, que se sepa que los únicos responsables son el gobierno, la familia Char y la Gerlein", finalizó.


Reacciones

Ante esto, la ministra de Justicia de Colombia, Margarita Cabello, aseveró que las declaraciones de Merlano "carecen de todo fundamento, son oportunistas y son una fabricación" del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, para supuestamente atacar "la honra" del presidente Duque y las instituciones colombianas.

"El régimen dictatorial de Nicolás Maduro, en lugar de estar produciendo este show mediático, debe entregar inmediatamente a la señora Aída Merlano a las autoridades nacionales para que cumpla su condena en Colombia", agregó la ministra, en declaraciones desde la Casa de Nariño, junto al director de la policía, general Óscar Atehortúa.

La petición de la ministra colombiana es un cambio en la postura de Bogotá, puesto que tras la captura de la excongresista en territorio venezolano, el Ministerio de Justicia de Colombia informó que la solicitud de extradición de Merlano se tramitaría ante el diputado opositor Juan Guaidó, ya que "Colombia no reconoce y por ende no tiene relaciones diplomáticas" con el gobierno de Nicolás Maduro.

Cabello, quien omitió este hecho, recordó que "enterado el ministerio de Justicia de la fuga de Merlano, se ordenó el relevo del director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, y se ordenó la destitución de la directora del centro de reclusión El Buen Pastor".

Por su parte, el expresidente colombiano, Álvaro Uribe Velez, quien también salió salpicado en las declaraciones de Merlano, afirmó que así como se interroga a Aída Merlano en Caracas, "también deberían pedir que se interrogue a Farc, ELN y a tanto bandido allá protegido".

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Sábado, 18 Enero 2020 07:05

Dudosas credenciales

Dudosas credenciales

Bolivia va a elecciones en medio de persecuciones y amenazas.

Con el apoyo de los militares, de los medios de comunicación y del aparato de justicia, el gobierno boliviano continúa con el hostigamiento a los integrantes del Movimiento al Socialismo. A pesar de eso, los liderados por Evo Morales todavía conservan la mayor intención de voto de cara a los comicios del 3 de mayo.

Desde hace dos meses, los bolivianos se encuentran todos los días con noticias sobre la investigación, el procesamiento o el arresto de uno o de varios de los ex colaboradores y simpatizantes del exiliado ex presidente Evo Morales, sobre quien, además, pesa una orden internacional de captura solicitada por el gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

La noticia más reciente fue la detención del ex ministro de Gobierno Carlos Romero, acusado por la fiscalía de un caso de corrupción. Romero entró a la cárcel judicial luego de haber estado arrestado informalmente –primero en su domicilio y luego en una clínica médica– por grupos de civiles que se llaman a sí mismos “la resistencia” y que tienen el aval de la Policía para imponer su ley en las calles. Morales los considera “grupos paramilitares y fascistas”.

Estas organizaciones civiles también operan cotidianamente en las inmediaciones de la embajada de México en La Paz, en la que están refugiados varios ex ministros y jerarcas del Movimiento al Socialismo (Mas) de Morales, quienes no pueden ni podrán obtener, del gobierno de Áñez, salvoconductos para salir del país. Los miembros de estos grupos se turnan para revisar los automóviles que entran y salen del exclusivo barrio La Rinconada, donde se encuentra la residencia diplomática.

Actúan por ahora en dos ciudades, La Paz y Cochabamba, escenario de la mayor parte de los duros choques entre seguidores y opositores de Morales antes de su derrocamiento. La “resistencia” al Mas está compuesta por vecinos organizados de clase media y por jóvenes estudiantes que, durante la crisis, se armaron con palos, cascos y escudos improvisados para enfrentar a las columnas de trabajadores y de campesinos que pretendían neutralizar las protestas en contra de lo que la oposición de entonces llamó el “fraude electoral del 20 de octubre”, las elecciones en las que Morales fue proclamado reelecto y que llevaron a la crisis política y al fin de su gobierno.

EN LA MIRA. 

El hombre más odiado por la “resistencia” es uno de los jerarcas del Mas asilados en la residencia mexicana, Juan Ramón Quintana, ex ministro de la Presidencia y hombre fuerte del anterior gobierno. Quintana está procesado por sedición y terrorismo. Junto a él están atrapados en la lujosa casa diplomática los ex ministros de Justicia, Héctor Arce; de Cultura, Vilma Alanoca; de Gobierno, Hugo Moldiz, y de Defensa, Javier Zavaleta, todos ellos también enjuiciados por distintos delitos comunes; los acompaña Nicolás Laguna, el antiguo encargado de informática del Estado, acusado de fraude electoral, así como otros altos cargos que, hasta ahora, no enfrentan procesos judiciales, pero tampoco obtienen salvoconductos.

Varias de las acusaciones se deben a algo que los imputados dijeron alguna vez: Morales es acusado de terrorismo y sedición por haber llamado a un dirigente campesino y haberle pedido bloquear a las ciudades con rigor, de modo que “no entren alimentos” en ellas. Hace poco, el ex presidente se consiguió otro juicio por haber afirmado, en Argentina, que si algún día volviera al poder, tendría que organizar milicias armadas, como hicieron los chavistas en Venezuela, para asegurar su mando. Quintana es acusado de terrorismo y sedición por haber declarado a la agencia rusa Sputnik que un golpe de Estado contra Morales se debía combatir intensamente, convirtiendo a Bolivia en “un moderno Vietnam”. El gobierno encarceló a la niñera de este personaje, así como a un mensajero que trabajaba con Romero. Estas y otras detenciones controversiales, como la de una doctora que atendió en una clínica a un ultraizquierdista herido de bala o la de unos jóvenes funcionarios que se dedicaban a hacer memes en contra del gobierno en computadores estatales, han provocado algunas quejas individuales en los principales medios de comunicación, los que, en términos institucionales, aplauden al gobierno de Áñez y celebran la existencia de la “resistencia”. Junto con Romero, decenas de personas son enjuiciadas por corrupción; también se investiga el patrimonio de 600 ex ministros, ex viceministros, ex directores, gobernadores y alcaldes del Mas.

EN RIESGO. 

Además de policial y judicial, la presión sobre el Mas es política. Andrónico Rodríguez, líder efectivo de los sindicatos cocaleros y precandidato del partido izquierdista, anunció que este 22 de enero, el día en el que el mandato de Evo Morales se habría cumplido, comenzará otra etapa de la “resistencia pacífica al fascismo”, con lo que sugirió que se realizarían movilizaciones de protesta. En respuesta, el actual ministro de Gobierno, Arturo Murillo, tuiteó: “Andrónico, cuidado, el radicalismo pone en riesgo tu liderazgo y tu futuro”. Rodríguez tuvo que salir a aclarar que no pensaba cometer ningún delito y denunció que el gobierno buscaba asfixiar a la dirigencia sindical con procesos y detenciones.

En un intento de frenar la ola represiva, el Mas aprobó en la Asamblea Legislativa una ley de cumplimiento de los derechos humanos, que exige al gobierno de Áñez pagar indemnizaciones a las familias de las 29 personas que murieron en la represión de las manifestaciones en su contra, poco después de su llegada al poder, y abre la posibilidad de que los dirigentes sindicales y políticos que se sientan injustamente perseguidos presenten recursos ante la justicia. El oficialismo ha considerado esta ley “innecesaria” y anticonstitucional.

Todo esto sucede con el apoyo de los segmentos medios y altos de la población, los que han convertido al expeditivo Murillo en una figura popular. El ministro, que antes de llegar al poder era cuestionado por la torpeza de su roces con Morales, hoy recibe aplausos cuando entra en algún café de La Paz.

EN CAMPAÑA. 

La “pacificación del país”, que es como se llama oficialmente a las citadas medidas en contra del Mas, ha convertido a la presidenta Áñez en la dirigenta política contraria a Evo con la mayor intención de voto (15 por ciento, según una encuesta realizada por Ciesmori para la televisión Unitel. El ex presidente Carlos Mesa, en cambio, sólo tiene el 13 por ciento). Pero Áñez aseguró que no se candidateará en las elecciones programadas para el 3 de mayo. En cambio, quiere impulsar a los diferentes candidatos a unirse en contra del Mas, que, sin que haya definido aún quién será su candidato, es la principal minoría del país, con el 20 por ciento de la intención de voto. Aunque, al mismo tiempo, este partido sea rechazado por la mayoría de los electores, evitar que los “tiranos” y los “narcoterroristas” saquen la cabeza en las nuevas elecciones se ha convertido en la principal preocupación de la parte de la población comprometida con el derrocamiento de Morales, que es la que domina la opinión pública.

La presión por la constitución de un frente antimasista unido no ha logrado impedir que muchas personas expresen su deseo de convertirse en candidatos en la inscripción de principios de febrero. Mesa se proyecta como la opción de centro, un puesto que probablemente le será disputado por el empresario Samuel Doria Medina, quien fuera el retador de Morales en las elecciones de 2014. Otro ex presidente, Jorge Quiroga, aspira a representar a la derecha tradicional. Luis Fernando Camacho, referente de la “resistencia” y principal dirigente del movimiento cívico que se atribuye haber tumbado a Morales, ha formado una candidatura con su colega Marco Pumari. Esta fórmula constituye la expresión de la nueva derecha, caracterizada por su religiosidad, sus “grupos de choque” y su fuerte presencia en las redes sociales.

Se preveía que Camacho y Pumari se convertirían rápidamente en la principal opción del antievismo, pero hasta ahora no han conseguido despegar en las encuestas, posiblemente porque el primer acercamiento político entre ellos terminó en un estruendoso fracaso. A principios de diciembre, Camacho dijo que no iría a las elecciones con Pumari y luego divulgó el audio de una conversación con este, en el que lo criticaba por haberle pedido, a cambio de su apoyo, 250 mil dólares y el control de la aduana de Potosí, la región de la que Pumari es oriundo. Este no negó haber tenido esta conversación, pero dijo que quería el dinero para financiar su campaña electoral y que la nominación de un representante cívico en la dirección de la aduana regional era una “reivindicación del pueblo de Potosí”.

La Asamblea Legislativa sigue estando en manos del Mas, pero la brigada parlamentaria de este partido se halla neutralizada por la popularidad del gobierno en las ciudades, el absoluto alineamiento con el oficialismo de militares, policías, fiscales y jueces, y su propia división entre un grupo “conciliador” y otro “leal” a Morales. El Tribunal Constitucional, que hoy como antes obedece las instrucciones del Ejecutivo, amplió el mandato de los parlamentarios, que debía acabar el 22 de enero, hasta la transmisión de mando, que se calcula para mediados de año.

Por Fernando Molina

17 enero, 2020

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Tensiones y desafíos de la movilidad de venezolanos hacia Colombia

Cuando la persecución, la pobreza, y la superpoblación ya no se consideren en sí mismas explicaciones suficientes de los flujos migratorios, las imágenes y metáforas basadas en la invasión dejarán de satisfacernos, y las políticas relacionadas a la inmigración podrán ser más innovadoras, ya que abordarán un acontecimiento delimitado, una experiencia compartida, un proceso manejable.
(Sassen, S. 2013:30)

 

Colombia no es un país históricamente receptor de poblaciones de inmigrantes, ni la composición de su población se enriqueció profundamente de los aportes de estas ciudadanías en movimiento, en comparación con otros países de la región como Argentina o Brasil, donde la inmigración contribuyó al crecimiento poblacional y a su desarrollo en general. Por ejemplo, en el caso argentino tenemos en un primer momento la inmigración transoceánica a partir de mediados del siglo XIX, ejerciendo un significativo impacto en la vida económica, política, social y cultural de este país.

 

Entre los años 1857 y 1914, Argentina recibió 4.600.000 inmigrantes, una cantidad tal de personas que llevó a que para 1914 el 30 por ciento de la población del país era extranjera. Un fenómeno de tal dimensión que no podía pasar sin efectos para el poblamiento general del país y su misma economía.

 

Por el contrario, Colombia siempre ha mantenido una distancia entre emigración y la inmigración, considerándolas por separado y sin reconocer la importancia de las migraciones en general. Muestra de ello es el tratamiento institucional dado a esta realidad social, donde las instituciones del Estado encargadas están desarticuladas entre sí. Dicho tratamiento solo ha provocado un abordaje sesgado, selectivo y fragmentado respecto a procesos migratorios y coherencia en medidas políticas que han sido adoptadas históricamente.

 

El tratamiento al migrante en Colombia

 

Por fortuna hoy en día las diferentes relaciones internacionales han provocado que el país tenga una visión más amplia y acorde con las dinámicas globales de movilidad y de Derechos Humanos suscritas en materia migratoria con diferentes países de la región. Sin embargo, la movilidad durante los últimos tres años de cientos de personas provenientes de Venezuela hacia Colombia, ha colocado en el ojo del huracán la institucionalidad y los contextos socioculturales del país, desencadenando una suerte de tensiones y de desafíos de todo orden (político, económico y cultural), que hasta el día de hoy son tema de la agenda nacional y mediática de turno.

 

Dentro de las tensiones más prominentes resaltan las de carácter político-institucional, campo en el cual históricamente se ha promovido una recepción de inmigrantes de forma selectiva, priorizando a los grandes inversores, característica que ha sido una constante debido a la inserción creciente de Colombia a los mercados internacionales hoy globalizados. A su vez, la política migratoria del país se caracteriza por favorecer a la inmigración laboral con fines productivos y desarrollo económico. Al tiempo que Colombia adopta medidas (normas y decretos) de carácter étnico-nacional con fines de crecimiento demográfico y de “mejorar” étnicamente la población, como propuso Luis López de Mesa, ejemplo de lo cual es el ingreso de norteamericanos y europeos a mediados del siglo XX al territorio nacional.

 

De esta manera, la prioridad dada por el país a la inmigración laboral, de cara a fortalecer los procesos de crecimiento y desarrollo interno, y el control a la movilidad de emigrantes, resalta la desarticulación de la política migratoria colombiana, donde el tratamiento por separado de la emigración y la inmigración1 ha sido una constante.

 

En la década de los 90 Colombia encargó al Ministerio de Relaciones Exteriores la ejecución y orientación de las políticas migratorias, obteniendo como resultados que el país adoptara medidas de integración regional y comercio internacional, firmando por esa vía acuerdos como, por ejemplo, el pasaporte Andino en el marco de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Sin embargo, la política migratoria mantuvo su enfoque de control de carácter selectivo, útil y funcional para el arribo de personas con estándares de cualificación alta.

 

En resumen, tenemos en Colombia unas políticas institucionales migratorias caracterizadas por ser selectivas y de control, así como una mirada utilitarista de las diferentes poblaciones de inmigrantes, en términos de desarrollo económico y social, todo lo cual no ha permitido un desarrollo integral de las políticas migratorias que permitan tratar conjuntamente tanto la emigración como la inmigración. Durante la última década el escenario internacional y la política exterior regional han provocado que el país suscriba y ratifique diversos instrumentos legales internacionales donde se promueve proteger y garantizar la dignidad de las personas, en especial las que se encuentran en movimiento.

 

Dentro de tales instrumentos está la incorporación a Unasur, tratado que cobró vigencia en el 2011, y a través del cual se fijan lineamientos en materia de cooperación migratoria, basado en protección de los Derechos Humanos de los inmigrantes y los trabajadores de cara a la integración regional. Sin embargo, la crisis regional desatada por la situación que vive Venezuela, y con ella la presión y hasta conspiración de diversos países para desestabilizar al presidente Maduro, propiciaron la decisión del recién posesionado Iván Duque de retirar al país de Unasur2, con lo cual queda en el limbo todo lo allí ratificado.

 

A todo lo anterior se suma el componente socio–cultural, el cual se refiere a tres grandes campos problemáticos: 1. La construcción mediática de la inmigración venezolana, 2. La construcción del otro/ los/otros. 3. El nacionalismo que se enaltece y la cuestión de soberanía que se instala.

 

La construcción mediática de la inmigración venezolana

 

Es reiterado ver y escuchar en los diferentes medios oficiosos dominantes en Colombia un registro estigmatizante y muy politizado acerca de la movilidad de venezolanos hacia nuestro país3. Lo que se observa en algunos de estos registros es un encasillamiento de la persona inmigrante en temas de inseguridad, bandas delincuenciales o de microtráfico de droga, en especial en las zonas de frontera, temas que circulan constantemente y van instalando en el conjunto de la población una sensación de miedo e inseguridad frente a la población migrante.

 

De otra parte, en dichos medios se muestra la situación que viven los inmigrantes venezolanos durante su travesía, pero las noticias tienden a resaltar lo que han llamado “crisis en Venezuela”, “el drama de los venezolanos”, etcétera, que si bien es una situación compleja, se deja entrever el interés en continuar sosteniendo que los venezolanos huyen de la “dictadura de Maduro”, algo por cierto que ha sido utilizado por los políticos de tendencias conservadoras de turno en Colombia para hacer campaña política, dejando de lado la verdadera discusión política-institucional que demanda la realidad de tal emigración.

 

La construcción del otro/los/otros

 

Debido a este tratamiento mediático, se han vuelto populares dichos como: “nos viene a quitar el trabajo”, “los venezolanos se emplean por menos plata”, “hay mucha banda de ladrones venezolanos”, entre otros, han edificado poco a poco a la persona inmigrante de nacionalidad venezolana como el enemigo interno y responsable de todos los males que nos aquejan como sociedad. De esta forma, a su vez, se va creando una idea del otro/los otros, marcando una división concreta entre nosotros y ellos, esta forma de discriminación no solo genera el oído al extranjero (xenofobia), sino que instala barreras sociales que impiden la inclusión de la población inmigrante.

 

Esta forma particular de segregación también tiene tintes nacionalistas que generan exclusión, abusos y formas de violencia específica, que son más fuertes que cualquier muro de bloques de concreto construido, por ejemplo, en la frontera entre Estados Unidos y México. Romper estas paredes de concreto (socio-cultural) es complejo, porque se trata de generalizaciones negativas que se instalan fácilmente en el sentido común y provocan comportamientos excesivos mal intencionados y abusos contra los que no son de acá.

 

El nacionalismo que se enaltece, y la cuestión de soberanía que se instala

 

Diferentes estudios en materia migratoria, como el de Sassen (2015), dan cuenta que, en situaciones y contextos sociopolíticos particulares, las poblaciones inmigrantes suelen utilizarse como “chivo expiatorio”, para resaltar decisiones políticas institucionales de control y seguridad o responsabilizar de los problemas sociales, políticos y económicos de un país, todo ello de cara a indilgar al extranjero una responsabilidad particular con la cual no tiene una vinculación directa. Por ejemplo, como sucedió durante las recientes elecciones presidenciales en Colombia (2018-2022), donde los políticos en campaña utilizaron a la inmigración del país vecino para sus propósitos electorales con el argumento de que “Colombia no puede convertirse como Venezuela” o que “Colombia no puede llegar a ser castrochavista”, entre otras manipulaciones.

 

De esta manera crean una idea falsa de soberanía y nacionalismo a través nuevamente, del tratamiento mediático y de los discursos de los políticos en campaña. Soberanía, porque se instala la idea –falsa– de lo nuestro (el cuidado de lo propio), y nacionalismo (patriotismo) en cuanto a exaltación de lo colombiano, aspectos que se consideran amenazados por el “extranjero”, en este caso por Venezuela y su actual régimen político, el cual es considerado contrario a los intereses de los grupos dominantes en nuestro país.

 

Lo anterior plantea una pregunta formulada por algunos migrantólogos ¿por qué algunos “extranjeros” indignan más que otros? Esto en comparación, por ejemplo, con movimientos de actividades economías globales extractivistas agenciadas por complejas corporaciones extranjeras, las cuales cuentan con facilidades estatales, sin generar las mismas críticas e indignaciones soberanas y nacionalistas que propicia la migración venezolana y su régimen político.

 

Este fenómeno es la evidencia empírica del uso de la migración como “chivo expiatorio”, para despertar desenfocados nacionalismos, los mismos que distraen a las mayorías sociales de los problemas de fondo ligados con la presencia de extranjeros (corporativos), que extraen riquezas naturales en el territorio colombiano y que no denuncian ni cuestionan, sino, por el contrario, se legitiman.

 

El reto

 

La movilidad de venezolanos hacia Colombia definitivamente pone en tensión el Sistema Nacional de Migración (SNM) y la política de migraciones, la institucionalidad que tiene como responsabilidad la protección de los derechos de las poblaciones inmigrantes y su integración a los planes y proyectos que el Gobierno tenga estipulado, pero también el presupuesto nacional, ya que el SNM no cuenta con los recursos suficientes para cumplir con los objetivos y metas planteadas en los diferentes instrumentos legales. A su vez, plantea importantes desafíos político–institucionales, económicos y socio-culturales, que demandan la necesidad de una política que esté acorde a las necesidades de la población inmigrante, desde una perspectiva integral incluyente, de respeto y garantía a los derechos humanos de los inmigrantes trabajadores y sus familias.

 

En este sentido toma forma el reto de una ética ciudadana y política donde la forma de abordar dicha realidad social sea a partir de un tratamiento que reivindique la vida y el Derecho Humano a migrar en términos dignos y en cuanto a acciones, decisiones y organización política-institucional definidas en función de la exaltación, la gratificación, el posibilitamiento y el cuidado de la vida y las necesidades reales de dicha población con perspectiva de futuro.

 

 

* Candidato a Doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de General Sarmiento (Ungs-Ides), Buenos Ares-Argentina, Magíster en Estudios políticos y comunicador social. Docente universitario, investigador del Colectivo de Estudios e Investigación social, Proyecto Ceis. Coordinador Diplomado en Migración, Territorio y DDHH, Universidad Nacional de Avellaneda. (Bs. As. Argentina).
1 Entiéndase emigrar como el abandonar su propio país para establecerse en territorio extranjero. Por inmigración, como acción y efecto de inmigrar, según el Diccionario de la Real Academia Española. En otras palabras, la inmigración es el proceso posterior que acontece en el país o lugar de llegada, es decir, es el efecto que surge una vez se efectúa la salida de personas de un país, región o lugar determinados para dirigirse a otro.
2 El presidente de Colombia, Iván Duque, decidió la salida de Colombia de Unasur porque considera a dicho organismo como “caja de resonancia de la dictadura” venezolana. Una vez más se observa cómo se politiza la situación inmigratoria que comparten ambos países, dejando de lado decisiones contundentes que favorezcan y protejan a la población venezolana que emigra hacia Colombia.
3 Hay dos aspectos de interés a resaltar con relación a las características de la emigración venezolana hacia Colombia y que el mismo Christian Krüger, Director General de Migración Colombia, reconoce. El primero es que los venezolanos que están llegando al país lo utilizan como puente para dirigirse a terceros países como “Ecuador, Estados Unidos, Panamá, Perú y Chile”. Segundo, “que según un estudio realizado en frontera por la Cancillería y la OIM, se logró evidenciar que cerca del 40% de las personas que ingresan por nuestra frontera son portadores de doble nacionalidad, mientras que el 30% son colombianos y el otro 30% ciudadanos venezolanos”. Lo que significa que en un porcentaje importante los ciudadanos que están llegando a nuestro país son colombianos que eran residentes en Venezuela y ahora, debido a la situación en ese país, están retornando. Así se evidencia en el informe de Migración del Ministerio de Relaciones Exteriores titulado: “Radiografía de venezolanos en Colombia 2017”. De otra parte, en relación a las cifras, según el mismo informe: “la Agencia para los Refugiados de la ONU afirma que son 300.000 y la Asociación de Venezolanos en Colombia asegura que son más de 1.000.000 de personas”, “Están pasando más de 40.000 personas diarias”, aseguró el alcalde de Villa del Rosario…”, “En los últimos 3 años el país ha atendido la salud de 14.362 venezolanos…”, “…al país entraron mensualmente más de cuarenta mil venezolanos…”, “…El éxodo ha aumentado de cientos a miles…”, “En el Valle de Aburra votaron 11.560 venezolanos…”, “En nueve puntos de Medellín y el Valle de Aburrá se adecuaron las mesas para que los más de 7.000 venezolanos radicados en Antioquia…”, “…actualmente hay entre 3.000 y 5.000 venezolanos en la región”.

 

Bibliografía

 

Ministerio de Relaciones Exteriores. Migración. (2017). Radiografía de venezolanos en Colombia.
Nicolao, Julieta. (2010). El Estado argentino ante el reto de las migraciones internacionales: reflexiones del reciente cambio de rumbo en la política migratoria argentina. UAEMex, Revista Convergencia. Ciencias de Sociales. Nº. 53, mayo. pp. 205-228.
Sassen, S. (2013). Inmigrantes y ciudadanos. De las migraciones masivas a la Europa fortaleza. Siglo XXI. España Editores, S.A.
Maldonado. E. (2018). Política + Tiempo =Biopolitica. Complejizar la política. Ediciones desde abajo. Bogotá, D.C–Colombia.

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Tensiones y desafíos de la movilidad de venezolanos hacia Colombia

Cuando la persecución, la pobreza, y la superpoblación ya no se consideren en sí mismas explicaciones suficientes de los flujos migratorios, las imágenes y metáforas basadas en la invasión dejarán de satisfacernos, y las políticas relacionadas a la inmigración podrán ser más innovadoras, ya que abordarán un acontecimiento delimitado, una experiencia compartida, un proceso manejable.
(Sassen, S. 2013:30)

 

Colombia no es un país históricamente receptor de poblaciones de inmigrantes, ni la composición de su población se enriqueció profundamente de los aportes de estas ciudadanías en movimiento, en comparación con otros países de la región como Argentina o Brasil, donde la inmigración contribuyó al crecimiento poblacional y a su desarrollo en general. Por ejemplo, en el caso argentino tenemos en un primer momento la inmigración transoceánica a partir de mediados del siglo XIX, ejerciendo un significativo impacto en la vida económica, política, social y cultural de este país.

 

Entre los años 1857 y 1914, Argentina recibió 4.600.000 inmigrantes, una cantidad tal de personas que llevó a que para 1914 el 30 por ciento de la población del país era extranjera. Un fenómeno de tal dimensión que no podía pasar sin efectos para el poblamiento general del país y su misma economía.

 

Por el contrario, Colombia siempre ha mantenido una distancia entre emigración y la inmigración, considerándolas por separado y sin reconocer la importancia de las migraciones en general. Muestra de ello es el tratamiento institucional dado a esta realidad social, donde las instituciones del Estado encargadas están desarticuladas entre sí. Dicho tratamiento solo ha provocado un abordaje sesgado, selectivo y fragmentado respecto a procesos migratorios y coherencia en medidas políticas que han sido adoptadas históricamente.

 

El tratamiento al migrante en Colombia

 

Por fortuna hoy en día las diferentes relaciones internacionales han provocado que el país tenga una visión más amplia y acorde con las dinámicas globales de movilidad y de Derechos Humanos suscritas en materia migratoria con diferentes países de la región. Sin embargo, la movilidad durante los últimos tres años de cientos de personas provenientes de Venezuela hacia Colombia, ha colocado en el ojo del huracán la institucionalidad y los contextos socioculturales del país, desencadenando una suerte de tensiones y de desafíos de todo orden (político, económico y cultural), que hasta el día de hoy son tema de la agenda nacional y mediática de turno.

 

Dentro de las tensiones más prominentes resaltan las de carácter político-institucional, campo en el cual históricamente se ha promovido una recepción de inmigrantes de forma selectiva, priorizando a los grandes inversores, característica que ha sido una constante debido a la inserción creciente de Colombia a los mercados internacionales hoy globalizados. A su vez, la política migratoria del país se caracteriza por favorecer a la inmigración laboral con fines productivos y desarrollo económico. Al tiempo que Colombia adopta medidas (normas y decretos) de carácter étnico-nacional con fines de crecimiento demográfico y de “mejorar” étnicamente la población, como propuso Luis López de Mesa, ejemplo de lo cual es el ingreso de norteamericanos y europeos a mediados del siglo XX al territorio nacional.

 

De esta manera, la prioridad dada por el país a la inmigración laboral, de cara a fortalecer los procesos de crecimiento y desarrollo interno, y el control a la movilidad de emigrantes, resalta la desarticulación de la política migratoria colombiana, donde el tratamiento por separado de la emigración y la inmigración1 ha sido una constante.

 

En la década de los 90 Colombia encargó al Ministerio de Relaciones Exteriores la ejecución y orientación de las políticas migratorias, obteniendo como resultados que el país adoptara medidas de integración regional y comercio internacional, firmando por esa vía acuerdos como, por ejemplo, el pasaporte Andino en el marco de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Sin embargo, la política migratoria mantuvo su enfoque de control de carácter selectivo, útil y funcional para el arribo de personas con estándares de cualificación alta.

 

En resumen, tenemos en Colombia unas políticas institucionales migratorias caracterizadas por ser selectivas y de control, así como una mirada utilitarista de las diferentes poblaciones de inmigrantes, en términos de desarrollo económico y social, todo lo cual no ha permitido un desarrollo integral de las políticas migratorias que permitan tratar conjuntamente tanto la emigración como la inmigración. Durante la última década el escenario internacional y la política exterior regional han provocado que el país suscriba y ratifique diversos instrumentos legales internacionales donde se promueve proteger y garantizar la dignidad de las personas, en especial las que se encuentran en movimiento.

 

Dentro de tales instrumentos está la incorporación a Unasur, tratado que cobró vigencia en el 2011, y a través del cual se fijan lineamientos en materia de cooperación migratoria, basado en protección de los Derechos Humanos de los inmigrantes y los trabajadores de cara a la integración regional. Sin embargo, la crisis regional desatada por la situación que vive Venezuela, y con ella la presión y hasta conspiración de diversos países para desestabilizar al presidente Maduro, propiciaron la decisión del recién posesionado Iván Duque de retirar al país de Unasur2, con lo cual queda en el limbo todo lo allí ratificado.

 

A todo lo anterior se suma el componente socio–cultural, el cual se refiere a tres grandes campos problemáticos: 1. La construcción mediática de la inmigración venezolana, 2. La construcción del otro/ los/otros. 3. El nacionalismo que se enaltece y la cuestión de soberanía que se instala.

 

La construcción mediática de la inmigración venezolana

 

Es reiterado ver y escuchar en los diferentes medios oficiosos dominantes en Colombia un registro estigmatizante y muy politizado acerca de la movilidad de venezolanos hacia nuestro país3. Lo que se observa en algunos de estos registros es un encasillamiento de la persona inmigrante en temas de inseguridad, bandas delincuenciales o de microtráfico de droga, en especial en las zonas de frontera, temas que circulan constantemente y van instalando en el conjunto de la población una sensación de miedo e inseguridad frente a la población migrante.

 

De otra parte, en dichos medios se muestra la situación que viven los inmigrantes venezolanos durante su travesía, pero las noticias tienden a resaltar lo que han llamado “crisis en Venezuela”, “el drama de los venezolanos”, etcétera, que si bien es una situación compleja, se deja entrever el interés en continuar sosteniendo que los venezolanos huyen de la “dictadura de Maduro”, algo por cierto que ha sido utilizado por los políticos de tendencias conservadoras de turno en Colombia para hacer campaña política, dejando de lado la verdadera discusión política-institucional que demanda la realidad de tal emigración.

 

La construcción del otro/los/otros

 

Debido a este tratamiento mediático, se han vuelto populares dichos como: “nos viene a quitar el trabajo”, “los venezolanos se emplean por menos plata”, “hay mucha banda de ladrones venezolanos”, entre otros, han edificado poco a poco a la persona inmigrante de nacionalidad venezolana como el enemigo interno y responsable de todos los males que nos aquejan como sociedad. De esta forma, a su vez, se va creando una idea del otro/los otros, marcando una división concreta entre nosotros y ellos, esta forma de discriminación no solo genera el oído al extranjero (xenofobia), sino que instala barreras sociales que impiden la inclusión de la población inmigrante.

 

Esta forma particular de segregación también tiene tintes nacionalistas que generan exclusión, abusos y formas de violencia específica, que son más fuertes que cualquier muro de bloques de concreto construido, por ejemplo, en la frontera entre Estados Unidos y México. Romper estas paredes de concreto (socio-cultural) es complejo, porque se trata de generalizaciones negativas que se instalan fácilmente en el sentido común y provocan comportamientos excesivos mal intencionados y abusos contra los que no son de acá.

 

El nacionalismo que se enaltece, y la cuestión de soberanía que se instala

 

Diferentes estudios en materia migratoria, como el de Sassen (2015), dan cuenta que, en situaciones y contextos sociopolíticos particulares, las poblaciones inmigrantes suelen utilizarse como “chivo expiatorio”, para resaltar decisiones políticas institucionales de control y seguridad o responsabilizar de los problemas sociales, políticos y económicos de un país, todo ello de cara a indilgar al extranjero una responsabilidad particular con la cual no tiene una vinculación directa. Por ejemplo, como sucedió durante las recientes elecciones presidenciales en Colombia (2018-2022), donde los políticos en campaña utilizaron a la inmigración del país vecino para sus propósitos electorales con el argumento de que “Colombia no puede convertirse como Venezuela” o que “Colombia no puede llegar a ser castrochavista”, entre otras manipulaciones.

 

De esta manera crean una idea falsa de soberanía y nacionalismo a través nuevamente, del tratamiento mediático y de los discursos de los políticos en campaña. Soberanía, porque se instala la idea –falsa– de lo nuestro (el cuidado de lo propio), y nacionalismo (patriotismo) en cuanto a exaltación de lo colombiano, aspectos que se consideran amenazados por el “extranjero”, en este caso por Venezuela y su actual régimen político, el cual es considerado contrario a los intereses de los grupos dominantes en nuestro país.

 

Lo anterior plantea una pregunta formulada por algunos migrantólogos ¿por qué algunos “extranjeros” indignan más que otros? Esto en comparación, por ejemplo, con movimientos de actividades economías globales extractivistas agenciadas por complejas corporaciones extranjeras, las cuales cuentan con facilidades estatales, sin generar las mismas críticas e indignaciones soberanas y nacionalistas que propicia la migración venezolana y su régimen político.

 

Este fenómeno es la evidencia empírica del uso de la migración como “chivo expiatorio”, para despertar desenfocados nacionalismos, los mismos que distraen a las mayorías sociales de los problemas de fondo ligados con la presencia de extranjeros (corporativos), que extraen riquezas naturales en el territorio colombiano y que no denuncian ni cuestionan, sino, por el contrario, se legitiman.

 

El reto

 

La movilidad de venezolanos hacia Colombia definitivamente pone en tensión el Sistema Nacional de Migración (SNM) y la política de migraciones, la institucionalidad que tiene como responsabilidad la protección de los derechos de las poblaciones inmigrantes y su integración a los planes y proyectos que el Gobierno tenga estipulado, pero también el presupuesto nacional, ya que el SNM no cuenta con los recursos suficientes para cumplir con los objetivos y metas planteadas en los diferentes instrumentos legales. A su vez, plantea importantes desafíos político–institucionales, económicos y socio-culturales, que demandan la necesidad de una política que esté acorde a las necesidades de la población inmigrante, desde una perspectiva integral incluyente, de respeto y garantía a los derechos humanos de los inmigrantes trabajadores y sus familias.

 

En este sentido toma forma el reto de una ética ciudadana y política donde la forma de abordar dicha realidad social sea a partir de un tratamiento que reivindique la vida y el Derecho Humano a migrar en términos dignos y en cuanto a acciones, decisiones y organización política-institucional definidas en función de la exaltación, la gratificación, el posibilitamiento y el cuidado de la vida y las necesidades reales de dicha población con perspectiva de futuro.

 

 

* Candidato a Doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de General Sarmiento (Ungs-Ides), Buenos Ares-Argentina, Magíster en Estudios políticos y comunicador social. Docente universitario, investigador del Colectivo de Estudios e Investigación social, Proyecto Ceis. Coordinador Diplomado en Migración, Territorio y DDHH, Universidad Nacional de Avellaneda. (Bs. As. Argentina).
1 Entiéndase emigrar como el abandonar su propio país para establecerse en territorio extranjero. Por inmigración, como acción y efecto de inmigrar, según el Diccionario de la Real Academia Española. En otras palabras, la inmigración es el proceso posterior que acontece en el país o lugar de llegada, es decir, es el efecto que surge una vez se efectúa la salida de personas de un país, región o lugar determinados para dirigirse a otro.
2 El presidente de Colombia, Iván Duque, decidió la salida de Colombia de Unasur porque considera a dicho organismo como “caja de resonancia de la dictadura” venezolana. Una vez más se observa cómo se politiza la situación inmigratoria que comparten ambos países, dejando de lado decisiones contundentes que favorezcan y protejan a la población venezolana que emigra hacia Colombia.
3 Hay dos aspectos de interés a resaltar con relación a las características de la emigración venezolana hacia Colombia y que el mismo Christian Krüger, Director General de Migración Colombia, reconoce. El primero es que los venezolanos que están llegando al país lo utilizan como puente para dirigirse a terceros países como “Ecuador, Estados Unidos, Panamá, Perú y Chile”. Segundo, “que según un estudio realizado en frontera por la Cancillería y la OIM, se logró evidenciar que cerca del 40% de las personas que ingresan por nuestra frontera son portadores de doble nacionalidad, mientras que el 30% son colombianos y el otro 30% ciudadanos venezolanos”. Lo que significa que en un porcentaje importante los ciudadanos que están llegando a nuestro país son colombianos que eran residentes en Venezuela y ahora, debido a la situación en ese país, están retornando. Así se evidencia en el informe de Migración del Ministerio de Relaciones Exteriores titulado: “Radiografía de venezolanos en Colombia 2017”. De otra parte, en relación a las cifras, según el mismo informe: “la Agencia para los Refugiados de la ONU afirma que son 300.000 y la Asociación de Venezolanos en Colombia asegura que son más de 1.000.000 de personas”, “Están pasando más de 40.000 personas diarias”, aseguró el alcalde de Villa del Rosario…”, “En los últimos 3 años el país ha atendido la salud de 14.362 venezolanos…”, “…al país entraron mensualmente más de cuarenta mil venezolanos…”, “…El éxodo ha aumentado de cientos a miles…”, “En el Valle de Aburra votaron 11.560 venezolanos…”, “En nueve puntos de Medellín y el Valle de Aburrá se adecuaron las mesas para que los más de 7.000 venezolanos radicados en Antioquia…”, “…actualmente hay entre 3.000 y 5.000 venezolanos en la región”.

 

Bibliografía

 

Ministerio de Relaciones Exteriores. Migración. (2017). Radiografía de venezolanos en Colombia.
Nicolao, Julieta. (2010). El Estado argentino ante el reto de las migraciones internacionales: reflexiones del reciente cambio de rumbo en la política migratoria argentina. UAEMex, Revista Convergencia. Ciencias de Sociales. Nº. 53, mayo. pp. 205-228.
Sassen, S. (2013). Inmigrantes y ciudadanos. De las migraciones masivas a la Europa fortaleza. Siglo XXI. España Editores, S.A.
Maldonado. E. (2018). Política + Tiempo =Biopolitica. Complejizar la política. Ediciones desde abajo. Bogotá, D.C–Colombia.

Publicado enEdición Nº250
Garantizar los derechos de libertad sindical,  de asociación, negociación y huelga, es fundamental para la paz

El despido de más de cien pilotos de Avianca, la criminalización de la protesta social y sindical, la tercerización del mundo del trabajo, entre otras señales, son la evidencia de que los patrones y el Estado siguen viendo a los trabajadores como enemigos. Una realidad que amerita un análisis.



desde abajo (da): Indican los hechos ocurridos últimamente, sobre todo con el sindicato de pilotos de Avianca, que estamos ante una política de persecución en contra del sindicalismo?
Edgar Mojica Vanegas (EMV): La respuesta me obliga a mirar el contexto, detallar lo que le está ocurriendo a los trabajadores y al movimiento sindical en su conjunto. Y en ello, lo primero por precisar es que vivimos un ataque contra los derechos de libertad sindical, que es un poco lo que ilustra el caso de los pilotos de Avianca.

 

da. ¿A qué se refiere?
EMV. A que los derechos de libertad sindical tienen 3 pilares fundamentales: el derecho de asociación, el de negociación y el derecho a huelga, pilares que deben estar articulados en términos de garantía y desarrollo para consolidar esa libertad sindical.

 

da. ¿Qué sucede con el derecho de asociación?
EMV. Ese es un derecho proscrito para los trabajadores colombianos. La taza de sindicalización acá alcanza un escaso 4 por ciento; es decir, de 22 millones de trabajadores laboralmente activos, solo el 4 por ciento logra sindicalizarse, lo que muestra la pervivencia de una cultura antisindical en nuestro país, es decir, que a los trabajadores que deciden organizarse en un sindicato los persiguen, y a los que no persiguen, los cohíben de manera legal, vía contractual, para que no se sindicalicen.

 

da. ¿Opera el derecho a negociación?
EMV. Ojalá. Dos ejemplos para mostrarlo, en especial en el sector estatal. Solo hasta hace 6 años este sector pudo acceder a negociación de carácter colectiva; y ligado a eso, existe una brecha muy grande en el cumplimiento de lo acordado. Por ejemplo, los pliegos del 2013 y del 2015 de los estatales tienen un incumplimiento del 60 por ciento, especialmente en cubrimiento de nómina, y en nivelación salarial. Y lo mismo pasa con Fecode, cuyo pliego tiene un nivel de incumplimiento del 80 por ciento.

 

Esta situación empeora si miramos el derecho a huelga, pues su legalidad o ilegalidad es un debate internacional. Resalto esto porque en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) los empresarios y los gobiernos, que son dos de las tres partes que asisten a la Conferencia –la otra parte son los trabajadores–, están buscando un acuerdo para derogar el derecho a huelga a nivel mundial. Es decir, que no es solamente un problema de Colombia, sino que hay una intencionalidad mundial de proscribir este derecho.

 

da. Entonces, ¿lo sucedido con los pilotos de Avianca es parte de una dinámica mundial?
EMV. Sí, hay un ambiente de arrebatar derechos. Como tal vez recuerde, los pilotos de Avianca, inician un proceso de negociación, que fue maltratado por buena parte de la prensa colombiana, ridiculizando lo que se pretendía en ese ejercicio de negociación colectiva; luego deslegitiman la huelga declarando ilegal el derecho a la misma, inclusive con casos de prejuzgamiento como el de la Ministra de Trabajo, que cataloga el conflicto como ilegal antes de que un juez así procediera. Al final, despiden a más de cien, incluyendo sus directivos; los sancionados también son por docenas.

 

da. Pero el derecho esta estipulado hasta en la Constitución Política…
EMV. Así es, pero la enseñanza es que no basta con que los derechos, como el de libertad sindical, estén enunciados en la Constitución Política, sino que tiene que existir un ejercicio de parte del gobierno y de los empresarios para su reconocimiento, garantía y desarrollo.

 

da. ¿Podría decirse que esta negación vía legal, legitimada en lo social con apoyo de los medios oficiosos de información, también se materializa vía negación de los derechos humanos?
EMV. Sí. En la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), como en otros sectores sociales, a esa realidad la denominamos criminalización de la protesta social y sindical. Sobre este tema, entre la CUT y la CTC realizamos un seminario en el 2015 (Protestar no es delito), y discutimos sobre la criminalización de la protesta social-sindical; allí identificamos, primero, el trato militar de los conflictos laborales, donde Ejército y Esmad entran a violentar algo que en cualquier parte del mundo es resuelto de manera formal, pero aquí no, aquí implica intimidación, miedo, encarcelamiento y hasta muertos.
Lo segundo que identificamos fue el incremento de amenazas contra la dirigencia sindical, punto relacionado con el conjunto del movimiento social que en el 2017 sufrió el asesinato de 252 líderes sociales, y en enero del 2018, otros 23. Esto, junto con el incremento y la presencia efectiva del paramilitarismo, que sigue controlando territorios y sus recursos, como lo demostró con el paro realizado hace unos meses en Antioquia, Chocó y zonas de Córdoba.

 

da. ¿Cómo es el diagnóstico de esta violencia en el campo sindical?
EMV. Durante los 8 años del mandato Santos, han asesinado 160 líderes sindicales, con una impunidad del 90 por ciento. Esto ligado a un consolidado histórico – últimos 40 años– de 3.500 asesinatos de dirigentes sindicales, con índices de impunidad por encima del 90 por ciento,

 

da. Un tema relacionado con la lucha por el derecho al trabajo es el modelo de contratación que han impuesto los patrones con ayuda del Estado, ¿puede decirnos algo sobre este partículas?
EMV. En términos clásicos, valga decir, los trabajadores regulamos nuestro ejercicio laboral mediante una figura denominada contrato laboral, con el cual, bien que mal, existen unas garantías de carácter legal, y en ocasiones de carácter convencional –cuando se accede al derecho de negociación colectiva. Pero esa figura está desapareciendo, y de ello da cuenta la tercerización laboral, con la cual la contratación laboral queda reducida a una relación netamente comercial en la que usted, por una orden de prestación de servicios, o por un contrato completamente informal sin ningún tipo de garantía laboral, vende su fuerza de trabajo en condiciones, algunas veces infrahumanas, como las del teletrabajo, o las de los trabajadores del sector textil o agrario en varias partes de nuestro país, a los que ni siquiera les reconocen el salario mínimo.

 

Más derechos en peligro

 

da: En un documento la Anif (Asociación Nacional de Instituciones Financieras) le propone a los candidatos presidenciales desregularizar aun más el mundo del trabajo, inclusive rebajar el salario por debajo del mínimo como “únicas medidas” para mantener el desarrollo económico en el país, así como reducir los tributos al empresariado, ¿qué opinión tiene sobre esto?
EMV: El gobierno nacional ha descargado desde siempre, y en gran medida, el costo fiscal del país en los trabajadores. Asimismo, los patrones, con la ayuda del Estado, siempre han pretendido reducir hasta el mínimo posible lo que devengamos quienes vendemos nuestra fuerza de trabajo. No aceptan que realmente somos nosotros el mayor motor de la economía, no solamente por nuestra capacidad productiva sino por nuestra capacidad de acceder al mercado para adquirir bienes de consumo, es decir que con nuestros salarios movemos la economía del país.

 

Para sus propuestas y medidas se valen de supuestas recomendaciones –que más bien son mandatos– de organizaciones internacionales. En este caso lo están haciendo a partir de lo dicho el año pasado por la calificadora de riesgos financieros Standard & Poor’s, que expresó sobre nuestro país, palabras más, palabras menos: “definitivamente su puntaje no es el ideal para que se haga inversión, le sugiero que realice nuevamente una reforma tributaria, y que realice una reforma de carácter pensional”.

 

da. ¿Qué dijo el gobierno sobre este particular?
EMV. El Ministro de Hacienda y Santos fueron a Estados Unidos a reunirse con esa calificadora, de lo cual sale un documento de 600 páginas, en el cual, de nuevo, nos transfieren a los trabajadores la responsabilidad de cubrir lo que está haciendo falta en los ingresos nacionales, para lo cual recomiendan realizar una nueva reforma tributaria, y otra a las pensiones, con la que pretenden aumentar la cotización y disminuir el monto de la pensión, para que pase del 75 al 65 por ciento (sobre el promedio de los últimos 10 años cotizados); así como igualar y aumentar el tiempo de pensión para hombres y mujeres, argumentando que tenemos un promedio de vida que nos permite trabajar hasta los 68 años de edad, Como si fuera poco, y de acuerdo a las exigencias de los fondos de pensiones, el gobierno pretende eliminar Colpensiones, y pasar a fortalecer los fondos privados.

 

da. La ofensiva es total: ilegalizan huelgas, niegan el derecho a sindicalizarse, reducen salarios, criminalizan la protesta sindical y social..
EMV. Así es, con lo cual demuestran que existe una alianza del capital y el Estado para defender sus intereses macroeconómicos, para que los trabajadores paguen por sus derechos con acciones como el despido. Entonces, el llamado que hacemos desde la CUT es a que, hoy más que nunca, los derechos de libertad sindical y la defensa de los derechos humanos deben ser reivindicados en este país.

 

Sino proceden así están proscribiendo cualquier posibilidad real de pacificación. Vamos a trabajar por una paz con cambios y transformaciones reales, con tres pilares fundamentales: los derechos de libertad sindical, de asociación, negociación y huelga.

Publicado enColombia
Garantizar los derechos de libertad sindical,  de asociación, negociación y huelga, es fundamental para la paz

El despido de más de cien pilotos de Avianca, la criminalización de la protesta social y sindical, la tercerización del mundo del trabajo, entre otras señales, son la evidencia de que los patrones y el Estado siguen viendo a los trabajadores como enemigos. Una realidad que amerita un análisis.



desde abajo (da): Indican los hechos ocurridos últimamente, sobre todo con el sindicato de pilotos de Avianca, que estamos ante una política de persecución en contra del sindicalismo?
Edgar Mojica Vanegas (EMV): La respuesta me obliga a mirar el contexto, detallar lo que le está ocurriendo a los trabajadores y al movimiento sindical en su conjunto. Y en ello, lo primero por precisar es que vivimos un ataque contra los derechos de libertad sindical, que es un poco lo que ilustra el caso de los pilotos de Avianca.

 

da. ¿A qué se refiere?
EMV. A que los derechos de libertad sindical tienen 3 pilares fundamentales: el derecho de asociación, el de negociación y el derecho a huelga, pilares que deben estar articulados en términos de garantía y desarrollo para consolidar esa libertad sindical.

 

da. ¿Qué sucede con el derecho de asociación?
EMV. Ese es un derecho proscrito para los trabajadores colombianos. La taza de sindicalización acá alcanza un escaso 4 por ciento; es decir, de 22 millones de trabajadores laboralmente activos, solo el 4 por ciento logra sindicalizarse, lo que muestra la pervivencia de una cultura antisindical en nuestro país, es decir, que a los trabajadores que deciden organizarse en un sindicato los persiguen, y a los que no persiguen, los cohíben de manera legal, vía contractual, para que no se sindicalicen.

 

da. ¿Opera el derecho a negociación?
EMV. Ojalá. Dos ejemplos para mostrarlo, en especial en el sector estatal. Solo hasta hace 6 años este sector pudo acceder a negociación de carácter colectiva; y ligado a eso, existe una brecha muy grande en el cumplimiento de lo acordado. Por ejemplo, los pliegos del 2013 y del 2015 de los estatales tienen un incumplimiento del 60 por ciento, especialmente en cubrimiento de nómina, y en nivelación salarial. Y lo mismo pasa con Fecode, cuyo pliego tiene un nivel de incumplimiento del 80 por ciento.

 

Esta situación empeora si miramos el derecho a huelga, pues su legalidad o ilegalidad es un debate internacional. Resalto esto porque en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) los empresarios y los gobiernos, que son dos de las tres partes que asisten a la Conferencia –la otra parte son los trabajadores–, están buscando un acuerdo para derogar el derecho a huelga a nivel mundial. Es decir, que no es solamente un problema de Colombia, sino que hay una intencionalidad mundial de proscribir este derecho.

 

da. Entonces, ¿lo sucedido con los pilotos de Avianca es parte de una dinámica mundial?
EMV. Sí, hay un ambiente de arrebatar derechos. Como tal vez recuerde, los pilotos de Avianca, inician un proceso de negociación, que fue maltratado por buena parte de la prensa colombiana, ridiculizando lo que se pretendía en ese ejercicio de negociación colectiva; luego deslegitiman la huelga declarando ilegal el derecho a la misma, inclusive con casos de prejuzgamiento como el de la Ministra de Trabajo, que cataloga el conflicto como ilegal antes de que un juez así procediera. Al final, despiden a más de cien, incluyendo sus directivos; los sancionados también son por docenas.

 

da. Pero el derecho esta estipulado hasta en la Constitución Política…
EMV. Así es, pero la enseñanza es que no basta con que los derechos, como el de libertad sindical, estén enunciados en la Constitución Política, sino que tiene que existir un ejercicio de parte del gobierno y de los empresarios para su reconocimiento, garantía y desarrollo.

 

da. ¿Podría decirse que esta negación vía legal, legitimada en lo social con apoyo de los medios oficiosos de información, también se materializa vía negación de los derechos humanos?
EMV. Sí. En la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), como en otros sectores sociales, a esa realidad la denominamos criminalización de la protesta social y sindical. Sobre este tema, entre la CUT y la CTC realizamos un seminario en el 2015 (Protestar no es delito), y discutimos sobre la criminalización de la protesta social-sindical; allí identificamos, primero, el trato militar de los conflictos laborales, donde Ejército y Esmad entran a violentar algo que en cualquier parte del mundo es resuelto de manera formal, pero aquí no, aquí implica intimidación, miedo, encarcelamiento y hasta muertos.
Lo segundo que identificamos fue el incremento de amenazas contra la dirigencia sindical, punto relacionado con el conjunto del movimiento social que en el 2017 sufrió el asesinato de 252 líderes sociales, y en enero del 2018, otros 23. Esto, junto con el incremento y la presencia efectiva del paramilitarismo, que sigue controlando territorios y sus recursos, como lo demostró con el paro realizado hace unos meses en Antioquia, Chocó y zonas de Córdoba.

 

da. ¿Cómo es el diagnóstico de esta violencia en el campo sindical?
EMV. Durante los 8 años del mandato Santos, han asesinado 160 líderes sindicales, con una impunidad del 90 por ciento. Esto ligado a un consolidado histórico – últimos 40 años– de 3.500 asesinatos de dirigentes sindicales, con índices de impunidad por encima del 90 por ciento,

 

da. Un tema relacionado con la lucha por el derecho al trabajo es el modelo de contratación que han impuesto los patrones con ayuda del Estado, ¿puede decirnos algo sobre este partículas?
EMV. En términos clásicos, valga decir, los trabajadores regulamos nuestro ejercicio laboral mediante una figura denominada contrato laboral, con el cual, bien que mal, existen unas garantías de carácter legal, y en ocasiones de carácter convencional –cuando se accede al derecho de negociación colectiva. Pero esa figura está desapareciendo, y de ello da cuenta la tercerización laboral, con la cual la contratación laboral queda reducida a una relación netamente comercial en la que usted, por una orden de prestación de servicios, o por un contrato completamente informal sin ningún tipo de garantía laboral, vende su fuerza de trabajo en condiciones, algunas veces infrahumanas, como las del teletrabajo, o las de los trabajadores del sector textil o agrario en varias partes de nuestro país, a los que ni siquiera les reconocen el salario mínimo.

 

Más derechos en peligro

 

da: En un documento la Anif (Asociación Nacional de Instituciones Financieras) le propone a los candidatos presidenciales desregularizar aun más el mundo del trabajo, inclusive rebajar el salario por debajo del mínimo como “únicas medidas” para mantener el desarrollo económico en el país, así como reducir los tributos al empresariado, ¿qué opinión tiene sobre esto?
EMV: El gobierno nacional ha descargado desde siempre, y en gran medida, el costo fiscal del país en los trabajadores. Asimismo, los patrones, con la ayuda del Estado, siempre han pretendido reducir hasta el mínimo posible lo que devengamos quienes vendemos nuestra fuerza de trabajo. No aceptan que realmente somos nosotros el mayor motor de la economía, no solamente por nuestra capacidad productiva sino por nuestra capacidad de acceder al mercado para adquirir bienes de consumo, es decir que con nuestros salarios movemos la economía del país.

 

Para sus propuestas y medidas se valen de supuestas recomendaciones –que más bien son mandatos– de organizaciones internacionales. En este caso lo están haciendo a partir de lo dicho el año pasado por la calificadora de riesgos financieros Standard & Poor’s, que expresó sobre nuestro país, palabras más, palabras menos: “definitivamente su puntaje no es el ideal para que se haga inversión, le sugiero que realice nuevamente una reforma tributaria, y que realice una reforma de carácter pensional”.

 

da. ¿Qué dijo el gobierno sobre este particular?
EMV. El Ministro de Hacienda y Santos fueron a Estados Unidos a reunirse con esa calificadora, de lo cual sale un documento de 600 páginas, en el cual, de nuevo, nos transfieren a los trabajadores la responsabilidad de cubrir lo que está haciendo falta en los ingresos nacionales, para lo cual recomiendan realizar una nueva reforma tributaria, y otra a las pensiones, con la que pretenden aumentar la cotización y disminuir el monto de la pensión, para que pase del 75 al 65 por ciento (sobre el promedio de los últimos 10 años cotizados); así como igualar y aumentar el tiempo de pensión para hombres y mujeres, argumentando que tenemos un promedio de vida que nos permite trabajar hasta los 68 años de edad, Como si fuera poco, y de acuerdo a las exigencias de los fondos de pensiones, el gobierno pretende eliminar Colpensiones, y pasar a fortalecer los fondos privados.

 

da. La ofensiva es total: ilegalizan huelgas, niegan el derecho a sindicalizarse, reducen salarios, criminalizan la protesta sindical y social..
EMV. Así es, con lo cual demuestran que existe una alianza del capital y el Estado para defender sus intereses macroeconómicos, para que los trabajadores paguen por sus derechos con acciones como el despido. Entonces, el llamado que hacemos desde la CUT es a que, hoy más que nunca, los derechos de libertad sindical y la defensa de los derechos humanos deben ser reivindicados en este país.

 

Sino proceden así están proscribiendo cualquier posibilidad real de pacificación. Vamos a trabajar por una paz con cambios y transformaciones reales, con tres pilares fundamentales: los derechos de libertad sindical, de asociación, negociación y huelga.

Publicado enEdición Nº244
Ernesto Cardenal es autor de "Epigrama" y "Oración por Marilyn Monroe",

 

La justicia de Nicaragua exige que el multipremiado poeta pague 800.000 dólares por una confusa causa de 2006 y la asociación mundial de escritores pide que "cesen los hostigamientos"

 

 La justicia de Nicaragua reanudó una demanda contra el poeta y sacerdote Ernesto Cardenal por una supuesta multa de 800.000 dólares en concepto de “daños y perjuicios” por una disputa relacionada con la propiedad de unos terrenos del archipiélago de Solentiname, precisamente donde Cardenal escribió “El Evangelio en Solentiname” en 1975. El poeta ya denunció que este conflicto judicial es “una persecución política en su contra” y la asociación mundial de escritores, PEN Internacional, exhortó a las autoridades nicaragüenses a “cesar el hostigamiento”.

La causa contra el multipremiado poeta, autor de "Epigrama" y "Oración por Marilyn Monroe", se inició en 2005 por una demanda de Nubia del Socorro Arcia Mayorga, ex administradora del Hotel Mancarrón. Esta propiedad había sido una escuela construida por fondos de la cooperación alemana después de la dictadura de Anastasio Somoza, pero mucho antes del triunfo de la Revolución Sandinista había sido adquirida por Cardenal para fundar una comunidad de campesinos a quienes, además de enseñarles a leer y escribir, les enseñó pintura y artesanía.

En la década de los noventa, tras la derrota electoral del sandinismo, la Asociación para el Desarrollo de Solentiname decidió convertir las instalaciones de la escuela en un hotel, administrado por Alejandro Guevara, un campesino formado por Cardenal. Guevara murió y la asociación decidió nombrar a Arcia Mayorga, su viuda, como administradora. La mujer reclamó el hotel como herencia y en 2002 decidió demandar al poeta.

En 2008, la acusación llegó al climax y el poeta denunció en una carta pública que Ortega y su esposa, Rosario Murillo, estaban usando la querella legal para perseguirlo políticamente porque él había cortado todo vínculo con el Frente Sandinista de Liberación Nacional.

Cardenal se enteró el viernes pasado en La Gaceta, el diario oficial, que se le exige pagar una suma de 800 mil dólares, en concepto de indemnización por daños y perjuicios por supuesto incumplimiento de contrato a Arcia Mayorga. “La persecución política es incesable, las calumnias y falsas reclamaciones económicas, por una justicia subjetiva a los intereses políticos del actual gobierno Ortega/Murillo”, escribió a las pocas horas el poeta en su cuenta de Facebook. Y agregó: “Si yo guardo silencio ante semejantes ataques políticos, ¿quién será el siguiente?”.

En un comunicado, el PEN, presidido por la novelista Gioconda Belli, expresó su más “rotunda solidaridad” con el “ícono” de América Latina.“Creemos que sus posiciones valientes, directas y críticas a la situación de Nicaragua bajo el gobierno, desde 2007, de Daniel Ortega, son las que le han causado perjuicios y persecución", sostuvo la organización.

También el escritor Sergio Ramírez, premio Internacional Carlos Fuentes y Premio Alfaguara de Novela, deploró el fallo “por un proceso que le iniciaron hace tiempo”. “El poder quiere humillarlo y dejarlo en la calle. Su casa es el único bien que posee en esta tierra y cuando lo subasten, no servirá que sepan que por esa puerta pasaron Gunter Grass, Graham Greene, García Márquez o Julio Cortázar”, expresó Ramírez.

 

 

Publicado enInternacional
Sábado, 16 Julio 2016 06:29

Filmar un crimen no es un delito

Filmar un crimen no es un delito

Manifestaciones contra la violencia policial han sacudido Estados Unidos tras el reciente asesinato por parte de la policía de dos hombres afroestadounidenses: Alton Sterling en Louisiana y Philando Castile en Minnesota. Las imágenes en video de sus asesinatos, registradas por ocasionales testigos y publicadas en Internet, provocaron el espanto de millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, quienes filman la violencia policial afrontan cada vez más persecución, acoso, detención e, incluso, la cárcel.

 

El 5 de julio de 2016, Alton Sterling estaba vendiendo CDs frente a la tienda de un amigo en Baton Rouge, Louisiana, cuando la policía lo embistió y lo mató de un disparo. El propietario de la tienda, Abdullah Muflahi, filmó lo ocurrido con su teléfono celular y contó lo que vio ese día en el programa Democracy Now!:


“Él no sabía lo que estaba sucediendo. [Alton] se veía confundido. Les decía todo el tiempo: ‘¿Qué hice? ¿Qué está sucediendo? No hice nada malo’.

 

Cuando salí de la tienda ya lo estaban golpeando encima de un automóvil y le estaban disparando con una pistola Taser. En ese momento, otro oficial corre y lo tira al suelo. Y a continuación ambos policías comienzan a golpearlo en el suelo”.


Alton Sterling estaba tirado de espaldas sobre la acera mientras dos oficiales de policía de Baton Rouge, ambos blancos y corpulentos, lo sujetaban contra el suelo. En cuestión de segundos, los oficiales le dispararon a Alton Sterling a quemarropa y lo mataron.


Abdullah Muflahi añadió: “Después de que le dispararon, no estoy seguro de lo que dijo uno de los policías que estaba allí, pero el otro oficial, el que estaba cerca de mí, le respondió: ‘Que se joda. Déjalo ahí tirado’, en referencia a Sterling. En ese momento me metieron en el asiento trasero del patrullero”.


Abdullah Muflahi estuvo detenido durante seis horas, confiscaron su teléfono y, sin una orden judicial, la policía confiscó la cámara de seguridad de la tienda, además del equipo de grabación. Muflahi entabló una demanda contra la policía.


Una pareja que se encontraba en un automóvil a metros de donde estaba Sterling también grabó lo sucedido. El video llegó a manos de Chris LeDay, un oficial retirado de la Fuerza Aérea de Baton Rouge que ahora vive en Atlanta, que inmediatamente lo publicó en Internet. LeDay es un músico que tiene muchos seguidores en las redes sociales. “Cuando obtuve el video, lo primero que quería hacer era difundirlo porque fue un caso de asesinato a sangre fría. Quería publicar el video para que todo el mundo pudiera verlo, para que los policías dejen de cometer estas atrocidades impunemente”.


El video se volvió viral y, poco después, Chris LeDay fue detenido por la policía. LeDay trabaja en un centro de la Reserva de la Fuera Aérea de Estados Unidos en Dunwoody, Georgia. Lo detuvieron cuando estaba ingresando a la base. Cuando preguntó por qué lo estaban arrestando le dijeron que:

 

“encajaba con el perfil”. Cuando preguntó con qué perfil, no le respondieron. Este ex oficial afroestadounidense de la Fuerza Aérea que mide 1.90 metros y pesa 120 kilos se asustó. Dijo en Democracy Now!:


“Al cabo de media hora vi que venían más oficiales. Cada vez había más oficiales, así que decidí actuar y publicarlo en Facebook. Etiqueté a mi madre y a mi padre para que supieran lo que estaba ocurriendo. Escribí: ‘En este momento estoy rodeado de oficiales de la policía metropolitana y militar. No sé qué está sucediendo, pero quiero que sepan que si sucede algo no me resistiré’”.


Chris LeDay fue esposado, encadenado, lo obligaron a ponerse un overol naranja y lo detuvieron durante 26 horas. ¿La acusación? No haber pagado multas de tránsito.


Esta semana se cumplen dos años del asesinato por parte de la policía de Eric Garner en Staten Island, Nueva York. El 17 de julio de 2014, después de que un oficial de policía le aplicara una llave de estrangulamiento y otros oficiales se pusieran encima de él, Eric Garner logró decir: “No puedo respirar” once veces antes de morir. Sabemos esto únicamente porque un testigo, Ramsey Orta, filmó la agresión con su teléfono celular. El video tuvo amplia difusión. Ninguno de los oficiales del Departamento de Policía de Nueva York fue acusado del asesinato de Eric Garner.


Ramsey Orta nos dijo que la policía lo persiguió y acosó inmediatamente después de que se publicara el video. Una de las veces que lo detuvieron, Orta declaró que le dijeron: “Nos filmaste, ahora te estamos filmando”. Ramsey Orta acaba de llegar a un acuerdo mediante el cual cumplirá una pena de prisión de cuatro años por otras acusaciones no relacionadas con el caso, por lo que es la única persona presente en el momento de la muerte de Garner que irá a prisión.


Filmar un crimen no es un delito, es un servicio a la comunidad. La policía debe dejar de acosar a los ciudadanos que facilitan pruebas de video de la brutalidad policial.


Traducción al español del texto en inglés: Mercedes Camps. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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La violencia racial en EU congela la lucha presidencial

La violencia racial –más bien la oficial contra las minorías y sus consecuencias– se impuso sobre la agenda política nacional la semana pasada. Algunos funcionarios advirtieron que el país está en un "barril de pólvora", pero en esta coyuntura crítica los ausentes más notables fueron los dos virtuales candidatos a la presidencia.

No es que se hayan esfumado, sino que no figuraron en Wa-shington y en los medios. Menos en las calles. Su participación no incidió en el debate nacional, ante la muerte de dos afroestadunidenses a manos de policías, los decesos de cinco policías en Dallas por un veterano de guerra negro y las movilizaciones de miles –junto con el arresto de más de 300– en todo el país, en una protesta furiosa, pero generalmente pacífica, contra la violencia policiaca y su impunidad la semana pasada.

Algunos observadores se preocupan por que las bases de Donald Trump, junto con las de gran parte del Partido Republicano, que han nutrido un clima racista y xenófobo cada vez más alarmante, podrían detonar más violencia contra las comunidades minoritarias y migrantes del país.

"No hay mayor pesadilla para un gran número de blancos encabronados y asustados que armas en manos de minorías disparando contra blancos", comentó un líder latino a La Jornada. Advirtió que ello podría generar más violencia contra afroestadunidenses y latinos.

Posible respuesta a lo ocurrido en Dallas

 

Crece la inquietud de que podría haber actos de venganza de grupos ultraderechistas en respuesta a lo ocurrido en Dallas, tema alimentado por varias figuras, como el ex alcalde de Nueva York Rudolph Giuliani y la ex candidata a vicepresidenta Sarah Palin, quienes culpan al movimiento Black Lives Matter (Las Vidas Negras Importan) del fallecimiento de los policías blancos.

El presidente Barack Obama, quien regresó un día antes de lo programado de su gira por Europa para atender la crisis, está convocando a un foro entre líderes comunitarios, activistas y jefes de la policía en la Casa Blanca, pero antes viajará a Dallas para honrar a los agentes que perdieron la vida la semana pasada.

En sus declaraciones de la semana anterior, Obama insistió en que no se puede permitir que algunos individuos, policías o el hombre que decidió disparar contra agentes, definan "quiénes somos", e instó a la calma.

Defendió los derechos de protesta y libre expresión, y subrayó: "Alguien que está preocupado por el fracaso del sistema de justicia criminal y ataca a la policía está haciendo daño a la causa".

Mientras tanto, los virtuales candidatos presidenciales, el republicano Donald Trump y la demócrata Hillary Clinton, han intentado navegar las aguas agitadas por los incidentes de la semana anterior, pero siguen caracterizados por algo inusitado en tiempos recientes: ambos son desaprobados y considerados "no confiables", hasta deshonestos, por aproximadamente dos tercios de la población. Ninguno goza de "autoridad moral".

Hillary Clinton intentó hacer eco de las declaraciones del presidente Obama, al buscar una respuesta equilibrada afirmando que sí, que las "vidas negras valen". De igual forma, pidió calma y respeto a la policía por su peligrosa labor.

El nivel de desconfianza hacia Clinton lo revela una encuesta del Washington Post difundida ayer. La mayoría de los estadunidenses (56 por ciento) consideran errónea la decisión del director de la FBI, James Comey, la semana pasada, de no presentar cargos criminales contra ella por su manejo "extremamente descuidado" de su sistema de correo electrónico personal cuando era secretaria de Estado.

Trump buscó volverse una figura más presidencial y responsable al decir que los actos de la policía contra dos afroestadunidenses la semana pasada "carecían de sentido", y reiteró que se necesita "restablecer la ley y el orden" en esta nación. Hoy aseveró: "No únicamente soy el candidato de la ley y el orden, sino el de la compasión".

Muchos se preocupan –la ciudad de Cleveland está preparando a sus fuerzas de "ley y orden" para ello– porque durante la Convención Nacional Republicana, que se realizará la semana próxima, podrían surgir más actos violentos, sobre todo entre manifestantes que se oponen al multimillonario y su partido, y una amplia gama de agrupaciones racistas y ultraderechistas que prometen llegar a "defender a los fieles de Trump".

No tranquiliza que las autoridades estén prohibiendo en la zona de seguridad de la sede de la convención, en Cleveland, todo tipo de objetos, como pelotas de tenis, botellas de vidrio y pistolas y rifles de agua, pero no armas de fuego. Es Ohio. En ese estado, la ley "otorga el derecho" de portar armamento.

Agrupaciones que pugnan por los derechos civiles y otros temen que, a partir de los sucesos en Dallas, las autoridades inicien una ola de represión contra activistas y justifiquen una mayor vigilancia y espionaje contra los civiles. De hecho, el pasado fin de semana reaparecieron tanquetas en calles de algunas ciudades y el uso de gas lacrimógeno y pimienta. Asimismo, arrestos sin justificación.

Charles Ramsey, ex jefe de la policía de Washington y de Filadelfia, expresó ayer en un programa de NBC News que "estamos sentados sobre un barril de pólvora, en un punto muy crítico en la historia del país".

Ramsey, designado por Obama para encabezar una fuerza de tarea en 2014, advirtió que teme que habrá "algún incidente" en las convenciones nacionales de los dos partidos.

Trump manifestó: "Tenemos que ser solidarios con las fuerzas de seguridad pública, las cuales, tenemos que recordar, son la fuerza entre la civilización y el caos".

Pero para muchos, sobre todo en comunidades minoritarias, esas fuerzas son las que están generando el caos.

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Conflicto racial en Estados Unidos: la imagen que recorre el mundo

La imagen de las protestas raciales en EEUU que está dando la vuelta al mundo.

 

De pie, sola en mitad de una gran avenida y protegiendo sus cosas con las manos. Una joven negra aguardó tranquilamente a que dos policías uniformados acudieran a detenerla durante las protestas que este domingo han tenido lugar en Baton Rouge (Lousiana, EEUU).


Su imagen, captada por el fotógrafo de Reuters Jonathan Bachman, se ha convertido en apenas unas horas en una de las fotografías más destacadas del conflicto racial que estos días vive EEUU tras el asesinato, la pasada semana, de dos jóvenes negros a manos de policías blancos, y el de cinco policías por parte de un francotirador negro en Dallas.


En declaraciones a The Atlantic, Bachman explicó que antes de tomar la fotografía la Policía ya había detenido a tres o cuatro de los manifestantes que anoche protestaron en esta localidad de Louisiana.


“Entonces me fijé en la gente que estaba haciendo frente a la Policía a un lado de la carretera”, relata. “Me giré hacia la derecha y creo que escuché a esa mujer decir algo sobre que iba a ser detenida. Y la vi ahí de pie en mitad de la carretera“, afirma el fotógrafo.


“Todo ocurrió muy rápido, pero puedo asegurar que ella no se iba a mover”, prosigue Bachman, quien pensó que la mujer estaba diciendo “vais a tener que venir y cogerme”. “Pensé que era un buen lugar para captar la imagen, porque ella estaba ahí con su vestido y venían dos policías a por ella. No fue muy violento: ella no dijo nada, no se resistió y los policías no la arrastraron”, añade.


Bachman cree que la imagen de esta joven, cuya identidad se desconoce, es “representativa de las manifestaciones pacíficas que han tenido lugar” en el país estos días. “Entiendo que los policías han sido atacados en otros lugares, pero aquí las cosas han sido pacíficas”, afirma.


Sin embargo, ayer domingo la Policía detuvo a casi un centenar de personas en Baton Rouge, entre ellas a varios activistas, como podemos ver en este vídeo:

Baton Rouge riot police


(Con información de The Huffintong Post y The Guardian)

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