Ganadores en las megaelecciones: Jadue, Hassler, Rapaminti y Grondón.

Las claves que dejó la elección de constituyentes, alcaldes, concejales y gobernadores

Candidatos de izquierda ganaron alcaldías de comunas clave como Santiago Centro y Maipú. El Partido Comunista y el Frente Amplio salieron victoriosos en estas megaelecciones.

 

Un nuevo capítulo se escribió este fin de semana en el proceso de cambio de la Constitución de 1980 que rige a Chiley que fue perpetrada durante la dictadura de Pinochet. Fue la elección de los integrantes de la Convención Constitucional, conocida como “la madre de todas las batallas” en unas megaelecciones que incluyeron, además, gobernadores, alcaldes y concejales. Los resultados, que comenzaron a darse a conocer  tres horas después del cierre de las mesas de votación, a las 18:00 -19 de Argentina- no sólo demuestran el éxito de los comicios —a pesar de la pandemia, del tamaño de las papeletas que incluían hasta 100 nombres y problemas de locomoción— sino también una transformación del mapa político que demuestra que el estallido social de octubre de 2019, donde el motor fue la exigencia de un cambio del modelo neoliberal y la desconfianza a la clase política, se sigue manteniendo.  Justamente, un movimiento social amplio, sin partidos políticos ni liderazgos definidos, que provocó este proceso gracias al plebiscito un año después donde un 78% de los chilenos aprobaron cambiar la Carta Magna. Dos datos de vital importancia: con un total de 6.108.676 votantes (41% del total de habilitados que suma 14.900.189), la participación fue más baja que la del plebiscito con 7.569.082 (50,95%). Y segundo, la Constitución deberá votarse en un plebiscito de salida en el primer semestre de 2022.

La irrupción de los independientes

Giovanna Grandón era una conductora de micros escolares que comenzó a disfrazarse del personaje de Pikachu de Pokémon y sus frenéticos bailes —y caídas— durante las protestas de 2019 y 2020 se hicieron virales. El apoyo ciudadano era tal, que decidió postularse a constituyente, consiguiendo las firmas necesarias para hacerlo. Las pocas veces que estuvo en TV apenas le daban tiempo para responder y los analistas destacaban jocosamente su supuesta poca preparación técnica. Hoy aparece en la tapa de El Mercurio electa como constituyente con su 5,75% en su distito, junto al mediático abogado Daniel Stingo (24,85%, uno de los más votados del país) y el experimentado Benito Baranda (12,65%), vocero por años del Hogar de Cristo (la gran institución de solidaridad en Chile), actual América Solidaria. Todos ellos independientes. Y esa ha sido la tónica de la clase política y sus medios asociados: la sorpresa y el reconocimiento a regañadientes de las fuerzas sociales que lograron un apoyo del 31% (48 electos) que suman a las listas de domicilio político de izquierda: Apruebo Dignidad (28, 18,1%) y Lista del Apruebo (25, 16,1%). A esto hay que incluir a los pueblos originarios que tenían 17 cupos (11,0%).

La gran derrota de la derecha

La derecha se quedó sin el tercio soñado y esperado con apenas 37% de electos (23,9%). Algo que era importante considerando que los dos tercios es el requisito acordado por la misma clase política en noviembre de 2019, en pleno estallido social para conseguir los acuerdos en la redacción de la nueva Constitución. Ministros como el cuestionado Gonzalo Blumel, titular del interior durante el estallido que dejó una veintena muertos y 400 personas con daño ocular, no lograron convertirse en constituyentes. Pero esto también se tradujo en las derrotas en las elecciones de Gobernadores con Catalina Parot por la Región Metropolitana —habrá segunda vuelta entre Claudio Orrego (DC) y Karina Oliva (Frente Amplio)— pero también las alcaldías de comunas clave como Santiago Centro donde la comunista Irací Hassler logró vencer al derechista Felipe Alessandri (Renovación Nacional) que se repostulaba. Lo mismo sucedió en la populosa comuna de Maipú donde la oficialista Cathy Barriga (Unión Democrática Independiente) perdió la reelección frente a Tomás Vodanovic del Frente Amplio/Revolución Democrática. Una de las pocas triunfadoras del conglomerado —y que marca una de las excepciones de la opción independiente, en su gran mayoría de izquierda— fue la exministra de Educación de Sebastián Piñera Marcela Cubillos (22,17%) que, de todas formas representa al oficialismo. O la filósofa Teresa Marinovic (9,47%) que es tan ultraderechista que encuentra “blando” al gobierno, se opone al aborto y tiene un discurso exagerado y populista muy cercana a la de Milei.

Partido Comunista y Frente Amplio “descentralizan” la izquierda

Que comunista Daniel Jadue y candidato presidencial sea reelecto como alcalde de Recoleta con el 63% de los votos y que la nueva alcaldesa de Viña del Mar sea Macarena Ripaminti —sacando a la derecha que tuvo el control de la ciudad por 17 años con Virginia Reginato quien decidió no postularse— es sólo la punta de un iceberg político donde las fuerzas de la izquierda se alejan del centro representado por el PS, PPD y DC sobre todo. Algunos analistas lo interpretan como un “castigo” de la ciudadanía, aunque lo más posible es que sea el entusiasmo que generan propuestas frescas y con soluciones directas como las de Jadue que instaló ópticas, farmacias, librerías y hasta inmobiliarias populares. Idea que fue replicada por otras alcaldías, incluso de derecha. También fue el fracaso de figuras disruptivas como Pablo Maltés, pareja de Pamela Jiles, diputada humanista y candidata presidencial que marcó el fin de semana por tratar de “conchadesumadre, asesino igual que Pinochet” al presidente Piñera además de pedir en TV —en plenos comicios, lo que es ilegal en Chile— que votaran por Maltés quien postulaba a gobernador. Uno de los pocos ganadores de derecha es Joaquín Lavín, candidato presidencial, reelecto como alcalde de la UDI por Las Condes, una de las comunas más ricas del país.

La novedad de paridad

Que los pueblos originarios tengan un espacio en la Convención Constitucional era una exigencia que ya estaba presente en procesos políticos de otros países como Canadá o Noruega. Pero que sea un proceso paritario era algo inédito en el mundo. Algo que hace estas “megalecciones” una suma de hitos que también incluyen la primera elección de gobernadores ciudadanas, ya que antes el cargo estaba en manos de los Intendentes designados por el presidente, algo que potencia el proceso de regionalización. Así se generan situaciones curiosas donde alguien con mayor cantidad de votos tenía que cederle el cupo a un compañero de lista que obtuvo un segundo lugar. Un ejemplo destacado es Natalia Arevena, independiente en el cupo de Convergencia Social que aunque fue la mayoría con 13.636 votos de su lista, debió ser reemplazada por el ex ministro de desarrollo social, Marcos Barraza (PC) con 11.073. preferencias. O, al revés, Jaime Coloma Alamos (UDI) a pesar de haber obtenido 18.923 votos su distrito, debió cederle el puesto a Claudia Castro, compañera de lista que apenas obtuvo 3.834.

Revés para Piñera

El presidente de Chile Sebastián Piñera se notaba decepcionado. Y un poco enojado. En la noche del domingo dio un punto de prensa en La Moneda donde, cuidando el discurso, felicitó a la población por un proceso que, paradojalmente lo salvó de su posible destitución vía el acuerdo de noviembre de 2019 para votar una nueva Constitución. Con referencias a “Dios” (es un reconocido católico) y autocríticas: “Estamos siendo interpelados por nuevas expresiones y por nuevos liderazgos” y “No estamos sintonizando con las demandas y anhelos de la ciudadanía”. Esto, por supuesto, significa que habrá costos en La Moneda. Ya se habla de cambio de gabinete y de la “soledad” de un mandatario cuyo único éxito incuestionable hasta el momento ha sido el proceso de vacunación. Y haber respetado un proceso que, contra todo lo esperado, incluso por los expertos, ha acercado las demandas ciudadanas a la política como sólo había sucedido en 1970 cuando el mundo, por supuesto, era otro

Por Juan Carlos Ramírez Figueroa

17 de mayo de 2021

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Presidente de Chile envía un proyecto de ley que busca aplazar las elecciones de abril

La propuesta tiene como objetivo "cuidar la salud" de los ciudadanos chilenos en medio de la pandemia.

 

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció este domingo "el envío de un proyecto de ley que busca aplazar las elecciones de este 10 y 11 de abril", con la intención de "salvaguardar la seguridad de las chilenas y chilenos producto de la pandemia", publicó la cuenta oficial del Gobierno chileno en Twitter. Las nuevas fechas para los comicios propuestas por el Gobierno son el 15 y el 16 de mayo de 2021

"Enviaremos un proyecto de ley de reforma constitucional para postergar por cinco semanas las elecciones de constituyentes, alcaldes, concejales y gobernadores", afirmó el mandatario; Piñera aseguró que "ha sido una decisión muy difícil" que se tomó para "proteger la salud y la vida de todos los compatriotas".

Además, anunció que la segunda vuelta de las elecciones de gobernadores, prevista para el 9 de mayo, se aplazará hasta el 4 de julio, junto con las elecciones primarias presidenciales. El mandatario chileno instó al Congreso Nacional a "analizar, plantear mejorías y aprobar con urgencia esta necesaria reforma constitucional".

Piñera señaló que después de la propagación de nuevas variantes del coronavirus, en el país ha aumentado el número de contagios, por lo que "el consejo de expertos del covid-19, el Ministerio de Salud, el Colegio Médico y la comunidad médica en general han planteado con fuerza y claridad la necesidad de postergar las elecciones".

Publicado: 29 mar 2021 00:40 GMT

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Chile votó por enterrar la Constitución de Pinochet

La opción "Apruebo" arrasó en el histórico plebiscito

La ciudadanía chilena decidió poner fin a la Carta Magna de 1980, elaborada por la dictadura. El estallido social del año pasado fue decisivo para este proceso constitucional.  

 

Aunque todos los sondeos vaticinaron el triunfo de la opción “Apruebo”, ninguno previó una cifra tan espectacular: 78,20 por ciento frente al 21,80, con el 86 por ciento de las mesas computadas, con lo que se abre el tan ansiado proceso de cambiar la Constitución de 1980 elaborada por la dictadura de Pinochet y que aún rige a Chile, con modificaciones que apuntan más a quitar lo “militar” pero manteniendo un modelo económico que beneficia a las empresas en contra de la ciudadanía. También arrasó la opción Convención Constitucional (79,10 por ciento) frente a la Mixta (20,90), la que obligará a conformar un equipo para redactarla, de 155 miembros elegidos por voto popular y con paridad de género frente la segunda opción que buscaba incluir un 50 por ciento de parlamentarios en ejercicio.

Desde las 20:00 de este domingo sectores como Plaza Baquedano/Italia —rebautizada como “Plaza de la Dignidad”— comenzaron a llenarse de personas, incluidas familias donde destacaban cánticos como “El pueblo unido jamás será vencido” y la bandera mapuche, símbolo del movimiento social que generó todo este movimiento, mientras las Fuerzas Especiales se mantuvieron a distancia en una celebración totalmente pacífica.

Quizá por primera vez desde la pandemia, se podía percibir cierta alegría en las personas. El sol primaveral, la sensación de estar haciendo historia en las nuevas generaciones y cierto recuerdo del plebiscito de 1988 donde el “No” derrotó a Pinochet generó un ambiente sin mayores perturbaciones. En los colegios de Santiago Centro donde se votaba, se veía mucho joven y adulto mayor y hasta los policías y militares que controlaban estos locales de votación saludaban a las personas, en una postal francamente sorprendente.

Piñera: “Ha triunfado la democracia"

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, acompañado de sus ministros dio un discurso por TV a las 21:20 (misma hora que en Argentina). “Hoy los chilenos y chilenas han expresado libremente su voluntad a través de las urnas, eligiendo una Convención Constituyente, que por primera vez tendrá plena igualdad entre hombres y mujeres, para acordar una Nueva Constitución para Chile”.

Mientras miles de personas llegaban a la zona de Plaza Baquedano/Italia/Dignidad y en el centro de Santiago se escuchaban aplausos, bocinazos y gritos, tal como si fuera la final de un mundial, Piñera continuó: “Hoy la voz de todos los ciudadanos se ha escuchado con la misma fuerza y cada voto ha tenido el mismo valor. Ha prevalecido la unidad sobre la división y la paz sobre la violencia. Es un triunfo de todos los chilenos (…) El comienzo de un camino, que juntos, todos, deberemos recorrer. Hasta ahora la Constitución nos ha dividido. A partir de hoy, todos debemos colaborar para que la Nueva Constitución sea el gran marco de unidad y se constituya en la casa de todos”.

Y finalizó: “Hoy es tiempo de sanar las heridas del pasado, unir voluntades y levantar con generosidad la vista hacia el futuro. Agradezco a todos los que contribuyeron a un plebiscito constitucional que nos enorgullece y a los millones de ciudadanos, en Chile y en el extranjero, que cumplieron con su deber cívico (…) Como siempre lo hemos hecho, una vez más nos pondremos de pie. Todos sabemos que para avanzar juntos no debemos dejar a nadie atrás”.

Parecía el final, pero es solo el principio

Este plebiscito, acordado el 15 de noviembre en una maratónica sesión en el Congreso tras semanas de paros, movilizaciones y cabildos auto convocados, se conoce como “de entrada”. Lo que viene son las elecciones de los ciudadanos que integrarán la Convención Constituyente el 11 de abril de 2021. Luego vendrá la redacción de la Constitución con un plazo de nueve meses, renovable por tres más. Finalmente habrá un plebiscito ratificatorio “de salida” durante 2022. 

El profesor del Instituto de Historia de la Universidad Católica e investigador COES (Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social), Manuel Gárate tiene muy claro lo que se viene: “Los mayores problemas y desafíos, a mi parecer, están en el exceso de expectativas sobre los cambios a venir. Nos espera un largo proceso deliberativo no exento de conflictos y tensiones. La cláusula de aprobación de dos tercios (por cada artículo de la Constitución) obligará a [email protected] constituyentes a llegar a acuerdos y a negociar largamente”.

El historiador cree que habrá un periodo importante donde la convención deberá ponerse de acuerdo sobre sus reglas de funcionamiento, y que suele ser un momento tenso, largo, pero necesario. “Entonces es importante que las autoridades democráticas, los partidos, y otras organizaciones de la sociedad civil hagan una amplia pedagogía para explicar qué se puede esperar y qué no de un proceso constituyente. La movilización y la protesta social seguramente continuarán, aunque quizás con menos fuerza que en 2019. El Poder Ejecutivo tiene una responsabilidad importante en proteger el proceso y evitar los excesos de cualquiera de los extremos y no aprovechar la situación para imponer una agenda propia o un pre-proyecto constitucional. También deberá encuadrar y regular muy bien la acción de la policía y evitar los abusos que vimos durante los últimos meses”.

El cientista político e investigador de la Universidad Diego Portales, Claudio Fuentes advierte que hay que tomar en cuenta el multipartidismo del sistema político chileno. “No hay mayoría absoluta de una sola tendencia. El gran desafío va a ser establecer mínimos constitucionales básicos para llegar a un acuerdo que, según la norma requiere dos tercios. Por lo tanto, necesitas acuerdos de distintas fuerzas políticas para un mínimo constitucional.

El segundo desafío para Fuentes es que, independiente del proceso, “hay una demanda ciudadana por participar, por ser protagonistas de esta transformación”. “Hay que ver como las élites, que estarán en la Convención Constituyente serán capaces de abrirse para incluir distintos actores y agentes sociales, mecanismos de participación no vinculantes, cabildos, etcétera. Esto requiere una convención abierta, si no será percibida como un acuerdo cupular”.

La calle fue decisiva

Hace exactamente un año, más de un millón de personas repletó las calles de Santiago pero también el resto de Chile popularizando frases como “Con todo ¿sino pa'qué?” o “No fueron 30 pesos, fueron 30 años”. Está última en relación al alza del precio del metro que generó una serie de manifestaciones lideradas por escolares que comenzaron a evadir el boleto del metro (subte) capitalino en lo que sería el comienzo del “Estallido Social” del 18 de octubre.

Esto generó una desproporcionada represión policial contra los chicos, pero también el apoyo de los adultos que terminó con bombas lacrimógenas, estaciones incendiadas y la declaración de Estado de Emergencia, dejando 31 muertos, 500 chicos mutilados en los ojos (la policía disparaba balines a la cara) junto a más de 5.558 personas denunciando violación de derechos humanos

 “La calle fue decisiva. Sin eso no hubiera pasado nada”, explica el profesor de derecho de la U. de Chile y presidente del movimiento Fuerzo Común, Fernando Atria. El proceso constituyente fue abierto por la movilización popular, eso está clarísimo. La clase política lo acepta a regañadientes, atribuyéndose un rol más importante del que tienen en realidad”.

“Los sectores políticos no están muy conscientes del rol que cumple la protesta y el movimiento social en el proceso” agrega Fuentes. “La Convención Constituyente busca abrirse a mecanismos de participación más inclusivos: paridad, escaños reservados para pueblos indígenas, participación de independientes. Pero ha costado mucho, porque es una idea que va a contrapelo de las elites, que no quieren ceder poder. Es una historia conocida en América Latina. Esta tensión requiere ser resuelta”.

Gárate recuerda que ya desde 2006 con la llamada “revolución pingüina” —término que alude popularmente al uniforme de colegios públicos— y el movimiento estudiantil de 2011, la protesta y el malestar se intensificaron fuertemente. “La protesta y el malestar siguieron por años con reventones sociales esporádicos en todo el país, pero la olla seguía juntando presión. El sistema político, en general, no fue capaz de resolver esas demandas o bien fueron bloqueadas o dilatadas por la oposición como le ocurrió al segundo gobierno de Michelle Bachelet. Entonces, la protesta social, sobre todo desde el año pasado, obligó a la clase política a mirar de frente los problemas de Chile y terminar con el discurso complaciente de los últimos 20 años, que nos hablaba de los éxitos y el desarrollo del país, mientras se acumulaba un enorme malestar y frustración por el costo de la vida y el endeudamiento endémico que promueve y alienta nuestro modelo de desarrollo”.

Y agrega: “La clase política ha sido reactiva; logró un acuerdo importante el 15 de noviembre pasado, pero "in extremis". Creo que aún no dimensiona la magnitud del malestar social y tratan de sacar ventaja en una óptica de corto plazo. Es fundamental para evitar la reversión autoritaria que la llamada clase política se abra a una participación diversa de las y los chilenos que no son militantes de partido, y comprender que el Chile de hoy es mucho más complejo que hace 30 años y exige más participación y una renovación de sus representantes. Sin la movilización ciudadana probablemente no habría pasado nada de lo que estamos viendo en estos días. Nada nos asegura un éxito en el futuro proceso, pero se abrió un camino para superar la crisis social y política desatada el 18 de octubre pasado”.

Una Constitución al servicio del pinochetismo

La Constitución de 1980 mantiene una serie de bloqueos institucionales y políticos a cuestiones que la sociedad viene pidiendo hace años, explica Gárate. Una auténtica máquina legal al servicio de la elite pinochetista que incluye quórums supra mayoritarios en el Congreso que, incluso siendo aprobado cuenta con el Tribunal Constitucional que puede bloquear cualquier intento de cambio de temas como pensión, salud, educación, vivienda o el cuidado de la niñez. “Pero seguramente la necesidad del cambio constitucional tiene también un componente simbólico-político en el sentido de ponernos de acuerdo nuevamente sobre cómo diseñaremos el pacto social para los próximos 50 años y con la posibilidad histórica de hacerlo con paridad de género. Una constitución democrática probablemente no soluciona ningún problema en particular ni rápidamente (salvo el no menos importante de su legitimidad de origen), pero abre un camino más participativo para discutir, deliberar y hacer que la clase política esté en mayor sintonía con el electorado”, dice el académico.

Aunque tuvo modificaciones, siendo la más relevante la hecha por Ricardo Lagos en 2005, los cambios señala Atria, “estaban más vinculados con la relación del poder civil y el militar, como por ejemplo, la restitución al presidente de la posibilidad de destituir a los comandantes de jefes de las FF.AA. Lo que no hizo fue cambiar la forma en que la Constitución le daba a la derecha, los herederos del proyecto político de la dictadura en relación al veto político”. Para el abogado —que desde 2009 ha estado impulsando en televisión y prensa la necesidad de cambiar la Carra Magna, “era un sistema electoral distorsionado en beneficio de la derecha, leyes orgánicas constitucionales que exigían quórums muy exagerados y Tribunal Constitucional con muchas facultades. Desde 2005 quedó claro que las reformas que se le podían hacen al texto constitucional no iban a solucionar el problema”.

Un escenario que tal como la pandemia, nadie hubiera imaginado hace un año.

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Historia de lápices. Cuba, el plebiscito y una reacción norteamericana

Por cuenta de su “lucha contra el régimen”, no resultaría sorprendente que Guillermo “Coco” Fariñas sea el hombre con mayor número de huelgas de hambre emprendidas en todo el mundo. Cualquier recapitulación suya supera con creces el centenar de esas protestas pacíficas, que durante años le han dado notoriedad en círculos de poder de Europa y Estados Unidos. No así en Cuba, donde su nombre es desconocido para la mayoría de la población.


Incluso en Santa Clara, la ciudad donde reside, son pocos los que consiguen identificarlo como el hombre que en 2012 mereció el premio Sajarov a la libertad de pensamiento, otorgado por el Parlamento Europeo. A lo sumo tal vez alguien recuerde su aparición, años atrás, en un programa televisivo nombrado Las razones de Cuba, en el que el gobierno publicaba los resultados de investigaciones de la seguridad del Estado. Una de aquellas emisiones tuvo como protagonista al Coco, puesto en evidencia mientras desarrollaba una de sus periódicas huelgas de hambre. Una cámara infiltrada en su vivienda por el G-2 (la policía política) revelaría el secreto de su impresionante resistencia física: los ayunos de las mañanas y las tardes eran seguidos, en las noches, por bien calculadas ingestas de jugos naturales y suplementos nutricionales.


El golpe fue de tal magnitud que Fariñas se vio obligado a cambiar de aires y por un tiempo se dedicó a recorrer salones en Washington y Bruselas, acumulando fotos con líderes políticos y empresariales y gestionando recursos para su nuevo proyecto, el Foro Antitotalitario Unido.


Más nutrido de reportajes en Internet que de miembros efectivos, ese movimiento decidió hace pocos días que el referendo constitucional era una excelente oportunidad para hacerse notar, y el lunes difundió una carta abierta llamando a desconocer los resultados de la consulta, por estar “manipulados y amañados por las autoridades de la junta militar neocastrista que desgobierna Cuba”. En la misma cuerda, Rosa María Payá, hija de un líder disidente fallecido en 2012 y radicada en Miami, criticó la legitimidad del proceso remarcando cómo en pocas horas el padrón de electores había crecido de “8,6 a 9,2 millones de cubanos”. Como piedra de toque para sus denuncias, ambas declaraciones señalaban el hecho de que los comicios se habían celebrado empleando lápices para marcar las boletas, circunstancia que a su juicio revelaba la intención de alterar la voluntad expresada por la ciudadanía.


La “historia de los lapicitos” ganó alguna notoriedad a comienzos de semana al calor de sitios digitales opuestos al gobierno y de emigrantes cubanos agrupados en Facebook, quienes inexplicablemente no sabían que en su país natal las votaciones siempre se han realizado empleando lápices escolares. De hecho, el sistema electoral cubano peca de una simplicidad abrumadora, con colegios barriales atendidos por los propios vecinos y unos pocos cientos de empadronados en cada centro. Invariablemente, las consultas utilizan sencillas boletas foliadas, cabinas individuales (lo del voto público no es más que una burda mentira) y el ya famoso lápiz colegial. El cierre y la apertura de las urnas, así como el recuento de los votos, son públicos y tienen lugar en los colegios respectivos.


Ya en la noche del domingo el ejercicio de “verificación ciudadana del escrutinio” impulsado por el sitio alternativo El Toque anticipaba la tendencia irreversible del referendo. En definitiva, más del 84 por ciento de los votantes decidió acudir a las urnas, y de ellos, el 86,9 por ciento lo hizo para ratificar el proyecto de carta magna presentado por el gobierno.


Interpretando a su modo lo acontecido, el movimiento capitaneado por Fariñas aseguró, sin embargo, que la “ministra de (in)Justicia de la República, y también presidenta de la Comisión Nacional Electoral”, se había visto “obligada a reconocer que por lo menos un 26,7 por ciento de las cubanas y cubanos con derecho al voto rechazaron la nueva Constitución socialista por ser estalinista e impuesta sin otra alternativa posible”. Para sostener tan lapidaria afirmación, metieron en el mismo saco el 9 por ciento de sufragios que de forma explícita se habían decantado por el No, los pequeños porcentajes de boletas anuladas o depositadas en blanco, y el 15,6 por ciento de la ciudadanía facultada para votar que no asistió a los colegios.

 

Toda vez que incluso en esas circunstancias las estadísticas se mostraban adversas, fue entonces preciso echar mano al asunto de los lápices. Dentro de Cuba difícilmente será una historia que encuentre eco más allá de las redes sociales, pero fuera de la isla servirá para mantener el término “disidencia” en los buscadores al menos por unas semanas más. Como bien ha aprendido Coco Fariñas, luego de años de “huelgas cívicas por la democracia”, es eso lo que en verdad importa.


En un gesto que algunos comparan con la maniobra de ofrecer “ayuda humanitaria” a los venezolanos, Radio Televisión Martí, cadena de noticias creada en 1985 por el gobierno estadounidense para emitir contenidos contra La Habana, divulgó a comienzos de la semana que la administración de Donald Trump estaría estudiando la posibilidad de volver a emplear cubanos en Guantánamo, o bien de reabrir el enclave para recibir a cubanos interesados en solicitar asilo. A impulso de esa confusa versión, un número indeterminado de personas, en su mayoría jóvenes, se ha traslado a Guantánamo, lo que ha obligado a las autoridades a reforzar las medidas de seguridad en los municipios limítrofes.

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Sábado, 10 Diciembre 2016 15:45

La mirada de un alemán a la paz en Colombia

La mirada de un alemán a la paz en Colombia

 

Lejos de Alemania, su país, Claudio Hanssler trata de entender las razones o las emociones por las cuales millones de colombianos rechazaron el acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc- ep, para poner fin a más de cincuenta años de guerra. Aunque ha escuchado muchos argumentos de quienes todavía se definen en contra del proceso de paz y muy pocos a favor, sigue buscando la respuesta al por qué las mayorías de una nación, en un momento tan definitivo, se inclinaron por dejar en suspenso la terminación del conflicto armado diciendo no.

 

Al extranjero no le ha sido fácil mantener una posición neutral ante este nuevo giro que adquirió la eventual terminación del conflicto con las Farc; los pocos amigos de Colombia quieren que opine, como si su voz fuera la de un veedor internacional que aprueba o desaprueba lo que no se pudo ganar, o lo que se ganó en las urnas. En este caso, la mediación de un foráneo podría resolver, tal vez, aquello que en medio siglo no han logrado pactar los colombianos.


Claudio Hanssler, 20 años, nació en Ravensburg, a 30 minutos de Munich. Llegó hace más de dos meses a Colombia, a través de un programa de intercambio en el cual realiza un trabajo social, enseña inglés a niños de una escuela rural de Duitama, Boyacá. Su venida sucedió en un momento crucial para el estado colombiano, por tal motivo se ha interesado con lo que ocurre, investiga por su cuenta y no deja de escuchar las opiniones encontradas de los recientes amigos. Sin embargo, él tiene la propia.


El joven extranjero dice sentirse sorprendido con los resultados de las pasadas votaciones que dejaron en vilo la materialización de los diálogos de paz y los acuerdos que se pactaron. Habla un español entendible para comunicarse y busca en un diccionario digital, en su equipo celular, el significado de lo que hasta ahora no se ha podido explicar ni él, ni seguramente nadie. También le pregunta a Jonathan Salcedo, un amigo boyacense que lo acompaña y que le ayuda a traducir del idioma alemán al español. Cuando tiene armado su concepto, dice: “Me parece cómico que a alguien le pregunten si quiere que haya paz, porque lo tienen que preguntar, es lógico que sí”, expresa al tiempo que va juntando sus manos y afirmando lo que argumentó con un movimiento de cabeza.


El alemán analiza lo que sucedió con el plebiscito, un mecanismo democrático de participación ciudadana con el cual los colombianos refrendarían un proceso de paz histórico. Consulta a su amigo, que no lo pierde vista, y se concentra en una nueva respuesta: “He observado a otros países y no hay que llegar a enfrentarse entre la gente de un mismo país por un sí o por un no...es un poco cómico”.


Claudio expresa su admiración por la belleza natural de este país, paisajes que no hay en Alemania. “Es muy bello, no hay otro igual”, indica. No obstante, sigue sin entender por qué en un lugar tan bello no se disfruta y sí se insiste en seguir con una confrontación. Reflexiona: “En las zonas donde hay guerra la gente votó con un sí para que se acabe el conflicto, pero donde no hay guerra la gente votó que no, para seguir en guerra. Es contradictorio”.


Con la ayuda de amigos que ha hecho en poco tiempo y algunas lecturas, trata de entender el conflicto que se ha vivido aquí durante más de cinco décadas.


Para Claudio todavía existe mucho dolor en las familias que han perdido a sus seres queridos, y una de las causas por las que se impuso el rechazo al proceso de paz es el sentimiento de revancha. Pero también falta de confianza en el gobierno, lo que explica el ausentismo tan grande que hubo en las urnas el pasado 2 de octubre. “Colombia tiene una mala imagen ante el mundo por la corrupción”, indicó.


Cuando el joven alemán tomó la decisión de hacer su trabajo de servicio social de intercambio, no lo pensó mucho en viajar a Colombia, así los amigos le advirtieran de la inseguridad generada por el narcotráfico y el conflicto armado, una mala imagen que aún se tiene de Colombia en el extranjero. Entiende muy bien lo que es la estigmatización, su familia en Alemania también la vivió por causa de la guerra que este país le declaró a otros estados y los efectos de dolor y heridas que no cicatrizan del todo.


En un blog llamado Colomvida este extranjero cuenta a sus amigos y a los hablantes del idioma alemán su experiencia en Colombia. Lleva casi un diario en la red narrando anécdotas. Su próxima publicación será sobre el plebiscito que pudo terminar el conflicto armado con las Farc. De igual forma les explicará a sus compatriotas por qué en Colombia no quieren la paz, como le han manifestado ellos en sus mensajes y cortas conversaciones, aunque para lograrlo primero tenga que entenderlo.


“La gente en Colombia es muy simpática, muy buena, no es cierto lo que escuchaba en las noticias antes de venir aquí”, dice Hanssler.


Su opinión no es tan ajena, viene de un país que ha sobrevivido a dos guerras mundiales y ha logrado levantarse de las ruinas.


Claudio Hanssler es de las primeras generaciones de jóvenes que nacieron después de haber caído el muro de Berlín, un hecho político que significó el final de la Guerra Fría y permitió la unificación de Alemania Oriental y Occidental. Esta división fue el resultado de la terminación de la Segunda Guerra Mundial, con lo cual los vencedores, los aliados, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, y la Unión Soviética se repartieron a Alemania como un botín de guerra en 1945.


El padre de Claudio nació en 1957, en el lado occidental durante la etapa de posguerra, en pleno camino a la reconstrucción, una transición marcada por el clima tenso creado por las políticas divergentes. Es decir; en un ambiente de extremos ideológicos, tal vez irreconciliables, los padres de este joven extranjero tuvieron que salir adelante.


Claudio tiene muy presente este capítulo espinoso para Alemania, además de los momentos buenos y malos por los que tuvieron que pasar sus familiares y compatriotas. Como también lleva en su memoria las historias de guerra que le relató su abuela, una sobreviviente, que tuvo que hacerse cargo de los hijos pequeños, sin ayuda de ninguna clase, y resistir sola mientras su esposo combatía en el frente de batalla. El joven cuenta que su abuelo fue piloto de guerra y cayó como prisionero en Francia, regresó mucho tiempo después de haber concluido la Segunda Guerra Mundial.


“Al acabar esta confrontación mundial, que destruyó muchas ciudades, las mujeres fueron las que reconstruyeron Alemania”, expresa Claudio.


Lo afirma porque su abuela participó en la reconstrucción de la ciudad Dresclen. Y, porque en este conflicto mundial muchos hombres alemanes murieron en los frentes de guerra o terminaron prisioneros.


Esta experiencia dolorosa y los efectos posteriores que traen los conflictos, entre ellos las heridas que aún tratan de sanarse, el extranjero que es hijo de la posguerra tiene su propia opinión de los desastres que dejan las confrontaciones armadas.


Y ante lo sucedido deja claro que la mayoría de las generaciones nacidas en la posguerra ven equivocado el rumbo que llevó su país, y así se refiere al líder nacional socialista que empujó a una nación entera a la guerra de consecuencias estrepitosas, tanto como los efectos que deja la caída en un abismo.


“Hitler no fue una buena persona, no puede ser una buena persona alguien que quiera la guerra...era una persona loca, quería tener todo el mundo”, dice Claudio.


Para el alemán está claro, en su idioma o en español: la guerra solo trae destrucción, y la reconstrucción lleva más tiempo. Lo afirma porque su país lo vivió y aún, sesenta años después, como nación tratan de superar ese pasado.


Expresa que no entiende por qué en Colombia los habitantes llevan tantos años en una confrontación armada, en una guerra tan profunda que no pareciera tener fin, enfrentados por ideas políticas, hasta destruirse.

“En mi país hay grupos neonazis que continúan con las ideas de Hitler, aunque son una minoría, los toleramos, no van a haber pérdidas humanas por eso”, dice el joven extranjero.


Lo recalca porque le parece muy extraño que ciudadanos nacidos en el mismo país lleguen a quitarse la vida por diferencias políticas.


“Para que Alemania sea un país desarrollado... esto se ha logrado porque todos hemos estado unidos yendo por el mismo camino”.


Para terminar la conversación el joven alemán expresa sin mirar a su diccionario y sonríe:


“Me gustaría que los colombianos sean como cuando van a ver un partido donde juega la selección de fútbol, que todos se ponen la misma camiseta”.


Antes de retirarse afirma que si no hay más guerra en Colombia este país sería una potencia en turismo, muchos extranjeros vendrían a conocer los paisajes más bellos que no se pueden ver en otro lugar.


El joven admira la belleza natural del país, que ha podido descubrir a través de fotografías y por las imágenes que otros alemanes le han pintado en las conversaciones, que tienen como fin, reconstruir los destinos de Sur América. Aunque no va a visitar Caño Cristales en el departamento del Meta, su familia le ha recomendado que a esa región no se puede desplazar por seguridad. Por lo pronto, está en sus planes Bogotá y Cartagena.


Si la opinión de un extranjero y, más de un joven, no alcanza a dar las soluciones, o describir la fórmula que los colombianos han estado buscando para acabar con un conflicto, tal vez, con aprender a escuchar a alguien que ve al país desde fuera puede ser suficiente. Claudio lleva un paso adelante y tiene algo que decir: ha experimentado los efectos del posconflicto, a él también le corresponde la reconstrucción de un país destrozado por la guerra, con tantas heridas que no han terminado de sanar.

 

 

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Una vez más, sobre los resultados del 2 de octubre*

Si bien la paz tiene un amplio espectro de definiciones teóricas dentro de un variado número de contextos, es sin duda, un referente amplio y determinante del orden democrático, la justicia social, y los procesos de construcción del tejido social que buscan el porvenir y desarrollo de las sociedades. La paz dentro del contexto de una sociedad, como la colombiana, no debe ser solo un derecho de obligatoria búsqueda y cumplimiento del Estado y de todos los colombianos, tal cual lo establece el artículo 22 de la Constitución Política de Colombia de 1991, sino que además debe establecer un marco de soluciones para los malogrados conflictos históricos, y a futuro, un nuevo orden social, caracterizado por amplias oportunidades de transformación positiva de nuestros propios conflictos, garantizando de esta manera prevenir el caos y la incertidumbre de épocas pasadas.


Es por ello que el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) establecieron un acuerdo de paz que busca superar, en parte, la triste y dantesca historia de Colombia, a partir de la construcción de una nueva propuesta que implica nuevas relaciones sociales y políticas, nuevas lógicas de justicia, nuevos imaginarios de sociedad y, sobre todo, nuevas lógicas para hacer de los conflictos una transformación en pro del bienestar y del desarrollo social en Colombia.


En el contexto nacional, la paz, para muchas víctimas, podría significar el silenciamiento de fusiles, como una oportunidad para la vida y la tranquilidad emocional de miles de personas que han padecido la guerra, entendiendo que en cualquier acuerdo para el fin del conflicto armado estas son y deben ser el principal actor y la columna vertebral de los acuerdos. Por esta razón es loable y plausible el beneficio innegable y tangible del desescalamiento del conflicto armado suscitado por los acuerdos de paz, ya que según los informes del Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto (CERAC), en el periodo de monitoreo comprendido entre julio del 2015 y agosto del 2016, la confrontación armada interna, entre el Gobierno Nacional y las FARC, ha tenido casi una completa reducción , hecho que se traduce en una contribución a la vida como primer derecho fundamental e inviolable de la Constitución Política de Colombia de 1991. En adición a esto, se han registrado disminuciones en los desplazamientos, desapariciones, violaciones de todo tipo y en la negación de derechos como seres humanos. Sin embargo, es claro que la paz estable y duradera no solo se da con el callar de los fusiles, está se da mediante un trabajo mancomunado entre el Estado y la sociedad civil , para buscar entre ambos, proyectos históricos que nos movilicen al logro de objetivos comunes como sociedad, objetivos que nos ayuden a superar los letargos sociales, políticos y económicos ocasionados por los problemas estructurales de nuestra historia.


Aunque la paz es un ideal inalcanzable para los seres humanos, la potencia de ese ideal radica, en que nos permite diagnosticar la situación y el estado en que se encuentran los derechos fundamentales en que se edifica la convivencia humana- buena salud, trabajo digno, buen sistema educativo, respeto a la posición política e ideológica, respeto a la posición religiosa y no religiosa, entre otros- promulgados por nuestra actual Constitución Políticay por la Declaración Universal de los Derechos Humanos .


Después de conocer –a través de los boletines electorales que emitió la Registraduría Nacional del Estado Civil– el resultado del plebiscito que consultaba la opinión y la decisión de los colombianos sobre las bondades (o no) del acuerdo político para terminar más de 52 años de conflicto armado entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC – EP) - evento realizado el 2 de octubre de 2016 – y, con ello, si avalaban o no, que dichos acuerdos se incorporaran al ordenamiento constitucional que nos rige desde 1991 (jurídico, político, sociocultural y económico); una diversidad de voces –tal como es el país real, o el país nacional – se han levantado a lo largo y ancho de nuestro territorio, para que una luz en el firmamento de nuestros conflictos no se extinga como consecuencia del resultado mayoritario que rechazó esos acuerdos (representado en un margen de diferencia con respecto a la votación del Sí en un 0, 4%) .


Si bien, una mayoría de colombianos rechazó en las urnas ese acuerdo político – así sea por una pequeña cantidad de votantes-, eso no significa que todo lo acordado en estos cuatro años de discusiones y esfuerzos (2012–2016), se deban tirar al bote de la basura como si se tirara un envase o un papel que ya no tiene utilidad. Por el contrario, vemos que este resultado abrió la posibilidad de sumar ideas, propuestas y voces de muchos sectores de la sociedad colombiana -tanto urbanas como rurales-, que no habían sido tenidas en cuenta; en unos casos, por la forma en que el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC habían diseñado la forma en que se realizaría ese acuerdo y, en otros, por la desidia y la amnesia en que han estado sumidos muchos colombianos con respecto a los acontecimientos políticos, sociales y económicos que nos marcan como sociedad y como país en nuestro diario vivir.


Y es, desde esto último que acabamos de plantear, en donde vemos lo positivo de un resultado que en las urnas, impide cerrar ese conflicto armado entre el Estado colombiano representado por el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010–2014, 2014 – 2018) y el grupo subversivo de las FARC. Este resultado –sin que el más precavido de los mortales en nuestro país se lo imaginara-, abrió la posibilidad de romper la amnesia en que habían permanecido sectores de la población colombiana con la historia, con la política, con la realidad y con el futuro que una mayoría de hombres y mujeres quiere para el país. Sectores indiferentes y atrapados por la abulia hacia los acontecimientos políticos –signo de lo que hemos sido como sociedad y como país -, con ese resultado que negaba el acuerdo, se despertaron a través de pronunciamientos y movilizaciones que le exigen al país politiquero y clientelista, al país politiquero de la trama y el contubernio, al país politiquero de las prebendas, al país politiquero del cálculo para pescar en rio revuelto, que esta vez, las cosas son a otro precio. Que hay otros tiempos, que hay otros sujetos y otros ciudadanos; que el país de hoy, no es el país de una población sumisa, alienada y alineada a los dos partidos políticos tradicionales que se han repartido el poder en Colombia como a bien se les ha dado la gana; que el país de hoy, es un país con una pluralidad de voces y de presencias – incluso, de ausencias -; es un país de hombres y de mujeres diversos en su cultura, en lo social y en lo político; es un país que se levanta, para no dejar escapar la posibilidad y el sueño de avanzar en la solución política – y no militar y represiva – de uno de los tantos conflictos que tiene el país.


En ese mar de voces que hoy se levantan por todo el país –a raíz de los resultados del plebiscito-, ha sido gratificante presenciar el sentido de pertenencia y el sentimiento de artistas, de científicos, de víctimas, de adolescentes, de niñas y niños, de organizaciones y movimientos políticos, de organizaciones de derechos humanos, de sectores empresariales, de organizaciones agrarias y campesinas, de grupos étnicos (afrodescendientes e indígenas), de organizaciones estudiantiles universitarias, entre otras; diciéndoles al país político , al país nacional y al país politiquero y clientelista, que esta luz, una luz en medio del firmamento estrellado que significa este acuerdo político entre el Estado colombiano y las FARC, no se dejará extinguir.


Para todo proceso de construcción de paz-tal como lo hemos venido expresando-, es vital la participación activa y propositiva de la sociedad civil como el canal movilizador que marcará la hoja de ruta para la consecución, no solo del acuerdo de paz con las FARC-EP, sino también con otros procesos de paz que contribuyan al anhelo colectivo de transformación positiva que queremos para un nuevo país. Es claro que, como sociedad civil, y en el ejercicio de una real democracia, debemos ser conscientes y responsables del significado social y político, de cara a lo que implican las negociaciones y acuerdos de paz en las actuales realidades y contextos nacionales. Por lo tanto, es necesario–incluso, casi que obligatorio-, que cada colombiano o grupos de colombianos aporten, en gran medida o marginalmente, elementos de juicio positivo, bajo la construcción de la confianza y la esperanza, a todo aquello que implique garantías de desarrollo colectivo, tal cual los establecen los acuerdos de paz.


Es por ello que el grupo de mujeres y hombres que hacen parte del proyecto ciudadano “Tertulias Eclécticas” en la comunas 12 y 13 de la ciudad de Medellín – unas voces anónimas pero presentes y en pie de lucha para que ese acuerdo político llegue a buen puerto-, se suma con esta reflexión, al sentir de esa pluralidad de voces que hoy se han levantado para exigirle a quienes en sus manos tienen hoy en el país esa porción de poder –necesaria en los actuales momentos-, que el acuerdo político a que han llegado el Estado colombiano y las FARC en estos cuatro años, se incorpore a nuestro ordenamiento constitucional.

Bibliografía y Cibergrafía utilizada para apoyar este ensayo


Serrano Gómez, Enrique. Filosofía del conflicto político: Necesidad y contingencia del orden social. México, D.F: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Miguel Ángel Porrúa, librero-editor, 2001.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Edición conmemorativa 40 aniversario. San José, Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Proyecto Educación y Derechos Humanos, 1988.
Entrevista de la periodista Cecilia Orozco Tascon a la escultora Doris Salcedo, a raíz de la obra de arte realizada en la Plaza de Bolívar de la ciudad de Bogotá el 4 de octubre de 2016 denominada “Sumando Ausencias”. Bogotá, D.C: Diario El Espectador, edición del Domingo 16 de octubre de 2016.

http://blog.cerac.org.co/monitor-de-desescalamiento-del-conflicto-armado-interno-en-colombia-6
http://plebiscito.registraduria.gov.co/99PL/DPLZZZZZZZZZZZZZZZZZ_L1.htm

*Voz del grupo “Tertulias Eclécticas” en torno a los resultados del Plebiscito celebrado el 2 de octubre de 2016 para refrendar los acuerdos políticos entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC–EP)

Responsables y voceros de este comunicado en nombre del grupo “Tertulias Eclécticas”,
Cristian Camilo Marín C.
Cédula de ciudadanía:1017134834
Contacto:
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Celular: 312 5645096
Abad García Orozco
Cédula de ciudadanía: 98493059
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Celular: 304 6738552

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Por enésima vez, la salida es la Constituyente de la paz.

La manguala Santouribista pretende enterrar el Acuerdo de Paz de Cartagena y reemplazarlo por la Seguridad Democrática, la megamineria y las Zidres.

Hay que levantar la bandera de la Constituyente soberana por la paz.

La idea de la Constituyente.

La idea de una Asamblea Constituyente soberana y popular por la paz, para que se encargue de consolidar los Acuerdos de paz entre el gobierno del señor Santos, en representación del Estado, y las Farc como expresión de la resistencia agraria, se ha planteado de manera reiterada durante los 6 años de diálogos adelantados en la Mesa de La Habana.

La delegación de la guerrilla le ha dado sustento a tal iniciativa, resaltando su conveniencia y necesidad.

Se trata de un mecanismo político extraordinario que refleja el poder constituyente de las masas y la multitud abigarrada.

Dicha hipótesis fue rechazada desde siempre por la elite política oligárquica mediante argumentos expresados por Santos para estigmatizarla, descalificarla y descartarla.

Mejor un plebiscito, sostenía, como mecanismo de refrendación de los consensos de paz.

Una Constituyente no era útil, ni necesaria, pues sus decisiones destruirían lo acordado. Daría al traste con el Pacto de paz de Cartagena. Sus amigos, los contratistas de siempre, le acompañaban en esa percepción e iban más lejos: la Constituyente era y es un salto al vacío. Una experimento arriesgado y aventurero que debía y debe rechazarse.

Pero, a la luz de los hechos, de la sabia experiencia, lo que en realidad se está dando es todo lo contrario.

Santouribismo al ataque.

Se impuso el Plebiscito y después de su derrota el Acuerdo de paz quedó en el limbo. Prácticamente se volvió un cadáver que las aves carroñeras de la ultraderecha uribista y la derecha santista desguazan sin contemplación. Entre toda esta jauría se disputan la manera de eliminar la Paz de La Habana y Cartagena.

El santouribismo quiere enterrar la reforma rural integral y los derechos agrarios alcanzados para apuntalar el despojo de 6 millones de hectáreas a casi 8 millones de campesinos desplazados.

Quiere eliminar la justicia especial de paz para dejar en la impunidad masacres, desapariciones, falsos positivos, parapolítica y paramilitarismo. Para que Santiago Uribe quede libre e igual el señor Uribito pueda seguir muy campante por las calles de Miami, aletiando su impunidad y tropelías. Para que los rebeldes guerrilleros se pudran en las cárceles y mazmorras del régimen.

Quiere suspender la democracia ampliada, la representación política de las Farc, la erradicación del paramilitarismo, la seguridad de los guerrilleros, el estatuto de la oposición y las garantías para los movimientos sociales.

Quiere cercenar los derechos de las mujeres, indígenas, afros, lgtbi y de otras minorías campesinas.

En suma quiere enterrar y fulminar los importantes avances para terminar el conflicto social y armado que se consolidaron en las negociaciones de los últimos seis años.

Santos abogado del uribismo.

Santos está aprovechando los famosos ajustes planteados por el regresivo pliego de Uribe y Ordoñez para afirmar la contrareforma de la paz. Se convirtió en el abogado de las facciones fascistas para obligar a la contraparte a ceder en todo, a rendirse y omitir las demandas históricas del movimiento de la resistencia agraria y popular.

Pretende coronar la paz neoliberal que oxigene el régimen de dominación oligárquica. Es lo que nos explica su afán, sus presiones y sus amenazas contra las Farc.

El descaro es tal que si nos descuidamos nos zampa su retorcida reforma tributaria en nombre de la paz.

Rescatar la Constituyente.

La Constituyente es una alternativa que se debe rescatar de manera urgente.

Hay nuevos elementos planteados para que la misma cobre curso sin tardanza.

La tesis de R. Jimeno.

Jimeno plantea que “la Constitución prevé un mecanismo participativo y democrático, el artículo 376, que permite tramitar y resolver las divergencias frente al Acuerdo de Paz. Una Constituyente Especial, con la única y exclusiva agenda de ajustar los seis puntos del Acuerdo, en un tiempo limitado (¿tres meses?), con un número de miembros pequeño (¿30? ) y con calificaciones y conocimientos para garantizar profundidad en el debate, es un mecanismo que puede contemplarse. Sería una solución sin vencidos ni vencedores, civilizada, donde las minorías y mayorías discutirían en un foro abierto y transparente los posibles ajustes” (http://bit.ly/2eo4ufW ).

La propuesta de Gutiérrez Sanin.

Gutiérrez Sanin ha propuesto “convocar lo más pronto posible a un Cuerpo colegiado, una suerte de congresito, para que delibere y decida sobre los acuerdos de paz...... Un cuerpo colegiado que discuta y apruebe (o rechace) un texto final del acuerdo, quizás con elementos adicionales que justifiquen la nueva convocatoria. Ventajas: plena legitimidad democrática, pluralismo, múltiples voces. Como escuchar al país es quizás la demanda fundamental del Eln, se podría tener al menos expectativas razonables de que entrara en el proceso. Y éste sería mucho más deliberativo que un plebiscito. En una elección de esta naturaleza cabrían, y podrían expresarse, todos los matices de opinión del país. Naturalmente, también hay riesgos y costos. Es claro que de esta no vamos a salir gratis. Las partes del acuerdo tendrían que someterlo a un debate abierto. Pero se preservaría la arquitectura básica de aquel. Una coalición pro-paz tendría buenas oportunidades de salir avante. Los partidarios de la paz no podemos olvidar en ningún momento que somos la mitad (mal contada) del país. Y esas elecciones se podrían convocar para abril o mayo del próximo año. No soy abogado, pero hablando con los que saben todo esto no parece irrealizable” (http://bit.ly/2dYN1g0 ).

Agitar la bandera de la Constituyente.

No hay que darse por derrotado en este cometido. Exigir y demandar la Constituyente es lo más consecuente, ético y lógico con la lucha histórica que representa las Farc.

Hacerle más concesiones a Santos es plegarse su esquema neoliberal y excluyente. A su sistema de corrupción y despojo de los patrimonios estatales.

Es plegarse a su camarilla politiquera, enemiga de la sociedad.

Nota. El santouribismo también funciona en la conjura imperialista para destruir a Venezuela. Desde Bogotá se orquestan, con el consentimiento de Santos, las campañas mediáticas contra el Gobierno del Presidente Maduro.


HDG

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¿Sirven de algo las movilizaciones sociales por la paz?

Aproximación.

El choque en la psique colectiva (o la mente común que conecta a todos los humanos integrantes de una sociedad) por los resultados del plebiscito del pasado 2 de octubre, adversos a los Acuerdos de paz de La Habana, provocó, además de la conocida perplejidad y sorpresa entre millones de seres humanos, tanto de Colombia como del resto del mundo, una reacción inusitada de empatía hacia la paz y de repudio hacia la violencia, que identifica algunos rasgos idiosincráticos que son marcas profundas de nuestra identidad.


Tanto seguidores del Si como de partidarios del No se confundieron en riadas humanas que, en una sola voz, reclamaban el fin de la guerra y la eliminación de la violencia como recurso político en la lucha por el poder.


Gigantescas manifestaciones de jóvenes, movilizaciones de víctimas, marchas indígenas, carpas estudiantiles y declaraciones de intelectuales y colectivos de mujeres, han sido la nota sobresaliente en las semanas siguientes a la frustrada jornada de refrendación de los consensos de paz.


Plazas y avenidas han sido los escenarios de esta positiva ebullición popular. Se trató de una performance ilusionante y prometedora.

Las cuestiones a plantear.

Sin embargo, las preguntas que nos planteamos son las siguientes: ¿constituyen esas expresiones de masas un elemento definitorio del curso que puedan tomar los arreglos planteados para poner fin a la prolongada guerra colombiana? ¿Cobrara la presencia de la multitud el nivel de un acontecimiento político con capacidad de alterar la frágil correlación de fuerzas de la paz? ¿O se trata más bien de expresiones con un componente movilizacioncita atenuado e institucionalmente encuadrado que le resta potencia y capacidad política incidental?


Intentar dar respuesta a estas cuestiones implica considerar contextos históricos, sociológicos y políticos en función de las proyecciones que puedan tener las estrategias para erradicar la violencia y dar vía libre a la paz y la convivencia.

Antecedentes históricos.

Como casi todo lo que realmente importa, la tendencia a la movilización popular y la acción directa se remonta al origen de nuestro país. Para el efecto conviene recordar la insurrección de los Comuneros al finalizar el siglo XVIII, las acciones colectivas que acompañaron el grito de Independencia de 1810, las movilizaciones artesanales de 1854, la participación masiva en las guerras civiles, las protestas obreras desde los años 20 del siglo XX, el repudio popular por el asesinato del caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitán, las movilizaciones campesinas de la Anuc, el paro cívico de 1977, las marchas estudiantiles contra el neoliberalismo en 2010 y las recientes huelgas agrarias y Mingas étnicas de los años 2013, 2014 y 2015.


Su cristalización institucional se concretó en la creación de sociedades artesanales, sindicatos, ligas agrarias, organizaciones estudiantiles, partidos indígenas y obreros, todo lo cual contribuyó a consolidar una tendencia comunitarista, una conciencia de derechos y una imaginación plebeya nada despreciable.


Fueron las primeras muestras de la inclinación a los métodos extra-institucionales como la forma de interpelación al poder oligárquico.


No hemos sido ajenos a la presencia de la gente en las calles como gran recurso de construcción política, como el espacio de escenificación del conflicto interno.

Las limitaciones de la movilización social por la paz.

En este contexto, y considerando la propensión a salir a las calles, todo indicaría que deberíamos estar ante una contestación popular frente a la violencia que, sin embargo, no se está produciendo con la contundencia que demanda la paz.


Es por esa razón que la perspectiva tanto histórica como sociológica debe complementarse con un análisis político de mayor espesor.

Ausencia de líderes y de cohesión organizativa.

Sin embargo, contra los que quieren ver el triunfo de los soviets cada vez que se reúnen cincuenta personas en una plaza, resulta difícil que la amplia manifestación popular conduzca a movilizaciones que logren sacudir el statu quo si no existen líderes u organizaciones capaces de conducirlo, de transformar el enojo en energía de cambio.


De la Revolución Francesa a la rebeldía gaitanista colombiana, de la primavera árabe al 15-M español, los momentos de auto-representación, en los que la sociedad parece sacudirse los poderes institucionales para asumir ella sola, sin mediaciones viscosas que la limiten, su destino, son eso, momentos, que se apagarán inexorablemente si no encuentran una vía de canalización política efectiva para alcanzar la ruptura y el corte con temporalidades que desgarran a la sociedad.

Se necesita una estrategia nacional.

Para que ello ocurra es necesaria una vertebración de una estrategia nacional que produzca un nuevo clima cultural y estabilice un sentido común de época.

El sujeto colectivo de la paz.

Las movilizaciones de las semanas recientes han visibilizado la existencia de un sujeto político colectivo identificado con los códigos de la paz que se resumen en los consensos alcanzados hasta el momento. Aludo a las referencias agrarias, a la participación política, a los derechos de las víctimas, a las garantías para las mujeres, los indígenas, Lgtbi y a los afro descendientes.


Se trata de un significativo y potente movimiento social que estimulado por los avances en el proceso de paz, ha logrado posicionarse como una actor de primera línea en las definiciones pendientes respecto de la concreción de la terminación de la guerra.

Los problemas de la paz.

Sin embargo, su potencial se ve opacado por las debilidades y limitaciones de los consensos pactados. Si bien es cierto que la determinación de eliminar la violencia en la actividad política es un avance de gran magnitud, no lo es menos el retroceso por el hecho de omitir compromisos en lo relacionado con la modificación efectiva de las relaciones de poder vigentes, en las reformas a la formación socio económica determinada en gran medida por el modelo neoliberal y en lo atinente al monopolio legítimo de la violencia, por la ausencia de reformas sustanciales en los aparatos militares y policiales del Estado.
También hay que ver que los pactos de paz no han considerado el substrato primordial de la genealogía de la guerra permanente: la conquista, la colonización y la colonialidad.


Por supuesto esas limitaciones afectan de manera considerable la potencia de la multitud, sus posibilidades y su capacidad de transformación.

La estructura de oportunidades políticas desaprovechada.

Adicionalmente, no se canaliza adecuadamente la estructura de oportunidades políticas dibujada por la disputa entre las facciones de la elite dominante. Por las reyertas entre el santismo y el uribismo.

El nuevo ciclo político y el movimiento social por la paz.

Si bien asistimos a una coyuntura histórica excepcional, momento en que cierra el ciclo político instalado con la aprobación de la Constitución de 1991, la apertura y avances de un nuevo periodo histórico y político aun presenta dificultades justamente porque este nuevo actor, la multitud, todavía no se consolida de manera contundente.

Los retos para el movimiento de paz.

En gran medida las movilizaciones ocurridas y las que se proyectan en apoyo a la paz deben resolver retos y desafíos asociados con su articulación, dirección y plataforma programática estratégica.


Su autonomía es crucial, pues si el ámbito gubernamental las encuadra en función de proyectos bastante limitados, el riesgo de su evaporación es muy alto.


El sentido de la movilización por la paz tiene que alimentarse de la idea de un mayor protagonismo político que solo puede entenderse en repertorios de mayor calado como los procesos constituyentes, los Cabildos abiertos, los paros cívicos, las mingas étnicas, las movilizaciones estudiantiles y las huelgas obreras por la reconciliación y el fin de la guerra.
Frente al colapso de las infraestructuras partidistas tradicionales a las que recurre la elite gobernante, la emergencia de un movimiento social como el que se ha dibujado recientemente en los espacios públicos puede suplir el vacío en que se mueve el campo político.


Un movimiento social por la paz bien puede alcanzar los niveles de un instrumento político que convoque amplias mayorías populares, canalizadas hacia el objetivo de diseñar y proyectar un nuevo régimen de gestión política democrática de la nación. Ha ocurrido recientemente en los procesos como el boliviano, en el que el MÁS, liderado por Evo Morales, se convirtió en la principal herramienta de cambios ante la crisis del neoliberalismo.


Como la decisión de los colombianos es impedir el regreso a la guerra y a los hechos de violencia, lo pertinente consiste en pensar y proyectar colectivamente, entre activistas y líderes, escenarios de encuentro y planeación de acciones para empujar el destrabe en que están las conversaciones de paz con las Farc.


Los Cabildos abiertos en los 1.113 municipios y 34 departamentos, deben plantearse como espacios de deliberación que comprometan a los millones de ciudadanos que se marginaron de las votaciones plebiscitarias o que, victimas del engaño, dieron su voto por el No.


En igual sentido debería desarrollarse la recién iniciada negociación del gobierno con el ELN en el Ecuador, pues el primer punto de la agenda conocida propone la realización de una amplia consulta y deliberación por la base con comunidades y organizaciones populares en las regiones y espacios territoriales.


Claramente, la movilización social y el movimiento popular por la paz es un elemento que debe considerarse en el curso político de la sociedad colombiana hacia el futuro mediato e inmediato.


Por supuesto, es necesario asumir cada uno de los problemas y dificultades indicadas en este texto. Para tal efecto se requiere un análisis objetivo de las características y tendencias en la acción colectiva colombiana, en los movimientos sociales y las protestas populares.


Desafortunadamente, tales expresiones sociales se ven afectadas por el dogmatismo, el sectarismo y la ineptitud de la izquierda que los influye y coordina.


El debate al respecto también debe considerar dicho elemento de nuestra cultura política.

Bogotá, 27 de octubre del 2016.

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“Hubo una movilización de las víctimas”

Dice que la incorporación del Ejército de Liberación Nacional a la fase pública de negociación con el gobierno reactiva un proceso más conjunto de un acuerdo de paz que debe ser global y que no puede incluir a una guerrilla sí y a otra no. Invitado por el Centro de Estudios Legales y Sociales y de paso por Buenos Aires para compartir su experiencia como miembro del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para participar en el caso Ayotzinapa, Carlos Martín Beristain, médico de trayectoria en el trabajo con víctimas del conflicto armado colombiano, conversó con Página/12 sobre el diálogo que el gobierno de Juan Manuel Santos mantiene con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y su acercamiento con el ELN.

 

En los últimos veinticinco años, su labor como médico doctorado en psicología lo llevó a a Perú, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Argentina, México y a geografías tan distantes como el País Vasco, los Balcanes o el Sahara Occidental para acompañar a víctimas de violaciones a los derechos humanos, documentar casos y asesorar a Comisiones de la Verdad. A Colombia llegó, en 1994, con el aprendizaje recogido en Centroamérica. En aquellos años, recuerda Beristain, las comunidades afectadas por el conflicto interno carecían de espacio social o reconocimiento y el miedo era enorme. Empezó a colaborar con organizaciones de derechos humanos, la iglesia católica, acompañó a defensores de derechos humanos y a familiares de víctimas aplicando la experiencia de la dimensión de lo psicológico y lo social desde la perspectiva de visibilizar a las víctimas, pero también de fortalecer los lazos comunitarios para enfrentar las consecuencias de esa violencia.


A diferencia de Guatemala o El Salvador, donde la dimensión de la disputa entre guerrillas y gobierno estuvo más clara, Colombia –observa el especialista vasco– representa un conflicto complejo. “Hay que entender el impacto del narcotráfico, de las diferentes guerrillas, de los grupos paramilitares, la acción del Estado: hay un montón de factores de violencia y dinámicas de la violencia que son diferentes de conflictos como los centroamericanos y que exigen mucha capacidad de análisis y trabajo directo con las víctimas en contextos más precarios. Es un conflicto más deteriorado por años de guerra en los que la población civil se ha convertido en un objetivo fundamental de la violencia como forma de ganar control sobre la guerra y sobre el tejido social”.


–¿Qué temas surgieron de las entrevistas que mantuvo con familiares de desaparecidos en el conflicto colombiano?


–Hay una reivindicación general de una agenda de verdad, justicia y reparación. Si algo ha mostrado el caso colombiano, a diferencia de otros conflictos en los que las víctimas quedan en un segundo plano respecto de un acuerdo de paz, es que en la negociación con las Farc hubo un proceso de movilización de las víctimas. Es la primera vez que se hace ese ejercicio en un proceso de negociación de un conflicto armado.


–¿A qué atribuye la emergencia de las víctimas como actor con voz propia en ese proceso de negociación?


–Salvo la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, a mediados de los 90 las víctimas no tenían un protagonismo público. Había mucho terror. Paradójicamente, la Ley de Justicia y Paz, una reglamentación para la desmovilización de los paramilitares, puso en marcha las audiencias libres en las cuales llegaba el perpetrador a contar el crimen que había cometido, ante jueces y fiscales, como una forma de obtener una reducción de la pena. Era una ley para los perpetradores, las víctimas estaban ausentes. Pero las víctimas empezaron a presentarse en esas audiencias libres para escuchar la versión de los victimarios. Aunque algunas víctimas fueron asesinadas por presentarse a esas audiencias, la organización fue creciendo.

Tuvo que crearse una Ley de Víctimas antes de que hubiera un acuerdo de paz. El caso colombiano empezó primero con una ley para los paramilitares parcial, con una ley de víctimas pero sin una investigación profunda sobre la verdad, aunque hubo un centro de memoria histórica que hizo investigaciones importantes, pero sin un acuerdo de paz firmado con el ELN. Eso lo convierte en un proceso más fragmentado y múltiple.


–Sobre el resultado del referéndum, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado colombiano afirmó que la votación muestra que además de no entenderse la importancia del acuerdo para los derechos de las víctimas, se priorizaron mensajes enfocados en la guerrilla que invisibilizaron los crímenes del Estado.


–Las negociaciones de La Habana se llevaron a cabo sin un proceso pedagógico frente a la sociedad. Cuando se hicieron públicos los avances del diálogo, hace tres años, había una distancia enorme respecto al discurso social en Colombia, donde dominaba un discurso antiterrorista implantado por la visión de los dos gobiernos de (Alvaro) Uribe, y de repente apareció (Juan Manuel) Santos, que había sido ministro de Uribe, haciendo un proceso de negociación en La Habana. Por otra parte, hay gente que no quiere que el proceso de paz salga adelante, que utiliza los pánicos morales, señala que no se puede negociar con el terrorismo, sólo mira hacia un lado del conflicto, hacia la guerrilla, como si fuera el único problema.


–¿Por qué ganó en el plebiscito esa mirada sesgada del conflicto?


–Influyó el hecho de que, durante la fase de negociación, en lugar de haber llegado a una etapa de distensión previa, la negociación se siguió en un contexto de guerra, entonces la gente no percibió el beneficio del proceso. El presidente Uribe y los sectores cercanos a él han utilizado a la polarización social como un elemento de control sobre el tejido social, con mensajes selectivos, de eslogan, que se apuntan fácilmente pero que no te ayudan a entender la realidad, del tipo “dialogar con la guerrilla es traicionar a las víctimas”.


–¿A qué responde esa polarización?


–Hay una Colombia a la que no le afecta la guerra, la Colombia de Bogotá o Medellín, y hay una Colombia que sufre la guerra, la Colombia afrodescendiente, campesina, indígena. Si tu miras el mapa del voto en el plebiscito, las regiones más golpeadas por la violencia, han sido las que han votado más por el sí que las regiones que han tenido menos impacto de la violencia, especialmente de clase media y niveles urbanos. Superar la indolencia es un elemento clave para la transformación, no para seguir viviendo en mi mundo, separado del otro.

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Miércoles, 26 Octubre 2016 10:08

La razón de la sinrazón

La razón de la sinrazón

Pasó pronto la sensación de tristeza del día siguiente al del plebiscito, mezcla de sorpresa y desconsuelo. Hoy el panorama luce un tanto diferente. No hay más preguntas sobre el resultado. Del lado del gobierno, como era previsible, un reacomodo con la nueva carta que le proporciona el Nobel de Paz; su preocupación está puesta más que todo en la inminente imposición del programa de ajuste económico que comienza con la presentación del proyecto de reforma tributaria. En cambio, del lado de la izquierda y de las organizaciones sociales, que en su abrumadora mayoría promovieron el sí, la recuperación es más inquietante.

 

La reacción inmediata por parte de algunos fue tan simplista como desafiante: no vamos a entregar los logros democráticos de los acuerdos de La Habana por una exigua ventaja del No de alrededor de cincuenta mil votos; ventaja tan aleatoria que con un poco menos de abstención –por ejemplo en la costa Caribe, donde es evidente que la lluvia y las inundaciones debieron limitar la participación– hubiera podido ser al contrario. Algunos días después la argumentación puramente reactiva se había transformado en justificación tranquilizadora: la votación por el No, podía atribuirse, descontando el puñado de seguidores del Centro Democrático, al engaño que esta ultraderecha había logrado con su campaña publicitaria. Las declaraciones de su jefe de campaña, Luis Carlos Vélez Uribe, bastaban para comprobarlo.

 

Recientemente, se han intentado explicaciones un poco más sofisticadas. Al igual que en otras latitudes, los resultados plebiscitarios no hacen más que revelar la profunda crisis histórica de la democracia representativa. Desde luego, esto equivale a reconocer como un funesto error el haber aceptado el plebiscito como mecanismo de refrendación. Pero no importa. Siguiendo el viejo y conocido lugar común según el cual toda crisis encierra una oportunidad, bastaría con atender lo que las mismas fuerzas de la historia nos están indicando: es la hora de intentar un salto cualitativo. El Acuerdo de La Habana, que debe ser respetado en su integridad, se ha convertido ya en un punto de partida para una transformación profunda. El camino es la Asamblea Nacional Constituyente por la paz. ¡Es impresionante la capacidad que tienen algunos para hacer coincidir la línea del “progreso histórico” con su línea política!

 

Los enigmas de la actual movilización por la paz

 

El análisis de la historia, sin embargo, debería brindarnos otras explicaciones. Lo que realmente ha cambiado el panorama, al menos en lo referido a las sensaciones y sentimientos, son las enormes movilizaciones, principalmente juveniles, desarrolladas en todo el país, los días 5 y 12 de octubre; en esta última fecha, por cierto, con una reveladora participación indígena. La consigna agitada describe muy bien su propósito: ¡Acuerdo de paz ya! Evidentemente, es una reacción, hasta cierto punto desesperada, frente a la “sin salida” creada con los resultados del plebiscito y frente a la posible dilación, la cual podría conducir a un abandono de la negociación, con los riesgos de violencia que ello implica. ¿En qué medida es una crítica a la llamada clase política? Probablemente, y dado el componente juvenil, hay mucho de eso, pero en la práctica su alcance es limitado. Se les exige, a los negociadores, que no se levanten de la Mesa hasta que se firme el acuerdo, y que lo hagan lo más pronto posible. En todo caso, lo más significativo es la tensión puesta de manifiesto entre el plebiscito y la movilización, entre la democracia electoral y la democracia callejera. –Aunque es obvio que en este caso la disputa de legitimidades no puede saldarse aquí estadísticamente, es decir, con números, la verdad es que tampoco da para salidas de hecho. Otra cosa hubiera sido en la circunstancia de que las movilizaciones hubiesen antecedido o acompañado la campaña plebiscitaria.

 

La explicación de esta singularidad se encuentra en el marco político en el cual se ha presentado la tensión. Basta con examinar la línea narrativa que recorre todas estas manifestaciones de protesta y exigencia: simplemente el reclamo de paz frente a la realidad de la guerra. En nombre de las víctimas que, como se ha repetido hasta el cansancio, deben “estar en el centro”. Todos debemos arrepentirnos de nuestros errores (¿de intolerancia?). Lo que se impone es un ejercicio de perdón y reconciliación. Por eso lo que menos importa es el contenido del acuerdo. Muy explicable, pero con ello se esfuma el reconocimiento de las causas del conflicto, es decir la comprensión de lo que está en juego en estas negociaciones, y hace que las manifestaciones se orienten en un sentido problemático.

 

En efecto, se ha operado aquí un doble desplazamiento. De una parte, la negociación, se ha desplazado de la contradicción Farc-Gobierno a la aparente “polarización” Santos-Uribe. De otra, el escenario de la paz ha pasado de La Habana a Bogotá, con lo cual, peligrosamente, de llegarse a un acuerdo sobre el contenido del Acuerdo entre estos “polos”, las Farc quedan como un tercero cuya posición puede ser vista con los ojos de quien va a juzgar con toda severidad cualquier respuesta negativa como expresión de intransigencia y terquedad. Es el resultado lógico, como se verá más adelante, del marco que se impuso a lo que debió haber sido una salida política negociada del conflicto armado.

 

Pero el plebiscito sigue ahí...

 

El tipo de movilizaciones en curso, no están, pues, muy lejos de lo que nos indican los resultados del plebiscito. La abstención, que superó el 60 por ciento, fue ciertamente muy alta, pero, en principio, dada la tradición electoral colombiana, no debería sorprendernos. Es más, así había sido previsto por los promotores del plebiscito en La Habana que se cuidaron muy bien de modificar los requisitos, reemplazando el umbral de validez por uno de aprobación de tan sólo cuatro millones y medio de votos. Si acaso, tendría que explicarse la fracción de abstencionistas que en esta oportunidad superó la “normalidad”. Probablemente, bastaría con reconocer dos componentes, uno involuntario, ocasionado por los factores climáticos ya mencionados y otro voluntario atribuible a que esta vez no operaron, por falta de incentivos, en toda su capacidad, las conocidas maquinarias clientelistas.

 

En general, los determinantes de la abstención son los mismos de siempre. Y no es poco lo investigado y escrito sobre este fenómeno, que ciertamente no es una característica original de Colombia. Pero no es necesario detenerse en este punto y mucho menos explayarse en una disquisición sobre los rasgos estructurales de la democracia burguesa en crisis, cuando la coyuntura nos está exigiendo un análisis concreto. La democracia electoral no es, o no debería ser, la expresión por excelencia de la participación popular; es más, como régimen político no es otra cosa que una expresión de la dominación sobre los trabajadores y en general sobre los sectores populares. Pero sí es un indicio de las condiciones en que se encuentran estos últimos y del clima político existente en tal o cual coyuntura y así debe ser tomado. En serio. A veces la participación electoral indica un descontento y una voluntad de cambio que debe ser valorado aunque sólo sea para su transformación. O si no, qué otra cosa nos muestran las victorias de Chávez, Correa, Evo Morales o Lula. Es impensable, porque sería indigna de los intelectuales orgánicos de la izquierda, la actitud cínica de validar la democracia sólo “cuando nos sirve”. Y a veces los plebiscitos han jugado un papel fundamental en el desenlace positivo de ciertas situaciones políticas como, para mencionar apenas un ejemplo, el que se realizó en Chile en tiempos de Pinochet. Por eso han convocado una alta participación. Lo cierto, lo verdaderamente importante, es que hoy en Colombia, a juzgar por lo sucedido, para la población esta consulta, y en contra de la publicidad, no representaba un hecho histórico. No pudo vencer ni el rechazo ni el escepticismo. Ese es un dato de la realidad política que estamos obligados a tener en cuenta.

 

Un principio de explicación se encuentra en la forma como hemos llegado, después de más de cuatro años de negociación, a este momento decisivo. Anteriormente hemos hablado de solución política negociada del conflicto armado. Pues bien, esto es justamente lo que no ha estado presente en el imaginario político del país. Contrariamente a lo que se suele argumentar, más con el deseo que con la razón, el proceso ha sido conducido, de manera abrumadora, por el establecimiento. Santos y Uribe por igual. No es cierto, como se dijo en las elecciones presidenciales pasadas, que si bien compartían el enfoque de política económica neoliberal se diferenciaban en el tema de la paz. En este enfoque también han estado de acuerdo; la diferencia, exagerada por razones político-electorales, es de puro pragmatismo. Para ambos se trata del sometimiento de un grupo criminal que si bien ha sido debilitado militarmente, conserva una capacidad significativa de destrucción y desestabilización. Para Santos, a diferencia de Uribe, había llegado el momento de poner fin a la amenaza a través de una negociación porque los costos del enfrentamiento bélico ya eran superiores (e inconvenientes desde el punto de vista del modelo económico) a las ventajas de una posible pero lejana rendición del enemigo. Tal es el significado de la expresión “paz imperfecta” que terminaron por aceptar hasta los demócratas y progresistas, todos partidarios del Sí, lo cual equivale a que el referente de perfección es la rendición o sea el mínimo de “concesiones” para las Farc. Es el contenido de las discusiones sobre la “impunidad” y lo que es peor, de las reclamaciones actuales, al parecer aceptadas por la mayoría de los movilizados, de “perfeccionamiento” del Acuerdo a través de los “ajustes” al famoso texto de las 297 páginas.

 

¿Hasta qué punto se ha visto como una resolución histórica?

 

Esta es la realidad innegable. No existe un clima, un ambiente cultural, una sensación de cambio histórico que debería, en el plano de la teoría, suceder a la inminencia de la finalización de un conflicto armado que hunde sus raíces en lo más profundo de la historia del país. Ni siquiera como sucedió con el Frente Nacional, o con la Asamblea Constituyente a principios de los años noventa. Por eso es tan grave la ignorancia o la omisión deliberada de las causas del conflicto, para no mencionar la referencia a la resistencia campesina que sólo está en boca de algunos pocos. Es cierto que no podíamos esperar que los militantes de las Farc fuesen recibidos como unos héroes, pero tampoco es admisible, ni justo, que terminaran convertidos en un grupo de criminales cuyo único destino tenía que ser el arrepentimiento y la búsqueda de perdón. –Para quienes se preocupan de la “impunidad”, por cierto, habría que decirles que, así como están las cosas, ya han recibido un castigo, uno que ya ha sido excluido de muchos ordenamientos constitucionales, el escarnio público que es lo peor que le puede suceder a una organización política–. Y lo que es más importante. Para que este desenlace de la confrontación militar fuese un hecho histórico tendría que haberse planteado un juicio de conjunto. Un juicio de las relaciones de poder que han existido hasta hoy. Es verdad que la izquierda, en general, insiste en una caracterización como ésta; sin embargo, por desgracia, lo que se impuso como narrativa y condiciones de la pugna política ha sido la otra. Cuando se habla de víctimas, por ejemplo, se refiere, en la práctica a las “víctimas de las Farc”. La estrategia paramilitar, de la cual son sólo una expresión los grupos paramilitares, parece haber quedado en un pasado olvidable, como si la ley de sometimiento de Uribe hubiese sido la primera cuota del esfuerzo de paz.
En fin, el acontecimiento que estamos viviendo y que condujo a la consulta ha quedado como un simple trámite para el desarme de un grupo armado ilegal. Pese a la magnificación que han intentado tanto Santos como las Farc. El primero para vender la idea de paz (nacional e internacionalmente) indispensable para la atracción de inversión extranjera y de la “ayuda” de la comunidad internacional tan necesaria en épocas de crisis. Y las Farc, seguras, ellas sí, del significado histórico, para ponderar las virtudes del acuerdo cuyas potencialidades democráticas, a su juicio, solamente necesitarían del esfuerzo ulterior de los movimientos sociales. La realidad, sin embargo, es tozuda. La idea de la gran transformación histórica no ha convencido ni siquiera a la mayoría de los votantes por el sí. No fue posible vencer el escepticismo, sobre todo el de quienes creen que todo es una nueva mentira y nada va a cambiar.

 

 

 

Las razones ocultas del No

 

Son, pues, estas circunstancias del contexto político las que explican también buena parte del voto por el No. Es cierto que el Sí triunfó en las áreas rurales, especialmente las más afectadas por el conflicto, y el No en las grandes ciudades con la notable excepción de Bogotá. Pero no es una constatación propiamente tranquilizadora. La reacción rural no forzosamente corresponde a una comprensión del hecho histórico, en los términos en que acabamos de proponerlo, sino más bien al desgaste producido por tantos años de dolor. Salvo algunas contadas excepciones, es posible que tal reacción se acerque a la actitud de quienes piensan que es preciso intentar la paz, de una vez por todas. Como sea. Pero más revelador aún es el hecho incontrovertible de que, rural o urbano, el número de votos por el No haya sido tan alto. Sin ninguna consideración pragmática y corriendo el riesgo de una prolongación de la guerra. Algo tiene que haber en la mentalidad del pueblo colombiano. La campaña publicitaria del Uribismo (por cierto menos poderosa, en un hecho sin precedentes, que la propaganda oficial y de muchas empresas nacionales y extranjeras) debió incidir en alguna medida, pero ¿qué razones hicieron que cayera en un terreno fértil?

 

Dadas las circunstancias mencionadas, es claro que incluso la motivación del Sí era débil. Basta releer las declaraciones de los políticos y las columnas de muchos de los que consideramos demócratas y progresistas. ¡Queremos desarmar las Farc! Como sea. Aunque tengamos que “tragarnos algunos sapos”. Pero la mayor contribución al No, la hizo la campaña oficial del Sí. En efecto, Santos presentó siempre, hábilmente, el voto afirmativo como un respaldo a su gestión de Gobierno. Escaso efecto tuvo la campaña desesperada de la fracción del Polo que acuñó la consigna “plebiscito Sí, Santos No”. De manera que la oposición terminó canalizada por el uribismo. Y éste, a su vez, tuvo la inteligencia de confundir sus críticas al Acuerdo con las críticas a las políticas de Santos.

 

Muchos de los temas ni siquiera estaban en el Acuerdo, por lo menos como puntos fundamentales. Tal el caso de la “ideología de género” que se apoyaba, más bien, en la ridícula disputa de las cartillas. O la amenaza de la reforma agraria que, en realidad, tenía que ver con la aplicación de la Ley de víctimas y restitución de tierras. Y lo más impactante en relación con los temores de los trabajadores: la reducción de las pensiones que tiene que ver, en verdad, con el anuncio de comenzar a gravarlas, y los incrementos de impuestos que no demoran en decretarse por cuenta de la reforma que se acaba de presentar. Casi no hubo tema de la política económica y social, pasada y futura, que no se le cargara a la cuenta del Acuerdo. Entre tanto, Santos mentía descaradamente, pregonando que el fin del conflicto traería un escenario paradisíaco. La única excepción ha sido el asunto de la “impunidad”, que no hubiera tenido tanto éxito si no fuera por las circunstancias en que se propuso la negociación. En términos pedestres, una discusión sobre el tamaño del “sapo”.

 

El revoltillo, bien organizado, tuvo éxito. Entró en sintonía con los fundados temores de los sectores populares. No se tiene en cuenta, por supuesto, que ya existe una enorme crisis fiscal; el recorte del gasto público y el incremento de los impuestos se atribuyen falsamente a la necesidad de “financiar a las Farc”. Y Santos no está interesado en corregirlo. Lo peor es que la dilación tiende a dar la razón a Uribe en la medida en que ya se están viendo claras las amenazas. Así las cosas era difícil vencer el escepticismo. Y lo es todavía.

 

Hacia una recuperación de la política

 

En fin, utilizando el socorrido tópico, podríamos concluir que los retos que se nos plantean no son pocos. Así como hay una real fatiga con la violencia, que ha dado lugar a una de las mayores movilizaciones de los últimos tiempos, también es cierto que hay una mentalidad que, superficialmente, puede calificarse de “derecha”. Desde la época de Uribe, con sus grandes manifestaciones y sus no despreciables volúmenes de votación. Una ilustración es el rechazo al imaginado engendro del “Castro-chavismo”. Probablemente influye la desastrosa situación en que se encuentra Venezuela, que para los colombianos no es un simple rumor lejano. No es tan generalizado como se cree pero toca un aspecto que, para quienes seguimos buscando una transformación radical de la sociedad, resulta fundamental. Se trata de la necesaria ideación de una posible alternativa social y política.

 

Porque, en realidad, la mentalidad descrita no está exenta de complejidad. No falta allí el rechazo frente a muchas de las características del actual modelo económico. No sería extraño encontrar muchas personas que, simultáneamente, rechazan y enfrentan la gran minería o el latifundio; la especulación financiera o la precarización laboral; las múltiples discriminaciones o la crisis del sistema de salud, y hasta la política económica. Es por eso que el uribismo, al igual que en su momento el fascismo, se presenta, en los discursos, como una derecha populista. El problema consiste, entonces, en que estas personas, que pueden ser muchas, no logran reconstruir en su conciencia el modelo que habría de rechazarse. Y mucho menos alcanzan a representarse la imagen de un orden alternativo. Pero no es imposible. Se trata de retomar los hilos de las resistencias, locales, parciales, individuales, para tejer un amplio movimiento que, abandonando el reivindicacionismo egoísta, esté en capacidad de redefinir la política. Es, entre otras cosas, una condición imprescindible de cualquier proceso popular Constituyente. El punto de partida, eso sí, es una simple y coloquial recomendación: ¡Por favor, no nos digamos mentiras!

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