Historia de lápices. Cuba, el plebiscito y una reacción norteamericana

Por cuenta de su “lucha contra el régimen”, no resultaría sorprendente que Guillermo “Coco” Fariñas sea el hombre con mayor número de huelgas de hambre emprendidas en todo el mundo. Cualquier recapitulación suya supera con creces el centenar de esas protestas pacíficas, que durante años le han dado notoriedad en círculos de poder de Europa y Estados Unidos. No así en Cuba, donde su nombre es desconocido para la mayoría de la población.


Incluso en Santa Clara, la ciudad donde reside, son pocos los que consiguen identificarlo como el hombre que en 2012 mereció el premio Sajarov a la libertad de pensamiento, otorgado por el Parlamento Europeo. A lo sumo tal vez alguien recuerde su aparición, años atrás, en un programa televisivo nombrado Las razones de Cuba, en el que el gobierno publicaba los resultados de investigaciones de la seguridad del Estado. Una de aquellas emisiones tuvo como protagonista al Coco, puesto en evidencia mientras desarrollaba una de sus periódicas huelgas de hambre. Una cámara infiltrada en su vivienda por el G-2 (la policía política) revelaría el secreto de su impresionante resistencia física: los ayunos de las mañanas y las tardes eran seguidos, en las noches, por bien calculadas ingestas de jugos naturales y suplementos nutricionales.


El golpe fue de tal magnitud que Fariñas se vio obligado a cambiar de aires y por un tiempo se dedicó a recorrer salones en Washington y Bruselas, acumulando fotos con líderes políticos y empresariales y gestionando recursos para su nuevo proyecto, el Foro Antitotalitario Unido.


Más nutrido de reportajes en Internet que de miembros efectivos, ese movimiento decidió hace pocos días que el referendo constitucional era una excelente oportunidad para hacerse notar, y el lunes difundió una carta abierta llamando a desconocer los resultados de la consulta, por estar “manipulados y amañados por las autoridades de la junta militar neocastrista que desgobierna Cuba”. En la misma cuerda, Rosa María Payá, hija de un líder disidente fallecido en 2012 y radicada en Miami, criticó la legitimidad del proceso remarcando cómo en pocas horas el padrón de electores había crecido de “8,6 a 9,2 millones de cubanos”. Como piedra de toque para sus denuncias, ambas declaraciones señalaban el hecho de que los comicios se habían celebrado empleando lápices para marcar las boletas, circunstancia que a su juicio revelaba la intención de alterar la voluntad expresada por la ciudadanía.


La “historia de los lapicitos” ganó alguna notoriedad a comienzos de semana al calor de sitios digitales opuestos al gobierno y de emigrantes cubanos agrupados en Facebook, quienes inexplicablemente no sabían que en su país natal las votaciones siempre se han realizado empleando lápices escolares. De hecho, el sistema electoral cubano peca de una simplicidad abrumadora, con colegios barriales atendidos por los propios vecinos y unos pocos cientos de empadronados en cada centro. Invariablemente, las consultas utilizan sencillas boletas foliadas, cabinas individuales (lo del voto público no es más que una burda mentira) y el ya famoso lápiz colegial. El cierre y la apertura de las urnas, así como el recuento de los votos, son públicos y tienen lugar en los colegios respectivos.


Ya en la noche del domingo el ejercicio de “verificación ciudadana del escrutinio” impulsado por el sitio alternativo El Toque anticipaba la tendencia irreversible del referendo. En definitiva, más del 84 por ciento de los votantes decidió acudir a las urnas, y de ellos, el 86,9 por ciento lo hizo para ratificar el proyecto de carta magna presentado por el gobierno.


Interpretando a su modo lo acontecido, el movimiento capitaneado por Fariñas aseguró, sin embargo, que la “ministra de (in)Justicia de la República, y también presidenta de la Comisión Nacional Electoral”, se había visto “obligada a reconocer que por lo menos un 26,7 por ciento de las cubanas y cubanos con derecho al voto rechazaron la nueva Constitución socialista por ser estalinista e impuesta sin otra alternativa posible”. Para sostener tan lapidaria afirmación, metieron en el mismo saco el 9 por ciento de sufragios que de forma explícita se habían decantado por el No, los pequeños porcentajes de boletas anuladas o depositadas en blanco, y el 15,6 por ciento de la ciudadanía facultada para votar que no asistió a los colegios.

 

Toda vez que incluso en esas circunstancias las estadísticas se mostraban adversas, fue entonces preciso echar mano al asunto de los lápices. Dentro de Cuba difícilmente será una historia que encuentre eco más allá de las redes sociales, pero fuera de la isla servirá para mantener el término “disidencia” en los buscadores al menos por unas semanas más. Como bien ha aprendido Coco Fariñas, luego de años de “huelgas cívicas por la democracia”, es eso lo que en verdad importa.


En un gesto que algunos comparan con la maniobra de ofrecer “ayuda humanitaria” a los venezolanos, Radio Televisión Martí, cadena de noticias creada en 1985 por el gobierno estadounidense para emitir contenidos contra La Habana, divulgó a comienzos de la semana que la administración de Donald Trump estaría estudiando la posibilidad de volver a emplear cubanos en Guantánamo, o bien de reabrir el enclave para recibir a cubanos interesados en solicitar asilo. A impulso de esa confusa versión, un número indeterminado de personas, en su mayoría jóvenes, se ha traslado a Guantánamo, lo que ha obligado a las autoridades a reforzar las medidas de seguridad en los municipios limítrofes.

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Sábado, 10 Diciembre 2016 15:45

La mirada de un alemán a la paz en Colombia

La mirada de un alemán a la paz en Colombia

 

Lejos de Alemania, su país, Claudio Hanssler trata de entender las razones o las emociones por las cuales millones de colombianos rechazaron el acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc- ep, para poner fin a más de cincuenta años de guerra. Aunque ha escuchado muchos argumentos de quienes todavía se definen en contra del proceso de paz y muy pocos a favor, sigue buscando la respuesta al por qué las mayorías de una nación, en un momento tan definitivo, se inclinaron por dejar en suspenso la terminación del conflicto armado diciendo no.

 

Al extranjero no le ha sido fácil mantener una posición neutral ante este nuevo giro que adquirió la eventual terminación del conflicto con las Farc; los pocos amigos de Colombia quieren que opine, como si su voz fuera la de un veedor internacional que aprueba o desaprueba lo que no se pudo ganar, o lo que se ganó en las urnas. En este caso, la mediación de un foráneo podría resolver, tal vez, aquello que en medio siglo no han logrado pactar los colombianos.


Claudio Hanssler, 20 años, nació en Ravensburg, a 30 minutos de Munich. Llegó hace más de dos meses a Colombia, a través de un programa de intercambio en el cual realiza un trabajo social, enseña inglés a niños de una escuela rural de Duitama, Boyacá. Su venida sucedió en un momento crucial para el estado colombiano, por tal motivo se ha interesado con lo que ocurre, investiga por su cuenta y no deja de escuchar las opiniones encontradas de los recientes amigos. Sin embargo, él tiene la propia.


El joven extranjero dice sentirse sorprendido con los resultados de las pasadas votaciones que dejaron en vilo la materialización de los diálogos de paz y los acuerdos que se pactaron. Habla un español entendible para comunicarse y busca en un diccionario digital, en su equipo celular, el significado de lo que hasta ahora no se ha podido explicar ni él, ni seguramente nadie. También le pregunta a Jonathan Salcedo, un amigo boyacense que lo acompaña y que le ayuda a traducir del idioma alemán al español. Cuando tiene armado su concepto, dice: “Me parece cómico que a alguien le pregunten si quiere que haya paz, porque lo tienen que preguntar, es lógico que sí”, expresa al tiempo que va juntando sus manos y afirmando lo que argumentó con un movimiento de cabeza.


El alemán analiza lo que sucedió con el plebiscito, un mecanismo democrático de participación ciudadana con el cual los colombianos refrendarían un proceso de paz histórico. Consulta a su amigo, que no lo pierde vista, y se concentra en una nueva respuesta: “He observado a otros países y no hay que llegar a enfrentarse entre la gente de un mismo país por un sí o por un no...es un poco cómico”.


Claudio expresa su admiración por la belleza natural de este país, paisajes que no hay en Alemania. “Es muy bello, no hay otro igual”, indica. No obstante, sigue sin entender por qué en un lugar tan bello no se disfruta y sí se insiste en seguir con una confrontación. Reflexiona: “En las zonas donde hay guerra la gente votó con un sí para que se acabe el conflicto, pero donde no hay guerra la gente votó que no, para seguir en guerra. Es contradictorio”.


Con la ayuda de amigos que ha hecho en poco tiempo y algunas lecturas, trata de entender el conflicto que se ha vivido aquí durante más de cinco décadas.


Para Claudio todavía existe mucho dolor en las familias que han perdido a sus seres queridos, y una de las causas por las que se impuso el rechazo al proceso de paz es el sentimiento de revancha. Pero también falta de confianza en el gobierno, lo que explica el ausentismo tan grande que hubo en las urnas el pasado 2 de octubre. “Colombia tiene una mala imagen ante el mundo por la corrupción”, indicó.


Cuando el joven alemán tomó la decisión de hacer su trabajo de servicio social de intercambio, no lo pensó mucho en viajar a Colombia, así los amigos le advirtieran de la inseguridad generada por el narcotráfico y el conflicto armado, una mala imagen que aún se tiene de Colombia en el extranjero. Entiende muy bien lo que es la estigmatización, su familia en Alemania también la vivió por causa de la guerra que este país le declaró a otros estados y los efectos de dolor y heridas que no cicatrizan del todo.


En un blog llamado Colomvida este extranjero cuenta a sus amigos y a los hablantes del idioma alemán su experiencia en Colombia. Lleva casi un diario en la red narrando anécdotas. Su próxima publicación será sobre el plebiscito que pudo terminar el conflicto armado con las Farc. De igual forma les explicará a sus compatriotas por qué en Colombia no quieren la paz, como le han manifestado ellos en sus mensajes y cortas conversaciones, aunque para lograrlo primero tenga que entenderlo.


“La gente en Colombia es muy simpática, muy buena, no es cierto lo que escuchaba en las noticias antes de venir aquí”, dice Hanssler.


Su opinión no es tan ajena, viene de un país que ha sobrevivido a dos guerras mundiales y ha logrado levantarse de las ruinas.


Claudio Hanssler es de las primeras generaciones de jóvenes que nacieron después de haber caído el muro de Berlín, un hecho político que significó el final de la Guerra Fría y permitió la unificación de Alemania Oriental y Occidental. Esta división fue el resultado de la terminación de la Segunda Guerra Mundial, con lo cual los vencedores, los aliados, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, y la Unión Soviética se repartieron a Alemania como un botín de guerra en 1945.


El padre de Claudio nació en 1957, en el lado occidental durante la etapa de posguerra, en pleno camino a la reconstrucción, una transición marcada por el clima tenso creado por las políticas divergentes. Es decir; en un ambiente de extremos ideológicos, tal vez irreconciliables, los padres de este joven extranjero tuvieron que salir adelante.


Claudio tiene muy presente este capítulo espinoso para Alemania, además de los momentos buenos y malos por los que tuvieron que pasar sus familiares y compatriotas. Como también lleva en su memoria las historias de guerra que le relató su abuela, una sobreviviente, que tuvo que hacerse cargo de los hijos pequeños, sin ayuda de ninguna clase, y resistir sola mientras su esposo combatía en el frente de batalla. El joven cuenta que su abuelo fue piloto de guerra y cayó como prisionero en Francia, regresó mucho tiempo después de haber concluido la Segunda Guerra Mundial.


“Al acabar esta confrontación mundial, que destruyó muchas ciudades, las mujeres fueron las que reconstruyeron Alemania”, expresa Claudio.


Lo afirma porque su abuela participó en la reconstrucción de la ciudad Dresclen. Y, porque en este conflicto mundial muchos hombres alemanes murieron en los frentes de guerra o terminaron prisioneros.


Esta experiencia dolorosa y los efectos posteriores que traen los conflictos, entre ellos las heridas que aún tratan de sanarse, el extranjero que es hijo de la posguerra tiene su propia opinión de los desastres que dejan las confrontaciones armadas.


Y ante lo sucedido deja claro que la mayoría de las generaciones nacidas en la posguerra ven equivocado el rumbo que llevó su país, y así se refiere al líder nacional socialista que empujó a una nación entera a la guerra de consecuencias estrepitosas, tanto como los efectos que deja la caída en un abismo.


“Hitler no fue una buena persona, no puede ser una buena persona alguien que quiera la guerra...era una persona loca, quería tener todo el mundo”, dice Claudio.


Para el alemán está claro, en su idioma o en español: la guerra solo trae destrucción, y la reconstrucción lleva más tiempo. Lo afirma porque su país lo vivió y aún, sesenta años después, como nación tratan de superar ese pasado.


Expresa que no entiende por qué en Colombia los habitantes llevan tantos años en una confrontación armada, en una guerra tan profunda que no pareciera tener fin, enfrentados por ideas políticas, hasta destruirse.

“En mi país hay grupos neonazis que continúan con las ideas de Hitler, aunque son una minoría, los toleramos, no van a haber pérdidas humanas por eso”, dice el joven extranjero.


Lo recalca porque le parece muy extraño que ciudadanos nacidos en el mismo país lleguen a quitarse la vida por diferencias políticas.


“Para que Alemania sea un país desarrollado... esto se ha logrado porque todos hemos estado unidos yendo por el mismo camino”.


Para terminar la conversación el joven alemán expresa sin mirar a su diccionario y sonríe:


“Me gustaría que los colombianos sean como cuando van a ver un partido donde juega la selección de fútbol, que todos se ponen la misma camiseta”.


Antes de retirarse afirma que si no hay más guerra en Colombia este país sería una potencia en turismo, muchos extranjeros vendrían a conocer los paisajes más bellos que no se pueden ver en otro lugar.


El joven admira la belleza natural del país, que ha podido descubrir a través de fotografías y por las imágenes que otros alemanes le han pintado en las conversaciones, que tienen como fin, reconstruir los destinos de Sur América. Aunque no va a visitar Caño Cristales en el departamento del Meta, su familia le ha recomendado que a esa región no se puede desplazar por seguridad. Por lo pronto, está en sus planes Bogotá y Cartagena.


Si la opinión de un extranjero y, más de un joven, no alcanza a dar las soluciones, o describir la fórmula que los colombianos han estado buscando para acabar con un conflicto, tal vez, con aprender a escuchar a alguien que ve al país desde fuera puede ser suficiente. Claudio lleva un paso adelante y tiene algo que decir: ha experimentado los efectos del posconflicto, a él también le corresponde la reconstrucción de un país destrozado por la guerra, con tantas heridas que no han terminado de sanar.

 

 

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Una vez más, sobre los resultados del 2 de octubre*

Si bien la paz tiene un amplio espectro de definiciones teóricas dentro de un variado número de contextos, es sin duda, un referente amplio y determinante del orden democrático, la justicia social, y los procesos de construcción del tejido social que buscan el porvenir y desarrollo de las sociedades. La paz dentro del contexto de una sociedad, como la colombiana, no debe ser solo un derecho de obligatoria búsqueda y cumplimiento del Estado y de todos los colombianos, tal cual lo establece el artículo 22 de la Constitución Política de Colombia de 1991, sino que además debe establecer un marco de soluciones para los malogrados conflictos históricos, y a futuro, un nuevo orden social, caracterizado por amplias oportunidades de transformación positiva de nuestros propios conflictos, garantizando de esta manera prevenir el caos y la incertidumbre de épocas pasadas.


Es por ello que el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) establecieron un acuerdo de paz que busca superar, en parte, la triste y dantesca historia de Colombia, a partir de la construcción de una nueva propuesta que implica nuevas relaciones sociales y políticas, nuevas lógicas de justicia, nuevos imaginarios de sociedad y, sobre todo, nuevas lógicas para hacer de los conflictos una transformación en pro del bienestar y del desarrollo social en Colombia.


En el contexto nacional, la paz, para muchas víctimas, podría significar el silenciamiento de fusiles, como una oportunidad para la vida y la tranquilidad emocional de miles de personas que han padecido la guerra, entendiendo que en cualquier acuerdo para el fin del conflicto armado estas son y deben ser el principal actor y la columna vertebral de los acuerdos. Por esta razón es loable y plausible el beneficio innegable y tangible del desescalamiento del conflicto armado suscitado por los acuerdos de paz, ya que según los informes del Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto (CERAC), en el periodo de monitoreo comprendido entre julio del 2015 y agosto del 2016, la confrontación armada interna, entre el Gobierno Nacional y las FARC, ha tenido casi una completa reducción , hecho que se traduce en una contribución a la vida como primer derecho fundamental e inviolable de la Constitución Política de Colombia de 1991. En adición a esto, se han registrado disminuciones en los desplazamientos, desapariciones, violaciones de todo tipo y en la negación de derechos como seres humanos. Sin embargo, es claro que la paz estable y duradera no solo se da con el callar de los fusiles, está se da mediante un trabajo mancomunado entre el Estado y la sociedad civil , para buscar entre ambos, proyectos históricos que nos movilicen al logro de objetivos comunes como sociedad, objetivos que nos ayuden a superar los letargos sociales, políticos y económicos ocasionados por los problemas estructurales de nuestra historia.


Aunque la paz es un ideal inalcanzable para los seres humanos, la potencia de ese ideal radica, en que nos permite diagnosticar la situación y el estado en que se encuentran los derechos fundamentales en que se edifica la convivencia humana- buena salud, trabajo digno, buen sistema educativo, respeto a la posición política e ideológica, respeto a la posición religiosa y no religiosa, entre otros- promulgados por nuestra actual Constitución Políticay por la Declaración Universal de los Derechos Humanos .


Después de conocer –a través de los boletines electorales que emitió la Registraduría Nacional del Estado Civil– el resultado del plebiscito que consultaba la opinión y la decisión de los colombianos sobre las bondades (o no) del acuerdo político para terminar más de 52 años de conflicto armado entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC – EP) - evento realizado el 2 de octubre de 2016 – y, con ello, si avalaban o no, que dichos acuerdos se incorporaran al ordenamiento constitucional que nos rige desde 1991 (jurídico, político, sociocultural y económico); una diversidad de voces –tal como es el país real, o el país nacional – se han levantado a lo largo y ancho de nuestro territorio, para que una luz en el firmamento de nuestros conflictos no se extinga como consecuencia del resultado mayoritario que rechazó esos acuerdos (representado en un margen de diferencia con respecto a la votación del Sí en un 0, 4%) .


Si bien, una mayoría de colombianos rechazó en las urnas ese acuerdo político – así sea por una pequeña cantidad de votantes-, eso no significa que todo lo acordado en estos cuatro años de discusiones y esfuerzos (2012–2016), se deban tirar al bote de la basura como si se tirara un envase o un papel que ya no tiene utilidad. Por el contrario, vemos que este resultado abrió la posibilidad de sumar ideas, propuestas y voces de muchos sectores de la sociedad colombiana -tanto urbanas como rurales-, que no habían sido tenidas en cuenta; en unos casos, por la forma en que el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC habían diseñado la forma en que se realizaría ese acuerdo y, en otros, por la desidia y la amnesia en que han estado sumidos muchos colombianos con respecto a los acontecimientos políticos, sociales y económicos que nos marcan como sociedad y como país en nuestro diario vivir.


Y es, desde esto último que acabamos de plantear, en donde vemos lo positivo de un resultado que en las urnas, impide cerrar ese conflicto armado entre el Estado colombiano representado por el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010–2014, 2014 – 2018) y el grupo subversivo de las FARC. Este resultado –sin que el más precavido de los mortales en nuestro país se lo imaginara-, abrió la posibilidad de romper la amnesia en que habían permanecido sectores de la población colombiana con la historia, con la política, con la realidad y con el futuro que una mayoría de hombres y mujeres quiere para el país. Sectores indiferentes y atrapados por la abulia hacia los acontecimientos políticos –signo de lo que hemos sido como sociedad y como país -, con ese resultado que negaba el acuerdo, se despertaron a través de pronunciamientos y movilizaciones que le exigen al país politiquero y clientelista, al país politiquero de la trama y el contubernio, al país politiquero de las prebendas, al país politiquero del cálculo para pescar en rio revuelto, que esta vez, las cosas son a otro precio. Que hay otros tiempos, que hay otros sujetos y otros ciudadanos; que el país de hoy, no es el país de una población sumisa, alienada y alineada a los dos partidos políticos tradicionales que se han repartido el poder en Colombia como a bien se les ha dado la gana; que el país de hoy, es un país con una pluralidad de voces y de presencias – incluso, de ausencias -; es un país de hombres y de mujeres diversos en su cultura, en lo social y en lo político; es un país que se levanta, para no dejar escapar la posibilidad y el sueño de avanzar en la solución política – y no militar y represiva – de uno de los tantos conflictos que tiene el país.


En ese mar de voces que hoy se levantan por todo el país –a raíz de los resultados del plebiscito-, ha sido gratificante presenciar el sentido de pertenencia y el sentimiento de artistas, de científicos, de víctimas, de adolescentes, de niñas y niños, de organizaciones y movimientos políticos, de organizaciones de derechos humanos, de sectores empresariales, de organizaciones agrarias y campesinas, de grupos étnicos (afrodescendientes e indígenas), de organizaciones estudiantiles universitarias, entre otras; diciéndoles al país político , al país nacional y al país politiquero y clientelista, que esta luz, una luz en medio del firmamento estrellado que significa este acuerdo político entre el Estado colombiano y las FARC, no se dejará extinguir.


Para todo proceso de construcción de paz-tal como lo hemos venido expresando-, es vital la participación activa y propositiva de la sociedad civil como el canal movilizador que marcará la hoja de ruta para la consecución, no solo del acuerdo de paz con las FARC-EP, sino también con otros procesos de paz que contribuyan al anhelo colectivo de transformación positiva que queremos para un nuevo país. Es claro que, como sociedad civil, y en el ejercicio de una real democracia, debemos ser conscientes y responsables del significado social y político, de cara a lo que implican las negociaciones y acuerdos de paz en las actuales realidades y contextos nacionales. Por lo tanto, es necesario–incluso, casi que obligatorio-, que cada colombiano o grupos de colombianos aporten, en gran medida o marginalmente, elementos de juicio positivo, bajo la construcción de la confianza y la esperanza, a todo aquello que implique garantías de desarrollo colectivo, tal cual los establecen los acuerdos de paz.


Es por ello que el grupo de mujeres y hombres que hacen parte del proyecto ciudadano “Tertulias Eclécticas” en la comunas 12 y 13 de la ciudad de Medellín – unas voces anónimas pero presentes y en pie de lucha para que ese acuerdo político llegue a buen puerto-, se suma con esta reflexión, al sentir de esa pluralidad de voces que hoy se han levantado para exigirle a quienes en sus manos tienen hoy en el país esa porción de poder –necesaria en los actuales momentos-, que el acuerdo político a que han llegado el Estado colombiano y las FARC en estos cuatro años, se incorpore a nuestro ordenamiento constitucional.

Bibliografía y Cibergrafía utilizada para apoyar este ensayo


Serrano Gómez, Enrique. Filosofía del conflicto político: Necesidad y contingencia del orden social. México, D.F: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Miguel Ángel Porrúa, librero-editor, 2001.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Edición conmemorativa 40 aniversario. San José, Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Proyecto Educación y Derechos Humanos, 1988.
Entrevista de la periodista Cecilia Orozco Tascon a la escultora Doris Salcedo, a raíz de la obra de arte realizada en la Plaza de Bolívar de la ciudad de Bogotá el 4 de octubre de 2016 denominada “Sumando Ausencias”. Bogotá, D.C: Diario El Espectador, edición del Domingo 16 de octubre de 2016.

http://blog.cerac.org.co/monitor-de-desescalamiento-del-conflicto-armado-interno-en-colombia-6
http://plebiscito.registraduria.gov.co/99PL/DPLZZZZZZZZZZZZZZZZZ_L1.htm

*Voz del grupo “Tertulias Eclécticas” en torno a los resultados del Plebiscito celebrado el 2 de octubre de 2016 para refrendar los acuerdos políticos entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC–EP)

Responsables y voceros de este comunicado en nombre del grupo “Tertulias Eclécticas”,
Cristian Camilo Marín C.
Cédula de ciudadanía:1017134834
Contacto:
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Celular: 312 5645096
Abad García Orozco
Cédula de ciudadanía: 98493059
Contacto:
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Celular: 304 6738552

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Por enésima vez, la salida es la Constituyente de la paz.

La manguala Santouribista pretende enterrar el Acuerdo de Paz de Cartagena y reemplazarlo por la Seguridad Democrática, la megamineria y las Zidres.

Hay que levantar la bandera de la Constituyente soberana por la paz.

La idea de la Constituyente.

La idea de una Asamblea Constituyente soberana y popular por la paz, para que se encargue de consolidar los Acuerdos de paz entre el gobierno del señor Santos, en representación del Estado, y las Farc como expresión de la resistencia agraria, se ha planteado de manera reiterada durante los 6 años de diálogos adelantados en la Mesa de La Habana.

La delegación de la guerrilla le ha dado sustento a tal iniciativa, resaltando su conveniencia y necesidad.

Se trata de un mecanismo político extraordinario que refleja el poder constituyente de las masas y la multitud abigarrada.

Dicha hipótesis fue rechazada desde siempre por la elite política oligárquica mediante argumentos expresados por Santos para estigmatizarla, descalificarla y descartarla.

Mejor un plebiscito, sostenía, como mecanismo de refrendación de los consensos de paz.

Una Constituyente no era útil, ni necesaria, pues sus decisiones destruirían lo acordado. Daría al traste con el Pacto de paz de Cartagena. Sus amigos, los contratistas de siempre, le acompañaban en esa percepción e iban más lejos: la Constituyente era y es un salto al vacío. Una experimento arriesgado y aventurero que debía y debe rechazarse.

Pero, a la luz de los hechos, de la sabia experiencia, lo que en realidad se está dando es todo lo contrario.

Santouribismo al ataque.

Se impuso el Plebiscito y después de su derrota el Acuerdo de paz quedó en el limbo. Prácticamente se volvió un cadáver que las aves carroñeras de la ultraderecha uribista y la derecha santista desguazan sin contemplación. Entre toda esta jauría se disputan la manera de eliminar la Paz de La Habana y Cartagena.

El santouribismo quiere enterrar la reforma rural integral y los derechos agrarios alcanzados para apuntalar el despojo de 6 millones de hectáreas a casi 8 millones de campesinos desplazados.

Quiere eliminar la justicia especial de paz para dejar en la impunidad masacres, desapariciones, falsos positivos, parapolítica y paramilitarismo. Para que Santiago Uribe quede libre e igual el señor Uribito pueda seguir muy campante por las calles de Miami, aletiando su impunidad y tropelías. Para que los rebeldes guerrilleros se pudran en las cárceles y mazmorras del régimen.

Quiere suspender la democracia ampliada, la representación política de las Farc, la erradicación del paramilitarismo, la seguridad de los guerrilleros, el estatuto de la oposición y las garantías para los movimientos sociales.

Quiere cercenar los derechos de las mujeres, indígenas, afros, lgtbi y de otras minorías campesinas.

En suma quiere enterrar y fulminar los importantes avances para terminar el conflicto social y armado que se consolidaron en las negociaciones de los últimos seis años.

Santos abogado del uribismo.

Santos está aprovechando los famosos ajustes planteados por el regresivo pliego de Uribe y Ordoñez para afirmar la contrareforma de la paz. Se convirtió en el abogado de las facciones fascistas para obligar a la contraparte a ceder en todo, a rendirse y omitir las demandas históricas del movimiento de la resistencia agraria y popular.

Pretende coronar la paz neoliberal que oxigene el régimen de dominación oligárquica. Es lo que nos explica su afán, sus presiones y sus amenazas contra las Farc.

El descaro es tal que si nos descuidamos nos zampa su retorcida reforma tributaria en nombre de la paz.

Rescatar la Constituyente.

La Constituyente es una alternativa que se debe rescatar de manera urgente.

Hay nuevos elementos planteados para que la misma cobre curso sin tardanza.

La tesis de R. Jimeno.

Jimeno plantea que “la Constitución prevé un mecanismo participativo y democrático, el artículo 376, que permite tramitar y resolver las divergencias frente al Acuerdo de Paz. Una Constituyente Especial, con la única y exclusiva agenda de ajustar los seis puntos del Acuerdo, en un tiempo limitado (¿tres meses?), con un número de miembros pequeño (¿30? ) y con calificaciones y conocimientos para garantizar profundidad en el debate, es un mecanismo que puede contemplarse. Sería una solución sin vencidos ni vencedores, civilizada, donde las minorías y mayorías discutirían en un foro abierto y transparente los posibles ajustes” (http://bit.ly/2eo4ufW ).

La propuesta de Gutiérrez Sanin.

Gutiérrez Sanin ha propuesto “convocar lo más pronto posible a un Cuerpo colegiado, una suerte de congresito, para que delibere y decida sobre los acuerdos de paz...... Un cuerpo colegiado que discuta y apruebe (o rechace) un texto final del acuerdo, quizás con elementos adicionales que justifiquen la nueva convocatoria. Ventajas: plena legitimidad democrática, pluralismo, múltiples voces. Como escuchar al país es quizás la demanda fundamental del Eln, se podría tener al menos expectativas razonables de que entrara en el proceso. Y éste sería mucho más deliberativo que un plebiscito. En una elección de esta naturaleza cabrían, y podrían expresarse, todos los matices de opinión del país. Naturalmente, también hay riesgos y costos. Es claro que de esta no vamos a salir gratis. Las partes del acuerdo tendrían que someterlo a un debate abierto. Pero se preservaría la arquitectura básica de aquel. Una coalición pro-paz tendría buenas oportunidades de salir avante. Los partidarios de la paz no podemos olvidar en ningún momento que somos la mitad (mal contada) del país. Y esas elecciones se podrían convocar para abril o mayo del próximo año. No soy abogado, pero hablando con los que saben todo esto no parece irrealizable” (http://bit.ly/2dYN1g0 ).

Agitar la bandera de la Constituyente.

No hay que darse por derrotado en este cometido. Exigir y demandar la Constituyente es lo más consecuente, ético y lógico con la lucha histórica que representa las Farc.

Hacerle más concesiones a Santos es plegarse su esquema neoliberal y excluyente. A su sistema de corrupción y despojo de los patrimonios estatales.

Es plegarse a su camarilla politiquera, enemiga de la sociedad.

Nota. El santouribismo también funciona en la conjura imperialista para destruir a Venezuela. Desde Bogotá se orquestan, con el consentimiento de Santos, las campañas mediáticas contra el Gobierno del Presidente Maduro.


HDG

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¿Sirven de algo las movilizaciones sociales por la paz?

Aproximación.

El choque en la psique colectiva (o la mente común que conecta a todos los humanos integrantes de una sociedad) por los resultados del plebiscito del pasado 2 de octubre, adversos a los Acuerdos de paz de La Habana, provocó, además de la conocida perplejidad y sorpresa entre millones de seres humanos, tanto de Colombia como del resto del mundo, una reacción inusitada de empatía hacia la paz y de repudio hacia la violencia, que identifica algunos rasgos idiosincráticos que son marcas profundas de nuestra identidad.


Tanto seguidores del Si como de partidarios del No se confundieron en riadas humanas que, en una sola voz, reclamaban el fin de la guerra y la eliminación de la violencia como recurso político en la lucha por el poder.


Gigantescas manifestaciones de jóvenes, movilizaciones de víctimas, marchas indígenas, carpas estudiantiles y declaraciones de intelectuales y colectivos de mujeres, han sido la nota sobresaliente en las semanas siguientes a la frustrada jornada de refrendación de los consensos de paz.


Plazas y avenidas han sido los escenarios de esta positiva ebullición popular. Se trató de una performance ilusionante y prometedora.

Las cuestiones a plantear.

Sin embargo, las preguntas que nos planteamos son las siguientes: ¿constituyen esas expresiones de masas un elemento definitorio del curso que puedan tomar los arreglos planteados para poner fin a la prolongada guerra colombiana? ¿Cobrara la presencia de la multitud el nivel de un acontecimiento político con capacidad de alterar la frágil correlación de fuerzas de la paz? ¿O se trata más bien de expresiones con un componente movilizacioncita atenuado e institucionalmente encuadrado que le resta potencia y capacidad política incidental?


Intentar dar respuesta a estas cuestiones implica considerar contextos históricos, sociológicos y políticos en función de las proyecciones que puedan tener las estrategias para erradicar la violencia y dar vía libre a la paz y la convivencia.

Antecedentes históricos.

Como casi todo lo que realmente importa, la tendencia a la movilización popular y la acción directa se remonta al origen de nuestro país. Para el efecto conviene recordar la insurrección de los Comuneros al finalizar el siglo XVIII, las acciones colectivas que acompañaron el grito de Independencia de 1810, las movilizaciones artesanales de 1854, la participación masiva en las guerras civiles, las protestas obreras desde los años 20 del siglo XX, el repudio popular por el asesinato del caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitán, las movilizaciones campesinas de la Anuc, el paro cívico de 1977, las marchas estudiantiles contra el neoliberalismo en 2010 y las recientes huelgas agrarias y Mingas étnicas de los años 2013, 2014 y 2015.


Su cristalización institucional se concretó en la creación de sociedades artesanales, sindicatos, ligas agrarias, organizaciones estudiantiles, partidos indígenas y obreros, todo lo cual contribuyó a consolidar una tendencia comunitarista, una conciencia de derechos y una imaginación plebeya nada despreciable.


Fueron las primeras muestras de la inclinación a los métodos extra-institucionales como la forma de interpelación al poder oligárquico.


No hemos sido ajenos a la presencia de la gente en las calles como gran recurso de construcción política, como el espacio de escenificación del conflicto interno.

Las limitaciones de la movilización social por la paz.

En este contexto, y considerando la propensión a salir a las calles, todo indicaría que deberíamos estar ante una contestación popular frente a la violencia que, sin embargo, no se está produciendo con la contundencia que demanda la paz.


Es por esa razón que la perspectiva tanto histórica como sociológica debe complementarse con un análisis político de mayor espesor.

Ausencia de líderes y de cohesión organizativa.

Sin embargo, contra los que quieren ver el triunfo de los soviets cada vez que se reúnen cincuenta personas en una plaza, resulta difícil que la amplia manifestación popular conduzca a movilizaciones que logren sacudir el statu quo si no existen líderes u organizaciones capaces de conducirlo, de transformar el enojo en energía de cambio.


De la Revolución Francesa a la rebeldía gaitanista colombiana, de la primavera árabe al 15-M español, los momentos de auto-representación, en los que la sociedad parece sacudirse los poderes institucionales para asumir ella sola, sin mediaciones viscosas que la limiten, su destino, son eso, momentos, que se apagarán inexorablemente si no encuentran una vía de canalización política efectiva para alcanzar la ruptura y el corte con temporalidades que desgarran a la sociedad.

Se necesita una estrategia nacional.

Para que ello ocurra es necesaria una vertebración de una estrategia nacional que produzca un nuevo clima cultural y estabilice un sentido común de época.

El sujeto colectivo de la paz.

Las movilizaciones de las semanas recientes han visibilizado la existencia de un sujeto político colectivo identificado con los códigos de la paz que se resumen en los consensos alcanzados hasta el momento. Aludo a las referencias agrarias, a la participación política, a los derechos de las víctimas, a las garantías para las mujeres, los indígenas, Lgtbi y a los afro descendientes.


Se trata de un significativo y potente movimiento social que estimulado por los avances en el proceso de paz, ha logrado posicionarse como una actor de primera línea en las definiciones pendientes respecto de la concreción de la terminación de la guerra.

Los problemas de la paz.

Sin embargo, su potencial se ve opacado por las debilidades y limitaciones de los consensos pactados. Si bien es cierto que la determinación de eliminar la violencia en la actividad política es un avance de gran magnitud, no lo es menos el retroceso por el hecho de omitir compromisos en lo relacionado con la modificación efectiva de las relaciones de poder vigentes, en las reformas a la formación socio económica determinada en gran medida por el modelo neoliberal y en lo atinente al monopolio legítimo de la violencia, por la ausencia de reformas sustanciales en los aparatos militares y policiales del Estado.
También hay que ver que los pactos de paz no han considerado el substrato primordial de la genealogía de la guerra permanente: la conquista, la colonización y la colonialidad.


Por supuesto esas limitaciones afectan de manera considerable la potencia de la multitud, sus posibilidades y su capacidad de transformación.

La estructura de oportunidades políticas desaprovechada.

Adicionalmente, no se canaliza adecuadamente la estructura de oportunidades políticas dibujada por la disputa entre las facciones de la elite dominante. Por las reyertas entre el santismo y el uribismo.

El nuevo ciclo político y el movimiento social por la paz.

Si bien asistimos a una coyuntura histórica excepcional, momento en que cierra el ciclo político instalado con la aprobación de la Constitución de 1991, la apertura y avances de un nuevo periodo histórico y político aun presenta dificultades justamente porque este nuevo actor, la multitud, todavía no se consolida de manera contundente.

Los retos para el movimiento de paz.

En gran medida las movilizaciones ocurridas y las que se proyectan en apoyo a la paz deben resolver retos y desafíos asociados con su articulación, dirección y plataforma programática estratégica.


Su autonomía es crucial, pues si el ámbito gubernamental las encuadra en función de proyectos bastante limitados, el riesgo de su evaporación es muy alto.


El sentido de la movilización por la paz tiene que alimentarse de la idea de un mayor protagonismo político que solo puede entenderse en repertorios de mayor calado como los procesos constituyentes, los Cabildos abiertos, los paros cívicos, las mingas étnicas, las movilizaciones estudiantiles y las huelgas obreras por la reconciliación y el fin de la guerra.
Frente al colapso de las infraestructuras partidistas tradicionales a las que recurre la elite gobernante, la emergencia de un movimiento social como el que se ha dibujado recientemente en los espacios públicos puede suplir el vacío en que se mueve el campo político.


Un movimiento social por la paz bien puede alcanzar los niveles de un instrumento político que convoque amplias mayorías populares, canalizadas hacia el objetivo de diseñar y proyectar un nuevo régimen de gestión política democrática de la nación. Ha ocurrido recientemente en los procesos como el boliviano, en el que el MÁS, liderado por Evo Morales, se convirtió en la principal herramienta de cambios ante la crisis del neoliberalismo.


Como la decisión de los colombianos es impedir el regreso a la guerra y a los hechos de violencia, lo pertinente consiste en pensar y proyectar colectivamente, entre activistas y líderes, escenarios de encuentro y planeación de acciones para empujar el destrabe en que están las conversaciones de paz con las Farc.


Los Cabildos abiertos en los 1.113 municipios y 34 departamentos, deben plantearse como espacios de deliberación que comprometan a los millones de ciudadanos que se marginaron de las votaciones plebiscitarias o que, victimas del engaño, dieron su voto por el No.


En igual sentido debería desarrollarse la recién iniciada negociación del gobierno con el ELN en el Ecuador, pues el primer punto de la agenda conocida propone la realización de una amplia consulta y deliberación por la base con comunidades y organizaciones populares en las regiones y espacios territoriales.


Claramente, la movilización social y el movimiento popular por la paz es un elemento que debe considerarse en el curso político de la sociedad colombiana hacia el futuro mediato e inmediato.


Por supuesto, es necesario asumir cada uno de los problemas y dificultades indicadas en este texto. Para tal efecto se requiere un análisis objetivo de las características y tendencias en la acción colectiva colombiana, en los movimientos sociales y las protestas populares.


Desafortunadamente, tales expresiones sociales se ven afectadas por el dogmatismo, el sectarismo y la ineptitud de la izquierda que los influye y coordina.


El debate al respecto también debe considerar dicho elemento de nuestra cultura política.

Bogotá, 27 de octubre del 2016.

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“Hubo una movilización de las víctimas”

Dice que la incorporación del Ejército de Liberación Nacional a la fase pública de negociación con el gobierno reactiva un proceso más conjunto de un acuerdo de paz que debe ser global y que no puede incluir a una guerrilla sí y a otra no. Invitado por el Centro de Estudios Legales y Sociales y de paso por Buenos Aires para compartir su experiencia como miembro del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para participar en el caso Ayotzinapa, Carlos Martín Beristain, médico de trayectoria en el trabajo con víctimas del conflicto armado colombiano, conversó con Página/12 sobre el diálogo que el gobierno de Juan Manuel Santos mantiene con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y su acercamiento con el ELN.

 

En los últimos veinticinco años, su labor como médico doctorado en psicología lo llevó a a Perú, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Argentina, México y a geografías tan distantes como el País Vasco, los Balcanes o el Sahara Occidental para acompañar a víctimas de violaciones a los derechos humanos, documentar casos y asesorar a Comisiones de la Verdad. A Colombia llegó, en 1994, con el aprendizaje recogido en Centroamérica. En aquellos años, recuerda Beristain, las comunidades afectadas por el conflicto interno carecían de espacio social o reconocimiento y el miedo era enorme. Empezó a colaborar con organizaciones de derechos humanos, la iglesia católica, acompañó a defensores de derechos humanos y a familiares de víctimas aplicando la experiencia de la dimensión de lo psicológico y lo social desde la perspectiva de visibilizar a las víctimas, pero también de fortalecer los lazos comunitarios para enfrentar las consecuencias de esa violencia.


A diferencia de Guatemala o El Salvador, donde la dimensión de la disputa entre guerrillas y gobierno estuvo más clara, Colombia –observa el especialista vasco– representa un conflicto complejo. “Hay que entender el impacto del narcotráfico, de las diferentes guerrillas, de los grupos paramilitares, la acción del Estado: hay un montón de factores de violencia y dinámicas de la violencia que son diferentes de conflictos como los centroamericanos y que exigen mucha capacidad de análisis y trabajo directo con las víctimas en contextos más precarios. Es un conflicto más deteriorado por años de guerra en los que la población civil se ha convertido en un objetivo fundamental de la violencia como forma de ganar control sobre la guerra y sobre el tejido social”.


–¿Qué temas surgieron de las entrevistas que mantuvo con familiares de desaparecidos en el conflicto colombiano?


–Hay una reivindicación general de una agenda de verdad, justicia y reparación. Si algo ha mostrado el caso colombiano, a diferencia de otros conflictos en los que las víctimas quedan en un segundo plano respecto de un acuerdo de paz, es que en la negociación con las Farc hubo un proceso de movilización de las víctimas. Es la primera vez que se hace ese ejercicio en un proceso de negociación de un conflicto armado.


–¿A qué atribuye la emergencia de las víctimas como actor con voz propia en ese proceso de negociación?


–Salvo la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, a mediados de los 90 las víctimas no tenían un protagonismo público. Había mucho terror. Paradójicamente, la Ley de Justicia y Paz, una reglamentación para la desmovilización de los paramilitares, puso en marcha las audiencias libres en las cuales llegaba el perpetrador a contar el crimen que había cometido, ante jueces y fiscales, como una forma de obtener una reducción de la pena. Era una ley para los perpetradores, las víctimas estaban ausentes. Pero las víctimas empezaron a presentarse en esas audiencias libres para escuchar la versión de los victimarios. Aunque algunas víctimas fueron asesinadas por presentarse a esas audiencias, la organización fue creciendo.

Tuvo que crearse una Ley de Víctimas antes de que hubiera un acuerdo de paz. El caso colombiano empezó primero con una ley para los paramilitares parcial, con una ley de víctimas pero sin una investigación profunda sobre la verdad, aunque hubo un centro de memoria histórica que hizo investigaciones importantes, pero sin un acuerdo de paz firmado con el ELN. Eso lo convierte en un proceso más fragmentado y múltiple.


–Sobre el resultado del referéndum, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado colombiano afirmó que la votación muestra que además de no entenderse la importancia del acuerdo para los derechos de las víctimas, se priorizaron mensajes enfocados en la guerrilla que invisibilizaron los crímenes del Estado.


–Las negociaciones de La Habana se llevaron a cabo sin un proceso pedagógico frente a la sociedad. Cuando se hicieron públicos los avances del diálogo, hace tres años, había una distancia enorme respecto al discurso social en Colombia, donde dominaba un discurso antiterrorista implantado por la visión de los dos gobiernos de (Alvaro) Uribe, y de repente apareció (Juan Manuel) Santos, que había sido ministro de Uribe, haciendo un proceso de negociación en La Habana. Por otra parte, hay gente que no quiere que el proceso de paz salga adelante, que utiliza los pánicos morales, señala que no se puede negociar con el terrorismo, sólo mira hacia un lado del conflicto, hacia la guerrilla, como si fuera el único problema.


–¿Por qué ganó en el plebiscito esa mirada sesgada del conflicto?


–Influyó el hecho de que, durante la fase de negociación, en lugar de haber llegado a una etapa de distensión previa, la negociación se siguió en un contexto de guerra, entonces la gente no percibió el beneficio del proceso. El presidente Uribe y los sectores cercanos a él han utilizado a la polarización social como un elemento de control sobre el tejido social, con mensajes selectivos, de eslogan, que se apuntan fácilmente pero que no te ayudan a entender la realidad, del tipo “dialogar con la guerrilla es traicionar a las víctimas”.


–¿A qué responde esa polarización?


–Hay una Colombia a la que no le afecta la guerra, la Colombia de Bogotá o Medellín, y hay una Colombia que sufre la guerra, la Colombia afrodescendiente, campesina, indígena. Si tu miras el mapa del voto en el plebiscito, las regiones más golpeadas por la violencia, han sido las que han votado más por el sí que las regiones que han tenido menos impacto de la violencia, especialmente de clase media y niveles urbanos. Superar la indolencia es un elemento clave para la transformación, no para seguir viviendo en mi mundo, separado del otro.

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Miércoles, 26 Octubre 2016 10:08

La razón de la sinrazón

La razón de la sinrazón

Pasó pronto la sensación de tristeza del día siguiente al del plebiscito, mezcla de sorpresa y desconsuelo. Hoy el panorama luce un tanto diferente. No hay más preguntas sobre el resultado. Del lado del gobierno, como era previsible, un reacomodo con la nueva carta que le proporciona el Nobel de Paz; su preocupación está puesta más que todo en la inminente imposición del programa de ajuste económico que comienza con la presentación del proyecto de reforma tributaria. En cambio, del lado de la izquierda y de las organizaciones sociales, que en su abrumadora mayoría promovieron el sí, la recuperación es más inquietante.

 

La reacción inmediata por parte de algunos fue tan simplista como desafiante: no vamos a entregar los logros democráticos de los acuerdos de La Habana por una exigua ventaja del No de alrededor de cincuenta mil votos; ventaja tan aleatoria que con un poco menos de abstención –por ejemplo en la costa Caribe, donde es evidente que la lluvia y las inundaciones debieron limitar la participación– hubiera podido ser al contrario. Algunos días después la argumentación puramente reactiva se había transformado en justificación tranquilizadora: la votación por el No, podía atribuirse, descontando el puñado de seguidores del Centro Democrático, al engaño que esta ultraderecha había logrado con su campaña publicitaria. Las declaraciones de su jefe de campaña, Luis Carlos Vélez Uribe, bastaban para comprobarlo.

 

Recientemente, se han intentado explicaciones un poco más sofisticadas. Al igual que en otras latitudes, los resultados plebiscitarios no hacen más que revelar la profunda crisis histórica de la democracia representativa. Desde luego, esto equivale a reconocer como un funesto error el haber aceptado el plebiscito como mecanismo de refrendación. Pero no importa. Siguiendo el viejo y conocido lugar común según el cual toda crisis encierra una oportunidad, bastaría con atender lo que las mismas fuerzas de la historia nos están indicando: es la hora de intentar un salto cualitativo. El Acuerdo de La Habana, que debe ser respetado en su integridad, se ha convertido ya en un punto de partida para una transformación profunda. El camino es la Asamblea Nacional Constituyente por la paz. ¡Es impresionante la capacidad que tienen algunos para hacer coincidir la línea del “progreso histórico” con su línea política!

 

Los enigmas de la actual movilización por la paz

 

El análisis de la historia, sin embargo, debería brindarnos otras explicaciones. Lo que realmente ha cambiado el panorama, al menos en lo referido a las sensaciones y sentimientos, son las enormes movilizaciones, principalmente juveniles, desarrolladas en todo el país, los días 5 y 12 de octubre; en esta última fecha, por cierto, con una reveladora participación indígena. La consigna agitada describe muy bien su propósito: ¡Acuerdo de paz ya! Evidentemente, es una reacción, hasta cierto punto desesperada, frente a la “sin salida” creada con los resultados del plebiscito y frente a la posible dilación, la cual podría conducir a un abandono de la negociación, con los riesgos de violencia que ello implica. ¿En qué medida es una crítica a la llamada clase política? Probablemente, y dado el componente juvenil, hay mucho de eso, pero en la práctica su alcance es limitado. Se les exige, a los negociadores, que no se levanten de la Mesa hasta que se firme el acuerdo, y que lo hagan lo más pronto posible. En todo caso, lo más significativo es la tensión puesta de manifiesto entre el plebiscito y la movilización, entre la democracia electoral y la democracia callejera. –Aunque es obvio que en este caso la disputa de legitimidades no puede saldarse aquí estadísticamente, es decir, con números, la verdad es que tampoco da para salidas de hecho. Otra cosa hubiera sido en la circunstancia de que las movilizaciones hubiesen antecedido o acompañado la campaña plebiscitaria.

 

La explicación de esta singularidad se encuentra en el marco político en el cual se ha presentado la tensión. Basta con examinar la línea narrativa que recorre todas estas manifestaciones de protesta y exigencia: simplemente el reclamo de paz frente a la realidad de la guerra. En nombre de las víctimas que, como se ha repetido hasta el cansancio, deben “estar en el centro”. Todos debemos arrepentirnos de nuestros errores (¿de intolerancia?). Lo que se impone es un ejercicio de perdón y reconciliación. Por eso lo que menos importa es el contenido del acuerdo. Muy explicable, pero con ello se esfuma el reconocimiento de las causas del conflicto, es decir la comprensión de lo que está en juego en estas negociaciones, y hace que las manifestaciones se orienten en un sentido problemático.

 

En efecto, se ha operado aquí un doble desplazamiento. De una parte, la negociación, se ha desplazado de la contradicción Farc-Gobierno a la aparente “polarización” Santos-Uribe. De otra, el escenario de la paz ha pasado de La Habana a Bogotá, con lo cual, peligrosamente, de llegarse a un acuerdo sobre el contenido del Acuerdo entre estos “polos”, las Farc quedan como un tercero cuya posición puede ser vista con los ojos de quien va a juzgar con toda severidad cualquier respuesta negativa como expresión de intransigencia y terquedad. Es el resultado lógico, como se verá más adelante, del marco que se impuso a lo que debió haber sido una salida política negociada del conflicto armado.

 

Pero el plebiscito sigue ahí...

 

El tipo de movilizaciones en curso, no están, pues, muy lejos de lo que nos indican los resultados del plebiscito. La abstención, que superó el 60 por ciento, fue ciertamente muy alta, pero, en principio, dada la tradición electoral colombiana, no debería sorprendernos. Es más, así había sido previsto por los promotores del plebiscito en La Habana que se cuidaron muy bien de modificar los requisitos, reemplazando el umbral de validez por uno de aprobación de tan sólo cuatro millones y medio de votos. Si acaso, tendría que explicarse la fracción de abstencionistas que en esta oportunidad superó la “normalidad”. Probablemente, bastaría con reconocer dos componentes, uno involuntario, ocasionado por los factores climáticos ya mencionados y otro voluntario atribuible a que esta vez no operaron, por falta de incentivos, en toda su capacidad, las conocidas maquinarias clientelistas.

 

En general, los determinantes de la abstención son los mismos de siempre. Y no es poco lo investigado y escrito sobre este fenómeno, que ciertamente no es una característica original de Colombia. Pero no es necesario detenerse en este punto y mucho menos explayarse en una disquisición sobre los rasgos estructurales de la democracia burguesa en crisis, cuando la coyuntura nos está exigiendo un análisis concreto. La democracia electoral no es, o no debería ser, la expresión por excelencia de la participación popular; es más, como régimen político no es otra cosa que una expresión de la dominación sobre los trabajadores y en general sobre los sectores populares. Pero sí es un indicio de las condiciones en que se encuentran estos últimos y del clima político existente en tal o cual coyuntura y así debe ser tomado. En serio. A veces la participación electoral indica un descontento y una voluntad de cambio que debe ser valorado aunque sólo sea para su transformación. O si no, qué otra cosa nos muestran las victorias de Chávez, Correa, Evo Morales o Lula. Es impensable, porque sería indigna de los intelectuales orgánicos de la izquierda, la actitud cínica de validar la democracia sólo “cuando nos sirve”. Y a veces los plebiscitos han jugado un papel fundamental en el desenlace positivo de ciertas situaciones políticas como, para mencionar apenas un ejemplo, el que se realizó en Chile en tiempos de Pinochet. Por eso han convocado una alta participación. Lo cierto, lo verdaderamente importante, es que hoy en Colombia, a juzgar por lo sucedido, para la población esta consulta, y en contra de la publicidad, no representaba un hecho histórico. No pudo vencer ni el rechazo ni el escepticismo. Ese es un dato de la realidad política que estamos obligados a tener en cuenta.

 

Un principio de explicación se encuentra en la forma como hemos llegado, después de más de cuatro años de negociación, a este momento decisivo. Anteriormente hemos hablado de solución política negociada del conflicto armado. Pues bien, esto es justamente lo que no ha estado presente en el imaginario político del país. Contrariamente a lo que se suele argumentar, más con el deseo que con la razón, el proceso ha sido conducido, de manera abrumadora, por el establecimiento. Santos y Uribe por igual. No es cierto, como se dijo en las elecciones presidenciales pasadas, que si bien compartían el enfoque de política económica neoliberal se diferenciaban en el tema de la paz. En este enfoque también han estado de acuerdo; la diferencia, exagerada por razones político-electorales, es de puro pragmatismo. Para ambos se trata del sometimiento de un grupo criminal que si bien ha sido debilitado militarmente, conserva una capacidad significativa de destrucción y desestabilización. Para Santos, a diferencia de Uribe, había llegado el momento de poner fin a la amenaza a través de una negociación porque los costos del enfrentamiento bélico ya eran superiores (e inconvenientes desde el punto de vista del modelo económico) a las ventajas de una posible pero lejana rendición del enemigo. Tal es el significado de la expresión “paz imperfecta” que terminaron por aceptar hasta los demócratas y progresistas, todos partidarios del Sí, lo cual equivale a que el referente de perfección es la rendición o sea el mínimo de “concesiones” para las Farc. Es el contenido de las discusiones sobre la “impunidad” y lo que es peor, de las reclamaciones actuales, al parecer aceptadas por la mayoría de los movilizados, de “perfeccionamiento” del Acuerdo a través de los “ajustes” al famoso texto de las 297 páginas.

 

¿Hasta qué punto se ha visto como una resolución histórica?

 

Esta es la realidad innegable. No existe un clima, un ambiente cultural, una sensación de cambio histórico que debería, en el plano de la teoría, suceder a la inminencia de la finalización de un conflicto armado que hunde sus raíces en lo más profundo de la historia del país. Ni siquiera como sucedió con el Frente Nacional, o con la Asamblea Constituyente a principios de los años noventa. Por eso es tan grave la ignorancia o la omisión deliberada de las causas del conflicto, para no mencionar la referencia a la resistencia campesina que sólo está en boca de algunos pocos. Es cierto que no podíamos esperar que los militantes de las Farc fuesen recibidos como unos héroes, pero tampoco es admisible, ni justo, que terminaran convertidos en un grupo de criminales cuyo único destino tenía que ser el arrepentimiento y la búsqueda de perdón. –Para quienes se preocupan de la “impunidad”, por cierto, habría que decirles que, así como están las cosas, ya han recibido un castigo, uno que ya ha sido excluido de muchos ordenamientos constitucionales, el escarnio público que es lo peor que le puede suceder a una organización política–. Y lo que es más importante. Para que este desenlace de la confrontación militar fuese un hecho histórico tendría que haberse planteado un juicio de conjunto. Un juicio de las relaciones de poder que han existido hasta hoy. Es verdad que la izquierda, en general, insiste en una caracterización como ésta; sin embargo, por desgracia, lo que se impuso como narrativa y condiciones de la pugna política ha sido la otra. Cuando se habla de víctimas, por ejemplo, se refiere, en la práctica a las “víctimas de las Farc”. La estrategia paramilitar, de la cual son sólo una expresión los grupos paramilitares, parece haber quedado en un pasado olvidable, como si la ley de sometimiento de Uribe hubiese sido la primera cuota del esfuerzo de paz.
En fin, el acontecimiento que estamos viviendo y que condujo a la consulta ha quedado como un simple trámite para el desarme de un grupo armado ilegal. Pese a la magnificación que han intentado tanto Santos como las Farc. El primero para vender la idea de paz (nacional e internacionalmente) indispensable para la atracción de inversión extranjera y de la “ayuda” de la comunidad internacional tan necesaria en épocas de crisis. Y las Farc, seguras, ellas sí, del significado histórico, para ponderar las virtudes del acuerdo cuyas potencialidades democráticas, a su juicio, solamente necesitarían del esfuerzo ulterior de los movimientos sociales. La realidad, sin embargo, es tozuda. La idea de la gran transformación histórica no ha convencido ni siquiera a la mayoría de los votantes por el sí. No fue posible vencer el escepticismo, sobre todo el de quienes creen que todo es una nueva mentira y nada va a cambiar.

 

 

 

Las razones ocultas del No

 

Son, pues, estas circunstancias del contexto político las que explican también buena parte del voto por el No. Es cierto que el Sí triunfó en las áreas rurales, especialmente las más afectadas por el conflicto, y el No en las grandes ciudades con la notable excepción de Bogotá. Pero no es una constatación propiamente tranquilizadora. La reacción rural no forzosamente corresponde a una comprensión del hecho histórico, en los términos en que acabamos de proponerlo, sino más bien al desgaste producido por tantos años de dolor. Salvo algunas contadas excepciones, es posible que tal reacción se acerque a la actitud de quienes piensan que es preciso intentar la paz, de una vez por todas. Como sea. Pero más revelador aún es el hecho incontrovertible de que, rural o urbano, el número de votos por el No haya sido tan alto. Sin ninguna consideración pragmática y corriendo el riesgo de una prolongación de la guerra. Algo tiene que haber en la mentalidad del pueblo colombiano. La campaña publicitaria del Uribismo (por cierto menos poderosa, en un hecho sin precedentes, que la propaganda oficial y de muchas empresas nacionales y extranjeras) debió incidir en alguna medida, pero ¿qué razones hicieron que cayera en un terreno fértil?

 

Dadas las circunstancias mencionadas, es claro que incluso la motivación del Sí era débil. Basta releer las declaraciones de los políticos y las columnas de muchos de los que consideramos demócratas y progresistas. ¡Queremos desarmar las Farc! Como sea. Aunque tengamos que “tragarnos algunos sapos”. Pero la mayor contribución al No, la hizo la campaña oficial del Sí. En efecto, Santos presentó siempre, hábilmente, el voto afirmativo como un respaldo a su gestión de Gobierno. Escaso efecto tuvo la campaña desesperada de la fracción del Polo que acuñó la consigna “plebiscito Sí, Santos No”. De manera que la oposición terminó canalizada por el uribismo. Y éste, a su vez, tuvo la inteligencia de confundir sus críticas al Acuerdo con las críticas a las políticas de Santos.

 

Muchos de los temas ni siquiera estaban en el Acuerdo, por lo menos como puntos fundamentales. Tal el caso de la “ideología de género” que se apoyaba, más bien, en la ridícula disputa de las cartillas. O la amenaza de la reforma agraria que, en realidad, tenía que ver con la aplicación de la Ley de víctimas y restitución de tierras. Y lo más impactante en relación con los temores de los trabajadores: la reducción de las pensiones que tiene que ver, en verdad, con el anuncio de comenzar a gravarlas, y los incrementos de impuestos que no demoran en decretarse por cuenta de la reforma que se acaba de presentar. Casi no hubo tema de la política económica y social, pasada y futura, que no se le cargara a la cuenta del Acuerdo. Entre tanto, Santos mentía descaradamente, pregonando que el fin del conflicto traería un escenario paradisíaco. La única excepción ha sido el asunto de la “impunidad”, que no hubiera tenido tanto éxito si no fuera por las circunstancias en que se propuso la negociación. En términos pedestres, una discusión sobre el tamaño del “sapo”.

 

El revoltillo, bien organizado, tuvo éxito. Entró en sintonía con los fundados temores de los sectores populares. No se tiene en cuenta, por supuesto, que ya existe una enorme crisis fiscal; el recorte del gasto público y el incremento de los impuestos se atribuyen falsamente a la necesidad de “financiar a las Farc”. Y Santos no está interesado en corregirlo. Lo peor es que la dilación tiende a dar la razón a Uribe en la medida en que ya se están viendo claras las amenazas. Así las cosas era difícil vencer el escepticismo. Y lo es todavía.

 

Hacia una recuperación de la política

 

En fin, utilizando el socorrido tópico, podríamos concluir que los retos que se nos plantean no son pocos. Así como hay una real fatiga con la violencia, que ha dado lugar a una de las mayores movilizaciones de los últimos tiempos, también es cierto que hay una mentalidad que, superficialmente, puede calificarse de “derecha”. Desde la época de Uribe, con sus grandes manifestaciones y sus no despreciables volúmenes de votación. Una ilustración es el rechazo al imaginado engendro del “Castro-chavismo”. Probablemente influye la desastrosa situación en que se encuentra Venezuela, que para los colombianos no es un simple rumor lejano. No es tan generalizado como se cree pero toca un aspecto que, para quienes seguimos buscando una transformación radical de la sociedad, resulta fundamental. Se trata de la necesaria ideación de una posible alternativa social y política.

 

Porque, en realidad, la mentalidad descrita no está exenta de complejidad. No falta allí el rechazo frente a muchas de las características del actual modelo económico. No sería extraño encontrar muchas personas que, simultáneamente, rechazan y enfrentan la gran minería o el latifundio; la especulación financiera o la precarización laboral; las múltiples discriminaciones o la crisis del sistema de salud, y hasta la política económica. Es por eso que el uribismo, al igual que en su momento el fascismo, se presenta, en los discursos, como una derecha populista. El problema consiste, entonces, en que estas personas, que pueden ser muchas, no logran reconstruir en su conciencia el modelo que habría de rechazarse. Y mucho menos alcanzan a representarse la imagen de un orden alternativo. Pero no es imposible. Se trata de retomar los hilos de las resistencias, locales, parciales, individuales, para tejer un amplio movimiento que, abandonando el reivindicacionismo egoísta, esté en capacidad de redefinir la política. Es, entre otras cosas, una condición imprescindible de cualquier proceso popular Constituyente. El punto de partida, eso sí, es una simple y coloquial recomendación: ¡Por favor, no nos digamos mentiras!

Miércoles, 26 Octubre 2016 09:56

Ejercicio de Cronopolítica

Ejercicio de Cronopolítica

Caracterizar cualquier gobierno tiene un doble propósito: a) reconocer el campo de opciones establecido por la coyuntura para la toma de decisiones y, b) reconocer las restricciones que limitan ese campo de opciones. Al caracterizar el gobierno de Juan Manuel Santos es necesario tener en cuenta esta dialéctica. En la globalización es necesario atender de modo especial las condiciones internacionales en las cuales tiene que actuar el gobierno. Sobre este aspecto presento las siguientes consideraciones sobre el gobierno de Santos y de Uribe.

 

La elección de Uribe en el 2002 tuvo como horizonte el acontecimiento del 11 de septiembre de 2001. La necesidad de un castigo a quienes organizaron el acto suicida contra las torres gemelas en Nueva York, fue asumido por la ciudadanía internacional como un sencillo acto de justicia. La intervención contra el gobierno de los talibanes en Afganistán tuvo un respaldo internacional sin reservas.

 

Sin embargo, el gobierno de Bush asumió el reconocimiento como un respaldo para cometer desafueros sin antecedentes en la historia reciente. El peor de ellos fue la invasión de Iraq. Se apeló a burdas mentiras para justificar esa decisión bélica. La expectativa de alcanzar una victoria rápida y un control político de largo plazo en Oriente Medio no se cumplió, y en un lapso relativamente breve el gobierno se empantanó con esa aventura.

 

Así las cosas, lo que fue un respaldo internacional casi unánime se convirtió en un rechazo creciente. El campo de opciones creado por el acontecimiento del 11 de septiembre paulatinamente se fue transformando en un campo de restricciones. El gobierno de Bush, en esas condiciones, tuvo que enfrentar sin éxito la crisis de la burbuja inmobiliaria de 2007 y el efecto en cadena que afectó todo el sistema financiero norteamericano, expandiéndose hasta la comunidad económica europea en el 2010.

 

Los republicanos perdieron la confianza de los norteamericanos, situación que derivó en el relevo presidencial. Los demócratas, contra todos los pronósticos, ganaron con un candidato de raza negra, gobierno de nuevo tinte que tuvo que enfrentarse a una crisis sistémica sin antecedentes. La guerra contra el terrorismo heredada de Bush, se convirtió en un lastre de difícil superación en el corto plazo. Las medidas extremas de carácter económico tomadas por Bush también pesaron como un yunque que le colgó a Obama restricciones muy fuertes para desarrollar su política.

 

Por último, así como el 11 de septiembre de 2001 fue un punto de inflexión en la política internacional, el 15 de abril del 2010 se produce otro punto de inflexión. Ese día colapsó en el Golfo de México la plataforma petrolera llamada “Macondo”, acontecimiento sin antecedentes en la historia de la humanidad, y de consecuencias hasta ahora impredecibles, que desbordó al gobierno de Obama y a la British Petroleum, propietaria de ese complejo de explotación petrolera.

 

Sucesos, políticas globales y locales, crisis e intentos de recuperación, todos los cuales van conjugando un sentimiento de impotencia que se apodera de los norteamericanos. El éxito como experiencia valorativa fundamental en es cultura está en crisis, situación que aprovechan los republicanos. Sara Palin, su candidata a la vicepresidencia en la campaña del 2008, levanta la bandera del racismo y la xenofobia y llama a recuperar el orgullo de potencia hegemónica.

 

 

Los republicanos, directos responsables de esta crisis, se presentan entonces como salvadores y en la lógica de buscar un chivo expiatorio convierten el asunto de la inmigración en un problema que puede profundizar la crisis sistémica en curso. La problemática de los migrantes puede llegar a tocar las premisas mismas de la nación norteamericana al actualizar acontecimientos que se daban por definitivamente clausurados, como las anexiones de territorios de México llevadas a cabo en el siglo XIX.

 

Sucesos que no pasan sin dejar huella social. Por ejemplo, la crisis económica empobreció a millones de norteamericanos, desatando un crecimiento acelerado de la delincuencia y el consumo de sustancias sicotrópicas. Con coletazos. La política republicana de guerra contra el narcotráfico se tornó irrelevante. En este contexto, el informe de los expresidentes Zedillo, Gaviria y Cardozo sobre el narcotráfico, adquiere una importancia sin antecedentes.

 

Un forastero en la casa

 

Esta dinámica macro engloba el proceso político colombiano de lo que podemos llamar el intervalo Uribe, quien en el 2002 logró canalizar los sentimientos de impotencia y de rabia por el colapso de los esfuerzos de paz en el Caguán. Fue así como Uribe Vélez pasó de ser un candidato marginal, apoyado por sectores de extrema derecha con nexos con las autodefensas, a convertirse en presidente.

 

Triunfo con claras consecuencias. Las Farc fueron responsabilizadas por el fracaso del Caguán, y de insurgentes con finalidades políticas pasaron a ser caracterizados como terroristas puros. El pulso de ocho años entre el gobierno de Uribe y la dirección de las Farc gravitó como asunto decisivo en las decisiones gubernamentales. El grupo uribista fue paulatinamente mostrando una pretensión inesperada: restaurar las formas culturales, sociales y políticas que acompañaron el proceso centenario de la Constitución de 1886; tarea restauradora que llevó a la primera reelección, e intentar una segunda reelección. En sus presupuestos temporales el uribismo se planteó un proceso que debía prolongarse hasta el año 2019 para culminar la tarea de desmontar la Constitución de 1991.

 

Los desafueros de tal Gobierno, guardadas las especificidades nacionales, son del mismo tipo que las llevadas a cabo por Bush. En el caso criollo, el cristalizado más evidente de esos desafueros fue la creación de lo que algunos llamaron la formación de un para-estado, para acallar toda oposición. Pero así como en Norteamérica la lucha contra el terrorismo se fue convirtiendo en razón de los abusos totalitarios, un verdadero campo de restricciones a las libertades individuales y derechos colectivos, así también sucedió en Colombia.

 

Uribe, que había logrado modificar la Constitución para hacerse reelegir en el 2006, fracasó en su intento de imponer una segunda reelección: 2010-2014. En el debate electoral, el candidato del uribismo, el actual presidente Juan Manuel Santos, tuvo que enfrentar una dura crítica del legado de su antecesor. En el curso de la campaña se creó una situación política que puso en peligro su elección. La llamada ola verde mostró un horizonte distinto para la ciudadania, pero ese acontecimiento no pudo transformarse en opción de gobierno. Antanas no tuvo la pericia política de Obama.

 

El candidato uribista y hoy presidente, Juan Manuel Santos, logró superar la amenaza creada por la ola verde. Santos entendió que el deslinde respecto del gobierno de Uribe tenía como premisa las nuevas condiciones internacionales. En su propuesta de gobierno redujo a un segundo plano la lucha contra el terrorismo, resaltando como idea fuerza de su futuro gobierno la búsqueda de la prosperidad económica, teniendo en cuenta los recursos de la bonanza minera. Uribe confrontó a Santos, planteando que las Farc representaban el mayor peligro terrorista para la seguridad continental, y acusó al gobierno de Chávez de ser aliado de esa guerrilla y del Eln.

 

Santos, una vez posesionado, puso en marcha una política internacional de distancia frente a la doctrina de Bush, e incluso del gobierno de Obama. Tomó dos decisiones de fondo: recomponer las relaciones diplomáticas con el gobierno de Chávez, y adelantar su primera gira internacional por Europa. En su reciente intervención ante la ONU, planteó un protagonismo estatal en política internacional sin antecedentes en la historia reciente del país.

 

Tener en cuenta tales hechos era indispensable para poder establecer las opciones y restricciones del aún Gobierno Santos y, en consecuencia, poder definir con mayor precisión sobre cuales asuntos ejercer la oposición y las políticas por respaldar.

 

Septiembre de 2010

 

Enero 9 de 2012, retomo el ejercicio de cronopolítica. En el curso del año 2011, el expresidente Uribe y su grupo asumieron que Juan Manuel Santos los traicionó, valoración que muestra el carácter primitivo de la llamada doctrina uribista. En los últimos días del año 2010, el calificativo de traidor adquirió vehemencia especial. El personaje encargado de sostener tal acusación fue el excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo.

 

Los uribistas consideran que la política global sigue funcionando con arreglo a la lógica impuesta por el expresidente Bush después de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001. La doctrina uribista, como la califica José Obdulio Gaviria, es incapaz de captar y valorar los contundentes acontecimientos en curso: la llamada Primavera Árabe, el surgimiento de los indignados en España, la profundización de la crisis económica en Europa, el movimiento ocupa Wall Street en Estados Unidos y las movilizaciones y paros generales en Inglaterra, Portugal e Italia.

 

Esta falta de visión frente a los hechos es altamente significativa y la oposición, que de allí se deriva al gobierno de Santos, está destinada al fracaso. Situación altamente preocupante para quienes pertenecemos al Polo, no por la ceguera de los uribistas, sino por la que evidenció una y otra vez, la dirección del PDA, con una incompetencia total en el ejercicio de la oposición. Los resultados de las elecciones lo dejaron en una situación de extrema debilidad. Sin embargo, en el discurso se afirma que todo se debe a una conspiración contra el Polo. No existe una sola línea escrita por esa dirección que busque avanzar en una valoración sensata de lo ocurrido, y de las tareas por emprender. La convocatoria del Comité Ejecutivo a la Conferencia Programática es de una pobreza insuperable. Se requiere, pues, un cambio de rumbo, y la conferencia programática y el posterior Congreso del Polo son dos escenarios para producirlo. Pero es necesario un horizonte distinto al propuesto por el Comité Ejecutivo.

 

Septiembre 1 de 2012

 

El 26 de agosto el Gobierno y las Farc-ep firmaron un documento guía para iniciar conversaciones en busca de la paz. El título: “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera". La noticia, si bien sorpresiva, resulta inteligible si se tienen en cuenta las decisiones políticas tomandas por el presidente Santos. Los uribistas han levantado el fantasma del Caguán.

 

 

 

 

Febrero 6 de 2016

 

Los presidentes Santos y Obama celebraron los quince años del Plan Colombia, acordado por Clinton y Pastrana en 1999. Era el momento político más singular de la historia contemporánea. Manuel Marulanda Vélez, jefe histórico de las Farc, había sido una persona definitiva en la elección del presidente Andrés Pastrana. El proyecto de una solución negociada al conflicto armado y la perspectiva de la paz había volcado el respaldo ciudadano a favor de Pastrana. La consecuencia de ese acontecimiento político fue la negociación del Caguán. La negociación fracasada se resolvió cuatro años después con la elección de Álvaro Uribe.

 

Para entonces (septiembre de 1998) Álvaro Vásquez, dirigente del Partido Comunista, escribió un documento titulado: “Sobre el conflicto armado y su solución política” (borrador de trabajo) y con un subtítulo: “En la antesala del Caguán”, el cual es pertinente retomar con el favor del paso del tiempo.

 

El autor enfoca, desde la teoría política de Marx y Lenin, los posibles desenlaces de esa negociación. Sobre la salida política anotó: “No se parte de cero. Ya la burguesía ha recorrido, bajo la presión múltiple de la opinión, del crecimiento de la guerrilla y de los repetidos fracasos de los cuerpos militares, un contradictorio camino que ha desembocado en la conveniencia de la negociación. A su vez, un sector de la clase dominante considera que es posible hacer determinadas concesiones”. Y agregaba: “De allí que hayan surgido sobre todo propuestas de financiación de la paz. Fondos de paz, ayudas de gobiernos amigos, colaboración de las Naciones Unidas, nuevo Plan Marshall para Colombia, etcétera, son algunas muestras de la preocupación de ciertos dirigentes empresariales y estatales con vistas a las soluciones sociales. Pero todas ellas tienen una intención contrainsurgente. Sin condenar esas iniciativas, lo principal hay que buscarlo en la calidad de los posibles acuerdos en cuanto a los cambios políticos incluyendo la propia política económica del sistema”.

 

Reconocidas esas condiciones generales de la negociación, en un parágrafo titulado: “Opciones del movimiento armado”, escribió lo siguiente: “Sintetizando sus opciones podrían concretarse las siguientes:

 

a) priorizar la lucha armada y avanzar por esa vía como única opción.
b) consolidar el dominio de determinadas zonas que sirvan de bases territoriales a una larga confrontación.
c) buscar un acuerdo con el sistema para arrancarle en esta etapa, determinadas posiciones y logros”.

 

Decía sobre cada una de las opciones, y lo que llamó modelos que las sustentaban, lo siguiente: “El primero es el modelo cubano; el segundo (una forma a mayor plazo y en varios periodos del primero) es el modelo chino o vietnamita; el tercero se asemeja a los modelos surafricano o centroaméricano”.

 

¿Cuál de esas opciones asumir? La decisión, sostenía, “[...] sólo puede ser el resultado de un análisis maduro que rebase los enfoques militares y tenga en cuenta el porvenir de todo el movimiento popular, como las condiciones nacionales y externas”.

 

Establecidas estas premisas, planteó lo siguiente sobre la primera opción: (priorizar la lucha armada y avanzar por esa vía como única opción): “En nuestra experiencia, el movimiento armado, que cuenta con un largo periodo de desarrollo, y que ha pasado por diferentes etapas, incluyendo las negociaciones, los ceses de fuego, las treguas, etcétera, aún cuando ha tenido avances cada vez más significativos, está lejos de un desenlace definitivo inmediato. Tampoco puede decirse que ha logrado imponer un poder revolucionario completo en un determinado territorio, como el de las zonas liberadas en Vietnam, o las llamadas zonas fronterizas de la revolución china. En cambio, la experiencia colombiana se caracteriza por su duración y por la extensión del conflicto a prácticamente todo el territorio nacional, lo que la diferencia de otras formas, incluyendo la cubana.

 

En la prolongación del enfrentamiento actual es necesario tener en cuenta, además de las aspiraciones revolucionarias, otros factores. Uno de ellos es la fatiga de la población por la confrontación. Otro es la dificultad para atraer a las posiciones políticas de la lucha armada a diversos sectores progresistas. La influencia política del movimiento guerrillero no avanza en la proporción en que sería necesario para tender un puente sólido entre las guerrillas y el resto de la población. Está bastante generalizada la tesis de que la lucha social y política no tiene que ver con la armada. Es decir, hay un cierto grado de distanciamiento de las luchas sociales del movimiento guerrillero. Mientras las guerrilla decretó la abstención, no sólo aumentó la votación sino que la repercusión de una tal actitud no fue significativa”.

 

Sobre la segunda opción, señaló: “En cuanto al modelo chino-vietnamita, caracterizado por la dominación creciente de un territorio importante, exigiría que la organización guerrillera pasara a crear la base de poder en tal territorio, realizar una reforma agraria decidida por los campesinos, se establecieran órganos de poder y se elaborara una estrategia para defender las posiciones territoriales, organizando dentro de sus fronteras la vida social y laboral. Una tal variante implicaría un enorme gasto de energías tanto militares como políticas”. Y concluía: “Esta formulación tiene varios puntos débiles: implicaría un difícil equilibrio con el poder nacional, que trataría de hegemonizar la situación; dependería también de la financiación nacional en lo fundamental; estaría expuesta a los cambios políticos generales; y seguramente que no tendría capacidad de expansión y de arraigo permanente. En la práctica, congelaría un determinado momento de la situación, cuyo cumplimiento y respeto serían inviables para el gobierno y las guerrillas”.

 

La tercera opción se presentaba así: “La negociación en las condiciones actuales, podría lograr posiciones y beneficios democráticos, avances en la integración del poder, reconstrucción del movimiento obrero y popular, desarrollo y fortalecimiento de la alianza progresista, diversificación de la organización en todos sus aspectos y acumulación de fuerzas para nuevos desarrollos revolucionarios. Desde luego sería necesario un nivel de seguridad y garantías para los cuadros revolucionarios y modificaciones estructurales del ejército y la policía”. Y agregaba: “El proyecto político de una salida democrática y popular a la crisis nacional no podrá lograrse en Colombia, en ésta etapa, por la sola acción del movimiento guerrillero. Tal proyecto implica la acción de masas en todas sus posibilidades, las alianzas de los diversos frentes de la lucha social y revolucionaria, el surgimiento de un tipo de organización popular, cualquiera sea el nombre que se le dé, que trabaje con un programa de profundos cambios y que logre atraer a la lucha a las masas en su conjunto”. En conclusión decía: “Por eso, parece más racional y efectiva una formulación que mantuviera la idea de la pluralidad de poder en nuevas condiciones de amplitud democrática y que permitiera a los sectores obreros y populares luchar en el futuro por posiciones y hegemonía en el conjunto nacional”.

 

Clausurada la experiencia del Caguán, esta elaboración conceptual muestra cómo la opción que se impuso y fracasó fue la de un incipiente modelo vietnamita o chino de cerco de la ciudad por el campo.

 

Ahora que la élite celebra los quince años del Plan Colombia, tenemos que esa conmemoración se presenta al mismo tiempo como la condición de un nuevo plan que Obama llamó “Paz Colombia”. Es una situación parecida a la presentada al inicio de la negociación en el Caguán, cuando se hablaba de una especie de Plan Marshall para la paz, pero ahora como remate de un proceso de negociación exitoso.

 

Esta declaración de Obama hay que valorarla desde una visión retrospectiva de la política exterior de los Estados Unidos, y del modo como ella ha influido en el diseño de la política exterior de los gobiernos colombianos. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, Truman presidente de los Estados Unidos y Churchill, primer ministro de Inglaterra, declararon la llamada Guerra fría. El asesinato de Gaitán (9 de abril de 1948) se interpretó en clave de Guerra Fría: una conspiración del comunismo internacional. La participación del ejército colombiano en la guerra de Corea (1950-1952) fue una consecuencia del alineamiento del gobierno de Laureano Gómez con la política exterior norteamericana.

 

El acontecimiento de la caída de Batista (31 de diciembre de 1959) y la instalación de un gobierno dirigido por Fidel Castro en Cuba, llevó al presidente Eisenhower a una política de intervención que fue avalada por los gobiernos del Frente Nacional (1958-1974). La guerra contra las drogas declarada por Nixon llevó a la fundación de la DEA en 1973, agencia federal que terminaría por convertirse en un recurso intervencionista en la definición de la política del gobierno colombiano. El último movimiento de ese proceso histórico fue el alineamiento del gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) con el de Bush (2000-2008) y su guerra contra el terrorismo.

 

El gobierno de Barack Obama (2008-2016) desarrolló los lineamientos de una nueva política exterior de los Estados Unidos. En ese diseño, el cierre del ciclo de la Guerra Fría es un propósito que tiene en el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba, su punto culminante. Asimismo, el gobierno de Obama planteó que el daño causado por los actos terroristas no puede asumirse como actos de guerra. El terrorismo es un tema de inteligencia, de policía y de intervenciones militares acotadas. La política de guerra contra las drogas está siendo revaluada.

 

La clausura de esas tres políticas de guerra: contra las drogas, contra el terrorismo y contra el comunismo, es un proceso gubernamental que todavía no se constituye en política del Estado norteamericano, pero que crea un campo de opciones privilegiadas en el desarrollo de las negociaciones para la terminación del conflicto armado en Colombia. La clausura de esas tres guerras crea premisas inéditas para la tarea de construcción de una paz estable y duradera en nuestro país, con el impacto que ese hecho tendrá para todo el continente americano.

 

 

 

 

Octubre 2 de 2016

 

El No gana el plebiscito contra todos los pronósticos. ¿Y qué se hace en esos casos? Esta fue la pregunta de un joven pariente en una reunión familiar. ¿A quién echarle la culpa y a quién atribuirle la victoria? Claro: a Santos y a Uribe.

 

Aquí es necesario que recordemos algunos acontecimientos. El expresidente Uribe decidió, desde que fue público el inició de la negociación con las Farc, enfrentar con beligerancia esa opción. Su tesis central –ampliamente difundida y conocida por cualquier persona con una mínima información del proceso en Colombia y en el exterior–, sostenía que no debía negociarse con bandidos y narcotraficantes. La tarea del ejército era eliminarlos y esa tarea estaba prácticamente cumplida cuando él respaldó a Juan Manuel Santos para que lo reemplazara en la presidencia. La iniciativa de negociar para superar el conflicto armado, y construir una paz estable y duradera, la presentó como una traición y una entrega de la república a un enemigo a punto de ser eliminado.

 

Esa retórica la mantuvo durante los primeros dos años de la negociación, pero luego fue matizando su postura. Uribe comenzó a pregonar que él también quería la paz y que quienes lo acompañaban eran amigos de la paz pero no a cualquier costo. El viraje fue cristalizando en la tesis de que la negociación era un tratado de concesiones inadmisibles a las Farc. La razón de esas concesiones inconcebibles era el deseo insensato del Presidente de pasar a la historia o de ganarse el Premio Nobel de Paz, y esa debilidad presidencial era hábilmente manipulada por los jefes de las Farc, a quienes calificaba del mayor cartel de narcotraficantes. Luego enriqueció su retórica con el pronóstico de una inminente sustitución de la democracia por el castrochavismo. En los días en que el acuerdo, producto de las negociaciones, llegaba a su elaboración final, incorporó en el arsenal de sus alegatos que la ideología de género y la homosexualidad se convertirían en política de estado, maltratando los sentimientos religiosos de las diferentes iglesias y cambiando la definición eterna de la familia.

 

El partido de Uribe, el Centro Democrático, asumió esa retórica con una vehemencia y una perseverancia sorprendente. En las semanas que precedieron al 2 de octubre, día de las elecciones, agregó a su retórica que en los acuerdos se establecía una policía política y una justicia parcializada para perseguir a la “gente de bien”. La jurisdicción especial para la paz se caracterizó como un golpe de estado a la Constitución de 1991, y así lo proclamó el expresidente Andrés Pastrana quien se sumó al uribismo. El compromiso con la verdad, la justicia y la reparación que sostiene la jurisdicción especial, fue tergiversada por el uribismo y presentada como una herramienta policíaca contra las libertades ciudadanas. Al final, el alegato de Uribe y de sus seguidores, concluyó en que el acuerdo era un contrato entre los jefes guerrilleros de las Farc y un señor llamado Juan Manuel Santos, en consecuencia un papel sin valor ninguno. Las personalidades políticas y los representantes de las instituciones que asistieron en Cartagena a la firma del acuerdo, contemplaban desconcertados las declaraciones de los uribistas y con discreción de huéspedes evadían un juicio negativo y saludaban con esperanza el casi seguro triunfo del Sí en el plebiscito.

 

La valoración del acuerdo como un acontecimiento espurio fue asimilado por sectores que durante el periodo 2014-2017 se sintieron lesionados con la política económica del presidente Santos: los campesinos paperos, los cafeteros agrupados en dignidad cafetera, los camioneros que sostuvieron un paro durísimo, los taxistas que rechazan el servicio Uber y que asumieron que serían expropiados para beneficiar a guerrilleros desmovilizados, los pequeños y medianos propietarios que creyeron que iban a ser sometidos a una expropiación por la dictadura castrochavista que seguiría después de firmado el acuerdo.

 

La derrota del Sí, fue alimentada por las mentiras del expresidente Uribe y por el malestar de quienes sintieron que el presidente Juan Manuel Santos no atendía sus intereses y, al contrario, los lesionaba. El triunfo de Uribe parece inexplicable pero existen antecedentes de líderes como él. Hanna Arend en un texto titulado La mentira en política. Reflexiones sobre los documentos del Pentágono, planteó la siguiente tesis: “El mentiroso que puede salir adelante con cualquier número de mentiras individualizadas, hallará imposible imponer la mentira como principio. Esta es una de las lecciones que cabe extraer de los experimentos totalitarios y de la aterradora confianza que los líderes totalitarios sienten en el poder de la mentira, en su habilidad, por ejemplo, para reescribir la Historia una y otra vez con objeto de adaptar el pasado a la “línea política” del momento presente o para eliminar datos que no encajan en su ideología”.

 

La experiencia que estamos viviendo en Colombia con un personaje como Álvaro Uribe, muestra que el experimento que él intentó en sus dos gobiernos, y que ahora nos presenta como la opción frente al acuerdo, es de una gravedad extrema.

 

Retornemos a la pregunta de nuestro joven pariente: ¿Qué se puede hacer en estos casos? Movilizarse y promover la discusión democrática para impedir que la mentira en la política se consolide como principio. Esa tarea es condición para poder defender el acuerdo logrado y para asumir con alegría la obra de construir una paz estable y duradera con verdad, justicia y reparación. Afortunadamente la coyuntura internacional nos es favorable. El interés que hoy existe sobre el futuro del proceso de paz en Colombia está vinculado con la posibilidad de clausurar un conjunto de guerras hoy agotadas.

 

En la sociedad planetaria en proceso de configuración es posible decir No a la Guerra Fría y Sí a la diplomacia entre los Estados para resolver los conflictos. No a la guerra contra las drogas y Sí a políticas de salud pública que prevengan y reparen el daño que causan las adiciones. No a la guerra contra el terrorismo y Sí a políticas de seguridad humana que neutralicen los atentados de terrorista desesperados que se proclaman mártires.

Miércoles, 26 Octubre 2016 09:22

Plebiscito por la paz, antagonismo traumático

Plebiscito por la paz, antagonismo traumático

El plebiscito y sus resultados arrojados el pasado 2 de octubre, obligan a una reflexión sobre lo acontecido. Una reflexión a partir de sus cifras, pero también desde la historia y el futuro del país.

 

La cotidianidad de las cuatro últimas generaciones de connacionales ha transcurrido en medio de un costoso, cruento y doloroso conflicto interno bélico.

 

Según el registro oficial de la Unidad para las Víctimas de la Presidencia de la República, los mártires de esta guerra civil suman ocho millones durante el período 1985-2015. Los datos institucionales referencian 260.000 asesinatos, 45.000 desaparecidos, 6,8 millones de desplazados por la violencia y el despojo de 4,2 millones de hectáreas a los pobladores pobres del campo. Además de los campesinos y pueblos indígenas y afros, la guerra afectó de manera directa a comunidades populares urbanas, defensores de derechos humanos, sindicalistas, líderes populares, ambientalistas, militantes de partidos de izquierda e intelectuales demócratas.

 

El más reciente cálculo del Global Peace Index, realizado por el Institute for Economics and Peace (IEP) muestra que el impacto económico de la violencia en Colombia ha crecido 53 por ciento desde 2008 hasta alcanzar los US$139.481 millones en el año 2015, equivalente al 30 por ciento del Producto Interno Bruto, constituyéndose en el séptimo país en el mundo donde más impacto negativo de carácter económico, político, social, cultural y ambiental, ha tenido la violencia dentro de su territorio.
El 2 de octubre de 2016, la sociedad colombiana tenía la posibilidad histórica de terminar, a través de un plebiscito, con una buena parte de la confrontación armada e iniciar la construcción de una paz duradera y sostenible. La renuncia generalizada a la violencia como forma de hacer política requería el compromiso de la sociedad.

 

En esta consulta, la única pregunta a la cual deberían responder los colombianos con un Sí o un No era la siguiente: “¿Apoya usted el acuerdo final para terminar el conflicto y construir una PAZ estable y duradera?”.

 

El triunfo del “Sí” refrendaría democráticamente los acuerdos de paz, ordenando al Gobierno y demás entidades del Estado a tramitar las normas necesarias para implementarlos. Con la victoria del No se malograría el proceso seguido durante los últimos seis años (2 exploratorios y 4 de negociación) y obligaría al Gobierno y la insurgencia a entrar en una compleja renegociación con los sectores ultraderechistas del país. Con los resultados que favorecieron el No, Colombia se sumió en la incertidumbre; encrucijada que no la resuelve ni el otorgamiento del premio Nobel de Paz al presidente Juan Manuel Santos (2010-2018), concedido por el Comité Noruego y que le será entregado el 10 de diciembre de 2016.

 

Dos pruebas debía superar el plebiscito en las urnas para ser vinculante: i) ganar por mayoría simple el Sí; ii) superar el umbral aprobatorio del 13 por ciento del censo electoral, esto es, alcanzar como mínimo cuatro millones y medio de votos.

 

Votantes y territorios

 

El total de población habilitada para participar en este plebiscito sumaba 34.899.945 (51,7% mujeres y 48,3% hombres). El número de votantes que se abstuvieron de ejercer su derecho político sumó 21.833.898 (ver recuadro 1: La constante), esto es, 62,6 por ciento. El 37,4 por ciento que acudió a las urnas se distribuyó de la siguiente forma: votos inválidos (votos no marcados y nulos) 257.189 (0,7%); votos por el Sí, 6.377.482 (18,3%); votos por el No, 6.431.376 (18,4%) (Ver gráfico 1 y mapa 1).

 

 

 

 

En las 33 entidades territoriales del país (sumando a Bogotá como Distrito Capital y “Consulados”, esto es, los 203 puestos de votación donde los 600 mil colombianos habilitados que viven en el exterior podrían votar) el Sí ganó en 20 (60,6%) y el No en 13 (39,4%). En resumen, como siempre sucede en la exánime democracia colombiana, la reducida pero poderosa, agresiva y organizada oligarquía extremo-derechista impuso su voluntad e intereses, con mentiras, manipulaciones y amenazas, a las mayorías nacionales. Del lado opuesto, una exageración de los beneficios que traería para las mayorías la aprobación de los acuerdos, fue la nota más destacada (Ver recuadro 2: La cultura política de los colombianos, 2015).

 

De las 33 entidades tomadas como referencia para el análisis, once (33,3%) concentran en conjunto el 70.6 por ciento del total de sufragios posibles al contar, cada una con más del 3 por ciento de las personas habilitadas. De estas, en cinco ganó el No: Antioquia, Cundinamarca, Norte de Santander, Santander y Tolima; en seis ganó el Sí: Bogotá D.C., Atlántico, Bolívar, Córdoba, Nariño y Valle del Cauca. Como tendencia general, con la excepción del distrito capital y el Valle del Cauca, se observa que en las regiones donde tradicionalmente hay más alto “desarrollo” económico son las que votaron en mayor proporción por el NO (Ver cuadros 1 A y 1 B).

 

 

 

 

 

 

Antagonismo traumático

 

El número de votos válidos en el plebiscito por la paz sumó 12.808.858. Con la mínima diferencia de 53.894 sufragios (0,2% respecto al total de votantes habilitados), el No resultó triunfador.

 

El empate técnico no obedece a un relativismo cultural, según el cual la percepción del conflicto social depende de la pertenencia del observador a uno u otro grupo, en favor o en contra de refrendar los acuerdos Gobierno-insurgencia. La división entre las dos percepciones «relativas» implica una referencia oculta a una constante, a un núcleo traumático, un antagonismo fundamental que la sociedad colombiana es incapaz de simbolizar, explicar o asimilar, un desequilibrio crónico en las relaciones sociales que impide que la ciudadanía se estabilice en un todo armonioso. Las diferentes percepciones expresadas en el plebiscito, incluidos quienes se abstuvieron de acudir a las urnas, son tres intentos mutuamente excluyentes de lidiar con este antagonismo traumático, de sanar la herida histórica mediante el consenso democrático de construir colectivamente una estructura simbólica equilibrada, incluyente y justa. Lo «Real» no es el fenómeno expresado en los resultados del plebiscito por la paz, sino el núcleo traumático del histórico antagonismo entre clases sociales1 que distorsiona la visión del individuo frente a quienes, de una parte, tienen intereses en prolongar una guerra de la cual obtienen réditos y, de otra, a los que defienden el anhelo de paz con igualdad, democracia, trabajo digno, justicia social y soberanía2.

 

Los estudios que emprendió el economista, historiador, escritor y político socialista colombiano Antonio García Nossa (1912-1982) sobre la movilización insurreccional de los comunes de labriegos libres, artesanos, obreros de manufactura, peones y clases medias en 1781, coloca de presente este núcleo traumático o antagonismo fundamental de la sociedad colombiana. En la insurrección de Los Comuneros se encuentra, según García, embrionariamente, esta trama de la historia contemporánea, entendida como un contrapunto dialéctico entre la movilización popular orientada hacia la ruptura y superación –consciente o inconsciente– de las estructuras hispano coloniales de dominación y dependencia –modernizadas sólo a partir de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) y de la subsiguiente integración a la metrópoli norteamericana– y la acción defensiva-ofensiva de las familias conservadoras, castas, burócratas, curas fanáticos, militares, políticos mafiosos, intelectuales fascistas y profesionales derechistas, oligarquías o clases dominantes; en el sentido de conservar aquellas estructuras (estrategia conservadora) o de promover la desarticulación o aplastamiento de la organización y movilización popular y de la clase trabajadora por medio de la violencia institucionalizada (estrategia contrarrevolucionaria)3.

 

Democracia exánime

 

La mayoría de la población apta para participar en el plebiscito por la paz, 63 de cada 100, se abstuvo de participar; expresión de la grave crisis de la democracia liberal colombiana. Este tipo de democracia que nació con las revoluciones burguesas de los siglos XVIII y XIX en Europa y América, en su esencia, deja la soberanía popular relegada a una mera función electiva que le otorga poder exclusivo de gobierno a las oligarquías y a la representación de políticos profesionales. Al eliminarse la participación directa en la toma de decisiones (quedando sometida simplemente a una voluntad de cada proceso electoral), el pueblo termina perdiendo todo contacto inmediato con la solución de sus problemáticas, para dejarlas en manos de una minoría –clase política– de la sociedad, ajena también a esos problemas sociales populares y laborales. En esencia, no existe en Colombia una forma de gobierno democrática, pero es tal el peso de la ideología que la sociedad se cree el “cuento” que esta parodia de democracia es “la más antigua y sólida del continente”.

 

En este plebiscito, 20 de las 33 entidades territoriales del país (sumando a Bogotá y “Consulados”) registran niveles de abstención superiores al promedio nacional: 71,7 por ciento. Con la excepción de Arauca y Caquetá, la mayoría de la población votante lo hizo por la opción del Sí en estas entidades de alta abstención (Ver cuadros 1A y 1B).

 

En la capital del país, con el 15,9 por ciento del potencial de sufragantes, ganó el Sí al sumar 1.423.612 votos (25,7% respecto al total distrital). El Distrito Capital concentra una alta proporción del voto libre, informado y consciente de Colombia. Independiente del estrato socio-económico, en todas sus localidades el porcentaje de abstención fue inferior al promedio nacional y mayoritariamente ganó el Sí. Sólo en tres localidades, las que concentran la población que vive bajo condiciones de extrema pobreza y los desplazados por la violencia, ganó el No: Bosa, Ciudad Bolívar y Usme (Ver mapa 2).

 

 

Este fenómeno combinado de rechazo y abstención, en sus localidades más excluidas y pobres, se explica por ocho razones: i) el resentimiento en contra de las políticas antipopulares y neoliberales del gobierno Santos; ii) las mentiras y manipulaciones publicitadas desde las campañas por el No (en particular sobre los supuestos y exagerados beneficios económicos que recibirían los excombatientes); iii) la incomprensión referente a la figura jurídica y al contenido del plebiscito; iv) ignorancia política; v) desesperanza aprendida, en cuanto la persona se siente indefensa, cree no tener control sobre la situación y piensa que cualquier cosa que haga será inútil; vi) considerar que el plebiscito era una continuidad del enfrentamiento Santos-Uribe; vii) apego a una cultura que ha permeado desde arriba a todas las capas sociales de solucionar los problemas mediante la violencia y el exterminio; viii) El odio contra la insurgencia, producto de una intensa guerra política desplegada por años, así como por los errores propios de ésta y que afectaron a sectores populares.

 

Razones que atraviesan a la sociedad colombiana en su conjunto, no sólo a los sectores populares, Hay que agregar que si bien la juventud estaba a favor del Sí, esta mostró su animadversión de acudir a las urnas; a deshoras hizo conciencia del error, tratando de borrarlo con postreras movilizaciones en favor de la paz. La izquierda, apática, indecisa y autista, poco hizo en favor de una concientización social y masiva en favor del SÍ y, peor aún, nunca ha logrado ofrecer una propuesta realista, positiva, incluyente y constructiva de futuro a la sociedad colombiana.

 

De los 600 mil nacionales habilitados para votar en el extranjero sólo lo llevó a cabo el 13,9 por ciento, reflejando un alto desafecto por los destinos del país natal por parte de quienes están arraigados en tierras foráneas. Con la excepción de Estados Unidos, en los demás consulados ganó la preferencia por el Sí (44.801 votos por el Sí y 37.995 votos por el No).

 

En los seis departamentos que integran la región Caribe (Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, la Guajira y Magdalena) tres de cada cuatro potenciales votantes se abstuvo. En todas estas entidades territoriales fue prevalente el voto por el Sí. La razón de esta alta abstención fueron dos: i) el impacto del huracán Matthew: las intensas lluvias impidieron que los ciudadanos salieran a votar; ii) las maquinarias políticas no se utilizaron para movilizar a los electores; como no estaba en juego las elecciones de los “caciques” políticos, no operó el tradicional clientelismo y la compra de votos.

 

Los departamentos que más han sufrido la inclemencia de la violencia efectivamente fueron los que mayor apoyo dieron al plebiscito. En nueve de las regiones más afectadas por el conflicto armado, con mayor pobreza y menos institucionalidad, ganó el voto por el Sí: Amazonas, Chocó, Cauca, Nariño, Putumayo, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada. No obstante, en estos departamentos el nivel de abstención promedio fue del 68 por ciento.

 

En uno de los principales centros agrícolas, industriales, comerciales y financieros del país, el Valle del Cauca, ganó el apoyo a la refrendación de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las Farc-Ep por parte del 18,6 por ciento del potencial de ciudadanos habilitados; el No fue refrendado por el 16,9 y la abstención alcanzó el 63,9 por ciento. En la capital, Cali, votaron 589.451 ciudadanos, el 54,3 lo hicieron por el Sí y el 45,7 por el No. En otros centros importantes de la economía y el turismo del país, Boyacá y San Andrés, igualmente salió triunfador el SÍ, aunque con escaso margen.

 

En 13 entidades territoriales el rechazo a los acuerdos del Gobierno con la insurgencia fue mayoritario: Antioquia, Arauca, Caldas, Caquetá, Casanare, Cundinamarca, Huila, Meta, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander y Tolima. Allí el nivel de abstención registró un promedio de 10.1 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional: 52,4 por ciento. Es importante señalar, de una parte, que en toda la zona centro de Colombia la insurgencia ha operado como un ejército de ocupación y sus acciones más negativas (secuestro, extorsión y afectación de la infraestructura) han sido dirigidas en contra del empresariado agrícola medio y grande, como también, en no pocos casos, contra el campesinado y pueblos rurales. Existe, por tanto, en estas regiones, un resentimiento directo muy grande con las Farc que obviamente fue aprovechado por los promotores del No.

 

Pero de otra parte, y no menos importante, los rezagos de la república señorial, el latifundio ganadero, las economías extractivas dominadas por empresas transnacionales, una clase media rural fundamentada en el tipo patriarcal y católico de la familia antioqueña, la vigorosa influencia conservadora del partido del clero que subyuga la conciencia popular, el principio crematístico para medir la funcionalidad de toda actividad social fundamentado en el individualismo egoísta y la contra ética del “fin justifica los medios”, y el escalamiento del paramilitarismo como poder político, social y cultural en la mayoría de municipios que integran estas regiones afectadas por la guerra, explican estos resultados adversos al fin del conflicto armado y a la construcción de la paz.

 

En una de las principales ciudades de Colombia, Medellín, 431.173 ciudadanos votaron en favor del No (63%) y 253.548 por el SÍ (37%). Una ciudad bonita, con buena infraestructura y tecnológicamente avanzada, la economía moderna y un nivel educativo más elevado, no son suficientes para hacer evolucionar y transformar civilizadamente la mentalidad colonial, las creencias y formas de vida atávica, y el espíritu patriarcal, violento y de vindicta.

 

Se ha dicho que los extremos se tocan. En el departamento de Arauca, con arraigada presencia del Eln, ganó la opción por el No (30.274 votos). Por el Sí votaron 28.653 ciudadanos. Se abstuvieron 115.537 ciudadanos, el 65,4 por ciento, influenciados por el rechazo del Eln al proceso de negociación Gobierno- Farc-Ep. El Eln afirma que “los anhelos de paz con equidad, justicia social y soberanía tal como lo requieren las mayorías, exige la unión de todas y todos quienes buscamos una Colombia donde el pueblo y la nación sean partícipes y protagonistas de las nuevas construcciones; sin tal protagonismo popular y social, no es posible el logro de la paz”4. En consecuencia, el inicio de la negociación del fin del conflicto armado entre el Gobierno y el Eln, el próximo 27 de octubre en Quito, pondrá otro ritmo a la complejidad y encrucijada que enfrenta la sociedad actualmente y abrirá un espacio donde se exprese democráticamente la sociedad, paralelo a la negociación elitista y a puerta cerrada entre el Gobierno y los partidos ultraderechistas.

 

Al desagregar los resultados del plebiscito, encontramos que la tendencia del departamento de Arauca la define –como es de esperarse– el municipio con mayor potencial electoral, en este caso Arauca, capital, la cual tuvo como resultados un 34,9% (8.159 votos) por el Sí y un 65,1% (15.191 votos) por el No. Los datos sobre presencia de los grupos insurgentes en este departamento han demostrado que la intensidad del conflicto armado se ha concentrado en municipios como Saravena, Fortul, Arauquita, y Tame, municipios en los que el SI ganó (en Saravena ganó el No), corroborando que los territorios en los que más se ha vivido la guerra y por ende los principales beneficiarios del acuerdo, ganó la opción para la implementación de los acuerdos. En Cravo Norte y Puerto Rendón, con presencia paramilitar y base económica latifundista y ganadera, triunfó el No.

 

Odio y actitud psicótica

 

El odio sobredeterminó los resultados del plebiscito por la paz. El odio es una pasión que lleva a hacer daño a alguien o desearle mal. Esta fue la principal motivación de las campañas por el No, al impugnar los acuerdos de paz.

 

Pero además de éste, entre los líderes de estos movimientos de ultraderecha política-religiosa-empresarial-militar predomina la actitud psicótica: la de un autoproclamado salvador que imagina que su ley interior es la Ley para todo el mundo. Para que el mundo siga sus preceptos, el “Mesías” recurre a construcciones paranoicas, al complot de fuerzas ocultas: el centro de la publicidad por el No buscaba generar el miedo de las masas ante la amenaza “castrochavista” o la entrega del Estado a los “terroristas encabezados por Timochenko”.

 

También los líderes de los partidos ultraderechistas son megalómanos (condición psicopatológica caracterizada por fantasías delirantes de poder, relevancia, omnipotencia y por una henchida autoestima), no conciben un proceso de transformación social sin su dirección y liderazgo, de lo contrario patean el tablero sin reparar en costos de vidas, económicos y sociales.

 

No obstante, detrás del odio y de las formas de hacer la política, está el tema de intereses de clases o fracciones de clase que quieren a toda costa evitar políticas económicas, sociales y democráticas que los afecten (redistribución de tierras, impuestos a la propiedad, etc.) y además prevenir que puedan surgir gobiernos que desarrollen políticas progresistas y cercanas a determinadas formas de izquierda democrática o socialistas.

 

De la Apen (1935) al Mur (2016)

 

La violencia es un método consuetudinario empleado por las clases dominantes en Colombia para el ejercicio político y para oponerse a cualquier reforma social o apertura democrática que afecte sus intereses. El crimen y la impunidad son facilitados por el sectarismo político que practican.

 

Así, por ejemplo, las reformas impulsadas durante el gobierno de Alfonso López Pumarejo, elegido en 1934, incluían nuevas formulaciones del derecho de propiedad, un replanteamiento de las relaciones entre el Estado y la Iglesia, y una serie de medidas modernizadoras en el campo social y político que pretendían dar solución a la crisis económica de 1929 y a los graves conflictos rurales y obreros de la década de 1920. Para neutralizar estas reformas, se creó la Apen (Asociación Patriótica Económica Nacional) en marzo de 1935, movimiento político formado por terratenientes, latifundistas, industriales, financieros, intelectuales, altos políticos y veteranos de las guerras civiles colombianas. Fue creado para oponerse abiertamente al movimiento de masas campesino y, sobre todo, para arrasar con la política de Alfonso López Pumarejo. La Apen tuvo una actividad intermitente hasta los años 1940, enlazándose con el período histórico conocido como “La Violencia5.

 

La historia se repite. En agosto de 2016, dieron vida al Movimiento de Unidad Republicana en contra de los acuerdos de paz Gobierno Nacional-Farc-EP y del plebiscito que refrende popularmente los acuerdos. Hacen parte de este movimiento dos expresidentes de la República, exalcaldes, dirigentes políticos (en su mayoría de los partidos Centro democrático, Conservador y Liberal), empresarios (sobresale Ardila Lule, dueño de RCN y zar de las bebidas edulcorantes), ganaderos, militares retirados, dueños de medios de comunicación (principalmente los periódicos de Medellín), dirigentes de gremios agropecuarios, alta jerarquía de la iglesia católica (en especial, Monseñor Libardo Ramírez Gómez, presidente del Tribunal Eclesiástico Colombiano), intelectuales y columnistas defensores de la derecha nacional, entre otros. En general, esta oposición que recoge la ultra derecha político-religiosa-empresarial-militar-intelectual de Colombia enarbola las banderas de la defensa de Dios, patria, familia, propiedad y tradición.

 

El No, campaña de mentiras, miedo y amenazas

 

El excandidato a la alcaldía de Medellín y gerente de campaña por el No del Centro Democrático, Juan Carlos Vélez, confesó, en entrevista con el periódico La República, que “apelamos a la indignación, queríamos que la gente saliera a votar verraca (de mal genio)”, por ejemplo “la imagen de Santos y ‘Timochenko’ con un mensaje de por qué se le iba a dar dinero a los guerrilleros si el país estaba en la olla, la publiqué en Facebook y tuvo un alcance de seis millones”.

 

La profundización de esta campaña fue mandar el mensaje direccionado para ‘sacar la piedra de los electores’, por estrato y ubicación geográfica, afirmó el excandidato del Centro Democrático: “En emisoras de estratos medios y altos nos basamos en la no impunidad, la elegibilidad y la reforma tributaria, mientras en las emisoras de estratos bajos nos enfocamos en subsidios”; “en cuanto al segmento en cada región utilizamos sus respectivos acentos: en la Costa individualizamos el mensaje de que nos íbamos a convertir en Venezuela; y aquí (Antioquia y Eje Cafetero) el No ganó sin pagar un peso. En ocho municipios del Cauca pasamos propaganda por radio la noche del sábado centrada en víctimas”.

 

La campaña por el No costó cerca de $1.300 millones que aportaron 30 personas naturales y 30 empresas. Los principales financiadores de esta sucia campaña (estrategia de la “clínica del rumor”, la llaman los asesores políticos) fueron entre ellas la Organización Ardila Lülle (RCN, Win, Postobón, Atlético Nacional, Heineken), Grupo Bolívar (Seguros Bolívar, Davivienda, Codiscos), Grupo Uribe (Mango, Sprit, Naf Naf París, Chevignon, Americanino), Grupo Corbeta (AKT, Alkosto, K-Tronik, Foton, Castrol), cuyos presidentes y propietarios respectivamente son Carlos Ardila Lüle, José Alejo Cortes, Manuel Santiago Mejía Carlos Gilberto Uribe y la familia Díaz, los tres últimos empresarios antioqueños cercanos al expresidente Álvaro Uribe. La organización Ardilla Lule, propietaria de RCN (radio y televisión), desde el canal de televisión su directora, Claudia Gurisatti, fue una de las principales críticas de los acuerdos y compulsiva promotora de la campaña del No.

 

En paralelo, los líderes del Centro Democrático llamaron en su auxilio a las iglesias cristianas y evangélicas, para adoctrinar a sus creyentes en contra de los acuerdos de paz entre la insurgencia y el gobierno. En particular atacaron el enfoque de género de los acuerdos de paz y desinformaron con los riesgos que enfrenta la familia y las instituciones ante las políticas que promueven las libertades de identidad sexual.

 

Los resultados del plebiscito muestra la fuerza de los grupos de extrema derecha en Colombia, su capacidad para conectarse con un amplio segmento social, realidad que realza, al mismo tiempo, la incapacidad de la izquierda para comprender sus formas de ser, su enraizamiento cultural y sus capacidades, más allá de su ser violento. Además, se ponen de presente las fracturas y conflictos entre las fuerzas de las clases y fracciones de clase; en concreto entre el latifundismo premoderno y las ideologías de extrema derecha que representan el Centro Democrático y el Partido Conservador, de una parte, y la oligarquía modernizante y transnacional que representa el santismo, de otra parte.

 

 

 

 

Miedo a la verdad

 

Las Naciones Unidas han indicado que en los procesos de paz debe respetarse plenamente el derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia y a obtener reparación y garantías de no repetición. La verdad consiste en el reconocimiento que la sociedad y las instituciones hacen acerca de las violaciones cometidas, las víctimas perjudicadas por ellas y los responsables de tales hechos. El derecho a la justicia permite el reconocimiento de las víctimas; las respalda en sus reclamos y exigencias, las protege y reestablece formalmente sus derechos. La reparación es el mecanismo fundamental para hacer justicia a las víctimas y evitar la repetición de las violaciones; mediante la reparación se identifica el daño, se reconoce a las víctimas, se les protegen sus derechos y se busca anular los efectos de las violaciones que han sido cometidas.

 

El principal miedo que tiene la ultraderecha en Colombia es que se conozca la verdad; esto es, que un día nuestra sociedad y la opinión pública mundial conozcan la verdad sobre los autores del genocidio ocurrido en el país durante los últimos sesenta años. Los líderes de estos partidos políticos, movimientos sociales, iglesias, militares y grupos paramilitares, intelectuales de derecha, burócratas, empresarios, empresarios, dueños de los medios de comunicación y representantes de las transnacionales buscan por todos los medios enterrar la verdad y evitar ser juzgados por crímenes de lesa humanidad.
En particular, como lo afirmó el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro: “El gran temor de Álvaro Uribe es que los militares que están incursos en delitos en medio del conflicto confiesen ante el Tribunal Especial. Uribe le tiene pavor a que los militares hablen y los lleva a un sacrificio, les pide que no vayan al Tribunal Especial, que se quite ese organismo y que vayan a la justicia ordinaria, con lo cual los está es condenando literalmente a la Corte Penal Internacional. Solo porque él no quiere que hablen”.

 

Los artículos 5º y 7º del Estatuto de la Corte Penal Internacional –aprobado en Colombia por la Ley 742 de 2002– incluyen estos crímenes entre las conductas punibles sobre las cuales ejerce su competencia ese alto tribunal. Un crimen de lesa humanidad es el que por su carácter especialmente grave ofende no sólo a la víctima, sino a toda la familia humana.

 

El Punto 5 del acuerdo de paz contiene el tema de “Víctimas”. Desde el Encuentro Exploratorio de 2012 entre el Gobierno Nacional y las Farc-Ep, se acordó que el resarcimiento de las víctimas debería estar en el centro de cualquier acuerdo. En el firmado, crean el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que contribuye a la lucha contra la impunidad combinando mecanismos judiciales que permiten la investigación y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, con mecanismos extrajudiciales complementarios que contribuyan al esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido, la búsqueda de los seres queridos desaparecidos y la reparación del daño causado a personas, a colectivos y a territorios enteros.

 

El filósofo griego Aristóteles solía decir que “No basta decir solamente la verdad, más conviene mostrar la causa de la falsedad”.

 

 

 

 

La encrucijada

 

Colombia se encuentra ante una situación difícil o comprometida en que hay varias posibilidades de actuación; sus actores sociales y políticos alternativos parecieran no saber cuál de ellas escoger. Esta es una de las encrucijadas decisivas de su historia, que requiere buscar una gran confluencia por la paz y la solución negociada al conflicto bélico interno, que implique justicia social y una novedosa y protagónica participación de su ciudadanía en el diseño y definición de su presente y futuro inmediato, y mucho más allá.

 

Es importante impedir un acuerdo excluyente, entre las oligarquías que han conducido históricamente al desastre de país que tenemos. No es posible, en pleno siglo XXI, otro Frente Nacional para el beneficio de las clases dominantes. Su sociedad democrática (en particular la clase trabajadora, los movimientos sociales, los defensores de derechos humanos, la intelectualidad orgánica y los partidos políticos de izquierda) debe enfrentar, de manera decidida, al sector minoritario alineado con las ideologías de extrema derecha y las lógicas de guerra y exclusión, con sus fines deshumanizantes y sus actividades explotadoras del trabajo nacional y depredadoras y rentistas de la riqueza territorial mediante el modelo neoliberal que arbitraria y violentamente impusieron al país. Pero estos núcleos sociales demócratas también deben enfrentar al conjunto de la clase dominante que encabeza el actual modelo económico, político y social dominante en nuestro territorio, a partir del cual se excluye a las mayorías de los beneficios de su trabajo y esfuerzo, criminalizando sus protestas e inconformidad. Es necesario que estos núcleos democráticos, conciten el favor mayoritario del país en pro de un emplazamiento al gobierno de turno, a partir del cual quede claro que la paz sin justicia económica, y sin transformar el modelo de acumulación no es soportable en el tiempo. Impedir que la anunciada reforma tributaria sea aprobada sería el primer reto de este emplazamiento.

 

En los acuerdos de paz firmados, con el ánimo de consolidar aún más las bases sobre las que se edificaría la paz y la reconciliación nacional, una vez realizado el plebiscito que debía refrendar política y popularmente estos acuerdos, se comprometían a convocar a todos los partidos, movimientos políticos y sociales, y a todas las fuerzas vivas del país a concertar un gran Acuerdo político nacional, encaminado a definir las reformas y ajustes institucionales necesarios para atender los retos que la paz demande, poniendo en marcha un nuevo marco de convivencia política y social. Con la crisis política generada por los resultados del plebiscito, este compromiso y propósito es más necesarios que nunca.

 


 

* Economista político y filósofo humanista. Docente de la especialización en Derechos humanos de la UPTC. Integrante de los comités editoriales de los periódicos desdeabajo y Le Monde diplomatique edición Colombia. Integrante del Centro interdisciplinario de Derechos sociales y desarrollo, Cartagena de Indias.
1 No obstante, dentro de cada uno de los grupos del Sí y el No están presentes una variedad de estratos socioeconómicos unidos por factores ideológicos principalmente.
2 Zizek, Slavoj; (2016). Contragolpe absoluto. Para una refundación del materialismo dialéctico. Ediciones Akal, España, p. 111.
3 García, Antonio; (1981). ¿A dónde va Colombia? Tiempo americano editores Ltda., Colombia, p. 16.
4 Revista Insurrección N° 549
5 Conflicto que causó 300.000 asesinatos y el desplazamiento forzoso de más de dos millones de personas, equivalente casi a una quinta parte de la población total de Colombia, que para ese entonces alcanzaba los 11 millones de habitantes La superación de este período se realizó a través de un pacto de élites conocido como "Frente Nacional", vigente en Colombia entre 1958 y 1974, caracterizado por el reparto del poder entre las oligarquías y la exclusión política de los sectores populares.

“Vivir en las calles de la indignación”*

En medio de la desatada crisis de gobernabilidad –y tal vez, de régimen– en que entró el país con el resultado del plebiscito, el grito que gana audiencia por todo el país, grito sin adjetivo, desnudo, con fuerza inusitada: es ¡paz!, ¡queremos paz! ¡Acuerdo ya!

 

En marchas que una y otra vez avanzan –a ritmo frenético– en diversidad de ciudades, pero también, en declaraciones que producen encuentros de los más diversos matices, la exigencia es idéntica: “queremos paz”, “queremos acuerdo ya”. La vía de la solución política se impone. Nunca, votar es todo.

 

Reclamo tan desnudo que hace creer que en el país del Sagrado Corazón de Jesús, todo el mundo entiende igual por paz. Que todo el mundo es apéndice del presidente Santos y le hace la segunda para que imponga su visión sobre la paz, que es la de su clase y élite: esa que brinda porque tras los Acuerdos –con una y con las otras insurgencias–, los banqueros y mercachifles tengan terreno libre para ampliar sus negocios y hacer imposiciones políticas a sus anchas. Nada más nefasto, y más despolitizante para la conciencia popular que admitir un coro a una sola voz con el Palacio de Nariño, el Capitolio y los grandes Gremios.

 

Tal vez en las pocas semanas de campaña plebiscitaria, y los días que siguieron hasta bien entrado octubre, miles, millones de connacionales, mujeres y hombres, jóvenes y adultos, tal vez han construido, favorecidos por las marchas y declaraciones, una idea, que la paz es una: el silencio de los fusiles. Más, como sabe cualquier estudiante de primer semestre de ciencias sociales, la paz, positiva, es mucho más que el silencio de la pólvora.

 

La paz corresponde con un modelo otro en lo económico, lo social y lo político. Y en este último componente, paz es la expresión de una democracia ampliada, plena, con decisiones en todo territorio, en la cual, el factor fundamental es la dignidad de cada ser humano, en sus entornos y comunidades.

 

“Que en ningún hogar se escuche el llanto de un bebé por causa de hambre”, pero también, que ningún niño, joven o adulto esté infeliz porque no puede ingresar a clase –por no tener con que pagar los ‘derechos’ de estudio–, o que alguien tenga que suplicar atención a la puerta de un hospital, por sólo citar unos pocos ejemplos. Injusticia y esencia material del actual régimen de cosas que el liberalismo redujo en su factor político, de manera vulgar, a un voto cada tanto tiempo.

 

También, cualquier estudiante de primeros cursos sabe que la democracia es y exige, para ser plena, mucho más: debe pulsar, además de la garantía a esa dignidad ya relacionada, la participación activa de todos los integrantes de un conjunto social de manera plena y vital. Es decir, sin temer “el destino anticipado de los ángeles” por aquello que diga o calle, sintiéndose sujeto de su presente y su devenir, así como integrante pleno de derechos de un conglomerado social dado. Democracia viva. ¿Existirá otra vía para romper el persistente desinterés y/o desconfianza con respecto a lo público, que como tal expresa en nuestro caso la persistencia del abstencionismo?

 

Conglomerado de base y urgencias, que sabe que la razón de la tensión entre quienes acaparan la riqueza, y quienes desean que la realidad sea distinta, descansa en el hecho de la acumulación y apropiación de lo producido por todos, por parte de unos pocos. Tensión que tiene solución en la redistribución de la riqueza colectiva, garantizando que cada cual dé según sus capacidades, y cada cual reciba según sus necesidades. Igualdad. He aquí un bello reto cada vez más significante y cada vez más posible de hacer realidad, sustento de una democracia no reducida ni vulgarizada en el acto de voto, que elige pero nada decide.

 

Democracia plena y viva, que no puede tornarse cuerpo mientras por doquier la riqueza no sólo tiende a, sino que es evidente su concentración cada vez mayor en menos manos, y por proyección, en la concentración del poder político. Democracia plena y viva, deformada cada día por el creciente autoritarismo que cubre a todos los países.

 

Autoritarismo traslapado tras cámaras de video, chuzadas de teléfono de todo tipo, vigilancia permanente, coerción disfrazada, y otras coacciones más. Y cuando las cosas parecen salirse de mano, pues simplemente negada por el garrote y el disparo, en nuestro caso del Esmad, del policía sin casco, del soldado, del agente de inteligencia, o simplemente y común, del paramilitar. La democracia no puede ser o vivir cubierta por el miedo: o somos libres o simplemente no existe. La libertad admite, propicia y protege el debate abierto, la desobediencia, la protesta, la inconformidad.

 

Es necesario, entonces, que en este conjunto de expresiones callejeras, de manifestaciones multitudinarias, y más allá de estas, en lo micro y cotidiano, haya luz y diferencia acerca de la ‘paz’ que persigue el establecimiento y la paz que le sirve a las mayorías sociales. Por tanto, debe ganar espacio la idea-fuerza de que sin democracia plena, radical, directa, plebiscitaria, las mayorías nunca verán realizada, como suceso cotidiano, la libertad, la igualdad, la dignidad, la justeza y la felicidad... Y para llegar allá, nos toca dejar el miedo.

 

Ese miedo y temor que pulsa en lo más superficial y más profundo de nuestro tejido social, legado y sembrado por décadas de violencia oficial. Toca entonces, hacer cadena y emprender actividades colectivas para anticipar persecuciones y superar el temor a la muerte selectiva o colectiva, y arriesgar nuestra tranquilidad en la calle, pero también, en el sitio de trabajo, de formación, de esparcimiento, o cualquier otro.

 

Que la democracia otra, la no liberal, sí es posible y necesaria. Viable, y que descansa en el soporte colectivo creado por la revolución técnico-científica –o cuarta revolución industrial como también la denominan. Portón más que evidente, para que los bienes creados en el curso de la existencia humana, creación potenciada hasta el asombro en las últimas décadas, que además deben ser colectivos –como también debe serlo todo lo prodigado por la naturaleza, como el agua, el aire y otra multitud de sus recursos–, resulten suficientes, y todos los seres que habitamos este planeta vivamos, sin necesidad de depradar ni excluir a nadie.

 

¡Otra democracia, sí!, decimos algunos activistas y militantes sociales y de una política alternativa de las ambiciones personales y de grupo. ¡Otra democracia, sí!, posible de reconocer y proyectar en medio de las demandas de paz y respecto a los acuerdos hoy en curso. Grito a ganar y poner como adjetivo de una paz mayúscula. Paz que el discurso oficial, de no ser así, terminará por reducir a instrumento para acumular y excluir más. Además, para impedir la conjugación de fuerzas sociales en pro de otro país sin demora: para el aquí y ahora.

 

* Expresión de Boaventura de Sousa Santos en Cartas a la izquierda.

Publicado enEdición Nº229
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