Lunes, 11 Febrero 2019 06:51

Un crimen ambiental en el río Cauca

Tres personas intentan rescatar peces en el río Cauca

El cierre de compuertas del embalse ocasiona un ecocidio. “Dejen vivir al río”, exclama Richard Sierra, consejero de la Organización Indígena de Antioquía. Son 12 los pueblos afectados por el proyecto.

 

“El mono” rugía, “el mono” danzaba. Ahora “el mono” agoniza. Los campesinos le llaman “mono” al río Cauca, el segundo más importante de Colombia y del cual dependen de manera directa unos diez millones de colombianos. El cierre de compuertas ordenado por Empresas Públicas de Pública (EPM) y la Sociedad Hidroeléctrica Ituango que construye un embalse a su paso –el mismo que desvió por la fuerza y llenó de cemento ahuyentando flora y campesinos por décadas– ocasionó el ecocidio actual. “El crimen ambiental más grande en la historia de Colombia”, recalcan desde el Movimiento Ríos Vivos que, además de soportar los embates del desarraigo de la tierra desde que empezó el proyecto hace 20 años y la hambruna que llegó con la muerte de los peces, esquiva las balas y amenazas que recibe por ser una de las pocas voces que se levantaba hasta hace unos días en Antioquia contra el proyecto HidroItuango. 

Esta semana, el horror cometido tras cerrar las compuertas del embalse en plena sequía nacional, no pudo oculturse más que este megaproyecto está acabando con la vida. Y por eso, a una voz casi solitaria en Colombia hasta ahora y estigmatizada como la de Ríos Vivos, se sumaron los más reconocidos líderes de opinión, columnistas, abogados, profesores universitarios, jóvenes y gentes de toda clase que condenan las imágenes que muestra un río seco y miles de peces y especies animales muertos. “Lo advertimos, no solo hace un año cuando empezó la última crisis, sino desde siempre, cuando metieron los paramilitares a hacer masacres para desocupar las montañas y montar este proyecto sin gentes que les estorbaran, este llamado desarrollo es sinónimo de muerte”, cuenta una voz desde Puerto Valdivia, una mujer que pide omitir su nombre mientras la llamada celular se cae y vuelve a caer pues está intentando ubicarse lejos de la ribera del río pues, tras la sequía, este viernes EPM anunció que se alejaran por seguridad. Están intentando una nueva maniobra para que el caudal suba aún más y detener el daño que están causando y ya no pueden evitar. No son los años 90 cuando las masacres de “paras” eran denunciadas apenas por unos valientes sin Twitter ni whatsapp. Jesús María Valle y otros tantos defensores de derechos humanos fueron señalados de mentirosos y luego condenados a muerte, sí, por atreverse a hablar. Del movimiento Rios Vivos, varios líderes también han recibido esa sentencia, al igual que esos que esperan bajo los sedimentos del río que encuentren sus cuerpos y que, estarían en el cañón del Rio Cauca que EPM pretendía inundar a finales de 2018 sin lograrlo gracias a una serie de errores técnicos que aún no se conocen en detalle.


Pérdidas de vidas humanas a lo largo de años de guerra entre paras, guerrillas y Estado en esta zona hermosa de Colombia, no ha sido la única tragedia de los 12 pueblos afectados por HidroItuango. Las pérdidas de dinero son millonarias y la Casa de Máquinas que inundaron el año anterior en un acto “heroico”, según sus voceros de prensa, está siendo hoy descubierta de nuevo de agua, tras el cierre de compuertas. Secaron pues el río para salvar la casa de máquinas. Mataron las especies para, quizá, salvar algo de los costosísimos objetos que inundaron por su propia torpeza cuando el año anterior –tras desviar de manera forzada el caudal del río– una amenaza de avalancha obligó a tomar decisiones apresuradas que hoy le cuestan la vida al ecosistema y por ende a las personas.


“Dejen vivir al río”, es el mensaje de Richard Sierra consejero de la Organización Indígena de Antioquia en los medios de comunicación que reciben de EPM millonarias pautas y han cubierto el tema hasta ahora de manera favorable al supuesto “heroísmo” que está intentando salvar el proyecto. Esta semana, ante la avalancha de fotos de campesinos en redes sociales –no precisamente de agencias de prensa internacionales– el país se conmovió ante la tragedia ambiental y voces independientes empezaron a exigir el desmantelamiento del Proyecto. Que desmonten este mega embalse cuyo futuro es incierto es el pedido de Rios Vivos desde años pues, además, la inundación amenaza la búsqueda y el hallazgo de los desaparecidos que, según el Centro Nacional de Memoria Histórica, serían 400 a lo largo de los 12 municipios según registros de las últimas dos décadas.


Los derechos de las víctimas que buscan sus desaparecidos, además de quienes perdieron su territoria, sus aguas, sus prácticas culturales ancestrales por la llegada de EPM están en riesgo desde hace décadas. Esta situación es más grave hoy pues el comercio cesó, la continua amenaza y zozobra han llevado a la gente a salir de sus casas, a refugiarse en las ciudades o pueblos vecinos, a los niños a suspender estudios, a los transportadores a no poder andar las vías, y a toda una comunidad a verse confinada ente el riesgo de que el río los ahogue, o como esta semana, sea secado por orden de un gerente y un alcalde que se siente orgullosos, pese a todo la evidencia de tragedia, de su megaproyecto. “Sabíamos que iba a ocurrir el daño del rio pero nos pareció el mal menor”, dijo Jorge Londoño gerente de EPM en declaraciones que levantaron todo tipo de rechazos. “Se secó el río, sí, pero logramos recuperar parte de la casa de máquinas”, aseveró el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez poniéndose también medio de la crítica. Desde Rios Vivos hicieron circular este mensaje en rechazo a las pasadas y recientes actuaciones y decisiones de EPM, en medio del dolor que siente al ver su mono agonizar.


“Contrario a lo dicho en rueda de prensa por el gerente de EPM (Jorge Londoño de la Cuesta) en presencia del gobernador de Antioquia ( Luis Pérez) y el alcalde de Medellín(Federico Gutiérrez) el río no volverá a ser el mismo y nosotros tampoco porque su vida y la fuerza que hoy le arrebataron, los sedimentos que están quedando represados, su abundante caudal, la temperatura de sus aguas y las riberas hidratadas que hoy sufren erosión con tantas fluctuaciones; todo esto se da por su insensatez, porque no conocen no tienen ni idea que es un río, un ecosistema muy complejo para que se entienda con los ojos de la avaricia y la destrucción”.

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Uno de cada 10 latinoamericanos vive en pobreza extrema, el máximo en una década

La desigualdad baja y la carestía por ingresos se mantiene en América Latina y el Caribe, según la Cepal

Cuando se recorre el sector oriente de Santiago de Chile, lleno de altos y modernos edificios de hasta 300 metros en un barrio conocido como Sanhattan–en un guiño a Manhattan–, parece difícil de entender que en el mismo país haya un 8% de la población que reside en una vivienda sin agua potable o un inodoro. La tendencia ha ido en aumento en los últimos cinco años y hoy son más de 1,4 millones de chilenos los que subsisten en estas condiciones. La precarización de algunos de los servicios básicos está ligada directamente a la pobreza extrema, que según el informe Panorama Social 2018 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), presentado este martes en Santiago, ha alcanzado sus más altos índices de la última década en la región. Aunque la tasa general de pobreza medida por ingreso se ha mantenido estable, ligeramente por encima del 30%, y la desigualdad por ingresos se ha reducido considerablemente desde 2000, uno de cada 10 latinoamericanos vive actualmente en pobreza extrema (10,2%), la cifra más alta en una década.


En 2002 había 57 millones de personas en situación de carestía extrema en América Latina, cifra que creció hasta los 62 millones en 2017 y que ha vuelto a aumentar en un millón más, hasta alcanzar los 63 millones de latinoamericanos en 2018, según la proyección de la Cepal. "Aun cuando la región logró importantes avances entre la década pasada y mediados de la presente, desde 2015 se han registrado retrocesos, particularmente en materia de pobreza extrema", ha alertado Alicia Bárcena, responsable del brazo de Naciones Unidas para el desarrollo económico en la región, al tiempo que hacía un llamamiento a impulsar políticas públicas complementarias de protección social e inclusión laboral y redistributivas en materia de ingresos.


Sin datos de Venezuela


El aumento de la pobreza extrema de América Latina se explica, en buena medida por la mala evolución de Brasil, por mucho el país más poblado de la región, que en entre 2015 y 2017 vio cómo este problema pasó de afectar del 4% al 5,5% de su población. "Si bien en muchos países hubo reducciones o estancamiento de la pobreza extrema [Paraguay, Colombia, Costa Rica, Panamá, Chile o Ecuador], al momento de analizar la situación conjunta de la región, impacta lo que sucede en países con mucha población, como Brasil", ha explicado este martes en Santiago de Chile el oficial a cargo de la división estadísticas de la Cepal, Xavier Mancero.


El informe, que incide en la discrepancia entre los datos nacionales y los del propio organismo –que fija sus propios criterios para unificar la información–, una constante en todos los países de la región, no pudo siquiera analizar las cifras de Venezuela, una de las economías que peor evolución ha registrado en los últimos años: "Desde 2015 no tenemos datos de ese país", ha indicado Bárcena. La nula credibilidad de los datos que aporta el Gobierno de Nicolás Maduro hace imposible que el brazo de Naciones Unidas pueda ofrecer una cifra certera mediante el filtro estadístico que aplican a todas las naciones latinoamericanas y caribeñas.


La tasa de pobreza general por ingreso, por su parte, se mantuvo en 2017 en el 30,2% (184 millones de personas) en toda Latinoamérica, una tasa idéntica a la registrada un año antes.


Mejoras en desigualdad


Mejores noticias vienen por el lado de la desigualdad de ingresos, uno de los grandes talones de Aquiles de América Latina y el Caribe, la región más dispar del mundo, que acoge a algunas de las mayores fortunas del planeta y también a millones de personas en condiciones de fragilidad extrema. La inequidad de ingresos entre los hogares y las personas se ha reducido "apreciablemente" en la región desde principios de la década de 2000: el promedio simple de los índices de Gini —el indicador más utilizado globalmente— de los 18 países de América Latina analizados bajó de 0,543 en 2002 a 0,466 el año pasado. Sin embargo, el ritmo de reducción se ralentizó en los años recientes: mientras que entre 2002 y 2008 la disminución anual media de la desigualdad fue del 1,3%, entre 2008 y 2014 el ritmo bajó hasta el 0,8% y entre 2014 y 2017, hasta el 0,3%.


Colombia, El Salvador y Paraguay mostraron grandes reducciones de su desigualdad por ingresos en el periodo total analizado, mientras que otros, como Honduras y República Dominicana sufrieron deterioros. Pese a esta mejora, la todavía abrupta diferencia de ingresos entre latinoamericanos sigue "trabando el desarrollo" y permanecen como una "barrera" para la erradicación de la pobreza, la ampliación de la ciudadanía y la propia gobernabilidad democrática. "Nos queda una gran brecha por cerrar respecto a los países desarrollados", ha subrayado la secretaria ejecutiva de la Cepal.


Los indicadores, destacan los técnicos del organismo de la ONU, "confirman un panorama con interrogantes para una región que enfrenta desafíos de gran magnitud para la inclusión social y laboral de su población y en la que persisten profundas desigualdades, especialmente ante el actual contexto económico [con un crecimiento que tiende al debilitamiento tanto en el bloque desarrollado como en el emergente] y las transformaciones en curso en el mundo del trabajo". Vienen curvas y América Latina tiene que prepararse para un escenario marcado por la incertidumbre.


El salario del 40% de trabajadores, por debajo del mínimo legal


El trabajo sigue siendo el camino más rápido para salir de la carestía, pero los mercados laborales de los diferentes países de la región siguen caracterizándose por una oferta de empleos insuficiente y por brechas "significativas" en la calidad de esos empleos, en el acceso a la protección social y en los ingresos laborales, "que en una alta proporción son inferiores a los salarios mínimos legales [un abrumador 40% del total de trabajadores latinoamericanos, sobre todo jóvenes, mayores y mujeres, según los últimos registros] y a lo requerido para superar la pobreza y lograr niveles adecuados de bienestar, a raíz de lo cual una proporción importante de ocupados trabajan largas jornadas". Otra señal de la disfuncionalidad de los mercados de trabajo de la región: uno de cada cinco trabajadores latinoamericanos recibe ingresos laborales inferiores a la línea de la pobreza de su país, cifra que se dispara hasta el 35% en el caso de la población rural. Todo, a pesar de completar largas jornadas diarias, en muchas ocasiones por encima de lo pautado por ley.

La lacra de la informalidad sigue siendo, año tras año, marca de la casa de los mercados laborales latinoamericanos y caribeños. ¿Qué consecuencias tiene para los trabajadores estar fuera de los canales formales de contratación? La Cepal es clara: falta de acceso a cobertura de la seguridad social en salud y pensiones, a jornadas de trabajo definidas –incluidos descanso semanal y vacaciones anuales remuneradas–, a seguros por desempleo, accidentes y enfermedades laborales, así como a la protección de la maternidad y de la paternidad. Se llevan, por tanto, la peor parte. Y la evolución futura no parece augurar un cambio de tendencia a favor de la formalización de sus puestos de trabajo: "Las transformaciones en el mundo del trabajo asociadas a la revolución tecnológica pueden aumentar aún más la proporción de ocupados en esta situación", sentencia el estudio en referencia implícita a plataformas digitales que han favorecido el trabajo por cuenta propia.


Evolución positiva del gasto social


A pesar de un frenazo en el último año analizado, 2016, el gasto social mantuvo su tendencia al alza, al pasar en algo menos de dos décadas del 8,5% del PIB a 11,2%. En términos per cápita, esta partida prácticamente se duplicó entre 2002 y 2016, hasta rozar los 900 dólares. "Hay que reconocer que los países han hecho avances muy importantes para incrementar el gasto social", ha apreciado la jefa de la Cepal. Protección social, educación y salud se mantienen como los tres principales destinos de este tipo de gasto. Por países, Chile y Uruguay son los países que disponen de más recursos por persona para políticas sociales (2.387 y 2.251 dólares, respectivamente), seguidos por Brasil (1.631), Argentina (1.469) y Costa Rica (1.176). En el lado contrario, la región centroamericana y Bolivia quedan muy rezagadas: El Salvador y la citada nación andina alcanzan un promedio anual de 310 dólares y Guatemala, Nicaragua y Honduras quedan por debajo de los 220 dólares.


A pesar del "importante avance" de la región en el capítulo de gasto social, los técnicos del organismo supranacional inciden en los "grandes desafíos de financiamiento de las políticas sociales", en especial en los países que registran las mayores tasas de pobreza. Además, acotan, "los niveles de gasto siguen siendo muy inferiores a los existentes en países desarrollados". "Frente a un contexto económico débil", ha concluido Bárcena, "es imperativo desarrollar simultáneamente políticas de inclusión social y laboral. La política social no puede dejar a nadie atrás".

Por IGNACIO FARIZA / ROCÍO MONTES
México / Santiago de Chile 16 ENE 2019 - 02:35 COT

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Migrar en el siglo XXI: espacio, tiempo e ideología

Tres mil personas salieron de Honduras, en la madrugada del día 10 de noviembre con cariolas, mochilas, bolsos y niños de la mano para enfrentar los 2.800 kilómetros que los separa de Tijuana, Baja California. Tres horas 22 minutos en avión, 42 horas en autobús, 31 en auto y unas jornadas indefinidas para migrantes que viajan a pie.

Cuando internet apareció en 1969, no sólo representó un sistema de información militar capaz de conectar a todos los puntos de Estados Unidos en caso de un ataque ruso, sino también un gran dilema para la geografía y las ciencias políticas. Si es posible que a la distancia una información se reciba en el mismo momento en que es emitida, ¿acaso es real esa distancia?

Durante casi treinta años, las ciencias políticas han utilizado la idea de que el internet acorta o cancela los recorridos permitiendo la construcción de una “aldea global”, mientras los y las geógrafas se preguntaban si la simultaneidad cibernética revelaba la falacia del espacio y el tiempo como conceptos inseparablemente relacionados. Luego, a principios del siglo XXI, grandes olas de migraciones asiáticas, africanas, americanas y europeas volvieron a demostrar que los tiempos de los trayectos sobre la tierra son brutalmente concretos e implican esfuerzos, fatigas, riesgos, encuentros con la muerte, así como el reacomodo de los derechos según las políticas del país receptor. En los últimos cuatro años, han muerto y desaparecido 28.052 personas en las principales rutas migratorias, siendo la del Mediterráneo la más recorrida y mortífera.

Según los datos y análisis de Missing Migrants Project, no existen rutas que no sean peligrosas. Muere la gente que emprende migraciones desde el Cuerno de África, África Subsahariana y África del Norte, tanto como las personas que atraviesan el Caribe, que migran de la América andina a las planicies de Argentina y Brasil, y en la muy concurrida ruta de América Central que confluye en la ruta de la frontera de México con Estados Unidos, una de las más violentas en relación al flujo migratorio registrado. El inhóspito desierto de Sonora, las bajas temperaturas invernales y bandas de secuestradores son los mayores peligros del lado mexicano. Del lado estadounidense, las tierras son mayoritariamente privadas y las comunidades de rancherías esperan con ánimos muy contrariados la llegada de civiles armados, pertenecientes a grupos de extrema derecha “nacionalista”, como los Minuteman de Texas, para detener las caravanas de migrantes que huyen de la violencia en Centroamérica. Los vigilantes de estas milicias blancas racistas declaran querer “detener una invasión” y que el “ingreso ilegal” de los migrantes equivale a una guerra. “Se están riendo en nuestra cara”, dijo Shannon McGauley, presidenta del Proyecto Minutemen. La retórica antinmigrante del presidente Trump fomenta muchas acciones de xenofobia: cuando los migrantes rompieron la valla fronteriza en el sur de México el 22 de octubre de 2018 (con un saldo de dos muertos y 500 personas que decidieron retornar), llamó incapaces y cobardes a los policías mexicanos y sostuvo que el ejército estadounidense dispararía sobre las personas que lanzaran piedras contra los agentes fronterizos.

Pero las migraciones pueden durar meses y años, tener carácter de invasión o de fugas, arrastrar a niños, niñas, ancianos, mujeres, hombres. Por las fronteras ya no pasan sólo hombres en busca de mejores condiciones laborales. La salida, el 12 de octubre pasado, de la primera caravana de personas en busca de refugio político, sexual, económico y contra la violencia desde Honduras, ha puesto de manifiesto que una media rápida de viaje a pie es de 25 kilómetros por día. Y eso cuando no enfrentan policías migratorias, accidentes climáticos, bandas de asaltantes y grupos de la delincuencia organizada, bloqueos por parte de la ciudadanía reaccionaria de los países receptores, cárceles y campos de concentración disfrazados de refugios.

El transporte motorizado dispersa las caravanas, pone en riesgo particularmente a las mujeres y las niñas y niños, que se vuelven presas fáciles de los tratantes de personas, y las personas con discapacidades físicas. No obstante, es mediante buses, camiones, en ocasiones tractores u autos particulares que las caravanas logran adelantar los tiempos de marcha. La primera llegó a la única ciudad santuario de México, la capital, entre el 4 y el 5 de noviembre, después de recorrer 1.160 kilómetros. Tres mil personas salieron en la madrugada del día 10 de noviembre con cariolas, mochilas, bolsos y niños de la mano para enfrentar los 2.800 kilómetros que los separa de Tijuana, Baja California. Tres horas 22 minutos en avión, 42 horas en autobús, 31 en auto y unas jornadas indefinidas para migrantes que viajan a pie.

No sólo Centroamérica expulsa a su ciudadanía por motivos que van de la violencia callejera, que afecta la vida cotidiana de todas las ciudades de El Salvador, Honduras y la capital guatemalteca, hasta la represión política, que se ha incrementado en Honduras después del golpe de 2009 y que se recrudece después de cada proceso electoral, por lo general fraudulento, pero que permite decir a las autoridades que la democracia es estable, y la falta de oportunidades laborales y de estudio, cuando no la persecución de las personas de sexualidades disidentes. En América del Sur, el caso de Venezuela es alarmante. Desde 2016 han salido 925 mil personas por avión, por tierra y por mar hacia quince países, equivalentes a los migrantes de los catorce años anteriores. Según un informe de Tendencias Migratorias Nacionales en América del Sur, publicado el 27 de febrero de 2018 por la Oficina Internacional de Migraciones (OIM) de la ONU, en los últimos dos años, la mayoría de las y los migrantes venezolanos se ha dirigido hacia Colombia, siendo Estados Unidos y España los siguientes países donde se registra su llegada. Sin embargo, es en Brasil donde la retórica sobre el peligro que representa su presencia es más virulenta, habiendo sido utilizada con fines propagandísticos por la extrema derecha electoral que ha ganado las elecciones presidenciales el 28 de octubre recién pasado.

¿Por qué si las migraciones existen desde que la humanidad empezó a organizarse, hoy se han convertido en un fenómeno que pone en riesgo la misma convivencia democrática que el Occidente colonizador reivindica como su principal aporte al desarrollo social? ¿Por qué mujeres y hombres que huyen de las guerras, la represión, el hambre fomentan discursos nacionalistas que cuestionan la universalidad de los derechos humanos? En un clima de despunte de la xenofobia, las personas que luchan en defensa de los derechos humanos sufren cada vez más ataques, al punto de llegar a una situación “de crisis” en todo el mundo, según las mismas Naciones Unidas. Los días 28, 29 y 30 de octubre, en París, se reunieron más de 150 activistas para concordar una estrategia de lucha durante la segunda Cumbre Mundial de Defensoras/es de Derechos Humanos, ya que, según Michel Forst, relator especial de la ONU, “estamos frente a un panorama alarmante para los defensores de derechos humanos. Su situación se deteriora en todo el mundo a pesar de las obligaciones de los Estados de garantizar su protección”.

El fenómeno migratorio es esencialmente político. La pésima distribución de la riqueza entre países, no sólo entre clases sociales, empuja a masas de personas hacia los lugares donde espera conseguir mejores oportunidades de libertad personal, ganancias, estudio y seguridad. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1946 ampara sus derechos a la movilidad y las políticas de descolonización mundial de las décadas de 1950-1970 ofrecen argumentos a las demandas de resarcimiento de las poblaciones empobrecidas por el colonialismo. Sin embargo, las políticas antinmigrantes de la Unión Europea, Estados Unidos y los países que apelan al nacionalismo revelan cuánto los discursos de odio actúan en los rechazos selectivos de las poblaciones más necesitadas, empobrecidas o demonizadas.

En América, los dos casos referidos, muy diferentes entre ellos, revelan patrones reaccionarios semejantes por parte de gobiernos y poblaciones de los países receptores que hacen leva sobre los sentimientos de repulsión a los migrantes, favoreciendo respuestas intolerantes, complotistas, fanáticamente nacionalistas y fundamentalistas.

En el caso de Honduras, después del golpe de 2009 y los subsiguientes gobiernos elegidos en situación de excepción, las caravanas de migrantes (una segunda ha cruzado el río Suchiate diez días después de que la primera lograra superar la frontera sur de México y una tercera cinco días después) son la manifestación pública y masiva de la crisis que experimenta la mayoría de la población. Ésta se empuja a pie rumbo al norte pidiendo refugio, exigiendo su derecho a la vida y buscando concretizar el derecho humano, que se supone universal, a la libertad de movimiento y residencia. Se trata de gente desesperada, pero fuerte, que protagoniza un hecho sin precedentes y confronta cruzando fronteras el miedo a la violencia de pandilleros, agentes de estado y paramilitares. ¿Algo parecido a las migraciones de pueblos germánicos que trastocaron el Imperio Romano y cambiaron la historia de Europa?

Después de haber sido marginados por el gobierno, despojados por la oligarquía, amenazados por sus sicarios y negados por las embajadas a las que se habían dirigido en busca de asilo, campesinos y obreros agrícolas, poblaciones garífunas y afromestizas, lesbianas, trans y homosexuales, madres de familia y diversos tipos de desempleados no confían en la capacidad de protegerlos de las organizaciones de la sociedad civil y consideran que algunas agencias de cooperación hacen el juego de sus opresores.

De pobreza y violencia hablan las mujeres que cargan a sus hijas e hijos por los caminos de México; de falta de oportunidades, los hombres jóvenes que abren la marcha; de acoso de los grupos criminales, los expulsados de las ciudades. Su migración revela la crisis humanitaria provocada por el colapso de un sistema económico que considera a personas y territorios como recursos financieros. Todos coinciden que no tienen alternativas en su país y por ello prefieren morir en el camino que volver a sus pueblos y barrios. “Si nos van a deportar, considérenos como desaparecidos”, confesó un joven a un colectivo de mujeres el 30 de octubre a su llegada a Juchitán, Oaxaca. Las autoridades municipales de la ciudad, que todavía no se repone del terremoto que en septiembre de 2017 afectó el 75 por ciento de sus construcciones, habilitaron para los siete mil migrantes el espacio que ocupa la terminal de autobuses de segunda, mientras cuatro unidades médicas llegaban de la Ciudad de México para atender 2000 llagas en los pies y tres niños con dengue hemorrágico. Al día siguiente, nació la primera niña mexicana de la caravana. La madre conmovió a muchas personas poniéndole por nombre Guadalupe. Pocos, sin embargo, manifestaron su impresión por el niño desaparecido al ingresar a Chiapas y por el hombre que cayó de un camión, matándose. Mientras tanto, según Arturo Peimbert, titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la policía hostiga a las familias de la caravana y a la gente que se solidariza con ellas para hacer más arduo su avance hacia el norte.

Arturo Peimbert y su equipo de trabajo han monitoreado el tránsito de la caravana desde el momento en el que la columna humana dejó territorio chiapaneco para entrar a Oaxaca y hasta su salida hacia Veracruz. En Juchitán, donde los refugiados permanecieron dos días, se abrió la oportunidad de aligerar el camino del éxodo con la disponibilidad de autobuses para trasladarlos. Universidades, grupos solidarios e iglesias católicas iban a contratar 70 autobuses. Sin embargo, funcionarios del gobierno federal llamaron a los dueños de las empresas de transportistas oaxaqueños y los amenazaron con acusarlos de tráfico de personas y de quitarles las concesiones si cedían sus unidades.

La inestabilidad política hondureña es histórica, pero el golpe de estado de 2009 ha propiciado un despojo sin límites por parte de las mineras estadounidenses y canadienses y de una oligarquía que no reconoce límites institucionales a su enriquecimiento. Cuentan para intervenir en los territorios indígenas, en la costa garífuna y en los barrios obreros con el Ejército Nacional, entrenado a la más brutal represión. Esta situación es mal conocida. En parte, el hecho de que, a cuatro meses del golpe, se realizaran elecciones facilitó que la opinión pública internacional considerara “resuelta” la crisis hondureña con un “retorno” a la democracia. Pero sobre todo en su contra juega que en 2017 en Estados Unidos ganó la presidencia el candidato que había manipulado a su favor una brutal propaganda antimigrante para levantar su ventaja. Contra toda posibilidad de empatía hacia las y los migrantes, ahora está prometiendo enviar 5 200 tropas a la frontera con México con la orden de disparar contra cualquier persona que intente entrar a territorio estadounidense o “lance piedras y palos” contra los uniformados. Para reforzar su posición, propone contravenir el principio americano de la nacionalidad por nacimiento, no permitiendo el registro de hijas e hijos de migrantes que él considere “ilegales”.

Los migrantes centroamericanos parecen destinados a quedar atrapados en México, como les sucede a cientos de miles de personas que se topan con fronteras selladas en Turquía, Libia o Marruecos. Afortunadamente, el próximo gobierno en México, que tomará posesión el 1 de diciembre de 2018, es de tendencia progresista, lo cual no sólo lo lleva a condenar la represión policial ordenada por el gobierno saliente, sino que, además, influye positivamente en el abandono del lenguaje agresivamente xenófobo utilizado por representantes de los sectores medios y oligárquicos al inicio de la travesía de las caravanas migrantes por el territorio nacional.


Las migraciones, a su vez, tienen la característica no sólo de recordarnos que el tiempo de vida es concreto y las travesías implican espacios, sino que las divisiones entre pueblos son ficticias. Los días 5 y 6 de noviembre recién pasado, me dirigí a contar cuentos a las niñas y niños que habían llegado con la caravana al albergue que el gobierno capitalino instaló en el estadio Jesús Martínez ‘Palillo’, de la Ciudad Deportiva, en la alcaldía de Iztacalco. Conmigo venían dos amigas y traíamos un gran fajo de papel blanco, colores, y algunos libros de cuentos. Después de pasar varias horas contándonos historias y leyendo los libros, las niñas y niños empezaron a narrarnos su historia del camino, por qué sus madres habían decidido salir, cómo eran sus casas o sus barrios y qué deseaban hacer cuando llegarían a destino. La mayoría provenían de Honduras, aunque de zonas muy distintas. Una niña, Alejandra, de unos 5 años, saltaba alrededor de la mesa, nos sonreía, se nos subía a los brazos con un evidente afán de no pasar desapercibida. Cuando finalmente tomó la palabra nos dijo que ella pertenecía a otra familia. Algo sorprendidas mis amigas y yo preguntamos a los demás si eran hermanas y primos, a lo cual nos contestaron que no. Alejandra se rió: “Soy de otra familia porque vengo de El Salvador, pero ellos me tratan igual. Ya somos amigos”.

Publicado enEdición Nº252
Halladas herramientas de la primera cultura humana de hace 2,4 millones de años

El descubrimiento, en Argelia, aleja la visión del este de África como cuna exclusiva de la humanidad

 Hace un año, un hombre barbudo con una túnica blanca típica de los salafistas se encaramó a la estatua de una mujer desnuda en una fuente de la ciudad de Sétif, al norte de Argelia. Con un martillo y un cincel, el fanático destruyó la cara y los pechos de la escultura, un monumento emblemático de la urbe desde 1898. Semanas después, en medio de la polémica, una diputada islamista, cubierta con un velo, exigió tapar la estatua con un pañuelo o esconderla en un museo. “Lo que hay que meter en un museo no es la escultura, sino a las personas que sugieren una idea semejante”, sentenció el ministro de Cultura, Azzedine Mihubi.

En el museo de Sétif, efectivamente, no se custodia la estatua de la mujer desnuda, que sigue en la fuente pública, sino un hallazgo que encaja muy mal con las creencias ultrarreligiosas, ya tengan a Alá o a cualquier otro dios como protagonista. Se trata de piedras talladas y huesos de animales con marcas de cortes, que demuestran que ya había humanos arcaicos con herramientas toscas en el norte de África hace 2,4 millones de años, 600.000 antes de lo que se pensaba. El descubrimiento dibuja un escenario evolutivo muy complejo, cada vez más alejado de la tradicional visión de África oriental como cuna exclusiva de la humanidad. “Toda África fue la cuna de la humanidad”, opina el arqueólogo argelino Mohamed Sahnouni , del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, en Burgos.


Las piedras talladas comenzaron a aparecer en 2006 en el yacimiento de Ain Bucherit, un barranco situado a unos minutos en coche de Sétif. Son cantos de río que los primeros miembros del género Homo golpearían para lograr bordes afilados con los que descuartizar animales similares a antílopes y a cebras. Es el origen de la conducta humana. “Ahora la gran pregunta es quién fabricó estas herramientas”, reflexiona Sahnouni , director del proyecto de investigación de Ain Bucherit. Su hallazgo se publica hoy en la revista Science.
Durante décadas, África oriental se ha considerado la cuna exclusiva de la humanidad y el lugar de invención de las primeras herramientas de piedra. Allí hay yacimientos con cantos tallados de hace entre 2,6 y 1,9 millones de años, como los de Gona, Omo y Hadar, en Etiopía, y los de Turkana Occidental y Kanjera, en Kenia. La primera cultura humana, la Olduvayense, caracterizada por estos cantos tallados, se llama así por la Garganta de Olduvai (Tanzania), nido de estas herramientas de piedra.


A juicio de Sahnouni , los artefactos argelinos de 2,4 millones de años sugieren una rápida expansión por el continente o incluso “un origen múltiple de la cultura humana” en diferentes puntos del norte y el este de África. Los humanos modernos, los Homo sapiens, surgieron mucho después, hace unos 300.000 años. Los restos fósiles más antiguos se han encontrado, precisamente, en el norte de África, en el yacimiento de Jebel Irhud (Marruecos).

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Martes, 06 Noviembre 2018 05:59

Nadie merece nada

Nadie merece nada

En lo que se refiere a la inmigración, suscribo todas las banalidades vagamente humanistas que conforman el ideario del progre acomodado

De noche veíamos sus sombras, como fantasmas. Caminaban lentamente. Las noches eran frías pero luminosas: el cielo del desierto es como una explosión de estrellas. De día marchaban en pequeños grupos silenciosos. Venían de muy lejos e iban hacia muy lejos, cada uno con su historia asombrosa. De esto hace ya años. Este corresponsal acampaba con un biólogo junto a la costa del Sáhara mauritano para escribir un reportaje sobre las focas monje que habitaban la zona.


Las pequeñas focas estaban en peligro de extinción. Las personas, en cambio, abundaban. Y abundan. ¿A quién le importaba esa gente que se dirigía hacia el norte? Casi todos eran hombres que se habían lanzado a una aventura terrible, llena de fatiga, riesgos y ansiedad. No sabían cuánto tardarían en llegar a Marruecos, ni qué les ocurriría allí, ni a qué distancia estaba Europa, ni si la pisarían algún día, ni qué desastres y humillaciones les esperaban aún en el camino. Hay aventuras humanas que sobrecogen. Pero estábamos allí por las focas.
En lo que se refiere a la inmigración, suscribo todas las banalidades vagamente humanistas que conforman el ideario del progre acomodado. Me indigna que el Mediterráneo se convierta en una fosa común de proporciones cósmicas. Me indignan las mafias que trafican con personas. Me indigna la chulería con que el italiano Salvini cierra las puertas a esa pobre gente. Me indigna el uso que hace Trump de esa variopinta caravana hondureña, convertida en un peligro para la primera potencia mundial. Ah, la indignación. Qué sentimiento reconfortante: es el escalofrío de los buenos, de los justos.


También suscribo lo de que el inmigrante debe someterse a las leyes y usos del país de acogida. Y cuando me dicen que la capacidad de absorción de inmigrantes tiene un límite, asiento. Es verdad. No todos los africanos caben en Europa. No todos los americanos del sur caben en la América del norte. Puedo perorar bastante rato sobre la necesidad de un comercio más justo, sobre la conveniencia de fomentar el desarrollo de los países pobres, sobre la iniquidad de unas guerras alimentadas por nuestra industria de armamento. Y puedo seguir tranquilamente con mi vida.


Por supuesto, no creo ni en mi tibia indignación ni en los tópicos insustanciales sobre integración, límites y medidas razonables. No. Ni por un momento. Esa es la nana que arrulla mi sopor de ciudadano europeo. Tengo derecho a vivir tranquilo, ¿no?


Lo incómodo es pensar en el asunto. ¿Qué haría yo si fuera el otro? Resulta evidente que estoy de este lado, el lado confortable, por la simple razón de haber nacido aquí. Cuesta atribuirse mérito alguno en este hecho tan decisivo. Si hubiera nacido allí, ¿qué sentiría?, ¿qué haría?


Creo que sería una persona furiosa y creo que jamás podría aceptar la injusticia del azar: nacer pobre en un país pobre. Creo que no confiaría ni por un minuto en el milagro estadístico, ese que convierte en ciudadano próspero a quien nació sin apenas perspectivas y que esgrimimos como prueba de que quien quiere, puede: falso. Creo que sentiría la necesidad de cobrarme algún tipo de venganza. Creo que querría incendiarlo todo. Y creo que estaría justificado.


Supongo que no ardemos todos porque ellos son mejores que los bobos indignados como yo.

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El Cairo tiene los días contados como capital de Egipto

El proyecto de nueva capital, una megaurbe construida de la nada en el desierto y a la que solo los más pudientes tendrán acceso, es el último sueño faraónico del mariscal Abdelfatah al-Sisi, el hombre fuerte del país desde el golpe de Estado de 2013.

A El Cairo, que en árabe significa “la victoriosa”, esta vez le ha tocado perder. Dentro de aproximadamente un año, se añadirá a la mítica lista de excapitales de Egipto, junto con Alejandría, Tebas o Menfis. Sin embargo, todavía no se sabe el nombre de la ciudad que la reemplazará.

De momento, la nueva capital es solo un conjunto de esqueletos de hormigón, rodeados de hendiduras y grúas, plantados en medio del desierto. El proyecto es el último sueño faraónico del mariscal Abdelfatah al-Sisi, el hombre fuerte del país desde el golpe de Estado de 2013. Aunque hay quienes se muestran escépticos sobre la posibilidad de cumplir el calendario previsto, el Gobierno egipcio ya sorprendió a todos con la edificación en tiempo récord de una ramificación del Canal de Suez en 2016.


“Durante la segunda mitad del próximo año, está previsto que se trasladen todos los ministerios. El llamado ‘barrio administrativo’ es el más avanzado. En 2021 ya se habrá completado toda la primera fase”, afirma confiado Khaled Husseini, un militar que ejerce de portavoz del proyecto. Es decir, que en apenas cinco años, Egipto habrá construido una nueva capital de la nada a unos 50 kilómetros al este de El Cairo. Además de los edificios oficiales —el Parlamento, el palacio presidencial , embajadas, etc.—, la flamante ciudad albergará un distrito financiero y a aproximadamente un millón de personas. “Tenemos un sueño —proclama Khusseini, parafraseando a Martin L. King—. Daremos una gran imagen de lo que es el Estado de Egipto”.


EMPORIO MILITAR


Las cifras del plan, una vez culminadas sus tres fases, provocan vértigo: más de cinco millones de habitantes, un parque con un tamaño el doble de grande que el Central Park de Nueva York, un río artificial que atravesará la ciudad, más de 600 clínicas y hospitales... y todo ello en una enorme extensión de 700 km2, la misma que Singapur. También se levantará una veintena de rascacielos, incluido el más alto de toda África, con 400 metros. En las maquetas expuestas en su página web, la nueva urbe parece una mezcla de Dubái y Vancouver, y se insiste en que será una “ciudad totalmente inteligente”.


Las Fuerzas Armadas disponen del 51% de las acciones de la ACUD, la sociedad constructora, mientras que el resto corresponde al Ministerio de la Vivienda. Desde que Al-Sisi comenzó a gobernar el país con mano de hierro, la huella de los militares en el Gobierno y la economía, que ya era bien visible, se ha hecho omnipresente. No obstante, es imposible conocer las dimensiones exactas del emporio militar egipcio, un auténtico tabú. El presupuesto del Ministerio de Defensa es un secreto de Estado blindado por la Constitución. Esta opacidad también cubre las cifras de la nueva capital.


“No está muy claro quién está pagando estos proyectos. No hay mucha transparencia”, lamenta el economista Amr Adly, que se muestra crítico con los llamados “proyectos nacionales”, una serie de obras faraónicas, como el nuevo Canal de Suez, con las que el Gobierno pretende estimular la economía. “El problema es que no se han hecho sobre la base de estudios de viabilidad rigurosos... Atraen muchos recursos a corto plazo bajo la promesa incierta de ganancias futuras”, agrega.


El portavoz Husseini reconoce que no existe un presupuesto final definitivo, si bien en un primer momento se habló de 40.000 millones de dólares. “De momento, hemos puesto unos 20.000 millones de libras —1.300 millones de euros—, y confiamos en que el resto lo pondrán inversores egipcios y extranjeros. Ya hay compañías de los Emiratos y chinas implicadas en la financiación de la primera fase, y estamos en negociaciones con otras”, afirma el oficial.


El objetivo central de la nueva capital es descongestionar El Cairo, una megalópolis de unos 22 millones de almas, con un tráfico cercano al colapso y una contaminación que supera con creces los límites recomendados por la ONU. Este no es el primer plan para ganar terreno al desierto construyendo barrios a las afueras de El Cairo. Y su herencia no es precisamente positiva. La urbe está circundada de urbanizaciones llenas de edificios dejados a medias, testigos silenciosos de una ruinosa política pública. Desconectadas de las redes de transporte público, a menudo, solo se trasladaron allí algunas élites.
Obviamente, lo mismo podría pasar con la nueva capital, que difícilmente atraerá los cinco millones de habitantes estimados. “Su lógica deriva de la existencia de un sector de la construcción muy especulativo en las afueras de El Cairo en el que vender parcelas de desierto puede ser muy lucrativo”, critica David Sims, un urbanista que en su libro Egypt’s Desert Dreams documenta el fracaso de 40 años de planificación urbanística en el desierto. “Además, en lugar de descongestionar El Cairo, agravará sus problemas para que se promueva el uso del vehículo privado. La mejor alternativa era haber invertido en transporte público”, añade.


Uno de sus principales problemas de sostenibilidad será el despilfarro de agua que acarreará en un momento de previsiones de creciente escasez para Egipto a causa de la construcción de uno de los mayores embalses del mundo en Etiopía. Basta con echar un vistazo a los anuncios de los apartamentos en la nueva capital, que ofrecen todo tipo de lujos, como piscina y spa compartidos, además de amplios jardines en mitad del desierto. Su precio mínimo es de unos 60.000 euros, un precio prohibitivo para la mayoría en un país donde un funcionario raramente cobra más de 200 euros al mes. Según Husseini, las autoridades se están planteando reservar 20.000 apartamentos para viviendas sociales, una cifra claramente insuficiente.


FILOSOFÍA CLASISTA


Con todos estos datos sobre la mesa, es difícil ignorar la marcada filosofía clasista que impregna el proyecto. El Estado dedica ingentes recursos públicos en edificar una “ciudad inteligente” adornada con todo tipo de lujos y últimas tecnologías de la que solo podrán disfrutar las clases adineradas, mientras aplica el durísimo plan de ajuste pactado con el FMI. En los últimos meses, el régimen ha retirado buena parte de las subvenciones a servicios públicos como el agua, la electricidad o los transportes, además de a los combustibles, con aumentos de hasta un 50%. Encima, la brusca devaluación de la libra egipcia en 2016 situó la inflación por encima del 30% durante más de 15 meses consecutivos.


“Nunca antes tantos egipcios lo habían pasado tan mal”, comentaba el analista y exdiputado en el exilio Amr Hamzawy ya antes de la última ola de recortes. El días después de que el Gobierno anunciara un incremento de los billetes de Metro en El Cairo del 300%, en diversas estaciones se produjeron concentraciones de protestas espontáneas. Fue una extraña muestra de desafío ante una dictadura que castiga con mucha dureza la disidencia. Por ejemplo, la participación en una manifestación ilegal comporta una pena mínima de tres años de cárcel. Las manifestaciones se acabaron con la toma de las estaciones principales por parte de los antidisturbios. Los egipcios ya no tienen ni siquiera el derecho a la pataleta. Las imágenes de hace siete años de un pueblo empoderado en la Plaza Tahrir parecen ahora muy lejanas. Un espejismo del desierto.

Pot  RICARD GONZÁLEZ

2018-09-11 09:00:00

Publicado enInternacional
Martes, 28 Agosto 2018 07:23

El desafío –70/+ 70

El desafío –70/+ 70

El año 2050 marca un doble desafío a escala mundial: para esa fecha, el mundo debe reducir en 70 por ciento sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y aumentar en 70 por ciento su producción de alimentos.


Reducir las emisiones es urgente para evitar que la temperatura mundial aumente más de 2 grados centígrados y así evitar los efectos más devastadores del cambio climático, mientras incrementar la producción de comida es fundamental para alimentar a una población de casi 10 mil millones de personas.


Uno de los principales responsables de responder a este doble desafío –70/+70 es el sector agropecuario, que actualmente aporta una quinta parte de todas las emisiones globales de GEI.


Entre 1990 y 2015, la producción agropecuaria creció con fuerza: 74 por ciento a escala mundial, 85 por ciento en América Central y más de 132 por ciento en América del Sur. En ese mismo periodo, las emisiones de GEI del sector (que incluye agricultura, ganadería y cambios en el uso del suelo) se redujeron 1 por ciento en el mundo, 28 por ciento en América Central y 25 por ciento en América del Sur.


Es decir, hoy producimos mucha más comida emitiendo menos gases de efecto invernadero.


Si relacionamos estas dos variables (producción de alimentos y emisión de GEI), vemos que en 1990 en América Latina emitíamos 15 toneladas de GEI por cada mil dólares de alimento producido, mientras en 2015 disminuimos fuertemente a cinco toneladas de GEI por cada mil dólares. De haber mantenido los niveles tecnológicos de 1990 en 2015, las emisiones de GEI latinoamericanas del sector agrícola habrían sido el triple, lo que habría significado agregar 3.3 mil millones de toneladas de GEI a nuestra atmósfera. Esto no sólo demuestra cuánto hemos avanzado, sino que sí es posible alimentar al mundo sin contaminar nuestra atmósfera.


En América Latina y el Caribe todavía podemos hacer mucho por intensificar sosteniblemente la producción agrícola y ganadera. La ciencia, la innovación tecnológica y las reformas institucionales y de gobernanza son motores centrales para enfrentar el desafío –70/+70 que marcará las siguientes tres décadas.


Durante la pasada Conferencia Regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), los países de la región solicitaron asistencia técnica para acceder al financiamiento internacional con el fin de apoyar una mayor producción de alimentos con menos impactos ambientales y climáticos.


Recientemente, el Fondo Verde del Clima aprobó 90 millones de dólares para un proyecto del gobierno de Paraguay formulado por la FAO; el proyecto apoyará la adaptación al cambio climático de 17 mil familias rurales, muchas de ellas indígenas. Con el gobierno de El Salvador, la FAO ha preparado un proyecto para el mismo fondo: al ser aprobado, beneficiará a 225 mil personas y cubrirá a 33 por ciento de la población más vulnerable al cambio climático en el Corredor Seco salvadoreño, una zona que sufre inclementes sequías, inundaciones y tormentas tropicales. Estos dos proyectos implican inversiones por más de 217 millones de dólares en favor de la resiliencia y la adaptación al cambio climático en nuestra región.


Además, la FAO y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid) han creado un fondo de preinversión que permitirá a 14 países de la Comunidad de Estados Caribeños (Caricom) diseñar 27 proyectos para mejorar su resiliencia y movilizar recursos en su lucha contra el cambio climático.


Para promover el diálogo, el intercambio de experiencias y la acción multisectorial en torno a la resiliencia climática en las zonas rurales, la FAO y la Fundación Futuro Latinoamericano de Ecuador han convocado a una alianza de expertos del más alto nivel; uno de sus objetivos es apoyar los cambios estructurales necesarios para promover una producción agropecuaria más limpia, sostenible y eficiente. El 28 de agosto, en Montería, Colombia, la FAO convocará a los mayores expertos regionales a un seminario que busca impulsar la producción ganadera baja en emisiones, un factor que será clave para contribuir a resolver el doble desafío –70/+70 de la seguridad alimentaria y ambiental para 2050.


*Representante regional de la FAO
**Consultora de la FAO

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Identifican descendiente directo de dos especies humanas extintas

A partir de un hueso de 1.5 centímetros, descubren a hija de una neandertal y un denisovano

 

Érase una vez, hace unos 50 mil años, que una neandertal y un denisovano tuvieron una hija... Un minúsculo fragmento de huesos reveló que estas dos especies de la línea de los humanos, ahora extintas, se reprodujeron.


“Es la primera vez que se identifica un descendiente directo de estos dos grupos”, señaló Viviane Slon, del Instituto Max-Planck de Antropología Evolucionista de Leipzig, en Alemania, coautora del estudio publicado este miércoles.


Los denisovanos y los neandertales se separaron hace 400 mil-500 mil años, convirtiéndose en dos especies distintas del género Homo.


Los neandertales desaparecieron hace alrededor 40 mil años. Se desconoce el motivo exacto. Los denisovanos también se extinguieron, pero no se sabe cuándo.


Sin embargo, pruebas de ADN demostraron que ambos dejaron parte de su herencia al Homo sapiens. Las poblaciones asiáticas y amerindias comparten menos de uno por ciento de su material genético con los denisovanos y los aborígenes de Australia o los papúes de Nueva Guinea hasta 5 por ciento.


Asimismo, todos los humanos modernos, excepto los africanos, tienen en su genoma aproximadamente 2 por ciento de ADN legado por los neandertales, lo que demuestra que se pudieron haber producido cruces entre estas especies en un pasado lejano.


La existencia de un descendiente de estas dos especies fue revelada tras el hallazgo de un hueso de 1.5 centímetros, tan pequeño que los científicos no podían decir a primera vista si pertenecía a un homínido o a un animal.

En las montañas de Altai

Descubierto en 2012 en una cueva de las montañas de Altai en Siberia, cerca de la frontera actual entre Rusia y Mongolia, Denny, como lo llamaron los investigadores, pertenecía a una hembra de al menos 13 años, que existió hace alrededor de 50 mil años.


La cueva donde murió Denny ya era famosa porque ahí se encontraron por primera vez restos fósiles del hombre de Denisova. Se trataba de fragmentos de una falange auricular perteneciente a una niña de unos siete años, que demostraron la existencia de este primo del Homo sapiens.


Al analizar a Denny, los genetistas lograron distinguir los cromosomas que la joven heredó de su padre y de su madre. Para ellos no cabe duda: su madre era una neandertal y su padre un denisovano.


“Al principio pensé que había un error en las pruebas”, admitió Svante Pääbo, investigador del Instituto Max-Planck de antropología evolucionista y coautor del estudio publicado en la revista Nature.


Cuando se fueron de África, los neandertales se dispersaron por Europa y el oeste de Asia, mientras los denisovanos se dirigieron hacia el este de Asia.


“Posiblemente los neandertales y los denisovanos no se vieron muchas veces. Pero cuando ocurría, todo apunta a que no tenían prejuicios los unos con los otros”, afirmó Svante Pääbo, quien identificó por primera vez al hombre de Denisova.


“Seguramente se reproducían con frecuencia, mucho más de lo que pensábamos, si no, no habríamos tenido tanta suerte”, concluyó el especialista.

Residentes de la ciudad brasileña de Pacaraima destruyeron el sábado pertenencias de migrantes venezolanos.

Brasil enviará tropas a la frontera con Venezuela este lunes, luego de que los residentes de la ciudad fronteriza de Pacaraima expulsaron a los venezolanos y quemaron sus improvisados campamentos, en pleno aumento de las tensiones regionales por la inmigración.

Cientos de miles de venezolanos han cruzado las fronteras terrestres hacia Brasil y Colombia en los meses recientes para intentar escapar de la crisis económica, política y social que afecta a su país.
El más reciente episodio de tensiones comenzó el sábado temprano en territorio brasileño, horas después de que un comerciante local fue asaltado y resultó herido en un incidente atribuido a venezolanos en Pacaraima, ciudad con unos 12 mil habitantes y donde unos mil inmigrantes viven en la calle, según estimaciones de las autoridades.


Grupos de residentes recorrieron la ciudad arrojando piedras a los migrantes y prendiendo fuego a sus pertenencias. Decenas de residentes atacaron los dos principales campamentos improvisados de inmigrantes y quemaron todas sus pertenencias, lo que llevó a muchos venezolanos a cruzar la frontera de regreso a su país.


La situación fue caótica: según testigos, se escucharon disparos, los comercios cerraron y se amontonaron escombros en las calles.


Suely Campos, gobernadora del estado de Roraima, llamó a cerrar temporalmente la frontera y pidió a Brasilia que envíe refuerzos de seguridad para “enfrentar el aumento de la criminalidad”, el cual relaciona con el incremento de la llegada de venezolanos.


El Ministerio de Seguridad Pública dijo que enviará un contingente de 120 soldados que llegarán este lunes para sumarse a los equipos en la zona.


Las tensiones están aumentando en América Latina por la migración desencadenada por las crisis en Venezuela y en Nicaragua.


Ecuador comenzó a bloquear desde el sábado el paso de venezolanos por sus fronteras terrestres, exigiéndoles que presenten sus pasaportes para poder ingresar –documento del que carecen muchos–, en lugar de la cédula de identidad, como era hasta ahora.


Perú anunció la misma medida, que empezará a aplicarse el próximo 25 de agosto. Sólo la semana pasada, unos 20 mil venezolanos ingresaron a Perú, de acuerdo con sus autoridades.


La Organización de las Naciones Unidas estima que 2.3 millones de venezolanos han huido de la crisis escapando de la pobreza y en busca de trabajo. Colombia ha dado residencia temporal a más de 800 mil
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela llamó a Brasil a “dar las garantías correspondientes a los nacionales venezolanos y tomar las medidas de resguardo y seguridad de sus familias y enseres”.
La situación en Pacaraima, Brasil, vecina de la venezolana Santa Elena de Uairén, estaba tranquila la mañana de este domingo, en parte porque vecinos de la ciudad lograron expulsar a los venezolanos que estaban en los campamentos.


En tanto, el presidente boliviano, Evo Morales, calificó de “invasión encubierta” de Estados Unidos a América Latina el pretexto de la ayuda humanitaria a venezolanos. “Condenamos la invasión encubierta de Washington al enviar a Colombia un barco del Pentágono con la excusa de ayuda a los hermanos venezolanos”, tuiteó, y en otro mensaje en la red social, añadió que la embarcación Comfort, con capacidad para transportar helicópteros de guerra, “es una amenaza contra Venezuela”.


Morales agregó que la mejor ayuda es respetar la soberanía del pueblo venezolano y “levantar el bloqueo económico que el imperio estadunidense o le ha impuesto injustamente. Toda agresión a Venezuela es una agresión a América Latina”, advirtió.

 

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Bonett, otro militar que muere en total impunidad

La muerte del general Bonett, como la de muchos otros militares que han fallecido sin enfrentarse a la justicia por los actos cometidos durante su servicio, evidencia la entera impunidad con la que han contado los crímenes del Estado colombiano.

 

El pasado 15 de junio, a los 78 años de edad, murió el general(r) Manuel José Bonett quien se desempeñó como Comandante del Ejército colombiano a principios de los años noventa y como Comandante de las Fuerzas Militares entre 1996 y 1997, durante el gobierno Samper. Una vez conocido su deceso los principales medios de comunicación del país le reconocieron su respaldo al proceso de paz con la guerrilla de las Farc e incluso algunos lo ubicaron como un demócrata y pacífico militar, que fue jurado del Premio nacional de paz durante quince años.

 

Pero, aunque es cierto que el General le dio su respaldo irrestricto al proceso adelantado en La Habana y eso amerita reconocimiento, su hoja de vida está lejos de ser un intachable currículo en materia de Derechos Humanos y tratamiento a la población civil. En la larga carrera militar de Bonett, desde cuando en 1964 comandó con apenas 21 años de edad uno de los grupos que integró la ofensiva a Marquetalia, hasta cuando alcanzó el más alto grado militar, comandar las Fuerzas Militares colombianas, muchas de las unidades bajo su mando se vieron involucradas en graves violaciones a los Derechos Humanos contra la población no combatiente.

 

La medalla del crimen

 

La operación que buscó acabar las nacientes Farc y que por el contrario terminó por impulsarlas en Marquetalia, estuvo rodeada de inmensos vejámenes contra los campesinos de la región; ahí el General no era más que un simple subteniente. Los crímenes más preocupantes, y por los que el militar nunca fue sancionado, sucedieron cuando comandó grandes unidades militares, como la Tercera Brigada de Cali y la Segunda División del Ejército con sede en Bucaramanga.

 


Durante su comandancia al frente de la Tercera Brigada, se llevó a cabo la Operación Relámpago y la masacre de Trujillo. En la primera, 44 sindicalistas, defensores de Derechos Humanos y estudiantes, militantes del movimiento ¡A Luchar! en el Valle del Cauca, fueron detenidos, torturados y algunas de las detenidas fueron violadas en las instalaciones del Batallón Pichincha, durante el mes de marzo de 1990. Tras esta operación muchos de los detenidos, luego de salir en libertad, fueron forzados al exilio. Por la Operación Relámpago la Procuraduría Delegada para Fuerzas Militares abrió averiguación disciplinaria, pero solo formuló pliego de cargos a militares de menor jerarquía.

 

En la masacre de Trujillo, por su parte, fueron desaparecidos 5 ebanistas y 11 campesinos que según las confesiones de un paramilitar que participó de la misma, fueron torturados, asesinados y algunos de ellos arrojados al río Cauca mutilados o decapitados, con la activa participación de altos mandos del Batallón Palacé y la Tercera Brigada. Estos hechos sucedieron entre finales de abril y principios de marzo de 1990. Allí, aunque hubo serios indicios de la participación intelectual de Bonett, no hubo ninguna investigación en su contra.

 

En ambos casos no solo no hubo justicia, sino que quienes se atrevieron a investigar los crímenes también fueron asesinados o desparecidos. El equipo jurídico que defendió a los detenidos de la Operación Relámpago en su mayoría fue hostigado y algunos desaparecidos, como el abogado del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Alirio de Jesús Pedraza; igualmente el sacerdote Tiberio Fernández Mafla, párroco de Trujillo y quien investigaba la masacre, también fue desaparecido junto a sus tres acompañantes el 17 de abril de 1990.

 

Por otra parte, durante su comandancia al frente de la Segunda División del Ejército en 1993, la región de Santander experimentó un incremento de los grupos paramilitares y de las acciones de estos contra la población civil, sin que los militares ofrecieran mayor resistencia a los mismos.

 

Se escuchan las trompetas de la impunidad

 

La muerte del general Bonett, como la de muchos otros militares que han fallecido sin enfrentarse a la justicia por los actos cometidos durante su servicio, evidencia la entera impunidad con la que han contado los crímenes del Estado colombiano. Militares como Bonett, participes de graves violaciones a los Derechos Humanos –como el genocidio político de un movimiento como ¡A Luchar!–, mueren sin cumplir siquiera con el derecho y deber de verdad que tiene el pueblo colombiano.

 

Este horizonte de verdad, que podrían eventualmente ofrecer los militares, se ve cada vez más torpedeado por la situación de indefinición en la que se encuentran las comparecencias de estos ante la Justicia Especial para la Paz –JEP–. Pues salvo su voluntad de hacerlo, no existe hoy otra disposición judicial que los obligue acudir a esta institución, y lo que es peor, tampoco la justicia ordinaria puede actuar contra ellos, debido al ajuste promovido por el Centro Democrático en el Congreso que abre un periodo de 18 meses para reglamentar una sala especial en la JEP que atienda diferenciadamente a los militares. De hecho, en casos como los “falsos positivos”, la justicia ordinaria ya ha transferido varias investigaciones a la JEP, y no podrá dictar sentencia o imponer prisión preventiva, y la propia JEP quizá quedará frenada en este caso hasta que la sala especial se reglamente, conllevando un alto limbo de impunidad como fue denunciado por José Miguel Vivanco, División de las Américas de la ONG Human Rights Watch.

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