Viernes, 22 Enero 2021 05:39

Ironías y paradojas

Ironías y paradojas

 Un país ‘W’ que ocupa ilegalmente una parte de la nación ‘X’, critica al país ‘Y’ por su ocupación ilegal de una parte de la nación ‘Z’ y le suministra armas para que ‘Z’ acabe con ‘Y’ , ya que "la integridad territorial es sagrada". Un país ‘V’ que por décadas ignora resoluciones de Naciones Unidas que censuran su ocupación ilegal de un país ‘U’ −durante la cual acapara su tierra y transfiere su población civil allí−, apoya a la nación ‘Z’ cuyos oficiales usan en contra del país ‘Y’ el mismo tipo de argumentos que la nación ‘U’ −y sus defensores− habitualmente dirigen en contra del país ‘V’. Una nación ‘Y’ que enfrenta el ataque del país ‘Z’ −apoyado por las naciones ‘W’ y ‘V’− hace a la luz del derecho internacional cosas muy parecidas que el país ‘V’ en territorios ocupados de la nación ‘U’, o −hasta cierto punto− el país ‘W’ en territorios de la nación ‘X’. Un país ‘V’, perteneciente a una nación-víctima de un genocidio, le vende armas al país ‘Z’, el enemigo acérrimo de la nación ‘Y’ que pertenece a otro país-víctima de un genocidio y que además enfrenta la alianza del país ‘Z’ con la nación ‘W’, dos pueblos étnicamente cercanos, de los cuales el segundo cometió aquel genocidio.

Si al lector ya le dio vértigo, no se preocupe.

En la reciente guerra en Nagorno-Karabaj, un enclave montañoso mayoritariamente armenio en el Cáucaso del sur, pero que les pertenece a los azeríes −y que desde la década de los 90, tras otra sangrienta guerra, estuvo bajo la ocupación armenia en forma de "republiqueta" de Artsaj−, abundaba toda una serie de ironías y paradojas. Algunas de tipo −como se suele decir por mis tierras− "el cerebro se para" (tras dar 100 mil vueltas).

Curiosamente, Rusia, el país no mencionado en la letanía inicial −"la fuente de todos los males en el mundo" (basta leer la prensa liberal)− salió la mejor parada. O "más congruente". No sólo al imponer la tregua entre Armenia (país ‘Y’) y Azerbaiyán (nación ‘Z’) se posicionó como un hegemón regional frente al expansionismo de Turquía (país ‘W’). O convirtió lo que Azerbaiyán no recuperó de Artsaj en su semicolonia. Sino que hizo lo que ya de por sí venía haciendo: recuperar la influencia tras el colapso de la URSS: apoyar irredentismos (Abjasia, Osetia del Sur, Transnistria, Dontesk/Lugansk) o anexar ilegalmente territorios (Crimea). Aunque el hecho de que la nación que les vende armas tanto a Ereván como a Bakú o que oficialmente rehabilitó a Stalin, el responsable por transferir de modo desafortunado a Nagorno Karabaj a Azerbaiyán y no a Armenia, acabara de "salvador de los armenios" no deja de ser una ironía.

¿Pero qué decir de Turquía que ocupando ilegalmente la parte norte de Chipre (país ‘X’) fustigaba a Armenia por su "criminal ocupación de Nagorno Karabaj" o que solidarizándose con el lado azerí (su hermano pueblo túrquico) y mandándole armas (drones, etcétera), asesores militares y mercenarios sirios, se refería despectivamente a los armenios −víctimas del genocidio perpetrado por ella en tiempos del imperio otomano (1.5 millón de víctimas)− como "sobras de la espada" ("kılıç artığı"), insinuando que "aún hay cosas inacabadas" en referencia a los descendientes de los sobrevivientes?

¿O de Israel (país ‘V’) que nunca reconoció el genocidio armenio para no quitarle la excepcionalidad al Holocausto aunque, según sus perpetradores (sic) y estudiosos fue justo el antecedente armenio que posibilitó el genocidio judío, y que no tiene ningún reparo moral en armar −a mano con Turquía que igual niega aquel genocidio− a los azeríes en contra de los armenios con armas (drones, munición loitering, bombas de racimo, vehículos, sistemas de vigilancia) "testeadas" durante la ocupación sin fin de Palestina (nación ‘U’), facilitando si no otro genocidio, sí −bueno, de esto sabe− una nueva limpieza étnica?

¿O de la propia Armenia que en efecto ocupaba de manera ilegal a Nagorno Karabaj y transfería su población civil allí−práctica prohibida por la Convención de Ginebra− "emulando" lo que hace Israel en Cisjordania y apoyándose, igual que Israel, en su diáspora mundial invocaba "el derecho al retorno" para asentar colonos en Artsaj haciéndolo, igualmente, "a fin de proteger vidas" dada la historia de pogromos históricos a manos de los azeríes?

¿O de Azerbaiyán que invocando el derecho internacional usaba argumentos parecidos en contra de la ocupación y asentamientos armenios que los palestinos fútilmente emplean en contra de Israel y sus asentamientos ilegales o usaba la argumentación milenaria (“quién estuvo allí ‘primero’”) para justificar su "derecho" a aquella tierra −esto ya emulando a Israel− rescribiendo la historia y cambiando incluso burdamente inscripciones en sitios arqueológicos armenios bajo su control?

Los rusos diciendo lo mismo de siempre. Los turcos mintiendo descaradamente. Los israelíes, bueno, al menos mantenían la boca cerrada (su apoyo a Azerbaiyán era un secreto a voces). Los armenios actuando (casi) como israelíes. Los azeríes hablando como palestinos. Encima los kurdos perdiendo la guerra en la que no han participado al acabar ante el triunfo del pan-turquismo más expuestos a ataques de Ankara, la misma que hace un siglo, de forma trágica, los hizo coperpetradores del genocidio armenio... (o cuales, décadas más tarde, Israel trató de usar como "quinta columna" en contra de varios países de la región). Ironías. Paradojas. Hipocresías. El mundo patas arriba. ¿O a poco no ha estado así siempre?

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Viernes, 22 Enero 2021 05:29

Condena a Assange e indulto para Bannon

Condena a Assange e indulto para Bannon

El asalto al Congreso de EE.UU. demuestra que la mentira (pseudo, en griego) ha gobernado el país. El indulto de Donald Trump a Steven Bannon asegura impunidad a quien convierte la democracia en pseudocracia (el régimen de la mentira). Y la reciente condena a Assange, advierte del castigo a quienes la combaten garantizando nuestro derecho a conocer y contar la verdad; es decir, a construir y narrar nuestra historia.

La prensa se demuestra independiente cuando defiende el interés público; es decir, cuando representa los intereses de "su" público, haciéndolos compatibles con el interés general. Por eso antepone "nuestras" voces a las fuentes oficiales y con más poder. Hoy resulta más factible que nunca, pero la democracia deviene en pseudocracia.

Somos muchos quienes trabajamos con bancos de datos y de documentos digitalizados. Al liberarlos, ponemos dique a la mentira oficial y corporativa que nos inunda. Además, así combatimos la acumulación y la desigualdad de poder. Porque los estados y las corporaciones tecnológicas, en comandita y de forma sistemática, registran todas nuestras comunicaciones.

Aliándonos con periodistas profesionales y filtrándoles documentos controlamos a quien gobierna y mercadea con nuestra privacidad e intimidad. Juntos actuamos como un Cuarto Poder en Red. Y dejamos de ser mineros de datos y propagandistas sin salario de quienes monopolizan y explotan nuestras comunicaciones.

Wikileaks apostó por una independencia periodística basada en la cooperación ciudadana y entre medios. Un periodismo realizado entre todos y para todas. De ahí la importancia de la sentencia que recibió Julian Assange el pasado 4 de enero. No le extraditarán a EE.UU. pero le niegan la libertad provisional. Sigue preso en la cárcel conocida como la Guantánamo británica, a pesar de su deteriorada condición física y mental. Porque, según la jueza, si fuese extraditado a EE.UU. correría peligro de suicidarse. Y, si lo liberase, de fugarse.

"Las paredes de la embajada [de Ecuador en Londres, que le acogió durante siete años) me son tan familiares como el interior de mis párpados", dijo Assange a Michael Kopelman, profesor de neuropsicología en Kings College. Le había visitado veinte veces y, tras manifestar su "intensa preocupación suicida", testificó que el australiano escucha voces alucinatorias, despectivas y persecutorias en su cabeza: "La voz es como, Eres polvo, estás muerto, vamos a por ti".

Assange aún se arriesga a ser extraditado y a cumplir 175 años en el "Alcatraz de las Rocosas", en Florence, Colorado. La negativa a concederle la libertad provisional y el tratamiento que ha recibido fueron calificados por el Relator de la ONU, Niles Metzer, de "confinamiento no justificado", "guerra y tortura psicológica". Concluye que la sentencia tiene dos consecuencias terribles.

La primera, que el periodismo de investigación basado en filtraciones no oficiales podrá perseguirse como delito de espionaje. Y esto, llevado a la práctica, elimina el derecho de asilo por motivos políticos; ya que el espionaje entra en esta categoría de delitos.

En resumen y que lo entiendan bien los periodistas de investigación y filtradores: "os pudriréis en la cárcel y desearéis suicidaros". Días después y antes de abandonar el poder, Trump indultó a varios criminales de guerra. Y, entre ellos, a quien dirigió la ofensiva contra los periodistas - considerados por el ex-presidente "el enemigo número uno del pueblo norteamericano" - que le llevó a la Casa Blanca.

Steven Bannon ha sido premiado conun indulto, tras embolsarse un millón de dólares que decía recabar para construir el muro con México "sin percibir un centavo". ¿Cuánto valían en el mercado negro los cables de las guerras de Irak y Afganistán o los del Departamento de Estado que Wikileaks entregó gratis a unos medios que tanto los rentabilizaron? ¿Y qué han hecho por Assange? El periodismo corporativo vende a los ciudadanos digitales que se reclaman sujetos comunicativos de pleno derecho y se vende al mejor postor.

El asalto al Capitolio demostró que el enemigo está en casa y en las instituciones. Y que entre estas debemos añadir a las corporaciones tecnológicas: auparon a Trump y ahora le vetan en las redes y plataformas. Lo hacen sin aplicar un protocolo, ni rendir cuentas a nadie. Como hicieron desde el inicio y con tantos otros. Siempre que convenga al negocio. Esta vez, actuaron tras constatar que el reality show se hacía realidad y que los demócratas dominarían el Congreso pudiendo aprobar medidas anti-monopolio contra las tecnológicas. ¿Nuestra libertad de expresión es su negocio? 

El bussiness as usual del capitalismo cognitivo se defiende con lawfare: guerra legal y tortura carcelaria ejemplarizantes para quienes desafían la pseudocracia. Las GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft), que llevaron a las huestes de MAGA (Make America Great Again) al Capitolio actúan de cancerberos de la libertad de expresión. Y los pseudoperiodistas quedan impunes y serán bien remunerados para instaurar el régimen de la mentira.

Joe Biden debiera indultar a Assange y a Snowden. Y condecorar a Chealsie Manning. Si no será difícil impedir que Trump o un sucesor aventajado regrese "a su manera". No abandonarán las pantallas, para luego tomar las instituciones, mientras aceptemos que the show must go on. El periodismo independiente debe parar el degradante espectáculo de la pseudocracia, que incluye la primera toma de posesión de la presidencia de EE.UU. ante banderas en lugar de ciudadanos

22/01/2021

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'Jedi Blue': El acuerdo secreto que firmaron Google y Facebook

El pacto permitió a Google seguir dominando el mercado de publicidad en línea, a cambio de importantes ventajas competitivas para su potencial rival, según The New York Times.

Una reciente demanda antimonopolio presentada por fiscales de EE.UU. contra Google, revela que el gigante tecnológico y Facebook firmaron un acuerdo secreto denominado 'Jedi Blue' (Jedi Azul), en el marco de una alianza que les impide competir entre ellas, según detalla un informe publicado por The New York Times.

En 2017, la compañía de Mark Zuckerberg anunció que estaba probando una nueva forma de vender publicidad en línea poniendo en amenaza el dominio de Google sobre ese mercado. Sin embargo, menos de dos años después, Facebook cambió su postura y se unió a una alianza de empresas lideradas por Google, que desarrolló un método similar.

Aunque Facebook nunca explicó por qué dejó a un lado su proyecto, la evidencia presentada el mes pasado en una demanda antimonopolio hecha por 10 fiscales indica que Google había extendido a su potencial rival un trato para ser socio, a cambio de una serie de ventajas. Los detalles del acuerdo redactados en la demanda presentada en una corte de Texas fueron visibles en una versión preliminar revisada por el diario.

Los ejecutivos de seis de los más de 20 socios de la alianza dijeron a The New York Times que sus acuerdos con Google no incluían muchos de los términos favorables que recibió Facebook y que el gigante de las búsquedas le había dado a la red social una ventaja significativa sobre el resto.

Subastas de publicidad

'Jedi Blue' abarca a un segmento en crecimiento del mercado de la publicidad en línea llamado publicidad programática. Entre los milisegundos desde que un usuario hace clic para acceder a una página web y la carga de los anuncios, se produce una subasta para rellenar el espacio publicitario disponible. Google ha dominado ese sistema con sus herramientas y con el acuerdo consiguió evitar otros competidores, según el informe.

A pesar de que surgió un método alternativo para reducir la dependencia de las plataformas publicitarias de Google, la compañía de búsquedas desarrolló un sistema similar llamado Open Bidding, que permite el acceso de terceros. Sin embargo, Google cobra una tarifa por cada oferta ganadora y muchos no están satisfechos con la transparencia del servicio.

La divulgación del acuerdo secreto entre las dos multinacionales ha reavivado las preocupaciones sobre cómo las compañías de tecnología más poderosas pueden establecer alianzas para frenar a la competencia mediante acuerdos privados y cláusulas de confidencialidad.

Por su parte, Google y Facebook aseguraron que tales acuerdos eran comunes en la industria de la publicidad digital y negaron que 'Jedi Blue' tenga un carácter anticompetitivo. Un portavoz de Facebook afirmó que acuerdos como ese "ayudan a aumentar la competencia" en las ofertas de anuncios, y que los argumentos en contra son "infundados".

Publicado: 20 ene 2021 17:21 GMT

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Biden y Trump: una película con final abierto

Singular y anómalo, el país que nunca tuvo nombre, y que desde su nacimiento excluyó el vocablo democracia en las poco más de 9 mil palabras que suman su Declaración de Independencia (1776) y Constitución (1787), junto con las 10 enmiendas (o Bill of Rights de 1791), y las 27 que añadió hasta 1992.

La primera de ellas: El Congreso no hará ley alguna por la que adopte una religión como oficial del Estado. Un contrasentido, pues todos sus presidentes juraron frente a una Biblia. Y la segunda sostiene que no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas. Con lo cual, en aparadores, paredes y garajes de todo el país, las armas de fuego superan el total de su población.

Un país concebido para justificar el odio y el amor incondicional, y frente al que nadie ha permanecido indiferente. Recuerdo a mi viejo, por ejemplo, cuando comentó que había enviado 20 dólares a National Geographic, y la revista le devolvió un cheque por 20 centavos porque la suscripción costaba 19.80 dólares… ¡Sólo la estampilla costó 35 centavos!, narraba papá con admiración. Un país serio, añadió.

Sin embargo, aquel país seriohabía erigido su grandeza exterminando a los indios malos primero, siguiendo con la sangre de millones de esclavos e inmigrantes, por no hablar de la explotación y destrucción de pueblos enteros en los cuatro puntos del globo. Y que a finales del siglo XIX, añadió a Estados Unidos la expresión de América para fijar, de polo a polo, su área de seguridad nacional.

Una hermosa frase (¿populista?) de Abraham Lincoln: el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo(Oración de Gettysburg, 1863). Pero la entidad llamada Estados Unidos de América, siempre fue gobernada por sus enemigos. Y Francia, igualmente proclive a universalizar ideales políticos, la incluyó en la Constitución de la Quinta República francesa (art. 2, 1958).

Como fuere, parece poco atinado (y cómodo) el recurso de sumar peras y manzanas para desenredar la crisis estadunidense. Así, asociar la derrota electoral del trumpismo (o la victoria de Biden) con la caída de la república alemana de Weimar (1918-33), puede desconcertar al lector urgido de explicaciones simples, que no simplistas.

En ese sentido, las películas Pandillas de Nueva York (Martin Scorcese, 2002) y Lincoln (Steven Spielberg, 2012) permiten una aproximación veraz al fenómeno Trump, y la esencia del capitalismo que los estadunidenses y el mundo llaman democracia, su antónimo.

La primera transcurre en 1862, cuando los problemas de la época giraban en torno a la inmigración irlandesa y la Guerra de Secesión en curso, y narra la historia del enfrentamiento entre dos pandillas rivales: los Nativos liderados por Bill Cutter, El Carnicero, y los Conejos muertos, un grupo de inmigrantes recién llegados. Mientras la segunda gira en torno a las intrigas y entresijos de Lincoln, para la aprobación de la enmienda que abolió la esclavitud.

Ambos filmes dejan claro que la noción de fraternidad, como bien apuntó Antoni Domenech (1952-2017), fue “un valor central en la ilustración europea […], pero nunca cuajó en Estados Unidos. Y es que los revolucionarios estadunidenses (como los europeos y los sudamericanos) hiperbolizaron la libertad republicana del mundo antiguo, reservando la democracia ateniense para la izquierda y la república romana para la derecha”.

Domenech sostiene que la democracia no es connatural al liberalismo. Agrega: “No ha habido ninguna idea en el mundo contemporáneo más revolucionaria que la de democracia, porque democracia quiere decir gobierno de los pobres […]. Ningún Padre Fundador, en Estados Unidos se llamó a sí mismo demócrata, y han dicho cosas terribles contra la democracia”.

Las grandes crisis políticas (individuales o sociales, tanto da) obedecen a procesos intransferibles y únicos. Y se entiende, en principio, la tentación de recurrir al ejemplo de Weimar. Pero en la analogía subyace el equívoco, quedando la duda de si, hasta la llegada de Trump, las pandillas de Washington debatían sus cuitas en una suerte de socialdemocracia made in USA.

En el contexto referido, Donald Trump fue, en efecto, la quintaesencia de la democracia más pervertida de la política contemporánea. No obstante, dialécticamente, hemos de agradecerle que haya desenmascarado el sistema que desde 1776 se ofrece como paradigma de libertad. A no ser (nunca faltan), los que por izquierda imaginan que partir de hoy, Joe Biden retomará sus ideales.

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El ex presidente ruso Medvedev fustiga el cibertotalitarismo y la democracia arcaica de EU

El ex presidente ruso Dmitry Medvedev, otrora bisagra con el atlantismo –hoy vicejerarca del Consejo de Seguridad que preside el zar Vlady Putin (https://bit.ly/3bReYFa)–, realiza un profundo análisis de la caótica situación de Estados Unidos (https://bit.ly/3itGGJx). Arremete contra su “ cibertotalitarismo(https://bit.ly/3syRXg2)”, en medio de la redición doméstica del golpe multicolor de Obama en la plaza Maidan de Kiev (Ucrania).

Medvedev fustiga el “papel sin precedente en la política pública de las redes sociales y los nuevos (sic) multimedia y de las empresas privadas de las tecnologías de la información que poseen estas plataformas”.

Juzga aberrante la suspensión por Twitter de la cuenta del todavía presidente Trump, que tenía “85 millones de seguidores” y la censura de sus otras cuentas que alcanzan “casi 200 millones de seguidores”. En un país con 330 millones de habitantes, hoy tan fracturado y al borde del totalitario monopartidismo neomaniqueo y/o de la balcanización, tales 200 millones no estarían sólo en Estados Unidos.

Medvedev se (pre)ocupa del “espectro de un cibertotalitarismo que gradualmente apabulla a la sociedad que arrastra consigo (y potencialmente al mundo entero)”. Aduce que aun si Trump “abandona la política en definitiva y los gigantes tecnológicos borran su huella digital (sic), las mentes (sic) permanecerán inmensamente polarizadas”. Medvedev señala que “las redes sociales carecen de regulaciones especiales”, por lo que se dieron el lujo de “bloquear decenas de miles de seguidores de un presidente en funciones en todo género de plataformas”.

Considera que “para Washington y el resto del mundo este nivel de censura de las trasnacionales es verdaderamente un fenómeno extraordinario (sic)”. Coloca una pregunta como estocada: “¿Quiénes son esos jueces supremos que deciden, de su propia voluntad y basado en sus propias reglas –pero guiados por sus preferencias políticas–, privar al presidente de un país la oportunidad de comunicarse con una audiencia de muchos millones?”

Pone su dedo en la llaga, ya que “varias trasnacionales tecnológicas que se encuentran en California (sic) gozan de un apetito por el poder y piensan que es posible manipular las noticias y hechos para que se adapten a sus propias preferencias políticas. ¡Es una flagrante censura!”. California, feudo demócrata de la vicepresidenta Kamala Harris, es asiento del Big Tech de Silicon Valley, de donde, por cierto, ya empezaron a migrar varias empresas –de la talla de Tesla, HP, Oracle, etcétera– a Texas, feudo republicano. ¿California vs Texas?

En su filípica contra la cibercraciadel Gafam /Twitter (https://bit.ly/35UlAin), Medvedev expone que “dictan sus propios términos” y “han buscado sustituir a las instituciones estatales, usurpando sus mandatos, y de manera agresiva imponiendo sus puntos de vista en un gran número de personas, a quienes dejan sin otra opción”, lo que “empujará a otros gobiernos de diferentes países a tomar acciones para prevenir el mismo escenario”.

El profundo análisis de Medvedev aborda temas relevantes, tanto de la saliente como de la entrante administración de Estados Unidos sobre el futuro de las relaciones con Rusia, de las que es pesimista: los contenciosos nucleares, su relación con la OTAN y sus otrora aliados, su política de descarbonización, el “nuevo orden económico” global como “cambio tectónico”, en clara alusión al ascenso de China, hoy aliado de Rusia.

Arguye que la “guerra civil fría (sic)” alcanzó su clímax con el ataque al Capitolio cuando permea de nuevo el “olvidado espíritu del Macartismo (sic)”, en el que tiene mucho que ver su “arcaico sistema de votación que puede llevar a nuevas (sic) olas de violencia y disturbios” ¡Uf !

Desde hace 7 años advertí sobre el ominoso “ cibertotalitarismo(https://bit.ly/2LPR3eH)”, cuando Financial Times fue muy permisivo en sacrificar la “privacidad online”, con el fin de “combatir el terrorismo”, lo cual hoy es implementado por el Gafam/ Twitter en Estados Unidos –y, por extensión, al mundo entero–, bajo el pretexto del 6/1, en similitud con el hollywoodense 11/9 (https://bit.ly/39Oy1gC).

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Miércoles, 20 Enero 2021 05:14

Trump indulta a Steve Bannon

Trump indulta a Steve Bannon

Su exconsejero fue detenido en agosto de 2020 acusado de desviar fondos recaudados para la construcción del muro con México

 

Donald Trump ha indultado a Steve Bannon. A pocas horas de dejar su cargo como presidente de los Estados Unidos, el mandatario republicano ha cumplido con las previsiones y ha concedido el perdón a más de 70 personalidades, entre ellas su exasesor, quien está siendo investigado por apropiarse de dinero recaudado en donaciones por Internet para construir el muro en la frontera con México.

Su perdón presidencial llega tras días de debate en el círculo de Trump, donde se cuestionaba la idoneidad de otorgar el indulto al que fue uno de los arquitectos de su campaña electoral en 2016, ahora en el punto de mira por defraudar a trumpistas.

La detención de Bannon se produjo en agosto del pasado año, cuando fue acusado junto a otras tres personas de desviar más de un millón de dólares que habían sido recaudados para levantar el polémico muro fronterizo. Una parte del dinero habría sido destinada a pagar a un funcionario de campaña. La otra habría servido para sufragar los gastos personales de Bannon. Él se declaró inocente.

Pese al destacado papel que tuvo durante la campaña electoral del candidato republicano en 2016, Bannon fue apartado poco tiempo después de que Trump fuera investido presidente por criticar a los hijos del mandatario. De él llegó a decir que había “perdido la cabeza” y que “cuando fue despedido lloró y rogó por su puesto”. Sin embargo, en los últimos meses su relación dio un giro.

Fue el propio Trump quien, tras su derrota en las urnas frente al demócrata Joe Biden, acudió al asesor para que le ayudara a permanecer en el poder alegando un fraude electoral que nunca fue probado. De poco le sirvió.

Ahora, el indulto preventivo anula la acusación y evita que, en el caso de que hubiera sido hallado culpable de los cargos que se le imputan, Bannon tuviera que cumplir condena. El indulto presidencial solo se aplica a los delitos federales y para llevarlo a cabo el gobernante no debe aportar ninguna razón. Además, la Administración no puede revocarlo.

Hasta el momento, ni el propio Trump ni ningún miembro de su familia han sido indultados. Según detalló una fuente cercana al caso a la agencia Reuters, los asesores de la Casa Blanca le han recomendado no recurrir a ello porque consideran que daría a entender que son culpables de algún delito. Tampoco ha sido indultado su abogado Rudy Giuliani, quien no ha sido acusado formalmente de ningún cargo, pero ha sido objeto de investigaciones por sus actividades en Ucrania.

Trump también ha otorgado el indulto al exalcalde de Detroit Kwame Kilpatrick, quien cumplía una pena de prisión de 28 años por cargos de corrupción. El rapero Dwayne Carter, conocido como Lil Wayne, que se declaró culpable de un delito federal de tenencia de armas el año pasado, también figura entre los indultados; así como el rapero Bill Kapri, conocido como Kodak Black, quien cumple condena por falsificar documentos para obtener un arma de fuego. 

Se espera que Trump ofrezca hasta un centenar de indultos y conmutaciones en las horas previas a su salida del cargo al mediodía de este miércoles, según dos han revelado a la agencia AFP dos fuentes cercanas al presidente.

Por Miriam Elies

20/01/2021 07:00Actualizado a 20/01/2021 09:59

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Vasant Dhar, de la Universidad de NY, recomienda nacionalizar Facebook y Twitter como bienes comunes

La peor censura de la historia fue propinada el 6/1, mediante un golpe cibernético de los nuevos hijos de Torquemada, en imitación al 11/9 (https://bit.ly/3bJoeuP).

Provocó conmoción la censura selectivamente politizada por las redes sociales de la cibercracia (https://bit.ly/3sw8cud).

Desde su comodidad paradisiaca en la Polinesia francesa, Jack Dorsey (JD), vilipendiado mandamás de Twitter, después de haber censurado de por vida a un presidente todavía en funciones en EU, se percató del grave daño infligido al principal valor de la democracia libertaria que tendrá profundas consecuencias en el largo plazo sobre el Big Tech de Silicon Valley (https://bit.ly/3bYDnsD): el GAFAM (Google/Apple/Facebook/Amazon/Microsoft) y Twitter –Microsoft tiene su sede en Redmond (estado de Washington).

La censura de las redes sociales es mucho más grave que la tosca toma del Capitolio que, según el ex diplomático y asesor de los republicanos del Senado James Jatras representó el pretexto idóneo, debido al grave error de cálculo de Trump para aplicar el “equivalente funcional al Reichstag Fire (incendio del parlamento alemán) de 1933, usado por los nazis para establecer su ley de emergencia (https://bit.ly/3qy3lqV)”.

En el mismo EU la censura de la cibercracia ha causado estupor en los círculos académicos, como es el caso de Vasant Dhar (VD) –profesor del Centro de Data Science de la Universidad de Nueva York– quien recomienda nacionalizar Facebook y Twitter como bienes públicos.

A juicio de VD, es preocupante el poder que las plataformas de las redes sociales ejercen en la sociedad y en particular su impacto en el futuro del discurso público y la democracia, ya que, si pueden censurar a la persona más poderosa del planeta y ponerlo de rodillas sin previo aviso, lo pueden hacer con cualquiera en cualquier momento.

Lo interesante es que el portal The Hill, pro-Demócrata y anti-Trump, dé cabida a una opinión crítica del GAFAM/Twitter.

VD comenta que Mark Zuckerberg y JD le acaban de demostrar a los legisladores quiénes son los que ejercen el poder final. Hasta cierto punto, ya que, como excelente analista cibernético de las finanzas, VD debería saber que son los cuatro giga-bancos de EU –Vanguard, State Street, Fidelity y BlackRock; este último ostenta un manejo de capitales de 7.8 trillones (en anglosajón) de dólares estadunidenses, equivalente a 7.8 veces el PIB de México– quienes controlan al GAFAM/Twitter. A su vez, los giga-bancos y las redes sociales son controlados en última instancia por el Pentágono mediante el Consejo de Innovación de Defensa (https://bit.ly/3bG8Lfc).

Lo mÁs increíble radica en que las plataformas de las redes sociales carecen de guías regulatorias y son protegidas en forma anómala con patente de corso por la sección 230 y nunca han sido elegidas por la ciudadanía cuando se arrogan el derecho desde su ciber-plutocracia de imponer su discrecionalidad supra-constitucional a ciudadanos discriminados y hasta a un presidente todavía en funciones.

¿Cuál sería, entonces, el objetivo de celebrar elecciones cuyos resultados serían estériles ante la cibercracia y los hijos de Torquemada del siglo XXI?

VD recomienda nacionalizar las plataformas de las redes sociales como bienes públicos que proveen un “servicio público ( utility)” para la comunicación y el discurso público.Juzga que las plataformas de las redes sociales se quitaron los guantes, envueltos en terciopelo para los legisladores y específicamente la nueva administración de Biden.

Aduce que no existe alternativa, pues implica la aplicación de la Primera Enmienda a las plataformas que son efectivamente bienes públicos, por lo que el público debe decidir sobre las reglas del discurso, que solamente pueden ser a través del gobierno, ya que negar a alguien el acceso a tales plataformas en forma arbitraria sería similar a impedirles su acceso al transporte público y ésa no es una decisión que los ejecutivos de una empresa privada puedan hacer. ¡Nada menos que el mismo discurso que los mandatarios de Alemania y México!

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Lunes, 18 Enero 2021 05:52

Militar la patente

Planta de Pfizer en Amboise, Francia AFP, ALAIN JOCARD

Cómo las farmacéuticas se aseguraron el monopolio sobre la vida y la muerte

Pfizer encabeza una dura oposición a la propuesta de suspender los derechos de propiedad intelectual para las vacunas contra el covid-19. En el pasado, la misma empresa lideró el lobby que hoy impide el acceso de los pobres a medicamentos cruciales.

 

La vacuna contra el covid-19 desarrollada por el gigante farmacéutico Pfizer junto con su socio alemán Biontech fue la primera en ser aprobada por varios Estados para su uso de emergencia y su aplicación ya se encuentra en estado avanzado en varios países. No obstante, mientras esto sucede, Pfizer ha mostrado una vehemente oposición a uno de los esfuerzos globales más importantes realizados en pos de garantizar que los países pobres puedan acceder a la inmunización contra la enfermedad.

En octubre, India y Sudáfrica presentaron una propuesta para que la Organización Mundial del Comercio (OMC) suspendiera de forma temporal la vigencia de las patentes de los tratamientos contra el covid-19, en virtud del acuerdo de propiedad intelectual conocido como Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Apoyada ahora por casi un centenar de países, la iniciativa permitiría la producción asequible de tratamientos genéricos durante lo que dure la pandemia.

Si se aprueba, la propuesta podría salvar innumerables vidas en el Sur global, en momentos en que los países ricos acaparan los stocks de vacunas (véase «Sálvese quien pague», Brecha, 18-XII-20) y cuando un estudio realizado por científicos de la Universidad Johns Hopkins advierte que una cuarta parte de la población mundial no recibirá el pinchazo hasta 2022 (British Medical Journal, 15-XII-20). Pero, hasta ahora, Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido, Noruega, Suiza, Japón y Canadá han bloqueado la moción, a pesar de que en el contexto actual las demoras en el acceso a las vacunas significan, en los hechos, más muertes.

Con Pfizer a la cabeza, la industria farmacéutica, preocupada por proteger sus ganancias, es un socio poderoso de este frente opositor. «La propiedad intelectual es la sangre del sector privado y es la que trajo una solución a esta pandemia. En este momento, no es una barrera», declaró a comienzos de diciembre Albert Bourla, su director ejecutivo. Días antes, Pfizer había registrado oficialmente su oposición a la propuesta de India y Sudáfrica en un artículo del 5 de diciembre en The Lancet, en el que afirmaba que «un modelo global único [de acceso a las vacunas] ignora las circunstancias específicas de cada situación, de cada producto y de cada país».

En los alegatos de la empresa, el marco actual de las normas de propiedad intelectual y de los monopolios farmacéuticos es presentado como un orden planetario basado en el sentido común y cuyos beneficios para la sociedad serían evidentes. En realidad, estas normas internacionales son relativamente recientes y fueron moldeadas, en parte, por la propia Pfizer. Desde mediados de la década del 80 hasta principios de la del 90, la empresa desempeñó un papel fundamental en el establecimiento de las mismas reglas de propiedad intelectual de la OMC que ahora invoca para argumentar en contra de la liberación del suministro de vacunas para los países pobres. La «sangre del sector privado» mentada por Bourla no corresponde a un orden natural, sino que refleja una estructura comercial global que la compañía ayudó a crear en detrimento de los pobres de todo el mundo.

UNA CAMPAÑA CORPORATIVA

A mediados de la década del 80, el entonces presidente de Pfizer, Edmund Pratt, tenía una misión: asegurar que se incluyeran fuertes protecciones para la propiedad intelectual en la Ronda Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés). Aquellas fueron las negociaciones multinacionales de comercio que resultarían en el establecimiento de la OMC en 1995. El razonamiento de Pratt era simple: semejantes protecciones eran vitales para proteger la «competitividad» global de su empresa y de otras industrias estadounidenses.

Pratt tenía un poder institucional considerable más allá de su puesto corporativo. Como señalan los investigadores de Harvard e Insead Charan Devereaux Robert Z. Lawrence y Michael D. Watkins en su libro Case Studies in US Trade Negotiation, Pratt formó parte del Comité Asesor sobre Negociaciones Comerciales de los gobiernos de Jimmy Carter y Ronald Reagan. En 1986, cofundó el Comité de Propiedad Intelectual, un organismo que se dedicaría a construir vínculos con corporaciones de Europa y Japón, se reuniría con funcionarios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de la ONU y llevaría adelante un agresivo lobby para garantizar que se incluyera la propiedad intelectual en las negociaciones comerciales.Ya en aquellos años, tanto a nivel mundial como estadounidense, Pfizer jugaba un rol importante en la promoción de la idea de que el comercio internacional debía depender de unas determinadas reglas de propiedad intelectual: según su concepción, los países que no siguieran las reglas de propiedad intelectual estadounidenses se dedicaban a la piratería. Los expertos en regulación comercial internacional de la Universidad Nacional de Australia Peter Drahos y John Braithwaite señalan, en su libro Information Feudalism, que «como el batir de un tambor, el mensaje sobre la propiedad intelectual se fue replicando por las redes empresariales, las cámaras de comercio, los consejos directivos, los comités de negocios y los organismos corporativos. Progresivamente, los ejecutivos de Pfizer que ocupaban puestos clave en las gremiales empresariales estratégicas lograron reclutar el apoyo de esos grupos a una concepción de la propiedad intelectual que estaba basada en el comercio».

Por aquel entonces, la idea de que la propiedad intelectual debía ser parte de las reglas comerciales internacionales no era algo universalmente aceptado. Muchos países del tercer mundo se resistieron a su inclusión, con el argumento de que, si se establecían normas más estrictas de propiedad intelectual, se iba a estar protegiendo el poder monopolístico de las corporaciones y se socavarían los controles internos de precios.

En 1982, la primera ministra de India, Indira Gandhi, decía a la Asamblea Mundial de la Salud, el máximo órgano de decisión de la OMS, que «un mundo mejor ordenado será aquel en el que los descubrimientos médicos estén libres de cualquier patente y donde no se haga negocio a partir de la vida y la muerte». Y en 1986, el Christian Science Monitor informaba que «Brasil y Argentina encabezan un grupo que ha bloqueado los intentos de Estados Unidos de incluir la protección de la propiedad intelectual en la nueva ronda de conversaciones de comercio».

Pero el presidente de Pfizer tenía aliados poderosos, entre ellos el presidente del gigante tecnológico IBM, John Opel. Sus esfuerzos combinados desempeñaron un papel clave para asegurar que finalmente se incluyeran reglas de propiedad intelectual en las negociaciones del GATT. Pratt nunca dudó en atribuirse ese éxito. «Esta victoria en el GATT, que establece disposiciones para la propiedad intelectual, resultó en buena parte de los esfuerzos a brazo partido hechos por el gobierno de Estados Unidos y las empresas estadounidenses, incluida Pfizer, durante las últimas tres décadas. Hemos estado en esto desde el principio, asumiendo un rol de liderazgo», declaró por entonces, tal como lo recogen los investigadores Lori Wallach y Patrick Woodall en su libro Whose Trade Organization? The Comprehensive Guide to the WTO.

Durante las negociaciones para la protección de la propiedad intelectual en el GATT, el grupo de lobby cofundado por Pratt jugó un papel activo como organizador de empresarios de Estados Unidos, Europa y Japón decididos a conseguir una regulación fuerte en la materia. Cuando, a mediados de los años noventa, se estableció formalmente la OMC y se firmaron los acuerdos internacionales, Pratt ya no era presidente de Pfizer, pero su contribución y el papel de la empresa que había dirigido todavía se hacían sentir. Fueron Pratt y Opel quienes, desde un comienzo, «diseñaron, presionaron y engatusaron al gobierno estadounidense para que incluyera la propiedad intelectual como uno de los temas de negociación», en palabras de uno de los miembros del equipo negociador de Estados Unidos citado por Devereaux, Lawrence y Watkins.

El acuerdo sobre los ADPIC de la OMC, que entró en vigor en 1995, se convertiría en el «acuerdo sobre propiedad intelectual más importante del siglo XX», escriben por su parte Drahos y Braithwaite. Ese tratado puso a la mayor parte del mundo bajo estándares mínimos de propiedad intelectual, parte de los cuales significaron el establecimiento de un monopolio global de patentes en manos de las empresas farmacéuticas. Para Dean Baker, economista y cofundador del think tank izquierdista Center for Economic and Policy Research, «el acuerdo sobre los ADPIC de la OMC requirió que países de todo el mundo adoptaran normas de patentes y derecho de autor de tipo estadounidense. Anteriormente, ambos temas habían estado fuera de los acuerdos comerciales internacionales y los países podían tener las reglas que quisieran al respecto. India tenía una industria farmacéutica bien desarrollada en la década del 90. Antes del acuerdo, el Estado no permitía que las empresas farmacéuticas patentaran medicamentos. Podrían patentar procesos, pero no medicamentos».

ACCESO LIMITADO

El acuerdo sobre ADPIC trajo fabulosas ganancias a las compañías farmacéuticas y «elevó los costos farmacéuticos en Estados Unidos, al tiempo que restringió aún más la disponibilidad de medicamentos vitales en los países en vías de desarrollo de la OMC», según afirma la ONG Public Citizen, dedicada al contralor de prácticas corporativas. Esta dinámica se manifestó de forma brutal durante la crisis del sida, que se encontraba en su apogeo cuando se creó la OMC. «Le tomó al gobierno sudafricano casi una década romper los monopolios de las compañías farmacéuticas extranjeras que mantenían al país como rehén y condenaban a su gente a la muerte», recordaban hace poco en The New York Times (7-XII-20) Baker, el activista por la salud pública Achal Prabhala y el economista Arjun Jayadev.

Es difícil pensar en un escenario más propicio para defender una suspensión de las leyes de propiedad intelectual que el de una pandemia mundial, un argumento que ciertamente no es marginal en el contexto político actual. Además de una larga lista de activistas globales, los principales grupos de derechos humanos y los expertos en la materia de la ONU han sumado sus voces a la demanda de suspender las leyes sobre patentes. Sus llamamientos continúan lo iniciado por el movimiento por la justicia global de la década del 90 y principios de la del 2000, que puso en cuestión el papel que tuvo la OMC –junto con otras instituciones globales, como el Banco Mundial y el FMI– en la destrucción, a manos de las corporaciones, de las regulaciones nacionales en materia laboral, ambiental y de salud pública. Un punto clave de su crítica fue el enorme poder de las corporaciones estadounidenses en la OMC, que se revela hoy en su bloqueo de la propuesta para suspender las patentes de las vacunas contra el covid-19.

Pfizer no es la única que se opone a pausar por un momento las reglas de propiedad intelectual. Las gremiales de la industria farmacéutica y empresas individuales, se han manifestado con toda su fuerza en contra de estas propuestas. «La influencia de la industria farmacéutica es enorme», señala Baker. «No hace falta decir que Trump apoyará estas corporaciones. Incluso Biden será presionado por la industria farmacéutica y tendrá enormes dificultades para hacer algo que a esta no le guste».

La lucha sin cuartel de la industria farmacéutica por acaparar información que permitirá salvar vidas en plena pandemia contrasta con el gigantesco papel que ha tenido la financiación pública en el desarrollo de las vacunas (véase «Sálvese quien pague», Brecha, 18-XII-20). Sin embargo, con un costo estimado de 19,50 dólares estadounidenses por dosis en sus primeras 100 millones de dosis, la vacuna de Pfizer es demasiado costosa para muchos países pobres, particularmente a la luz de sus requisitos de almacenamiento. La compañía farmacéutica Astrazeneca, que produjo una vacuna junto con la Universidad de Oxford, se comprometió, en 2020, a facilitar el acceso de los países pobres a su producto y afirmó que no obtendrá ganancias durante lo que dure la pandemia. Pero, al mismo tiempo, «se ha reservado el derecho a declarar el fin de la pandemia a partir de julio de 2021», según señalan en el Times Prabhala, Jayadev y Baker.

Se podría tomar un mapa de la pobreza mundial, colocarlo sobre un mapa de acceso a las vacunas y se obtendría una coincidencia virtual de uno a uno. «Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y otros países están reservando dosis en proporciones que superan con creces el tamaño de sus poblaciones», informó en diciembre The New York Times, «mientras que muchas naciones pobres luchan por asegurarse apenas lo suficiente» (15-XII-20). Es el resultado lógico de un sistema diseñado desde el principio para reforzar estructuras de poder existentes desde hace mucho tiempo y heredadas de un sistema colonial. Independientemente de las intenciones que se haya tenido, se dejará morir una vez más a las naciones negras y pardas, mientras que los países ricos del Norte global exceden con creces sus propias necesidades. Dado el riesgo de que podamos ver un apartheid global de la distribución de vacunas, en el que los países pobres continúan enfrentando pérdidas devastadoras mientras que los países ricos persiguen la inmunidad colectiva, no parece que alcance con vagas garantías de benevolencia empresarial. Como dice Baker, «¿no querría usted que todas las vacunas estuvieran disponibles tanto como sea posible?».

(Publicado originalmente en In These Times con el título «Pfizer Helped Create the Global Patent Rules. Now it’s Using Them to Undercut Access to the Covid Vaccine». Traducción y titulación en español de Brecha.)

Por Sarah Lazare
15 enero, 2021

Publicado enSociedad
Lunes, 18 Enero 2021 05:46

Que te cure Lola

Aplicación de la vacuna contra la covid-19 en fase de prueba en Sudáfrica. AFP, SIPHIWE SIBEKO

El uso que el big pharma hace de los países pobres

Principales empresas del rubro se benefician de bajos costos para hacer experimentos en el Sur global. Pero una vez descubiertos los medicamentos, su acceso suele estar vedado para esas naciones.

Albert Bourla, director general de Pfizer, ha tenido palabras de elogio para «las casi 44 mil personas que de forma desinteresada levantaron la mano para participar en nuestras pruebas». «Cada uno de ustedes ha contribuido para que el mundo esté un paso más cerca de nuestro objetivo común de desarrollar una vacuna contra esta pandemia devastadora», escribió Bourla en una carta pública a los voluntarios que formaron parte de las investigaciones de la vacuna de Pfizer contra el covid-19 hechas en Argentina, Sudáfrica, Brasil, Alemania, Turquía y Estados Unidos. La misiva fue publicada el 9 de noviembre de 2020, el mismo día en que Pfizer anunció que su vacuna superaba el 90 por ciento de efectividad en la prevención de la enfermedad. Bourla atribuyó este logro a los voluntarios: «Ustedes son los verdaderos héroes. El mundo entero tiene con ustedes una tremenda deuda de gratitud».

Argentina, Sudáfrica, Brasil y Turquía tendrán que conformarse con estas muestras de gratitud de Pfizer, porque no recibirán, al menos no en el corto plazo, suficientes vacunas para vacunar a sus poblaciones. Mientras tanto, Estados Unidos y Alemania –junto con Canadá y el resto de la Unión Europea (UE)– se han asegurado suficientes dosis de varias vacunas contra el covid-19 como para inocular varias veces a sus poblaciones. Aunque Estados Unidos enfrenta problemas logísticos en su campaña de vacunación, se estima que eventualmente alcanzará un stock suficiente. Durante el verano boreal, encargó 100 millones de dosis de la vacuna de Pfizer a cambio de 1.950 millones de dólares. En los últimos días de diciembre, el Departamento de Salud y Servicios Humanos anunció un acuerdo para comprar 100 millones de dosis adicionales de vacunas de aquí a julio de 2021 y el gobierno tiene la posibilidad de adquirir 400 millones más de dosis. Washington compró además 200 millones de dosis de la vacuna de Moderna, que llegarían el segundo trimestre de 2021, y se reserva la opción de comprar hasta 300 millones de dosis extras. También firmó con Ology, Sanofi, Novavax y Johnson & Johnson para comprar dosis suplementarias, aunque estas vacunas se encuentren aún en las primeras etapas de su desarrollo.

CONEJILLOS DE INDIAS

Las empresas farmacéuticas y sus directivos ya cosechan grandes ganancias. El mismo día que envió su carta abierta, Bourla, cuyo patrimonio neto se estima en más de 26 millones de dólares, vendió más de 5 millones de dólares de sus acciones de Pfizer. La farmacéutica obtuvo en 2020 ganancias de al menos 975 millones de dólares debido a su vacuna y se espera que recaude 19.000 millones de dólares más en 2021, de acuerdo a estimaciones de Morgan Stanley. El margen de ganancia de Pfizer sobre la vacuna se estima entre un 60 y un 80 por ciento. Morgan Stanley también ha proyectado que en 2021, gracias a su vacuna, Moderna ganará como mínimo 10.000 millones de dólares.

Los 100.000 millones de dólares en ventas de vacunas contra el covid-19 que ha estimado la consultora Evercore ISI sin duda son parte de lo que atrajo a las empresas farmacéuticas al desarrollo de estos inmunizantes. Pero el cálculo es diferente para los participantes en las investigaciones. En los países en vías de desarrollo «encontrás personas que no tienen cobertura de salud, están desesperadas por atención médica y sólo les quedan disponibles las migajas de la investigación científica», dice Harriet Washington, experta en ética médica de la Universidad de Las Vegas.

Esa desesperación es sólo parte de la razón por la que las compañías farmacéuticas llevan a cabo la mayoría de sus pruebas en países pobres. Según Washington, la relativa falta de control y los menores costos operativos son razones adicionales por las que la industria farmacéutica se siente atraída por esos países. Los participantes en las investigaciones de la vacuna contra el covid-19 en Argentina, Brasil, Sudáfrica y Turquía «trabajan más barato que la gente en Estados Unidos o Alemania», afirma.

El problema ético que esto crea –la gente en los países en vías de desarrollo tiene menos acceso a los avances médicos, a pesar de que asume una parte desproporcionada de los riesgos que permiten su descubrimiento– es mucho más viejo que la pandemia de coronavirus. «Hay desigualdades inherentes que se repiten en cada epidemia», dice Washington. «Es un patrón constante; lo vas a encontrar cualquiera sea el caso en que te fijes».

Participen o no en investigaciones sobre medicamentos, los habitantes de los países con ingresos medios y bajos suelen carecer de acceso a avances médicos que pueden salvar vidas, pero cuyos precios están fuera de su alcance. Gilead, que tiene la patente del sofosbuvir, un medicamento clave contra la hepatitis C, ofrece una ilustración clara y trágica de lo mortal que puede ser esta dinámica. En Brasil, en junio de 2019, sólo una de cada siete personas que necesitaban este medicamento vital lo había recibido. En ese país, miles de personas han muerto por esta enfermedad curable, según la organización sin fines de lucro Make Medicines Affordable.

Aunque eventualmente muchos medicamentos terminan estando disponibles, para la gente de los países en vías de desarrollo el acceso a ellos suele retrasarse, como ha ocurrido con los medicamentos para el VIH, a los que todavía no pueden acceder unas 15 millones de personas infectadas en todo el mundo. En algunos países pobres estos medicamentos llegaron más de una década después de haber sido utilizados en los países ricos.

«Observamos retrasos en casi todas las intervenciones en el mundo entero, se trate de un nuevo medicamento o de un dispositivo médico», dice el doctor Krishna Udayakumar, director fundador del Centro de Innovación de Salud Global de la Universidad de Duke, y agrega: «Los productos que llegan a los mercados de los países de ingresos bajos y medios no producen tanto dinero». Como resultado, en gran parte del mundo, la posibilidad de contar con esas novedades vitales suele depender de la financiación de donantes, «que es siempre inferior a la que quisiéramos», sostiene Udayakumar.

Las consecuencias mortales del atraso en el acceso a la vacuna contra el covid-19 serán evidentes durante 2021. La cantidad de personas vacunadas en todo el mundo dependerá en parte del éxito de otras posibles vacunas candidatas y de la necesidad de administrarlas en una o dos dosis. Pero ya está claro que la mayoría de los países no tendrá dosis suficientes, mientras que los países ricos acaparan las reservas. Una iniciativa internacional tendiente a garantizar el reparto equitativo de las vacunas, denominada COVAX Advance Market Commitment, regida por la público-privada alianza de salud GAVI, busca proporcionar a los países participantes vacunas suficientes para inmunizar hasta el 20 por ciento de su población para finales de 2021. Pero, incluso en el mejor de los casos, este objetivo dejaría a la gran mayoría de la población sin vacunar. Y está «supeditado a la disponibilidad de fondos», como lo dice con claridad el sitio web del grupo (véase «Sálvese quien pague», Brecha, 18-XII-20).

Algunos activistas de la salud pública internacional han mostrado su frustración con respecto a GAVI. «El día uno, cuando se vacunó a la primera persona en Reino Unido, deberíamos haber visto el equivalente en un país en vías de desarrollo», afirma Kate Elder, asesora principal de políticas de vacunación de Médicos sin Fronteras. «Pero eso no pasó. Y no tenemos ningún dato concreto de cuándo llegarán las dosis necesarias para estos países». Elder señala que, a pesar del objetivo declarado de facilitar un acceso igualitario, el esfuerzo internacional para la distribución de vacunas se ve afectado por el desequilibrio mundial en materia de poder y de riqueza. «GAVI nunca denunciará el “nacionalismo de vacunas”, porque sus mayores donantes –como el Estado británico– son los miembros más poderosos de su junta directiva», sostiene.

El Banco Mundial aporta ayuda adicional para la entrega de vacunas, pero lo hace bajo la forma de préstamos que los países pobres tendrán luego que pagar. Debido a las demoras, es muy probable que mucha gente en países de bajos ingresos no reciba la vacuna antes de 2023 o 2024, lo que resultaría en un número desconocido de muertes.

UNA HISTORIA DE ÉXITO QUE NO CIERRA

«Estamos ante un apartheid mundial de vacunas», denuncia Zain Rizvi, investigador de derecho y política en la ONG Public Citizen, que predice que el retraso en la vacunación tendrá consecuencias «calamitosas». Public Citizen ha propuesto varias soluciones para que Estados Unidos amplíe el acceso a las vacunas, entre ellas la construcción de nuevas instalaciones de producción y el recurso a una oscura norma (sección 1498 del título 28 del Código de Estados Unidos, referida a casos de patentes y derechos de autor) que le permite al gobierno saltarse las patentes privadas en el caso de invenciones financiadas por el Estado. Mientras tanto, Kenia, India y Sudáfrica presentaron a la Organización Mundial del Comercio una medida que permitiría renunciar a ciertos derechos de propiedad intelectual sobre los productos relacionados con el coronavirus, incluidas las vacunas. La propuesta, apoyada por 99 países, aún no ha sido adoptada después de haber sido rechazada por Estados ricos como Estados Unidos, los miembros de la UE, Japón, Reino Unido y Australia (véase «Militar la patente» en este número).

Pero la quita de las patentes es sólo un primer paso para permitir el acceso mundial a las vacunas. «El know-how es, a corto plazo, un problema mucho más grande», señala James Love, que dirige el grupo sin fines de lucro Knowledge Ecology International. Love cita el caso de Moderna, el fabricante de vacunas financiado por el gobierno federal estadounidense, que ha prometido que no aplicará la patente de su vacuna. «Pero, aun así, no podés fabricarla si no sabés los detalles de cómo la hicieron», dice Love. «Hay que obligar a quienes tienen el know-how a compartirlo, porque estamos en una puta pandemia», insiste.

Mientras que el gobierno de Estados Unidos y las empresas que este ha financiado para fabricar vacunas ya reciben el crédito por poner fin a la pandemia, Love señala que algo no cierra en esa historia de éxito: los contribuyentes terminaron siendo obligados a pagar por acuerdos que limitaban el acceso mundial a las vacunas. «Hay quienes van a decir que esto es un tremendo éxito por la innovación lograda», piensa Love. «Pero la realidad es que el Estado tomó nuestro dinero, se lo dio a las empresas y redactó contratos desastrosos por los que terminamos con muy pocos derechos sobre inventos que nosotros mismos financiamos», se lamenta.

El problema podría haber sido evitado «si el gobierno hubiera incluido un intercambio obligatorio del know-how en cada uno de sus contratos, de manera tal que la transferencia de tecnología habría podido comenzar apenas esas vacunas estuvieran en la fase de pruebas», dice Love. «Pero no fue así. Y una de las consecuencias de esas concesiones es que terminamos condenando a los países en vías de desarrollo a acceder tarde a las vacunas», concluye.

Lo cierto es que la administración de Donald Trump ha sido particularmente generosa con la industria farmacéutica, ha eliminado de algunos de sus contratos las protecciones estándar en materia de acceso que favorecían a la población y ha bloqueado los esfuerzos internacionales para mancomunar recursos en la lucha contra la pandemia. «Joe Biden tiene el poder de cambiar esto», sostiene Rizvi. «Puede pensar más allá, compartir la receta de la vacuna y ayudar a aumentar la producción y la capacidad de fabricación para incrementar el aprovisionamiento rápidamente». Por su parte, Washington cree que también son solucionables los dilemas éticos planteados por la investigación sobre las vacunas contra el covid-19 en países que tal vez no accedan a ellas durante años. «Las desigualdades son fáciles de corregir –plantea–, sólo tenés que tratar a las personas de los países pobres de la misma manera en que tratás a las demás».

(Publicado originalmente en The Intercept, bajo el título World Faces Covid-19 «Vaccine Apartheid». Brecha traduce y publica con autorización.)

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Domingo, 17 Enero 2021 05:43

Capitalismo de vigilancia

Capitalismo de vigilancia

La era del capitalismo de la vigilancia, de Shoshana Zuboff, se transformó rápidamente, pese a su extensión, en un libro de referencia, y su título sintetizó un momento del capitalismo. ¿De qué forma se mercantilizan los datos personales y qué efectos tiene eso sobre las personas? ¿Qué tan pertinentes son los conceptos de expropiación y desposesión digital? ¿Estamos frente a una nueva lógica de acumulación capitalista?

 

Casi todos los años, desde 2013, un rasgo definitorio pronosticado o declarado, en retrospectiva al menos, por alguna gran publicación –The Economist, The Guardian, Oxford English Dictionary, Financial Times– ha sido el techlash, la reacción contra el exceso digital. Si tuviésemos que buscarle un origen a este discurso, probablemente estaría en las revelaciones efectuadas por Edward Snowden en 2013, pero los gigantes tecnológicos se convirtieron realmente en tema de preocupación para la clase dominante con los levantamientos políticos de 2016. Que las empresas y los Estados tengan a su disposición asombrosas cantidades de datos sobre nosotros no es, al parecer, tan problemático si esos datos están bajo el control seguro de personas con las que nos identificamos tácitamente. Las campañas de Barack Obama fueron las primeras en aprovechar con gran ventaja la microfocalización que hace un uso intensivo de los datos, pero cuando los expertos en datos –en ocasiones, la misma gente– prestaron sus destrezas a Donald Trump y a la campaña por la salida del Reino Unido de la Unión Europea, Facebook apareció como un sirviente del hombre de la bolsa populista. Se aprobaron leyes, como la Regulación General de Protección de Datos de 2016 en la Unión Europea y la Ley de Privacidad del Consumidor de 2018 aprobada por el estado de California. Organizaciones de todo el mundo tuvieron que retocar los procedimientos de suscripción a sus boletines informativos, pero los señores de los datos siguieron adelante.

En este contexto discursivo destaca una figura, por la importancia de su contribución y la aclamación que ha recibido. Comenzando en 2013, con diversos artículos en el Frankfurter Allgemeine Zeitung, y culminando en el libro de 2019 titulado The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power1, Shoshana Zuboff describía un nuevo tipo de capitalismo inclinado a convertirnos en ratas de laboratorio de la psicología conductista.Asombrosamente para un libro que sonaba un tanto marxiano –al incluir entre sus temas no solo el capitalismo sino también la expropiación, el excedente económico y las enormes asimetrías de poder–, La era del capitalismo de la vigilancia obtuvo la aprobación de Obama, que había presidido una enorme expansión de la vigilancia masiva, bajo el programa prism de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense. Zuboff se unió como cuarta galardonada con el Premio Axel Springer al archicapitalista de la vigilancia, Mark Zuckerberg, al inventor de la red, Tim Berners-Lee, y al aspirante a capitalista de la vigilancia Jeff Bezos, receptores también del mismo galardón en las ediciones anteriores. ¿Cómo explicar que una crítica haya sido canonizada tan de inmediato? Las continuidades en la obra de Zuboff hacen que resulte instructivo esbozar toda su trayectoria.

La historia de Zuboff, nacida en 1951, comienza en la fábrica de su abuelo materno, empresario e inventor que tal vez le inspirase el gusto por los negocios y la tecnología. En Harvard estudió con uno de los principales conductistas, B.F. Skinner, y comenzó una tesis en psicología social titulada «The Ego at Work»2. Pero desde sus años de estudiante tuvo un pie en el mundo de la gestión empresarial, trabajando durante un tiempo en Venezuela como «asesora de cambio organizacional» para la empresa de telecomunicaciones estatal, periodo durante el cual estudió a trabajadores que se trasladaban desde la selva. Poco después de completar su doctorado, empezó a examinar las repercusiones psicológicas y organizacionales del trabajo efectuado con computadoras, lo que culminó en un libro hoy ampliamente considerado como un clásico: In the Age of the Smart Machine: The Future of Work and Power [En la era de la máquina inteligente. El futuro del trabajo y el poder] (1988).

Centrado en estudios etnográficos sobre un puñado de empresas estadounidenses que estaban introduciendo nuevas tecnologías informáticas, In the Age of the Smart Machine ofrecía una explicación humanista de las dificultades de trabajadores y directivos para adaptarse. Como tal, quizá pueda interpretarse como una aportación no marxista a los debates sobre el proceso de trabajo que tenían lugar en aquella época y que comenzaron con el libro publicado en 1974 por Harry Braverman, Trabajo y capital monopolista: la degradación del trabajo en el siglo xx. Pero Zuboff no hacía hincapié simplemente en las repercusiones de la automatización para los trabajadores, porque la informatización del proceso de trabajo no solo reproducía algo hecho por el cuerpo humano: producía un nuevo flujo de información que formaba un «texto electrónico» que se volvería fundamental para el nuevo proceso de trabajo.

Para Zuboff, el verbo «automatizar» (automate) necesitaba, en consecuencia, complementarse con el de «informar», para lo que ella acuñó un nuevo verbo en inglés, informate. La parte más amplia del libro estaba dedicada a la «información» en este sentido e investigaba cómo afrontaban los trabajadores la textualización del lugar de trabajo, de qué forma la importancia dada al conocimiento conducía a una nueva «división del aprendizaje» y cómo los directivos intentaban reforzar su autoridad. Los análisis de Zuboff de las culturas digitales que se desarrollaron en torno de los tablones de anuncios en la década de 1980 eran misteriosos presagios de lo que se produciría en la era de las redes sociales de masas. Y en el último tercio del libro estudiaba las repercusiones más oscuras del texto electrónico a medida que fuera utilizado para apoyar la vigilancia sobre los trabajadores en una materialización del «poder panóptico». Si la información iba a ser una herramienta de «la certidumbre y el control» gerenciales, se preguntaba Zuboff, ¿quedarían las personas reducidas a «servir a una máquina inteligente»? Invocando a Hannah Arendt, imaginaba el ideal conductista de sociedad controlada por la vigilancia y los empujoncitos haciéndose realidad en la informatización del ámbito laboral. Pero el análisis de Zuboff había indicado una alternativa, basada en un uso más horizontal del texto electrónico.

In the Age of the Smart Machine le sirvió a Zuboff para obtener un puesto permanente en Harvard, pero seguía teniendo un pie fuera del mundo académico, y en 1987 fue contratada como asesora de la empresa Thorn emi por el consejero delegado Jim Maxmin, quien se convertiría en su coautor y esposo. En la década de 1990 dirigió una escuela de verano para ejecutivos de mediana edad, en la que los animaban a reflexionar sobre cosas como qué «patrimonio neto» era suficiente. Desde su casa situada a orillas de un lago en Nueva Inglaterra, Zuboff y Maxmin gestionaban un fondo de inversión en comercio digital al tiempo que trabajaban en el libro que se publicaría en 2002, The Support Economy: Why Corporations Are Failing Individuals and the Next Episode of Capitalism [La economía como red de apoyo. Por qué las empresas les fallan a los individuos y el próximo episodio del capitalismo], que ahondaba en la historia empresarial para elaborar una periodización de la «lógica empresarial». Pero el hilo central era un relato sobre el largo proceso de surgimiento del individuo autónomo que habría sonrojado a Hegel. Los deseos de este individuo eran siempre anteriores a cualquier cosa que estuvieran haciendo las empresas, a la espera de ser liberados por emprendedores astutos y capaces de alinearse con el consumidor final y fundar una nueva lógica empresarial.

Josiah Wedgwood fue el primero de estos grandes hombres, Henry Ford, el segundo, aunque como principales consumidoras, las mujeres eran las protagonistas no reconocidas de la historia capitalista. Basándose en la noción de capitalismo gerencial propuesta por Alfred D. Chandler y en el concepto de segunda modernidad de Ulrich Beck, Zuboff y Maxmin describieron cómo, en el mundo alumbrado por Ford, la creciente individualidad psicológica acabó estrellándose contra las rocas de las organizaciones burocratizadas y de las culturas corporativas masculinistas: esta era la contradicción central y motivadora de su teoría. A las empresas solo les preocupaba el «valor de transacción» y contemplaban al consumidor final como un simple medio. Las relaciones combativas con los consumidores eran síntomas de una «crisis de transacción». Había llegado por lo tanto el momento de que un nuevo profeta pusiera de manifiesto aquellos deseos latentes. Tan solo con que propinasen un giro copernicano hacia el consumidor final, las empresas encontrarían un mundo de «valor de relación» acumulado. Necesitarían basarse en las nuevas tecnologías y ahorrar costos mediante la fusión de infraestructuras digitales, orientándose a la provisión de «soporte» configurado para el individuo. La «revolución» económica proyectada parecía implicar la generalización de algo parecido a un asistente personal de los ejecutivos.

Zuboff expuso estas ideas en artículos para la prensa de negocios, pero su fragilidad conceptual se volvía más visible cuando el mundo de los sueños se topaba con la realidad. Steve Jobs era presentado como un «líder histórico» capaz de corregir los errores del capitalismo estadounidense en nombre del «soporte»; Obama también fue reclutado con naturalidad. En 2008, Zuboff peregrinó hacia Silicon Valley «con la esperanza de encontrar líderes que comprendiesen la crisis», pero le asqueó ver la obsesión de ganar dinero con la publicidad. Desilusionada por la dirección tomada por la tecnología estadounidense, comenzó el proyecto que se convertiría en su siguiente libro. Si The Support Economy era una utopía del asesor gerencial, La era del capitalismo de la vigilancia es la distopía que emerge cuando la profecía falla. En este mundo, lo que está equivocado fundamentalmente es un mal modelo empresarial, que se está desbocando. Se trata de un volumen extenso e indisciplinado de casi 700 páginas, cuyo enfoque se desliza de lo sistemático a lo ensayístico. Estructurado en torno de tres partes, pasa de los «cimientos» al «avance» del capitalismo de vigilancia, antes de ampliar el objeto de análisis para considerar la tecnología como base del poder. Los examinaremos uno a uno.

Zuboff comienza volviendo a una cuestión central de su primer libro: si vamos a ser reducidos a trabajar para las máquinas, o viceversa. Solo que ahora el problema atañe a la «civilización de la información». Las máquinas como tales no están en juego, sin embargo, porque el capitalismo de vigilancia es una «forma de mercado» con sus propios «imperativos económicos», y Zuboff considera que la tecnología está modelada fundamentalmente por los fines económicos a los que sirve. La primera parte nos devuelve también al marco de The Support Economy: el capitalismo gerencial, la segunda modernidad, el largo proceso de surgimiento del individuo y la primacía de las necesidades de los consumidores en la historia económica. Pero la contradicción entre el individuo y el capitalismo gerencial encuentra ahora expresión en la aceptación masiva de internet y en los disturbios de 2011 en Reino Unido. Apple sigue siendo la salvadora prevista, el iPod defiende las necesidades de los consumidores, pero hay dos Apples –la humana y la divina– porque la empresa nunca se entendió propiamente a sí misma como la compañía de «soporte» orientada a la asesoría que Zuboff defiende. Si Apple debería haber sido la Ford de la tercera modernidad, será Google el que verdaderamente invente un nuevo tipo de empresa. El mundo no logró así efectuar la transición pronosticada y el capitalismo de vigilancia llenó el vacío, convirtiéndose en la «forma de capitalismo dominante».

El objetivo de Zuboff es revelar las «leyes del movimiento» de esa forma, trazando un paralelo con la explicación dada por Ellen Wood sobre los orígenes del capitalismo propiamente dicho. Google experimentó en sus comienzos un círculo virtuoso o «ciclo de reinversión de valor conductual»: las personas necesitaban búsquedas y las búsquedas podían mejorarse recogiendo los «datos conductuales» producidos por los usuarios. Hasta entonces Google había conseguido ser el tipo de empresa de Zuboff, pero a diferencia de Apple, no tenía un modelo de negocio sostenible. Tras el hundimiento de las puntocom, los inversores en capital de riesgo estaban hambrientos y forzaron un cambio en el aprovechamiento del excedente para utilizarlo en la publicidad dirigida. En este cambio, los datos conductuales se convirtieron en un «activo de vigilancia» y en materia prima para la producción de «derivados conductuales», «productos de predicción» y «futuros conductuales», las cosas que Google vendía de hecho a los anunciantes para obtener «ingresos derivados de la vigilancia». Esto, para Zuboff, fue un proceso de «acumulación primitiva» o «desposesión digital», y para ello llama en su auxilio a Karl Marx, Hannah Arendt, Karl Polanyi y David Harvey. Como otros antes que ella, Zuboff añade un artículo a la lista de mercancías ficticias de Polanyi: tierra, trabajo, dinero y datos conductuales. Dado que el mundo digital era inicialmente un territorio de frontera carente de leyes, Google pudo entrar como magnate ladrón y reclamar los abundantes «recursos naturales humanos». Si se establecieron monopolios, no fue en el sentido tradicional de distorsionar los mercados eliminando la competencia, sino como medio para «acorralar» los suministros de datos, dirigiendo a los usuarios a los rediles de la vigilancia. Mientras que In the Age of the Smart Machine se había analizado la «división del aprendizaje» en el ámbito laboral, esa división caracteriza ahora a la sociedad en general, a medida que los capitalistas de la vigilancia forman una nueva «casta sacerdotal» con una asombrosa concentración de poder.

El clima político instalado tras el 11-S condujo a un «excepcionalismo de vigilancia» que facilitó la metamorfosis de Google, que fue descubriendo sus afinidades electivas con la cia; por su parte, los aparatos de seguridad estadounidenses estaban felices de eludir los controles constitucionales entregando la tarea de recopilar datos a un sector privado muy poco reglamentado.

Entre el capital de vigilancia y el gobierno de Obama se establecería una puerta giratoria, mientras que Google canalizaría recursos inmensos a las actividades de cabildeo. En poco tiempo, Facebook se había unido al juego, usando la tecla del «Me gusta» para seguir a los usuarios por internet y vender derivados de los datos resultantes. Adonde iban, otros los seguían: bajo la dirección de Satya Nadella, Microsoft entró en la extracción de datos de los usuarios, comprando la red social LinkedIn, lanzando su asistente personal Cortana e introduciendo la vigilancia en el sistema operativo de Windows. Apoyado por el Congreso, Verizon también entró, dando comienzo al espionaje por parte del proveedor de servicios de internet y usando los datos resultantes para dirigir la publicidad.

Si la primera parte del libro cubre el grueso de la teoría de Zuboff, la segunda se centra en el avance del capitalismo de vigilancia en lo «real», a medida que su modelo de negocio, centrado en la predicción, pasa de seguir la conducta a modelarla e intervenir en ella. Hace tiempo que los tecnólogos predijeron que llegaría un momento en el que las computadoras saturarían la vida cotidiana a punto tal que acabaría desvaneciéndose. A medida que los capitalistas de la vigilancia persiguen la predicción perfecta, se ven obligados a avanzar en esta dirección, buscando «economías de gama» –mayor variedad de fuentes de datos– y «economías de acción»: generar modelos para volver las variables más predecibles. De ese modo desarrollan un nuevo «medio de modificación conductual». Uno de sus heraldos fue R. Stuart Mackay, quien en la década de 1960 desarrolló la telemetría para efectuar un seguimiento de los animales salvajes, antes de pasarse a la idea de configurar remotamente su conducta. Ahora los individuos se han convertido en objetos de seguimiento constante y las aseguradoras pueden adquirir la capacidad de apagar a distancia el motor de un automóvil cuando se produce un retraso en el pago. La infraestructura digital cambia así de «una cosa que tenemos a una cosa que nos tiene» (Zuboff siente aprecio por el quiasmo). Las pulseras y las aplicaciones para medir la actividad, Google Home y Alexa, los televisores inteligentes, la tecnología biométrica de Facebook, las «ciudades inteligentes», los sensores portátiles en el sector sanitario, los «tejidos interactivos», los juguetes infantiles o simplemente el teléfono inteligente: estamos sometidos a un espionaje constante y a la «entrega» de nuestra conducta en forma de datos, y no hay muchas posibilidades de evitarlo. Sobre esta base, pueden efectuarse análisis detallados del «patrón de vida» de los individuos, mientras que Baidu usa sistemas de seguimiento y localización para predecir los movimientos de la economía china. Los metadatos sobre patrones de conducta se convierten en herramientas para efectuar perfiles psicométricos, mientras se desarrollan mecanismos capaces de leer estados emocionales.

Facebook cruzó la línea de la manipulación social con sus experimentos sobre «contagio emocional», mientras que el juego de «realidad aumentada» Pokémon Go condujo el «tráfico peatonal» a las ubicaciones de empresas contribuyentes, planteando la pregunta de si los capitalistas de vigilancia podrían estar aventurándose en el diseño de «arquitecturas de elección». Los experimentos de modificación conductual realizados en la Guerra Fría, con reclusos y pacientes como objetivos, condujeron en una ocasión a una reacción legislativa que impidió un desarrollo mayor, pero ahora las empresas privadas avanzan, sin las trabas de un proceso democrático, en la búsqueda de «resultados garantizados». La propia conciencia del consumidor se convierte en una amenaza para los ingresos; la libertad y el «derecho al tiempo futuro» se ponen en peligro. El capitalismo de vigilancia encarna un nuevo tipo de capitalismo no menos trascendental que el industrial, y «la lucha por el poder y el control en la sociedad ya no va asociada a los datos ocultos de la clase y su relación con la producción, sino, por el contrario, a [sic] los datos ocultos de la modificación de la conducta diseñada y automatizada».

La tercera parte de In the Age of the Smart Machine estaba dedicada a la «técnica» en cuanto «dimensión material del poder». Aquí pasamos ahora, de manera similar, al tipo de poder augurado por el capitalismo de vigilancia. El término utilizado por Zuboff es «instrumentarismo»: «la instrumentación y la instrumentalización de la conducta para los fines de modificación, predicción, monetización y control». Mientras que el totalitarismo movilizaba la violencia para apoderarse del alma, el instrumentarismo observa silenciosamente y modela la conducta. Skinner fue su profeta, su libro Walden dos, la utopía. Para los conductistas, la libertad es una laguna en la explicación que debe superarse mediante la extensión de la ciencia conductista a la sociedad, y ahora la visión que ellos plantearon está siendo realizada por capitalistas de la vigilancia que buscan «sustituir la sociedad por la certidumbre», mientras persiguen su propia «utopística aplicada». La «física social» del profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts Alex Pentland entra al ataque como un intento de sustituir la política por un plan tecnocrático en nombre del «bien mayor». ¿«El bien mayor de quién?», pregunta con razón Zuboff.

Existen en la actualidad «calificaciones crediticias» de radicalismo y «calificaciones de amenaza» derivadas de las redes sociales, mientras que la empresa de creación reciente Geofeedia rastrea las localizaciones de los manifestantes. El sistema de crédito social chino –que vigila a los ciudadanos y aplica castigos y recompensas en consecuencia– no puede pasarse por alto, aunque Zuboff parece no tener muy claro qué hacer con él. «Conclusión lógica», por una parte, de la búsqueda de «certidumbre» que percibimos bajo el capitalismo de vigilancia –e instrumental más que totalitario–, el sistema de crédito social difiere en tanto que va dirigido a los resultados sociales, no de mercado. También es, asegura Zuboff, de dudosa importancia para su relato al estar formado por una cultura no democrática a la que no le interesa la privacidad; pero al mismo tiempo «transmite la lógica del capitalismo de vigilancia y el poder instrumental que este produce».

El individuo está ahora sitiado, enganchado a modos patológicos de socialidad mediante técnicas derivadas de la industria del juego, incapaz de forjar un sentimiento de identidad adecuado. «Efectos escalofriantes» llegan a la vida cotidiana a medida que las personas modelan su comportamiento para presentarlo en internet. Hay tintes de Sherry Turkle y Nick Carr en los lamentos de Zuboff por el hogar entendido como espacio meditativo para el cultivo del yo. Hacen falta «propuestas sintéticas», lo que parece aludir a medidas legislativas como el «derecho a ser olvidado» y el Reglamento General de Protección de Datos (2016) establecidos en la ue y respaldados por la acción colectiva.

Volvemos, en conclusión, a la relación entre los mercados, el conocimiento y la democracia. En el razonamiento de Friedrich Hayek y los conductistas, la libertad de los actores del mercado estaba asociada a la ignorancia. Con una información cada vez más completa, los capitalistas de la vigilancia amenazan a este dúo. De acuerdo con la visión optimista de Zuboff, el capitalismo se basó en otro tiempo en «reciprocidades orgánicas» entre empresas y personas. El intercambio de mercado equitativo formó el ímpetu de la revolución estadounidense y los industriales británicos se vieron obligados a hacer concesiones democráticas debido a que dependían de las «masas». Con el paso al modelo del valor para el accionista, estas reciprocidades se erosionaron; ahora, los capitalistas de la vigilancia han sobrecargado esta dinámica, produciendo organizaciones de «hiperescala» con descomunales valoraciones bursátiles, diminutas bases de empleados y una escasa dependencia de la sociedad. No ha habido «doble movimiento» polanyiano que imponga límites sociales a la explotación de los datos conductuales, y ahora nos enfrentamos a una «recesión democrática» mientras se pierde la asociación vital de los mercados con la democracia. Zuboff acaba con un popurrí de referencias que agradarían a cualquier atlantista liberal: Arendt sobre el totalitarismo, el desprecio que George Orwell sentía por James Burnham y la caída del Muro de Berlín.

Aunque a menudo recargado, La era del capitalismo de la vigilancia presenta una imagen interesante del paisaje infernal provocado por la actual tecnología capitalista. Zuboff acierta al afirmar la necesidad de nuevos nombres para lidiar con las transformaciones con que nos castigan los gigantes tecnológicos. La expresión «capitalismo de la vigilancia» identifica algo real y, aunque no fuera ella la primera en acuñarla, para mérito suyo ahora parece probable que entre en el uso general. Hay también algo asombroso en su viejo proyecto de vincular el poder tecnológico con la psicología conductista. Zuboff ha dedicado buena parte de su vida intelectual a forjar un Anti-Skinner que sitúe al individuo psicológico en el escenario central, librando una guerra contra sus reducciones positivistas a manos de científicos, directivos y capitalistas de la vigilancia. Probablemente sea este el aspecto en el que resulta más convincente. Pero las afirmaciones fundamentales de La era del capitalismo de la vigilancia son de carácter político-económico y deberían evaluarse como tales. ¿Qué puede decirse, entonces, de sus conceptos de expropiación y desposesión digital? Como desde hace tiempo afirman los defensores de la propiedad intelectual, hay algo especialmente extraño en la noción de que los datos sean cosas que puedan ser robadas, ya que no son bienes escasos, como ha señalado Evgeny Morozov en una reseña publicada en The Baffler. Mi posesión de un constructo de datos dado no impide que todos los demás lo tengan. Los datos conductuales pueden verse también como representaciones, y hace falta recurrir al pensamiento mágico para equiparar la representación con la posesión. Si alguien me espía y anota lo que hago, mi conducta no deja de ser mía. Ha dejado, por supuesto, su impronta en algo que yo no poseo, pero de todas formas eso no lo tenía desde el principio.

La idea de que tales datos pudieran ser «gastados» también tiene poco sentido y dado que ello no es así tampoco existe un espacio identificable superior a él. Se hace así imposible trazar la línea entre el primer «ciclo de reinversión inocuo» de datos conductuales por parte de Google y el aprovechamiento de un «excedente conductual». Los conceptos cuantitativos de la economía política son aquí equívocos, puesto que realmente no hablamos de magnitudes continuas, sino de diferentes usos de los datos: para mejorar un motor de búsqueda, y para mejorar la publicidad dirigida y de ese modo ganar dinero. Podríamos estar tentados de denominar a esto último «excedente» en relación con lo primero, pero ¿y si los mismos datos se utilizan para ambos? O, si lo que lo convierte en excedente es el uso comercial, y no una cantidad nominal de conducta, ¿qué deberíamos hacer ante el hecho de que Zuboff vea el sistema de crédito social chino –destinado al control social y no a la mercadotecnia– como una sanguijuela de excedente conductual? Y de nuevo ¿excedente de qué? ¿Es inocua alguna parte del sistema de crédito social, como el Google de los primeros tiempos?

Esta noción sustancialista de la conducta recuerda la cosmovisión del socialismo ricardiano en la que se considera el trabajo como algo aglomerado en los artefactos de la economía capitalista. Esto ayudó a avalar un cierto punto de vista moral: es nuestro trabajo, debería ser nuestro. Y hay una cierta cualidad intuitiva en la idea de que una cosa dada encarna directamente una cantidad determinada de trabajo, siempre que pensemos en empresas individuales (como el historiador empresarial tiende a hacer) o mercancías concretas, y no en la economía en su totalidad. Esas ideas han perdurado durante mucho tiempo y seguimos encontrando vestigios de ellas en la enredada noción de que, si subir algo a Facebook le permite a Zuckerberg ganar dinero, ello debe ser trabajo productivo, una consecuencia semihumorística de lo cual es la demanda «Salarios para Facebook» (Wages for Facebook). Zuboff distingue su posición concentrándose en la conducta y no en el trabajo, pero el sustancialismo y el punto de vista moral son prácticamente los mismos, aunque tengan aún menos sentido en el caso de los datos.

Zuboff afirma que el capitalismo de vigilancia es la forma dominante de capitalismo, con Google y Facebook convertidas en vanguardia de una dinámica que se está verificando en toda la economía. Sin duda estas empresas son muy poderosas y tienen extraordinarias capitalizaciones bursátiles, pero casi la totalidad de sus ingresos deriva de la publicidad. Aun cuando entramos en una informatización ubicua, ciudades inteligentes y demás procesos análogos, los ingresos publicitarios siguen siendo la principal razón por la que las empresas privadas acumulan datos sobre los usuarios. ¿Quién compra esos anuncios? En gran medida otras empresas, lo que significa que la publicidad en general es un costo para estas y, por lo tanto, una deducción de sus beneficios totales: en términos de la economía política clásica, es uno de los faux frais de la producción. La rentabilidad de los anunciantes está limitada por la de empresas de otros sectores, puesto que dependen de ellas para la obtención de ingresos. Sin importar lo radicalmente que los capitalistas de la vigilancia transformen la publicidad, mientras esta represente su actividad principal, la capacidad que tengan de guiar el capitalismo en su totalidad será limitada.

En opinión de Zuboff, los capitalistas de la vigilancia persiguen la «certidumbre total» y el control real de la totalidad de la conducta de los usuarios con sus productos de predicción. Aunque una ventaja en la predicción puede traducirse en una ventaja a la hora de colocar anuncios publicitarios y, por lo tanto, proporcionar más ingresos, esto tiene límites lógicos. Incluso si fuera posible en teoría la certeza o el control, los anunciantes seguirían sin poder garantizar las ventas de otras empresas a voluntad, porque si la renta disponible de los consumidores es finita, cada transacción segura disminuiría el alcance de otras, haciendo que la «certeza» se debilitara a sí misma. Tiene más sentido rastrear, dirigir y predecir el comportamiento del usuario de un modo lo suficientemente preciso como para que sea razonable que múltiples compañías paguen por participar en la captura de los mismos consumidores. Aparte de ello, perseguir una predicción cada vez más perfecta sería arrojar dinero en un agujero. Además, la conducta que tiene sentido predecir se mantiene casi por completo en el ámbito de la actividad de mercado, planteando la cuestión de si, sea cual fuere la retórica, puede realmente verificarse hacia qué «totalidad» están conduciendo los capitalistas de la vigilancia. Quizá la economía de la atención –de acuerdo con la cual la atención del usuario es un bien escaso perseguido por las empresas– sea aquí un enfoque más útil.

Aunque es recomendable buscar explicaciones sociales para los avances tecnológicos, quizá Zuboff se haya dejado extraviar por su inclinación a pensar en términos de «formas de mercado» y a reducir la tecnología a fines económicos. Es sintomático que vacile respecto al sistema de crédito social chino. Y aunque reconoce la contribución del Estado a alimentar el capitalismo de vigilancia, tiene asombrosamente poco que decir respecto de los detalles ciertos de su función: prism, la Snooper’s Charter, Five Eyes... Ello se muestra esencialmente como un ámbito neutral y pasivo, que en ocasiones sigue allí donde lo conduce la empresa, que tiene algunas leyes malas y necesita más leyes buenas. Pero cualquier historia de la tecnología estadounidense encontrará que el Estado no ha sido ni mucho menos neutral ni pasivo. Por lo general, ha llevado la iniciativa en el impulso de un importante cambio tecnológico, coordinando empresas o tirando de ellas tras de sí, como vemos en la informática, la creación de redes, las armas, las máquinas herramienta, etc. Si el cambio fundamental se produce mediante los actos de grandes empresarios, esto es algo que debe permanecer en la sombra.

Desde su comienzo, el Estado moderno ha sido un aparato de recolección de información. Cuando estuvieron a su disposición, los medios de almacenamiento y procesamiento de datos, mecánicos primero y electrónicos después, simplemente facilitaron lo que ya llevaba mucho tiempo ocurriendo. La tarjeta perforada de Hollerith y sus descendientes permitieron automatizar el procesamiento de datos, incluidos, como es bien sabido, los de los campos de concentración nazis y los relativos al internamiento de estadounidenses de origen japonés durante la Segunda Guerra Mundial. La vigilancia basada en la informática tiene de por sí sus orígenes en esta historia de longue durée, lo cual es útil tener en cuenta al intentar periodizar acontecimientos más cercanos al presente. A lo largo de la década de 1970, trw –una corporación con intereses en los sectores aeroespacial, automotriz, electrónico, informático y de procesamiento de datos– recogió enormes cantidades de datos sobre decenas de millones de consumidores estadounidenses para vendérselos a potenciales acreedores. Y de manera poco sorprendente, dado el alcance de sus operaciones, trw estaba íntimamente entrelazada con la cia. Aunque el intento por parte de Zuboff de interpretar políticamente la fundación del capitalismo de vigilancia –como acto de personas específicas en una coyuntura específica– sea admirable, oculta esta historia más prolongada de la informática en la vigilancia estatal y sus cruces con el sector privado. Es aquí donde encontramos las razones más convincentes para preocuparnos.

Después de todo, ¿qué debería importar que Facebook me muestre repulsivos anuncios publicitarios y quizá hasta me convenza de comprar algo, si esa es la única repercusión que tiene la gigantesca acumulación de datos sobre mí? Es en el momento en que salimos del simple intercambio de mercado –que yo soy formalmente libre de abandonar– y, por lo tanto, del foco principal del capital de vigilancia propiamente dicho, cuando esta asimetría de conocimientos se vuelve verdaderamente problemática. ¿Vamos a estar sometidos a una manipulación digital, pagada por el mayor postor? Aquellos de nosotros que nos movilicemos más allá de los rituales habituales de la participación democrática, ¿vamos a ser rastreados, pastoreados y neutralizados antes de que podamos plantear una amenaza real? ¿Van a ser las inequidades sociales silenciosamente fortalecidas por las clasificaciones que nos impongan aquellos en posición de supervisar? Responder a estas preguntas en serio implicará comprender el Estado como una fuerza activa en el desarrollo tecnológico, como un ámbito diferenciado y que dista mucho de ser neutral. En sí misma, la regulación normativa del capital de vigilancia no será suficiente –ni siquiera respaldada por los movimientos sociales–, porque cualquier reto serio se volvería también un reto al Estado de vigilancia.

Nota: este artículo fue publicado originalmente con el título «El negocio de la vigilancia» en New Left Review segunda época No 121, 3-4/2020.

  1. Profile, Londres, 2019. Hay edición en español: La era del capitalismo de la vigilancia. La lucha por un futuro humano frente a las nuevas fronteras del poder, Paidós, Barcelona, 2020.
  2. Juego de palabras entre «el ego en el trabajo» y «el ego en acción» [n. del e.].
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