Estados Unidos, la democracia que nunca fue

Vaya por delante la condena. Pero de allí a lanzar loas a la democracia estadunidense es una falta de respeto. Menos aun señalar su ejemplaridad. Azuzados por el presidente Donald Trump, sus seguidores no dudaron en asaltar el Capitolio bajo la consigna de haber sido víctimas de fraude y robo en las elecciones presidenciales. Son muchos quienes le siguen, dentro y fuera de las instituciones. Cien representantes en la Cámara y siete senadores han negado validez al triunfo de Biden. Para ellos, América se encuentra secuestrada por vendepatrias. Por consiguiente, la sociedad estadunidense es víctima de una conspiración de negros, latinos, minorías sexuales, comunistas y socialistas, cuya finalidad es destruir el país.

Las imágenes de ciudadanos trepando paredes, rompiendo ventanas, invadiendo despachos, son un jarro de agua fría para quienes han aupado a Estados Unidos como salvaguarda de la democracia mundial. Analistas políticos, especialistas en relaciones internacionales, corresponsales, hacen piña. Sólo hay un responsable de la violencia: Donald Trump, un desequilibrado que no asume su derrota. Las cadenas de radio y televisión informan en tiempo real y a la par dan a conocer tuits de jefes de Estado y gobierno occidentales mostrando su rechazo a la toma del Capitolio y su reconocimiento a Joe Biden. El momento era relevante, se estaba validando formalmente, en sesión plenaria, la designación de Joe Biden como presidente. Penúltimo acto para el traspaso de poderes en la Casa Blanca el 20 de enero. Pero el ícono del poder legislativo, el Capitolio, era víctima de un ataque, según diría Hillary Clinton, perpetrado por terroristas nacionales. El acto protocolario se veía empañado, suspendiéndose la votación que ratificaba a Joe Biden como presidente. La "invasión" se cobraba la primera víctima, una mujer era abatida mientras trataba de colarse en la sala de sesiones.

Definir el sistema político estadunidense como una democracia, salvo que el concepto quede restringido a la mínima expresión, resulta poco serio. De ser así, son hechos auténticamente democráticos morirse de hambre o no tener cobertura médica. Pero vayamos a deshacer el entuerto. Esos senadores y diputados, reunidos en sesión plenaria, salvo excepciones, son los que, independientemente de su partido, han avalado anexiones territoriales, guerras, invasiones, golpes de Estado, bloqueos a terceros países, consolidado tiranías y financiado gobiernos autocráticos, lo cual contradice su respeto y apego a los valores democráticos. En América Latina, Asia y África hay ejemplos que harían enrojecer a cualquier demócrata. Sin olvidar que Trump no ha sido el primer presidente en mentir. Desde el genocidio de los pueblos originarios, la anexión de los territorios pertenecientes a México, la guerra contra Cuba, Vietnam y más recientemente la guerra contra Irak se fundan en mentiras. ¿Acaso se encontraron las armas de destrucción masiva? Ésa es la historia de Estados Unidos. Howard Zinn, Charles W. Mills, Sheldon Wolin o Noam Chomsky, entre otros, han cuestionado el sistema político que prevalece en Estados Unidos, tras sus actuaciones en Vietnam, Centroamérica, Chile e Irak, además de las leyes emergentes con posterioridad al 11 de septiembre de 2001. Totalitarismo invertido es la definición de Wolin para referirse al orden político en Estados Unidos, nacido de los atentados a las Torres Gemelas.

Presidentes como Kennedy, Nixon, Carter, Ford, Clinton, Reagan o Bush, padre e hijo, con todos los matices, se han saltado preceptos democráticos como la no intervención, el derecho de autodeterminación o el respeto a los derechos humanos. Además, durante sus administraciones, han utilizado mecanismos poco ortodoxos, democráticamente hablando, como avalar la tortura, crear noticias falsas, contratar mercenarios o desvalijar países enteros de sus riquezas. Sin despreciar la persecución a periodistas y aplicar la censura en las informaciones sobre las actividades de espionaje en su propio país o a sus aliados. Julian Assange y Edward Snowden son un ejemplo de lo dicho.

Crímenes y criminales de guerra, cuya impunidad está garantizada al no reconocer el Tribunal Internacional Penal, campan por su territorio, dan conferencias y reciben premios Nobel. Henry Kissinger, sin ir más lejos. Ninguna administración estadunidense está libre de haber patrocinado guerras, vender armas, traficar con estupefacientes, derrocar gobiernos democráticos y torcer el brazo a quienes se enfrentan y rechazan sus políticas unilaterales de corte autoritario. Pero si no es suficiente, debemos recordar que en su política doméstica Trump no ha sido una anomalía, al margen de sus excentricidades. Obtuvo más de setenta millones de votos. Además, las organizaciones supremacistas, neonazis, llevan décadas existiendo. La Asociación Nacional del Rifle y lobby, que van desde las farmacéuticas, compañías de seguros, multinacionales de la alimentación y las empresas tecnológicas de Silicon Valley, cuentan con un apoyo bipartidista. El Ku Klux Klan, el Tea Party, White Power, Skin Heads o Metal Militia no han sido creados por Trump, otra cosa es que los condene. Por otro lado, fue Barack Obama, premio Nobel de la Paz, quien aceleró la construcción del muro fronterizo con México, y según José Manuel Valenzuela Arce en Caminos del éxodo humano, durante su presidencia las deportaciones sumaron "2 millones 800 mil personas". En resumen, definir el sistema político bipartidista que rige Estados Unidos como un orden democrático es un despropósito si se trata de caracterizar el régimen político. Otra cosa es defender el imperialismo estadunidense, sus estructuras de poder y dominación y adjudicarles el papel de guardián de los valores occidentales, dizque democráticos. Pero ya sabemos, democracia y capitalismo son incompatibles.

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Elon Musk, el dueño de Tesla, es el más rico del mundo

Tiene una fortuna de 188.500 millones de dólares, unos 1500 millones de dólares más que Jeff Bezos, de Amazon

 

Los últimos 12 meses fueron de un crecimiento impresionante para el empresario. Durante el año pasado su patrimonio neto se disparó en más de 150.000 millones de dólares en el que posiblemente fue el enriquecimiento más rápido de la historia.

Elon Musk, el dueño de Tesla y SpaceX, se convirtió en la persona más rica del mundo al superar al dueño de Amazon.

La suba de este jueves del 4,8 por ciento en el precio de las acciones de Tesla le permitió a Musk superar la riqueza del dueño de Amazon Jeff Bezos en el Índice de Billonarios de Bloomberg, un ranking de las 500 personas más ricas del mundo.

Musk pasó a registrar una fortuna de 188.500 millones de dólares, unos 1.500 millones de dólares más que Bezos, que ha ocupado el primer lugar desde octubre de 2017.

Como director ejecutivo de Space Exploration Technologies Corp., o SpaceX, Musk es un rival de Bezos, propietario de Blue Origin LLC, en la carrera espacial privada.

Los últimos 12 meses fueron de un crecimiento impresionantes para el empresario. Durante el año pasado su patrimonio neto se disparó en más de 150.000 millones de dólares en el que posiblemente fue el enriquecimiento más rápido de la historia.

Impulsó su subida un repunte sin precedentes en el precio de las acciones de Tesla, que subió un 743 por ciento el año pasado por expectativas de inversores al crecimiento de la compañía y la inclusión en el índice S&P 500.

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Miércoles, 30 Diciembre 2020 06:13

¿Vacunas para la salud de la gente o del capital?

¿Vacunas para la salud de la gente o del capital?

A pesar de los avances científicos en la lucha contra el covid-19, todavía queda un largo camino por recorrer para cumplir la promesa de una «vacuna para las personas» universal y de libre disponibilidad. Tal como están las cosas, los intereses de las grandes farmacéuticas están triunfando sobre el principio de justicia sanitaria.

 

Los anuncios recientes de resultados exitosos en dos ensayos clínicos de vacunas contra el covid‑19 generan esperanzas de que un regreso a la normalidad esté cerca. Los datos preliminares de las nuevas vacunas de Pfizer/BioNTech y Moderna son muy alentadores y hacen pensar que es inminente su aprobación de emergencia. Y noticias más recientes respecto de la eficacia (aunque ligeramente menor) de una vacuna desarrollada en forma conjunta por AstraZeneca y la Universidad de Oxford también dan motivos para esperar otros avances. En teoría, la llegada de una vacuna segura y eficaz sería el comienzo del fin de la pandemia de covid‑19. Pero en realidad, no hemos empezado a lograr lo que realmente se necesita: una «vacuna de la gente», que se distribuya en forma equitativa y gratuita para todas las personas que la necesiten. 

Por supuesto que hay que elogiar todo lo que se ha hecho para poder crear vacunas en apenas unos pocos meses. Ha sido un enorme salto tecnológico para la humanidad. Pero ese salto se hizo desde un trampolín de décadas de inversión pública a gran escala en investigación y desarrollo. Las principales vacunas candidatas se basan en general en preparar al sistema inmunitario para detectar la proteína spike, una técnica que es posible gracias a años de investigación en los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. Más recientemente, BioNTech recibió 445 millones de dólares del gobierno alemán, y Moderna recibió un millón de dólares de la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias y más de 1.000 millones de dólares de dos organismos estadounidenses: la Autoridad para la Investigación y el Desarrollo Biomédico Avanzado y la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa. La vacuna de AstraZeneca‑Oxford recibió más de 1.000 millones de libras (1.300 millones de dólares) de financiación pública.

Pero para que los avances tecnológicos se conviertan en «salud para todos», es necesario que las innovaciones de creación colectiva se rijan por el interés público y no por la ganancia privada. Esto es particularmente cierto en el caso del desarrollo, la fabricación y la distribución de vacunas en el contexto de una pandemia. Ningún país podrá resolver esta crisis actuando solo. Por eso necesitamos vacunas al alcance gratuito de todos. Pero el sistema de innovación actual antepone los intereses de los países de altos ingresos a los del resto, y las ganancias a la salud pública. 

El primer paso hacia una vacuna al servicio de la gente es garantizar la plena transparencia de los resultados de los ensayos clínicos para permitir una evaluación independiente y rápida de la seguridad y eficacia de las vacunas. La publicación de datos preliminares incompletos a través de anuncios de prensa corporativos está dirigida a los mercados financieros, no a la comunidad sanitaria, y es una práctica que sienta un mal precedente. Mientras las acciones de las farmacéuticas se valorizan, los profesionales del área de la salud y la gente se ven obligados a tratar de adivinar los resultados de las pruebas. Conforme surgen más detalles sobre defectos en el diseño y la implementación del ensayo clínico de la vacuna de AstraZeneca‑Oxford, aumentan también los pedidos de un modelo de ciencia abierta y de que los protocolos y resultados se compartan en forma inmediata.

Además, hay preguntas cruciales sobre las principales vacunas candidatas que todavía no tienen respuesta. Presiones políticas y económicas en los países de altos ingresos llevan a que las farmacéuticas estén tratando de acelerar la aprobación de sus vacunas. Por eso han diseñado sus ensayos clínicos de fase III de modo de obtener resultados positivos lo antes posible, en vez de responder preguntas importantes, por ejemplo si la vacuna previene el contagio o solo protege contra la enfermedad. Tampoco está clara la duración de la protección; si la vacuna es igualmente eficaz en jóvenes y ancianos, o en personas con comorbilidades; y qué diferencias hay entre las principales candidatas (lo cual es esencial para el diseño de estrategias de vacunación eficaces). Además, el proceso de distribución de las vacunas sigue dominado por los intereses nacionales (sobre todo, los de los países desarrollados). Aunque el Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19 (COVAX) es un gran avance, este pierde efectividad frente a inmensos acuerdos bilaterales de compra anticipada de países ricos que pueden darse el lujo de apostar a varias vacunas. Por ejemplo, los países de altos ingresos ya compraron cerca de 80% de las dosis de las vacunas de Pfizer/BioNTech y Moderna que estén disponibles el primer año. 

En resumidas cuentas, los países ricos se han apropiado de 3.800 millones de dosis de diferentes fabricantes, contra 3.200 millones (incluidos unos 700 millones de dosis para COVAX) para el resto del mundo. Es decir, reservaron dosis suficientes para dar cobertura a sus poblaciones varias veces, con posibilidad de que las dosis restantes no alcancen para vacunar ni siquiera a los grupos más vulnerables en los demás países. Al mismo tiempo, como la carrera por las vacunas se centra sobre todo en los mercados occidentales, algunas candidatas serían muy poco viables fuera de un país desarrollado. La de Pfizer/BioNTech hay que conservarla a -70 °C, una temperatura inferior a la del invierno antártico. La distribución de esta vacuna creará costosos y complejos desafíos logísticos, especialmente para los países de ingresos bajos y medios. Aunque otras candidatas (por ejemplo, la de AstraZeneca‑Oxford) son estables a temperaturas más altas, es notable que el primer producto que alcanza la fase de aprobación incluya un elemento tan evidente de discriminación de mercados. 

Más allá de los intereses nacionales acecha el problema de los aún más estrechos intereses privados, producto de un modelo de innovación farmacéutica hiperfinancierizado. Ahora que la pandemia da a los inversores la posibilidad de una ganancia inesperada, la industria está ampliando el modelo de negocios para desarrollar futuras vacunas. Pero mientras los inversores se benefician de la subida vertiginosa de sus acciones y las crecientes ganancias de capital y liquidan las acciones sobrevaloradas de una empresa el mismo día que esta anuncia resultados preliminares prometedores en un ensayo clínico, la creación de una vacuna para las personas pasa a segundo plano.

La crisis del covid‑19 es una ocasión ideal para saber si en los próximos años prevalecerá un modelo de innovación y producción más orientado a la salud pública. Pfizer se aferra al modelo de maximizar el valor para los accionistas, pero AstraZeneca al menos se comprometió a no lucrar con su vacuna «durante la pandemia». Aun así, el proceso (a pesar de toda la inversión pública que hay detrás de estas innovaciones) seguirá siendo opaco, y hay motivos para dudar de que AstraZeneca realmente esté dispuesta a anteponer la salud pública a las ganancias y ofrecer su vacuna al costo.

Las últimas noticias sobre vacunas han traído esperanza, pero también han puesto de manifiesto la disfuncionalidad del modelo de negocios de la industria farmacéutica y siembran dudas sobre la posibilidad de lograr una vacuna para la gente y Salud para Todos. Aunque el business as usual alcance por esta vez para superar la crisis, hay una manera mejor de hacer las cosas. Antes de que llegue la próxima pandemia, tenemos que entender que las vacunas son bienes públicos de salud globales y empezar a reorientar el sistema de innovaciones hacia un modelo simbiótico de colaboración entre el Estado y la empresa privada que se rija por el interés público.

Fuente: Project Syndicate

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La propiedad intelectual farmacéutica y su amenaza para la salud pública

La gran pandemia de nuestro siglo ha provocado una crisis de salud pública sin precedentes, evidenciando radicalmente problemas estructurales inherentes a la sociedad capitalista.[1]

Una de sus muchas consecuencias es que discursos y reivindicaciones hasta el momento minoritarias hayan llegado con fuerza al debate público. Defensores del ecosocialismo como Rob Wallace, Andreas Malm o Mike Davis,  han ganado visibilidad a través de publicaciones o actualizaciones de sus escritos, reafirmando la relación entre las pandemias que acosan a la humanidad en los últimos años y el sistema de producción global capitalista.[2]

Otra de estas luchas, a la que antaño apenas dábamos espacio en la agenda pública, es la lucha por el acceso justo a la innovación farmacéutica, especialmente a medicamentos y vacunas. Actualmente nos encontramos en un momento crucial, en el que varias vacunas están a punto de empezar a utilizarse. El Reino Unido se convirtió en el primer país en autorizar la vacuna de Pfizer / BioNTech, y también el primero en empezar a vacunar. A pesar de ello, aún queda mucho trabajo por hacer antes del previsible control de la pandemia mediante la vacunación.

Mascarillas, respiradores, pruebas de detección, fármacos como Remdesivir o vacunas que aún se hallan en fase III se han convertido en mercancías de especulación rápida, y cabe esperar que así siga, como mínimo, hasta alcanzar la preciada inmunidad colectiva. El afán por asegurar el suministro de vacunas ha empujado a los países ricos a acaparar más del 50% de las compras anticipadas de las vacunas no autorizadas, y según la organización británica Global Justice Now, el 80% de las vacunas que podrá elaborar Pfizer para el año 2021 están comprometidas para países ricos, cuando estos estados solo representan el 14% de la población mundial. Recientemente la OPS ha denunciado que, para los países latinoamericanos, la vacunación del 20% de su población supondría cuadruplicar el presupuesto actual en vacunas, mientras que vacunar al 100% de la población conllevaría un gasto 12 veces mayor. El egoísmo y la competitividad que caracterizan el sistema han quedado al descubierto.

Por su parte, la Unión Europea ha pasado de un “nacionalismo de un solo país” en la primera ola, a un “nacionalismo europeo”, comprando millones de dosis de vacunas a través de contratos opacos, condenando a los países empobrecidos a listas de espera y problemas de desabastecimiento graves.

Salud pública y acceso a medicamentos en la era de las patentes

David Harvey acuñó el concepto ‘acumulación por desposesión’ para denominar el proceso de mercantilización de bienes comunes que los adeptos a la teoría neoliberal promocionan desde finales del siglo XX. Por supuesto, el conocimiento científico médico, que por definición es un recurso que por su naturaleza indivisible e inmaterial, y cuya replicación y distribución forma parte claramente del interés público, sufrió su propio proceso de privatización en los años 1980. Coincidiendo con el auge del neoliberalismo, se multiplicaron a lo largo del mundo las leyes relacionadas con los derechos de propiedad intelectual. Daniel Bensaïd, recuperando a James Boyle, llamó a este proceso “los nuevos cercamientos”, comparándolo con las expropiaciones de los bienes comunales durante la acumulación originaria del capital.[3]

Quizá la más famosa, y la que más impacto tuvo para la industria farmacéutica, sea la ley Bayh-Dole (1980), que autorizó a instituciones financiadas con fondos públicos a patentar sus investigaciones, algo prohibido previamente, con lo que el contribuyente se movilizaba económicamente dos veces: como contribuyente y como inversor.[4]

Este proceso de privatización de la propiedad intelectual cristaliza a nivel internacional con las sucesivas rondas del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), que terminan con el Acuerdo de Marrakech de 1994. Este acuerdo significó la conversión del GATT, fundado en 1947, en la Organización Mundial de Comercio (OMC), nacida el 1 de enero de 1995. Supuso una reforma radical del sistema global de intercambio, con una consecuente liberalización enmarcada en el proceso de  globalización. La creación de la OMC supuso también una profundización de la desigualdad Norte-Sur global, ya que leyes que beneficiaban a los países ricos tuvieron que ser aceptadas por los países más desfavorecidos como requisito para poder participar en la OMC.

En este mismo acuerdo se incluye el anexo 1C, o Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), que desarrolla los pilares fundamentales de la propiedad intelectual, incluidas las patentes farmacéuticas. En este anexo se especifica qué se puede patentar y qué no, los derechos que confiere una patente a su titular, la duración de la exclusividad de producción, comercialización y distribución de la innovación patentada (el plazo de vigencia de la patente), y también las normas jurídicas que regulan el incumplimiento de patente.

Es importante recordar que este anexo fue una imposición de EE UU, Japón y algunos países europeos, que presionaron para incluir todas las propuestas del Comité de Propiedad Industrial de los EE UU, integrado entre otras por las empresas Dupont, General Motors, IBM, Merck, Monsanto, Pfizer, y Johnson & Johnson.[5] Las normas del derecho internacional en materia de propiedad intelectual fueron redactadas según los intereses de estas grandes multinacionales, provocando una redistribución de riqueza y poder hacia ellas. En cuanto a medicamentos y vacunas se refiere, supone una derrota histórica de la salud pública en detrimento del derecho al acceso a medicamentos.

Recientemente conocíamos como los mismos países que crearon este sistema se han puesto una vez más del lado de las farmacéuticas, negándose a liberar los derechos de propiedad de las vacunas y medicamentos contra el virus.[6] La historia se repite y pierden las de siempre.

La propiedad intelectual como herramienta de acumulación de capital

Gracias a los cambios en el sistema de patentes, la industria farmacéutica prospera significativamente, siendo en la actualidad una de las industrias más rentables,[7] con márgenes de beneficio que superan el 30%. La evolución de las leyes internacionales de propiedad intelectual, especialmente las relacionadas con las patentes, son responsables de la progresiva pérdida de las salvaguardas que antaño garantizaban una alianza mutuamente beneficiosa entre la industria farmacéutica y la sociedad. Vamos a analizar una por una las fallas más graves del sistema:

Financiación pública y beneficio privado

La ley Bayh-Dole abrió el camino a la privatización de los beneficios del conocimiento científico, un proceso que no ha dejado de crecer desde entonces. A pesar de que una gran parte de la inversión necesaria para crear nuevos medicamentos o vacunas proviene del sector público, ya sea en Universidades o Centros de Investigación, éstas suelen salir al mercado a precios muy altos, debido a la falta de competencia que provoca la exclusividad del derecho de patente.

Esta situación se ha repetido durante la pandemia. Se han producido enormes esfuerzos e inyecciones de dinero público en investigación y desarrollo (más de 4000 millones de euros), y aún así las vacunas no saldrán al mercado a precio de coste, ni siquiera las desarrolladas con 100% de financiación pública como la vacuna de Moderna. Sólo AstraZeneca se ha comprometido a comercializar su vacuna a 3 o 4 euros la dosis, afirmando que ese es el coste de fabricación. Como explicaremos más adelante, el coste real de fabricación es secreto, por lo que no sabemos si este es un precio justo.

Mercado oligopólico: grandes beneficios y escasez de innovación

El derecho de patente otorga la exclusividad de desarrollo, producción y comercialización del invento durante al menos 20 años. La mayoría de medicamentos, vacunas, o principios activos, están protegidos por lo que se conoce como arquitectura de patentes: no se patenta solamente el producto final, sino todos los procesos y modificaciones moleculares que utilizan para su desarrollo, por lo que al final un medicamento está protegido por decenas o cientos de patentes. Esto impide el desarrollo de genéricos a precios reducidos durante muchos más años. Un ejemplo claro de oligopolio es el mercado de las vacunas, en el que el 80% se concentra en tan sólo 4 empresas: Sanofi, Merck, Pfizer y GlaxoSmithKline (GSK).

La gran rentabilidad que esta exclusividad supone, no se ha traducido en un mayor gasto en innovación por parte de la industria farmacéutica. De hecho, apenas han dedicado parte de sus ganancias al desarrollo de moléculas innovadoras. En los últimos años se han especializado en desarrollar y vender medicamentos muy parecidos a moléculas antiguas, los llamados fármacos yo-también.[8] Estos medicamentos no suponen un beneficio terapéutico, pero son patentables, por lo que se utilizan para darle más vida a los oligopolios. Esto provoca una inflación constante de los precios de los nuevos fármacos, sean o no mejores que sus predecesores. Según un estudio alemán, publicado en la prestigiosa British Medical Journal, más del 50% de los fármacos y moléculas comercializados en Alemania entre el 2011 y el 2017 eran copias que no aportan ningún beneficio clínico.[9] La industria farmacéutica de hoy en día dedica gran parte de su facturación a campañas publicitarias para promocionar el uso de los fármacos yo-también.

En países como la India, con leyes de patentes más avanzadas, este tipo de moléculas no son patentables, ya que existe la obligación de demostrar un beneficio cuantificable de la innovación.

Lanzamiento secuencial, falta de transparencia y desabastecimientos

Las cadenas de producción globalizadas, basadas en procesos de deslocalización, y utilizadas como mecanismo de aumento de la explotación, provocan desabastecimientos en países vulnerabilizados, ya que la industria farmacéutica tiene una política de ventas conocida como lanzamiento secuencial: sus productos llegan primero a los mercados más dispuestos a pagar por ellos. Esto hace que las existencias puedan acabarse antes de llegar a los países más empobrecidos. Los precios son negociados primero en países con gran capacidad de gasto, como Estados Unidos, garantizando un precio de partida muy alto, para después negociar secuencialmente país por país. La pandemia no ha sido una excepción, y el ejemplo más claro son las declaraciones de Paul Hudson, CEO de Sanofi, que en mayo afirmaba que, si conseguían la vacuna, su primer receptor sería EEUU gracias al dinero invertido por Trump en investigación.

Además, los Estados firman con las empresas acuerdos de confidencialidad muy estrictos, por lo que resulta muy difícil saber cuánto están pagando realmente competidores estatales cercanos por los mismos productos. Esta situación provoca un desequilibrio a favor de la industria farmacéutica, que gana mucho poder de negociación, y conlleva una especulación al alza de los precios. Esta falta de transparencia, amparada en el secreto comercial y tolerada por los Estados, no sólo causa un aumento de los precios, sino que hace más difícil la tarea de obtener evidencia científica sólida sobre los nuevos fármacos. Esto reduce la capacidad de las Administraciones y organismos públicos de tomar decisiones informadas y provoca que la industria se beneficie de grandes operaciones que podríamos llamar directamente estafas, como fue el caso del Tamiflu (Oseltamivir) en 2009-2010, un fármaco contra la gripe A. El Estado español gastó 333 millones de euros y posteriormente se demostró completamente ineficaz.

Rentabilidad por encima de la salud pública

La actual agenda de investigación de la Big Pharma responde únicamente al beneficio privado. Esto provoca situaciones nefastas, como que la inversión en medicamentos para la disfunción eréctil supere con creces a la inversión en nuevos antibióticos o antivirales.

Además, la financiación pública se ha rendido a los intereses de las empresas, por lo que áreas de investigación que no resultan rentables simplemente no se financian. A pesar de los ejemplos recientes de epidemias y pandemias como el SARS, el MERS, el H1N1, el Ébola o el Zika, la investigación en enfermedades víricas y bacterianas no era considerada, hasta la pandemia actual, un área rentable para la industria, por lo que inmediatamente superados esos brotes de enfermedades emergentes se detuvo en seco su investigación.

Es particularmente sangrante el caso del Ébola, cuya vacuna se descubrió en 1999, pero al no ser rentable nunca fue desarrollada. Cuando la pandemia asoló el continente africano, era demasiado tarde.[10] Otro ejemplo es FAV-Afrique de Sanofi, retirado del mercado en 2010. Era el antídoto más potente contra las mordeduras de serpiente, un problema de salud pública en muchos países africanos. La pobreza de estos países hizo que no fuese rentable su comercialización, a pesar de afectar gravemente a más de medio millón de personas al año.

La consecuencia más evidente: precios abusivos

No sólo la falta de rentabilidad condiciona la investigación y el desarrollo, sino que la fijación de precios en las fases de comercialización está profundamente afectada por el sistema de patentes. A partir de la fundación de la OMC en 1995 y la aplicación mundial de las leyes de propiedad intelectual, los precios que los Estados pagan por los fármacos no han dejado de crecer, y han provocado crisis de salud pública en varias partes del mundo. Ejemplos claros son el VIH/SIDA en África, la hepatitis C en Brasil (caso que también afectó directamente al Estado Español), o la Insulina en EEUU.

Lejos de lo que podría parecer, estos precios abusivos también afectan de forma directa a los países más favorecidos por el sistema. En el Estado Español, la llegada de medicamentos muy caros, como los anti-cancerígenos de nueva generación, han provocado que se dispare en los últimos años el gasto en productos farmacéuticos y sanitarios del Sistema Nacional de Salud. El gasto ha aumentado de 2014 a 2019 un total de 4727 millones de euros, un 25% más (de 18.888 millones a 23.615 millones).[11]

Este fenómeno de fijación de precios basado en los oligopolios farmacéuticos provoca escasez y desabastecimientos en el Sur global, y supone una amenaza para los sistemas públicos de salud en los países del Norte, que podrían estar invirtiendo este dinero en reforzar la atención primaria o las estructuras de salud pública.

Conclusiones: acabar con un sistema nefasto

La carrera por la vacuna para la Covid-19 ha puesto de manifiesto que necesitamos una industria farmacéutica que vele por el interés público. Las patentes se idearon para proteger a los inventores y evitar la competencia desleal a través de estrategias de ingeniería inversa, pero en los últimos años hemos presenciado un viraje hacia un uso fraudulento de las mismas en medicina. Como hemos visto, nuestra estructura legal permite patentar casi cualquier cosa, condenando a las arcas públicas a invertir indefinidamente una parte cuantiosa del presupuesto público en medicamentos que apenas aportan innovaciones significativas respecto a sus predecesores. Los gobiernos deben ser una herramienta que evite los abusos de la industria farmacéutica, velando siempre por los intereses del pueblo y por garantizar su derecho a la salud. Para ello, es fundamental cambiar las reglas del juego.

En primer lugar, acabar con los secretos comerciales y la falta de transparencia, obligando a la industria a hacer públicos todos los datos de los ensayos clínicos, y no sólo presentarlos a las agencias reguladoras o a los altos cargos estatales. También debe existir transparencia en los costes de la investigación, y en los precios que pagan los Estados por los medicamentos y vacunas, además de los criterios de coste-efectividad tenidos en cuenta para aceptar la financiación y la compra.

Debemos caminar hacia un escenario de eliminación del sistema de patentes, sustituyéndolo por fórmulas de colaboración y de creación colectiva de valor público, que aseguren el acceso a la innovación con precios justos a todas las capas de la población.

La innovación debe seguir criterios de salud pública por encima de criterios de rentabilidad. Para asegurarse de que esto ocurra, necesitamos herramientas estatales de desarrollo de esta innovación, por lo que será fundamental una gran inversión pública en investigación, y la creación de una industria farmacéutica nacional, además de explorar fórmulas de gobernanza europeas y mundiales.

Así como la desafección por la política tiene sus causas en que el poder está cada vez más alejado de las instituciones públicas, y más cercano a las multinacionales y al capital, la reticencia vacunal y el movimiento antivacunas beben de la constatación de que el sistema que las produce es un sistema podrido, y que la ciencia y la tecnología han sido profundamente privatizadas y mercantilizadas.

En definitiva, la única forma de asegurarnos que tenemos un sistema de innovación y desarrollo justo y equitativo, que consiga que los logros de la ciencia pasen a beneficiar a todas y todos, es aumentar el control estatal frente a las lógicas empresariales, y democratizar todos los eslabones de la cadena. Esto sólo será posible desmantelando completamente el sistema actual.

Por Jorge Luis DíazÁlvaro Arador | 29/12/2020 

Jorge Luis Díaz es MIR de salud pública y máster en salud pública. Álvaro Arador es sociólogo y máster en salud pública.

 

Notas:

[1] https://www.anticapitalistas.org/textos-de-combate/la-crisis-sanitaria-de-la-covid-19-una-perspectiva-anticapitalista/

[2] https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/entrevista-rob-wallace-grandes-granjas-grandes-gripes

[3]  El dominio público contra la privatización del mundo. Daniel Bensaïd. Viento Sur. http://danielbensaid.org/El-dominio-publico-contra-la-privatizacion-del-mundo?lang=fr

[4] Reconsidering the Bayh-Dole Act and the Current University Invention Ownership Model: https://kenney.faculty.ucdavis.edu/wp-content/uploads/sites/332/2018/03/reconsidering-the-Bayh-Dole-Act-and-the.pdf

[5] Bergel S, Bertomeu MJ. Medicamentos esenciales, patentes y licencias obligatorias: Doha no es la respuesta. Enrahonar. An International Journal of Theoretical and Practical Reason. 2020.

[6] https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/espana-paises-ricos-patentes-covid-farmaceuticas-compra-vacunas

[7] Salvaguardas, deriva institucional e industrias farmacéuticas. Abel Jaime Novoa Jurado; Juan Gérvas Camacho; Carlos Ponte Mittelbrunn. (2014).

[8] Derechos de propiedad intelectual e innovación. Benjamin Coriat y Fabienne Orsi. CEPN-IIDE, UMR CNRS 7115, Université Paris 13. 2007

[9] New drugs: where did we go wrong and what can we do better? https://www.bmj.com/content/366/bmj.l4340

[10] https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2017-06-18/rino-rappuoli-vacunas-antivacunas-tosferina_1399987/

[11] https://www.diariofarma.com/2020/04/14/el-gasto-en-productos-farmaceuticos-y-sanitarios-del-sns-en-2019-alcanzo-los-23-616-millones-un-45-mas#:~:text=El%20gasto%20p%C3%BAblico%20en%20medicamentos,5%25%20con%20respecto%20a%202018.

 Fuente: https://vientosur.info/la-propiedad-intelectual-farmaceutica-y-su-amenaza-para-la-salud-publica/

Publicado enSociedad
Cuatro años de cárcel a periodista que informó sobre el coronavirus

Duro fallo contra Zhang Zhan por su cobertura desde la ciudad de Wuhan

En mayo, Zhang había sido arrestada bajo la acusación de "provocar disturbios, dar entrevistas a medios extranjeros y manipular maliciosamente" información sobre el brote. 

 

La justicia china condenó a cuatro años de prisión a una exabogada que realizó una cobertura periodística de las primeras etapas del brote de coronavirus en la ciudad de Wuhan. El Tribunal Popular de la Nueva Área de Pudong, situada en Shanghai, dictó la dura sentencia contra Zhang Zhan quien fue hallada culpable de difundir información falsa. Periodistas y diplomáticos extranjeros no pudieron ingresar al tribunal donde fue juzgada la mujer de 37 años, y algunos activistas fueron agredidos por la policía durante la apertura del proceso. 

Zhang, oriunda de Shanghai, viajó en febrero a la ciudad de Wuhan, cuna del coronavirus, y decidió divulgar en redes sociales varios reportajes e información crítica sobre la situación en sus hospitales. En los artículos la periodista china llegó a denunciar una "grave violación de los derechos humanos". 

En mayo fue arrestada bajo la acusación de "provocar disturbios, dar entrevistas a medios extranjeros y manipular maliciosamente" información sobre el brote. Otros tres periodistas, Chen Qiushi, Fang Bin y Li Zehua, también fueron arrestados tras haber cubierto esos acontecimientos.

Zhang empezó una huelga de hambre en junio para protestar contra su detención, pero fue alimentada a la fuerza por vía nasal. "Cuando la vi la semana pasada, dijo: 'Si me imponen una condena fuerte, rechazaré cualquier alimento hasta el final'. Ella cree que morirá en prisión", explicó Zhang Keke, uno de sus abogados.

Zhang "parecía muy abatida cuando se anunció el fallo", declaró otro de sus letrados, Ren Quanniu, quien este lunes se mostró "muy consternado" por su estado psicológico. El proceso contra Zhang tuvo lugar poco antes de la llegada a China de una misión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que investigará los orígenes de la pandemia.

La oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, dijo estar "profundamente preocupada" por la condena de Zhang Zhan. "Hemos mencionado el caso a las autoridades a lo largo del año 2020 para ilustrar la represión excesiva de la libertad de prensa vinculada a la covid-19 y continuamos pidiendo su liberación", indicó la institución en su cuenta de Twitter.

Por su parte la organización de Defensores Chinos de los Derechos Humanos (CHRD) señaló que sus reportes también incluyeron las detenciones de otros periodistas y el acoso que estaban sufriendo las familias de algunas víctimas del coronavirus que pedían una rendición de cuentas. "El gobierno chino ha vuelto a celebrar una farsa de juicio durante la Navidad ya que las autoridades quieren reducir la atención sobre estos casos 'sensibles' mientras los diplomáticos y periodistas están de vacaciones", explicó Leo Lan, investigador de CHRD.

Por su parte, la activista de Amnistía Internacional, Gwen Lee, aseguró en un comunicado que "periodistas ciudadanos como Zhang Zhan fueron la fuente primaria, si no la única, de información de primera mano y sin censura durante los primeros días de la covid-19", y exigió al gobierno chino que "deje de perseguir a periodistas y otros ciudadanos solo por informar de la verdad". 

Según el balance oficial en Wuhan, una metrópolis de 11 millones de habitantes, se registraron cerca de cuatro mil fallecidos por covid-19, es decir casi la totalidad de los 4.634 muertos contabilizados en toda China entre enero y mayo. La respuesta inicial de China a la pandemia fue objeto de críticas, ya que Beijing no puso en cuarentena a Wuhan y su región hasta el 23 de enero, pese a que se habían registrado casos desde principios de diciembre de 2019.

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Lunes, 28 Diciembre 2020 06:50

Agamben y la epidemia como política

Agamben y la epidemia como política

Termina 2020, el año de la epidemia debida al virus corona, y el mundo parece encaminarse hacia un nuevo despotismo tecnológico sanitario. Azuzadas por los medios de difusión masiva hegemónicos, sumidas en una histeria colectiva producida de manera deliberada, sociedades enteras han aceptado sin chistar un sinfín de medidas coercitivas gubernamentales –algunas bajo punitivos toques de queda–, tales como confinamientos, cuarentenas, semáforos de colores, rastreo, "sanas distancias" en la interacción social, en empresas, comercios y oficinas públicas, y hasta cierres de escuelas y universidades.

Con el pretexto de la epidemia, los amos del universo han decidido transformar de arriba abajo los paradigmas del gobierno de los seres humanos y las cosas, para sustituirlos por nuevos dispositivos cuyo diseño apenas podemos vislumbrar, incluido un panóptico total digital.

Pascal Sacré, médico especializado en cuidados intensivos y reconocido analista de salud pública en Charleroi, Bélgica, se ha preguntado si existe la "intención" de utilizar la coartada de una pandemia para llevar a la humanidad hacia un escenario que de otro modo nunca habría aceptado. ¿Es esa hipótesis, que muchos se apresurarán a calificar de "teoría de la conspiración", la explicación de mayor validez frente a la ‘anormalidad’ del momento actual? Lo cierto es que nunca antes en la historia de la humanidad el miedo había sido usado como herramienta de poder por los gobernantes de manera tan inescrupulosa como en 2020. Quienes impulsan la agenda del Covid-19, y sacan provecho de ella, han elegido una enfermedad con el fin de eliminar toda resistencia mediante el azuzamiento del pánico.

Giorgio Agamben ha dicho que, agotado el terrorismo como causa de las medidas propias de un estado de excepción –de la más pura y simple suspensión de las garantías constitucionales en muchos lugares del orbe−, "la invención de una epidemia puede ofrecer el pretexto ideal para ampliarlas más allá de todos los límites". En un momento de "confusión babélica", Agamben habló de ‘invención’ en un ámbito político, sabedor, como Foucault, de que los gobiernos que se sirven del "paradigma de la seguridad" no funcionan necesariamente produciendo la situación de excepción, sino explotándola y dirigiéndola una vez que se ha producido.

En su más reciente libro, ¿En qué punto estamos? La epidemia como política (Quodlibet, julio 2020), el filósofo italiano llama "bioseguridad" al dispositivo de gobierno –se refiere a su país, pero también a las autoridades de otras democracias occidentales– que resulta de la conjunción de la nueva "religión de la salud" y el poder estatal con su estado de excepción, probablemente el más eficaz de la historia de la humanidad, ya que ni siquiera durante el nazi-fascismo (mecanismo que permitió la transformación de las democracias en Estados totalitarios) y las dos guerras mundiales se había llegado a este punto de restricción de la libertad.

“Si el dispositivo jurídico-político de la Gran Transformación (la estrategia global prevista por la plutocracia del foro de Davos, incluido Bill Gates y su emanación la Organización Mundial de la Salud) es el estado de excepción y el religioso es la ciencia, en el plano de las relaciones sociales –escribió Agamben− ha confiado su eficacia a la tecnología digital, que, como ya es evidente, hace un sistema con el ‘distanciamiento social’ que define la nueva estructura de las relaciones entre los hombres”. La nueva forma de relación social es "la conexión": quienes no estén conectados tienden a ser excluidos de cualquier relación y condenados a la marginalidad. Siempre que sea posible, los dispositivos digitales (las máquinas) sustituirán todo contacto –todo contagio− entre los seres humanos.

El distanciamiento social −nuevo eufemismo de confinamiento− será el nuevo principio de organización de la sociedad. Y paradójicamente, la masa, en la que según Canetti se basa el poder a través de la inversión del miedo a ser tocados por extraños, estará formada ahora por individuos que se mantienen a toda costa a distancia unos de otros; una masa, dice Agamben, "rarificada y basada en una prohibición, pero, precisamente por eso, particularmente compacta y pasiva".

A lo que se suman el control que se ejerce a través de las cámaras de video y ahora de los teléfonos celulares –la ‘celularización’ coercitiva de la totalidad de la población, incluido el rastreo de cada persona vía los consorcios multinacionales Google (Android), Apple y Microsoft−, que excede con creces cualquier forma de control ejercida bajo regímenes totalitarios como el fascismo y el nazismo. La epidemia y la tecnología inseparablemente entrelazadas. Y el papel de los medios de difusión masiva dominantes, que, según Agamben, llevaron a cabo una "gigantesca operación de falsificación de la verdad", propalando una especie de "terror sanitario" como instrumento para gobernar con eje en una "bioseguridad" basada en la salud. Lo que ha llevado a la paradoja de que el cese de toda relación social y toda actividad política se presenta como "la forma ejemplar de participación cívica".

Una estrategia global de los "reformadores sociales" de Davos, que no habría sido posible lograr sin la intervención decisiva de los Estados-nación, que son los únicos que pueden adoptar las medidas coercitivas que dicha estrategia necesita. Según su fórmula, un "distanciamiento social" –no ‘físico’ o ‘personal’− como dispositivo esencialmente político, que lleva a preguntarnos, con Agamben, ¿qué es una sociedad basada en la distancia? ¿Acaso una sociedad así puede seguir llamándose política?

No es posible saber cuánto más durará el estado de excepción del actual circo pandémico mundial; lo que sí es seguro es que se necesitarán nuevas formas de resistencia para enfrentar a la "reingeniería social" tecnocrática de las élites del poder plutocrático con su pregonada (Klaus Schwab dixit) "cuarta revolución industrial".

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Soldados de la República Popular china desfilando en la plaza Roja de Moscú por el Día de la Victoria.

La inteligencia artificial y el futuro de la guerra

 

Los ejércitos integran regularmente las innovaciones tecnológicas para mejorar sus capacidades y tratar de dominar a sus adversarios. La inteligencia artificial (IA) no constituye una excepción a la regla y es objeto ahora de gran interés. China publicó en julio del 2017 el Plan de Desarrollo para la Nueva Generación de Inteligencia Artificial con el objetivo de convertirse en el 2030 en la principal potencia mundial en ese ámbito. Estados Unidos respondió en febrero del 2019 anunciando el lanzamiento de la Iniciativa de Inteligencia Artificial Estadounidense. De hecho, más de treinta países, incluidas las principales potencias militares, proponen hoy una estrategia nacional o iniciativas para aprovechar las oportunidades que ofrece esa prometedora tecnología.

Sin embargo, este entusiasmo suele causar preocupación entre el público en general. Por influencia de películas como Matrix o Terminator, el ciudadano corriente se pregunta si las máquinas no acabarán desempeñando un papel cada vez más dominante en el campo de batalla, limitando inexorablemente el lugar del hombre y deshumanizando la guerra. ¿Serán los avances en IA tan impresionantes que anularán el arte de la guerra y nos llevarán inexorablemente al Armagedón?

El primer escollo que debemos superar en los debates sobre la IA es la definición de la tecnología. Dada la gran diversidad de aplicaciones, no hay todavía consenso sobre ese punto. Por lo tanto, nos referiremos aquí a ella sencillamente como los programas informáticos de mañana. Esa tecnología es reciente y debemos distinguir entre lo que ya puede hacer y lo que podría llegar a lograr. La IA débil, que es una realidad en algunos ámbitos, resuelve problemas específicos y limitados. Una IA fuerte —que, a día de hoy, es sólo una promesa— sería capaz de llevar a cabo el conjunto de las tareas realizadas por los humanos.

Actuales aplicaciones militares

En el terreno militar, existen ya numerosas aplicaciones. Probablemente la más destacada sea el proyecto Maven. A los operadores estadounidenses que explotan imágenes y grabaciones recogidas en los teatros de operaciones les resulta imposible verlas todas de lo imponente que es el volumen de datos. Solamente un 15% del catálogo de inteligencia ha sido procesado previamente de ese modo. Maven es un algoritmo creado para alertar a los operadores cuando en las imágenes aparecen objetos de interés, como un vehículo o individuo específico.

Para la comunidad militar estadounidense, el interés de Maven es doble. Por una parte, sirve para acumular una gran experiencia en el aprendizaje de la utilización de la IA en un contexto operativo. La importancia que debe concederse a la calidad de las bases de datos que alimentan el software es subrayada, por ejemplo, por los generales estadounidenses. Por otra parte, la IA simplifica enormemente el procesamiento, la clasificación y el análisis de la ingente cantidad de datos recogidos.

Tal es hoy su principal contribución en el mundo militar. Ofrece la posibilidad de explotar con fines de defensa y seguridad el enorme caudal de información generado por la revolución digital. No es un arma decisiva en el campo de batalla. Es comparable más bien a otros inventos como la electricidad o el motor de combustión, que dieron lugar a una revolución industrial una vez consolidado su desarrollo y suscitaron evoluciones en la organización de las fuerzas armadas.

Su campo de aplicación puede extenderse al control de los datos físicos. Es posible anticipar ciertos fallos del equipo siguiendo la evolución de parámetros como la temperatura o el consumo de aceite de los motores o las turbinas. Si podemos anticipar cómo funcionan las piezas de los vehículos, aviones o barcos, resulta más fácil planificar los aspectos logísticos de una maniobra.

La profundización de las tácticas actuales

Las actuales aplicaciones militares de la IA son todavía limitadas, pero podrían desarrollarse rápidamente a corto y medio plazo. Podrían contribuir a desencadenar una nueva revolución en los asuntos militares (RAM). Definimos la RAM como un cambio en el ámbito de la táctica debido a la introducción de una nueva tecnología que suscita la creación de conceptos originales, el establecimiento de nuevas organizaciones y el desarrollo de equipos innovadores.

La RAM generada por la IA prolongaría la ampliamente descrita en la década de 1990. Tras la rápida victoria de Estados Unidos y sus aliados sobre los ejércitos iraquíes en 1991, muchos expertos se preguntaron por el papel de las tecnologías de la información en ese triunfo. Se impuso entonces un modelo. Cubriendo el campo de batalla con sensores y combinando los datos que pudieran recoger, el jefe de las fuerzas tendría una visión instantánea del dispositivo enemigo. Y podría entonces actuar de la forma más apropiada para maniobrar o dirigir el fuego y destruir las posiciones enemigas.

La introducción de la IA podría fortalecer y ampliar ese modelo. De entrada, siendo capaz de tener en cuenta datos mucho más variados y diversos que la posición de las diferentes tropas enemigas para elaborar una situación táctica. Su radio de acción es mucho más amplio. Los operadores podrán alimentar los algoritmos codificando los procedimientos, las doctrinas contrarias o el modo de dirigir, de razonar, de los generales enemigos. Las ciencias humanas se movilizarán para tener en cuenta parámetros psicológicos, constantes culturales, elementos sociológicos o capacidades económicas. El valor de los datos ya no será instantáneo, como en el caso de los sensores que barren el campo de batalla. Al dotar de sentido el pasado, podrían anticiparse mejor al futuro por inducción. La niebla de la guerra se despejaría más o menos según las circunstancias.

Además, la velocidad de ejecución de los algoritmos capaces de procesar y mejorar inmediatamente los datos recibidos dictará el ritmo de ejecución de ciertas tareas. Las máquinas podrán transferir instrucciones a la velocidad de la luz a otros ordenadores u operadores con fines de identificación, predicción, decisión o acción. El cerebro humano se verá sometido a una competencia cada vez más mayor, y la potencia de los procesadores se convertirá en la nueva vara de medir.

Disponer de una superioridad informática constante sobre el adversario proporcionará la ventaja de poder actuar y reaccionar más rápidamente a los acontecimientos. No cabe duda de que el ritmo de las operaciones vendrá dictado por el bando que posea la IA más potente. El ataque podría verse favorecido en el futuro.

Más robots en el campo de batalla

Por tanto, da la impresión de que la IA débil amplificará en un primer momento las orientaciones estratégicas ya tomadas en el marco de la RAM en los noventa. ¿Qué pasará cuando se confirmen los progresos de la IA, cuando sus rendimientos sigan aumentando significativamente? En primer lugar, es probable que otras tecnologías se desarrollen al mismo tiempo. Nanotecnologías, biotecnologías, armas de energía dirigida o dispositivos hipersónicos se beneficiarán de los avances de la IA y serán cada vez más indispensables en el campo de batalla, lo que a su vez estimulará su desarrollo.

Semejante efervescencia podría finalmente dar lugar a lo que los historiadores militares llaman una revolución militar (RM). Ese concepto designó en un principio el modo en que la aparición de la artillería y la renovación de la infantería en el campo de batalla condujeron en el siglo XVII a la creación de instituciones especializadas para producir armas y mantener a los soldados en campaña. Los estados, los únicos capaces de hacer frente a tales gastos, se vieron reforzados. De modo que una RM remite a transformaciones cualitativas en la estructura de los ejércitos y en la forma en que luchan, unas transformaciones que conducen a cambios políticos y sociales. Las RM tienen un alcance mucho más profundo que las RMA.

La potencia de los procesadores será la nueva vara de medir

La próxima RM podría verse desencadenada por la adopción cada vez más generalizada de la IA/automatización en los ejércitos. Ya en marcha para muchas otras funciones, esa automatización podría tomar ante todo la forma de un dron de combate tipo loyal wingman (compañero leal). Modelos como el Valkyrie XQ-58A estadounidense ya están en desarrollo. El concepto es sencillo: un robot se asocia estrechamente con un hombre a cargo de un sistema de armas (como un avión de combate, un vehículo blindado o incluso un buque). El robot tiene una autonomía cognitiva limitada. No piensa por sí mismo, pero responde a las intenciones de su dueño. Está equipado, por ejemplo, con una reserva de municiones, puede activar sensores suplementarios, puede incluso suministrar energía al sistema de armas dominante para que cumpla su misión durante más tiempo. De modo general, amplifica los recursos de que dispone el guerrero al que acompaña.

Sin embargo, el compañero leal quizá sea reemplazado en una o dos generaciones. El perfil de su sucesor podría depender de la decisión de privilegiar o no la automatización a ultranza. Existen en este sentido dos teorías opuestas: los defensores de una guerra de nuevo cuño y los humanistas militares.

Para los primeros, la IA ofrece oportunidades incomparables que hay que explotar al máximo. Captando con suma rapidez una situación táctica, tomando decisiones óptimas basadas en modelos probados, dirigiendo otras plataformas automatizadas, la IA puede animar robots que actúan de manera concertada en el espacio y el tiempo, realizando instantáneamente la maniobra más adecuada. La hiperguerra, donde desaparecería el proceso humano de toma de decisiones, o la guerra a la velocidad de la luz, impulsada enteramente por las nuevas tecnologías, sería en semejante escenario la norma.

Los defensores del humanismo militar se oponen a ese tipo de guerra de la que el hombre quedaría parcialmente excluido. Su rechazo puede estar motivado por el temor al desarrollo de contramedidas eficaces que volverían inoperantes a los robots, por el riesgo de una pérdida de control de las máquinas, por la idea de que la profesión de soldado perdiera su carácter heroico o por el rechazo de la posibilidad de que la muerte venga dada por algoritmos y sin intervención humana asumida.

De modo que podría extenderse otra forma de automatización para satisfacer en parte a los detractores de la automatización completa. El soldado del futuro podría ser el pastor de un rebaño de robots especializados. Podría asignar a cada máquina una tarea particular o, por el contrario, concederle cierta autonomía en el marco de su misión, una autonomía mucho más importante que en el caso del compañero leal, para concentrarse él en las operaciones esenciales. Uno o más robots se encargarían de vigilar una amplia zona con autorización previa, por ejemplo, para destruir cualquier ingenio hostil que entrara en ella. Liberado de numerosas tareas, el pastor estaría mejor capacitado para enfrentarse a otros acontecimientos imprevistos, utilizando al máximo su adaptabilidad y creatividad. Y, sobre todo, el lugar del hombre se mantendría dentro del círculo de decisión y acción.

Quizás el criterio decisivo para decidir cuál de esos modelos prevalecerá finalmente sea la eficacia de cada uno de ellos en el combate. En cualquier caso, la primera consecuencia de la difusión del par IA/automatización será la reducción del número de guerreros. Los robots no sustituirán a todos los soldados, cuyos rendimientos se verán sin duda aumentados por el añadido de prótesis y otros implantes; pero probablemente se encargarán de la parte más peligrosa de las misiones, como la entrada en primer lugar en una zona de alta letalidad. El ethos del guerrero humano podría evolucionar con su nuevo papel. La posibilidad de distanciarse físicamente de los lugares donde la violencia es más extrema modificará las expectativas. El soldado ya no será considerado como un héroe únicamente por el hecho de poseer determinados recursos morales para hacer frente a la brutalidad de la guerra. Disponiendo de superioridad tecnológica, su heroísmo se definirá también por la capacidad de dominar la violencia, de usar el nivel de fuerza adecuado en función de las circunstancias.

En el curso de los últimos años, con la multiplicación del uso de drones, se han señalado con frecuencia las consecuencias políticas de la automatización militar. Algunos expertos consideran que el costo político o económico de la guerra podría reducirse significativamente una vez que se afirmara la superioridad tecnológica de un bando. Sin embargo, eso supone olvidar que el enemigo siempre dispone de un voto para la guerra. Quizá ceda en el campo de batalla, pero puede adaptar su respuesta desplazando el teatro de la guerra. Golpeando con habilidad, puede aumentar el coste de la guerra para su adversario, ya sea desde el punto de vista humano (tomando represalias contra los ciudadanos del adversario), económico (actuando contra sus intereses) o simbólico (obligándolo a actuar al margen de las normas del derecho internacional o humanitario). La automatización no podrá evitar por completo semejantes respuestas.

En última instancia, lo que más probabilidad tiene de transformarse en caso de revolución militar es la relación del ciudadano con la guerra. Maquiavelo condenó severamente a los condottieri, mercenarios al servicio de las ciudades italianas, puesto que libraban, en su opinión, una parodia de la guerra y atenuaban el espíritu militar de los habitantes de las ciudades. Vio en ese fenómeno una explicación del fracaso de las ciudades Estado durante las guerras italianas del siglo XVI. Un proceso similar podría repetirse de prevalecer en los ejércitos una autonomización excesiva. De ceder una parte de su seguridad a los algoritmos, el ciudadano del futuro podría expulsar la guerra de su horizonte, dotar de gran autonomía a las instituciones encargadas de la defensa... y arriesgarse a un duro retorno a la realidad en el caso de que fracasaran sus robots militares.

¿Y después?

La cuarta y última etapa del desarrollo de la IA quizá sea la llegada de una IA fuerte. No cabe duda de que semejante acontecimiento desencadenaría una mutación en la relación entre el hombre y la guerra, equivalente a un cambio de civilización. Algunos futurólogos como Alvin Toffler han considerado que la sociedad humana sólo ha conocido tres mutaciones en el curso de su historia: la revolución agrícola, la revolución industrial y, por último, la revolución de la información. Kenneth Payne, investigador del King’s College de Londres y experto en la relación entre la IA y la estrategia, reduce a dos el número de mutaciones. La primera habría ocurrido hace unos cien mil años cuando las transformaciones cognitivas llevaron a la humanidad a conquistar el mundo. En esa época habrían aparecido los fundamentos de la guerra tal como la conocemos. Según Payne, una segunda mutación se producirá con el desarrollo de la IA, que impondrá nuevos patrones cognitivos y una nueva forma de librar la guerra.

Las IA débiles ya participan en la toma de decisiones. Es posible seleccionar modos automáticos de disparo, por ejemplo, en sistemas de defensa superficie-aire (como el Aegis) capaces de decidir solos qué objetivos priorizar. La auténtica ruptura se producirá cuando una IA fuerte pueda ofrecer una ayuda a la decisión en materias estratégicas, teniendo en cuenta de manera exhaustiva una considerable cantidad de datos procedentes de ámbitos cada vez más vastos.

Es probable que una IA razone de forma diferente a los humanos. Estos están sometidos en su elección a la fatiga, la presión del grupo o a importantes sesgos culturales. Además, la facultad de juzgar del ser humano depende de su deseo, su cuerpo, su conatus, por usar el término de Spinoza. No se corresponderá nunca con una racionalidad pura. La de la IA tampoco alcanzará semejante grado de perfección, pero podrá acercarse a él aplicando estrictas reglas de lógica. Dibujará caminos originales para alcanzar los objetivos asignados. Y ya lo hace: Lee Se Dol, campeón coreano de go, quedó desestabilizado durante una partida contra el programa AlphaGo por un movimiento de la máquina. La probabilidad de que un hombre realizara esa jugada se calculó en una entre 10.000, de lo incongruente que parecía. Ese movimiento permitió al software derrotar a su adversario humano.

No cabe duda de que ese enfoque cognitivo diferente, más lógico, completo y sistemático que el del hombre cambiará nuestro enfoque de la guerra. Desde luego, no abolirá por completo el azar o la incertidumbre. Sin embargo, a medida que la IA se vaya haciendo fuerte, reducirá la libre actividad del espíritu que caracteriza a la acción militar en la trinidad clausewitziana. El manejo del entendimiento puro, la encarnación de lo político en esa misma trinidad, que comprende también al pueblo, se extenderá a la esfera militar a través de las máquinas que actúan a ese nivel. Podría ocurrir entonces que las conexiones entre lo político y lo militar se simplificaran, se hicieran mucho más cercanas. Las dos entidades emplearían un método común para lograr un objetivo compartido. El uso de la violencia se ajustaría definitivamente al nivel suficiente para satisfacer las necesidades políticas. La guerra podría entonces no tener ya una gramática propia, una dinámica específica. Tras ello, los soldados, los generales, verían disminuir su utilidad.

* * *

El desarrollo de la IA está todavía en sus albores y sigue siendo incierto. La historia de la IA está salpicada ya por numerosos fracasos. Algunos de los caminos explorados en la década de 1970 y a finales de la de 1980 han resultado ser callejones sin salida, y pesaron muchísimo sobre las investigaciones de esa época. No obstante, reflexionar sobre sus aplicaciones potenciales puede ayudarnos a prevenir ciertos abusos o catástrofes.

En la actualidad, el observador se encuentra en una posición similar a la de un testigo del siglo XVI al que se pidiera que intentara formular las consecuencias de la introducción de la pólvora en el futuro de la guerra. Al corriente de los inventos de Leonardo Da Vinci y con un poco de imaginación, ese testigo habría podido imaginar que cada soldado acabaría disponiendo de armas individuales que usarían la pólvora para enviar proyectiles (los fusiles), que sus efectos podrían ser cada vez más destructivos (cañones con calibres cada vez más grandes). El límite se alcanzaría cuando el poder de destrucción fuera tan importante que pusiera en peligro la supervivencia de la especie humana (bombas atómicas, aunque sepamos que la tecnología es diferente).

Es posible concebir un proceso similar con la IA. La automatización se extenderá por los ejércitos; sobre todo, entre los soldados, que podrán apoyarse en los robots para cumplir sus misiones. La ayuda a las decisiones abrirá enormes oportunidades a los combatientes y a los encargados de tomar decisiones, y propondrá formas originales de alcanzar los objetivos que decidan fijar. Ahora bien, si los progresos de la IA continúan, la aparición de una IA fuerte, o incluso de una superinteligencia, podría poner en peligro el destino de la humanidad a largo plazo. De modo que a ella le corresponderá establecer barreras tecnológicas, conceptuales, operativas y organizativas para limitar la probabilidad de nuestra extinción, a la manera de los estrategas nucleares.

Por Jean-Christophe Noël

28/12/2020 07:18Actualizado a 28/12/2020 08:29

Jean-Christophe Noël es investigador asociado del Centro de Estudios de Seguridad del Instituto Francés de Relacio-nes Internacionales (IFRI).

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Sábado, 26 Diciembre 2020 09:05

A propósito de la coyuntura actual

A propósito de la coyuntura actual

Hacer una evaluación política racional de la coyuntura actual se ha vuelto una auténtica rareza. Entre las homilías catastrofistas que emanan de los sectores más involuntariamente religiosos del ecologismo (estamos al borde del Juicio Final) y las fantasmagorías de una izquierda desorientada (somos los contemporáneos de «luchas» ejemplares, de «movimientos de masas» imparables y del «colapso» de un capitalismo liberal asolado por la crisis), cualquier orientación racional se desvanece y una especie de caos mental, ya sea voluntarista o derrotista, prevalece por todas partes. Me gustaría adelantar aquí algunas consideraciones, tanto empíricas como prescriptivas.

A una escala casi planetaria, desde hace ya algunos años, sin dudas desde lo que se llamó la primavera árabe, estamos en un mundo en el que abundan las luchas, o, más precisamente, las movilizaciones y las concentraciones de masas. Propongo que la coyuntura general está marcada, subjetivamente, por lo que yo denominaría movimientismo, es decir, la convicción ampliamente compartida de que las grandes concentraciones populares lograrán indudablemente un cambio en la situación. Vemos cómo esto ocurre de Hong Kong a Argelia, de Irán a Francia, de Egipto a California, de Mali a Brasil, de India a Polonia, así como en muchos otros lugares y países.

Todos estos movimientos, sin excepción, parecen poseer tres características:

  1. Son compuestos en su origen social, en el pretexto de su revuelta y en sus convicciones políticas espontáneas. Este aspecto polimorfo también arroja luz sobre su número. No son agrupaciones de trabajadores, ni manifestaciones del movimiento estudiantil, ni revueltas de comerciantes aplastados por los impuestos, ni protestas feministas, ni profecías ecológicas, ni disidencias regionales o nacionales, ni marchas de los que se denominan migrantes y yo llamo proletarios nómadas. Es un poco de todo eso, bajo la batuta puramente táctica de una tendencia dominante, o de varias, según el lugar y las circunstancias.
  2. De este estado de cosas se desprende que la unidad de estos movimientos es –y no puede ser de otra manera, dado el estado actual de ideologías y organizaciones– de tipo estrictamente negativo. Huelga decir que esta negación se refiere a realidades dispares. Uno puede rebelarse contra las acciones del gobierno chino en Hong Kong, contra la apropiación del poder por camarillas militares en Argelia, contra el dominio de la jerarquía religiosa en Irán, contra el despotismo personal en Egipto, contra la reacción nacionalista y racista en California, contra las acciones del Ejército francés en Mali, contra el neofascismo en Brasil, contra la persecución de los musulmanes en India, contra la estigmatización retrógrada del aborto y las sexualidades no convencionales en Polonia, etcétera.

Pero nada más –en particular, nada que equivalga a una contrapropuesta de alcance general– está presente en estos movimientos. Al fin y al cabo, a falta de algo parecido a una propuesta política común que rompa claramente con las limitaciones del capitalismo contemporáneo, el movimiento termina dirigiendo su unidad negativa contra un nombre propio, generalmente el del jefe de Estado. Se va del grito «Mubarak debe irse» al de «Fuera el fascista Bolsonaro», pasando por «Modi racista, vete», «Abajo Trump» y «Bouteflika, retírate». Sin olvidar, por supuesto, las invectivas, las intimaciones a renunciar y los ataques personales contra nuestro propio objetivo natural aquí, en Francia, que no es otro que el pequeño Macron. Propongo, entonces, que todos estos movimientos, todas estas luchas, son, en última instancia, fuerismos. Existe el deseo de que el líder en cuestión se vaya, sin tener siquiera la menor idea de qué va a reemplazarlo ni del procedimiento por el cual, suponiendo que de hecho el tipo se vaya, uno puede asegurarse de que la situación realmente cambie.

En suma, la negación, que unifica, no es portadora de ninguna afirmación, ninguna voluntad creadora, ninguna concepción activa del análisis de situaciones y de lo que puede o debe ser una política de nuevo tipo. En ausencia de ella, el movimiento termina –y esta es la señal de su final– con esa forma definitiva de su unidad, a saber, la de levantarse contra la represión policial de la que ha sido víctima, contra la violencia policial que ha sido obligado a confrontar. En otras palabras, la negación de su negación por las autoridades. Estoy directamente familiarizado con esto desde mayo del 68, cuando, en ausencia de enunciados comunes, al menos al comienzo del movimiento, uno gritaba en las calles: «CRS = SS».1 Felizmente, esto fue seguido en aquel momento –pasada la primacía de la revuelta negativa– por cosas más interesantes, al precio, por supuesto, de un enfrentamiento entre concepciones políticas opuestas, entre enunciados distintos.

  1. Hoy, a la larga, el movimientismo planetario sólo da como resultado el mantenimiento reforzado de los poderes fácticos o los cambios cosméticos, que pueden resultar peores que aquello contra lo que uno se rebeló en primer lugar. Mubarak se fue, pero Al Sisi, que lo reemplazó, es otra versión, quizás peor, del poder militar. Al final, el control de China sobre Hong Kong se ha reforzado, con la imposición de leyes más acordes a las que prevalecen en Beijing y el arresto masivo de militantes. La camarilla religiosa en Irán está intacta. Los reaccionarios más activos, como Modi y Bolsonaro, y la rosca clerical polaca se encuentran muy bien, muchas gracias. Y el pequeño Macron, con un 43 por ciento de aprobación, goza hoy de una salud electoral mucho mejor, no sólo en comparación con el comienzo de nuestras luchas y movimientos, sino incluso en contraste con sus predecesores, quienes, se trate del muy reaccionario Sarkozy o del lobo con piel de socialista Hollande, apenas alcanzaban, a esta altura de su mandato presidencial, el 20 por ciento del apoyo.

Me viene a la mente una comparación histórica. En los años comprendidos entre 1847 y 1850, se produjeron, en gran parte de Europa, grandes movimientos de trabajadores y de estudiantes, grandes levantamientos de masas contra el orden despótico establecido tras la restauración de 1815 y astutamente consolidado tras la revolución francesa, de 1830. Más allá de una ferviente negación, a falta de una idea firme de lo que podría representar una política esencialmente diferente, el furor de las revoluciones de 1848 sólo sirvió para introducir una nueva secuencia regresiva. En particular, el resultado en Francia fue el interminable reinado de un representante típico del capitalismo emergente, Napoleón III, también conocido, según Víctor Hugo, como Napoleón el Pequeño.

Sin embargo, en 1848, Marx y Engels, que habían participado en los levantamientos en Alemania, extrajeron las lecciones de todo este asunto, tanto en textos de análisis histórico –como el panfleto titulado Las luchas de clases en Francia– como en ese manual, al fin afirmativo, que describió lo que debería ser una política completamente nueva, cuyo título es Manifiesto del Partido Comunista. Es en torno a esta construcción afirmativa –que lleva el «manifiesto» de un Partido que no existe, pero debe existir– que comienza, a largo plazo, otra historia de la política. Marx reincidió 23 años después, al extraer lecciones de un admirable intento que, a pesar de su heroica postura defensiva, una vez más careció de la organización efectiva de su unidad afirmativa, a saber, la Comuna de París.

No hace falta decir que nuestras circunstancias son muy diferentes, claro está. Pero pienso que hoy todo gira en torno a la necesidad de que nuestras consignas negativas y nuestras acciones defensivas sean finalmente subordinadas a una visión clara y sintética de nuestros propios objetivos. Y estoy convencido de que, para lograrlo, debemos recordar, en todo caso, aquello que Marx declaró como el núcleo de su pensamiento. Un núcleo que, por supuesto, es a su vez negativo, pero a una escala tal que sólo puede apoyarse en una afirmación grandiosa. Me refiero a la consigna de abolir la propiedad privada.

Mirados de cerca, eslóganes como «Defender nuestras libertades» y «Detener la violencia policial» son, estrictamente hablando, conservadores. El primero implica que disfrutamos, en el actual statu quo, de verdaderas libertades comunes que deben ser defendidas, cuando nuestro problema central debería ser, en cambio, que sin igualdad la libertad no es más que un señuelo. ¿Cómo podría la proletaria nómada privada de papeles legales, cuya llegada aquí no es más que una epopeya cruel, llamarse a sí misma libre en el mismo sentido que la multimillonaria que detenta el poder real, dueña de un jet privado y de su piloto, protegida por la fachada electoral de sus apoderados en el Estado? ¿Y cómo podrían los revolucionarios coherentes imaginar –si es que en verdad albergan el deseo afirmativo y racional de un mundo diferente– que la Policía del poder puede ser amigable, cortés y pacífica? Una Policía que diga a los rebeldes, algunos de ellos enmascarados y armados: «¿El Palacio del Elíseo? Sí, claro, la gran puerta al fondo por la calle de la derecha». ¿En serio?

Sería mejor volver al meollo de la cuestión: la propiedad. El lema general unificador puede inmediatamente ser: «Colectivización de todo el proceso de producción». Su correlato intermedio negativo, de alcance inmediato, «La abolición de todas las privatizaciones decididas por el Estado desde 1986». En cuanto a un buen eslogan, puramente táctico, que dé trabajo a los dominados por el afán de negación, podría ser el siguiente: instalémonos en las oficinas de un departamento muy importante del Ministerio de Economía y Finanzas llamado Comisión de Participaciones y Transferencias». Hagámoslo con pleno conocimiento de que este nombre esotérico, «participaciones y transferencias», no es más que la máscara transparente de la Comisión de Privatización, creada en 1986. Y que la gente sepa que estaremos apostados en esta comisión de privatización hasta la desaparición de toda forma de propiedad privada en lo que concierne a todo aquello que, de una u otra forma, pueda considerarse un bien común.

Simplemente popularizando estos objetivos, tanto estratégicos como tácticos, abriremos otra época, que siga a la de las «luchas», los «movimientos» y las «protestas», cuya dialéctica negativa está en proceso de agotarse a sí misma y agotarnos a nosotros. Seremos los pioneros de un nuevo comunismo de masas, cuyo «espectro», para hablar como Marx, recorrería no sólo Francia y Europa, sino el mundo entero.

  1. Se refiere a las Compañías Republicanas de Seguridad (CRS), cuerpo policial antidisturbios francés, y a las Schutzstaffel (SS), fuerzas paramilitares de la Alemania nazi (N. del E.).

Por Alain Badiou
23 diciembre, 2020

(Publicado originalmente en francés en Quartier Général y en inglés en Verso Books. Traducción al español de Brecha.)

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Sábado, 26 Diciembre 2020 08:49

Todo listo

Todo listo

Las prisas con que la Duma aprobó esta semana una decena de leyes de corte represivo para dificultar al máximo que los candidatos de oposición –tan sólo los que logren superar el primer filtro de impedimentos y consigan el registro– puedan acceder a la cámara baja del Parlamento ruso en las legislativas del año siguiente obedece al deseo del Kremlin de tener todo listo para asegurar el triunfo del partido gobernante.

En el mismo propósito se inscribe la condena a la diputada municipal Yulia Galiamina –dos años de libertad condicional por participar en protestas no autorizadas– que le imposibilita postularse, con lo cual los adversarios del Kremlin no podrán tener en la Duma a una de las voces de Moscú más críticas.

El caso de Galiamina es similar al de tantos otros que, formalmente con condenas a cuestas, quedan fuera del instrumento dócil en que los operadores políticos han convertido la cámara baja, con mayoría calificada de tres cuartos de los votos.

Esta vez la renovación completa de la Duma no será tan sencilla por el desencanto de una parte del electorado ante los excesos del grupo en el poder y el deterioro del nivel de vida de muchos, desde luego debido a la pandemia, pero también a la política del Kremlin que, como en cualquier país capitalista, beneficia a una minoría de privilegiados que incrementan sus fortunas, mientras aumenta el número de rusos que sobreviven por debajo del umbral de indigencia.

Antes de iniciar el tradicional periodo de vacaciones invernal de 10 días con los inevitables puentes que tienen todos los rusos entre la llegada del Año Nuevo y la celebración de la Navidad ortodoxa, la Duma aprobó –entre otras medidas– que se puedan bloquear las redes sociales si se estima que éstas discriminan a los medios de comunicación rusos; que se apliquen multas millonarias por negarse a retirar una información de los sitios web; que se declare "agente extranjero" a cualquier político y se le finque responsabilidad penal; que se prohíba recibir desde otros países donativos de forma anónima, de "agentes extranjeros" y menores de edad; que sea delito penal bloquear el tránsito, y que se pueda mandar a la cárcel por calumniar en Internet.

El margen de interpretación es tan ambiguo que se pueden aplicar, sin fundamento, cuando así convenga al Kremlin.

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Cómo se ha usado la tecnología para violar los derechos humanos alrededor del mundo

El uso de tecnologías puede ser de gran ayuda para facilitar la comunicación entre ciudadanos, agilizar la manufactura en empresas o mecanizar acciones básicas. Sin embargo, en los últimos diez años, el internet, la robótica y las comunicaciones han avanzado a un punto de no retorno. Con ello, se descubrió cómo las tecnologías pueden también vulnerar los derechos humanos por medio de la segregación racial en algoritmos, reconocimiento facial sin consentimiento y acumulación de datos personales vendidos a compañías para aumentar las ventas, además de establecer monopolios.

Durante el mes de septiembre de 2020, la organización para salvaguardar los derechos humanos Amnistía Internacional (AI), publicó una investigación donde asegura, tres firmas tecnológicas europeas (Morpho, Axis Communications y Noldus Information Technology) vendieron herramientas de tecnología biométrica, diseñada principalmente para reconocer rostros, y de vigilancia a el estado de Shangai, China, país donde más se utilizan dichas tecnologías. Este tipo de información es esencial para la autentificación e identificación digital, como en redes sociales o banca móvil.

Asimismo, AI cree, China pudo haber utilizado estas tecnologías en la persecución y adoctrinamiento de miles de musulmanes durante 2017. Gracias a un macrosistema de vigilancia y procesamiento de datos personales, el gobierno Chino, liderado por Xi Jingping del Partido Comunista de China (PCC), identificó en ese entonces como sospechosas a 24 mil 412 personas con ascendencia musulmana. 706 fueron encarceladas y 15 mil 683 fueron trasladadas a «centros de educación ideológica y entrenamiento profesional», según la investigación Los cables secretos de China.

Como defensa de la libertad de expresión y opinión, libertad de pensamiento y derecho a la no discriminación, AI publicó a finales de 2019 el informe Gigantes de la vigilancia. En este reporte, la organización denuncia a los principales servicios de internet, Google y Facebook, como monopolios de la web que lucra con información recabada de la actividad de usuarios y su venta a otras compañías. «Su control insidioso de nuestras vidas digitales menoscaba la esencia misma de la privacidad y es uno de los problemas de derechos humanos que definen nuestra época», señala Kumi Naidoo, secretario general de Amnistía Internacional.

Según Tendayi Achiume, relatora especial sobre racismo, en 2019, 189 algoritmos de reconocimiento facial de 99 desarrolladores en el mundo fueron analizados. Encontró, «muchos de estos algoritmos tenían de 10 a 100 veces más probabilidades de identificar de incorrectamente una fotografía de un rostro afrodescendiente o de Asia oriental, en comparación con una blanca». Achiume criticó: «Ya no puede haber ninguna duda de que las tecnologías digitales emergentes tienen una capacidad sorprendente para reproducir, reforzar e incluso exacerbar la desigualdad racial dentro de las sociedades».

Para poder cambiar el uso de tecnologías a favor de los derechos humanos es necesaria una legislación donde legalmente se aseguren los datos en internet y el derecho a la privacidad. En la Unión Europea (UE) se instauró el Reglamento de Protección de Datos (RGDP) con miras a garantizar la protección de los ciudadanos europeos en sus actividades online. Mas queda aún ampliar este tipo de iniciativas para salvaguardar los derechos humanos en el uso de tecnologías de todo el mundo.

26 diciembre 2020

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