Un agente investigador que estaba de descanso fue linchado por una turba en Cali, tras acusarlo de ser infiltrado y de disparar a manifestantes.Foto Afp

Viernes 28 de mayo, paro nacional en Colombia. Como en las citaciones anteriores, por decenas de ciudades la comunidad se movilizó de manera alegre, entonando cánticos, celebrando un mes de intensas movilizaciones. Abril 28, despertó un inmenso conglomerado social, transformado en un alzamiento juvenil/popular que fue dando cuenta de pretendidas reformas gubernamentales, todas injustas e improcedentes, así como de funcionarios públicos, autoritarios como el mismo gobierno del que hacían parte.

El nuevo llamado a paro estuvo antecedido de la negativa del gobierno Duque a firmar un acuerdo que de paso a la instalación de una mesa de negociaciones para entrar a resolver a fondo el Pliego de Emergencias radicado ante el gobierno de turno por decenas de organizaciones sociales desde hace más de un año.

Con un mes de lucha, con varios triunfos entre las manos, los sectores movilizados coparon calles con la convicción de que son nuevos tiempos, en los que es posible alcanzar más triunfos, además de ahondar el tejido organizativo para poder sostener y prolongar la onda por el cambio, la misma que debe alcanzar sintonía profunda en los territorios.

En medio de esta celebración, en la ciudad de Cali, los manifestantes que estaban en el sector conocido como La Luna, fueron atacados a bala por un civil por cuya acción dos personas perdieron la vida (Luis Eduardo López Solano de 35 años, trabajador del Teatro Municipal Enrique Buenaventura y Michael Aranda, joven que fue trasladado muy grave al hospital, donde se certificó su muerte). La reacción solidaria de un grupo de los atacados alcanzó a rodear al atacante, hasta lincharlo. La revisión de sus prendas de vestir arrojaron un resultado “sorpresa”: el personaje era agente del CTI. Es decir, el atacante y asesino, linchado por los aireados manifestantes, era un agente encubierto.

La noticia se esparció como pólvora, de manera que el Fiscal General, Francisco Barbosa, salió rápidamente a lavar la cara del establecimiento. Según su relato, el agente encubierto, cuyo nombre era Fredy Bermudez, sí era activo del CTI pero “estaba de vacaciones”. ¡Qué vacaciones!

El suceso recuerda otros acaecidos a lo largo de los treinta días de paro nacional y en los cuales diversas manifestaciones sufrieron ataques a bala por personajes de civil, incluso ante la vista de uniformados. En todos ellos la sospecha de que son agentes encubiertos late por todas partes, la suspicacia de que son provocadores en procura de generar confusión, muerte y temor siempre está presente, pero hasta ahora no había sido posible dejar al desnudo, como en este día: los provocadores y los asesinos hacen parte del establecimiento, son sus protectores.

Producto de esta manera de operar –paramilitar / parapolicial–, fueron asesinados Nicolás Guerrero en la misma ciudad de Cali, y Lucas Villa en la ciudad de Pereira. Pero en circunstancias similares una docena de integrantes de la minga indígena fueron baleados. Otras docenas de manifestantes también registran en su humanidad las huellas de bala.

Mientras esto sucedía en esa parte de la ciudad, en otro sector de la capital vallecaucana, en la Universidad del Valle y sus alrededores –barrio Ciudad Jardín–, los manifestantes eran atacados a bala por civiles, incluso con armas de asalto, protegidos con chalecos antibalas, disparando en presencia de agentes de la policía motorizada. Las denuncias dan cuenta de varios heridos pero no precisan cuántos ni la gravedad de las lesiones.

El sector donde ocurrieron los hechos es el mismo donde la minga indígena fue atacada en días anteriores y en iguales circunstancias. Es decir, la evidencia se repite y con gravedad: existe un sector de la sociedad, de altos ingresos, fanática de la defensa de su riqueza, mentalizada en que el orden se impone a punta de bala, por el derecho que les da esa misma riqueza, la cual compra salvoconductos, silencio e impunidad. Cuarenta años de paramilitarismo, de un Estado terrorista e instigador de la violencia, asesino de su propio pueblo, ha dado muchos frutos extremos, entre ellos la disposición del aparato policial y militar para defender exclusivamente a la minoría de la sociedad, no a toda como lo ordena el cuerpo constitucional; pero por otro, la extensión de una mentalidad militarista, de odio de clase, con ideas de propiedad, orden y racistas claramente arraigadas, soporte y defensa del 1 por ciento, los demás sobran. Y como sobran, o se quedan en sus barrios, veredas, resguardos, quietos, sin hacerse sentir, o se exponen al derecho que les asiste a los ricos, y a quienes los defienden: la mal llamada “fuerza pública”.

En otras ciudades del país las marchas de quienes acataron el llamado a paro y a celebrar, fueron atacadas por el Esmad y los heridos y detenidos se cuentan por decenas. Se denuncia la muerte de por lo menos otros dos manifestantes, también en Cali o sus cercanías. Uno de ellos perdió la vida en la vía que conduce a Candelaria, en una disputa –según las autoridades entre un sector que bloqueaba la vía y otro que intentaba su desbloqueo–. El otro muerto ocurrió en el barrio Meléndez: según denuncias de derechos humanos, era Sebastián Jacanamijoy, indígena del Pueblo Inga y estudiante de la Universidad del Valle información que está en proceso de verificación. La orden del establecimiento es una y solo una: hay que restablecer la producción a como de lugar, no importa el costo que ello signifique en vidas de los marginados. Así continuará su proceder en los días que vienen y entre ojos tienen a quienes resisten con los bloqueos a lo largo del país.

Como antesala a ello, Duque ordena el máximo despliegue militar en Cali y el Valle del Cauca: “Quiero dejar claro que este despliegue llevará a casi triplicar nuestra capacidad en menos de 24 horas en todo el departamento…” . Una orden que da respuesta a la insistente demanda a los gremios de país a desbloquear las autopistas. El costo humano de las acciones que ya pueden preverse no será poco.

Es una acción militar, económica u política que también ha estado antecedida por la inculpación al Comité Nacional del Paro de la existencia y pervivencia de tales bloqueos. Por lo tanto, una vez procedan a desbloquear a la fuerza inculparán al citado Comité de todo lo que pueda suceder en esos operativos

Entra así el Paro nacional en una nueva fase: su confrontación a través de una abierta acción militar.

La resistencia

El paro del 28 de mayo termina con luto y dolor, y el duelo por las víctimas lo celebraran los marginados y excluidos con nuevas jornadas de resistencia, a pesar del militarismo, del paramilitarismo, de los parapolicías, de las manipulaciones, de la desinformación, de la intimidación.

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Amnistía Internacional insta a EE.UU. a suspender venta de armas y equipo a Colombia porque son usadas para "reprimir las protestas"

La organización no gubernamental documentó que las fuerzas de seguridad colombianas emplearon el lanzador múltiple de proyectiles Venom contra manifestantes.

La organización Amnistía Internacional (AI) instó al Gobierno estadounidense a suspender inmediatamente la venta directa e indirecta de armas, equipo y tecnología a Colombia, debido a que han sido utilizadas por la fuerza pública para reprimir a ciudadanos durante las protestas sociales que iniciaron hace tres semanas en el país latinoamericano. 

"El papel de Estados Unidos en alimentar los ciclos incesantes de violencia cometidos contra el pueblo de Colombia es indignante", expresó en un comunicado de prensa Philippe Nassif, director de promoción de la oficina de Amnistía Internacional en EE.UU.

La organización pidió al secretario de Estado, Antony Blinken, que el Gobierno de Joe Biden "cese de inmediato el suministro, la venta o la transferencia directa o indirecta de equipo" que ha sido utilizado para reprimir las protestas.

Esta exigencia hace referencia al fin del suministro de armamento, equipo y asistencia con Colombia, hasta que las fuerzas de seguridad "cumplan plenamente con el derecho y las normas internacionales sobre el uso de la fuerza" y los abusos de los uniformados sean investigados "de manera independiente e imparcial".

La lista incluye la prohibición de las siguientes herramientas:

  • Escopetas, armas pequeñas y municiones.
  • Gas lacrimógeno y proyectiles antidisturbios.
  • Vehículos blindados.
  • Tecnologías de vigilancia de doble uso.
  • Capacitación y cualquier otra asistencia técnica o financiera.

Abusos policiales

En el contexto del paro nacional en Colombia, la comunidad internacional ha expresado su preocupación por el uso excesivo de la fuerza pública y las múltiples violaciones a los derechos humanos cometidas por los uniformados. 

En particular, Human Rights Watch documentó que la Policía disparó gases lacrimógenos directamente hacia manifestantes desde un puente, en la ciudad de Cali, durante las protestas del 3 de mayo. Además, la organización comprobó que uniformados dispararon desde una tanqueta proyectiles múltiples hacia los civiles.

El pasado 12 de mayo, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) utilizó un lanzador de proyectiles múltiples de alta velocidad Venom, desde el suelo y de forma horizontal, para reprimir a manifestantes en Popayán (Cauca). "Esta es un arma indiscriminada y es peligrosa usarla de esta forma", señaló el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. 

Amnistía Internacional denunció que la fuerza pública ha utilizado los lanzadores de proyectiles de gran capacidad Venom y lanzaproyectiles de mano Penn Arms, ambos fabricados por la empresa estadounidense Combined Systems.

En ese sentido, la organización señala que el Gobierno de EE.UU. ha sido históricamente uno de los principales proveedores de armas y equipos policiales de Colombia. Por lo tanto, tiene una responsabilidad en los "asesinatos, desapariciones, violencia sexual y otras torturas", y en la "horrenda represión de decenas de manifestaciones" en el país suramericano, según denunció la organización.

Víctimas de violencia

El Gobierno colombiano ha informado sobre el fallecimiento de 42 personas (41 civiles y un policía). De esta cifra, 15 muertes tienen relación directa con las manifestaciones, según la Fiscalía General de la Nación. 

En contraste con la información oficial, organizaciones sociales reportan 51 fallecimientos en el marco del paro nacional, de los cuales 43 corresponden a personas que "fueron asesinadas por presunta autoría de la fuerza pública"

Según las denuncias recibidas por la organización Temblores y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), hay 2.387 casos de violencia policial, incluyendo 18 víctimas de abuso sexual y 33 personas con lesiones oculares. 

Publicado: 20 may 2021

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Colombia. Estamos ante el terrorismo de Estado, en cuerpo pleno.

En Popayán, desde el día cero del Paro Nacional, la violencia y represión alcanzó niveles inadmisibles, pero su pico máximo se registró durante la semana del 10-17 de mayo, con epicentro el día 12 cuando dos menores denunciaron su violación por parte de efectivos policiales del Esmad. Una de ellas, Alison Meléndez, ante lo sentido por su cuerpo a la fuerza (“Me bajaron el pantalón y me manosearon hasta el alma", denunció), como lo evidencian los moretones sobre sus manos, optó por quitarse la vida. La familia de la otra menor pidió la reserva de su nombre. 

“En un mar de caos, entre escombros y estallidos yo me disponía a ocultarme en el domicilio de unos conocidos, decidí parar para registrar un proceso irregular por parte de la fuerza pública y ese fue el peor error que pude cometer, una vez los agentes de la guardia antimotines se percataron de que grababa sentí miedo, traté de esconderme pues sabía que huir podría ser peor, segundos después estaba siendo aprehendida forzosamente por cuatro agentes quienes morbosamente me manoseaban y me jalaban la ropa, entre insultos y amenazas me condujeron a la Unidad de Reacción Inmediata más cercana, todo parecía indicar que mi destino ya estaba escrito; yo no estaba marchando pero eso tampoco pudo evitar el horror que esas bestias me hicieron en nombre del Estado”. Vivido por Alison Meléndez.

Otra mujer violentada, ultrajada, sometida al machista y patriarcal proceder de un cuerpo armado instituido para defender intereses y privilegios, entre ellos, es evidente, el de considerar a las mujeres cosas, objetos de placer. Intereses y privilegios que para su prolongación no reparan en métodos, formas, armas; clara forma de concretar y prolongar un poder que destruye a las mayorías de una sociedad.

Una injusticia más. Tantos caídos en disimiles circunstancias: golpeados, acribillados, y las mujeres abusadas y ultrajadas; unas y otros víctimas de un solo proceder: el operar represivo y autoritario de unidades de las fuerzas armadas, bien policías, bien escuadrones del Esmad y del Goes (Grupo de operaciones especiales). Esta es la áspera realidad que no le da descanso a los jóvenes a lo largo de toda la geografía nacional, en la que, bajo tratos que niegan diversos derechos humanos, las fuerzas del establecimiento pretenden preservar el sacrosanto orden establecido para el beneficio de unos pocos.

Un poder, un orden, que al sentirse cuestionado y desconocido por amplios sectores sociales, niegas sus propios preceptos.

“Se está cortando, llevó toda la semana con el celular “chuzado”, dice qué la SIM card no funciona”, asegura una defensora de DDHH en la capital del departamento del Cauca en plena entrevista con desdeabajo; al parecer las llamadas están siendo intervenidas o cuando menos existe una alta interferencia. De acuerdo a nuestra entrevistada no solo le sucede a ella, los teléfonos de otras personas dedicadas a la defensa de los Derechos Humanos, como otras vinculadas al activismo estudiantil, registran pésima recepción. Es claro que a alguien no le interesa que estas personas se comuniquen entre sí, ni que mantengan relaciones dinámicas con sus contactos al interior como al exterior de la ciudad, algo ya vivido en días recientes en Siloé, por ejemplo, donde es sabido que las fuerzas armadas utilizaron bloqueadores de señal, propios de zonas de guerra o para aislar zonas de alto valor estratégico o para el desarrollo de operativos militares de alto vuelo.

Es una presión constante, parte del despliegue de la llamada inteligencia de combate. No se afanan en ocultar sus acciones, les interesa que quien es objeto de seguimiento sepa que está bajo vigilancia, que viva la zozobra de no saber si pasarán la raya, ni cuando lo harán; es parte de la guerra psicológica.

Acciones que también recaen sobre toda la sociedad. Los helicópteros sobrevuelan como aves de rapiña y la presa es el pueblo, los despojados, que con mucha dignidad buscan resistir las envestidas orquestadas por las diferentes divisiones de la mal llamada “fuerza pública”. Censurar y reprimir son los dos principales objetivos, porque a este gobierno le gusta la gente “juiciosita”: el indígena en el resguardo, los pobres produciendo, los estudiantes en clase y sin cuestionar ni pretender comprender nada más allá de lo que dicta el profe, y todo aquel que sea diferente que baya buscando la forma de mimetizarse y no incomodar porque la “gente de bien” con un muy abstracto código moral se puede cansar de tanto bloqueo y protesta.

Tapen, obstruyan, manipulen

El delito de obstruir la justicia también se hace presente y cuando “la cara amable del Estado” no logra sus propósitos matando o amedrentando, hace todo lo posible por obstaculizar la gestión de los defensores de DDHH y de los comunicadores de los medios independientes. En el ejercicio de su función estos saben que consultar el estado de salud, como el calabozo donde fue encerrada una u otra persona, es considerado un desacato a la autoridad por los “guardianes del orden”, al punto que muchos defensores son amenazados y su trabajo se ve seriamente entorpecido, sometidos a vivir en permanente zozobra, en no saber en dónde pasará la noche para al día siguiente salir desde temprano a hacer la veeduría en hospitales y centros policiales para verificar las condiciones en que están encarcelados o en tratamiento médico decenas de manifestantes.

La vida siempre ha valido poco en Colombia, la diferencia es que ahora están matando de manera abierta, apuntándole a todo el que se atraviese, a todo el que se levante y objete. Hoy no se trata de aquellas personas perseguidas y asesinadas lejos de las zonas urbanas, no, hoy puede ser en cualquier ciudad, a plena luz del día, y quien reciba los impactos de bala puede ser cualquiera, alguien indignado, pero también alguien que esté mal parqueado.

Todo esto es la consecuencia de la decisión oligárquica de soltar a sus perros de presa y estos, hambrientos y atrofiados por sus falsas conciencias han desatado todo su odio e ira sobre la población civil. Apuntan a la cara y a matar. Al que no pueden matar le propinan brutales golpizas. A la que elijan, la violan.

Todo esto fue vivido y experimentado en Popayán en estos días, como ya lo habían padecido en otras ciudades amplios grupos sociales. Estamos ante el terrorismo de Estado, en cuerpo pleno.

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"No lo hemos visto nunca en América Latina": HRW responde al ministro de Defensa colombiano sobre el uso de lanzadores Venom contra manifestantes

Previamente, la organización denunció que los policías usaron "tanquetas con lanzadores de proyectiles múltiples dirigidos a manifestantes", advirtiendo que se trata de un "arma peligrosa e indiscriminada". 

El director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, declaró que la organización nunca ha visto "en América Latina y ni siquiera en Estados Unidos" que los policías usaran "lanzadores de proyectiles múltiples de alta velocidad horizontales" como, según había denunciado previamente, ocurre en Colombia.

De esta manera, Vivanco respondió a las declaraciones del ministro de Defensa, Diego Molano, quien destacó que las armas en cuestión se usan en caso de disturbios que "afectan la tranquilidad y la seguridad" o cuando puede generarse violencia. Declaró durante una entrevista con Deutsche Welle que se usan "frente a terceros, frente a otros ciudadanos con destrucción de entidades públicas con el fin de que se disuelvan". "De ninguna manera desde esas tanquetas puede haber disparos contra ningún funcionario o contra ningún ciudadano", dijo.

Arma indiscriminada

"La explicación es muy pobre", afirmó en respuesta Vivanco, también durante una conversación con DW. En ese contexto, sugirió que "el ministro de Defensa no esté al tanto de los detalles", agregando que "acaba de llegar y no tiene mayor experiencia en temas de seguridad". Cabe señalar que Molano se desempeña como ministro de Defensa desde el 1 de febrero de 2021 y asumió el cargo después de que su predecesor, Carlos Holmes Trujillo, falleciera a finales de enero a causa del covid-19.

Vivanco detalló que las tanquetas están equipadas con un tipo de "lanzadores de proyectiles múltiples de alta velocidad horizontales, no hacia arriba, horizontales, que pueden lanzar aparentemente bombas lacrimógenas o bombas aturdidoras de una manera que puede ser indiscriminada".

"Esto parece un procedimiento altamente peligroso, de alto riesgo, y creo que este tipo de prácticas son las que causan las denuncias sobre extrema brutalidad policial", reiteró.

La polémica comenzó después de que Vivanco publicara este miércoles un video en el cual se puede ver cómo policías disparan desde una tanqueta proyectiles múltiples hacia manifestantes en Colombia. "Con testigos presenciales y verificación digital de videos hemos corroborado el uso de tanquetas con lanzadores de proyectiles múltiples dirigidos a manifestantes", escribió en su cuenta de Twitter, advirtiendo que se trata de un "arma peligrosa e indiscriminada".

El ministro de Defensa, a quien Vivanco había pedido dar explicaciones, señaló que la grabación está bajo investigación.

El lanzador múltiple de proyectiles Venom

Mientras tanto, El Espectador informa que el arma en cuestión no es nueva, es un lanzador múltiple de proyectiles electrónicos, denominado 'Venom'. De acuerdo con el periódico, es "una de las armas 'no letales' más sofisticadas y costosas que tiene el Esmad [Escuadrón Móvil Antidisturbios] para dispersar manifestaciones", que, según un derecho de petición que respondió el Ministerio de Defensa a la Comisión Sexta del Senado, cuesta aproximadamente 400 millones de pesos (118.794,11 dólares).

El arma tiene 3 compartimientos de carga, cada de los cuales puede alojar 10 cartuchos electrónicos. Realiza disparos a una distancia de hasta 150 metros.

Venom usa dos tipos de munición: cartuchos eléctricos de aturdimiento que generan un destello de luz y sonido y cartuchos que generan una dispersión de humo y gas, señala El Espectador.

Mientras, el político Sergio Marín, representante a la Cámara por Bogotá y la región de la Orinoquia (partido Comunes), señaló en su cuenta de Twitter que un proyectil de Venom cuesta 71,17 dólares.

Asimismo, difundió una imagen con características del arma, tomada del catálogo de la compañía CSI Combined System. El lanzador de 37mm "puede ser instalado en vehículos, trípodes e instalaciones estáticas", indica la foto. Las municiones de destello-estruendo ofrecen "capacidades de distracción y advertencia por lapsos prolongados durante operaciones diurnas y nocturnas", mientras que otras tienen "capacidad de lanzar densos volúmenes de irritantes o de humo para cubrir un área amplia en pocos segundos".

Las manifestaciones en Colombia comenzaron el pasado 28 de abril en respuesta a la polémica reforma tributaria presentada por el Gobierno de Iván Duque. Aunque el mandatario retiró la iniciativa ante la presión social, la brutal represión de la Policía y el Ejército contra inconformes reavivó el reclamo en las calles.

Publicado: 9 may 2021 01:46 GMT

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Un grupo de personas baila durante una protesta en rechazo a la violencia ocurrida en las protestas, en el Parque Nacional de Bogotá (Colombia), este 6 de mayo de 2021. — Carlos Ortega / EFE

La protesta social que comenzó el 29 de abril en Colombia contra una reforma tributaria ha desembocado en tal represión policial que hace difícil contabilizar en tiempo real los muertos, los heridos y los detenidos. También los casos de violencia sexual, un fantasma que emerge como en los peores tiempos del terror.

BARRANQUILLA (COLOMBIA)

06/05/2021 23:51

Constanza Vieira

"No responder por ningún motivo con violencia ante agentes. Nosotros tenemos nuestro cuerpo, ellos las armas. ¡La vida primero!", dice un meme viral y distribuido por Whatsapp. A la puesta del sol comienza esa versión colombiana de la noche de los lápices.

Ante la inusual brutalidad policial contra la huelga nacional reiniciada el 28 de abril (porque esa huelga estaba en marcha antes de la pandemia), abundan las advertencias para guardarse en casa a las 6 de la tarde. "No hay garantías para la vida", alertan los mensajes.

El cuerpo de los y las manifestantes no solo es atacado con chorros de agua a presión, patadas, bolillo -como se llama a la munición no letal- o simplemente a bala. La organización civil Temblores ha documentado hasta el mediodía del 5 de mayo diez casos de violencia basada en género, es decir, contra mujeres.

"Hay subregistro", aclara a Público Emilia Márquez, de esa ONG que triangula sus propios datos con cifras oficiales, publicaciones de prensa, información vertida por las redes sociales e informes de activistas de derechos humanos, para evitar repeticiones y disminuir errores: "Hay dificultad para documentar en tiempo tan real".

El subregistro no es sólo porque la realidad no se detiene. "Los casos de violencia sexual siempre son los más subregistrados porque a las víctimas les da mucho miedo denunciar". Además, "cuando denuncian las mujeres, no son tomadas en serio".

Temblores gestiona la plataforma Grita, donde se reciben las denuncias de los casos de brutalidad policial -esta es su especialidad-. En alianza con otras organizaciones defensoras de derechos humanos, como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, y con centros de estudios jurídicos, como el de la Universidad de los Andes, Temblores facilita acompañamiento legal gratuito. Explica, en este sentido, que cuando se trata de violencia de género no se dan a conocer los nombres de las víctimas, ni datos que puedan conducir a ellas.

La protesta social es un escenario en el que existe un riesgo diferenciado cuando se es mujer o se tiene orientación sexual diversa, pues hay más formas de discriminación, mayor exposición a las agresiones y a la violencia estatal.

La organización feminista Sisma Mujer, que ofrece asistencia jurídica y psicológica, habilitó este 5 de mayo una línea de atención prioritaria sobre violencia sexual en el contexto de la huelga nacional. Cuatro personas reportaron hechos relacionados con este delito el primer día, de las cuales solo una respondió a las 9 de la noche al mensaje de recepción de Sisma. No es mucho lo que se puede averiguar cuando el miedo es rey.

La persona que atiende la línea de atención solo ha podido detallar a Público que este caso ocurrió en Bogotá y que se trata de una mujer desaparecida tras ser detenida por el ESMAD (escuadrón antidisturbios de la Policía Nacional). No se conoce su edad ni ocupación, tampoco se puede saber en qué lugar de la capital colombiana ocurrió la captura.

La Defensoría del Pueblo es una de las fuentes estatales de triangulación de Temblores durante los sucesos violentos que están ocurriendo en distintas ciudades colombianas. En el sitio web de la entidad dependiente del Ministerio Público se puede completar un formulario para denunciar distintas modalidades de violencia contra mujeres y personas LGBTI.

El formato pregunta, en este orden, por agresión física, psicológica, verbal, tocamientos inapropiados, acceso carnal violento u otros hechos de violencia sexual, uso desproporcionado de la fuerza, retención arbitraria basada en género en contra de la persona o de algún familiar, feminicidio o tentativa de feminicidio (una figura tipificada en el Código Penal Colombiano), homicidio contra la persona o contra alguien del grupo familiar, tortura física o psicológica, desaparición forzada.

Según la Campaña Defender la Libertad un Asuntos de Todas, en su boletín 7 sobre la huelga nacional, también emitido al mediodía del 5 de mayo, quince personas fueron víctimas de violencia de género por parte de agentes del ESMAD.

Defender la Libertad es una coordinadora técnica de ONG dedicadas a la defensa de los derechos humanos, también aglutina organizaciones sociales, estudiantiles, culturales y comunales, y busca conformar una Red Nacional de Comisiones de Verificación e Intervención de la Sociedad Civil. Sin embargo, su Sistema de Información de Agresiones a la Protesta Social (SIAP) no ha sido actualizada con los datos de los sucesos acaecidos desde la semana pasada, cuando se activó la huelga nacional.

Bajo el lema ‘como la policía no nos cuida’, Defender la Libertad publicó hace un año, junto con agrupaciones como Sisma Mujer, instrucciones sobre qué hacer en caso de violencia de género en el marco de la protesta social.

Antecedentes en protestas anteriores

El informe "Bolillo, Dios y Patria", publicado por Temblores en enero de 2021, menciona 102 hechos de violencia sexual cometidos por la fuerza pública desde 2017. Al menos, tres de ellos tuvieron visos de represalia contra la protesta cívica.

Esos tres sucesos sí están documentados. Ocurrieron en septiembre de 2020, durante las manifestaciones contra la muerte de Javier Ordóñez, un padre de familia y estudiante de Derecho, a quien la policía redujo con una Taser antes de quitarle la vida. La muerte de Ordóñez, que pedía clemencia en el suelo y en estado de indefensión, recordó el  "No puedo respirar" de George Floyd que encendió las protestas contra la violencia policial racial en Estados Unidos el año pasado.

Temblores denunció que el abuso sexual contra las tres mujeres de entre 22 y 23 años se produjo en una oficina policial de atención inmediata (CAI), en el Centro Internacional de Bogotá, un espacio de comercios y oficinas aledaño al casco histórico.

Las jóvenes fueron detenidas porque una de ellas estaba fumando un cigarrillo en la calle, se les acusó de consumir marihuana. Como solo una mujer policía las podía requisar, se las llevaron detenidas al CAI. Allí, la mujer policía no mostró compasión aunque fue consciente de que las detenidas estaban siendo manoseadas por los uniformados. Después de abusar de ellas, las pusieron en libertad cuando el novio de una de las mujeres pagó a los agentes, en pesos colombianos, una cantidad equivalente a 30 euros.

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Un operativo policial en la favela Jacarezinho causó 24 muertes de pobladores 

 

Es balance más letal en la historia de Río de Janeiro

"¿Quiénes son los muertos de la operación en la favela?: los jóvenes negros" señaló Silvia Ramos, coordinadora de la Red de Observatorios de Seguridad Pública.

 

Una operación policial contra el narcotráfico en una favela de Río de Janeiro dejó este jueves 25 muertos, entre ellos un agente de la policía. El balance de la acción en la favela Jacarezinho es el más letal de una operación policial en la historia de esa ciudad, señalan investigadores. Según informó la Policía Civil en un comunicado, un uniformado murió baleado en la cabeza, y "24 sospechosos" también murieron alcanzados por balas policiales. Pobladores y ONGs denunciaron ejecuciones sumarias: la Policía las negó. 

Desde primeras horas del día, esa comunidad se transformó en un verdadero campo de batalla, con intensos tiroteos y helicópteros sobrevolando las casas. Vecinos denunciaron abuso de la fuerza por parte de los agentes. Una novia no pudo acudir a su propio casamiento y una embarazada con cesárea agendada no pudieron salir de sus casas, entre otros casos.

Los habitantes relataron que hallaron a personas muertas en terrazas y callejuelas y que muchos cuerpos fueron cargados en un camión blindado de la policía, confió un líder comunitario a la agencia AFP, que pidió no ser identificado por razones de seguridad.

La explosión de granadas en la región asustó a los pobladores y a los pasajeros del subte cercano, la estación Triagem, en Jacarezinho, zona norte de Río. Dos personas fueron heridas de bala dentro de la formación del subte y están fuera de peligro internadas.

En una conferencia de prensa al final de la tarde, la Policía Civil (PC, que se ocupa de investigaciones criminales) confirmó el balance dado inicialmente por la prensa de "24 sospechosos" y un agente muertos y aseguró que "todos los protocolos" de la corporación antes de abrir fuego "se cumplieron, sin excepción".

"Lamentablemente hubo muchos enfrentamientos en la comunidad. No hay lo que celebrar en ese balance", afirmó un responsable de la PC. El agente muerto fue baleado en la cabeza "al iniciarse la operación", agregó.

La irrupción policial se dio en el marco de una investigación sobre una banda que reclutaba a niños y adolescentes para el tráfico de drogas, robos, secuestros y asesinatos.

Para Silvia Ramos, coordinadora de la Red de Observatorios de Seguridad Pública, se trató de "una operación mal planificada, y con un policía muerto, se convirtió en una operación de venganza".

"¿Quiénes son los muertos? Jóvenes negros. Y por eso la policía habla de 24 sospechosos. Basta ser joven, negro y habitante de una favela para convertirse en sospechoso", dijo Ramos.

Miembros de organizaciones defensoras de los derechos humanos acudieron a la favela e inspeccionaron junto a los vecinos las casas que fueron invadidas durante la acción policial, algunas con rastros de sangre y destrucción.

Una habitante contó que un joven fue abatido en su casa, donde se había refugiado herido. "El chico llegó baleado y como ningún habitante de la comunidad puede echar a otro, se quedó. Pero los policías vieron sangre y entraron gritando: '¿dónde está? ¿dónde está?'. Yo solo tuve tiempo de llevar a mis hijos para atrás mientras ellos lo mataban en el cuarto", contó la mujer.

Jacarezinho es considerada una base del Comando Vermelho (Comando Rojo), la principal organización narcotraficante de Rio.

La operación más letal 

"Si pensamos en masacres con participación de policías fuera de servicio (operaciones ilegales de venganza), las de Vigario Geral en 1993 (22 muertos) y la de la Baixada en 2005 (31 muertos)" se le asemejan, dijo Silvia Ramos.

"Pero en operaciones legales, la de Jacarezinho batió todos los récords", agregó.

El dispositivo se llevó a cabo a pesar de un fallo de la corte suprema que impide a la policía hacer redadas en los barrios periféricos mientras dure la pandemia de coronavirus, salvo en "circunstancias absolutamente excepcionales".

El Instituto Igarapé, especializado en temas de seguridad y desarrollo, consideró "inaceptable que la policía de seguridad pública del estado (de Río) siga apostando por la letalidad como principal estrategia, sobre todo en zonas vulnerables".

Según datos del Instituto de Seguridad Pública citados por Igarapé, la Policía de Río "fue responsable por la muerte de 453 personas entre enero y marzo de este año", un número que ya representaba "el 36% del total de muertos en todo 2020", cuando fueron abatidas 1.245 personas.

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Disturbios en Colombia en imágenes: Cali se rebela contra la brutalidad policial durante las protestas

Las manifestaciones contra la reforma tributaria que ya ha suspendido el Gobierno colombiano han dado paso a disturbios a causa de los numerosos manifestantes muertos a causa de la represión policial en la ciudad.

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    Un hombre mira una comisaría incendiada durante las protestas en Cali contra la brutalidad policial ejercida en las recientes protestas contra la reforma fiscal del gobierno del presidente Iván Duque.

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Disturbios en Colombia en imágenes: Cali se rebela contra la brutalidad policial durante las protestas

Las manifestaciones contra la reforma tributaria que ya ha suspendido el Gobierno colombiano han dado paso a disturbios a causa de los numerosos manifestantes muertos a causa de la represión policial en la ciudad.

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    Un hombre mira una comisaría incendiada durante las protestas en Cali contra la brutalidad policial ejercida en las recientes protestas contra la reforma fiscal del gobierno del presidente Iván Duque.

Publicado enColombia
Martes, 13 Abril 2021 05:37

Un día de furia en Estados Unidos 

La policía reprimiendo las protestas antirracistas en Minnnesota.  ________________________________________ Imagen: AFP

Toque de queda en Minneapolis, tiroteo en Tennessee, disturbios en California

El asesinato de otro afroamericano a manos de la policía generó nuevas y masivas movilizaciones. Por la tarde un adolescente murió y un oficial de policía fue herido en un tiroteo en una escuela de Tennessee. Y los nazis marcharon en California

 

Estados Unidos volvió a vivir horas de furia en las calles. Las autoridades de Minnesota declararon el estado de emergencia y un toque de queda a partir de las 19 horas en la ciudad de Minneapolis tras la muerte de otro afroamericano a manos de la policía, justo cuando se acerca el fin del juicio por el asesinato de George Floyd. Según el departamento policial de Brooklyn Center, el domingo una agente quiso usar su pistola taser para inmovilizar a Daunte Wright, demorado por una infracción de tránsito, pero se confundió y disparó con su arma de fuego, lo que acabó con la vida del joven de 20 años. El presidente Joe Biden se pronunció sobre el incidente y dijo que las manifestaciones pacíficas son comprensibles, pero que "no hay absolutamente ninguna justificación" para los disturbios.

El mismo lunes al menos un adolescente murió y un oficial de policía fue herido en un tiroteo en una escuela secundaria de la ciudad de Knoxville, en el estado de Tennessee. La violencia también estalló durante el fin de semana en una playa del sur de California cuando una manifestación de supremacistas blancos chocó con unos 200 movilizados del movimiento Black Lives Matter. En las protestas, disueltas por la policía, se vieron a manifestantes portando símbolos nazis, del Ku Klux Klan y del expresidente Donald Trump.

El caso Daunte Wright

El último crimen racial que enluta a Estados Unidos se produjo el fin de semana en Brooklyn Center, un barrio de las afueras de Minneapolis, y la víctima fue identificada como Daunte Wright. La versión del Departamento de Policía local es que el joven manejaba su auto y tras ser demorado en un control policial se determinó que tenía una orden judicial pendiente por una infracción. Daunte volvió a ingresar a su vehículo, pero al ignorar la voz de alto una agente policial disparó y el impactó acabó con su vida.

A contramano de la versión policial Katie Wright, madre de Daunte, dijo que a su hijo le dispararon antes de volver a entrar al vehículo y que había sido demorado por llevar colgado un ambientador del espejo retrovisor de su auto, algo considerado "delito" en el estado de Minnesota. 

Este lunes el comandante de la policía de la localidad de Brooklyn Center, Tim Gannon, señaló que la agente involucrada en el crimen no quería disparar pero confundió su arma de fuego con su pistola taser. "Fue una descarga accidental que resultó en una trágica muerte", señaló.

En clara protesta por el crimen de Wright, el domingo cientos de personas se concentraron frente a la sede del departamento policial de Brooklyn Center. La muchedumbre encendió velas y escribió un claro mensaje con tiza en la calle: "Justicia para Daunte Wright". La policía pidió a los manifestantes que se dispersaran, estos no lo hicieron y allí comenzó la represión. Dispararon gas lacrimógeno y granadas ensordecedoras. Luego, hacia la medianoche, se movilizó la Guardia Nacional.

En una rueda de prensa conjunta el gobernador del estado de Minnesota, Tim Walz, y los alcaldes de Minneapolis y Saint Paul (las dos mayores ciudades del estado) anunciaron este lunes el estado de emergencia y toque de queda. Las medidas están destinadas a evitar posibles incidentes en la noche en las que se prevén protestas como las que se vivieron el domingo. 

Las movilizaciones por el asesinato de Daunte Wright tienen lugar mientras se lleva a cabo en Minneapolis el juicio contra Derek Chauvin, el policía acusado de asesinar al afroamericano George Floyd en mayo pasado en esa misma ciudad. Floyd murió cuando cuatro agentes intentaron detenerlo por haber utilizado un billete falso para pagar en un comercio. Durante su arresto, Chauvin lo inmovilizó en el suelo presionando la rodilla contra su cuello hasta que le produjo lesiones por las que más tarde murió asfixiado.

Tiroteo fatal en Tennessee

La violencia continuó el lunes por la tarde en la ciudad de Knoxville, en donde al menos un adolescente murió y un oficial de policía fue herido en un tiroteo en una escuela secundaria. El agresor intercambió disparos con la fuerza policial y un sospechoso fue detenido. 

Bob Thomas, superintendente de los centros educativos del condado de Knox, aclaró en su cuenta de Twitter que el edificio que alberga el instituto fue rápidamente asegurado y que los estudiantes que no se vieron envueltos en el incidente fueron enviados a casa con sus familias.

Los tiroteos en centros de enseñanza son un flagelo recurrente en Estados Unidos desde la trágica masacre de Columbine, Colorado, en abril de 1999. Denunciando una "epidemia" de violencia armada, el presidente demócrata Joe Biden dio a conocer la semana pasada una serie de medidas para limitar el uso y portación de armas de fuego en el país, aunque reconoció que no podrá hacer demasiado por su cuenta si el Congreso no deja de bloquear cualquier intento de aumentar el control de pistolas y rifles. 

Supremacistas en las calles

El domingo, una multitud de manifestantes agrupados bajo la consigna White Lives Matter llenaron las calles cerca del muelle de Huntington Beach en California, donde se cruzaron con protestantes contra el racismo y la violencia policial. Los supremacistas se dispersaron rápidamente después de que la policía declarara una "asamblea ilegal" en medio de enfrentamientos cada vez más hostiles.

La movilización atrajo a una muestra representativa de personas con creencias de ultraderecha como los Proud Boys, partidarios del uso de armas para legítima defensa y antiabortistas. De un lado de la calle se podía ver a manifestantes contra el racismo gritando: "¡Nazis, váyanse a casa!", mientras del otro un grupo nutrido agitaba sus banderas a favor de Trump. 

Las autoridades no saben quien organizó el evento del White Lives Matter, pero fue convocado través de redes sociales como Telegram. Incluso algunos vecinos de la ciudad de Huntington aseguran haber recibido flyers del Ku Klux Klan, situación que encendió las alarmas del movimiento contra el racismo. Además de las que se vieron en Huntington, se multiplicaron reducidas protestas en Seattle, Columbia y Nueva York.

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La investigación de la comisión de la Verdad ecuatoriana duró un año y medio.

Por la represión a las protestas en 2019

La Comisión Especial para la Verdad y la Justicia recopiló 519 testimonios sobre el levantamiento popular de octubre de 2019 en Ecuador. El informe final señala que el Estado llevó a cabo delitos de lesa humanidad y pide que se juzgue a los responsables.

 

Seis personas habrían sido ejecutadas extrajudicialmente por las fuerzas de seguridad del Estado ecuatoriano durante las protestas de octubre de 2019. Este es sólo uno de los hechos más importantes que reveló la Comisión Especial para la Verdad y la Justicia tras casi un año y medio de investigación en Ecuador. El organismo creado por el Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, además denunció que se violentó gravemente el derecho a la vida, la integridad física, psicológica y sexual, y a la libertad personal de los manifestantes. "El gobierno nacional generalizó el argumento de que la protesta social era violenta y así pretendió justificar el uso irracional y desproporcionado de la fuerza", dijo Carrión a Página/12. La Comisión también le dedicó un apartado a la cobertura mediática. El análisis arrojó que los medios con mayor llegada se limitaron a repetir el relato gubernamental.

La cara autoritaria del neoliberalismo

El “paquetazo” que intentó imponer Moreno, en línea con las solicitudes del Fondo Monetario Internacional (FMI), tuvo su resistencia en la calle a fines de 2019. Tras casi dos años de políticas de ajuste, la gota que colmó la paciencia del pueblo ecuatoriano fue la quita del subsidio a los combustibles. A los pocos días de tomada esta medida el precio de las naftas más baratas y el diesel comenzó a subir de manera desproporcionada. Así, el 3 de octubre comenzaron las movilizaciones que tuvieron como punta de lanza al sector transportista. Luego se convocó a un “paro nacional” al que se plegaron estudiantes y sindicatos de trabajadores. Pero la participación más importante vino desde el movimiento indígena, que se movilizó a escala nacional. Moreno respondió decretando el “estado de excepción” y toque de queda. De esta manera policías y militares tomaron las calles de todo el país. Los resultados no se hicieron esperar: hubo miles detenidos y al poco tiempo se produjo la muerte del primer manifestante.

Fueron 13 días de resistencia popular que finalmente obligaron a Moreno a dar marcha atrás con la quita de subsidios. Sin embargo, a un costo altísimo: al 13 de octubre la Defensoría del Pueblo documentó al menos ocho personas muertas y 1.340 atendidas en centros de salud por circunstancias relacionadas a la protesta. En paralelo, el Ministerio Público comenzó a investigar a los dirigentes del movimiento indígena. También se abrieron procesos judiciales contra políticos ligados al partido expresidente Rafael Correa. Varios de ellos fueron detenidos, como la prefecta de Pichincha, Paola Pabón. A su vez la asambleísta Gabriela Rivadeneira, junto a otros integrantes del correísmo tuvieron que exiliarse en México ante lo que denominaron una persecución judicial. Al día de hoy continúan allí y sus causas siguen abiertas.

 “Ejecuciones extrajudiciales”

En ese contexto convulsionado el Defensor del Pueblo decide conformar la Comisión para investigar los hechos ocurridos del 3 al 16 de octubre. La pandemia retrasó la salida del informe pero finalmente esta semana fue presentado al público. Los resultados son concluyentes: hay evidencia de la participación estatal en múltiples delitos de lesa humanidad. Por este motivo, la presidenta de la Comisión, Sybel Martínez, pidió que la fiscalía utilice los datos volcados en el informe para iniciar procesos legales. “Son 519 testimonios de los que 249 responden a violaciones de DDHH. Se puede ver una actuación sostenida en este sentido por parte de las fuerzas del orden durante todo el paro nacional", indicó Martínez.

El informe documenta seis muertes provocadas presuntamente por ejecuciones extrajudiciales en manos de la policía ecuatoriana. Todas se dieron en el contexto de las protestas. El caso de Segundo Inocencio Tucumbi Vega, dirigente indígena de 50 años, da cuenta de la brutalidad de la represión en Quito. Su muerte se produjo luego de que la policía arrojara gases lacrimógenos en la Universidad Salesiana, uno de los espacios que la policía y las organizaciones indígenas habían acordado como “centros de paz”. En estos núcleos alejados de la zona de protesta los manifestantes llegados desde distintos puntos del país descansaban y se alimentaban. Según testigos, Tacumbi Vega había salido a la calle obligado por los gases y allí habría recibido el impacto de una bomba lacrimógena.

El informe también documenta 22 casos de atentado contra el derecho a la vida, 123  violaciones a la integridad personal, 38 violaciones del derecho a la libertad, tres personas víctimas de violencia sexual y 20 personas con lesiones oculares. El Defensor del Pueblo subrayó que el gobierno Moreno justificó el uso de la fuerza para defender la democracia. “Eso contradice la Constitución. No tiene sentido que un gobierno salga a defender la democracia privando de la vida o afectando la integridad de las personas”, sostuvo Carrión. A su vez la Comisión informó de otras seis muertes producidas durante las protestas pero sin conexión directa con personal policial. 

La entonces Ministra de Gobierno, María Paula Romo, y el Ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, habían sostenido que las movilizaciones estaban siendo fogoneadas desde Venezuela y Cuba. Martínez señaló que estas declaraciones, hasta el momento no comprobadas, tuvieron como finalidad construir la figura de un “enemigo interno”. “Se buscó justificar la vulneración de derechos de los manifestantes, pero por otro lado, también se implantó un estado de terror durante las protestas”, indicó la comisionada.

Con la agenda del gobierno

El informe de la Comisión concluyó que los medios masivos, tanto de televisión, internet y radio, así como gráficos, reprodujeron el relato oficial. A la hora de encarar la cobertura de las protestas los medios hegemónicos se centraron en mostrar la “violencia de los manifestantes”. A la par, utilizaron como fuentes mayoritarias de sus noticias a las autoridades de gobierno y funcionarios. “Hubo un preocupante nivel de desinformación en todo el país. Se actuó con sesgo que en algunos casos llegó hasta la censura. Llamamos a las cabezas visibles de los medios para preguntarles con qué criterio bajaron ciertas las notas. Se justificaron apelando al ‘estado excepción’ decretado por el gobierno”, sostuvo Martínez. Además señaló que los medios alternativos y comunitarios fueron los que aportaron una mirada distinta, encarando sus notas bajo una perspectiva de DDHH y amplificando la voz de las víctimas.

Para el actual ministro de Gobierno de Ecuador, Gabriel Martínez, el informe de Comisión no presentó la verdad de los hechos. “Lo real fue que tuvimos unas protestas con fines políticos, con fines de desestabilización política, en los que la Policía actuó firmemente, correctamente, intentando proteger a las personas, restablecer el orden”, sostuvo el ministro. Además señaló que el informe no menciona la violencia contra la policía, ni el vandalismo contra edificios públicos. El Defensor del Pueblo rechazó esta afirmación. “Determinamos que hubo actos violentos por parte de los manifestantes y pedimos a la fiscalía que insista en esas investigaciones. La impunidad no puede estar en ningún lado. Pero por otro lado vemos que hasta el momento el Ministerio Público solo se dedicó a buscar sanciones contra los manifestantes, y no hacia los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”, señaló Carrión.

En ese sentido la presidenta de la Comisión indicó que la Justicia se está moviendo con lentitud para juzgar las responsabilidades estatales.  “En el tema de vulneración de derechos han actuado muy lento. Pero en otros temas sí se avanzó con más ahínco. La prefecta Pabón nos decía que le llamaba la atención la rapidez con la que manejaron su caso”, señaló Sybel Martínez. Para el Defensor del Pueblo la Justicia está siendo parcial. “Este informe pretende dar a conocer la verdad. La Comisión, formada por personas sin sesgo partidista, llegó a la conclusión de que hay indicios de responsabilidad en delitos de lesa humanidad por parte del Estado”, enfatizó Carrión.

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