En su defensa contra la llamada de Bernie Sanders a la desaparición de los multimillonarios, los argumentos de Mark Zuckerberg son elitistas e incorrectos

En respuesta a la afirmación del candidato presidencial Bernie Sanders de que los multimillonarios no deberían existir –y su llamada a gravar su riqueza con impuestos mucho más altos– el Director Ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, con una fortuna de 70.000 millones de dólares, acudió a Fox News para defender a su clase asediada. Los multimillonarios, argumentó, no deberían existir en un "sentido cósmico", sino que en realidad la mayoría de ellos son simplemente "personas que hacen cosas realmente buenas y que ayudan a muchas otras personas. Y te compensan bien por eso”. Zuckerberg también advirtió sobre los peligros de ceder demasiado control sobre su riqueza al gobierno, presuntamente propenso a sofocar la innovación y la competencia y “privar al mercado” de los fondos de sus compañeros multimillonarios para filantropía e investigación científica.

“Algunas personas piensan que, bueno, la clave o la forma de lidiar con este tipo de acumulación de riqueza es: "Hagamos que el gobierno lo tome todo"”, dijo Zuckerberg. "Y ahora el gobierno básicamente puede decidir, ya sabes, toda la investigación médica que se realiza". Lo que Zuckerberg no mencionó es que el impuesto que Sanders propone le costaría 5.500 millones de dólares en su primer año.

El razonamiento de Zuckerberg no es único entre el 1% más rico, especialmente en Silicon Valley: las personas con una riqueza escandalosa se lo han ganado mediante su propia astucia, creando un servicio esencial para el mundo y que promueve el bien común. Su éxito –nos dice este mito– es un reflejo de su capacidad para adivinar lo que es mejor para la sociedad y llevarlo a cabo; sus fortunas son proporcionales a su genialidad. La filantropía, como tal, no es solo una alternativa a pagar más impuestos, sino que es preferible. Después de todo, ¿qué podría saber mejor una cuadrilla de burócratas sin nombre ni rostro que un hombre –sí, generalmente son hombres– que ha construido una riqueza tan vasta? La innovación más crucial, advierte Zuckerberg, solo sucederá si eres lo suficientemente amable con él y sus amigos ricos.

Pese a lo común que es este argumento, resulta que no es cierto. Fijémonos en los cimientos de la fortuna de Mark Zuckerberg, Internet. Internet se desarrolló a partir de una pequeña red del Pentágono destinada a permitir que los militares intercambiasen información durante la Guerra Fría. En su libro The Entrepreneurial State, la economista Mariana Mazzucato muestra que los iPhones –de los que Facebook roba grandes cantidades de datos para venderlos al mejor postor– son en gran parte un conjunto de tecnologías creadas por varias agencias estatales, juntadas por Apple en un mismo elegante producto.

Por otro lado, en vez de allanar el camino para la mejora de los resultados de salud, el afán de beneficios en el sector de la medicina privada ha llevado a las compañías farmacéuticas a producir fármacos lo suficientemente diferentes de los de sus competidores para patentarlos, permitiendo a estas empresas cobrar una renta a los enfermos. Asimismo, los economistas Fred Block y Matthew Keller han descubierto que, de las 88 principales innovaciones clasificadas por la revista R&D como las más importantes entre 1971 y 2006, 77 fueron beneficiarias de una importante financiación federal para la investigación en su desarrollo inicial. "Si uno busca una edad dorada en la que el sector privado hizo la mayor parte de la innovación por sí solo sin ayuda federal", escriben, "uno tiene que volver a la era anterior a la Segunda Guerra Mundial". Así pues, a medida que la derecha ha ido rebajando la reputación del sector público, éste solo se ha vuelto más fundamental para el progreso por el cual el sector privado se ha llevado todo el reconocimiento.

No olvidemos tampoco los innumerables proyectos fallidos e innecesarios surgidos de Silicon Valley en la última década, desde Theranos hasta el Fyre Festival y Juicero. La reciente implosión de la empresa inmobiliaria WeWork, respaldada por SoftBank y JP Morgan Chase, así como la pérdida de un dólar por cada dólar que gana, debería arrojar algunas dudas sobre la supuesta habilidad del sector privado para superar los desafíos más apremiantes de la sociedad, o incluso para elegir ganadores. Además de la financiación gubernamental, la mayoría de las prodigiosas empresas tecnológicas están respaldadas por ejércitos de trabajadores típicamente mal pagados, ya sea que estén manejando Ubers, extrayendo los minerales de tierras raras necesarios para teléfonos inteligentes en condiciones de trabajo brutales o viendo videos espeluznantes hora tras hora para alejarlos de nuestros timelines de Facebook.

Todo esto no es para decir que el sector privado no ha desempeñado un papel importante en impulsar la innovación; al fin y al cabo, alguien tenía que diseñar el iPhone. Pero las fortunas construidas a partir de cada uno de estos nuevos inventos no podrían existir si no fuera por el hecho de que el gobierno –la mayoría de las veces– dio el primer paso, asumiendo unos riesgos en la financiación de la innovación que los emprendedores capitalistas y los prodigiosos inversores generalmente no asumen. "No solo el gobierno ha financiado la investigación más arriesgada", escribe Mazzucato, "sino que a menudo ha sido la fuente de los tipos de innovación más radicales y novedosos". En otras palabras, los Mark Zuckerbergs del mundo pueden hacer cosas buenas. Pero casi nunca lo hacen solos.

Además, la insultante riqueza de los multimillonarios no se gasta –como sugiere Zuckerberg– en investigación de vanguardia y esfuerzos filantrópicos. Después de haber comprado suficientes yates y jets privados, estos invierten su dinero principalmente en enriquecerse a través de la especulación financiera al estilo de los casinos y en bienes inmuebles de lujo en ciudades muy desiguales como San Francisco, Miami y Nueva York, donde la mayoría de las casas vacías actúan como depósitos de seguridad para proteger su riqueza de los impuestos. Su dinero también podría terminar en paraísos fiscales como las Islas Caimán, donde puede permanecer sin ser molestado por los recaudadores del estado. Por todo ello, muy poca de esa riqueza llega al 99% de la población, para quienes la desigualdad se ha disparado y los salarios se han estancado.

Así pues, la defensa de Zuckerberg de la clase multimillonaria es, por encima de todo, profundamente antidemocrática, puesto que pone en duda la capacidad de las masas para decidir qué es lo mejor para sí mientras repite el mito de que el sector público está condenado al despilfarro y al estancamiento. Quizás el mejor argumento para el tipo de políticas que Sanders ha propuesto sería dejar claro que, si bien podrían desempeñar algún papel en la financiación de la investigación avanzada que surge de lugares como ARPA-E y los National Institutes of Health, los multimillonarios no pueden trascender la democracia y tomar todas las decisiones sobre lo que la sociedad necesita y lo que no. En un mundo verdaderamente democrático –donde el trabajo se valorara de manera justa– los multimillonarios no existirían en absoluto.

28/10/2019

Kate Aronoff

Es periodista en de In This Times, donde cubre elecciones y política relacionada con el cambio climático.

Publicado enSociedad
Jueves, 26 Septiembre 2019 17:30

¡Bingo! Primer premio: ISA

¡Bingo! Primer premio: ISA

No renuncian a su pretención de feriar la totalidad del patrimonio público construido por generaciones de connacionales. Ahora el gobierno Duque, continuador de la política neoliberal, sondea el ambiente para determinar el mejor momento para privatizar ISA, una de las empresas más rentables del país. ¿Cuáles son las implicaciones de la venta de la multilatina más importante de Colombia?

La empresa de servicios públicos Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) es considerada como la primera multilatina del país, es decir, la empresa nacional con mayor y más potente presencia en toda la región. De sus negocios en el país hacen parte la transmisión de energía, concesiones viales y telecomunicaciones. Mucho más allá del mismo, opera con alrededor de 45.142 kilómetros de líneas de transmisión eléctrica, 907 kilómetros de autopistas y 49.500 kilómetros de líneas de fibra óptica administrada por Internexa (Ver figura 1 y 2).

En la actualidad sus calificaciones crediticias reflejan su sólido perfil financiero al mostrar flujos de efectivo estables y predecibles (Ver figura 3). Su valorización desde el año 2015, sumando hasta el 18, muestra un incremento del 19,69 por ciento, con un precio en las acciones de alrededor de 18.000 pesos (Ver tabla 1 y 2).

Tabla 1

 

Tabla 2

 

 

Esta multilatina es la cuarta más grande en el índice de acciones Colcap –uno de los índices bursátiles de la Bolsa de Valores de Colombia– y se estima que tiene un valor de 5.200 millones de dólares. Su fortaleza es evidente: durante el tercer trimestre del año 2019 facturó $5,1 billones con activos cercanos a los $42 billones, y planea inversiones por más de $13 billones en el periodo 2018-2022.

Estos indicadores, alentadores para el país y su débil economía, no son suficientes para el ministro de hacienda Alberto Carrasquilla y el gobierno de Iván Duque, quienes insisten en salir del 51,41 por ciento de acciones que aún posee el Estado en la importante empresa colombiana y de esta manera darle la propiedad de la misma a capitales transnacionales –que en este momento son propietarios del 38,42 por ciento– para supuestamente cubrir el déficit fiscal de $14 billones de pesos que carga el país, pues con su venta estiman recoger un monto total de alrededor de $10,2 billones de pesos.

 

Continuidad de la privatización de los bienes públicos

 

El gobierno de Iván Duque no es el primero en proponer la privatización de ISA. Algunos de los que le antecedieron la sometieron a un largo proceso de privatización.


El primero en afectarla fue el de Cesar Gaviria, promotor de la mal llamada “Apertura económica”, con la cual disfrazó la privatización de importantes bienes públicos de la sociedad colombiana. Su gobierno, con las leyes 142 y 143 de 1994, ordenó escindir ISA y de esta manera formar Isagen (1995), empresa hoy privatizada de generación y comercialización de energía, quedando en ISA solo la trasmisión de energía y las telecomunicaciones, segmento económico que hoy maneja Internexa.

Después (1996), bajo el gobierno de Samper cambian de forma irregular la estructura jurídica de ISA, de una empresa industrial y comercial del Estado a empresa de servicios públicos mixta, constituida por acciones.

Como si fuera una maldición empecinada con acabar con ISA, en 1999, durante el periodo de Andrés Pastrana, subvaloran la empresa tasándola en una tercera parte de su valor real, con el fin de entregarla a multinacionales. La artimaña privatizadora despertó repudio en amplios sectores nacionales, quienes al denunciar lo que estaba en curso explicaron a la sociedad colombiana lo negativo de feriar un bien estratégico, fundamental para la prestación de los servicios públicos esenciales y fundamentales.

 

 

Pese a su derrota, gobernantes, políticos y magnates de la especulación no renuncian a su pretensión de privatizar a ISA. Es así como durante el gobierno de Uribe y el de Santos, maniobran nuevamente con medidas jurídicas para debilitarla, creando empresas filiales, potenciando la flexibilización laboral, trasladando trabajadores a otras entidades, eliminando sindicatos, incrementando tarifas, entre otras de las medidas aplicadas.


Incoherencia. Vale la pena recordar que cuando el gobierno de Juan Manuel Santos propuso la privatización de Isagen, fue la bancada del Centro Democrático una de las principales opositoras a esta iniciativa, hasta el propio Iván Duque –entonces senador– expresó: “Yo creo que si esta privatización tiene lugar sería un gran despojo para la nación y sería algo que mal señalaría ante la opinión pública la actitud de este Congreso, el no haber presionado por mejores instrumentos financieros, el no haberle dado mejores opciones al pueblo colombiano y haberle quitado una empresa rentable, un activo que es símbolo de rentabilidad financiera, ambiental y social”*. La venta de de Isagen no pudo impedirse. Los que ayer se ‘opusieron’ a esta privatización hoy son los promotores de igual suerte para ISA.

 

Efectos de la venta de ISA

 

Actualmente el Estado participa en 107 empresas que podrían ascender a un valor de $160 billones de pesos. El gobierno de Iván Duque estima reunir $30 billones de pesos en cuatro años con la venta de activos de estas empresas, de los cuales espera recaudar $5 billones en el 2019; es por esto que han iniciado los procesos de venta de Ecopetrol –de la cual espera privatizar el 8,5 por ciento que esta pendiente desde la década pasada– y el porcentaje accionario que al Estado le queda de ISA.

Vender una empresa como ISA implica perder una fuente de recursos presentes y futuros para Colombia, los que pasarían a enriquecer los bolsillos de los propietarios de las trasnacionales que se adueñarían de la multilatina, lo que además sería la renuncia a la seguridad eléctrica de país.

 

 

No se puede olvidar que ISA es una empresa estratégica para el progreso, desarrollo y autonomía económica del país, y que es la última empresa del sector eléctrico de orden nacional que le queda al pueblo colombiano. Privatizarla es entregar la posición estratégica que tiene Colombia como el único puente terrestre entre Centroamérica y Suramérica, lo que debela la importancia de esta empresa para las telecomunicaciones y el intercambio en la transmisión de energía entre países del sur, centro y norte del continente.

 

Una empresa para el futuro si luchamos por ella

 

Hay que entender que la operación de ISA en el mercado de la energía, vías y comunicaciones en Latinoamérica ha sido exitosa, de lo cual dan cuenta sus resultados en los mercados de Perú, Brasil y Chile, lo que en parte le permitió en 2017 cumplir con las metas previstas y trazadas para 2020, las cuales implicaban triplicar las utilidades del año 2012. Ante esto, la multilatina tiene una estrategia de apertura y crecimiento para el 2030 que implica aumentar su participación en la construcción de vías en Colombia y Perú, así como abrir nuevos mercados en países como Estados Unidos, Argentina y México.

Sin embargo, el escenario es escabroso y al parecer las proyecciones de futuro quedarán en el aire ante la imposición de absurdas ideas de seguir feriando lo público. La desinformación reinante en el país, el temor que se acrecienta sobre las comunidades producto del asesinato continúo de líderes y lideresas, la atomización de los diferentes movimientos sociales –cada uno tratando de resolver sus urgencias–, con sindicatos debilitados producto de diferentes agresiones y errores en su conducción, así como la ausencia de la alternativa política con capacidad de liderazgo y de movilización nacional, auguran una resistencia menor del pueblo colombiano ante lo que ya se ve venir.

Ante este oscuro panorama, donde la intensificación del conflicto armado se avecina, donde los referentes políticos y sociales cada vez son más difusos y la democracia es un simple formalismo, es urgente luchar por los bienes públicos –producto del ahorro nacional–, los mismos que dignifican y deben ser resguardados en su naturaleza, pues sirven al desarrollo de los pueblos y a resguardar el bienestar de los territorios.

El reto de proteger a ISA de su privatización es un reto mayúsculo que pondrá a prueba al conjunto de actores sociales alternativos del país. La alarma es para cerrar filas y con ello impedir que la lleven a cabo, levantando al mismo tiempo banderas de gobierno alterno, garantizando con ello que lo público en verdad sea administrado y planeado de cara al país, garantizando así, en toda su palabra, el bienestar del conjunto social.

* https://congresovisible.uniandes.edu.co/agora/post/vender-isagen-es-premiar-el-derroche-y-la-falta-de-creatividad-financiera-senador-ivan-duque/7240/

 

Publicado enEdición Nº261
La deuda de los estudiantes estadounidenses se torna en una losa: deben más de 1,5 billones de dólares

La morosidad asociada a la petición de préstamos para superar etapas académicas en EEUU, un sistema ampliamente asentado en la mayor economía del planeta, crece como la espuma: la deuda estudiantil rebasa el PIB español y condiciona el acceso a la vivienda de los 'millennials'. Bernie Sanders propone un impuesto a Wall Street para corregir esta lápida financiera.

 

 Estados Unidos es una economía altamente endeudada. No supera los niveles de deuda de naciones como Japón o Bélgica, con cotas históricas muy por encima del valor de sus economías, ni los de Italia o Grecia, que han aumentado notablemente sus compromisos de pago durante el largo decenio posterior a la crisis, pero ya supera holgadamente el 100% de su PIB. Y lo peor es que continúa in crescendo una vez rebasados los 22 billones de dólares.

Pero, en paralelo a este deterioro de las finanzas federales, hay otros casos de alarma financiera, la contraída por los estudiantes que realizan sus estudios en centros académicos de Estados Unidos y donde impera el sistema de solicitud de créditos para sufragar los procesos docentes, y que generalmente se focalizan durante el periplo universitario. Los licenciados, americanos o no, que cursan sus estudios en Estados Unidos han contraído una deuda astronómica, de 1,5 billones de dólares. Casi el montante del endeudamiento español que también oscila ligeramente por encima del tamaño de su economía.

Ben Miller, vicepresidente de Educación post-secundaria del Center for American Progress, think tank próximo al partido demócrata, expone en un extenso artículo, el enorme peso con el que los recién licenciados deben empezar a operar en el mercado laboral, además de los escollos de, por ejemplo, acceder a una vivienda en alquiler o en propiedad. Y que afectan a varias decenas de miles de personas, con una deuda acumulada, a nivel federal, de 1,5 billones de dólares. A los que hay que añadir -recalca- otros 119.000 millones más contraídos en el ámbito educativo privado. “Un sistema de financiación en el que están inmersos 43 millones de estadounidenses, uno de cada seis ciudadanos del país” y que afecta, además, a uno de cada tres jóvenes de entre 25 y 34 años, que tienen en la actualidad un préstamo de estudios. Miller pone otro dato encima de la mesa, para revelar la gravedad de la situación. El 45% de ellos están sometidos a una tasa de morosidad que supera en más de tres veces el promedio de los créditos otorgados. A pesar de que su deuda acumulada esté situada en el rango medio-bajo de las devoluciones -9,625,7 dólares-, incluidas las de uno de cada tres estudiantes que solicitan ayuda financiera por encima de los 40.000 dólares, cantidad a la que acceden uno de cada tres estudiantes.

Reformas legislativas agresivas

Desde el Center for American Progress se plantean varias soluciones para acometer este cuello de botella de endeudamiento, que reduce considerablemente el poder adquisitivo y elevan el riesgo de quiebra financiera en los primeros años de la vida laboral de los jóvenes americanos y que, al unísono, supone el 92% de la deuda pendiente de cobro del sistema federal de créditos estudiantiles. En concreto, seis: la revisión de las condiciones financieras de los préstamos, crear la opción de que no se nominen necesariamente en dólares, con el propósito de que se evite así el encarecimiento gradual de la deuda por la evolución del mercado cambiario, una reforma de las leyes de reparación financiera que combata el crecimiento excesivo de los intereses y provea cauces de saldo del principal de la deuda, cambios regulatorios más benévolos para el acceso a este tipo de contratación y normas permisivas con la reestructuración paulatina, en plazos y en cantidades, de estos préstamos. Esta batería de medidas debe, además, realizarse con criterios de equidad, simplicidad y de análisis de impacto reales por parte del legislativo. Porque EEUU no puede permitirse el lujo de seguir engordando la deuda de sus estudiantes y porque una gran parte de ella, nada menos que el 27%, se traslada al ámbito familiar; los padres de los alumnos han acaparado ya esa porción de la morosidad con el Estado federal.

En un reciente reportaje en Business Insider, Powell, una millennial de 33 años y residente en el área metropolitana de Pittsburgh, la primera chica de nueve nietas en su familia que ha acabado una licenciatura, en Derecho, se declara impaciente por independizarse y tener piso propio, pero solo ha conseguido un préstamo de 40.000 dólares menos que los 180.000 que necesita para lograr un apartamento próximo al que tiene alquilado. “¿El problema? Que todavía mantengo una deuda de 178.000 dólares de mi etapa universitaria”. Difícil engranaje financiero, a pesar de que está contratada a tiempo parcial, como letrada de una compañía energética, que le reporta casi 100.000 dólares anuales. Su deuda le impide cumplir su sueño. La Reserva Federal también atribuye, en más de un 20%, el descenso de adquisición de viviendas en propiedad entre jóvenes estadounidenses entre 2005 y 2014 a la devolución de préstamos estudiantiles. Una tendencia que ha continuado con posterioridad, porque entre 2016 y 2018 las tasas de compra de vivienda se han seguido deprimiendo. Y a lo que ha repercutido, sin duda, la escalada de precios en casi todas las grandes capitales del país, que lideran los rankings internacionales, que les han colgado el cartel urbes sometidas a burbujas inmobiliarias. San Francisco, Nueva York o Los Ángeles son varias de ellas.

Propuestas desde el cónclave demócrata

El asunto es de tal dimensión que ha saltado a la arena política. Un año antes de las elecciones a la presidencia de 2020. Candidatos demócratas como Elizabeth Warren ha propuesto suprimir las deudas individuales superiores a los 50.000 dólares. Porque la Fed anticipa que este año se reducirá, entre un 1% y un 2%, la capacidad de compra de inmuebles entre los jóvenes por cada 1.000 dólares de su deuda estudiantil. David Bergeron, analista del Center for American Progress y antiguo cargo del Departamento de Educación de Barack Obama estima que, por el contrario, la adquisición de viviendas entre los jóvenes que saldan sus deudas de estudios crece en un 30%.

Pero, quizás, el planteamiento más arriesgado y rupturista es el del aspirante Bernie Sanders. El rival de Hillary Clinton en las últimas primarias demócratas ha propuesto sufragar la montaña de endeudamiento estudiantil con un impuesto a Wall Street. El senador de Vermont ha puesto incluso gravámenes: del 0,5% sobre las transacciones bursátiles; el 0,1% a la comercialización de bonos y el 0,005% sobre las operaciones con productos derivados. Según sus cálculos, dotará a los estados de 48.000 millones de dólares anuales. Dirigidos a eliminar los gastos de matrículas en cursos de grado y de tasas en colegios y universidades públicas. Nuevo intento de construir un estado de bienestar al estilo europeo. El propio Sanders calificó de “revolucionario” su plan; entre otras razones, porque contribuirá -dice- a sanear las deudas estudiantiles y a impulsar las tasas de consumo con economías libres de trabas para las generaciones más jóvenes que podrán destinar parte de sus retribuciones a la adquisición de bienes y servicios. “Esta iniciativa acabará con la deuda estudiantil en el país y lapidará la absurda sentencia contra una generación entera, la de los millennials, que tienen que dedicar una parte substancial de su vida laboral a pagar por un crimen que no han cometido, a una condena que no tienen derecho a cumplir”, aseguró hace unas fechas a la agencia Bloomberg. Si bien se topa con la reticencia de algunos economistas y banqueros que lo tachan de amenaza al crecimiento económico del país.

Aunque la incesante subida de las matriculaciones universitarias y los recortes presupuestarios en materia educativa hayan triplicado, con creces, la deuda adquirida por estudiantes a través de créditos para pagar sus estudios desde 2007. Hasta el punto de significar el segundo motivo de endeudamiento con el sistema financiero, solo por detrás de las hipotecas, y por delante de los préstamos de compra de vehículos o los pagos pendientes a través de tarjetas de crédito. Y pese a que Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal o Jamie Dimon, consejero delegado de JP Morgan hayan mostrado su preocupación por el excesivo endeudamiento de los jóvenes estadounidenses que, estando en posesión de títulos académicos, no pueden acceder a una vivienda en propiedad, tienen dificultades por mantener alquileres estables y perjudican el ritmo de actividad de este sector y del conjunto de la economía. Una crisis que empieza a tener tintes globales.

02/09/2019 08:12 Actualizado: 02/09/2019 08:12

Publicado enInternacional
Sábado, 10 Agosto 2019 05:43

El robo del álbum de la historia mundial

Comunidad zapatista La Garrucha, Chiapas. Foto Mario Olarte

UN CRIMEN DE CUELLO BLANCO DEL EMPORIO GETTY

El botín del robo cibernético más cuantioso del planeta está depositado en los bancos de Mark Getty y los sótanos secretos de Wall Street. Y no se trata de una película de ciencia ficción por estrenar, sino del silencioso, pero criminal jaqueo de lesa humanidad diseñado para convertir las imágenes y audiovisuales pertenecientes al dominio público del patrimonio de la historia mundial en propiedad privada para luego ser comercializadas en el imperio monopólico más tóxico del mundo corporativo en perjuicio de más de siete mil millones de seres humanos.

Y es que el álbum de la historia con millones de imágenes, diseños gráficos, ilustraciones y documentos históricos pertenecientes a emblemáticas colecciones o archivos culturales, artísticos y religiosos que se han producido a nivel mundial a lo largo de varios siglos, fueron robadas y sustraídas de sus archivos mediante la complicidad de Google, Facebook y las redes sociales. Se trata de imágenes de la historia mundial pertenecientes, principalmente, al dominio público, que ahora fueron monopolizadas y convertidas ilegalmente en propiedad privada para ser comercializada por la familia del billonario Mark Getty por medio de sus corporaciones dedicadas a la piratería terrorista digital de imágenes que son comercializadas fraudulentamente: Getty Images, Inc, Getty Images (US) “Getty US” y License Compliance Services, Inc (LCS).

Así, estas corporaciones ladronas de imágenes, literalmente se han apropiado digitalmente de la historia mundial y consumado con ello, el robo más escandaloso del patrimonio histórico, cultural y artístico del planeta del que se tenga memoria. Aquí́ se encuentran atrapadas las imágenes adquiridas en los principales archivos militares, revolucionarios, de movimientos políticos y sociales, de la Librería del Congreso de EU, universidades y bibliotecas. Las colecciones y álbumes sustraídos al patrimonio de la humanidad y en especial a cada país, son incalculables e invaluables en toda su magnitud. Pero ahí podemos observar cómo se lucra con las obras de Diego Rivera, Siqueiros, Orozco o todo sobre las culturas indígenas. También destacan el Holocausto, la Revolución Mexicana, la Revolución de Cuba o imágenes de Pancho Villa, Emiliano Zapata, Gandhi, Abraham Lincoln, Martin Luther King y miles de personajes de la historia iconográfica de cada país que ahora son comercializadas como mercancías que son exhibidas en el internet, universidades y centros culturales como parte del monopólico imperio del mundo de las imágenes robadas y agregadas a la fortuna de Getty.

Ante estas flagrantes violaciones a los derechos de los ciudadanos y pueblos del mundo a conservar sus imágenes dentro del dominio público y respetar las leyes de propiedad intelectual, la firma de abogados de CixxFive en base a el Acta de Protección del Consumidor de Washington, (Washington Consumer Protection Act) ha presentado una demanda legal colectiva en la United States District Court Western District, Washington, con el fin de frenar las acciones monopólicas fraudulentas en contra de millones de personas a nivel mundial, al despojarlos de imágenes del dominio público que forman parte de la historia universal y de su propia identidad nacional. Además del dinero pagado a Getty. Este poderoso imperio pirata audiovisual, incluye también obras musicales, caricaturas, material robado de libros antiguos o modernos, donde aparecen personajes con obras como las de Darwin, Einstein, Shakespeare, Miguel Ángel, Marx, Ho-Chi-Min, Dickens, Lenin, Buda, Che Guevara, García Márquez Galeano y miles más, pertenecientes al mundo del arte y la cultura universal. Además de imágenes religiosas de todos los tiempos.

También archivos periodísticos e impresos culturales de publicaciones aparecidas en la información mundial desde que se inventó la imprenta han sido asaltados y robados mediante sus conexiones con agencias de noticias y despachos de prensa convertidos en mercancía para satisfacer la avaricia y voracidad de las corporaciones del barón cibernético, Mark Getty.

Tribunal Internacional contra la propiedad privada ilegal. Inexplicablemente, a pesar de las contundentes e inapelables evidencias de estas violaciones cometidas por los ladrones de imágenes, encabezadas por las corporaciones de Getty en contubernio con los gigantes del Internet, casi nadie los ha denunciado legalmente, a pesar de que son millones de víctimas a nivel mundial que han sido dañadas por los crímenes cometidos contra el patrimonio de la humanidad. Ni gobiernos, organizaciones, universidades, iglesias o individuos han alzado la voz para frenar esta práctica que les obliga a pagar a las mafias de estas corporaciones por los derechos de propiedad intelectual que en verdad corresponden al dominio público.

Sin embargo, en 2016, Getty fue demandado por la agencia de noticias independiente Zuma Press, por apropiarse de más de 47 mil imágenes que fueron utilizadas sin su autorización con fines lucrativos. El juicio sigue su curso legal. Contradictoriamente, a pesar de las múltiples violaciones cometidas por las corporaciones de Getty, éste tiene un ejército de abogados para demandar a los que caigan en sus trampas digitales. Ellos se dieron el lujo de amenazar con demandar a la fotoperiodista Carol Highsmith por utilizar una de sus propias fotos en su sitio digital, ignorando que Highsmith en julio de 2016 había demandado a sus patrones por mil millones de dólares por explotar, sin su autorización, una licencia para utilizar su colección adquirida en donación por la Librería del Congreso de Estados Unidos. En la larga lista de agravios y violaciones cometidas por las corporación de Getty existen resistencias y demandas como la del fotoperiodista Daniel Morel por 1.2 millones de dólares por apropiarse de imágenes sobre el terremoto de Haití en 2010. Ello con el contubernio de la agencia de noticias France Press, una empresa socia del magnate.

Estos referentes son sólo una pequeña evidencia de la reacción contra la apropiación transformadora criminal del dominio público convertida en propiedad privada en beneficio de un imperio que ha crecido silenciosamente. Falta mucho para hacer justicia y obligar a Getty a devolver las riquezas que pertenecen al dominio público de la humanidad, así como los millones de dólares que su corporación ha recibido de quienes han sido sus víctimas: la comunidad internacional y todos los países que han sido engañados por el magnate.

Con la demanda en su contra se tiene la oportunidad de revalorar lo perdido en base de una defensa organizada para llevar a los tribunales todas las querellas necesarias para defender a sus pueblos y ciudadanos afectados. Esto, independientemente de los delitos ocultos y secretos en evasión de impuestos, lavado de dinero, construcción fraudulenta de filiales y todo lo concerniente al monopolio establecido para apuntalar la riqueza de la familia Getty desde su central de Inglaterra conectada con los principales bancos del mundo y su conexión especulativa con Wall Street.

Se trata de una gran telaraña de actividades de alta tecnología criminal en asociación para enriquecerse con el trabajo creativo y productivo de la comunidad mundial del arte y la cultura, en beneficio de la ambición más egoísta e insana del planeta en materia del patrimonio de la humanidad.

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Carlos U. Vigueras dirige el Laboratorio de Nuestro Futuro México-EU. Este escrito fue editado por el Museo Casasola y enviado a Ojarasca por el autor.

Publicado enCultura
El intento de exterminar a Sintraisa hace parte de la estrategia para la venta de ISA, y para el despido de trabajadores de ISA y su filial Intercolombia

Si bien el gobierno de Uribe en 2004 no pudo vender a ISA, hoy es propósito que la venda su títere “el presidente Duque”.

Los gobiernos de turno en Colombia no pueden incumplir los acuerdos que firmaron sus predecesores y menos los compromisos con la banca mundial, so pena de recibir el castigo que hoy sufren los pueblos de Siria, Libia, Venezuela, y para ello tienen a sus vasallos.

En las dos últimas décadas, los gobiernos de turno en Colombia, han tenido en común  la venta del patrimonio público y el propósito de transferir a las corporaciones privadas todas las empresas del estado, primordialmente las más rentables -aquellas que prestan servicios públicos- en las cuales, pueden imponer tarifas a su antojo con la garantía de una rentabilidad siempre creciente, que se convierte en otra causa de empobrecimiento de los pueblos, sin que los gobiernos, ni las nuevas generaciones puedan hacer nada en beneficio del usuario y menos en contra de la multinacionales que operan y despojan a su antojo.

Un caso en Colombia nos sirve de muestra, el que se vive en los departamentos de la Costa Atlántica con la empresa Electricaribe, que hoy distribuye la energía a más del 20% de la población colombiana y que fue intervenida tardíamente por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -Sspd-; territorio en el cual la multinacional prestó un mal servicio, obtuvo grandes ganancias, no obtuvo ninguna sanción, mientras ponen al pueblo a salvar la empresa con el incremento en la tarifa a través del plan de desarrollo del Sr. Duque; y la multinacional demanda al estado por un gran monto de dinero que seguramente pagarán las futuras generaciones por el despropósito de nuestros gobernantes de privatizarla en 1998, bajo los supuestos de que se mejoraría el servicio, se incrementaría el empleo y de la promesa de reducción de la tarifa a la población; supuestos que nunca se cumplieron, por el contrario, se incrementó la tarifa del servicio, quebraron una empresa rentable, saquearon los activos, corrompieron a algunos sindicatos, promovieron la corrupción y se robaron la plata de los pensionados, la que hoy tiene que pagar el pueblo colombiano a través de impuestos; igualmente pasó en el sector salud con Saludcoop y hoy con Medimas.

Por eso la propuesta de venta del patrimonio público a todas luces es contrario a los intereses del pueblo colombiano, no tiene ninguna razón que la justifique, como no la tuvo la venta de Telecóm, de Isagen, ni de UNE, la de los bancos del estado, y tampoco la tienen para justificar la venta de ISA.

Con la firma del acuerdo de Paz, con el aumento de la corrupción a todo nivel, con el asesinato de líderes sociales que ya suman más de 600, con la aniquilación de sindicalistas y el exterminio de sindicatos, se crea el escenario propicio para salir a “vender” el patrimonio público de los colombianos y en su proceso promover más la corrupción a los más altos niveles en beneficio de empresarios y de algunos funcionarios en el alto gobierno.

El escenario para la venta de ISA, desde el año 2005, se ha orientado internamente por su junta directiva, a través de los planes estratégicos y sus administraciones, así han definido e implementado una política de exterminio del sindicato y de flexibilización laboral, que obedece al objetivo del gobierno nacional de entregar a ISA en “bandeja de plata” a las multinacionales, haciéndola altamente rentable en el mercado eléctrico de Latinoamérica con mínima resistencia de la sociedad.  Así lo hemos advertido, ante los permanentes y sistemáticos ataques que las administraciones de ISA han cometido contra Sintraisa y contra los trabajadores, desconociendo derechos, tercerizando áreas, secciones y funciones, para hacer de ISA una empresa atractiva sin mayores responsabilidades laborales y de gran flexibilidad.

En razón de dicha estrategia se crea a Intercolombia -empresa de papel- que seguramente, entrará en liquidación tras la venta de ISA; quedando ISA con todos los activos, utilidades y rentabilidad, pero sin la responsabilidad ni el pasivo de la mano de obra. La suerte de los trabajadores de Intercolombia, poco importará para el nuevo propietario.

Debe entenderse que quien compre a ISA, debe tener experiencia, y por tanto sus propios trabajadores y debe ser altamente eficiente en mano de obra, lo que nos deja ante el escenario de que un buen número de trabajadores de Intercolombia y de ISA engrosarían la lista de desempleados en Colombia, muchos de los cuales hasta tendrán que demandar para que les paguen sus prestaciones.

La administración actual de ISA en cabeza de su presidente Bernardo Vargas Gibsone y su Vicepresidente de Talento Organizacional Carlos Humberto Delgado Galeano, han tratado de desconocer a Sintraisa, porque saben que es parte de los obstáculos para la privatización de ISA. Por lo que han adelantado a nombre propio y de terceros una serie de acciones legales, ilegitimas y hasta ilegales, para desconocer a Sintraisa, a sus representantes y a los trabajadores sindicalizados, tales como: demandas contra la estructura sindical, violación al fuero sindical, falsedad ante autoridades administrativas, violación al derecho de asociación y negociación colectiva al negarse a negociar los pliegos de peticiones, entre otras acciones; el propósito es desconocer los sindicatos y los derechos de los trabajadores que laboran para ISA desde su filial Intercolombia y exterminar a Sintraisa, la cual, desde la legalidad y sus actos se niega a desaparecer, aprestándose  a jugar el papel histórico que le corresponde, aun ante la adversidad de la realidad ya descrita, y ante la indiferencia de los que en poco tiempo ya no serán trabajadores de esa empresa que construyeron.

Es nuestro papel resistir y advertir que la realidad la creamos los trabajadores; que de nuestras acciones colectivas de hoy depende el futuro de las nuevas generaciones de trabajadores en Colombia y en el mundo; que no podemos sucumbir ante el interés de un grupo corrupto de políticos y empresarios que se enriquecen a costa de vender las fuentes de bienestar de las futuras generaciones.

Hacemos un llamado a rechazar la privatización de ISA, y hacer un frente común para que el patrimonio público se conserve como garantía de sostenibilidad y bienestar para el pueblo colombiano y para futuras generaciones de trabajadores en Colombia. 

Medellín, 15 de julio de 2019

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL SINTRAISA

Publicado enColombia
Miércoles, 24 Julio 2019 06:07

Anatomía del nuevo neoliberalismo

Anatomía del nuevo neoliberalismo

Desde hace una decena de años viene anunciándose regularmente el fin del neoliberalismo: la crisis financiera mundial de 2008 se presentó como el último estertor de su agonía, después le tocó el turno a la crisis griega en Europa (al menos hasta julio de 2015), sin olvidar, por supuesto, el seísmo causado por la elección de Donald Trump en EE UU en noviembre de 2016, seguido del referéndum sobre el Brexit en marzo de 2017. El hecho de que Gran Bretaña y EE UU, que fueron tierras de promisión del neoliberalismo en tiempos de Thatcher y Reagan, parezcan darle la espalda mediante una reacción nacionalista tan repentina, marcó los espíritus debido a su alcance simbólico. Después, en octubre de 2018, se produjo la elección de Jair Bolsonaro, quien promete tanto el retorno de la dictadura como la aplicación de un programa neoliberal de una violencia y una amplitud muy parecidas a las de los Chicago boys de Pinochet.  

El neoliberalismo no solo sobrevive como sistema de poder, sino que se refuerza. Hay que comprender esta singular radicalización, lo que implica discernir el carácter tanto plástico como plural del neoliberalismo. Pero hace falta ir más lejos todavía y percatarse del sentido de las transformaciones actuales del neoliberalismo, es decir, la especificidad de lo que aquí llamamos el nuevo neoliberalismo.

La crisis como modo de gobierno

Recordemos de entrada qué significa el concepto de neoliberalismo, que pierde gran parte de su pertinencia cuando se emplea de forma confusa, como sucede a menudo. No se trata tan solo de políticas económicas monetaristas o austeritarias, de la mercantilización de las relaciones sociales o de la dictadura de los mercados financieros. Se trata más fundamentalmente de una racionalidad política que se ha vuelto mundial y que consiste en imponer por parte de los gobiernos, en la economía, en la sociedad y en el propio Estado, la lógica del capital hasta convertirla en la forma de las subjetividades y la norma de las existencias.

Proyecto radical e incluso, si se quiere, revolucionario, el neoliberalismo no se confunde, por tanto, con un conservadurismo que se contenta con reproducir las estructuras desigualitarias establecidas. A través del juego de las relaciones internacionales de competencia y dominación y de la mediación de las grandes organizaciones de gobernanza mundial (FMI, Banco Mundial, Unión Europea, etc.), este modo de gobierno se ha convertido con el tiempo en un verdadero sistema mundial de poder, comandado por el imperativo de su propio mantenimiento.

Lo que caracteriza este modo de gobierno es que se alimenta y se radicaliza por medio de sus propias crisis. El neoliberalismo solo se sostiene y se refuerza porque gobierna mediante la crisis. En efecto, desde la década de 1970, el neoliberalismo se nutre de las crisis económicas y sociales que genera. Su respuesta es invariable: en vez de poner en tela de juicio la lógica que las ha provocado, hay que llevar todavía más lejos esa misma lógica y tratar de reforzarla indefinidamente. Si la austeridad genera déficit presupuestario, hay que añadir una dosis suplementaria. Si la competencia destruye el tejido industrial o desertifica regiones, hay que agudizarla todavía más entre las empresas, entre los territorios, entre las ciudades. Si los servicios públicos no cumplen ya su misión, hay que vaciar esta última de todo contenido y privar a los servicios de los medios que precisan. Si las rebajas de impuestos para los ricos o las empresas no dan los resultados esperados, hay que profundizar todavía más en ellas, etc.

Este gobierno mediante la crisis solo es posible, claro está, porque el neoliberalismo se ha vuelto sistémico. Toda crisis económica, como la de 2008, se interpreta en los términos del sistema y solo recibe respuestas que sean compatibles con el mismo. La ausencia de alternativas no es tan solo la manifestación de un dogmatismo en el plano intelectual, sino la expresión de un funcionamiento sistémico a escala mundial. Al amparo de la globalización y/o al reforzar la Unión Europea, los Estados han impuesto múltiples reglas e imperativos que los llevan a reaccionar en el sentido del sistema.

Pero lo que es más reciente y sin duda merece nuestra atención es que ahora se nutre de las reacciones negativas que provoca en el plano político, que se refuerza con la misma hostilidad política que suscita. Estamos asistiendo a una de sus metamorfosis, y no es la menos peligrosa. El neoliberalismo ya no necesita su imagen liberal o democrática, como en los buenos tiempos de lo que hay que llamar con razón el neoliberalismo clásico. Esta imagen incluso se ha convertido en un obstáculo para su dominación, cosa que únicamente es posible porque el gobierno neoliberal no duda en instrumentalizar los resentimientos de un amplio sector de la población, falto de identidad nacional y de protección por el Estado, dirigiéndolos contra chivos expiatorios.

En el pasado, el neoliberalismo se ha asociado a menudo a la apertura, al progreso, a las libertades individuales, al Estado de derecho. Actualmente se conjuga con el cierre de fronteras, la construcción de muros, el culto a la nación y la soberanía del Estado, la ofensiva declarada contra los derechos humanos, acusados de poner en peligro la seguridad. ¿Cómo es posible esta metamorfosis del neoliberalismo?

Trumpismo y fascismo

Trump marca incontestablemente un hito en la historia del neoliberalismo mundial. Esta mutación no afecta únicamente a EE UU, sino a todos los gobiernos, cada vez más numerosos, que manifiestan tendencias nacionalistas, autoritarias y xenófobas hasta el punto de asumir la referencia al fascismo, como en el caso de Matteo Salvini, o a la dictadura militar en el de Bolsonaro. Lo fundamental es comprender que estos gobiernos no se oponen para nada al neoliberalismo como modo de poder. Al contrario, reducen los impuestos a los más ricos, recortan las ayudas sociales y aceleran las desregulaciones, particularmente en materia financiera o ecológica. Estos gobiernos autoritarios, de los que forma parte cada vez más la extrema derecha, asumen en realidad el carácter absolutista e hiperautoritario del neoliberalismo.

Para comprender esta transformación, primero conviene evitar dos errores. El más antiguo consiste en confundir el neoliberalismo con el ultraliberalismo, el libertarismo, el retorno a Adam Smith o el fin del Estado, etc. Como ya nos enseñó hace mucho tiempo Michel Foucault, el neoliberalismo es un modo de gobierno muy activo, que no tiene mucho que ver con el Estado mínimo pasivo del liberalismo clásico. Desde este punto de vista, la novedad no consiste en el grado de intervención del Estado ni en su carácter coercitivo. Lo nuevo es que el antidemocratismo innato del neoliberalismo, manifiesto en algunos de sus grandes teóricos, como Friedrich Hayek, se plasma hoy en un cuestionamiento político cada vez más abierto y radical de los principios y las formas de la democracia liberal.

El segundo error, más reciente, consiste en explicar que nos hallamos ante un nuevo fascismo neoliberal, o bien ante un momento neofascista del neoliberalismo2/. Que sea por lo menos azaroso, si no peligroso políticamente, hablar con Chantal Mouffe de un momento populista para presentar mejor el populismo como un remedio al neoliberalismo, esto está fuera de toda duda. Que haga falta desenmascarar la impostura de un Emmanuel Macron, quien se presenta como el único recurso contra la democracia iliberal de Viktor Orbán y consortes, esto también es cierto. Pero, ¿acaso esto justifica que se mezcle en un mismo fenómeno político el ascenso de las extremas derechas y la deriva autoritaria del neoliberalismo?

La asimilación es a todas luces problemática: ¿cómo identificar si no es mediante una analogía superficial el Estado total tan característico del fascismo y la difusión generalizada del modelo de mercado y de la empresa en el conjunto de la sociedad? En el fondo, si esta asimilación permite arrojar luz, centrándonos en el fenómeno Trump, sobre cierto número de rasgos del nuevo neoliberalismo, al mismo tiempo enmascara su individualidad histórica. La inflación semántica en torno al fascismo tiene sin duda efectos críticos, pero tiende a ahogar los fenómenos a la vez complejos y singulares en generalizaciones poco pertinentes, que a su vez no pueden sino dar lugar a un desarme político.

Para Henry Giroux 3/, por ejemplo, el fascismo neoliberal es una “formación económico-política específica” que mezcla ortodoxia económica, militarismo, desprecio por las instituciones y las leyes, supremacismo blanco, machismo, odio a los intelectuales y amoralismo. Giroux toma prestada del historiador del fascismo Robert Paxton (2009) la idea de que el fascismo se apoya en pasiones movilizadoras que volvemos a encontrar en el fascismo neoliberal: amor al jefe, hipernacionalismo, fantasmas racistas, desprecio por lo débil, lo inferior, lo extranjero, desdén por los derechos y la dignidad de las personas, violencia hacia los adversarios, etc.

Si bien hallamos todos estos ingredientes en el trumpismo y más todavía en el bolsonarismo brasileño, ¿acaso no se nos escapa su especificidad con respecto al fascismo histórico? Paxton admite que “Trump retoma varios motivos típicamente fascistas”, pero ve en él sobre todo los rasgos más comunes de una “dictadura plutocrática” 4/. Porque también existen grandes diferencias con el fascismo: no impone el partido único ni la prohibición de toda oposición y de toda disidencia, no moviliza y encuadra a las masas en organizaciones jerárquicas obligatorias, no establece el corporativismo profesional, no practica liturgias de una religión laica, no preconiza el ideal del ciudadano soldado totalmente consagrado al Estado total, etc. (Gentile, 2004).

A este respecto, todo paralelismo con el final de la década de 1930 en EE UU es engañoso, por mucho que Trump haya hecho suyo el lema de America first, el nombre dado por Charles Lindbergh a la organización fundada en octubre de 1940 para promover una política aislacionista frente al intervencionismo de Roosevelt. Trump no convierte en realidad la ficción escrita por Philip Roth (2005), quien imaginó que Lindbergh triunfaría sobre Roosevelt en las elecciones presidenciales de 1940. Ocurre que Trump no es a Clinton o a Obama lo que fue Lindbergh a Roosevelt y que en este sentido toda analogía es endeble. Si Trump puja cada vez más en la escalada antiestablishment para halagar a su clientela electoral, no trata, sin embargo, de suscitar revueltas antisemitas, contrariamente al Lindbergh de la novela, inspirada directamente en el ejemplo nazi.

Pero, sobre todo, no estamos viviendo un momento polanyiano, como cree Robert Kuttner (2018), caracterizado por la recuperación del control de los mercados por los poderes fascistas ante los estragos causados por el no intervencionismo. En cierto sentido ocurre todo lo contrario, y el caso es bastante más paradójico. Trump pretende ser el campeón de la racionalidad empresarial, incluso en su manera de llevar a cabo su política tanto interior como exterior. Vivimos el momento en que el neoliberalismo segrega desde el interior una forma política original que combina autoritarismo antidemocrático, nacionalismo económico y racionalidad capitalista ampliada.

Una crisis profunda de la democracia liberal

Para comprender la mutación actual del neoliberalismo y evitar confundirla con su fin es preciso tener una concepción dinámica del mismo. Tres o cuatro decenios de neoliberalización han afectado profundamente a la propia sociedad, instalando en todos los aspectos de las relaciones sociales situaciones de rivalidad, de precariedad, de incertidumbre, de empobrecimiento absoluto y relativo. La generalización de la competencia en las economías, así como, indirectamente, en el trabajo asalariado, en las leyes y en las instituciones que enmarcan la actividad económica, ha tenido efectos destructivos en la condición de los personas asalariadas, que se han sentido abandonadas y traicionadas. Las defensas colectivas de la sociedad, a su vez, se han debilitado. Los sindicatos, en particular, han perdido fuerza y legitimidad.

Los colectivos de trabajo se han descompuesto a menudo por efecto de una gestión empresarial muy individualizadora. La participación política ya no tiene sentido ante la ausencia de opciones alternativas muy diferentes. Por cierto, la socialdemocracia, adherida a la racionalidad dominante, está en vías de desaparición en un gran número de países. En suma, el neoliberalismo ha generado lo que Gramsci llamó monstruos mediante un doble proceso de desafiliación de la comunidad política y de adhesión a principios etnoidentitarios y autoritarios, que ponen en tela de juicio el funcionamiento normal de las democracias liberales. Lo trágico del neoliberalismo es que, en nombre de la razón suprema del capital, ha atacado los fundamentos mismos de la vida social, tal como se habían formulado e impuesto en la época moderna a través de la crítica social e intelectual.

Por decirlo de manera un tanto esquemática, la puesta en práctica de los principios más elementales de la democracia liberal comportó rápidamente bastantes más concesiones a las masas que lo que podía aceptar el liberalismo clásico. Este es el sentido de lo que se llamó justicia social o también democracia social, a las que no cesó de vituperar precisamente la cohorte de teóricos neoliberales. Al querer convertir la sociedad en un orden de la competencia que solo conocería hombres económicos o capitales humanos en lucha unos contra otros, socavaron las bases mismas de la vida social y política en las sociedades modernas, especialmente debido a la progresión del resentimiento y de la cólera que semejante mutación no podía dejar de provocar.

¿Cómo extrañarse entonces ante la respuesta de la masa de perdedores al establecimiento de este orden competitivo? Al ver degradarse sus condiciones y desaparecer sus puntos de apoyo y de referencia colectivos, se refugian en la abstención política o en el voto de protesta, que es ante todo un llamamiento a la protección contra las amenazas que pesan sobre su vida y su futuro. En pocas palabras, el neoliberalismo ha engendrado una crisis profunda de la democracia liberal-social, cuya manifestación más evidente es el fuerte ascenso de los regímenes autoritarios y de los partidos de extrema derecha, respaldados por una parte amplia de las clases populares nacionales. Hemos dejado atrás la época de la posguerra fría, en la que todavía se podía creer en la extensión mundial del modelo de democracia de mercado.

Asistimos ahora, y de forma acelerada, a un proceso inverso de salida de la democracia o de desdemocratización, por retomar la justa expresión de Wendy Brown. A los periodistas les gusta mezclar en el vasto marasmo de un populismo antisistema a la extrema derecha y a la izquierda radical. No ven que la canalización y la explotación de esta cólera y de estos resentimientos por la extrema derecha dan a luz un nuevo neoliberalismo, aún más agresivo, aún más militarizado, aún más violento, del que Trump es tanto el estandarte como la caricatura.

El nuevo neoliberalismo

Lo que aquí llamamos nuevo neoliberalismo es una versión original de la racionalidad neoliberal en la medida que ha adoptado abiertamente el paradigma de la guerra contra la población, apoyándose, para legitimarse, en la cólera de esa misma población e invocando incluso una soberanía popular dirigida contra las élites, contra la globalización o contra la Unión Europea, según los casos. En otras palabras, una variante contemporánea del poder neoliberal ha hecho suya la retórica del soberanismo y ha adoptado un estilo populista para reforzar y radicalizar el dominio del capital sobre la sociedad. En el fondo es como si el neoliberalismo aprovechara la crisis de la democracia liberal-social que ha provocado y que no cesa de agravar para imponer mejor la lógica del capital sobre la sociedad.

Esta recuperación de la cólera y de los resentimientos requiere sin duda, para llevarse a cabo efectivamente, el carisma de un líder capaz de encarnar la síntesis, antaño improbable, de un nacionalismo económico, una liberalización de los mecanismos económicos y financieros y una política sistemáticamente proempresarial. Sin embargo, actualmente todas las formas nacionales del neoliberalismo experimentan una transformación de conjunto, de la que el trumpismo nos ofrece la forma casi pura. Esta transformación acentúa uno de los aspectos genéricos del neoliberalismo, su carácter intrínsecamente estratégico. Porque no olvidemos que el neoliberalismo no es conservadurismo. Es un paradigma gubernamental cuyo principio es la guerra contra las estructuras arcaicas y las fuerzas retrógradas que se resisten a la expansión de la racionalidad capitalista y, más ampliamente, la lucha por imponer una lógica normativa a poblaciones que no la quieren.

Para alcanzar sus objetivos, este poder emplea todos los medios que le resultan necesarios, la propaganda de los medios, la legitimación por la ciencia económica, el chantaje y la mentira, el incumplimiento de las promesas, la corrupción sistémica de las élites, etc. Pero una de sus palancas preferidas es el recurso a las vías de la legalidad, léase de la Constitución, de manera que cada vez más resulte irreversible el marco en el que deben moverse todos los actores. Una legalidad que evidentemente es de geometría variable, siempre más favorable a los intereses de las clases ricas que a los de las demás. No hace falta recurrir, al estilo antiguo, a los golpes de Estado militares para poner en práctica los preceptos de la escuela de Chicago si se puede poner un cerrojo al sistema político, como en Brasil, mediante un golpe parlamentario y judicial: este último permitió, por ejemplo, al presidente Temer congelar durante 20 años los gastos sociales (sobre todo a expensas de la sanidad pública y de la universidad). En realidad, el brasileño no es un caso aislado, por mucho que los resortes de la maniobra sean allí más visibles que en otras partes, sobre todo después de la victoria de Bolsonaro como punto de llegada del proceso. El fenómeno, más allá de sus variantes nacionales, es general: es en el interior del marco formal del sistema político representativo donde se establecen dispositivos antidemocráticos de una temible eficacia corrosiva.

Un gobierno de guerra civil

La lógica neoliberal contiene en sí misma una declaración de guerra a todas las fuerzas de resistencia a las reformas en todos los estratos de la sociedad. El lenguaje vigente entre los gobernantes de todos los niveles no engaña: la población entera ha de sentirse movilizada por la guerra económica, y las reformas del derecho laboral y de la protección social se llevan a cabo precisamente para favorecer el enrolamiento universal en esa guerra. Tanto en el plano simbólico como en el institucional se produce un cambio desde el momento en que el principio de competitividad adquiere un carácter casi constitucional. Puesto que estamos en guerra, los principios de la división de poderes, de los derechos humanos y de la soberanía del pueblo ya solo tienen un valor relativo. En otras palabras, la democracia liberal-social tiende progresivamente a vaciarse para pasar a no ser más que la envoltura jurídico-política de un gobierno de guerra. Quienes se oponen a la neoliberalización se sitúan fuera del espacio público legítimo, son malos patriotas, cuando no traidores.

Esta matriz estratégica de las transformaciones económicas y sociales, muy cercana a un modelo naturalizado de guerra civil, se junta con otra tradición, esta más genuinamente militar y policial, que declara la seguridad nacional la prioridad de todos los objetivos gubernamentales. El neoliberalismo y el securitarismo de Estado hicieron buenas migas desde muy temprano. El debilitamiento de las libertades públicas del Estado de derecho y la extensión concomitante de los poderes policiales se han acentuado con la guerra contra la delincuencia y la guerra contra la droga de la década de 1970. Pero fue sobre todo después de que se declarara la guerra mundial contra el terrorismo, inmediatamente después del 11 de septiembre de 2001, cuando se produjo el despliegue de un conjunto de medidas y dispositivos que violan abiertamente las reglas de protección de las libertades en la democracia liberal, llegando incluso a incorporar en la ley la vigilancia masiva de la población, la legalización del encarcelamiento sin juicio o el uso sistemático de la tortura.

Para Bernard E. Harcourt (2018), este modelo de gobierno, que consiste en “hacer la guerra a toda la ciudadanía”, procede en línea directa de las estrategias militares contrainsurgentes puestas a punto por el ejército francés en Indochina y en Argelia, transmitidas a los especialistas estadounidenses de la lucha anticomunista y practicadas por sus aliados, especialmente en América Latina o en el sudeste asiático. Hoy, la “contrarrevolución sin revolución”, como la denomina Harcourt, busca reducir por todos los medios a un enemigo interior y exterior omnipresente, que tiene más bien cara de yihadista, pero que puede adoptar muchas otras caras (estudiantes, ecologistas, campesinos, jóvenes negros en EE UU o jóvenes de los suburbios en Francia, y tal vez, sobre todo en estos momentos, migrantes ilegales, preferentemente musulmanes). Y para llevar a buen término esta guerra contra el enemigo, conviene que el poder, por un lado, militarice a la policía y, por otro, acumule una masa de informaciones sobre toda la población con el fin de conjurar toda rebelión posible. En suma, el terrorismo de Estado se halla de nuevo en plena progresión, incluso cuando la amenaza comunista, que le había servido de justificación durante la Guerra Fría, ha desaparecido.

La imbricación de estas dos dimensiones, la radicalización de la estrategia neoliberal y el paradigma militar de la guerra contrainsurgente, a partir de la misma matriz de guerra civil, constituye actualmente el principal acelerador de la salida de la democracia. Este enlace solo es posible gracias a la habilidad con que cierto número de responsables políticos de la derecha, aunque también de la izquierda, se dedican a canalizar mediante un estilo populista los resentimientos y el odio hacia los enemigos electivos, prometiendo a las masas orden y protección a cambio de su adhesión a la política neoliberal autoritaria.

El neoliberalismo de Macron

Sin embargo, ¿no es exagerado meter todas las formas de neoliberalismo en el mismo saco de un nuevo neoliberalismo? Existen tensiones muy fuertes a escala mundial o europea entre lo que hay que calificar de tipos nacionales diferentes de neoliberalismo. Sin duda no asimilaríamos a Trudeau, Merkel o Macron con Trump, Erdogan, Orbán, Salvini o Bolsonaro. Unos todavía permanecen fieles a una forma de competencia comercial supuestamente leal, cuando Trump ha decidido cambiar las reglas de la competencia, transformando esta última en guerra comercial al servicio de la grandeza de EE UU (“America is Great Again”); unos invocan todavía, de palabra, los derechos humanos, la división de poderes, la tolerancia y la igualdad de derechos de las personas, cuando a los otros todo esto les trae sin cuidado; unos pretenden mostrar una actitud humana ante los migrantes (algunos muy hipócritamente), cuando los otros no tienen escrúpulos a la hora de rechazarlos y repatriarlos. Por tanto, conviene diferenciar el modelo neoliberal.

El macronismo no es trumpismo, aunque solo fuera por las historias y las estructuras políticas nacionales en las que se inscriben. Macron se presentó como el baluarte frente al populismo de extrema derecha de Marine Le Pen, como su aparente antítesis. Aparente, porque Macron y Le Pen, si no son personas idénticas, en realidad son perfectamente complementarias. Uno hace de baluarte cuando la otra acepta ponerse los hábitos del espantajo, lo que permite al primero presentarse como garante de las libertades y de los valores humanos. Si es preciso, como ocurre hoy en los preparativos para las elecciones europeas, Macron se dedica a ensanchar artificialmente la supuesta diferencia entre los partidarios de la democracia liberal y la democracia iliberal del estilo de Orbán, para que la gente crea más fácilmente que la Unión Europea se sitúa como tal en el lado de la democracia liberal.

Sin embargo, tal vez no se haya percibido suficientemente el estilo populista de Macron, quien ha podido parecer una simple mascarada por parte de un puro producto de la élite política y financiera francesa. La denuncia del viejo mundo de los partidos, el rechazo del sistema, la evocación ritual del pueblo de Francia, todo esto era quizá suficientemente superficial, o incluso grotesco, pero no por ello ha dejado de hacer gala del empleo de un método característico, precisamente, del nuevo neoliberalismo, el de la recuperación de la cólera contra el sistema neoliberal. No obstante, el macronismo no tenía el espacio político para tocar esta música durante mucho tiempo. Pronto se reveló como lo que era y lo que hacía.

En línea con los gobiernos franceses precedentes, pero de manera más declarada o menos vergonzante, Macron asocia al nombre de Europa la violencia económica más cruda y más cínica contra la gente asalariada, pensionista, funcionaria y la asistida, así como la violencia policial más sistemática contra las manifestaciones de oponentes, como se vio, en particular, en Notre-Dame-des-Landes y contra las personas migrantes. Todas las manifestaciones sindicales o estudiantiles, incluso las más pacíficas, son reprimidas sistemáticamente por una policía pertrechada hasta los dientes, cuyas nuevas maniobras y técnicas de fuerza están pensadas para aterrorizar a quienes se manifiestan e intimidar al resto de la población.

El caso de Macron está entre los más interesantes para completar el retrato del nuevo neoliberalismo. Llevando más lejos todavía la identificación del Estado con la empresa privada, hasta el punto de pretender hacer de Francia una start-up nation, no cesa de centralizar el poder en sus manos y llega incluso a promover un cambio constitucional que convalidará el debilitamiento del Parlamento en nombre de la eficacia. La diferencia con Sarkozy en este punto salta a la vista: mientras que este último se explayaba en declaraciones provocadoras, al tiempo que afectaba un estilo relajado en el ejercicio de su función, Macron pretende devolver todo su lustre y toda su solemnidad a la función presidencial. De este modo conjuga un despotismo de empresa con la subyugación de las instituciones de la democracia representativa en beneficio exclusivo del poder ejecutivo. Se ha hablado con razón de bonapartismo para caracterizarle, no solo por la manera en cómo tomó el poder acabando con los viejos partidos gubernamentales, sino también a causa de su desprecio manifiesto por todos los contrapoderes. La novedad que ha introducido en esta antigua tradición bonapartista es justamente una verdadera gobernanza de empresa. El macronismo es un bonapartismo empresarial.

El aspecto autoritario y vertical de su modo de gobierno encaja perfectamente en el marco de un nuevo neoliberalismo más violento y agresivo, a imagen y semejanza de la guerra librada contra los enemigos de la seguridad nacional. ¿Acaso una de las medidas más emblemáticas de Macron no ha sido la inclusión en la ley ordinaria, en octubre de 2017, de disposiciones excepcionales del estado de emergencia declarado tras los atentados de noviembre de 2015?

La aplicación de la ley en contra de la democracia

No cabe descartar que se produzca en Occidente un momento polanyiano, es decir, una solución verdaderamente fascista, tanto en el centro como en la periferia, sobre todo si se produce una nueva crisis de la amplitud de la de 2008. El acceso al poder de la extrema derecha en Italia es un toque de advertencia suplementario. Mientras tanto, en este momento que prevalece hasta nueva orden, estamos asistiendo a una exacerbación del neoliberalismo, que conjuga la mayor libertad del capital con ataques cada vez más profundos contra la democracia liberal-social, tanto en el ámbito económico y social como en el terreno judicial y policial. ¿Hay que contentarse con retomar el tópico crítico de que el estado de excepción se ha convertido en regla?

Al argumento de origen schmittiano del estado de excepción permanente, retomado por Giorgio Agamben, que supone una suspensión pura y simple del Estado de derecho, debemos oponer los hechos observables: el nuevo gobierno neoliberal se implanta y cristaliza con la promulgación de medidas de guerra económica y policial. Dado que las crisis sociales, económicas y políticas son permanentes, corresponde a la legislación establecer las reglas válidas de forma permanente que permitan a los gobiernos responder a ellas en todo momento e incluso prevenirlas. De este modo, las crisis y urgencias han permitido el nacimiento de lo que Harcourt denomina un “nuevo estado de legalidad”, que legaliza lo que hasta ahora no eran más que medidas de emergencia o respuestas coyunturales de política económica o social. Más que con un estado de excepción que opone reglas y excepciones, nos las tenemos que ver con una transformación progresiva y harto sutil del Estado de derecho, que ha incorporado a su legislación la situación de doble guerra económica y policial a la que nos han conducido los gobiernos.

A decir verdad, los gobernantes no están totalmente desprovistos para legitimar intelectualmente semejante transformación. La doctrina neoliberal ya había elaborado el principio de esta concepción del Estado de derecho. Así, Hayek subordinaba explícitamente el Estado de derecho a la ley: según él, la ley no designa cualquier norma, sino exclusivamente el tipo de reglas de conducta que son aplicables a todas las personas por igual, incluidos los personajes públicos. Lo que caracteriza propiamente a la ley es, por tanto, la universalidad formal, que excluye toda forma de excepción. Por consiguiente, el verdadero Estado de derecho es el Estado de derecho material (materieller Rechtsstaat), que requiere de la acción del Estado la sumisión a una norma aplicable a todas las personas en virtud de su carácter formal. No basta con que una acción del Estado esté autorizada por la legalidad vigente, al margen de la clase de normas de las que se deriva. En otras palabras, se trata de crear no un sistema de excepción, sino más bien un sistema de normas que prohíba la excepción. Y dado que la guerra económica y policial no tiene fin y reclama cada vez más medidas de coerción, el sistema de leyes que legalizan las medidas de guerra económica y policial ha de extenderse por fuerza más allá de toda limitación.

Por decirlo de otra manera, ya no hay freno al ejercicio del poder neoliberal por medio de la ley, en la misma medida que la ley se ha convertido en el instrumento privilegiado de la lucha del neoliberalismo contra la democracia. El Estado de derecho no está siendo abolido desde fuera, sino destruido desde dentro para hacer de él un arma de guerra contra la población y al servicio de los dominantes. El proyecto de ley de Macron sobre la reforma de las pensiones es, a este respecto, ejemplar: de conformidad con la exigencia de universalidad formal, su principio es que un euro cotizado otorga exactamente el mismo derecho a todos, sea cual sea su condición social. En virtud de este principio está prohibido, por tanto, tener en cuenta la penosidad de las condiciones de trabajo en el cálculo de la cuantía de la pensión. También en esta cuestión salta a la vista la diferencia entre Sarkozy y Macron: mientras que el primero hizo aprobar una ley tras otra sin que les siguieran sendos decretos de aplicación, el segundo se preocupa mucho de la aplicación de las leyes.

Ahí se sitúa la diferencia entre reformar y transformar, tan cara a Macron: la transformación neoliberal de la sociedad requiere la continuidad de la aplicación en el tiempo y no puede contentarse con los efectos del anuncio sin más. Además, este modo de proceder comporta una ventaja inapreciable: una vez aprobada una ley, los gobiernos pueden esquivar su parte de responsabilidad so pretexto de que se limitan a aplicar la ley. En el fondo, el nuevo neoliberalismo es la continuación de lo antiguo en clave peor. El marco normativo global que inserta a individuos e instituciones dentro de una lógica de guerra implacable se refuerza cada vez más y acaba progresivamente con la capacidad de resistencia, desactivando lo colectivo. Esta naturaleza antidemocrática del sistema neoliberal explica en gran parte la espiral sin fin de la crisis y la aceleración ante nuestros ojos del proceso de desdemocratización, por el cual la democracia se vacía de su sustancia sin que se suprima formalmente.

 

Por Pierre Dardot es, filósofo y Christian Laval es sociólogo. Ambos son coautores, entre otras obras, de La nueva razón del mundo y Común

Traducción: viento sur

Referencias

Gentile, Emilio (2004) Fascismo: historia e interpretación. Madrid: Alianza.

Harcourt, Bernard E. (2018) The Counterrevolution, How Our Government Went to War against its Own Citizens. Nueva York: Basic Books.

Kuttner, Robert (2018) Can democracy survive Global Capitalism? Nueva York/Londres: WW. Norton & Company.

Paxton, Robert O. (2009) Anatomía del fascismo. Madrid: Capitán Swing.

Roth, Philip (2005) La conjura contra América. Barcelona: Mondadori.

Notas:

1/ Prefacio a la traducción en inglés, publicada por la editorial Verso, de La pesadilla que no acaba nunca (Gedisa, 2017), obra publicada originalmente por La Découverte, París, en 2016.

2/ Éric Fassin, “Le moment néofasciste du néolibéralisme”, Mediapart, 29 de junio de 2018, https://blogs.mediapart.fr/eric-fassin/blog/290618/le-moment-neofasciste-du-neoliberalisme .

3/ Henry Giroux, Neoliberal Fascism and the Echoes of History, https://www.truthdig.com/articles/neoliberal-fascism-and-the-echoes-of-history/ , 08/09/2018.

4/ Robert O. Paxton, “Le régime de Trump est une ploutocratie”, Le Monde, 6 de marzo de 2017.

Fuente: https://vientosur.info/spip.php?article14984

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 Raytheon es el mayor productor mundial de misiles, entre ellos el popular Patriot.  Bloomberg

La fusión entre Raytheon y United Technologies crea un gigante en el negocio de defensa con una facturación de 80.000 millones de dólares

 

Hace dos años, en plena escalada balística de Corea del Norte, el nuevo jefe del Pentágono se acercaba a Silicon Valley para visitar la base experimental de innovación del Departamento de Defensa en Mountain View. Se creó con Barack Obama de presidente para estar lo más cerca posible de las nuevas firmas tecnológicas y así poder resolver complejos retos estratégicos y tácticos. Una de las ideas era incorporar los avances en inteligencia artificial y tecnología autónoma al ámbito militar. “Eso ya no va a ser necesario”, afirma rotundo Thomas Kennedy, consejero delegado de Raytheon, “somos los que llevamos la ciencia-ficción a la realidad”. La contratista estadounidense que está detrás de los misiles crucero Tomahawk y el sistema de defensa Patriot acaba de anunciar una fusión entre iguales con United Technologies, que desarrolla los propulsores del caza invisible F-35. “Nos permitirá llevar los nuevos avances antes al mercado”, prevé.

La nueva Raytheon Technologies será la compañía aeroespacial y defensa más grande por ingresos después de Boeing cuando se complete la integración en 2020. Para entonces tendrá unas ventas anuales próximas a 80.000 millones de dólares, contará con 60.000 ingenieros y un presupuesto combinado en investigación y desarrollo de unos 8.000 millones anuales.

El avance tecnológico está en el corazón de la operación. Juntas tienen más de 38.000 patentes activas. La industria militar destina a I+D más que Apple, Google y Microsoft juntas. De hecho, Silicon Valley debe su origen a la defensa. “Contamos con una capacidad tecnológica sin igual que nos permitirá definir el futuro”, añade Gregory Hayes. Será quien lidere la nueva compañía, que tendrá un valor bursátil de 120.000 millones al precio actual. United Technologies tuvo unas ventas de 66.500 millones en 2018. De ese total, el 26% corresponde a la filial que fabrica aparatos de aire acondicionado Carrier y el 18% a los ascensores Otis. Raytheon empezó a tantearle precisamente cuando hace un año anunció que se desprendía de estas dos filiales. En paralelo estaba en proceso de integrar Rockwell Collins.

Los analistas de CFRA Research explican que es difícil encontrar una combinación similar. United Technologies es muy fuerte en el ámbito comercial. Entre sus principales clientes tiene a Boeing y Airbus. Raytheon, por su parte, es una de las cinco líderes en defensa. Además, son relativamente similares en escala, tamaño y márgenes de beneficio. En lo que va de año, se revalorizaron un 20% en Wall Street.

“No recuerdo la última vez que competimos por un contrato”, dice Kennedy. El solapamiento es inferior al 1%. La operación es muy parecida a la que acaba de cerrar L3 Technologies con Harris Corporation. El negocio aeroespacial y de defensa evoluciona rápido, además de ser de gran complejidad. Raytheon Technologies será, en principio, más resistente a los cambios de ciclo. El nuevo coloso estará estructurado en cuatro segmentos: inteligencia, espacio y radares; sistemas de defensa y misiles; Rockwell Collins y los motores Pratt & Whitney, que equipan los aviones comerciales de Airbus y los cazas supersónicos F-15, F-16 y F-35. Las sinergias serán de 1.000 millones. La idea es que la tecnología que utiliza Raytheon en el ámbito de defensa se combine en un mismo producto con las soluciones que United Technologies desarrolla en el ámbito aeroespacial comercial. Como ejemplo ponen el programa de misiles hipersónicos, donde su rival Lockheed Martin lleva la delantera.

Es lo que hace Boeing, que ve cómo dos grandes suministradores de sistemas se convierten en su rival directo. Tras la fusión, los ingresos de Raytheon Technologies se repartirán a partes iguales entre el negocio aeroespacial y de defensa. La mitad de las ventas se realizarán en el mercado internacional. El Pentágono será su principal cliente, con un tercio de los contratos globales.

La industria se reorganiza anticipando una moderación del gasto militar y en la aviación comercial, que hará más difícil hacer crecer los ingresos y los beneficios. Hace tres décadas eran medio centenar las compañías que competían por los grandes contratos. Ahora son cinco. Se calcula que el recorte en el gasto militar contribuyó a que 17.000 pequeñas compañías dejaran la industria entre 2001 y 2015.

Los avances tecnológicos en el sector de la defensa, señalan desde el Center for Strategic Studies, suelen hacerse desde las pequeñas contratistas hacia las grandes. Raytheon tendrá así escala y recursos financieros para elevar el gasto en I+D. Lo que no dijo Kennedy a pregunta de los analistas es si juntas destinarán el mismo o más dinero que por separado.

El presidente, Donald Trump, dice que le gusta la idea de la combinación. Pero le preocupa que reste competencia al negociar contratos de defensa. “Es razonable”, valoran en Seaport Global, “pero no será un problema mientras el Pentágono vea que el ciclo de innovación se acelera y se hace a menor coste”. Los rivales, añaden, tienen también “productos muy buenos”. El Pentágono depende del sector privado para armarse y por eso necesita poder hacer palanca para negociar buenos contratos. CFRA Research anticipa que la fusión meterá más presión a Lock­heed Martin, Northrop Grumman y General Dynamics para innovar. También pone nerviosas a Rolls-Royce, General Electric y Honeywell, que fabrican motores para aviones.

Intentos fallidos

El Departamento de Defensa bloqueó hace dos décadas ella fusión entre Lockeed Martin y Northrop Grumman porque concluyó que dañaba a la competencia. Pero la realidad ahora es muy diferente y a Washington le interesa que las compañías que le suministran sean financieramente exitosas. Más aún en un momento de preocupación creciente por China. El Pentágono, en plena batalla comercial, publicaba un informe detallando sobre la rapidez con la que Pekín está innovando en el ámbito militar. Kennedy responde a las dudas de Trump con un argumento patriótico para defender la creación de esta nueva plataforma para diseñar y producir los sistemas armamentísticos del futuro: “Nos hará mejores y más fuertes como país”.

Renaissance Strategic Advisor dice que la consolidación de la industria no debe ser una sorpresa porque fue el propio Pentágono el que decidió reducir el margen de maniobra para que varias contratistas pudieran competir a la vez.La última vez que Defensa puso objeciones a una fusión similar fue cuando Lockheed Martin adquirió el negocio de helicópteros Sikorsky a United Technologies. Northrop Grumman se hizo el año pasado con Orbital ATK, especializada en propulsores para misiles y cohetes espaciales. General Dynamics adquirió CSRA. Honey­well tanteó a United Technologies.

Nueva York 21 JUN 2019 - 09:34 COT

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La carrera espacial de los millonarios galácticos

El objetivo de Trump de enviar estadounidenses a la Luna antes de 2024 y la competencia entre emprendedores animan el efervescente sector de viajes al espacio

Artemisa. Hermana de Apolo, diosa de la Luna. Nadie podrá acusar a la NASA de escatimar en imaginación a la hora de alimentar la pasión de los aficionados al espacio. Poco más tiene para ofrecer desde que en 2011 abandonó su programa Shuttle, y aceptó la humillación de enviar sus astronautas a la Estación Espacial Internacional (EEI) con onerosos billetes para el Soyuz apoquinados al otrora archienemigo galáctico ruso.

La agencia espacial norteamericana recurrió a la diosa del terreno virgen en la mitología griega, melliza del dios que dio nombre al mítico programa que llevó el primer hombre a la Luna hace ahora 50 años, para bautizar su misión de volver a llevar estadounidenses al satélite terrestre. “Estamos emocionados de enviar a la primera mujer y al próximo hombre a la superficie antes de 2024”, tuiteó el martes Jim Bridenstine, administrador de la NASA.


De paso, Bridenstine solicitó al Congreso mil millones de dólares de presupuesto adicional para hacer realidad el deseo de la Administración Trump, expresado en marzo por el vicepresidente Mike Pence, de adelantar en cuatro años el objetivo inicial de llevar americanos a la Luna en 2028, proporcionando así a Donald Trump un glorioso colofón a un eventual segundo mandato. No contento con ello, el insaciable ego del republicano le llevó a actualizar su presupuesto, vía Twitter, con 1.600 millones para “volver a la Luna, y después a Marte” durante su presidencia. Será ahora el Congreso el que decida si aprueba la partida de gasto, a costa de un programa de becas estudiantiles.


La NASA cuenta para lograr su objetivo con las compañías privadas, menos sujetas a los vaivenes que han lastrado la carrera espacial pública, de una Administración a otra, en las últimas décadas. Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, fundador de Amazon y de la empresa espacial Blue Origin, se adelantó en una semana a la oferta de la NASA, presentando una maqueta de nave que asegura estará en condiciones de enviar astronautas a la Luna para 2024. “Oh, deja de vacilar, Jeff”, le respondió por Twitter, acompañado del emoticono que guiña un ojo, el también multimillonario Elon Musk, jefe de Tesla y de SpaceX, que hace dos semanas lanzó con éxito desde Florida la 17ª misión de su contrato de abastecimiento con la NASA. Un cohete reutilizable Falcon, que aterrizó de pie en un barco no tripulado después de colocar en órbita una cápsula Dragon Cargo, que se enganchó a la EEI para llevar a los astronautas material científico y suministros. Para el año que viene planean llevar y traer a los propios astronautas. Meta hacia la que corre casi en paralelo con otro competidor, ULA, consorcio de Boeing y Lockhead Martin, que ha realizado ya 120 lanzamientos desde 2006.


La carrera espacial privada atraviesa tiempos de entusiasmo inusitado. A finales de 2015, SpaceX y Blue Origin lanzaron por primera vez, con un mes de diferencia, cohetes que después aterrizaron con éxito verticalmente para poder ser reutilizados. Volar al espacio es ahora, pues, más barato. Detrás del discurso altruista con el que visten sus operaciones, a nadie se le escapa que también existen extraordinarias posibilidades de negocio para quien pueda permitirse estar ahí.


Los emprendedores espaciales comparten la megalomanía y la pasión. Pero difieren en sus visiones a largo plazo, que van desde el proyecto orientado al turismo espacial de Richard Branson, hasta la colonización de Marte que persigue Musk, como seguro de vida ante las negras perspectivas de la Tierra, o la idea de Bezos de expandir la civilización al espacio, pero no en planetas sino sobre plataformas construidas por el hombre.


La sociedad no parece compartir la urgencia de avanzar en la exploración del espacio, al menos no con su dinero. El 60% de los estadounidenses, según una encuesta del año pasado, cree que la NASA debe centrarse en monitorizar el clima y detectar meteoritos que pudieran impactar en la Tierra. Solo un 18% y un 13%, respectivamente, defienden que la prioridad debe ser llevar a humanos a la Luna o Marte.


“Elegimos ir a la Luna no porque sea fácil, sino porque es difícil”, dijo el presidente Kennedy en su famoso discurso de 1962, para lograr apoyo popular al programa Apolo. Hoy son los nuevos emprendedores del espacio, ricos y visionarios, los encargados de dotar de seducción a Artemisa.

Por Pablo Guimón
Washington 18 MAY 2019 - 21:33 COT

 

La gran decepción de la Red que nunca fue lo que quisimos

La utopía de la red de redes iba a cambiar el mundo y lo ha hecho, pero no como nos habíamos imaginado. Ahora que internet celebra su 'día', constatamos cómo en su medio siglo de vida —especialmente en los últimos 30 años— nos hemos hecho dependientes de un sistema de comunicación global, supuestamente bidireccional, que nunca fue totalmente libre ni mucho menos neutro.


Miguel Pérez Subías, presidente de la histórica Asociación de Usuario de Internet (AIE), fue el hombre que convenció a todos para que el 17 de mayo se convirtiese en el Día de Internet, una efeméride reconocida por la ONU y que celebran con diferentes actos gobiernos y entidades de todo el planeta. Pero ahora, cuando la red de redes sufre su particular crisis de la mediana edad, Subías reflexiona: la esperanza para mejorar el panorama exige transparencia e innovación.


El Día de Internet se celebró por primera vez en España en Octubre de 2005 a iniciativa de la AUI. Un mes más tarde, la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información acuerdó solicitar a la Asamblea General de las Naciones Unidas que declararase un Día Mundial de Internet para celebrarlo en todo el planeta. La ONU decidió en 2006 fijar el 17 de mayo, día dedicado a las Telecomunicaciones, a la Sociedad de la Información. Desde entonces, la jornada ha sido una buena ocasión para hacer balance.


Los grandes números siempre aparecen en estas conmemoraciones. Por ejemplo, hay 4.388 millones de usuarios, según el Informe Digital 2019 de Hootsuite, citado por Toucan Toco. De ellos, 3.484 millones son usuarios de redes sociales. Y Gartner asegura que en 2021 habrá en el mundo 25.000 millones de dispositivos conectados. España ya cuenta con 6,5 millones de objetos conectados.


Pero la propia dimensión de internet, con más de media humanidad enganchada, multiplica sus problemas: vigilancia y falta de privacidad, censura, desinformación, dependencia, pérdida de soberanía, privatización de la gestión de los datos, ciberataques y guerra híbrida, colonización cultural, piratería, acoso, manipulación.


¿Qué queda de ese internet primigenio, supuestamente abierto y colaborativo? ¿Cuánto hay, si es que hubo alguna vez, de esa arcadia de libertad de expresión? De eso queda muy poco, lamenta Miguel Pérez Subías. "Eso que conocimos como web 2.0, esa red de información utópica en la que todo el mundo consumía y producía información, ya no existe", evoca. "Ahora, desde la explosión de esa cosa llamada 'red social', da igual a qué llamemos con ese nombre, todo está ahí y ya nada es mío; antes yo podía tener mi blog, tenerlo donde quisiera y decidir sobre los comentarios de terceros en él, pero ahora alguien decide por mí".


Uno de los eternos debates que han estado presente durante la historia de internet ha sido —y sigue siendo— el tramposo dilema entre privacidad y seguridad. Para Subías, parece que "estamos más concienciados, pero seguimos actuando con grandes dosis de candidez e inocencia". "Y todo lo que podamos hacer ahora en internet tiene unas implicaciones mucho más brutales que antes", recuerda.


"En el ámbito del móvil seguimos siendo totalmente confiados y descuidados, y hacemos cosas que si las pensáramos bien nos asustarían: damos acceso a los datos de nuestra agenda, a todas nuestras fotografías [incluso al micrófono y cámara del teléfono] a cualquier aplicación, y ese ejemplo muestra cómo no sólo comprometemos nuestra intimidad y privacidad, sino la de los que nos rodean".


Privacidad


Para Subías, el debate ahora mismo gira, sobre todo, en torno a la privacidad. "Parece que todo el mundo se quiere aprovechar de que es posible coger los datos de una forma muy fácil, ahora que los dispositivos móviles que gestionan y registran toda nuestra actividad, desde dónde estamos hasta con quién actuamos o cuánto dormimos".


Desde hace un par de años, las grandes plataformas —para el común de los usuarios, Facebook o Google son sinónimos de internet— tratan de convencernos de que trabajan para nuestra privacidad. Y lo hacen después de convencernos de que el futuro era compartir experiencias, alcanzar el 'engagement' y buscar la aprobación del otro, coleccionar 'me gusta' y 'clics', 'posicionarnos' como sea. Lo hacen después de que Silicon Valley nos gritase a la cara: "Ustedes no tienen nada de privacidad. Asúmanlo".


En esta inmensa campaña de imagen en la que están embarcadas, los gigantes de la red que usamos a diario se muestran ahora preocupadísimos por nuestra intimidad personal. Todo a raíz de varios hallazgos informativos, como el escándalo de Cambridge Analytica o la constatación, una y otra vez, de que trafican con nuestros datos y éstos terminan en manos de gobiernos, partidos y agencias de seguridad. Les hemos pillado.


"Antes no existía la conciencia de que los datos eran valiosos, muy valiosos; y resulta que son la parte nuclear de un inmenso negocio que, además, está gestionado por monopolios", apunta Subías, y añade: "Además, uno no se puede salir de ese ámbito porque si lo hace pierde la capacidad de relacionarse con el resto de personas o de encontrar información útil". Es decir, no podemos salir de internet, aunque queramos.


Concentración por empresas, fragmentación por países


En internet está produciendo un doble fenómeno: por un lado, existe una recentralización en torno a las grandes compañías —Amazon, Microsoft, Google, Apple, Facebook, Alibaba...—, por cuyos sistemas pasa prácticamente toda la información que vemos a través de internet.


Por otro lado, se está dando una fragmentación de la propia infraestructura mundial de la red, que comenzó con los esfuerzos de control por parte de China, y que se materializará pronto con los planes de desconexión de Rusia, que contará con una red interna para controlar qué datos viajan y cuáles no.


"Se están 'renacionalizando' los espacios de internet, cuando antes pensábamos que la red era un espacio que estaba por encima de las nacionalidades", comenta el presidente de la AUI. Porque la Red nunca fue neutral, a pesar de lo que nos vendieron en su día. Internet no es algo etéreo, sus infraestructuras son muy reales (cables, centros de datos, energía) y pertenecen a alguien. Así que vale, ya no somos inocentes. ¿Qué hacemos?


"Nadie es neutro, todo el mundo tiene intereses, pero quizá lo más interesante sería trabajar para que internet fuese transparente", razona Subías. "Saber qué es lo que haces en internet y para qué lo haces, quién va a manejar tus datos, qué datos son esos o aquellos, por dónde viajan... creo que es importante; quizá no puedas evitar usar un determinado servicio, pero al menos conocerás las consecuencias de usarlo".


Transparencia e innovación


Para el fundador de la AUI, deberíamos pelear más por la transparencia —que, además, conlleva que exista más competencia y ayuda a luchar contra los monopolios— que por una neutralidad que nunca existió.


¿Qué esperanza nos queda? "Yo creo que la innovación puede terminar cambiando de nuevo las cosas, como ya pasó precisamente con la creación de todos los protocolos y sistemas que dieron como resultado internet", opina Subías. "La propia innovación ha ido rompiendo con algunas situaciones en el pasado". "Eso sí", alerta, "lo que no parece que vaya a cambiar es que los datos y su gestión van a seguir siendo el motor de internet, y tenemos que hacer una reflexión muy profunda sobre esto".


"Al final, si no tenemos privacidad, la tendencia social es que nos comportemos como se espera que lo hagamos, y eso también puede comprometer la innovación", apunta Subías, que concluye: "Precisamente, el origen de muchas innovaciones está en la capacidad de cuestionar el sistema establecido y pensar de forma diferente; si eso no puede hacerse de una forma libre, no funciona". "Al final la innovación es lo que nos queda para cambiar el futuro y el presente".

Por Pablo Romero
@pabloromero

Estudiantes y profesores hicieron un llamado a una huelga general para el 15 de mayo

El presidente brasileño reivindica las escuelas militares y aplica un ajuste del 30 por ciento a las universidades e institutos federales.

Después de los anuncios de recortes en escuelas y universidades federales, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, defendió a la educación como medio para mejorar la vida de las personas, al tiempo que reiteró su apoyo a los colegios militares. Además, el mandatario afirmó que la meta del actual gobierno es implantar una de estas instituciones en cada capital del país. Por los recortes en educación, estudiantes y profesores de escuelas y universidades se manifestaron ayer en Río de Janeiro e hicieron un llamado a una huelga general el próximo 15 de mayo.


“Queremos más niños y jóvenes estudiando en los bancos de estas escuelas (militares): respeto, disciplina y amor a la patria son fundamentos de estos colegios”, afirmó el presidente ultraderechista, en un discurso a propósito del 130 aniversario del Colegio Militar de Río de Janeiro, del cual es egresado el vicepresidente, el general Hamilton Mourao. “Los colegios militares son ejemplo de excelencia para la educación brasileña”, agregó.


El ex capitán del Ejército aseguró, además, que está trabajando con sus ministros de Defensa y Educación para ampliar la educación militar. El objetivo de esto, dijo, es “cambiar el destino de Brasil”. Por ello, insistió en su intención de construir un colegio militar en cada capital estadual donde todavía no haya uno. La construcción de una institución de este tipo en Campo de Marte -zona norte de San Pablo- será el primer paso, según prometió.


Durante el evento, Bolsonaro hizo una defensa a la educación como medio para mejorar la vida de las personas. “Lo que saca a un hombre o a una mujer de una situación difícil en la que se encuentre es el conocimiento”, afirmó, a pesar del escenario de recortes en el presupuesto educativo de escuelas y universidades federales.


Educación fue el sector más afectado por el plan de ajuste. La semana pasada, el Ministerio de Educación había dado a conocer el recorte de fondos del 30 por ciento de las universidades e institutos federales, como parte de la serie de medidas de restricción fiscal que ha venido anunciando a cuentagotas desde finales de abril.


Primero, fue la propuesta del ministro de Educación, Abraham Weintraub, de recortar la inversión para las facultades de Filosofía y Sociología, una medida que Bolsonaro apoyó al sustentar que el objetivo era “enfocarse en áreas que generen un retorno inmediato al contribuyente, como: veterinaria, ingeniería y medicina”.


Luego vino el anuncio del bloqueo de recursos para universidades federales con el argumento de que con la medida se dará prioridad a la educación básica. Y por último, fue el anuncio de congelar el presupuesto de colegios e instituciones federales. El bloqueo de presupuestos puede ser, sin embargo, revertido por el gobierno en el transcurso del año, indica el diario brasileño Folha de Sao Paulo. El Ejecutivo sostiene que de aprobarse la reforma previsional la economía puede mejorar y con ello la recaudación, lo que permitiría retornar a los pagos previstos en el presupuesto.


Puertas afuera del evento militar, cientos de estudiantes de escuelas federales y universidades de Río protestaron contra los recortes. Acompañados de padres y profesores, los alumnos protestaron pacíficamente por el bloqueo del presupuesto y pidieron al mandatario brasileño revertir la medida. Las universidades temen que si esto no sucede, no puedan garantizar el funcionamiento mínimo si se llega al punto de no poder pagar las facturas de agua y energía.


La mayoría de los estudiantes se manifestó por medio de mensajes que fueron exhibidos con frases como “La educación no es gasto, es inversión” o “De tanto ahorrar en educación quedaremos ricos en ignorancia”. Buena parte de los alumnos que participaron en la protesta estudian en el colegio federal Pedro II, uno de los más prestigiosos del país y que está ubicado frente al colegio militar que visitó Bolsonaro.


“Estamos aquí para decir no a la censura, no a los recortes y no a este gobierno autoritario”, aseguró Camila una estudiante de maestría en Sociología de la Universidad Federal de Río de Janeiro. “Nosotros queremos estudiar. Nosotros tenemos derecho de estudiar. Nuestras universidades, escuelas e institutos son patrimonio del pueblo brasileño y por encima de cualquier gobierno vamos a luchar para defender eso”, agregó.


El ex secretario de Educación Básica del Ministerio de Educación Cesar Callegari afirmó que los recortes indican la postura del gobierno frente a la educación. “Es coherente con la falta de proyectos en el área educacional. El gobierno da pruebas de que, para él, basta un ministro de Educación que actúe como un vector en una guerra ideológica”, afirmó Callegari, citado por Folha.


El 15 de mayo se llevará a cabo una huelga convocada por estudiantes y profesores universitarios para prostestar contra el ajuste en el campo de la Educación, pero también en el de la Cultura. Además del bloqueo a los presupuestos educativos, el gobierno de Bolsonaro impuso a fines de abril modificaciones clave a la ley de mecenazgo cultural, que permitía a las empresas realizar grandes inversiones en proyectos artísticos (espectáculos, exposiciones, películas) a cambio de que pudiesen deducir un porcentaje de esos fondos de su impuesto a la renta. El ministro de Ciudadanía, Osmar Terra, redujo el techo de 60 millones de reales de incentivo por cada proyecto a apenas un millón. La ley, antes había sido calificada por Bolsonaro como “una desgracia”, ya que según su parecer es una forma de “cooptar” a artistas alineados a la izquierda.

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