Lunes, 21 Septiembre 2020 06:08

Milton Friedman a 50 años

Milton Friedman a 50 años

Por distintas circunstancias éste es un momento oportuno para repensar la idea propuesta por Milton Friedman hace exactamente 50 años en un artículo publicado en la revista del New York Times. Se trata de "La responsabilidad social de la empresa es incrementar sus ganancias".

El de Friedman (1912-2006) es un caso de interés y relevante en cuanto al contexto histórico y el ambiente político-social en que se generan las ideas y logran progresar hasta convertirse en predominantes. Su influencia se gestó en un proceso largo de formulación de principios de una teoría económica con un alto impacto en el diseño e implementación de las políticas públicas que, en buena medida, se asentó en la mayor parte del mundo.

En 1964, durante la campaña por la presidencia de Estados Unidos del senador republicano Barry Goldwater, uno de los economistas en su equipo de asesores era Friedman. En un artículo publicado en marzo de ese año se cita que era considerado un hombre "brillante" y "enormemente articulado", pero también "completamente irresponsable" y que "no ofrece ningún consejo que alguien seguiría". Las cosas fueron muy distintas.

Desde entonces Friedman se oponía a la existencia de los sindicatos; la regulación gubernamental de los negocios; las funciones de la Reserva Federal, al sistema de salud "Medicare", que consideraba un desvarío socialista y al "Nuevo Trato" de Roosevelt del que decía que fue un error. En resumidas cuentas: menos gobierno y menos impuestos eran la fórmula más adecuada de encauzar la economía.

La historia de Friedman y la "escuela de Economía de Chicago", de la que se convirtió en representante indiscutible, expresa el desenvolvimiento de la confrontación que surgió entre lo aquí podría, por conveniencia, denominarse como el pensamiento libertario planteado por Friedman en su libro Capitalismo y Libertad de 1962 y el liberalismo de raíz keynesiana. Desde lo años 1980, la primera tendencia ha sido ideológicamente predominante.

En medio de las controversias que desató la formulación de Friedman sobre el funcionamiento de las empresas, enfocadas en acrecentar sus ganancias (https://cutt.ly/ufKrIQB), ésta consiguió establecerse progresivamente como la verdad acerca de que no sólo las ganancias son esenciales para la supervivencia de un negocio, sino incluso es lo único que importa.

En todo caso, las ideas de Friedman y la escuela de Chicago se posicionaron de modo cada vez más firme en el debate económico y político. Incidieron decisivamente en la definición del sistema de producción, financiamiento y distribución. De modo práctico esa misma visión se aplicó de modo brutal en Chile desde 1973 y se estableció de manera decisiva, paralela y gravosa con los gobiernos de Thatcher en Gran Bretaña (1979-1990) y Reagan en Estados Unidos (1981-1989).

La ideología concentrada en la obra de Friedman, desde aquella querella en torno al objetivo esencial de la ganancia en las empresas y la separación de lo que concierne al orden económico versus el orden político, encajó con precisión en la formación del orden neoliberal.

En su esencia, el neoliberalismo concibe las relaciones sociales en términos de la competencia y a los ciudadanos como consumidores que ejercen sus preferencias en el mercado, donde se sanciona la ineficiencia. Las ventajas que así se obtienen se confrontan con la ineficacia de la planificación estatal.

El término se acuñó en 1938 en París y se definió la ideología que lo sustentó. Ahí asentó la influencia de sus dos pensadores seminales Frederick Hayek y Ludwig von Mises que concebían las políticas intervencionistas de Roosevelt y las del estado de bienestar británico como formas de colectivismo, asimilables al comunismo e incluso al nazismo. En el fondo ése es el meollo de la controversia neoliberal: el papel del individuo a la manera de El manantial de Ayn Rand o de la misma Thatcher que afirmaba que la sociedad no existe, sólo los individuos.

En 1947, a instancias de Hayek, se creó la Sociedad Mont Pèlerin (una aldea Suiza) para debatir sobre el destino del liberalismo clásico y la resistencia que debía armarse en contra del "intervencionismo" estatal y la planeación, ya fuera de índole marxista o keynesiana.

Entre sus fundadores estaba Friedman. Con esto pretendo apuntar a la manera en que las ideas de tanto raigambre se van configurando, insisto, hasta convertirse en modelo de un cierto orden social con un papel que pretende ser muy definido para lo privado (como es el de las ganancias de las empresas) y el Estado, que no debe intervenir, aunque lo hace todo el tiempo, aunque sea por omisión, como es el caso de la desregulación lo más amplia posible. Caso en cuestión, por ejemplo, el del sector financiero.

La lectura del ensayo cincuentenario de Friedman exhibe la fuerza y la resistencia de esas ideas, cuando menos hasta la crisis de 2008, por el severo impacto redistributivo que ha tenido y la fuerte intervención gubernamental que ha propiciado en la asignación de los recursos financieros. Al cuestionamiento de las políticas neoliberales se ha sumado ahora el efecto de la pandemia. Alternativas sustentables están aún en proceso en el mejor de los casos.

No olvidemos la advertencia de Keynes: "Las ideas de economistas y filósofos políticos, tanto cuando aciertan o yerran, son más poderosas de lo que comúnmente se piensa. En efecto, el mundo está regido por poco más que eso. La gente práctica, que piensa que está exenta de toda influencia intelectual, es usualmente esclava de algún difunto economista". Seguramente lo aplicaría a sí mismo.

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Con la mira puesta en la minería, la NASA convocó a empresas privadas a extraer muestras de la superficie de la luna. Imagen: AFP

El objetivo es estudiar la posible explotación minera

 

Donald Trump puso en marcha un plan para desarrollar la minería en la superficie lunar. Decidió avanzar pese a la ausencia de consenso internacional y jurisprudencia sobre cómo administrar y compartir los recursos extraterrestres.

La NASA lanzó el jueves un llamado a licitación sin precedentes: convocó a empresas privadas a que extraigan muestras de superficie luna para poder estudiarlos en la Tierra. 

"¡La NASA busca comprar suelo lunar a proveedores comerciales! Es hora de establecer una regulación para la extracción y comercialización de recursos espaciales", tuiteó el administrador de la NASA, Jim Bridenstine. 

Estados Unidos pretende liderar la explotación de recursos, principalmente la minería, que se encuentren en suelo o subsuelo de asteroides y de la Luna, en el marco de una política alentada del presidente Donald Trump.

El mandatario estadounidense emitió en abril un decreto en ese sentido pese a la ausencia de consenso internacional y jurisprudencia sobre cómo administrar y compartir los recursos extraterrestres.

Los tratados espaciales existentes no son precisos para determinar la explotación de recursos fuera de la Tierra. La NASA invita a las empresas a presentar sus propuestas para extraer "pequeñas" muestras de piedras lunares o de polvo que cubre la superficie del satélite como así también información, imágenes del lugar y sus respectivas locaciones para registrar en una base de datos. 

Las muestras lunares pasarían luego a ser propiedad de la NASA, que sería el "único" dueño del material. El 80% del importe que establezca el contrato se abonará contra la entrega de las muestras.

El llamado a ofertas se enmarca en un nuevo modelo económico que comienza a ganar fuerza en la agencia espacial estadounidense y que consiste en tercerizar el desarrollo y funcionamiento de las misiones a través de contratos con empresas espaciales privadas.

En esa línea, la NASA suscribió un acuerdo con SpaceX, que se encarga del transporte de carga y astronautas a la Estación Espacial Internacional.

Hace tiempo que la NASA volvió a poner la mira sobre la luna. A partir del Programa Artemis, la agencia espacial de Estados Unidos invita también a la colaboración y comercialización de información e imágenes del satélite de la tierra con el objetivo de que "la primera mujer y el próximo hombre aterricen en la Luna en 2024". La intención será luego usar la Luna como punto de partida para embarcar hacia viajes más lejanos: "Dar el siguiente gran salto y mandar astronautas a Marte", comunicó el sitio oficial estadounidense.

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Miércoles, 10 Junio 2020 06:13

Ecuador: ajuste en medio de la pandemia

Ecuador: ajuste en medio de la pandemia

Lenín Moreno lleva adelante un enorme recorte del gasto público

El presidente entró en su último año de mandato con una crisis económica agravada por la política ortodoxa. Dejará como herencia recortes de salarios y eliminación de empresas estatales.

 

El presidente Lenín Moreno entró en su último año de mandato en medio de una profunda crisis económica a la que se sumó la llegada del coronavirus. “Nuestra economía es frágil y se debate entre la vida y la muerte y no podemos ponerla en mayor riesgo", sostuvo el mandatario. De esa manera justificó un recorte de más de 4 mil millones de dólares en el presupuesto. El mismo implicó la reducción de la jornada laboral y salarios para miles de trabajadores. Además, facilitó los despidos en el sector privado con indemnizaciones ridículas. En paralelo, y como para dejar en claro sus prioridades, el gobierno siguió pagando millones de deuda externa. “Se estima que van más de 1.300 millones de dólares pagados a organismos internacionales, en algunos casos en maniobras que fueron vedadas a la opinión pública”, sostuvo en diálogo con PáginaI12 el economista Andrés Arauz, ex presidente del Banco Central de Ecuador. Ante este panorama el lunes pasado volvieron las movilizaciones en todo el país convocadas por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT)

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El pueblo puede esperar

 

El diagnóstico de Moreno es que su país está enfrentando la peor crisis económica de la historia. Por eso debe recortarse el gasto público. En los programas de noticias del establishment se habla de “un estado excesivo” que es necesario achicar. La crisis del coronavirus le vino como anillo al dedo para emprender el ajuste. A mediados de mayo anunció que reduciría la masa salarial del Estado en 980 millones de dólares. Por otro lado eliminaría siete empresas públicas, entre ellas la aerolínea de bandera TAME. Además defendió la aprobación en la Asamblea Nacional de la Ley de Apoyo Humanitario. Moreno dijo que permite establecer acuerdos entre empleador y empleado a fin de mantener puesto de trabajo y evitar que las empresas quiebren. Sin embargo, en lo que va de la pandemia ya se perdieron más de 150 mil empleos.

Ante este hecho las organizaciones sindicales decidieron romper las medidas de aislamiento y salieron a las calles el lunes pasado. Sin muchas vueltas, lo que reclamaron al gobierno es que vete la Ley Humanitaria. “Establece medidas regresivas que violan derechos constitucionales de los trabajadores. Por eso hemos salido a decirle al gobierno que no estamos de acuerdo con esas reformas”, sostuvo Richard Gómez, presidente de la CUT, al noticiero de la cadena Ecuavisa. Ante la pregunta de si este momento histórico de crisis no justificaban los recortes Gómez pidió diferenciar a las grandes empresas del resto. “Hay grupos que hasta hace unos meses sacaron del país cientos de millones de dólares y ahora despiden compañeros con cinco, diez y hasta quince años de antigüedad. Les han pagando indemnizaciones absurdas. Lo que hay ahí es viveza criolla”, indicó el líder sindical. Privados y gobierno siguen vaciando las arcas del Estado, algo que para una economía dolarizada como la de Ecuador, que no puede emitir moneda, es casi una herida de muerte.

 

Honrarás tus deudas

 

Pese que a en el país había consenso político para evitar el pago de la deuda la administración Moreno siguió desembolsando. Lejos de cortarle el chorro a los organismos internacionales el presidente dijo que son sus aliados. Y sostuvo que el endeudamiento va a ser el salvavidas para encarar la crisis del país. El ministro de Economía y Finanzas Richard Martínez, expresidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, había anunciado pagos por casi 800 millones de dólares en concepto de deuda. Sin embargo una investigación del Observatorio de la Dolarización descubrió desembolsos por casi mil millones que el gobierno no había dado a conocer. “A partir de las estadísticas que publica el Banco Central pudimos ver que se pagó 865 millones de dólares de capital,  71 millones de dólares en intereses y comisiones, por concepto de deuda externa, a Goldman Sachs, Credit Suisse e ICBC Standard Plc”, informó Arauz. La maniobra formó parte de una apuesta financiera muy riesgosa hecha por Martínez. Y le salió mal. “Préstamos que originalmente eran por 48 y 54 meses terminaron siendo por 19 y 17 meses. Mientras que el gobierno se atrasó con servidores públicos, provincias, proveedores del Estado, seguridad social, a quien sí pagó de manera puntual, e incluso adelantada, fue a los bancos de Wall Street, con los que perdió la apuesta especulativa”, sostuvo el economista.

La comunidad educativa fue la primera en salir a las calles durante la pandemia. El gobierno había propiciado recortes que alcanzaban los 100 millones de dólares para las universidades. Pese a que la Corte Constitucional resolvió que el gobierno debía dar marcha atrás con la medida, Moreno sostuvo el ajuste. “Debo lamentar la actitud de quienes niegan su aporte solidario al país. (...) Ante el déficit fiscal tendrán el 10 por ciento menos que el año pasado”, sostuvo el presidente. También pidió a las regiones que aún no normalizaron sus actividades que lo hagan. El gobierno puso en funcionamiento un sistema de semáforos para salir de la cuarentena por el coronavrius. Las autoridades reclamaron que todo el país entre cómo mímino en el color amarillo. Ecuador tiene el mayor índice de contagio por millón de habitantes en América Latina. Hasta el momento 43.378 personas contrajeron allí la enfermedad y 3.642 murieron. 

A los reclamos de los universitarios se les sumaron los estatales de todo el país y ahora las entidades obreras. El recuerdo del estallido social de octubre del año pasado está latente en el gobierno. Tal vez por eso el 29 de mayo el ministerio de Defensa sacó el Acuerdo 179. Este regula el uso de la “fuerza letal” en “disturbios internos” para las Fuerzas Armadas. El Defensor del Pueblo de Ecuador Freddy Carrión pidió que se derogue la Resolución. “Primero por que de acuerdo a nuestra Constitución las FFAA no tienen facultad para controlar el orden interno. Eso es competencia de la policía. En segundo lugar, la protesta social no puede ser tomada como amenaza al orden interno, y por lo tanto facultar a las FFAA para que usen fuerza letal. Estamos hablando de armas de fuego que afectarían el derecho a la integridad y a la vida", sostuvo en diálogo con este diario el Defensor. Para el letrado no es casualidad que ante las medidas de fuerzas acordadas por los trabajadores el gobierno emita este tipo de resolución. "En este contexto de manifestaciones se debe garantizar el Derecho a la protesta social. Inclusive en nuestro país el Derecho a la resistencia figura como un Derecho Humano”, explicó Carrión. Ante la negativa del ministro de Defensa de dar un paso atrás con la normativa, el letrado presentó una demanda de inconstitucionalidad a la Corte Suprema de Ecuador.

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El renombrado filósofo y disidente Noam Chomsky en su oficina del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en septiembre de 2016 (MARTIN BIALECKI / PICTURE ALLIANCE VIA GETTY IMAGES)

Entrevista a Noam Chomsky sobre la pandemia

El Covid-19 ha tomado el mundo por asalto. Hay cientos de miles de personas infectadas (posiblemente muchas más que los casos confirmados), la lista de muertes crece exponencialmente y las economías capitalistas se han estancado, lo que hace prácticamente inevitable una recesión global.

La pandemia había sido anticipada mucho antes de su aparición, pero las acciones tendentes a prepararse para esa crisis se restringieron a causa de los crueles imperativos de un orden económico en el que “la prevención de una catástrofe futura no produce beneficios”, señala Noam Chomsky en esta entrevista exclusiva para Truthout. Chomsky es profesor emérito de lingüística en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y profesor laureado en la Universidad de Arizona, autor de más de 120 libros y de miles de artículos y ensayos. En esta entrevista argumenta que el propio capitalismo neoliberal es responsable de la respuesta inadecuada de Estados Unidos ante la pandemia.

C.J. Polychroniou: Noam, la epidemia de la nueva enfermedad del coronavirus se ha propagado a la mayor parte del planeta, y Estados Unidos tiene ya más casos que cualquier otro país, incluyendo China, donde se originó el virus. ¿Cree que es una evolución sorprendente?

Noam Chomsky: La escala de la plaga es sorprendente, impactante diría yo, pero no su aparición. Ni el hecho de que Estados Unidos esté teniendo la peor respuesta ante la crisis.

Los científicos llevan años avisando de la aparición de una pandemia, insistiendo en ello desde la epidemia de SARS de 2003, causada también por un coronavirus, para la cual se desarrollaron vacunas que no pasaron de la fase preclínica. Ese era el momento de empezar a poner en práctica sistemas de respuesta rápida que nos prepararan para otra epidemia y guardar la capacidad de reserva que pudiera necesitarse. También se podrían haber puesto en marcha iniciativas para desarrollar defensas y modos de tratamiento para una probable reaparición de un virus relacionado.

Pero los avances de la ciencia no son suficientes. Tiene que haber alguien que tome decisiones. Y esa opción se ve obstaculizada por la patología del orden socioeconómico contemporáneo. Las señales del mercado eran evidentes: la prevención de una catástrofe no produce beneficios. El gobierno podría haber intervenido, pero lo impide la doctrina imperante: “el gobierno es el problema”, nos dijo Reagan con su sonrisa radiante, lo que significaba que es preciso delegar la toma de decisiones, aún más, al mundo empresarial, comprometido con la obtención de beneficios y libre de la influencia de quienes deberían preocuparse por el bien común. Los años siguientes inyectaron una dosis de brutalidad neoliberal al orden capitalista sin restricciones y a la retorcida forma de mercado que desarrolla.

La gravedad de la patología se pone en evidencia a través de uno de sus fallos más dramáticos (y letales): la falta de respiradores, que constituye uno de los principales cuellos de botella a la hora de enfrentarse a la pandemia. El Departamento de Salud y Servicios Sociales anticipó el problema y contrató a una pequeña empresa para que fabricara respiradores baratos, fáciles de usar. Pero intervino la lógica capitalista. La empresa fue adquirida por una gran corporación, Covidien, que marginó el proyecto y “en 2014, sin haber entregado ningún respirador al gobierno, la dirección de Covidien comunicó a funcionarios del instituto [federal] de investigación biomédica su deseo de rescindir el contrato, según tres antiguos funcionarios federales. Los directivos se quejaron de que el contrato no era lo bastante beneficioso para la compañía”.

Es una verdad que no admite duda.

Pero entonces intervino la lógica neoliberal, que dictó que el gobierno no podía intervenir para salvar el enorme fallo del mercado que ahora está creando el caos. Tal y como argumentó muy diplomáticamente el New York Times, “la paralización de la iniciativa que pretendía crear un nuevo tipo de respirador barato y de fácil uso pone de manifiesto los peligros de subcontratar a empresas privadas proyectos con grandes implicaciones de salud pública; su foco en la obtención del máximo beneficio no siempre está en consonancia con el objetivo del gobierno: estar preparado para una futura crisis”.

Dejando a un lado la reverencia ritual al bondadoso gobierno y a sus loables objetivos, el comentario no deja de tener razón. Podríamos añadir que el foco en el máximo beneficio tampoco está “siempre en consonancia” con la esperanza de “supervivencia de la humanidad”, tomando prestada la frase de un informe eliminado del JPMorgan Chase, el mayor banco de Estados Unidos, en el que se advertía de que “la supervivencia de la humanidad” estaba en peligro de seguir el rumbo actual, al que contribuía las inversiones del propio banco en combustibles fósiles. Así que Chevron canceló un proyecto de energía sostenible rentable porque obtenía más beneficios destruyendo la vida en la Tierra. ExxonMobil ni se planteó una inversión de ese tipo porque antes habría realizado cálculos de rentabilidad más precisos.

Y era totalmente lógico, según la doctrina neoliberal. Como nos explicaron en su día Milton Friedman y otras luminarias neoliberales, la tarea de los directivos de las grandes empresas es maximizar los beneficios. Cualquier desviación de esta obligación moral destruiría los cimientos de la “vida civilizada”.

En todo caso, nos recuperaremos de la crisis del Covid-19, pagando un precio importante y posiblemente terrible, especialmente para la población más pobre y vulnerable. Pero no nos recuperaremos del deshielo de la banquisa polar y de otras consecuencias devastadoras del calentamiento global. También en este caso la catástrofe será producto de un fallo del mercado, en este caso de proporciones verdaderamente demoledoras.

La Administración actual había sido ampliamente informada de la probabilidad de una pandemia. De hecho, el pasado octubre tuvo lugar un ejercicio de simulacro a alto nivel. Durante todos sus años como presidente, Trump ha reaccionado de la manera a la que nos tiene acostumbrados: retirando la financiación y desmantelando cualquier parte relevante del gobierno e implementando regularmente las instrucciones de sus amos corporativos para eliminar las regulaciones que dificultan los beneficios y salvan vidas –y dirigiendo la carrera hacia el abismo de la catástrofe medioambiental, con diferencia su mayor crimen; de hecho el mayor crimen de la historia si consideramos las consecuencias.

A principios de enero ya había poca duda de lo que estaba ocurriendo. El 31 de diciembre China informó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) de la propagación de síntomas similares a los de la neumonía de causas desconocidas. El 7 de enero, China informó a la OMS de que los científicos habían identificado el origen de la enfermedad como un coronavirus y habían conseguido secuenciar el genoma, que pusieron a disposición del mundo científico. A lo largo de enero y febrero, la inteligencia estadounidense intentó captar la atención de Trump de todas las formas posibles sin conseguirlo. Los funcionarios informaron a la prensa de que “no conseguían convencerle de que hiciera nada a ese respecto aunque las luces de alarma estaban encendidas”.

Pero Trump no permaneció callado. Emitió una serie de declaraciones confiadas informando al público de que el coronavirus no era más serio que una tos; que tenía todo bajo control; que estaba manejando la crisis a la perfección; que era muy grave pero que él ya sabía que era una pandemia antes que nadie; y así sucesivamente, con todo el repertorio de lamentables afirmaciones. La técnica está bien diseñada, como la práctica de ir soltando mentiras tan deprisa que el propio concepto de verdad desaparece. Pase lo que pase, Trump está seguro de que sus leales seguidores le defenderán. Cuando disparas flechas al azar, alguna tiene que dar en el blanco.

Para rematar este impresionante record, el 10 de febrero, con el virus recorriendo el país de punta a punta, la Casa Blanca publicó su propuesta de presupuesto anual, que amplia aún más los fuertes recortes en todas las principales partidas sanitarias responsabilidad del gobierno (de hecho, en prácticamente cualquier cosa que pueda ayudar a la gente) al tiempo que incrementa la financiación de lo que realmente importa: el ejército y el muro [con México].

Una consecuencia de esto es el escandaloso retraso de las pruebas y lo limitado de estas, muy por debajo de otros países, lo que imposibilita el uso de estrategias de seguimiento de los contagios que han evitado que la epidemia se descontrole en las sociedades funcionales. Incluso los mejores hospitales carecen de suficiente equipamiento básico. Estados Unidos es en estos momentos el epicentro de la crisis.

Este ejemplo es apenas una pequeña muestra de la malevolencia trumpiana, pero lamentablemente ahora no tenemos más espacio para profundizar.

Aunque resulta tentador echar la culpa a Trump de la desastrosa respuesta ante la crisis, si queremos prevenir futuras catástrofes, es preciso que miremos más allá de su figura. Trump asumió el poder en una sociedad enferma, afligida por 40 años de neoliberalismo profundamente enraizado.

La versión neoliberal del capitalismo lleva en vigor desde los tiempos de Reagan y Margaret Thatcher. No debería hacer falta detallar sus funestas consecuencias. La generosidad de Reagan con los superricos tiene una relevancia absoluta en la crisis actual, cuando se prepara un nuevo rescate. Reagan se apresuró a levantar la prohibición de los paraísos fiscales y otros mecanismos destinados a trasladar la carga fiscal al público, además de autorizar la recompra de acciones –un mecanismo para inflar el valor de las acciones y enriquecer a la dirección de las empresas y a los muy ricos (que poseen la mayor parte de las acciones) al tiempo que se debilita la capacidad productiva de la compañía.

Estos cambios en la regulación tienen enormes consecuencias, del orden de decenas de billones de dólares. Por lo general, las reglas se han diseñado para beneficiar a una pequeña minoría mientras el resto tiene que luchar por mantenerse a flote. De esa manera hemos llegado a tener una sociedad en la que el 0,1 por ciento de la población posee el 20 por ciento de la riqueza y la mitad de abajo tiene un patrimonio neto negativo y vive a base de endeudarse un mes tras otro. Mientras los beneficios crecían y los salarios de los grandes directivos se disparaban, los salarios reales se han estancado. Como muestran los economistas Emmanuel Saez y Gabriel Zucman en su libro The Triumph of Injustice, los impuestos son básicamente planos en todos los grupos de renta, excepto en el más elevado, donde descienden.

El sistema sanitario privado (y con ánimo de lucro) estadounidense es desde hace tiempo un caso de escándalo a escala internacional, pues tiene un coste que duplica al de otras sociedades desarrolladas y uno de los peores resultados. La doctrina neoliberal le asestó otro golpe al introducir en él medidas empresariales de eficiencia: servicio bajo demanda y falta de reservas para contingencias. A la menor alteración, el sistema se viene abajo. Lo mismo ocurre con el frágil orden económico forjado sobre los principios neoliberales.

Este es el mundo heredado por Trump, el objetivo de su ariete. Aquellos interesados en reconstruir una sociedad viable a partir de las ruinas que queden tras la crisis actual harían bien en prestar atención al aviso de Vijay Prashad: “No volveremos a la normalidad, porque la normalidad era el problema”.

Sin embargo, incluso ahora, con el país en mitad de una emergencia de salud pública distinta de cualquier cosa que hayamos visto en mucho tiempo, al público estadounidense se le sigue diciendo que la sanidad universal no es una propuesta realista. ¿Es el neoliberalismo el único responsable de este punto de vista típicamente estadounidense sobre la salud?

Es una historia compleja. Para empezar, durante mucho tiempo las encuestas mostraban actitudes favorables hacia la sanidad universal, a veces incluso un fuerte apoyo. En los últimos años de la era Reagan, en torno al 70 por ciento de la población pensaba que la Constitución debería garantizar los cuidados sanitarios y el 40 por ciento pensaba que de hecho ya era así –asumiendo que la Constitución era la depositaria de todo lo que es evidentemente correcto. Las encuestas mostraban un gran apoyo al derecho a la sanidad universal, hasta que comenzó la ofensiva de propaganda de las compañías, advirtiendo de la enorme carga fiscal que eso supondría, algo parecido a lo que hemos visto recientemente. Entonces el apoyo popular desapareció.

Como suele ocurrir, la propaganda tiene un elemento de verdad. Los impuestos subirán, pero los gastos totales descenderán bruscamente, como muestran los datos de países comparables. ¿Cuánto? Hay algunas estimaciones interesantes. Una de las principales revistas médicas del mundo, The Lancet de Reino Unido, publicó recientemente un estudio que estimaba que la implantación de la sanidad universal en Estados Unidos “probablemente supondría un ahorro del 13 por ciento en el gasto sanitario nacional, equivalente a más de 450.000 millones de dólares anuales (según el valor del dólar en 2017)”. El estudio continuaba afirmando:

“Todo el sistema podría financiarse con un menor desembolso que el que contraen las empresas y las familias que pagan las pólizas sanitarias junto con las partidas asignadas por el gobierno. Este cambio a una sanidad de un solo pagador beneficiaría especialmente a los hogares de menores ingresos. Además, estimamos que el acceso a los cuidados sanitarios para toda la población estadounidense salvaría más de 68.000 vidas y 1,73 millones de años de vida cada año, en relación con la situación actual”.

Pero los impuestos tendrían que subir. Y parece que muchos estadounidenses prefieren gastar más dinero siempre que no sea en impuestos (aunque por otro lado eso suponga la pérdida de decenas de miles de vidas cada año). Este es un indicador sintomático del estado de la democracia estadounidense, según la percibe la gente; y, desde otra perspectiva, de la fuerza del sistema doctrinario diseñado por el poder empresarial y sus lacayos intelectuales. El ataque neoliberal ha intensificado este elemento patológico de la cultura nacional, pero las raíces son mucho más profundas y se pueden observar en muchos ejemplos. Se trata de un tema que merece la pena investigar más.

Algunos países europeos están gestionando la propagación del coronavirus mejor que otros, pero parece que los que han tenido más éxito en esta tarea se sitúan fuera del universo occidental (neo)liberal. Hablamos de Singapur, Corea del Sur, Rusia y la misma China. ¿Cree que este dato nos aporta información sobre los regímenes capitalistas occidentales?

Ha habido diferentes reacciones frente a la propagación del virus. China parece haberla controlado, al menos por ahora. Al igual que los países de su periferia, incluyendo a democracias no menos dinámicas que las occidentales, que tomaron muy en serio los primeros avisos. La mayor parte de Europa retrasó la toma de decisiones, pero algunos países actuaron con presteza. Alemania parece mantener el record global en cuanto a baja mortalidad, gracias a la reserva de instalaciones sanitarias y capacidad de diagnóstico y a la respuesta inmediata. Lo mismo parece ocurrir con Noruega. La reacción de Boris Johnson en Reino Unido fue vergonzosa. Pero los Estados Unidos de Trump van a la cola.

Sin embargo, la diligencia con que actuó Alemania con su población no se extendió más allá de sus fronteras. La Unión Europea ha demostrado estar cualquier cosa menos unida. No obstante, las sociedades europeas enfermas podrían pedir ayuda al otro lado del Atlántico. La superpotencia cubana está lista para ayudar una vez más con médicos y equipo. Mientras tanto, su vecino yanqui se ha dedicado a retirar la asistencia sanitaria a Yemen, donde ha contribuido a crear la mayor crisis humanitaria del mundo, y utiliza la oportunidad que le presenta la devastadora emergencia sanitaria para endurecer sus crueles sanciones y asegurar el máximo sufrimiento de sus supuestos enemigos. Cuba es su víctima más prolongada, desde los tiempos de las guerras terroristas y el estrangulamiento económico de Kennedy, aunque milagrosamente ha conseguido sobrevivir.

A propósito, debería ser extremadamente perturbador para los estadounidenses comparar el circo montado por Washington con los informes serenos, comedidos y objetivos de Angela Merkel sobre cómo manejar la epidemia.

Las distintas maneras de responder a la crisis no parecen depender de si el país es una democracia o una autocracia, sino de si su sociedad es funcional o disfuncional –lo que en la retórica de Trump se resume como “países de mierda”, como el que él mismo se esfuerza en crear bajo su mandato.

¿Qué piensa del plan de rescate económico del coronavirus, valorado en 2 billones de dólares? ¿Es suficiente para prevenir otra posible gran recesión y ayudar a los grupos más vulnerables de la sociedad estadounidense?

El plan de rescate es mejor que nada. Ofrece un alivio limitado a algunos de los que lo necesitan desesperadamente y contiene fondos suficientes para ayudar a los verdaderamente vulnerables: las lastimosas corporaciones que acuden en tropel a papá Estado, con el sombrero en la mano, ocultando sus copias de Ayn Rand* y suplicando una vez más que el sector público las rescate tras haber pasado sus años gloriosos amasando inmensos beneficios y ampliando estos con una orgía de recompra de acciones. Pero no hay de qué preocuparse. La caja negra será supervisada por Trump y su Secretario del Tesoro, en quienes se puede confiar que serán justos e imparciales. Y si deciden ignorar las demandas del nuevo inspector general y del Congreso, ¿quién va a evitarlo? ¿El Departamento de Justicia de Barr? ¿Un impeachment?

Deberían haberse diseñado mecanismos para que la ayuda llegue a quienes la necesitan, a los hogares, más allá de la miseria que parece habérseles asignado. Eso incluye a las personas trabajadoras que tenían verdaderos empleos y al enorme precariado que malvivía con empleos temporales e irregulares, pero también a otros: a quienes ya habían tirado la toalla, los cientos de miles de víctimas de “muerte por desesperación”** –una auténtica tragedia americana–, los sin techo, los presos, todos los que habitan viviendas tan inadecuadas que no es posible el aislamiento y el almacenamiento de comida, y muchos otros que no son difíciles de identificar.

Los economistas políticos Thomas Ferguson y Rob Johnson lo han explicado llanamente: Mientras la sanidad universal que es común en otros lugares se considere algo inalcanzable en Estados Unidos, “no hay ninguna razón por la que se deba aceptar un seguro único financiado por las empresas” Estos autores hacen un compendio de maneras sencillas de superar esta forma de robo corporativo.

Como mínimo, la práctica habitual de rescatar con dinero público al sector empresarial debería exigir como contrapartida la estricta prohibición de recompra de acciones, una participación importante de los trabajadores en la gestión de la empresa y el final de las escandalosas medidas proteccionistas de los mal llamados “acuerdos de libre comercio”, que garantizan enormes beneficios para las grandes farmacéuticas mientras aumentan el precio de los medicamentos mucho más de lo que sería razonable. Como mínimo.

Esta entrevista ha sido editada para facilitar su lectura.

  1. de T.: *Filósofa y escritora rusa que obtuvo la nacionalidad estadounidense y que defendía el egoísmo racional, el individualismo y el laissez faire y rechazaba el altruismo y el socialismo.

**Chomsky hace aquí referencia a la “epidemia” de suicidios de trabajadores en EE.UU. (del orden de 150.000 cada año), y a un libro de Anne Case y Angus Deaton, ganadores del Nobel de Economía en 2015 y autores del libro Deaths of Despair and the Future of Capitalism, al que cita indirectamente el filósofo.

Por C.J. Polychroniou | 06/04/2020 | Noam Chomsky

Traducido para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo

Fuente: https://truthout.org/articles/chomsky-ventilator-shortage-exposes-the-cruelty-of-neoliberal-capitalism/

El presente artículo puede reproducirse libremente siempre que se respete su integridad y se nombre a su autor, a su traductor y a Rebelión como fuente del mismo.

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Sendero de las Sendero de las Mariposas: así privatizarán los Cerros Orientales

El modelo de operación del Sendero de las Mariposas fue puesto, por fin, como información pública para los interesados desde el 27 de enero de 2020. Este documento base para la solicitud de licencia ambiental que cursa en estos momentos en el Anla, fue redactado por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y demuestra la forma como funcionará y operará el Sendero de las Mariposas en los Cerros Orientales de Bogotá, una pieza clave en la información solicitada desde hace varios años por las comunidades y que en reiteradas oportunidades había sido negada.

Privatización de los Cerros Orientales

En primera medida el documento señala que el trazado del Sendero será de 102 Km atravesando las localidades de Usme, San Cristóbal, Santa Fe, Chapinero y Usaquén; pasando por alrededor de un 70 por ciento de predios privados y un 30 por ciento públicos, los cuales en ambos casos deberán ser negociados para su adquisición. Esto presenta tres inconvenientes: por un lado, se crea la inquietud sobre la compra de viviendas en los barrios populares por los que el Sendero atraviesa en la franja de adecuación, donde la especulación inmobiliaria se acrecentará aún más en los Cerros, ya que el proyecto se presentará como el gran atractivo turístico para Bogotá y eso será un atractivo para las grandes empresas de la construcción.

Por otro lado, está la capacidad de carga, uno de los temas más evitados por la administración de Peñalosa y los diseñadores del proyecto, quienes con pocos argumentos respondían las solicitudes de información. El documento muestra que el tránsito de personas aumentará en un 200 por ciento, pues se calcula que el sendero tendrá un ingreso de alrededor de 13.500 personas diariamente, lo que hará inviable la preservación ecosistémica, aumentará los incendios forestales, expandirá la ciudad informal al oriente y además corrobora que el objetivo central de este proyecto es turístico, pasando por encima la protección ambiental.

El tercer punto y más controversial se relaciona con las tarifas que tendrá el ingreso a los Cerros Orientales, la cual oscila entre los 1.200 pesos para los nacionales y hasta los 8.500 para extranjeros, eliminando cualquier uso común de los Cerros por parte de los habitantes de Bogotá. El proyecto parece más una boutique comercial que un proyecto de protección contra los incendios de los Cerros, pues fuera de contar con dotaciones complejas para locales comerciales también tendrá puntos de wifi y cafeterías.

Un proyecto de esta envergadura es cercano a los 250 mil millones de pesos, mientras que los barrios aledaños al proyecto exigen atención e inversión estatal en temas como servicios públicos básicos, legalización integral, mitigación del riesgo, centros de salud y centros educativos.

Un reto por encarar

Es importante movilizarse y exigir a Claudia López que retire la solicitud de licencia ambiental de la Anla, tal como lo prometió en su campaña. También se proyecta un encuentro interlocal de quienes habitan los Cerros Orientales para buscar detener este proyecto lesivo para la ciudad. Por eso convocamos a la Reunión distrital de Cerros Orientales en el marco de la declaración de emergencia climática en Bogotá, que se llevará este 18 de abril desde las 2:00 de la tarde en la sede Vivero de la Universidad Distrital, para discutir desde las comunidades el futuro del Sendero de las Mariposas.

 


 

 

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Publicado enEdición Nº266
Coronavirus y la otra pandemia: el desmantelamiento de la salud en el mundo

El verdadero motivo de alarma, en Occidente por lo menos, es el desborde de los servicios sanitarios. La posibilidad de que mueran muchas personas por no tener acceso a hospitales abarrotados se convertiría en una crisis política que los Gobiernos buscan eludir con medidas draconianas de aislamiento forzado.

Más que la gravedad de la pandemia de coronavirus, preocupa el elevado nivel de contagio en poco tiempo, que es la causa del desborde del sistema sanitario. Si se prolongara durante dos años, como prevén algunos expertos, pero no hubiera grandes picos de internación, la situación sería menos grave.

En síntesis, el nudo del problema está en los sistemas de salud, que se han venido deteriorando como consecuencia de las políticas neoliberales de reducción de gastos sociales y privatización de servicios. Un somero repaso de las cifras de camas por habitante en diferentes países, pone al descubierto la crisis del sistema de salud.

Los cambios se aceleraron a raíz de la crisis de 2008. En 2006, la Unión Europea tenía 574 camas cada 100.000 habitantes, pero en 2017 la cifra había caído a solo 504 camas. Una disminución del 12%.

En la parte más alta de la gráfica, figura Alemania con 800 camas en 2017 (830 en 2016), el único país europeo que cumple con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de no menos de 800 camas cada 100.000 habitantes.

No es casualidad que Alemania presente en este momento uno de los niveles más bajos de muertos por infectados: 24 entre 9.257 infectados a fecha de la publicación de este artículo, apenas el 0,26%, diez veces menos que China y treinta veces menos que Italia, que supera el 7%.

Italia se sitúa en uno de los lugares más bajos de la tabla europea: en 2006 tenía 399 camas cada 100.000 personas y en 2017 cayó a solo 318, un descenso estrepitoso del 20%. Países mucho más pobres como Rumanía y Polonia, incrementaron las camas por habitante de 674 a 689 y de 647 a 662, respectivamente.

Bulgaria que tiene un PBI por habitante cuatro veces más bajo que Italia, aumentó su disponibilidad de camas en más del 18% en el mismo período. Datos generales que enseñan que la salud no depende mecánicamente de la riqueza de un país, sino de que sus autoridades la consideren un servicio o un negocio.

En América Latina, la disposición de camas muestra una situación aun peor. Cuba marcha a la cabeza con 520 camas cada 100.000 habitantes, seguida por Argentina con 500. A muchísima distancia le sigue Uruguay, con 280 camas, Brasil y Chile con 220. Una lista que se cierra con Haití, Honduras, Venezuela y Nicaragua, con menos de cien camas.

 

Privatización, la otra pandemia

 

La privatización de los servicios es otro dato fundamental, ya que aumenta la desigualdad en el acceso a la salud. En España la sanidad privada representa ya más del 30% del gasto sanitario, algo que se traduce en mayor opacidad y menor transparencia, según la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP).

Según la misma organización, Madrid es la región que lidera los índices de privatización, así como el porcentaje de camas privadas sobre el total (27,7% en Madrid versus 5,1% en La Rioja). En la privada los datos enseñan sobre la utilización de estudios caros, como las pruebas diagnósticas de imagen. Un informe del sindicato UGT asegura que "en los últimos cuatro años, el porcentaje de inversión en la privada multiplicaba por tres el de la pública".

Una inversión de carácter especulativo, ya que no impidió que la crisis del coronavirus tenga su foco principal en la capital española, con el 44% de los contagios del país y el 72% de los muertos, al 17 de marzo.
Madrid destina elevadas sumas a la "atención especializada", cara y con resultados dudosos, mientras "destina muy poco a la Atención Primaria, que requiere de una inversión fuerte y urgente porque es el primer peldaño de la sanidad", según Marciano Sánchez Bayle, presidente de la FADSP.

En Italia, en diez años se perdieron 70.000 camas hospitalarias, se cerraron 359 departamentos y numerosos hospitales pequeños fueron abandonados. Entre 2009 y 2018 el gasto en salud creció 10%, frente a 37% de la OCDE.

Entre enero y febrero, el sector sanitario español perdió 18.320 trabajadores, en plena expansión del coronavirus. Además, los sindicatos del sector denuncian abuso de la contratación de interinos y la precariedad en el empleo, mientras las condiciones de trabajo son cada vez más duras.

 

Estados Unidos, líder mundial en desmantelamiento de la salud

 

Podríamos establecer una geopolítica del desmantelamiento de la salud y de la crisis sanitaria. Uno de los epicentros sería Estados Unidos, según el sociólogo y urbanista Mike Davis.

"La temporada de gripe de 2018, por ejemplo, superó a los hospitales de todo el país, mostrando la escandalosa escasez de camas hospitalarias después de 20 años de recortes de la capacidad de hospitalización en aras al beneficio".

Davis destacada los cierres de clínicas privadas y la escasez de personal, impuestos por la lógica de mercado, que "han devastado los servicios sanitarios en las comunidades más pobres y zonas rurales, trasladando la carga a hospitales públicos infradotados y clínicas para veteranos".

Los servicios de urgencias están sobrecargados, por lo que asegura que su país se enfrenta a un "Katrina sanitario", en referencia al huracán que arrasó la ciudad de Nueva Orleans en 2005.

Davis nos recuerda que "nada menos que 380.000 pacientes de residencias de ancianos mueren cada año debido al incumplimiento por parte de estas entidades de los procedimientos básicos de control de infecciones".

Como sabemos, Estados Unidos es el país referente en la privatización de la salud. Davis denuncia que las grandes empresas farmacéuticas dejaron de invertir en el desarrollo de nuevos antibióticos y antivirales.

"Los medicamentos para el corazón, los calmantes adictivos y los tratamientos de la impotencia masculina encabezan la lista de los más rentables, pero no los destinados a combatir las infecciones hospitalarias, las nuevas enfermedades y las tradicionales patologías tropicales".

Por eso vaticina que "dentro de un año puede que admiremos retrospectivamente el éxito de China en la contención de la pandemia, pero que nos horroricemos ante el fracaso de EEUU".

22:11 GMT 17.03.2020(actualizada a las 22:14 GMT 17.03.2020) URL corto

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El coronavirus expone las falencias del sistema de salud de EE.UU.

La pandemia se expande, así como el miedo a no poder pagar las costosas consultas y tratamientos 

Treinta millones de personas no poseen seguro médico y otros 40 millones sólo acceden a planes deficientes, con copagos y seguros de costos tan elevados que sólo pueden ser utilizados en situaciones extremas. 

 

"Es una gripe", decía Donald Trump sobre el coronavirus hace menos de un mes, con esa mezcla de ignorancia y soberbia que lo caracteriza. Pero desde esa definición a la fecha se sucedieron 69 muertes, 3.774 contagios y una declaración de emergencia nacional en Estados Unidos. La propagación de la pandemia exhibe como pocas veces las graves falencias del sistema de salud estadounidense: una buena parte de la población no tiene seguro médico, y no existe en muchos estados la licencia paga por enfermedad. Para colmo, surgieron dificultades a la hora de implementar los primeros tests de coronavirus en el ámbito público. Si bien la declaración de emergencia nacional pretende extender su aplicación en laboratorios privados, todavía no queda claro cuántos estadounidenses podrán hacer frente a los costos. Mientras tanto, los precandidatos demócratas a la presidencia, Bernie Sanders y Joe Biden, intentan capitalizar los errores de Trump y su gestión como plataforma para presentar sus programas de salud.

En sus primeras apariciones públicas tras los primeros casos de coronavirus en el país, Trump se mostró escéptico y le restó importancia al verdadero peso de la crisis. El presidente pasó de pensar que el coronavirus era un problema exclusivamente chino (lo llamó “un virus extranjero”) a descartarlo por considerarlo un engaño del partido demócrata.

El miércoles pasado, cuando ya llovían las quejas por el manejo gubernamental de la pandemia, Trump declaró la suspensión de entrada al país de los extranjeros que hayan estado en un total de 26 países europeos pertenecientes al espacio Schengen. El anuncio de emergencia nacional llegó sobre el cierre de una semana difícil para la bolsa estadounidense. A pesar de que el viernes registró una limitada recuperación, los principales índices bursátiles sufrieron su peor caída desde la crisis financiera de 2008. Esa parece ser la mayor preocupación del mandatario.

Salud en estado crítico

Apenas un elemento resulta suficiente para alimentar la hipótesis pesimista (pero realista) de que el coronavirus se continuará expandiendo en el país: la inexistencia de un sistema de salud público consolidado y progresivo.

En un interesante artículo publicado en The Guardian, el exsecretario de Trabajo durante el gobierno de Bill Clinton, Robert Reich, afirma que “En lugar de un sistema de salud público, tenemos un sistema privado con fines de lucro para las personas que tienen la suerte de pagarlo y un sistema de seguro social desvencijado para las personas que tienen la suerte de tener un trabajo a tiempo completo”.

En la actualidad, 30 millones de personas no poseen seguro médico, y otros 40 millones sólo acceden a planes deficientes, con copagos y seguros de costos tan elevados que sólo pueden ser utilizados en situaciones extremas, según la Kaiser Family Foundation, una organización dedicada a investigar temas de salud. El miedo a no poder pagar las costosas consultas y tratamientos puede impedir que se detecten contagios y el coronavirus siga propagándose.

Frente a ese contexto reaparecieron en la escena pública los programas de salud de los precandidatos demócratas Bernie Sanders y Joe Biden. El Medicare For All propuesto por Sanders es la base de su plataforma progresista. Su plan dejaría intacta la infraestructura actual de médicos, hospitales y otros proveedores de atención médica, pero nacionalizaría la industria de los seguros de salud. Casi todo el dinero que las personas y los empleadores pagan actualmente a través de las aseguradoras, así como gran parte del dinero que pagan los estados, según el plan de Sanders, pasaría a ser pagado por el gobierno federal.

El programa de Biden, en cambio, es menos ambicioso. No tocaría el actual Medicare, junto con las aseguradoras privadas que ofrecen los planes llamados Medicare Advantage, pero les daría a los estadounidenses más jóvenes la opción de inscribirse en una nueva póliza administrada por el gobierno. El foco puesto en la juventud, a diferencia de Sanders que cree que la prioridad son las personas de la tercera edad: no es casual que se trate del grupo etario más castigado por el coronavirus.

Falta de kits

Más allá del relato cínico de Trump, en Estados Unidos durante varias semanas no hubo suficiente stock de kits de diagnóstico para comprobar quién estaba infectado, lo que significa que muchos potenciales casos pueden haber pasado desapercibidos. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los principales institutos de salud pública del país, inicialmente sólo permitían realizar pruebas en sus propios laboratorios.

Durante más de un mes, cada estado debía enviar las muestras de posibles contagios por correo postal a la sede de los CDC en Atlanta, el único lugar autorizado para realizar las pruebas. Fue recién la semana pasada cuando los 50 estados del país empezaron a contar con la capacidad técnica para realizar los exámenes de manera autónoma.

Según cifras oficiales, hasta el martes pasado solo 79 laboratorios estatales o del sistema de salud pública contaban con capacidades para hacer las pruebas, en un país con más de 327 millones de habitantes. Con el giro de fondos tras la declaración de emergencia nacional, se espera que el trámite se agilice con la habilitación de laboratorios privados.

El alto costo de enfermarse

En teoría, los CDC ofrecen el test de coronavirus de manera gratuita, siempre y cuando esté prescripto por un médico. Y las grandes aseguradoras del país sostienen que tampoco cobrarán por el servicio en algunos estados. Pero esa supuesta gratuidad no es suficiente para esconder al resto de las dificultades.

Osmel Martinez Azcue le contó al Miami Heraldcómo, al volver con síntomas de gripe de un viaje a China, acudió a un hospital de Miami a hacerse las pruebas de coronavirus. Resultó que tenía una gripe. Pero también una factura de 3.270 dólares que lo esperaba apenas volvió a su casa. “¿Cómo se puede esperar que los ciudadanos contribuyamos a reducir el riesgo de contagio entre personas si los hospitales nos van a cobrar más de 3 mil dólares por un análisis de sangre y una muestra nasal?”, se preguntaba indignado este joven de origen cubano.

El caso de Shefali Luthra, miembro de la Kaiser Family Foundation, no fue tan doloroso aunque también expone las falencias del sistema y la falta de coordinación. Tres días después de volver de una conferencia en Nueva Orleans, a Luthra le avisaron que al menos uno de los asistentes había dado positivo en el test de coronavirus. “Como periodistas y divulgadores de la medicina estamos en teoría muy bien equipados para saber lo que ocurre. Pero en la vida real, descubrir si estamos en riesgo y hacernos la prueba es casi imposible. Resulta que tanto el consejo médico como el acceso a las pruebas varían dramáticamente dependiendo de dónde vives y quién eres, y no está claro cuál es el estándar”, relata en diálogo con PáginaI12.

Lo que además llamó la atención de Luthra fue una evidente discriminación. El congresista republicano Matt Gaetz fue el único de ese grupo de trabajo que consiguió ser evaluado. “Inicialmente no tenía los síntomas pero decidí que debía intentar hacerme la prueba, como lo hizo Gaetz. Después de todo, Trump prometió que las pruebas estarían disponibles para cualquiera que quisiera una…”, admite Luthra con un dejo de ironía. Al día de hoy y a pesar de gozar de un buen seguro médico, todavía no pudo acceder al preciado test.

La crisis del coronavirus también exhibe la fragilidad del sistema laboral nacional. El CDC le recomienda a todos los estadounidenses que se queden en casa si están enfermos. Pero ¿cómo podrían hacerlo, si en muchos casos eso significa que automáticamente dejen de cobrar sus sueldos? A diferencia de lo que ocurre en la mayor parte de los países industrializados, en Estados Unidos ninguna ley federal obliga a las empresas a pagarles licencia por enfermedad a sus trabajadores.

Sherry Leiwant, copresidenta de A Better Balance, que hace campaña por una mayor protección en los lugares de trabajo, comenta a este diario: "Una buena cantidad de estudios demuestran que el contagio se puede contener con la licencia laboral con goce de sueldo”. Pero agrega que los trabajadores prefieren “no quedarse en casa para aislarse si de esa manera ponen en riesgo sus puestos de trabajo". Según una reciente encuesta de la firma YouGov, casi la mitad de los trabajadores admiten que el año pasado acudieron enfermos a su empleo.

Por primera vez en la historia y movido por la urgencia de la situación, el Congreso de Estados Unidos está abordando la problemática. El proyecto de ley aprobado el viernes prevé “10 días de licencia por enfermedad y 12 semanas de licencia pagas para aquellos que están enfermos de coronavirus o cuidando a un familiar cercano que esté en cuarentena o afectado por el cierre de escuelas”, detalla Leiwant. Pero la medida, que ahora pasará por el Senado, exime de esa responsabilidad a las grandes empresas del país: nuevamente, los mayores privilegiados serán los más poderosos.

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Viernes, 13 Marzo 2020 05:56

Epidemia de neoliberalismo

Epidemia de neoliberalismo

Hace siglos pudimos aprender la importancia de los entornos sociales y naturales donde los virus se arraigan y multiplican, porque convivimos con ellos y no siempre nos amenazan. La peste negra debió enseñarnos que virus prexistentes se multiplican y dispersan cuando se crean las condiciones apropiadas. En nuestro caso, esas condiciones las creó el neoliberalismo.

En Plagas y pueblos, William McNeill destaca algunas cuestiones de actualidad, cuando analiza la peste negra que barrió Europa desde 1347. Los cristianos, a diferencia de los paganos, cuidaban a los enfermos, "se ayudaban entre sí en épocas de pestilencia" y de ese modo contenían los efectos de la peste (Siglo XXI, p. 122). La "saturación de seres humanos", sobrepoblación, fue clave en la expansión de la peste (p. 163).

La pobreza, una dieta poco variada y la no observación de las "supersticiones", costumbres locales de los pueblos, por la llegada de nuevos habitantes, convirtieron las pestes en desastres (p. 155).

Braudel agrega que la peste, o "hidra de mil cabezas", constituye una constante, una estructura de la vida de los hombres ( Las estructuras de lo cotidiano, p. 54). Sin embargo, qué poco hemos aprendido.

La peste negra destruyó la sociedad feudal, por la aguda escasez de mano de obra a raíz de la muerte, en pocos años, de la mitad de la población europea y, también, por la pérdida de credibilidad de las instituciones. Este es el temor que ahora lleva a los estados a encerrar a millones.

La epidemia de coronavirus en curso, tiene algunas particularidades. Me voy a centrar en las sociales, porque ignoro cuestiones científicas elementales.

La epidemia actual no tendría el impacto que tiene, si no fuera por tres largas décadas de neoliberalismo, que ha causado daños ambientales, sanitarios y sociales probablemente irreparables.

Naciones Unidas por medio del Pnuma, reconoce que la epidemia "es reflejo de la degradación ambiental" (https://bit.ly/2TS42fL). El reporte señala que "las dolencias transmitidas de animales a seres humanos están creciendo y empeoran a medida que los hábitats salvajes son destruidos por la actividad humana", porque "los patógenos se difunden más rápido hacia rebaños y seres humanos".

Para prevenir y acotar las zoonosis, es necesario atajar "las múltiples amenazas a los ecosistemas y la vida salvaje, entre ellas, la reducción y fragmentación de hábitats, el comercio ilegal, la contaminación y proliferación de especies invasoras y, cada vez más, el cambio climático".

Las temperaturas a comienzos de marzo (invierno) en algunas regiones de España están hasta 10 grados por encima de lo normal (https://bit.ly/3aFvynq). Además, la evidencia científica vincula "la explosión de las enfermedades virales y la deforestación" (https://bit.ly/2IDBbGO).

La segunda cuestión que multiplica la epidemia son los fuertes recortes del sistema sanitario. En Italia, en los pasados 10 años se perdieron 70 mil camas hospitalarias, se cerraron 359 departamentos y numerosos hospitales pequeños fueron abandonados (https://bit.ly/39BjkMC). Entre 2009 y 2018 el gasto en salud creció 10 por ciento, frente a 37 por ciento de la OCDE. En Italia hay 3.2 camas por cada mil habitantes. En Francia 6 y en Alemania 8.

Entre enero y febrero el sector sanitario español perdió 18 mil 320 trabajadores, en plena expansión del coronavirus (https://bit.ly/2wJIR7W). Los sindicatos del sector denuncian "abuso de la contratación de interinos y la precariedad en el empleo", mientras las condiciones de trabajo son cada vez más duras. Esta política neoliberal hacia el sistema sanitario, es una de las causas por las que Italia ha puesto en cuarentena a todo el país y España puede seguir el mismo camino.

El tercer asunto es la epidemia de individualismo y de desigualdad, cultivadas por los grandes medios que se dedican a meter miedo, informando de forma sesgada. Durante más de un siglo, sufrimos una potente ofensiva del capital y de los estados contra los espacios populares de socialización, mientras se bendicen las catedrales del consumo, como los shoppings.

El consumismo despolitiza, desidentifica e implica una "mutación antropológica" (como alertó Passolini). Hoy hay más personas que desean tener mascotas que hijos (https://bit.ly/2W8J5Qm). Este es el mundo que hemos creado y del que somos responsables.

Las medidas que se toman, a largo plazo, pueden agravar las epidemias. El Estado suspende la sociedad al aislar y confinar a la población en sus casas, prohibiendo incluso el contacto físico.

La desigualdad es igual que en la edad media (hacia el 1500), cuando los ricos corrían a sus casas de campo cuando se anunciaba la peste, en tanto los pobres "se quedaban solos, prisioneros de la ciudad contaminada, donde el Estado los alimentaba, los aislaba, los bloqueaba, los vigilaba" (Braudel p. 59).

El modelo del panóptico carcelario digitalizado, que suspende las relaciones humanas, parece ser el objetivo estratégico del capital para no perder el control en la actual transición sistémica.

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La larga huelga en Petrobras pone contra las cuerdas a Bolsonaro

El paro cumplió 18 días en la empresa más importante de Brasil

Una de las principales demandas es impedir la "entrega" galopante de la compañía que está a cargo de su presidente, Roberto Castelho Branco, un ahijado político e ideológico del ministro de Economía, Paulo Guedes.  

 

Con sus mamelucos color naranja los trabajadores de Petrobras cumplieron 18 días de una huelga que incomoda (y mucho) al régimen capitaneado por Jair Bolsonaro. El expresidente y otrora líder sindical Luiz Inácio Lula da Silva, él también de overol anaranjado, posteó este martes una foto de apoyo a la medida de fuerza en las redes sociales. 

Es el primer paro de envergadura en lo que va de este gobierno y afecta a la empresa más importante del país: que 2019 alcanzó su record productivo con 2,7 millones de barriles de crudo diarios.

El juez del Tribunal Superior del Trabajo, Ives Gandra Martins Filho, declaró ilegal la medida de fuerza, además de autorizar el despido por "justa causa" de los huelguistas y el descuento de los días no trabajados, en una decisión cuyo contenido y redacción tuvieron el carácter de un ultimátum.

Para reventar al gremio el magistrado, ligado al Opus Dei y a una familia que participó en la dictadura, estipuló una multa de 130 mil dólares diarios si no se cumple su fallo.

La Federación Única de los Petroleros (FUP), formada por nueve gremios, no se acobardó. Ratificó el plan de acción por tiempo indeterminado y le respondió al juez que "la huelga es un derecho garantizado a todos los brasileños, incluso a los petroleros, por la Constitución de 1988". En su último boletín FUP informó que cuenta con la adhesión de 21 mil trabajadores en 120 unidades, lo que comprende más de cincuenta plataformas marinas, una decena de refinerías, usinas termoeléctricas y una planta de fertilizantes.

Uno de los reproches que el juez bolsonarista Gandra Martins Filho les enrostró a los trabajadores es el de llevar a cabo una medida de carácter "político". Se trata de una imputación que los gremialistas lejos de rechazar, reivindican como legítima. Una de las principales demandas es impedir la "entrega" galopante de la compañía que está a cargo de su presidente, Roberto Castelho Branco, un ahijado político e ideológico del ministro de Economía, Paulo Guedes, quien ha declarado en repetidamente, incluso ante banqueros estadounidenses , que si por él fuera vendería toda petrolera de un solo golpe, en lugar de entregarla en partes a través de las licitaciones de los pozos.

La FUP también exige que no sean despedidos mil empleados, entre ellos los de la fábrica de fertilizantes de Aracucaria , en el sureño estado de Paraná.

Con el correr de los días el movimiento, iniciado en un relativo aislamiento, fue ganando fuerza principalmente en Río de Janeiro, donde tiene sede la estatal y se encuentran los mayores recursos energéticos del país, especialmente los gigantescos campos de pre-sal en aguas ultraprofundas descubiertos a partir de 2007, cuando Lula era presidente y Dilma Rousseff ocupaba la jefatura de gabinete, tras haber sido ministra de Minas y Energía.

Hasta el momento hay trabajadores en paro activo, con ocupación de plantas y oficinas, en trece estados mientras la empresa contrató a trabajadores temporarios para garantizar un piso de producción.

Los dirigentes de la FUP denunciaron la "desnacionalización" en marcha a través de la virtual entrega de las reservas del pre-sal y el programa de "desinversiones" ejecutado por Castelho Branco que no sólo suspendió los programas para construir nuevas refinerías sino que a las existentes las mantiene fuera de actividad, u operando parcialmente.

Con esto se induce a la importación de nafta y diesel en un país que podría ser autosuficiente: y en lugar de exportar productos refinados se vende al exterior petróelo crudo.

Asimismo el plan de lucha denuncia la política de precios orientada por el valor internacional del barril, que es muy superior al del petróleo extraído en los campos de aguas ultraprofundas o al ras del fondo del mar. Ese encarecimiento, explica la FUP, es para aumentar el lucro de los accionistas privados, en particular los tenedores de títulos vendidos en la Bolsa de Nueva York.

Para sensibilizar a la población los petroleros instalaron puestos de venta de garrafas de gas a 30 reales (7,5 dólares) en lugar de los 80 reales (20 dólares) que es el precio impuesto por Petrobras siguiendo al mercado externo.

Ganar las mentes y corazones de los consumidores, esto es de la opinión pública, es primordial para que los trabajadores pueden continuar adelante con su pelea.

Un dato clave es el tiempo: se estima que a partir de la semana próxima comenzará a haber desabastecimiento de combustibles y esto podrá ser utilizado por la propaganda gubernamental para descalificar a los huelguistas.

Los grandes medios privados son aliados de Bolsonaro y el ministro Guedes en su plan de privatización-desnacionalización de Petrobras y enemigos de la FUP, ignorando casi por completo sus comunicados de prensa. Fue por ello que la semana pasada un grupo del sindicato se reunió frente a los estudios de la TV Globo, en Río, exigiendo que se les garantice el derecho a comunicar sus motivos ante el gran público.

Si el paro sobrevive no se descarta que se convierta en la chispa que contagie otros reclamos contenidos. Un sector que parece pronto a explotar es el de los camioneros, los que luego de apoyar a Bolsonaro en las elecciones ahora están desengañados por el incremento del gasoil, y ya realizaron un acto de protesta el lunes frente al puerto de Santos, en San Pablo, el más importante del país y otro en la Plaza de los Tres poderes, en el centro de Brasilia.

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Millennials con el socialista Bernie a quien temen más demócratas que republicanos

El 70 por ciento de los "millennials y/o generación Y", quienes nacieron después de 1980, tienden a votar por un socialista, pese a que el término socialismo es anatema en EU y del que el renergizado Trump, después del fallido impeachment, ha hecho su tiro al blanco propagandístico para enarbolar las bondades del capitalismo de Wall Street que ha llevado sus acciones a la estratósfera, en contraste con su economía que exhibe una patente mediocridad –exceptuando la aristocrática "economía digitálica" de Silicon Valley.

Los jóvenes de EU han perdido la fe en el capitalismo y ahora abrazan al socialismo, mientras que la principal propuesta de "cuidados médicos" de Bernie Sanders, confeso socialista demócrata, quien ondea la bandera de "Cuidados médicos para todos" que ha atraído a los millennials y "ha movido a la izquierda al Partido Demócrata en forma significativa" (https://bit.ly/3bllP72).

El 50 por ciento de los millennials y el 51 por ciento de la generación Z "sienten que el sistema económico de EU ha trabajado en su contra" y tienen una "mayor vista desfavorable del capitalismo".

Muchos de los jóvenes se encuentran abrumados con sus deudas colegiales, mientras que "el socialismo y comunismo" no aportan las mismas asociaciones negativas y memorias que sus generaciones previas.

Según Market Watch, los millennials representan 40 por ciento de los desempleados cuando más de 40 por ciento de los universitarios recién graduados son subempleados: sus empleos no cubren los créditos de sus costosos títulos universitarios (https://bit.ly/2SaqgtR).

El 19 por ciento de millennials y 12 por ciento de la generación Z juzgan que el Manifiesto Comunista "garantiza mejor la libertad y la igualdad para todos" que la Declaración de Independencia, en contraste a los baby boomers (nacidos después 1945 hasta 1960) y a la generación X.

El "socialista Demócrata" Bernie, de 77 años, es quien más atrae a los millennials (https://bit.ly/39dxXVM).

El desastre de los "cuidados médicos" y sus "seguros" en EU angustia a los estudiantes quienes adeudan 1.5 millones de millones de dólares, en comparación a 200 millones de dólares del año 2000 (https://bit.ly/3bl98Jr): ¡7 mil 500 veces más en 20 años: una monstruosidad!

Entre los estratosféricos pagos de los seguros médicos y el adeudo de sus préstamos colegiales, los millennials se han refugiado con Bernie, admirable judío progresista que choca con sus correligionarios de Wall Street: tanto de George Soros como de Jared Kushner.

El "socialismo democrático" de Bernie apela a la reforma de Wall Street mediante impuestos para beneficios sociales, más que en "la propiedad social de la producción".

Es notorio el choque electoral y cosmogónico entre los millennials (73 millones) y los baby boomers (76 millones).

Un problema del entusiasmo de los millennials es que en la elección de 2016 sólo votó la mitad –ahuyentados por el fraude del establishment demócrata a favor de Hillary contra Bernie–, en comparación de las 2/3 partes de sus mayores de edad.

El mafioso establishment del Partido Demócrata no sabe cómo contener a Bernie y busca impulsar al multimillonario Mike Bloomberg, ex alcalde de Nueva York con una fortuna de 61 mil millones de dólares, para literalmente comprar la convención demócrata.

Bloomberg todavía no aparece en los debates ni en las primarias de arranque de New Hampshire, pero ha gastado millones en publicidad para prepararse a contender en el famoso supermartes y así obtener un sustancial número de delegados (https://washex.am/2ODIoKi).

El desastre electoral "ciber-antidemocrático" de Iowa fue diseñado para debilitar a Bernie y favorecer a Bloomberg, mediante el ascenso artificial del racista Pete Buttigieg, de 38 años y anterior espía del Pentágono en Afganistán (https://bit.ly/2H72mJt).

La pandilla de los Clinton/Obama/Biden/Buttigieg fue expuesta en el caucus en Iowa mediante el manoseo digitálico del conglomerado empresarial de Shadow/Acronym/Pacronym y cuya primera víctima ha sido el ex vicepresidente Joe Biden. (https://bit.ly/39kVdkY).

¿Podrá detener a los millennials el arcaico Partido Demócrata?

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