Sábado, 17 Agosto 2019 05:56

Transgénicos traen cáncer y muertes

“Las docentes rurales somos testigos privilegiadas del costo humano de este modelo basado en transgénicos y agrotóxicos” , dice Ana Zabalo

Ana Zabaloy era maestra de una escuela rural en San Antonio de Areco, Argentina. También fundadora del movimiento "Red federal de docentes por la vida", en defensa de la salud y contra los agrotóxicos. A diario veía en la escuela cómo los niños se enfermaban por la fumigación con glifosato en campos de soya transgénica cercanos a la escuela. Decidió proteger a los niños, apoyar a las familias para protestar, juntarse con otros docentes para informar de los riesgos, denunciar la situación de cáncer, malformaciones y enfermedad en que los ha puesto la siembra de transgénicos. El 11 de junio pasado murió por las causas que denunciaba. Un mes después, el movimiento tuvo su primer plenario nacional con docentes de nueve provincias de Argentina, todos en escuelas en la misma situación. (Darío Aranda, tinyurl.com/y5ez2gs6)

En Argentina, tercer productor mundial de cultivos transgénicos, este movimiento se suma a otros, como las asambleas de vecinos de pueblos fumigados, las madres de pueblos fumigados, la red de abogados y la de médicos de pueblos fumigados, y a las protestas de organizaciones sociales y ambientalistas en áreas urbanas y rurales. La fumigación aérea de glifosato y otros agroquímicos cada vez más tóxicos es un componente esencial y sine qua non de la siembra de transgénicos en todos los países donde se les permite proliferar. Es un cáncer que se extiende de la mano de Bayer, Monsanto, Syngenta, Corteva (derivada de Dow-DuPont).

El 89 por ciento de los cultivos sembrados actualmente en el mundo son tolerantes a uno o varios agrotóxicos, además de insertarle también genes insecticidas. Los eventos transgénicos más recientes tienen tolerancia a glifosato (probable cancerígeno, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), además de los herbicidas dicamba y/o 2-4 d, en la misma categoría de peligrosidad. Sólo 10 países tienen 98 por ciento del área sembrada con transgénicos a escala global y entre Estados Unidos, Brasil y Argentina tienen 78 por ciento.

En Estados Unidos hay 18 mil 400 juicios iniciados contra Monsanto-Bayer por causar cáncer a los demandantes o a sus familiares con glifosato, principal herbicida usado con los cultivos transgénicos. Las pruebas aportadas en los juicios muestran que Monsanto sabía de la peligrosidad del glifosato, pero la ocultó. Las víctimas ganaron a Monsanto en los tres primeros juicios, a quienes Bayer-Monsanto tiene que pagar 180 millones de dólares por daños causados y multas, por habérsele comprobado malicia e intencionalidad, al ocultar los riesgos que corrían los que usan y se exponen al glifosato.

Además, hay centenares de otros juicios en curso contra Monsanto-Bayer por todo el medio oeste de Estados Unidos, porque la deriva del herbicida dicamba aplicada a la soya transgénica RoundReady X-tend (tolerante a glifosato y dicamba) mató sus cultivos y hasta sus árboles. Imaginen el efecto en las personas, las expuestas directamente, las que beben agua que cruza las áreas fumigadas, las que consumen alimentos con residuos de esos potentes agrotóxicos.

Este es el contexto en el cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentenció este 14 de agosto que Yucatán no puede declararse "estado libre de transgénicos", en respuesta a una controversia constitucional planteada por el gobierno de Peña Nieto reclamando que sólo la Secretaría de Agricultura puede tomar tal decisión. En efecto, esa es la letra de la Ley de Bioseguridad, que por esa y otras razones fue bautizada como ley Monsanto, por ser una norma para servir a los intereses de las empresas de transgénicos. Es una disposición que urge derogar o cambiar radicalmente para que sirva a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y campesinos, del maíz nativo, la salud, la biodiversidad y la soberanía alimentaria, todo lo cual los transgénicos minan e impiden.

De la decisión de la Suprema Corte se deriva que quien debería declarar el "estado libre de transgénicos", que demandan las comunidades y pobladores de Yucatán, es la actual Sader, cuyo titular es Víctor Villalobos, un viejo agente de las trasnacionales de transgénicos.

En cualquier caso, esta decisión de la Corte no significa que Monsanto puede proceder a sembrar soya o maíz transgénico en Yucatán. Están en pie otras demandas presentadas y ganadas por apicultores, organizaciones y comunidades en Yucatán, Campeche y Quintana Roo contra la siembra de transgénicos en la península, que obliga a las autoridades a realizar consultas con las comunidades antes de cualquier siembra. Están pendientes desde hace años, pero fueron saboteadas por la propia Comisión de Bioseguridad (Cibiogem) a través de su entonces secretaria ejecutiva Sol Ortiz, que intentó manipular las consultas para dificultar la participación de los pueblos y tener que oír sus posiciones. Ya en el gobierno de AMLO, Villalobos se la llevó a trabajar con él, un nombramiento absurdo pensando en el interés público, dado el historial del personaje, pero muy coherente con la posición de Villalobos en favor de los transgénicos y los intereses de las trasnacionales.

Los transgénicos sólo traen enfermedad, devastación y muerte, como se ha comprobado en los países que lo siembran. Urge concretar con un decreto de prohibición las promesas del gobierno de que no se sembrarán transgénicos ni en la península ni en ninguna parte de México.

* Investigadora del Grupo ETC

Viernes, 24 Junio 2016 07:44

Arde Francia

Arde Francia

El gobierno de François Hollande decidió prohibir dos manifestaciones sindicales –una medida sin precedentes en más de cinco décadas– ante el crecimiento de la protesta social. El Partido Socialista continúa corriendo hacia la debacle.

Francia estalla por todos sus costados. Primero que nada por la protesta social, que está alcanzando niveles propios de otras épocas: hace varios meses que los sindicatos están en la calle, protagonizando gigantescas marchas (la última fue hace unos pocos días) contra la reforma laboral del gobierno de François Hollande, mientras la parisina Plaza de la República permanece ocupada por jóvenes en el marco del movimiento La Nuit Debout (véase informe en Brecha, 20-V-16). Las protestas se han manifestado en particular en huelgas en el sector del transporte, que han paralizado varias ciudades. En paralelo, la Eurocopa de fútbol ha vuelto a lanzar a las calles francesas hordas de hooligans. Para completar el panorama, el yihadismo golpeó una vez más en territorio francés: un “lobo solitario” que se declaró militante del Estado Islámico mató hace un par de semanas a una pareja de policías, degollando a la mujer delante de su hijo y filmando el acto, que subió al instante a una red social. Lo menos que se puede decir es que Francia está perturbada.


MANIFESTACIONES PROHIBIDAS.


El gobierno no ayuda precisamente a superar esa perturbación. Por el contrario, la alimenta. Acaba de decidir, por ejemplo, prohibir las manifestaciones callejeras, amparándose en el estado de emergencia vigente desde los atentados de noviembre pasado y con la excusa de que en las últimas marchas sindicales, fundamentalmente una llevada a cabo el martes 14, hubo enfrentamientos violentos con la policía. Nunca, desde 1962, cuando la guerra de Argelia, un gobierno había tomado una medida similar.


La decisión se veía venir. Las principales figuras del Ejecutivo, sobre todo Hollande, el primer ministro, Manuel Valls
–calificado de “neoliberal” por los sindicatos y las formaciones políticas situadas a la izquierda del gobernante Partido Socialista–, y el ministro del Interior, Bernard Cazeneuve, habían advertido que no estaban “dispuestos a seguir tolerando actos de violencia”. En un intento de “conciliación”, según dijeron, los tres llamaron por distintas vías a la principal central sindical del país, la Cgt, históricamente cercana al Partido Comunista y protagonista central de las últimas manifestaciones, a “autocontenerse” y suspender la convocatoria de un par de manifestaciones previstas para el miércoles 22 y para ayer jueves. Una negociación desarrollada entre Cazeneuve y el secretario general de la Cgt, Philippe Martínez, no llegó a buen puerto. Además de defender el derecho a la protesta social y a manifestar, Martínez señaló que el gobierno se equivocaba al negociar únicamente con él, ya que las marchas habían sido convocadas no sólo por la Cgt sino también por otras seis centrales sindicales y federaciones estudiantiles. El Ejecutivo respondió que quienes habían generado “actos violentos” en días anteriores eran “elementos” cercanos a la Cgt, y adujo que “no estaba en condiciones” de brindar “seguridad a las personas y a los bienes materiales” porque buena parte de los efectivos policiales y militares disponibles habían sido “desplegados en el conjunto del territorio” para prevenir “posibles atentados terroristas” durante la Eurocopa.

Puras excusas, retrucó la Cgt. El tira y afloje terminó con la decisión del gobierno de “instruir” a la Prefectura de Policía de París a no autorizar ninguna de las dos marchas. Sólo permitió una concentración sin manifestación para el martes 28, limitada al espacio de la capitalina Plaza de la Nación. Sin embargo, a poco de hacer pública su decisión y luego de constatar las reacciones adversas de la totalidad de las centrales sindicales –incluida la oficialista Cfdt– y de varios legisladores y ministros del propio Partido Socialista, así como de la ultraderecha, que aprovechó para sacar partido del nuevo bluf del Ejecutivo, las autoridades dieron un pasito atrás: el martes 28 podrá haber finalmente una manifestación, desde la Plaza de la Nación hasta la de la Bastilla (separadas por algo más de un quilómetro), bajo estrictas medidas de seguridad, eso sí.


DERECHIZACIÓN.


Manuel Valls es acusado, incluso desde dentro del socialismo, de encabezar el suicidio del partido, orientando al gobierno cada vez más a la derecha y tomando decisiones que más que resguardar la seguridad del país funcionan como un llamado a la desobediencia civil. No por nada varios medios de prensa lo han catalogado de “piromaníaco”, aludiendo a su forma de llevar adelante la “ley del trabajo”, rechazada por más del 60 por ciento de la población, de acuerdo a coincidentes encuestas.


Ninguna de las siete centrales sindicales y estudiantiles que convocaron a las manifestaciones de esta semana está dispuesta a aceptar que el gobierno limite su derecho a la libre expresión, y todas ellas consideran abusivo acusar a la Cgt de cobijar a “elementos violentos”. Todas coinciden además en responsabilizar a la policía de los actos de violencia que se han sucedido en marchas recientes, por la desproporción con que actuó para dispersar a grupos de jóvenes, las tácticas que utilizó, y su probado recurso a provocadores. La Federación Nacional de Trabajadores Portuarios y Estibadores, de la Cgt, expresó en un comunicado “su indignación” por la generalización realizada por funcionarios del Ministerio del Interior al mezclar sindicalistas con terroristas. “Es una falta de respeto con los trabajadores que no hacen más que defender sus derechos”, dijo el sindicato, que tuvo una notoria presencia en la manifestación del 14 de junio. Los trabajadores portuarios se preguntaron por qué en esa ocasión las fuerzas policiales dejaron actuar sin chistar a presuntos “extremistas”, que atacaron comercios, autos y hasta la fachada de un hospital de niños con total libertad. “¿No será que lo hicieron para intentar desprestigiar al movimiento sindical?”, cuestionaron. Según el relato sindical, la marcha del martes 14 transcurrió de manera pacífica al menos por cinco horas, hasta que “a apenas cincuenta metros del final, y sin ninguna razón, las fuerzas del orden hicieron uso de bombas lacrimógenas y de sus machetes para cortar deliberadamente en dos el cortejo, insultando a los militantes y trabajadores”. La federación asegura contar con videos, fotos y testimonios que demuestran que fue la intervención policial la que desencadenó la violencia. Esas acusaciones no sólo provienen de fuentes sindicales. También de la propia policía. Alliance, uno de los gremios policiales más activos del país, hizo públicas las órdenes impartidas a los agentes por las jerarquías de las fuerzas antidisturbios. Una de ellas los conminaba a no intervenir durante al menos una hora. El sindicato se pregunta “qué fin tiene dejar que los violentos sigan adelante con su plan de destrucción”. “¿Por qué no impedir la participación de los violentos ya identificados? ¿Por qué dejar que rompan todo antes de actuar?”, interroga Alliance. Y coincidiendo con el sindicato portuario lanza: “¿Es posible que el gobierno utilice estrategias para desacreditar al movimiento sindical?”. Entre los manifestantes se objeta por otro lado que no es propio de los llamados “radicales” emprenderla a pedradas contra hospitales públicos, menos que menos infantiles. “No entra dentro de su lógica de acción”, dijeron animadores de La Nuit Debout. “Pero sí en la de los provocadores policiales”, agregaron.


Mientras tanto, el parlamento sigue discutiendo la reforma laboral. La próxima sesión, la definitiva, tendrá lugar el 3 de julio, y el gobierno corre el riesgo de no contar con la mayoría necesaria para aprobarla, por la defección de legisladores del propio Partido Socialista. De ser así, deberá negociarla, o aprobarla por decreto, lo que ahondaría la ya profunda crisis del partido gobernante.

Publicado enInternacional
Acerca del debate sobre el uso del asbesto en Colombia

 

Por Oscar Gallo y Carmen E. Pico.
Área Salud Ocupacional ENS

 

La Comisión 7ª del Senado hundió el proyecto de ley que pretendía regular en Colombia el uso del asbesto, un mineral muy apreciado en la industria por su buena resistencia y bajo costo, pero cuyo uso está hoy prohibido en 66 países.

 

Mientras los defensores de este proyecto afirman que existen suficientes pruebas de los riesgos que el asbesto tiene para la salud en cuanto agente cancerígeno (la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, dependiente de la Organización Mundial de la Salud, lo incluye en el grupo 1 de sustancias cancerígenas para el ser humano), los senadores que se opusieron al proyecto sostienen que hacen falta estudios concluyentes que prueben la incidencia del asbesto en la salud.

 

Esta posición de los opositores al proyecto coincide con la asumida de tiempo atrás por las empresas que en el mundo usan en sus procesos el asbesto, o amianto como también se llama. Con base en sus propios estudios insisten en que la nocividad de este producto no está confirmada, y por tanto no hay razón para considerar la limitación de su uso.

 

El debate sobre el asbesto/amianto está presente en la literatura médica hace más de un siglo, como lo demuestran investigaciones históricas de varios países de Europa. Y en Colombia la controversia sobre el tema tampoco es nueva.

 

En el año 2006 el director de la Asociación Colombiana de Fibras, Hugo Villegas, sostenía que los niveles de concentración de asbesto crisotilo en el aire eran los permitidos legalmente. Para este representante del empresariado no existía riesgo en la explotación y utilización del asbesto. Afirmaba que los estudios científicos realizados por la industria demostraban que la asbestosis estaba “erradicada”, y que el crisotilo no contenía hierro y permanecía en el cuerpo durante un período de 10 a 15 días y se eliminaría de forma natural. Es decir, los riesgos no podían ser cuantificados y eran probablemente bajos o “virtualmente cero”.

 

A esos argumentos en su momento se oponía el neumólogo Darío Isaza, para quien todo tipo de asbesto es peligroso y no hay ninguna partícula que no sea carcinógena. Cuestionaba la inactividad y falta de compromiso del Gobierno Nacional respecto de este problema.

 

Posición que corroboró la OIT en la Conferencia Internacional de 2006. Este organismo insiste en que la Convención 162 de 1986, relativa al asbesto, no puede utilizarse como excusa para prolongar la exploración de este mineral, toda vez que diversos organismos internacionales de salud afirman que todos los tipos de asbesto causan asbestosis, mesotelioma y cáncer de pulmón. Desafortunadamente la OIT no ha podido aprobar un convenio de prohibición total del uso industrial del crisolito en el mundo.

 

A su vez, diversas organizaciones sindicales y comunitarias también se han opuesto al uso del asbesto, y desde al 2006 hasta el 2015 estuvo en curso una acción popular para prohibir el uso de este mineral, dada su peligrosidad para la salud, no sólo para los trabajadores sino también para las personas que usan productos fabricados con asbesto. Los tumores malignos de pulmón, laringe y ovario han sido relacionados con el amianto en todas sus formas (crisotilo, crocidolita, amosita, tremolita, actinolita y antofilita), y el mesotelioma (que afecta las membranas que envuelven el pulmón) es considerado un mal de origen netamente ocupacional, generado por la exposición al asbesto.

 

Un antecedente aleccionador se dio en febrero de 2012, cuando el ex propietario del grupo suizo Eternit, Stephan Schmidheiny, y un administrador de la filial italiana de Eternit y el barón belga Jean-Louis Marie Ghislain, de Cartier de Marchienne, fueron sentenciados a 16 años de cárcel por omisión dolosa de medidas de seguridad laboral. Sabían del riesgo y no hicieron nada.

 

En América Latina la mayoría de países optaron por tímidas y fragmentadas medidas de control de la producción de amianto, con la excepción de Argentina, Chile, Uruguay y Honduras, donde existe una legislación prohibitiva.

 

La pregunta es: ¿por qué otros países mantienen la producción y el uso de asbesto, cuando parecen existir pocas dudas acerca de la nocividad de este material en cualquiera de sus formas? Evidentemente es por el peso de los intereses económicos que mueve esta industria. En Brasil, por ejemplo, que es uno de los principales productores del mundo, el asbesto genera cerca de 200 mil puestos de trabajo, directos e indirectos. Rusia, Kazajistán, China y Canadá son otros grandes productores.

 

El caso de Canadá es bien diciente. Exporta el 98% de su producción (580.000 toneladas), pero su uso esta prohíbe internamente en el país, gracias a las luchas del movimiento sindical y a la resistencia social y política.

 

En cuanto a Colombia, es clara la doble moral de los empresarios del asbesto. Tienen la tecnología alternativa para fabricar productos de exportación con elementos sustitutos del asbesto, pero para consumo nacional fabrican y comercializan los mismos productos con asbesto. Se conocen 5 empresas que fabrican productos con este material, pero sus trabajadores no son los únicos expuestos. También lo están, por ejemplo, los trabajadores de la construcción que manipulan materiales hechos con asbesto, como tejas.

 

De lo dicho hasta ahora se rescatan dos aspectos. Primero, la industria del asbesto se considera de gran importancia, tanto por sus beneficios económicos como por la cantidad de empleos que genera. En este punto no parecen existir muchas diferencias entre los empresarios y algún grupo de trabajadores, pues unos y otros priorizan el aspecto económico en detrimento de la defensa de la salud.

 

Segundo, el modelo de reconocimiento de las enfermedades laborales en el que el paradigma de una ciencia universal se enfrenta con el dinamismo de lo particular y la heterogeneidad de los fenómenos localizados, permite que algunos empresarios justifiquen “científicamente” la permanencia de ciertas actividades productivas.

 

Por otro lado, la política de salud para los trabajadores legítima la idea de que la intervención en el mundo del trabajo se hace mediante mecanismos de gerencia o atenuación del riesgo, y lo que es peor: mediante la negación e invisibilidad de los derechos. Los umbrales de exposición se consideran normales e inherentes al trabajo. La indemnización por los accidentes laborales y las enfermedades profesionales terminan siendo el derecho que todo trabajador tiene por el “inevitable” deterioro de su cuerpo.

 

Ante esta problemática, el movimiento sindical no puede renunciar a la única opción humana y segura: la prohibición total en su utilización, algo así como “cero uso” de asbesto en Colombia y el mundo.

 

En conclusión, las controversias, la movilización social y las orientaciones expertas del siglo XXI, no deberían apuntar a una mitigación de los riesgos industriales. Antes bien, deberían buscar reemplazar en las industrias estos materiales.

 

Publicado 16 junio de 2016.

Publicado enPolítica
Colombia autoriza la erradicación de cultivos ilícitos con glifosato
La determinación del Consejo Nacional de Estupefacientes establece que será terrestre y tendrá que cumplir con un protocolo especial



Un año después de que se suspendió, luego de dos décadas de uso, la aspersión aérea de glifosato a los cultivos de coca en Colombia, el Consejo Nacional de Estupefacientes volvió a avalar su uso, pero de forma terrestre. La aplicación de este método, que estará en manos de la Policía Antinarcóticos, tendrá que garantizar la protección de las personas que trabajen en terreno y de las comunidades que vivan en esas áreas. Además, deberá cumplir con un protocolo establecido por el Ministerio de Salud.

 

La decisión, que es respaldada bajo el argumento de que esta técnica permitiría erradicar hasta seis hectáreas por día, ha sido cuestionada por algunos sectores. En entrevista al diario nacional El Espectador, el exasesor de Política antinarcóticos del Ministerio de Defensa, Daniel Rico, aseguró que las aspersiones terrestres no son viables y expondrán un mayor riesgo para las personas. Entre tanto, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, advirtió que si el uso manual del glifosato no pone en peligro a la población, su Ministerio lo respaldará.

 

La guerrilla de las FARC, a través de Pastor Alape, aseguró que “la fumigación manual con glifosato es una política fracasada. El camino es sustitución e implementar acuerdo de La Habana”. La aspersión terrestre empezará a regir una vez se modifique el Plan de manejo ambiental y se analicen los resultados de seguimiento a esta práctica, ha informado el Consejo Nacional de Estupefacientes.

 

En mayo del 2015, cuando se suspendió la fumigación aérea, los cultivos de coca habían crecido en el último año entre el 15% y el 20 %, según cifras de Naciones Unidas. Una de las voces que más ha insistido en la necesidad de continuar con la aspersión del glifosato ha sido el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, quien días antes de conocerse la decisión del Consejo Nacional de Estupefacientes anunció que se haría de forma terrestre. Villegas ha reconocido que la suspensión de la aspersión aérea con glifosato causó un incremento en los cultivos de coca.

 

 

Publicado enColombia
Universidad Johns Hopkins y The Lancet : “Fracaso, la política mundial en contra de las drogas”

Una comisión de expertos médicos internacionales declaró que fracasaron las políticas contra las drogas, condenó los daños que han causado a la salud y a los derechos humanos alrededor del mundo y recomendó avanzar hacia la despenalización de todos los estupefacientes ilícitos, sumándose así a un creciente coro de organizaciones que exigen poner fin a las medidas prohibicionistas de los pasados 50 años.

 

Convocados por la Universidad Johns Hopkins y la reconocida revista médica The Lancet, los expertos concluyen que las políticas antinarcóticos basadas en la prohibición “directa e indirecta contribuyen a la violencia letal, la enfermedad, la discriminación, el desplazamiento forzado, el dolor físico innecesario, y minan las garantías de los pueblos a la salud.

 

"Los países han fracasado en reconocer y reparar los daños a la salud y los derechos humanos que la promoción de la prohibición y supresión de drogas han causado. Además evaden sus responsabilidades legales", subrayan en sus conclusiones.

 

En su extensa evaluación, la Comisión sobre Política de Drogas y Salud Johns Hopkins-Lancet señala, a manera de ejemplo sobre las consecuencias de las actuales políticas antinarcóticos, el dramático incremento de los homicidios en México desde que el gobierno adoptó una respuesta militar al narcotráfico en 2006. Enfatiza que dicho aumento fue de tal magnitud, que los expertos han tenido que revisar a la baja las expectativas de vida en el país. También ponen a México de ejemplo en materia de violaciones a los derechos humanos –incluyen tortura y abuso físico de prisioneros– y en la aplicación de medidas excesivamente punitivas para el control de drogas.

 

Entre otros puntos, indican que las tasas crecientes de VIH-sida y hepatitis C entre usuarios de estupefacientes están directamente vinculadas con el uso excesivo de encarcelamiento y disparidades raciales evidentes en países como Estados Unidos (donde para los hombres afroestadunidenses las probabilidades de ser recluidos por delitos relacionados con narcóticos que sus contrapartes blancas, a pesar de que las tasas de uso de drogas son casi iguales) en las prácticas de seguridad pública contra el consumo de esas sustancias.

 

Por otro lado, señalan que las medidas que buscan eliminar las drogas han llevado a “prácticas agresivas y dañinas contra gente que se dedica al cultivo de plantas utilizadas en la manufactura de estupefacientes, especialmente hoja de coca, amapola y cannabis”. Agregan que el uso de químicos dispersados al aire ha tenido efectos nocivos muy serios.

 

La meta de prohibir todo uso, posesión, producción y tráfico de drogas ilícitas es la base de muchas de nuestras leyes nacionales en la materia, pero esas políticas están basadas en ideas de uso y dependencia de ciertas sustancias que no están fundamentadas científicamente, comentó a medios el doctor Chris Beyrer, de la Escuela de Salud Pública Bloomberg, de la Universidad Johns Hopkins, e integrante de dicha comisión. Afirmó: La guerra contra las drogas ha dañado la salud pública, los derechos humanos y el desarrollo. Es hora de repensar nuestra manera de abordar las políticas globales en ese asunto y poner la evidencia científica y la salud pública en el centro de las discusiones.

 

Expresan que “el sistema internacional de control de drogas tiene origen en instrumentos legales de hace décadas, encuadrado más en politiqueo que en ciencia”.

 

Ante esto no sólo proponen la despenalización de todo uso y posesión no violenta de drogas. Recomiendan experimentar con la legalización y regulación de ciertos tipos de estupefacientes, tal como varios estados estadunidenses han hecho en el caso de la mariguana. Proponen reducir la violencia de esas medidas, incluyendo dejar por etapas el uso de las fuerzas armadas, en los esfuerzos de las políticas públicas antidrogas.

 

La presentación de dicha investigación y las recomendaciones se hacen justo para influir en la víspera de la Sesión Especial sobre Drogas de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (Ungass) –la cual fue propuesta, entre otros países, por México–, programada para abril próximo. (Consultar el informe, en inglés)

 

No están solos. De hecho, en Estados Unidos ya hay un giro hacia la despenalización en varios estados (Colorado, Washington, Oregon y otros ya han legalizado y regulado el uso recreativo de la mariguana) y se sumarán otros a esta lista en un futuro cercano. A la vez, figuras reconocidas a escala internacional han continuado divulgando el fracaso de esas políticas.

 

La declaración

 

La semana pasada casi 200 organizaciones no gubernamentales de varias partes del mundo enviaron la Declaración de la sociedad civil a la Ungass. El documento sostiene que el proceso de la Ungass no ha reconocido la falta de logros en los últimos 50 años por el sistema para el control de estupefacientes; las sustancias sometidas a control internacional están más disponibles y son más asequibles que nunca. El proceso ha optado por ignorar el daño causado por los enfoques actuales: abusos sistemáticos a los derechos humanos y continuación de la aplicación de la pena de muerte por delitos de drogas; intensificación de la transmisión del VIH-sida y la hepatitis C; acceso intolerablemente inadecuado a estupefacientes controlados para fines médicos; 187 mil muertes evitables relacionadas con drogas cada año; violencia, corrupción y asesinatos perpetrados por los mercados delictivos de estupefacientes; estigmatización sistémica de personas que consumen drogas; destrucción de los medios de vida de agricultores de subsistencia, debido a la erradicación forzada de cultivos, y miles de millones de dólares en fondos públicos desperdiciados en políticas que evidentemente no funcionan.

 

Sin embargo, a pesar de estas investigaciones, declaraciones y recomendaciones, junto con la evidencia abrumadora del fracaso de las políticas de la llamada guerra contra las drogas, por ahora hay pocos indicios de que los 193 países miembros están dispuestos a aprobar un giro en las medidas prohibicionistas que han definido las convenciones hasta ahora.

 

 

Publicado enInternacional
La llama de la intolerancia aún destella en Alabama

Esta semana, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Alabama, Roy Moore, emitió la orden de que no se efectivicen matrimonios entre personas del mismo sexo en el estado en respuesta a un fallo de un tribunal federal de distrito que había declarado inconstitucional la prohibición del matrimonio homosexual en Alabama. Cuando la Corte Suprema de Estados Unidos se negó a tratar la apelación del fallo presentada por el estado, la prohibición fue revocada legalmente y Alabama se convirtió en el estado número 37 en reconocer el matrimonio igualitario. Esto fue así hasta que el presidente Moore se involucró. Ahora la legalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo en Alabama está en cuestión, con algunos municipios que emiten las licencias de matrimonio y otros que se niegan.


El presidente de la Corte Moore es un conservador radical y un estridente cristiano evangélico En 2003 salió en los periódicos y noticieros de todo el país cuando colocó un enorme bloque de granito con la inscripción de los Diez Mandamientos dentro del Palacio de Justicia de Alabama en Montgomery. Tiempo después desacató la orden de un tribunal federal de retirar el monumento religioso y fue destituido de su cargo. A pesar del desprestigio que sufrió en el momento, fue reelecto en 2012. Recientemente sugirió en un evento cristiano evangélico que la Primera Enmienda protege solamente a los cristianos, ya que, según él, esa era la religión de los fundadores de la nación. En el programa de televisión "Good Morning America" a principios de este mes, especuló lo que podría pasar si se permitía el matrimonio entre personas del mismo sexo:


"¿Se contentarán con que exista el matrimonio entre un hombre y un hombre, o una mujer y una mujer, o promoverán el matrimonio múltiple? ¿O irán aún más allá, con matrimonios entre hombres y sus hijas, o mujeres y sus hijos?".


Por suerte, hay parejas enamoradas que desafían la monumental intolerancia de Moore y todavía eligen casarse en Alabama. La primera pareja en casarse en Montgomery esta semana fue la de Tori Sisson y Shante Wolfe, que adoptaron el apellido Wolfe-Sisson. Cuando le pregunté a Tori cómo se sentía ser la primera pareja en casarse allí después de que la prohibición del matrimonio igualitario fuera revocada, ella dijo: "Se siente como si necesitáramos una siesta".


Shante explicó su insistencia de casarse en Alabama: "Nos dijimos que no íbamos a ir a otro lugar, ya que trabajamos aquí, pagamos nuestros impuestos aquí y no vamos a ir a otro estado para luego volver y que no reconozcan nuestra unión. Varias personas nos dijeron 'Bueno, vayan a Nueva York u otro lugar y listo'. Pero no, teníamos fe en que de que las cosas se moverían en forma positiva en Alabama. Y así fue". Tori fue parte de la organización de esta histórica victoria como referente en Alabama de la Campaña de Derechos Humanos, una organización nacional de defensa de los derechos de gays y lesbianas.


Desigualdad, racismo, segregación. Estas injusticias persisten con notable tenacidad. Entrevisté al abogado Bryan Stevenson, radicado en Montgomery, sobre estas valientes mujeres: "Tenemos que aprender a respetar los derechos de las minorías. Alabama es un estado interesante. Nunca hubo un momento en que la mayoría de las personas de este estado votaran para acabar con la segregación racial. De hecho, nuestra Constitución estatal, que ahora es tan invocada en referencia al matrimonio igualitario, aún prohibe que niños negros y blancos vayan juntos a la escuela". Stevenson es el fundador y director ejecutivo de la organización Equal Justice Initiative (Iniciativa de Justicia Igualitaria, en español), que acaba de publicar un informe titulado "Lynching in America: Confronting the Legacy of Racial Terror" (en español "Linchamiento en Estados Unidos: Confrontar el legado del terrorismo racial"). El informe documenta cerca de 4.000 asesinatos por linchamiento, 700 muertes más que las estimaciones más certeras aceptadas previamente. Stevenson declaró: "Al final de la Guerra Civil había gente que proclamaba el poder de los afroestadounidenses liberados. Fue realmente al principio del fin del período de Reconstrucción donde se vio cómo la violencia, las amenazas y la intimidación comenzaron a afirmarse para sustentar la jerarquía racial. La supremacía blanca no hubiera podido sostenerse en el tiempo sin la imposición de la violencia, la amenaza y el terror".


La violencia sistemática y masiva, perpetrada con lo que Stevenson calificó de atmósfera "carnavalesca", fue diseñada y sostenida para aterrorizar a la población afroestadounidense del sur. Sobre esto, Stvenson explicó: "Todo el norte y el oeste de Estados Unidos se pobló de afroestadounidenses que huyeron a Detroit, Chicago, Cleveland y Los Angeles, no como personas en busca de oportunidades sino como refugiados del terror".


En medio del terror, personas valientes se levantaron y, durante la era de los derechos civiles, cambiaron el curso de la historia. El siete de marzo se conmemora el 50º aniversario del "Domingo Sangriento", cuando 600 personas, entre ellas un joven John Lewis, ahora un distinguido miembro del Congreso, iniciaron una marcha de Selma a Montgomery para impugnar las "leyes de Jim Crow" que restringían el voto en Alabama para la población no blanca. Cuando los manifestantes se acercaron al puente Edmund Pettus fueron atacados brutalmente por la policía del estado de Alabama. Esto ocurrió solo dos años después de que el racista gobernador de Alabama George Wallace exclamara: "En nombre de las personas más grandes que han caminado en esta tierra, trazo una línea en el suelo, arrojo el guante ante los pies de la tiranía y digo 'segregación ahora, segregación mañana, segregación para siempre'".


La intolerancia persiste, pero la gente devuelve el golpe con una fuerza más poderosa: la fuerza de los movimientos, la fuerza de las organizaciones de base. Rosa Parks y miles de personas junto a ella lo hicieron en 1955 con el boicot en los autobuses de Montgomery. Como me dijo Stevenson: "Este es un estado donde a veces hay que ponerse de pie cuando los demás se quedan sentados. Es un lugar donde hay que hablar cuando otras personas se callan. Se necesita coraje para confrontar el abuso y la opresión que se produce cuando la gente no está a tu favor, cuando no te respeta. Es la historia de Estados Unidos, en busca de la justicia. Es la historia del estado para lograr justicia. Y felicito y aplaudo a todo aquel que demuestra ese coraje. Y creo que este es un estado que continuamente debe enfrentar su resistencia a cumplir con la Constitución y a respetar la dignidad y las aspiraciones de todas las personas".


© 2015 Amy Goodman
Traducción al español del texto en inglés: Inés Coira. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Publicado enInternacional
La UE acuerda prohibir la compra de crudo iraní

La Unión Europea alcanzó un acuerdo preliminar para prohibir las importaciones de petróleo procedentes de Irán en todo el territorio comunitario. Al día siguiente de que Francia presionara a los socios europeos para endurecer las sanciones contra Irán, fuentes diplomáticas de la Unión confirmaron que el embargo ha sido acordado, aunque falta por decidir la fecha en la que entrará en vigor.
 

Irán reaccionó inmediatamente a la medida, que eleva un grado más la tensión generada por las ambiciones nucleares de Teherán y se produce como segundo contraataque a la amenaza iraní de cerrar el estrecho de Ormuz, por el que circula más de la tercera parte del tráfico marítimo de crudo mundial. La decisión comunitaria se tomó horas después de la advertencia del Pentágono a Irán de que la Quinta Flota de EEUU tomará el control del Golfo Pérsico para proteger el suministro energético, en caso de violación del derecho de tránsito por el estratégico canal.


Fuentes del Gobierno iraní aseguraron que cuentan con alternativas para sortear los daños del embargo europeo y mantener el volumen de sus exportaciones de crudo, que ascienden a 2,3 millones de barriles diarios.
 

El plan principal ante este escenario consiste en redirigir la exportación petrolera hacia China, que es el segundo consumidor mundial de petróleo. Otros países asiáticos y África serían los siguientes puntos de distribución, según indicó S. M. Qamsari, director internacional de la petrolera nacional iraní (National Iranian Oil Co., NIOC).
 

Las consecuencias de esta escalada diplomática se tradujeron, en primer lugar, en una nueva subida de dos dólares en el precio del barril de petróleo. De forma que el castigo europeo acaba repercutiendo en sus propios consumidores y como explicaba a Reuters el analista energético de Stamford, Gene MacGillian puede acabar derivando en un abaratamiento del crudo iraní para "India, China y otros países de Asia, mientras Europa se verá obligada a buscar otras fuentes de suministro".
 

Repercusiones electorales
 

Pese al desdén retórico iraní, su amenaza de bloqueo de Ormuz y su exhibición de pruebas de misiles en los últimos días, EEUU interpreta los gestos de Teherán como muestra de que empiezan a hacer efecto los cuatro paquetes de sanciones aprobados por las Naciones Unidas por proseguir con sus programas de enriquecimiento de uranio. El hecho de que su divisa (el rial) se encuentre en mínimos históricos es otra prueba de que la economía iraní empieza a resentirse por la asfixia internacional. Además, el embargo europeo complicará la situación económica a pocos meses de las elecciones legislativas del 2 de marzo. Qamsari reconoció que las sanciones ya en vigor están obstaculizando el pago de las refinerías que reciben el crudo iraní.
 

Para esquivar el embargo europeo, Irán tiene que replantearse la distribución de su crudo, ya que el 30% de las exportaciones unos 700.000 barriles diarios viajan al oeste de Suez. Más de la mitad de ese volumen se exporta a Europa.


PÚBLICOBRUSELAS / TEHERÁN04/01/2012 23:08 Actualizado: 05/01/2012

Publicado enInternacional
El Parlamento israelí (Kneset) ha aprobado una ley que penaliza la celebración de la "Nakba" (Catástrofe, en árabe), con que los palestinos conmemoran el exilio y la desposesión que sufrieron tras la creación del Estado judío en 1948.

La Cámara israelí dio esta madrugada su visto bueno, con 37 votos a favor y 25 en contra, a la controvertida "Ley de la Nakba", que determina que se multará a las autoridades locales y cuerpos con financiación pública que organicen eventos para conmemorar esa fecha, informó hoy el servicio de noticias israelí "Ynet".

La nueva legislación, propuesta por el partido de extrema derecha "Israel Nuestro Hogar", también impone penas a los organismos que apoyen la resistencia armada o el racismo contra Israel, o que profanen la bandera o los símbolos nacionales.

Los palestinos conmemoran la "Nakba" el 15 de mayo (fecha de la creación del estado judío) en los territorios ocupados y en las zonas de Israel con mayoría de población árabe con manifestaciones y actos que recuerdan el exilio forzoso de su pueblo y la pérdida de sus hogares y tierras.

Parlamentarios laboristas y de los partidos de izquierdas han criticado la ley al consideran que es antidemocrática y restringe la libertad de pensamiento y de expresión de la población árabe, que supone un veinte por ciento de los ciudadanos israelíes.

La Kneset también aprobó esta madrugada, con 35 votos a favor y 20 en contra, otra polémica ley, que permitirá a pequeñas pueblos y comunidades rechazar a residentes que deseen vivir en ellas por motivos culturales o raciales.

Las comunidades de menos de 400 familias del Negev y la Galilea (sur y norte del país, respectivamente) podrán tener "comités de aceptación" que nieguen el permiso a instalarse en ellas a las personas que, a su entender, no encajen con el tejido social y cultural de la comunidad. Entre los motivos que pueden justificar el rechazo están el que no pretendan establecerse permanentemente en la comunidad, que no tengan medios económicos suficientes o que no encajen en la forma de vida por motivos sociales o culturales. Este tipo de comités existen desde hace décadas en comunidades rurales y poblados religiosos de Israel, pero la nueva ley lo que hace es formalizarlos y facultarlos legalmente.

Los diputados de izquierdas y árabes creen que esta norma se utilizará para impedir a los ciudadanos árabes residir en esas zonas. La Asociación de Derechos Civiles de Israel ya ha anunciado que apelará la nueva norma ante el Tribunal Supremo, al considerar que "establece un mecanismo de segregación étnica entre los ciudadanos israelíes judíos y árabes", algo que consideran inconstitucional, informó el diario "Jerusalem Post" en su versión digital.

EFE JERUSALÉN 23/03/2011 10:28 Actualizado: 23/03/2011 10:40
Publicado enInternacional
La pistola semiautomática Glock 19 que Jared Loughner presuntamente usó en el violento ataque en Tucson, Arizona, es, según el sitio web de Glock, “ideal para un uso versátil por sus dimensiones reducidas” y “adecuada para portar oculta”. El sitio también dice que “Los cargadores modelo de la pistola Glock compacta y subcompacta tienen capacidad para disparar una cantidad convincente de veces”, entre15, que es lo convencional, y 33 veces. El asesino pudo matar a seis personas y herir a trece como lo hizo, porque tenía un arma semiautomática oculta y “el cargador de mayor capacidad”. Al intentar recargar el arma, una valiente mujer desarmada se lo impidió.

Jared Loughner demostró que 33 es un número convincente de disparos, como dice Glock. Pero la diputada demócrata de Nueva York, Carolyn McCarthy, no necesita que la convenzan. Su esposo Dennis McCarthy fue acribillado a balazos en el tren de Long Island el 7 de diciembre de 1993, cuando Colin Ferguson sacó una pistola semiautomática de la cartera y metódicamente se abrió paso en el tren de la tarde y disparó al azar contra los pasajeros. También mató a seis personas e hirió a diecinueve, entre ellos el hijo de McCarthy, Kevin. Al igual que Loughner, Ferguson fue derribado mientras recargaba su arma. En ambos casos el acto de recargar el arma generó una pausa en la matanza que permitió que ciudadanos desarmados intervinieran.

Carolyn McCarthy lloró la pérdida de su esposo y cuidó de su hijo gravemente herido hasta su recuperación. Su hijo, al igual que la congresista Giffords, había recibido un disparo en la cabeza. Luego Carolyn McCarthy decidió ir más allá para tratar de cerrar la herida que había en el país. Presionó al congresista de Long Island, el republicano Daniel Frisa, para que apoyara la Prohibición Federal de Armas de Asalto de 1994. Frisa se negó. McCarthy había sido enfermera durante 30 años y republicana toda su vida. Hizo que su ira se convirtiera en acción y se pasó al Partido Demócrata, se presentó como candidata al Congreso como rival de Frisa y lo venció en las elecciones de 1996. Ha estado en el Congreso desde entonces y es una de las más firmes defensoras de que se elaboren leyes de portación de armas sobre la base del sentido común.

La ley de 1994 prohibía categóricamente una cantidad de armas, además de los cargadores de mayor capacidad como el utilizado por Loughner. La ley perdió vigencia en 2004 durante el gobierno del Presidente George W. Bush. En respuesta a la matanza de Tucson, McCarthy pondrá a consideración un proyecto de ley sobre Dispositivos para carga de munición de alta capacidad. En una carta dirigida a otros miembros del Congreso en la que buscaba apoyo para el proyecto, McCarthy escribió que el proyecto de ley “prohibirá la transferencia, importación o posesión de cargadores de pistola de alta capacidad fabricados con posterioridad a la promulgación de la ley”, y por consiguiente “la dificultad cada vez mayor para obtener estos dispositivos disminuirá su uso y en definitiva salvará vidas”.

La prohibición de estos cargadores de municiones es un comienzo. Pero en definitiva, las pistolas en sí –armas semiautomáticas- ya son armas de destrucción masiva de uso personal diseñadas no para cazar animales, sino para matar gente. Es necesario que haya un control de estas armas. Si se controlan, reduciremos la violencia no solo en Estados Unidos, sino también del otro lado de la frontera, en México.

En Ciudad Juárez, a tan solo 500 kilómetros de Tucson, justo frente a El Paso, Texas, funcionarios mexicanos declararon que hubo más de 3.100 asesinatos en incidentes de violencia por drogas el año pasado, año en que se registró el mayor número de muertes hasta la fecha. En mayo de 2010 el Presidente Felipe Calderón habló ante una sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos y pidió que se restableciera la prohibición de armas de asalto. Según funcionarios de la policía de Estados Unidos, el 90 por ciento de las armas confiscadas en México en actividades delictivas son compradas en Estados Unidos.

Susana Chávez, la poeta y activista contra la violencia de Ciudad Juárez que popularizó la frase “Ni una muerte más”, fue sepultada la semana pasada en México justo cuando se preparaban los cuerpos de la víctima más joven de la matanza de Tucson, la niña de 9 años Christina Greene, y del juez federal John Roll, para el entierro en Arizona. Un mes antes, la activista contra la violencia Marisela Escobedo Ortiz recibió un disparo en la cabeza mientras realizaba una vigilia para exigir que el gobierno encontrara a los asesinos de su hija de 17 años, Rubi Frayre Escobedo.

El grupo estadounidense Alcaldes en Contra de las Armas Ilegales acaba de publicar los resultados de una encuesta bipartidista que reveló que el 86 por ciento de los estadounidenses y el 81 por ciento de los propietarios de armas apoyan que en todas las ventas de armas se averigüen los antecedentes de los potenciales compradores. El grupo tiene un sitio web, Close de Loophole.org. Las exhibiciones de armas, el fácil acceso a las armas semiautomáticas, sumado a la posibilidad de comprar cargadores de mayor capacidad son una receta para las masacres que ocurrieron en los últimos años en Estados Unidos y con mucha mayor frecuencia en México.

Tras la matanza de Tucson y en medio de pedidos a ambos partidos de que trabajen juntos y en forma civilizada, este es el momento en que Demócratas y Republicanos deben unirse para aprobar una prohibición permanente de las armas de asalto y brindarnos más seguridad a todos.
————————–
Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.
© 2010 Amy Goodman
Publicado enInternacional
Martes, 24 Agosto 2010 06:25

El Invierno Nuclear

Me avergüenza ser desconocedor del tema, que ni siquiera había oído mencionarlo. De lo contrario, habría comprendido mucho antes que los riesgos de una guerra nuclear eran mucho más graves de lo que imaginé. Suponía que el planeta podía soportar el estallido de cientos de bombas nucleares al calcular que, tanto en Estados Unidos como en la URSS, se habían realizado incontables pruebas a lo largo de años. No había tomado en cuenta una realidad bien sencilla: no es lo mismo hacer estallar 500 bombas nucleares en 1 000 días, que hacerlas estallar en un día.
 
Pude conocerlo cuando solicité información a varios especialistas en la materia. Es de suponer que me asombré cuando conocí que no hacía falta una guerra mundial nuclear para que pereciera nuestra especie.
 
Bastaría una contienda nuclear entre dos potencias nucleares de las más débiles, como India y Pakistán -que entre ambas, sin embargo, reúnen mucho más de 100 armas de este tipo-, y la especie humana desaparecería.
 
Razonaré un poco con los elementos de juicio que me proporcionaron nuestros expertos en la materia, tomados de lo que ha sido expuesto por los más prestigiosos científicos del mundo.
 
Hay cosas que Obama conoce perfectamente bien:
 
“…una guerra nuclear entre EE.UU. y la Unión Soviética produciría un ‘invierno nuclear’.”
 
El debate internacional acerca de esa predicción, animado por el astrónomo Carl Sagan, obligó a los líderes de ambas superpotencias a enfrentarse a la posibilidad de que su carrera de armamentos no sólo los pusiera en peligro a ellos, sino también a la humanidad entera.
 
“…’los modelos elaborados por científicos rusos y norteamericanos mostraban que una guerra nuclear daría por resultado un invierno nuclear tremendamente destructivo para toda la vida en la tierra; saber eso representó para nosotros, para las personas de moral y honor, un gran estímulo…’.”
 
“…las guerras nucleares zonales podrían desencadenar una catástrofe global similar. Nuevos análisis revelan que un conflicto entre India y Pakistán en el cual se lanzaran 100 bombas sobre ciudades y áreas industriales -sólo el 0,4 por ciento de las más de 25 000 ojivas que hay en el mundo- generarían humos suficientes para arruinar la agricultura mundial. Una guerra regional podría causar pérdidas de vidas incluso en países alejados del conflicto.”
 
Con ordenadores modernos y modelos climáticos novedosos, nuestro equipo ha demostrado que no sólo eran correctas las ideas de los años ochenta, sino que los efectos durarían al menos 10 años, mucho más de lo que antes se creía [...] el humo incluso de una guerra regional recibiría calor del Sol y ascendería para permanecer suspendido durante años en la atmósfera superior, velando la luz solar y enfriando la Tierra.
 
“India y Pakistán, que entre ambas reúnen más de 100 cabezas nucleares…”
 
“Creen algunos que la teoría del invierno nuclear desarrollada en los ochenta ha caído en descrédito. Por eso quizá se sorprendan ante nuestra aseveración de que una guerra nuclear zonal, entre India y Pakistán, por ejemplo, podría devastar la agricultura en todo el planeta.
 
La teoría original estaba rigurosamente validada. Su fundamento científico tenía el respaldo de investigaciones realizadas por la Academia Nacional de Ciencias, por estudios patrocinados por las Fuerzas Armadas de EE.UU. y por el Consejo Internacional de Sindicatos Científicos, que incluían representantes de 24 academias nacionales de la ciencia y otros organismos científicos.
 
Quizás el enfriamiento no parezca cosa de particular preocupación. Pero conviene saber que una leve disminución de temperatura puede acarrear consecuencias graves.
 
“La cantidad total de cereales hoy almacenada en el planeta podría alimentar a la población mundial durante un par de meses (véase ‘Crisis alimentarias: ¿una amenaza para la civilización?’ por Lester R. Brown; INVESTIGACIÓN Y CIENCIA, julio 2009).”
 
A veces, el humo de los grandes incendios forestales penetra en la troposfera y en la estratosfera inferior y es arrastrado a grandes distancias, generando enfriamiento. Nuestros modelos se acomodan también a esos efectos.
 
Hace 65 millones de años, un asteroide impactó en la península de Yucatán. La nube de polvo resultante, mezclada con el humo de los incendios, ocultó el Sol, matando a los dinosaurios. El volcanismo masivo, que a la vez se daba en la India, pudo haber agravado los efectos.
 
“…el creciente número de estados nuclearizados eleva las probabilidades de que se inicie una guerra, deliberada o accidentalmente.
 
Corea del Norte ha amenazado con guerra si no se deja de parar e inspeccionar sus barcos en busca de materiales nucleares.
 
Algunos líderes indios extremistas propugnaron atacar Pakistán con armas nucleares a raíz de los últimos ataques terroristas sobre India.
 
Irán ha amenazado con destruir Israel, ya potencia nuclear, que a su vez ha jurado no permitir jamás, que Irán se convierta en potencia nuclear.
 
Las dos primeras bombas nucleares conmocionaron tanto al mundo, que pese al masivo crecimiento desde entonces de esas armas, éstas nunca han vuelto a emplearse.
 
Una guerra nuclear es inevitable a partir del momento en que se cumpla el plazo del Consejo de Seguridad de la ONU; cualquier cosa puede suceder cuando el primer barco iraní sea inspeccionado.
 
En el marco del Tratado Estratégico de Reducción Ofensiva, EE.UU. y Rusia se comprometieron a dejar su arsenal en 1 700 y 2 200 las ojivas nucleares estratégicas desplegadas para finales de 2012.
 
Si esas armas se emplearan contra objetivos urbanos, matarían a centenares de millones de personas y una ingente humareda de 180 Tg inundaría la atmósfera del planeta.
 
El único modo de eliminar las posibilidades de una catástrofe climática es eliminar las armas nucleares.
 
Estuve reunido hoy al mediodía con cuatro especialistas cubanos: Tomás Gutiérrez Pérez, José Vidal Santana Núñez, el Coronel José Luis Navarro Herrero, Jefe de la Secretaría de Ciencia y Tecnología del MINFAR y Fidel Castro Díaz-Balart, con quienes analicé el tema que trato en esta Reflexión.
 
Solicité la reunión ayer 22 de agosto. No deseaba perder un minuto. Fue sin duda fructífera.

Fidel Castro Ruz
Agosto 23 de 2010
5 y 34 p.m.
Publicado enInternacional
Página 1 de 2