El investigador australiano Mark Meekan nada junto a un tiburón ballena. / AIMS

El rastro del carbono-14 procedente de la explosión de bombas atómicas permite fijar el ritmo de crecimiento del mayor pez del mundo

 El tiburón ballena es el pez más grande del mundo, ocupa como un autobús y debe su nombre precisamente a su gran tamaño pero hasta ahora no se podía conocer lo que puede llegar a vivir, algo importante para su conservación ya que es una especie amenazada. Aunque no ataca al hombre y de hecho resulta accesible para los practicantes del buceo este enorme tiburón de llamativa piel es un gran desconocido para la zoología, sobre todo porque buena parte de su juventud la pasa supuestamente en las profundidades marinas.

En las vértebras de algunos de estos animales conservados se había detectado lo que parecían ser bandas de crecimiento, pero los expertos no se ponían de acuerdo respecto al plazo que corresponde a cada banda. Ahora, auxiliándose de la contaminación atmosférica causada por las explosiones nucleares en las décadas de los cincuenta y los sesenta del siglo XX, científicos australianos creen haber dilucidado esta cuestión. Cada banda corresponde a un año y es probable que los tiburones ballena (Rhyncodon tipus es su nombre científico) alcancen los 100 años, sugieren en la revista Frontiers in Marine Science.

El indicador utilizado para datar las vértebras es el elemento radiactivo carbono-14, el mismo que se usa en arqueología para objetos antiguos. Como consecuencia de las explosiones nucleares, se duplicó aproximadamente la cantidad natural de carbono-14 en la atmósfera y este se extendió al tiempo que se desintegraba dejando su firma temporal en todo ser vivo de aquella época, explican los científicos de Australia, Islandia y Estados Unidos.

El análisis del contenido de carbono-14 se ha hecho en cada uno de las sucesivas bandas de las vértebras de dos ejemplares de tiburón ballena hallados en el siglo XX y conservados en Pakistán y en Taiwan respectivamente. Uno de ellos, de unos 10 metros de longitud, ha resultado tener 50 años en el momento de su muerte, mientras que el otro tenía 35 años.

"Es muy probable que haya tiburones ballena de más edad porque sabemos que alcanzan un tamaño bastante mayor", dice Steven Campana, el científico islandés que participa en la investigación. Esta longevidad implicaría que maduran sexualmente bastante tarde y que su población aumenta lentamente, por lo que tardarían más en recuperarse que otras especies menos longevas, ante amenazas como la pesca.

El interés por la conservación del tiburón ballena es especialmente intenso en Australia Occidental, en cuyo escudo figura, porque es una gran atracción para el ecoturismo. Allí, en Perth, tiene su sede el instituto líder en su estudio, el AIMS, que ha participado en la investigación a través del investigador Mark Meekan. "Hemos visto que cada año crece una banda", dice Meekan. "Esto es muy importante porque si se sobreestima o subestima el ritmo de crecimiento, te encontrarás con que tu estrategia de manejo de la especie fracasará".

El tiburón ballena está protegido en todo el mundo. Los datos de los dos ejemplares ahora estudiados se han cruzado con los de otros 18 tiburones muertos, de menor tamaño, para alcanzar la conclusión de que los juveniles crecen unos 20 centímetros por año. Se cree que los tiburones ballena llegan a alcanzar los 18 metros de longitud, el tamaño de un autobús articulado.

Precisamente las incógnitas sobre la etapa juvenil son las que introducen un pequeño factor de incertidumbre en el hallazgo ahora comunicado, ya que si los jóvenes tiburones se mantienen, como se cree, mucho tiempo en las profundidades marinas el contenido a lo largo del tiempo del exceso de carbono-14 allí puede no ser igual que el de las aguas superficiales, que es el que se ha utilizado en la investigación.

21/04/2020 07:29

Por MALEN RUIZ DE ELVIRA

 Indígenas del pueblo nukak se adentran en la selva por temor a la COVID-19Kelly Peña

 

 

La falta de agua potable y la desnutrición hacen más vulnerables a casi dos millones de indígenas. Hay dos casos de Covid-19 en la frontera colombo-venezolana

 En 1988 el pueblo indígena nukak, del sudeste de Colombia, tuvo su primer contacto con foráneos y, como consecuencia, una gripe devastó al menos a la mitad de su población. Para esa época, los sobrevivientes de este pueblo de cazadores y recolectores fueron empujados por colonos y grupos armados que se adueñaron de su selva y los obligaron a huir y asentarse por años en la ciudad de San José del Guaviare. Las noticias de una pandemia inédita que avanzaba rápidamente les trajo reminiscencias de ese pasado trágico y antes de que las autoridades civiles de Colombia cerraran fronteras o decidieran la cuarentena, varios de ellos se adentraron de nuevo en la selva para aislarse temporalmente. “El 18 de marzo, en una decisión autónoma, reunieron a las autoridades del departamento, y notificaron la decisión. Pero no es un retorno a sus territorios ancestrales, sino un aislamiento en sus resguardos que es de unas 980.000 hectáreas”, explicó Sandra Pérez Gómez, de la Confluencia de Mujeres para la Acción Pública del Guaviare, que ha acompañado a estas comunidades. Les dieron algunas herramientas y medicamentos y se adentraron en lo que les queda de bosque.

Esa ha sido solo una de las alternativas de los pueblos indígenas de Colombia ante el temor de contagiarse del coronavirus. Algo que, en palabras de las autoridades indígenas de Colombia, significaría su exterminio. “Nuestros pueblos no tienen agua potable, están subalimentados, con altos niveles de desinformación y dificultades de acceso a centros de salud”, diagnostica Armando Wooriyu Valenzuela, secretario de la Alta Instancia de Pueblos Étnicos para la Paz. La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) calcula que el riesgo de la pandemia se cierne sobre 115.000 familias indígenas, cerca de 1.905.000 personas en todo Colombia.

Los riesgos varían dependiendo de la región pero llegan a todos. La primera alerta se dio en Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela, donde según el Ministerio de Salud hay dos indígenas de la etnia yukpa, que fueron confirmados con Covid-19. Según la autoridad nacional de salud, uno de ellos falleció, pero en la ciudad la información es confusa y se habla de un solo contagiado que sería un colono venezolano que vive entre los indígenas. Aunque la alcaldía se propone controlar la propagación, los yukpas tienen una cultura seminómada, lo que dificulta cualquier cuarentena. Los yukpas (colombianos y venezolanos) se encuentran en estado de indigencia hasta en 15 ciudades de Colombia, pero en el caso de los venezolanos además vienen y van. Y aunque el Gobierno colombiano cerró sus fronteras como parte de sus medidas para frenar la pandemia, abundan los cruces informales conocidos como trochas.

En ciudades capitales como Bogotá o Medellín, está el mayor peligro para los indígenas que viven en la indigencia. Desplazados por el conflicto armado, muchos mendigan o viven de la venta de artesanías. Pero sin clientes en las calles están pasando hambre y durmiendo apiñados en aceras. El miércoles, 500 familias de la comunidad embera fueron desalojados por dueños de hoteles al paso por no tener con qué pagar por una habitación. De acuerdo con la Onic, esto ocurre también en ciudades como Barranquilla o Cali y pueden convertirse en una bomba de tiempo. Las fronteras y la pobreza son otra de las preocupaciones. “Tenemos un caso dramático y es el de los indígenas pairobas en Puerto Carreño (Vichada), frontera con Venezuela, donde unas mil personas de esta comunidad indígena obtiene la comida de los basureros”, dice Wooriyu para señalar que la respuesta del Gobierno tiene que ser desde la seguridad alimentaria además del agua.

Hasta ahora, los indígenas se protegen con barricadas para evitar el ingreso de foráneos que puedan contagiarlos. Lo hace la Guardia Indígena del Cauca, en el suroeste del país, pero también la etnia wayú en La Guajira, norte de Colombia, donde también salen a las carreteras a protestar por la falta de agua potable. En esa región, que ha recibido el impacto de la migración, preocupa el estado de los hospitales. De acuerdo con Valenzuela, hay cinco para atender a toda la población de wayú que es de medio millón de personas, además de los migrantes.

Las peticiones al Gobierno de Iván Duque van desde la toma urgente de muestras de confirmación en comunidades que presentan altos índices de infecciones respiratorias, agua potable y alimentación hasta las labores de prevención en las lenguas de los indígenas. “El Ministerio de Defensa puso a disposición sus emisoras para que podamos dar información de prevención pero necesitamos que el presidente Iván Duque a través del Ministerio de Telecomunicaciones nos ayude a producir piezas en los 90 idiomas de las comunidades”, agregó Wooriyu, que habla en nombre de las más de 100.000 familias indígenas que temen al coronavirus.

Bogotá - 02 abr 2020 - 17:56 COT

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Alexander Parra era el coordinador de un espacio de reincorporación de excombatientes de las Farc.

Es el primer caso ocurrido en un campamento resguardado por las fuerzas de seguridad. El partido que surgió tras la entrega de armas de la guerrilla asegura que fue un crimen electoral

Desde la firma del acuerdo de paz con las FARC han sido asesinados 158 excombatientes, pero este jueves por la noche se produjo un caso que ha alarmado especialmente a las autoridades colombianas. Por primera vez fue asesinado un hombre dentro de un Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR), como se conoce a las zonas donde los excombatientes realizan su proceso de reinserción. Estos espacios son resguardados por la policía y el Ejército colombianos.

El asesinato de Alexander Parra ocurrió en su casa, ubicada en el ETCR de Mesetas (en el departamento de Meta, centro del país), hasta la cual llegaron hombres encapuchados que le dispararon varias veces frente a su esposa. Esta zona es particularmente simbólica porque fue aquí donde se celebró el acto en el que las FARC dejaron de ser una organización armada y oficializaron su transición a partido político.

Sobre la medianoche del jueves, el presidente colombiano, Iván Duque, condenó lo ocurrido. “He ordenado a las autoridades avanzar rápidamente con las investigaciones que permitan la captura de los autores de este repudiable crimen. Nuestra solidaridad con sus familiares”, dijo el mandatario que dio instrucciones al Alto Consejero para la Estabilización, Emilio Archila, para que se desplazara a la zona junto a la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía. Duque ordenó también al Ejército y a la Policía reforzar todos los otros Espacios Territoriales que existen en el país.

Después de un consejo de seguridad en la zona, Archila anunció algunas medidas como la designación de seis investigadores del Cuerpo Técnico de la Policía y dos fiscales para esclarecer el crimen. “El Ejército nacional y la policía ya implementaron una burbuja coordinada de inteligencia para detectar y afectar las disidencias lideradas por alias Calarcá, Romaña y el Zarco y así como para resolver este caso es particular”, agregó el consejero. En esa zona operan varios grupos integrados por disidentes que se apartaron del proceso de paz. Archila, sin embargo, no adelantó información sobre los posibles autores del homicidio.

Parra estaba casado con Luz Marina Giraldo, candidata por el partido Farc al concejo municipal de Mesetas en las elecciones que se celebran este domingo en el país y era uno de los hombres más queridos de la zona, según relatan otros integrantes del ETCR. “Una cara visible y un hombre amable con todos”, comentaron. Para el partido Farc, "este es un crimen en el marco de la campaña electoral. ¿Quién lo realizó? Eso les corresponde a las autoridades competentes. Vemos una campaña de desmonte de los acuerdos y de estrategia de aniquilamiento del partido Farc. Responsabilizamos al Gobierno por la falta de garantías de seguridad y en cuanto a nuestra participación política como lo indica el acuerdo de paz", dijo Pastor Alape, delegado de la formación política.

Las reacciones al asesinato fueron inmediatas. “Alexander fue un hombre comprometido con la paz y su pérdida será sentida por quienes trabajábamos con él. Toda mi solidaridad para su familia y la comunidad de Mesetas”, dijo Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de la ONU en Colombia. El partido Farc también hizo un llamamiento a los organismos internacionales a estar alerta ante el proceso. “Exigimos al Gobierno de Iván Duque garantías y acciones reales de compromiso con la paz y lo acordado”, escribió Rodrigo Londoño, presidente de la formación política, conocido como Timochenko cuando era líder de la guerrilla. La Comisión de Paz del Senado fue citada para discutir la situación el próximo miércoles.

El consejero para la Estabilización, Emilio Archila aseguró que el Gobierno ya está actuando. "Los conocía a ambos. Anoche [por la noche del jueves] estuve hablando con Luz Marina; ayer llegaron los investigadores y reforzamos las medidas de seguridad de ella y del Espacio”, dijo Archila que esta mañana se ha trasladado hasta Mesetas. “No puede ser que quienes estén tratando de atravesar entre los colombianos y la paz nos vayan a amedrentar”, agregó.

Cinco ataques a Espacios

Las zonas donde viven algunos de los excombatientes se fueron transformando de campamentos de concentración para la entrega de las armas en poblados que se conocen como ETCR y cuentan con un dispositivo especial de seguridad compuesto por cercos policiales y del Ejército. Hay 24 en todo el país y en ellos residen 3.100 de los 13.057 exguerrilleros en proceso de reinserción. Sin embargo, desde agosto dejaron de existir jurídicamente y esto generó temor entre los excombatientes, que se sienten en un limbo y creen que esto haya podido debilitar los anillos de seguridad. El Gobierno de Iván Duque aseguró que estos espacios entran en un período de transición de dos años, tiempo durante el cual se mantendrán la provisión de servicios, alimentos, atención en salud y esquemas de seguridad colectiva.

El informe de la Misión de Verificación entregado por el secretario general de Naciones Unidas señaló que se habían presentado cinco ataques cerca de los espacios de reincorporación desde la firma de los acuerdos en 2016. “Lo cual subraya la importancia de que se apruebe un decreto que normalice lo que ha sido una presencia eficaz de la fuerza pública alrededor de esos espacios y que, al mismo tiempo, se adopten urgentemente medidas de seguridad integrales para los aproximadamente 8.000 excombatientes que viven fuera de esos espacios, en particular en las nuevas áreas rurales y urbanas”. El documento también hace un llamamiento a las fuerzas de seguridad para lograr que se mantenga la confianza de las comunidades locales.

La preocupación por el asesinato de excombatientes ha ido creciendo y así se expresó en Naciones Unidas. “Al ritmo actual, el número de asesinatos en 2019 superará los 64 asesinatos reportados en 2018”, asegura el informe de la Misión de Verificación.

Sobre esto, Pastor Alape, delegado del partido Farc, dijo que la seguridad no puede tener un enfoque exclusivamente militarista. "De nada sirve un soldado en el territorio cuando desde la institucionalidad se está promoviendo la polarización y se está estigmatizando a sectores políticos de la sociedad colombiana”, dijo.

Por Catalina Oquendo

Bogotá 25 OCT 2019 - 17:56 COT

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	 Janet y Norka, activistas de Fuerza de Mujeres Wayúu, posan en un río seco cercano a una multinacional minera que actúa en La Guajira, al norte de Colombia. Janet y Norka, activistas de Fuerza de Mujeres Wayúu, posan en un río seco cercano a una multinacional minera que actúa en La Guajira, al norte de Colombia. Pablo Tosco Oxfam

Oxfam entrega un informe en el que acusa al Gobierno de Iván Duque de aplicar “medidas cosméticas” que no detienen los ataques

 

Desde 2016, cuando se firmó el acuerdo final entre las FARC y el Gobierno colombiano, hasta la fecha, 55 defensoras de la tierra y el medio ambiente han sido asesinadas. En el primer semestre de este año hubo un homicidio de una líder social cada dos semanas y los ataques contra ellas han aumentado un 97% respecto al mismo periodo del año anterior, según el informe Arriesgando la vida por la paz, de Oxfam, que se publica en varios países.

La confederación internacional formada por 19 organizaciones no gubernamentales denuncia que estas agresiones son sistemáticas y convierten a Colombia en el segundo país más peligroso del mundo para defensoras del medio ambiente, después de Filipinas, de acuerdo con la clasificación de Global Witness. ¨La conclusión no da lugar a dudas: la violencia contra lideresas y líderes tiene una naturaleza repetitiva, invariable y continúa, y no responde a una casuística accidental o aleatoria. Las víctimas son selectivas (lo que se demuestra porque más del 50% de las personas fueron atacadas o asesinadas en sus casas), se busca aquellas víctimas con menor protección (todas ellas llevaban a cabo su labor a nivel territorial con poca visibilidad nacional) y la gran mayoría se caracteriza por ir en contra del poder hegemónico (grupos ilegales o grupos económicos con intereses en el territorio¨, afirman en el informe.

La organización hace fuertes críticas al Gobierno de Iván Duque por su respuesta ante estos crímenes. ¨Las que persisten en la lucha están en grave peligro, y ningún indicio apunta a que esta escalada de la violencia vaya a disminuir. Las medidas que ha tomado, como el Plan de Acción Oportuna (PAO), son más cosméticas que avances reales. No se aborda la necesidad de garantizar un entorno habilitante para que defensoras y defensores puedan actuar en sus comunidades¨.

En ese sentido, Oxfam, que está presente en Colombia desde 1982, le hace recomendaciones al Gobierno. Sugiere ¨convertir la seguridad de las defensoras en política de Estado y, propone marcarse como objetivo “semanas a cero”, es decir, semanas sin ninguna víctima ni ataques¨. También, retomar las negociaciones de paz con la guerrilla del ELN y apostar por el acuerdo de paz con las FARC, entre otras cosas.

El documento es parte de la campaña internacional Juntas Somos Victoria, con la que esta organización junto a la Plataforma de Incidencia Política de Mujeres Rurales Colombianas, International Land Coalition y Somos Defensores, hacen un llamamiento a los distintos Gobiernos del mundo para salvaguardar la vida de las defensoras. Varias de ellas estarán de gira por Europa, Estados Unidos y en la sede de la ONU en Nueva York, para contar directamente los peligros a los que se enfrentan.

A la Unión Europea, por ejemplo, le recomiendan que se cree un grupo de trabajo sobre la situación de las defensoras en la comisión del Parlamento Europeo sobre Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (FEMM). Y que allí se expida una resolución de urgencia para establecer mecanismos de protección. A España, donde se presentará el informe, le piden que frene la ¨venta de armas a Colombia¨, que se da en el marco del Tratado de Comercio de Armas, que España ratificó, así como en la Ley de Comercio de Armas de 2007. Y, finalmente, que continúe con el liderazgo que ha mostrado en la Mesa Nacional de Garantías y lidere dentro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas una agenda específica sobre las defensoras medioambientales de Colombia.

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Hong Kong prohíbe el uso de máscaras en las manifestaciones

La Jefa del Ejecutivo hongkonés, Carrie Lam, ha anunciado este viernes en rueda de prensa la ilegalización desde esta medianoche del uso de máscaras con las que los manifestantes ocultan su identidad durante las protestas que se han sucedido en la ciudad en los últimos cuatro meses.

Para ello, el Gobierno echará mano de una ley de emergencia que constituirá como delito el uso de máscaras para intentar "restaurar el orden", según ha dicho Lam, quien ha añadido que "la ley no implica que Hong Kong esté en estado de emergencia", sino que "las protestas son cada vez más frecuentes y violentas, y la gente está preocupada".

"Esperamos que la ley pueda tener un efecto disuasorio", ha dicho Lam al especificar que la ley "apunta a las personas que han recurrido a la violencia". Defiende que tomar la decisión de aprobar este tipo de legislación "no ha sido fácil, pero necesario" y aclara que se trata de una legislación subsidiaria que se presentará en el Consejo Legislativo el 16 de octubre para que los legisladores puedan modificarla, pero ya después de haber sido implementada.

Asimismo, Teresa Cheng, Secretaria de Justicia, indica en la comparecencia del Ejecutivo ante la prensa que la legislación "no socavará las libertades de las personas, que pueden asistir a reuniones, siempre y cuando no utilicen máscaras".
La ley contempla sentencias de hasta un año de prisión y multas de hasta 25.000 dólares hongkoneses (3.188 dólares), especifica el Secretario de Seguridad del Ejecutivo hongkonés, John Lee Ka-chiu.

Para Lee, "la medida ayudará a los agentes de la Policía recolectar información", dado que "en los últimos cuatro meses la mayoría de la gente que ha participado en incidentes violentos usaba máscaras para ocultar su identidad con el objetivo de lanzar cócteles molotov y causar daños a edificios públicos".

Sin embargo, la prohibición puede avivar aún más las protestas en la ciudad financiera, ya que cientos de personas ya se han echado este viernes a las calles del distrito financiero de Central para protestar contra esta ley coreando eslóganes como "Hong Kong, resiste".

Las protestas en Hong Kong, que se convirtieron en masivas en junio a raíz de una polémica propuesta de ley de extradición, se han sucedido durante casi cuatro meses y han mutado hasta convertirse en un movimiento que busca una mejora de los mecanismos democráticos que la rigen y una oposición al autoritarismo de Pekín.


No obstante, algunos manifestantes han optado por tácticas más radicales que la protesta pacífica y los enfrentamientos violentos con la Policía son habituales.

04/10/2019 - 11:03h

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El dragón se apodera del mar del Sur de China

Más acá de la guerra tecnológica, cuyo desenlace sigue siendo incierto y, al parecer, lejano, lo que resulta seguro es que China está consolidando sus posiciones para convertir el estratégico mar del Sur de China en un coto cerrado, algo similar a lo que viene siendo el Caribe para Estados Unidos en el último siglo.

El dragón sigue creciendo en todos los aspectos, como lo enseña la última lista de la revista Forbes sobre las 500 mayores empresas del mundo: "Excluyendo Taiwán, 119 empresas de China continental y Hong Kong llegaron a la lista, casi a la par con los Estados Unidos. Este es un cambio histórico", dijo la revista en un comunicado.

Desde 2001, ha habido un cambio significativo en la distribución geográfica de las empresas en el ranking. EEUU tenía 215 en 2001, que cayeron a 121 este año. En tanto, China tenía sólo 10 en 2001 y pasó a las 129 en la actualidad, si se computan las diez de Taiwán en la lista Fortune Global 500 de este año. Tres grandes empresas estatales chinas (Sinopec Group, China National Petroleum y State Grid) se colocan entre las cinco principales compañías este año.

Pero el centro del poder de Pekín se está expresando cada vez más en el mar del Sur de China. Surgen estos días dos datos centrales: además de las siete islas artificiales fortificadas construidas por China en ese mar, consiguió ahora la cesión de una base naval de Camboya que puede trastocar los equilibrios regionales y, en paralelo, se conocieron ejercicios con misiles antibuque en las proximidades de las disputadas islas Spratly y Paracel (Nansha y Xisha).

La primera información proviene del Wall Street Journal que sostiene que China y Camboya firmaron un acuerdo secreto que le permite a la Marina del dragón el acceso exclusivo a la base naval Ream en el golfo de Tailandia durante 30 años. Aunque el Gobierno de Phnom Penh negó la versión, en gran medida porque se trataría de un acuerdo inconstitucional, en los hechos Camboya es el principal aliado de China en la región.

En 2017 el Gobierno de Camboya canceló los ejercicios militares bilaterales Angkor Sentinel con EEUU y ahora los realiza exclusivamente con China. La reacción de Washington no se hizo esperar. Emily Zeeberg, portavoz de la embajada en Phnom Penh, instó al Gobierno camboyano a que respete "su compromiso constitucional de seguir una política exterior independiente".

Un dato adicional de la mayor importancia es que la base naval está situada a escasa distancia de un aeropuerto que está siendo construido por una empresa china. Se trata del aeropuerto Dara Sakor, en la costera provincia de Koh Kong, cuya pista supera los 3.200 metros, lo que permite el aterrizaje de grandes naves. Está en construcción además un resort turístico que ocupa 45.000 hectáreas donde se invertirán 3.800 millones de dólares por la china Union Development Group.

Por otro lado, entre el 29 de junio y el 3 de julio, la Armada china realizó pruebas reales con misiles de medio alcance entre las islas Spratly y Paracel, en un bloque de 22.000 kilómetros cuadrados. Entre los misiles probados se encuentra el DF-21D, con un alcance de 1.500 kilómetros, denominado "asesino de portaviones" por su capacidad de caer en vertical sobre el blanco, lo que hace muy difícil la defensa.

Además fue probado el misil DF-26 con un alcance de 5.000 kilómetros, con capacidad para una ojiva nuclear. Este misil puede alcanzar la isla de Guam, donde EEUU tiene una de las más importantes bases militares en el Pacífico.

Según el análisis de Asia Times, "las pruebas fueron una advertencia a Estados Unidos en el sentido de que sus buques de guerra y los portaviones son vulnerables al cruzar el mar del Sur de China, o en caso de acudir en ayuda de sus aliados en las aguas en disputa con Pekín". En esa situación están países como Japón, Taiwán, Vietnam, Filipinas, Malasia, Brunéi e Indonesia.

Para China, la región del mar del Sur o Meridional es doblemente problemática. Por un lado, la hegemonía en esas aguas tiene un carácter estratégico militar, ya que es el espacio desde el cual puede sufrir una agresión, como ya sucedió en el pasado, con las flotas imperiales inglesa y francesa. Además, un tercio del transporte marítimo mundial atraviesa el mar del Sur de China, que representa el grueso de las exportaciones e importaciones del dragón.

La "libertad de navegación" que reclama Washington va en contra de la soberanía que reclama China, que está convirtiendo esas aguas en espacio de uso exclusivo de su Armada.

En opinión del periodista Jonathan Manthorpe de Asia Times, la retirada del Gobierno de Trump del tratado IRNF (Intermediate-Range Nuclear Forces) crea una situación extremadamente peligrosa. El tratado había sido firmado en 1987 por los presidentes de EEUU y la URSS, prohibiendo los misiles de hasta 5.500 kilómetros: "Se negoció y acordó debido a que tanto la Unión Soviética como la OTAN comprendieron que el despliegue de lo que se llamó 'armas nucleares tácticas' podría desencadenar una escalada de conflictos que llevaría a una guerra nuclear”.

La situación sería similar, en su opinión, a la que se vivió en Europa hace 40 años. Por eso concluye, con ironía, que "sería maravilloso creer que Xi y Trump tienen la misma sagacidad para hacer frente a los peligros de esta situación de la que tuvieron Reagan y Gorbachov".

Más allá de la ironía del periodista, hay dos elementos que son ciertos. El primero es que la situación puede llegar a ser dramática si las dos potencias que se disputan los mares del Pacífico no encuentran las vías del diálogo para resolver los problemas que, por ahora, denominan como "guerra comercial", cuando en realidad es una amplia disputa que abarca desde las tecnologías de punta hasta la hegemonía marítima y militar.

La segunda, es que China no deja de avanzar, paso a paso, en todos los terrenos, como lo demuestra la conversión del mar del Sur de China en algo similar a lo que los romanos llamaban "mare nostrum", en referencia al Mediterráneo.

 

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 En vídeo, el ciberespionaje a Assange en la embajada de Ecuador en el Reino Unido. EPV

Julian Assange fue espiado las 24 horas del día durante su estancia en la embajada de Ecuador en Londres en la que permaneció refugiado durante los últimos siete años. Documentos, vídeos y audios a los que ha tenido acceso EL PAÍS muestran que la empresa de defensa y seguridad privada española Undercover Global S. L., encargada de proteger la legación diplomática en el Reino Unido entre 2012 y 2018, dedicó a sus hombres a captar toda la información posible del ciberactivista, en especial de sus abogados y colaboradores.

Varias cámaras de vídeo grabaron, con audio desde diciembre de 2017 a marzo de 2018, decenas de entrevistas del fundador de Wikileaks con sus letrados y visitantes en las que se trató de su estrategia de defensa. Los dispositivos recogieron varios planes secretos para sacarlo de la embajada y llevarlo a Rusia o Cuba, proyectos secretos que finalmente no se ejecutaron por la negativa del activista australiano que los consideraba “una derrota”.

La actividad febril y obsesiva de los vigilantes de UC Global S. L. sobre “el huésped”, como le denominan en sus notas, se intensificó durante el Gobierno de Lenín Moreno que recientemente entregó al activista a las autoridades británicas. Su antecesor, Rafael Correa fue quien dio refugio a Assange y lo acogió durante siete años en la legación diplomática.

Monitorizar todos los movimientos del activista, grabar sus conversaciones y recoger su estado de ánimo era la tarea diaria y cotidiana de los empleados de seguridad en la embajada. Pero la obsesión por conocer los secretos más íntimos de su objetivo llevó al equipo realizar a sus espaldas una prueba grafológica, plasmada en un informe de seis páginas, y a tomar una muestra de las heces de un bebé en un pañal para comprobar si era hijo de Assange y de una de sus más fieles colaboradoras. Labores de inteligencia que nada tenían que ver con la pretendida protección del invitado y refugiado en la embajada.

El equipo de seguridad de la empresa española, con sede en Puerto Real, (Cádiz) redactaba cada día un parte confidencial que se remitía a su propietario David Morales, un exmilitar formado en la Unidad de Operaciones Especiales de Infantería de Marina. Los detalles que se recogían en estos informes son una muestra del interés de esta empresa por acumular toda la información posible sobre el hombre que se enfrenta a 18 cargos por revelar miles de cables secretos del Departamento de Estado de EE UU, así como información secreta sobre las guerras de Irak y Afganistán.

“Muchísima exaltación y nerviosismo en el huésped tras la comunicación de indulto a Manning (la soldado acusada de filtrar a Wikileaks documentos secretos)”, recoge el informe del 17 de enero de 2017; “Julian está aportando mucha información. El invitado no para de apuntar en su agenda. Se nota tensión en la sala. El invitado tapa en todo momento su agenda con las manos. Stella se asoma por la puerta de la sala pensando que pudiera haber alguien escuchando”, escribe el vigilante sobre la visita de Walaman Adan Robert el 12 de enero de 2017;

El parte del  21 de enero de 2017 arranca así: "15: 30-18: 28.Pamela Anderson. Se pasan información por notas. Se hacen fotos dentro de la sala de reuniones. En todo momento está el distorsionador (de voz) encendido” ; “Aproximadamente desde las 21:00, tanto el huésped como Stella, están trasladando cosas del dormitorio (ropa, colchón, maletas etc) a la habitación de la entrada. Son las 23:35 y siguen”, señala el informe del 5 de febrero del mismo año.

Una de las personas que más interés despertó a los vigilantes de la empresa española fue Andy Müller-Maguhn, un conocido hacker alemán, al que en una de sus visitas se fotografió el interior de su bolsa de viaje y en especial los números de sus teléfonos móviles.

Si los vigilantes estaban obsesionados con captar cualquier detalle sobre el “huésped” que se produjera en el “hotel” (la embajada), el fundador de Wikileaks también lo estaba por no ser espiado. Cada vez que se reunía con sus abogados y visitas el encuentro no comenzaba sin que Assange encendiera el distorsionador de voz oculto en una lámpara. Pero este no impedía que los audios instalados en la cámara lo grabaran todo. En algunos vídeos se aprecia como el ciberactivista apuntaba sus notas en una carpeta levantando su tapa para que no se captara su escritura.

La paranoia de Assange con ser espiado le llevó a citar a alguno sus visitantes en el cuarto de baño de señoras, un lugar que consideraba seguro. Un informe firmado por el vigilante José Antonio el 15 de enero de 2017 lo recoge así: “11:18 Aitor Martínez (abogado español) porta maletín, un teléfono y un portátil. 11:20 huésped, Stella y Aitor Martínez se dirigen al aseo de señoras donde hacen la reunión. 13: 00 salida de aseo de señoras”. Unos días antes, el día nueve otro vigilante informa de la reunión del activista con sus abogados Melynda Taylor, Jennifer Robinson, Aitor Martínez y Baltasar Garzón.

David Morales, propietario y director de UC Global S.L.  declina responder si su empresa espió a Assange. "Toda la información es confidencial y pertenece el Gobierno ecuatoriano. Nuestra empresa fue subcontratada por el Gobierno de Ecuador. Nos limitamos a realizar un trabajo. No puedo comentar nada de lo que hicimos allí, no puedo dar ningún detalle", afirma en conversación telefónica.  ¿Espiaron ustedes al señor Assange? "Tenemos nuestras normas éticas y morales y no se vulneró ninguna de ellas", asegura.

El interés de las reuniones de Assange con sus letrados no decayó cuando el Gobierno de Lenín Moreno canceló el contrato con UC Global S. L. que se mantuvo desde 2012 hasta la primavera de 2018 y delegó la seguridad de su embajada en la empresa ecuatoriana Promsecurity. Las cámaras de vídeo siguieron grabando todas las reuniones y, al menos, en una ocasión personal de la embajada o del nuevo equipo de seguridad fotografiaron la carpeta del abogado Aitor Martínez en un receso de su entrevista con el activista australiano.

Con esas fotografías, así como con decenas de vídeos y audios grabados en la legación diplomática durante esta nueva etapa se intentó extorsionar desde Alicante al fundador de Wikileaks si no pagaba tres millones de euros. La Audiencia nacional investiga el caso y dos de los presuntos extorsionadores fueron detenidos.

El Reino Unido acaba de aprobar la entrega a EE UU del ciberactivista. Las autoridades norteamericanas esgrimen contra él 18 cargos por difusión de material clasificado.

Madrid 9 JUL 2019 - 03:29 COT

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El Banco Central de Rusia envía sus activos de EEUU a China

El Banco Central de Rusia ha cambiado drásticamente la distribución geográfica de sus activos en moneda extranjera y en oro.


Como informa la entidad bancaria en su reporte anual, en 2018 la participación de los activos estadounidenses se redujo considerablemente: del 29,9% de todas las reservas del Banco Central al 9,7%.


Al mismo tiempo, los activos chinos y japoneses del Banco Central aumentaron considerablemente del 2,6% al 14,1% y del 1,5% al 7,5%, respectivamente. En Finlandia, la participación de los activos del Banco Central de Rusia aumentó del 0,9% al 1,8%.


Al mismo tiempo, los activos en el Reino Unido cayeron del 7,2% al 6,6% y en Canadá del 2,8% al 2,3%. La participación de los activos en las organizaciones internacionales no ha cambiado, se conserva en el nivel del 3,9%.


Además, el regulador ha reducido a la mitad la participación de sus activos en dólares estadounidenses, desde 45,8% hasta 22,7%. Al mismo tiempo, la participación de los activos en yuanes aumentó del 2,8% al 14,2%, en euros del 21,7% al 31,7% y en oro del 17,2% al 18,1%.


"En 2018, los activos en oro del Banco de Rusia aumentaron debido a la compra de oro de las instituciones de crédito rusas (270 toneladas). El 31 de diciembre de 2018, su volumen ascendió a 2.077 de toneladas", detalla el informe.


En total, a fines de 2018, el volumen total de activos del Banco Central en moneda extranjera y en oro era de 473.900 millones de dólares, de los cuales 385.800 millones de dólares son activos en divisas de la categoría "reservas internacionales de la Federación de Rusia", 85.600 millones de dólares son activos en oro y 2.500 millones de dólares son otros activos en moneda extranjera.


A lo largo del año, los activos del Banco Central de Rusia crecieron en 36.100 millones de dólares. "El factor principal detrás de su crecimiento fue la compra de moneda extranjera en el mercado de divisas nacional por parte del Banco de Rusia en relación con la adquisición de moneda extranjera por parte del Tesoro Federal bajo la regla presupuestaria", explican en la entidad bancaria.


Al mismo tiempo, el Banco Central destacó que el crecimiento en los activos fue parcialmente compensado por los cambios en las tasas de cambio del dólar estadounidense y la salida de fondos de clientes de las cuentas en el Banco de Rusia.


En enero de 2019 se informó que el Banco Central transferiría una quinta parte de sus reservas internacionales de dólares a euros y yuanes en el segundo trimestre de 2018. Las inversiones de Rusia en bonos del Tesoro de EEUU cayeron de 96.000 millones a menos de 15.000 millones. Esto sucedió después de que Estados Unidos impusiera sanciones contra los multimillonarios rusos Oleg Deripaska, Víktor Vekselberg, Suleimán Kerímov, jefe del banco VTB, Andréi Kostin, jefe de Gazprom, Alexéi Miller y contra funcionarios de alto rango y oficiales de seguridad.

02:19 08.05.2019(actualizada a las 13:20 08.05.2019)

Publicado enEconomía
Un hombre usa un puntero para explicar el mapa de la nueva capital egipcia. - MOHAMED EL-SHAHED / AFP


La ciudad promete convertirse en la primera urbe inteligente del país, y de momento sólo está previsto que se trasladen hasta allí los sectores más elitistas de la sociedad.


Abandonando El Cairo por una de las carreteras que conducen hacia la ciudad costera de Ain Sokhna, en el Mar Rojo, un puesto de control despunta en solitario a medio camino. Enfrente, un aburrido grupo de jóvenes uniformados custodia lo que parece ser solo el vasto y vacío desierto que se abre paso detrás de ellos.


A escasos kilómetros de la caserna, algunos edificios monumentales se empiezan a erigir en el páramo sin aparente coherencia. A simple vista podrían parecer un espejismo, pero los carteles que se alzan junto al asfalto les delatan. Las obras son parte del proyecto más avaricioso del régimen del ex jefe del Ejército y actual presidente de Egipto, Abdel Fatah Al Sisi: una nueva capital de 714 kilómetros cuadrados construida desde cero en el desierto, a unos 35 kilómetros al este de El Cairo y a unos 60 de la ciudad de Suez.


Fue durante una conferencia económica celebrada en Egipto a mediados de marzo de 2015 cuando saltó la noticia. Sin ningún tipo de consulta previa, el entonces ministro de Vivienda y actual primer ministro del país, Mostafá Madbuly, hizo pública la decisión del gobierno de construir una nueva ciudad que sustituiría El Cairo como capital del país.


Esquivando la espontaneidad que da forma y carácter a los barrios de ciudades como El Cairo, la futura capital de Egipto estará dividida en distritos temáticos que prometen convertirla en una urbe tan funcional como controlable. Haciendo las delicias del régimen, el espacio para la improvisación urbana, muy común en El Cairo, va a ser nulo.


Por si el proyecto base no fuese suficientemente ambicioso, las autoridades anticipan que la nueva capital será la primera ciudad 2.0 del país. El control inteligente del tráfico, las casas inteligentes o la gestión inteligente de recursos son algunas de las promesas de sus responsables, que aseguran que también habrá cámaras de vigilancia por toda la urbe.


Debido a la gran superficie reservada para el proyecto, todos los esfuerzos se concentran ahora en la primera fase de un total de tres. Estos 168 kilómetros cuadrados iniciales, sin embargo, se convertirán en el corazón de la ciudad, albergando los grandes centros de poder político y económico, y tendrán un coste de entre 20.000 y 25.000 millones de dólares.
Será también en esta primera fase donde se encontrarán algunos de los sueños más megalómanos del régimen, como la mezquita con más capacidad de Egipto y la catedral más grande de Oriente Medio, ambas ya construidas. Y totalmente vacías. Asimismo, la futura capital debería contar con la mayor ópera de Oriente Medio, la torre más alta de África, o una zona verde dos veces más extensa que el Central Park de Nueva York, que atravesará el centro de la ciudad imitando el paso del río Nilo por El Cairo.


Este multimillonario plan se está construyendo, según la versión oficial, con el dinero obtenido a través de la venta anticipada del terreno, y los responsables insisten en que no reciben fondos de las arcas del Estado y que el Ejército se limita a supervisar su ejecución. En la práctica, no obstante, ambas cuestiones resultan hasta cierto punto un enigma.


En este sentido, el Ministerio de Vivienda posee el 49% de la empresa encargada de desarrollar la urbe, y el Gobierno asume el coste de, al menos, el distrito gubernamental. Por otro lado, las filas castrenses ostentan el otro 51% de la compañía, son las promotoras de algunas partes de la ciudad y, aunque no construyen nada, es difícil pensar que su imperio económico no se beneficia indirectamente de unas obras tan gigantescas.


Lo que tampoco está claro a estas alturas es el calendario, puesto que en los últimos meses los responsables de las obras han pasado de señalar el año 2021 como fecha para finalizar la primera fase del proyecto a apuntar hacia 2024. Aun así, la presión que cargan sobre los hombros los cerca de 200.000 trabajadores que se desplazan cada día hasta el lugar es importante, puesto que las autoridades quieren trasladar allí cuanto antes el Parlamento, los ministerios y la Presidencia.
La capital de la élite


La principal razón argüida por las autoridades para justificar la nueva ciudad es que El Cairo es un caso perdido y que una nueva capital permitiría evitar los errores cometidos allí y al mismo tiempo ayudaría a descongestionarla. “Necesitamos urgentemente la nueva capital”, asegura El Husseiny, portavoz de la Nueva Capital Administrativa para el Desarrollo Urbano (ACUD), la empresa a cargo del proyecto. “El Cairo está superpoblada, hay mucho tráfico y la infraestructura ya no es útil para sus ciudadanos”, agrega el militar, en un intento de justificar las obras.


Para lograrlo, los planes de la nueva ciudad pasan por albergar, cuando se haya terminado, un total de seis millones y medio de habitantes y 1.750.000 empleos. La viabilidad de estas cifras, no obstante, resulta muy cuestionable, y en cualquier caso insuficientes.


Egipto cuenta con un largo historial de nuevas ciudades, especialmente diseñadas en la órbita de El Cairo, que se han ideado para descongestionar la capital y han acabado no solo fracasando estrepitosamente en el intento sino centralizando aún más el país. En este sentido, las ocho nuevas urbes ideadas alrededor de El Cairo desde los años setenta aspiraban acoger 16 millones de habitantes y ahora apenas alojan un 8% de ese objetivo.


La nueva capital no parece que vaya a ser una excepción, ya que por ahora no se sabe ni cuándo se construirán sus dos siguientes fases, donde está previsto que se concentren la mayoría de los barrios residenciales, y hay quien teme que esas obras nunca arrancarán. Además, en la primera fase del proyecto no habrá vivienda social, lo que reduce el espectro de potenciales residentes a las clases altas del país.


Incluso en un escenario en el que se cumplen los números prometidos inicialmente para la nueva ciudad, ésta sería incapaz de aliviar la presión sobre El Cairo. Así, en los próximos diez años, está previsto que el Gran Cairo crezca en cinco millones de habitantes y que 1.680.000 jóvenes entren en la edad de trabajar, de modo que la nueva urbe apenas sería capaz de absorber ese incremento cuando aún le faltarían muchos años para terminar completamente las obras.


“Necesitamos otra ciudad importante, sea o no capital, pero ya existen ciudades que tienen la infraestructura y el potencial para convertirse en un centro importante, alejado de El Cairo y que permita descentralizar, disminuir su población y empezar a tener cierta migración hacia [allí]”, observa un arquitecto de El Cairo en condición de anonimato.


Por estos motivos, muchos egipcios consideran que el principal objetivo del régimen con la nueva capital es alejarse de Gran Cairo, donde viven unas 24 millones de personas, y recluirse en una ciudad diseñada bajo una lógica securitaria que permita evitar que el colapso sufrido durante la Revolución de 2011 vuelva a repetirse. “La nueva capital va a ser una ciudad militar, a la que el régimen va a llevarse a sus seguidores mientras hace que físicamente sea muy difícil llegar hasta ellos”, prevé el reputado urbanista David Sims. “Es un sueño para un gobierno autoritario”, agrega.


En esta línea, los actuales progresos de la nueva capital están teniendo lugar mientras el Parlamento egipcio está inmerso en un proceso de enmiendas constitucionales. Cuando éstas se aprueben en un referéndum popular previsto dentro de pocos meses, se establecerá en el país un nuevo orden político que cimentará aún más en el poder a Al Sisi y al Ejército. Cuando llegue el momento, un búnker les estará esperando. “La nueva capital solo se construye con la lógica de asegurar el nuevo régimen”, considera la antropóloga urbana Omnia Khalil, que concluye: “No quieren que un enero como el de 2011 vuelva a suceder”.

Por MARC ESPAÑOL
@mespanolescofet

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Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los Derechos Humanos visita Colombia

Por estos días, finales de noviembre de 2018, se encuentra en visita oficial a Colombia el Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los Derechos Humanos.

El Relator Especial, Michel Forst, está en Colombia desde el 20 de noviembre y prolongará su estancia hasta al 3 de diciembre. El objetivo de su visita: evaluar la situación de los defensores de los Derechos Humanos y los esfuerzos del Gobierno para protegerlos y garantizar su labor.

La última visita oficial de este tenor a Colombia sucedió entre el 7 al 18 de septiembre de 2009, por la Relatora Especial de aquel entonces, la Sra. Margaret Sekaggya, quien en su informe del 1 de marzo de 2010 llamaba la atención sobre la estigmatización y difamación sistemáticas de los defensores por funcionarios públicos, incluso, por las declaraciones públicas hechas por el presidente de entonces –Álvaro Uribe– que presentaba a los defensores de los Derechos Humanos como “cómplices de grupos terroristas o guerrilleros”.

En aquella visita, la Relatora Especial mostró especial preocupación por la vigilancia ilegal generalizada que llevaban a cabo los servicios de inteligencia civiles y militares; los arrestos sin mediar orden judicial válida y “procedimientos penales abiertos sin fundamento contra defensores de los Derechos Humanos por delitos contra el orden constitucional ("rebelión") y la seguridad pública ("terrorismo"), sobre la base de informes de los servicios de inteligencia militares y civiles y los testimonios de testigos nada fiables”. Además de las amenazas, asesinatos, desapariciones, estigmatización, seguimiento ilegal, judicializaciones en las que se encontraban involucrados agentes estatales.

Una de las situaciones mencionadas en aquel informe, con plena vigente, son las medidas de protección ineficaces:

[...] los asesinatos y desapariciones constantes de defensores de los derechos humanos, algunos de los cuales eran beneficiarios del Programa de protección, como en el caso de Ualberto Hoyos, ponen de manifiesto las limitaciones del Programa y de otras medidas de protección para evitar los ataques contra los defensores.

Luego de 10 años de la primera visita de la Relatoría Especial, podemos decir que han ocurrido cambios significativos en el contexto nacional. Hace una década el discurso antiterrorista de la política de seguridad democrática negaba la existencia de un conflicto social y armado, y hacía imposible pensar en la solución política al conflicto armado, al cual le adjudicaban el origen de la inseguridad para el ejercicio del derecho a defender los derechos.

 Hoy la visita del Relator Michel Forst se da en un contexto en el que el Acuerdo de Paz entre las Farc y el gobierno nacional, permite pensar que la situación de los defensores de Derechos Humanos presenta mejoras significativas; sin embargo, estamos frente a hechos que expresan lo contrario. Según las cifras oficiales del Boletín No. 087 del gobierno nacional, entre el 2016 y el 27 de julio de 2018, 183 líderes y defensores de DD.HH han sido asesinados .

El Programa Somos Defensores, en su informe anual 2017 afirma que en este año fueron agredidos 560 defensores de DD.HH (106 asesinatos (incremento del 32.5 %), 370 amenazas, 50 atentados, 23 detenciones arbitrarias, 9 judicializaciones y 2 hurtos de información sensible) en el que se destaca la focalización de la violencia en zonas rurales . Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en su Informe Anual 2017 registraron 121 asesinatos (84 DDH, 23 miembros de movimientos sociales y políticos y 14 personas muertas durante las protestas sociales) 41 intentos de asesinato; 213 amenazas; 61 violaciones de los derechos a la intimidad y la propiedad (seguimientos, fotografías, robo de información, entre otras) 4 desapariciones forzadas y el acceso carnal violento de una mujer activista.

Sin duda estas cifras generan preocupación y hasta controversias. Recientemente el representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Alberto Brunori, manifestó que “El debate de las cifras no debe retrasar un debate mucho más serio sobre las causas estructurales y cómo abordarlo de manera integral. Si no lo hacemos seguiremos contando los muertos. Yo no quiero participar en ello ”

¿Cuáles son las causas estructurales de la violencia contra defensores de derechos humanos y líderes sociales?

El abordaje del problema sobre las limitaciones al ejercicio del derecho a defender los derechos estaba sujeto hasta hace poco (aún persiste esta visión) al problema de orden público derivado del conflicto armado. Hoy se pone en duda que el conflicto armado con la guerrilla de las Farc haya sido el principal factor de riesgo, pues tras su desmovilización, persisten los ataques contra defensores.

Esto hace suponer también que el proceso de paz y el supuesto tránsito al postconflicto encubre de una parte, la persistencia del conflicto armado en el que participan otras fuerzas insurgentes (Eln, Epl, disidencias), contrainsurgentes (Fuerzas Militares y paramilitares) y organizaciones criminales que se disputan los territorios y escenarios abandonados por la FARC-EP. Pero también hace pensar que el conflicto armado encubria una violencia mayor, estructural, en la que participan actores económicos y políticos poderosos que ven en la defensa de los derechos humanos una amenaza a sus intereses.

Recordemos que el recién electo presidente Iván Duque (2018-2022), representa la continuidad del proyecto político del expresidente Álvaro Uribe Vélez, caracterizado por su política de seguridad democrática que fortaleció a las fuerzas militares y las acciones cívico militares; la promoción de la confianza inversionista y la limitación de derechos y las libertades civiles . El “nuevo gobierno” llegó al poder oponiéndose al acuerdo de paz y la salida política negociada del conflicto armado.

Este proyecto político, desde el inicio de funciones del nuevo gobierno, se caracteriza por sus declaraciones en contra de la protesta social que ha sido una forma de exigibilidad de derechos. El Ministro de Defensa Guillermo Botero, quien viene del gremio de los comerciantes (Fenalco) aseguró en declaraciones públicas que “Los dineros ilícitos financian la protesta social” y que detrás de los cierres de vías siempre hay mafias organizadas, estigmatizando y deslegitimando a quienes acuden a la protesta, violando el principio de distinción del derecho internacional humanitario.

En las recientes movilizaciones de los estudiantes que reclaman mayor presupuesto para las universidades pública y el mejoramiento de la calidad desde una perspectiva del derecho a la educación han sido reprimidos por la fuerza pública, quienes según denuncias circuladas por redes sociales, han infiltrado las movilizaciones con agentes de la policía vestidos de civil para promover disturbios, detener y judicializar a los estudiantes.

El nuevo gobierno, aunque ha aceptado a regañadientes el Acuerdo de Paz con las Farc ante la comunidad internacional, ha manifestado que hará ajustes importantes a los mismos, lo cual pone en serio riesgo algunos avances en materia de seguridad y protección de los líderes sociales y políticos declarados en oposición. En el Acuerdo de Paz se incluyeron medidas de política pública y criminal en materia de desmantelamiento de las organizaciones o conductas criminales responsables de homicidios y masacres que atenten contra defensores/as de derechos humanos (El Decreto Ley 154 de 2017 y Decreto Ley 898 de 2017) medidas de Seguridad para el Ejercicio de la Política (Decreto 895 / 2017) y política pública de prevención de violaciones a los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad de personas, grupos y comunidades (Decreto 1581/2017)

El nuevo marco normativo derivado del Acuerdo de Paz también apuntaba, entre otras cosas, al fortalecimiento institucional del Ministerio Público, particularmente a la Defensoría del Pueblo, quién ha cumplido una importante labor en el monitoreo de la situación en territorio a través del sistema de alertas tempranas (Decreto 895/2017), avance parcial que se encuentra en grave riesgo debido a la situación denunciada recientemente por el sindicato de la entidad quien manifiesta su preocupación tras las amenazas de muerte contra tres funcionarios quienes tuvieron que desplazarse desde sus lugares de trabajo, situación ante la cual, el sindicato reprocha el silencio del Defensor del Pueblos Carlos Negret.

Nada nos hace pensar hoy que el Acuerdo de Paz se cumpla y que se acuda a un enfoque más amplio de protección a los defensores de Derechos Humanos, por el contrario veremos un incremento de las estigmatizaciones, judicializaciones y medidas represivas ante lo que el gobierno llama “vandalismo”, “polarización”.

Ante este panorama esperamos que la visita del Relator Especial de las Naciones Unidas evidencie la real situación por la que atraviesa Colombia en este aspecto, y ejerza presión internacional al “gobierno de Duque” para llevar los riesgos de los Defensores de Derechos Humanos a un nivel manejable que permita la acción social y política.

 

 

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