La defensa indígena y la protección del jaguar marcan la agenda del COP14

La Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica (COP14) trata de buscar soluciones en pro de la biodiversidad y la protección animal de cara a mejorar las predicciones de cara a 2020

El pasado 18 de noviembre arrancó la Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica (COP14) en la localidad egipcia de Sharm el Sheij. En su nueva edición, trata de hacer realidad el lema "Invertir en biodiversidad por la gente y el planeta" con la vista puesta en los objetivos de diversidad biológica fijados para el año 2020.

El secretario de Estado de Medioambiente, Hugo Morán señaló que ha trasladado a la secretaria de la Convención Mundial de Biodiversidad, Cristina Pasca Palmer, la necesidad de que la comunidad científica intervenga y sea escuchada en materia de biodiversidad, para lograr mayores avances y que los ciudadanos deben también incorporarse al debate, según recoge Europa Press.


"Igual que ha sido fundamental la aportación del Panel de Cambio Climático (IPCC) a la lucha contra el cambio climático, la aportación científica debe contribuir a frenar la pérdida de biodiversidad", manifestó Morán, que insiste en que es "imprescindible" situar la cuestión en el centro de la agenda política para que en dos años se puedan presentar en la Cumbre de Pekín de 2020 objetivos ambiciosos.


Cristina Pasca Palmer recordó que, de aquí a dos años, hay que alcanzar las denominadas metas de Aichi, incluidas en el Plan Estratégico del CBD 2011-2020, al mismo tiempo que se crea un nuevo marco para la biodiversidad de cara a la siguiente década, durante la cual habrá que invertir la tendencia en “la pérdida de biodiversidad” antes de 2030.
Las peticiones de los indígenas de Amazonas


Los indígenas de la Amazonía presentaron una iniciativa en la COP14 para que los Gobiernos paguen a los pueblos nativos por la conservación de los ecosistemas.


La iniciativa pretende que los Gobiernos, Naciones Unidas y los fondos multilaterales asignen recursos financieros a los pueblos indígenas de forma directa para proteger la biodiversidad, según el director de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica), Tuntiak Katan, en declaraciones a EFE.


"Los pueblos indígenas están demostrando que son más eficientes en la conservación de la biodiversidad. Necesitamos recursos para hacer una mejor administración al servicio de todos", afirmó Katan desde Sharm al Sheij.


El día del jaguar


En su apuesta por defender la biodiversidad, quedó instaurado el 29 de noviembre como Día Internacional del Jaguar. Con este proyecto se busca fortalecer un corredor de protección en el continente americano para el año 2030. Se trata de un compromiso global de los siete países de Centroamérica y los doce de Sudamérica.


"El Plan Jaguar 2030 representa el tipo de alianzas innovadoras esenciales para alcanzar las Metas de Desarrollo Sostenible", comentó Midori Paxton, líder de Biodiversidad y Ecosistemas en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).


Además de la COP14 también arrancó el noveno encuentro de las Partes del Protocolo de Cartagena (COPMOP9) y el tercero del Protocolo de Nagoya (COPMOP3), que transcurren en paralelo a la conferencia principal, junto a otras reuniones a nivel ministerial y sobre temáticas diversas, que se desarrollarán hasta el próximo 29 de noviembre en el Centro de Conferencias de Sharm el Sheij.

 

madrid
24/11/2018 11:17 Actualizado: 24/11/2018 11:17

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Así es la normativa de bienestar animal más avanzada del mundo

La región de Valonia, en Bélgica, ha aprobado una amplia ley de protección y defensa animal que incluye la videovigilancia en mataderos, la prohibición de los circos y las jaulas para gallinas o límites a su uso en la experimentación científica.

El Parlamento de la región de Valonia, en Bélgica, aprobó el pasado 3 de octubre el Código de Bienestar Animal, una amplísima ley de protección y defensa animal que se ha ganado la reputación de ser una de las más avanzadas del mundo. En 12 capítulos y 109 artículos, la nueva normativa (la anterior databa de 1986) acepta a los animales —no sólo los domésticos— como "seres sensibles con necesidades específicas según su naturaleza" y desarrolla avanzados derechos para los mismos en la tenencia, explotación, comercialización, matanza o experimentación científica.


Además, la ley valona contempla sanciones sin precedentes para el maltrato animal, con penas de entre 10 y 15 años de cárcel y multas de hasta 10 millones de euros para los delitos más graves. Incluso para los casos que no terminan en un proceso judicial, la administración de la región puede imponer una multa administrativa de entre 50.000 y 100.000 euros. En España, el delito de maltrato animal —que fue reformado y endurecido en 2015— contempla penas máximas de 18 meses de prisión.


Licencia para poseer animales


Quizás una de las novedades más destacadas es la que impone un permiso o licencia para la tenencia de animales. La norma permite que cualquier ciudadano disponga de un permiso automáticamente y sin necesidad de un proceso formal, pero la administración o los tribunales podrán retirárselo si lo consideran conveniente. Será también obligatorio el registro de todos los perros y gatos, por el que se realizará un pago que será destinado a un fondo contra el abandono y el maltrato, que recibirán los refugios y protectoras. La comercialización con animales no registrados estará prohibida, así como su venta o regalo a menores.


Videovigilancia en los mataderos


Como ya se legisló en Inglaterra, en Valonia todos los mataderos deberán contar con videovigilancia para verificar que en las instalaciones se respetan las normas de bienestar animal. Además, todos los animales deberán ser sacrificados con anestesia o aturdimiento previo, a excepción de las actividades de caza y pesca, control de plagas, fuerza mayor o controles de población para la conservación de la naturaleza. Para el sacrificio de animales conforme a ritos religiosos como el halal o el kosher —que requieren que el animal esté vivo— también será necesario el aturdimiento, aunque este podrá ser reversible y no podrá suponer la muerte del animal.


Límites a la experimentación con animales


Los animales destinados a experimentación científica también están contemplados dentro de la nueva norma. Se prohíbe la experimentación con animales salvo las destinadas a la investigación para la salud humana y animal. Aún así, sólo se permitirán los experimentos que formen parte de un proyecto autorizado por una comisión ética. Además, se creará un comité específico para la protección de los animales destinados a experimentación.


Prohibidos los circos y las gallinas enjauladas


El código regula y prohíbe toda una serie de actividades hasta entonces permitidas. Por ejemplo, los circos no podrán usar ningún animal no doméstico en sus funciones y se prohíbe la instalación de jaulas para la crianza de gallinas ponedoras. Pero tampoco estarán permitidas las peleas organizadas, las prácticas de tiro con aves, las atracciones como los caballitos de feria, cegar a las aves cantoras para mejorar sus habilidades vocales, recoger pelos o plumas de animales vivos, teñir o colorear a un animal, excitar o provocar su ferocidad, imponerles una sobrecarga de trabajo que exceda su capacidad natural, regalar animales como parte de un premio o donación y enviarlos por correo, entre otras

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El transporte de animales, regulado


La norma prohíbe la retención de algunos animales, entre los que se incluyen los cetáceos. Además, también se regula el transporte de animales, que no podrá exceder las 8 horas de duración y deberá hacerse en unas condiciones que eviten el sufrimiento de los mismos.

 

31/10/2018 10:00 Actualizado: 31/10/2018 10:00
LUCÍA VILLA
@Luchiva

 

 

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“Es difícil recuperar las neuronas de la memoria; es mejor evitar que mueran”

"Mi GPS cerebral tiene problemas hoy", se ríe la científica noruega May-Britt Moser (Fosnavåg, 1963) como comentario a la jornada llena de encuentros y desplazamientos que la Fundación AstraZeneca le ha organizado en Madrid –y en la que se incluye esta entrevista–. La referencia a los sistemas de navegación y ubicación es un chiste autorreferenciado: Moser, su exmarido (entonces aún casado con ella), Edvard Moser y el estadounidense John O’Keefe compartieron en 2014 el premio Nobel por sus trabajos en las células del cerebro que sirven a las personas para orientarse.

Los trabajos premiados son de hace unos 12 años, pero la investigadora sigue trabajando en el mismo campo. Con un añadido: "Hemos encontrado, en un área hermana del cerebro, las células que determinan cómo se percibe el tiempo, por qué a veces pasa volando y a veces parece eterno", explica.


Moser recalca que su laboratorio se dedica a la ciencia básica, la que, si todo va bien, acabará llegando al uso clínico. Pero, aunque no es su objetivo primordial, no descarta entrar en disquisiciones acerca de la utilidad de sus descubrimientos. "Estudiamos un área muy importante para la navegación espacial del hipocampo", la zona del cerebro donde ha localizado las neuronas relacionadas con la ubicación y el tiempo. Es una región "fundamental en el ser humano, y cuando estas células mueren se pierden funciones".


La médica no cree que aspectos tan básicos para el individuo puedan recuperarse fácilmente. La realidad en los hospitales de medio mundo lo confirma. Cuando una persona tiene alzhéimer, por ejemplo, no se ha encontrado la manera de que vuelva a recordar lo que ha olvidado. Por eso “es difícil recuperar las neuronas de la memoria; es mejor evitar que mueran”, afirma. No cree que la plasticidad del cerebro, su capacidad para sustituir unos circuitos perdidos por otros, vaya a ser de gran utilidad en deterioros de funciones tan básicas. "Si no sabemos por qué mueren no podemos actuar", concluye.


Pese al cansancio, Moser comenta con entusiasmo su visita. Especialmente los diversos encuentros con jóvenes que ha mantenido. "Mi mensaje es que hay que trabajar para explicar cómo el cerebro elabora los recuerdos episódicos [de un hecho concreto]. Por qué, cómo y cuándo se recuperan esas memorias". Aunque a veces ha recibido en esos encuentros comentarios muy desconcertantes. "Como esos jóvenes que se me acercaron esta mañana y me dijeron: ‘Vaya, si eres un ser humano", cuenta divertida. Pero lo valora: "Si me ven como un ser humano ya saben que ellos también pueden llegar a hacer lo que aman".


En el caso de esta científica (ellas son el 5% de los galardonados con el Nobel), el premio no le ha alterado demasiado la vida. Hubo ofertas –"y presiones", admite– para que dejara el laboratorio de Trondheim, en el medio de Noruega, donde trabaja. También la solicitan mucho para que acuda a eventos –"pero nunca hago algo que no quiera", afirma–. "Seguramente me llaman más que a mi exmarido, probablemente porque soy mujer", dice, "y eso que él es más amable".


Se ve en el mismo sitio, investigando, los próximos 10 años. Trabajando, y sacando a su perro. Aunque sus dos hijas, ya mayores, han dejado la casa, no se siente sola. "Cuando tienes un perro no hay ocasión para aficiones. Lo saco por lo menos dos veces al día, y le dedico mucho tiempo". El frío no le impide salir a la calle con su mascota. "En Noruega decimos que no hay un tiempo malo, que lo que hay es ropa mala. Yo me abrigo, y el perro, también".

 

Por Emilio de Benito

Madrid 28 SEP 2018 - 13:32 COT

 

Primer tratado jurídicamente vinculante del mundo para proteger las aguas internacionales

La vida en la Tierra depende directamente de los océanos, pero éstos cada vez se encuentran más amenazados por diferentes impactos antrópicos y el cambio climático

 

La ONU y una negociación histórica


La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha iniciado negociaciones de un tratado jurídicamente vinculante para conservar y proteger casi dos tercios de los océanos, en el marco de lo que se considera la mayor oportunidad de esta generación para cambiar el rumbo del deterioro y la pérdida de diversidad biológica del mar.


Los efectos de la sobrepesca, la pesca Ilegal no Declarada y no Reglamentada (INDNR), el cambio climático, la minería de los fondos marinos y el transporte marítimo, continúan afectando negativamente a la biodiversidad en aguas internacionales o Alta Mar poniendo en riesgo de impactos irreversibles a todas las especies, incluida la humana.


A través de la ONU, los estados discutirán sobre cómo crear, proteger y conservar la biodiversidad marina en Áreas F u era de la Jurisdicción Nacional (AFJN), conocidas comúnmente como la alta mar . Cerca del 50% del planeta está cubierto por Alta Mar y actualmente no cuenta con un marco regulatorio legal para la conservación de importantes especies.


Estas aguas internacionales, fuera de cada jurisdicción nacional, son las que se extienden más allá de las 200 millas marinas de la costa ( fuera de la Zona Económica Exclusiva ZEE); incluye también la Zona de mar profundo definida en la Parte XI de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CDM, o también CONVEMAR o CNUDM), que es el fondo oceánico profundo situado más allá de las plataformas continentales de los Estados ribereños, y que constituyen dos tercios del total de las aguas de mares y océanos y la mitad del planeta Tierra.


Por sorprendente que resulte, no existe ninguna legislación que salvaguarde diversidad biológica marina ni su papel vital en la prestación de servicios, tales como la generación de oxígeno y la regulación del clima.


La Alianza de Alta Mar (High Seas Alliance-HSA),formada por más de 400 ONGs y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN por sus siglas en inglés), asevera que, "La Alta Mar es vital para el funcionamiento del océano entero y de toda la vida en la Tierra”; dicha Alianza fue creada en 2011 para proteger la biodiversidad de las aguas de Alta Mar, destaca el papel clave del océano en cuanto a mitigar el cambio climático, que incluye la absorción de un 90% del calor adicional y de un 26% del exceso de dióxido de carbono creado por fuentes humanas. Según esta alianza de organizaciones, "Gestionar los múltiples factores de estrés añadidos que se ejercen sobre el océano, permitirá aumentar su resiliencia ante el cambio climático y la acidificación, y protegerá ecosistemas marinos únicos en su especie, muchos de los cuales quedan aún por explorar y descubrir. Dado que se trata de aguas internacionales, las medidas de conservación necesarias sólo pueden introducirse a través de un tratado global".


Se abordará además el desarrollo del marco jurídico necesario para la realización de Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) en esta zona, con miras a prevenir un potencial daño ambiental producto de las actividades humanas.


Por otro lado, los Estados negociarán sobre el reparto de beneficios en temas como el descubrimiento de Recursos Genéticos Marinos (RGM) que podrían ofrecer nuevos usos farmacéuticos y alimenticios, entre otros.


Las negociaciones incluirán también temas de creación de capacidad y transferencia tecnológica en países en desarrollo dentro del ámbito de alta mar.


Actualmente, media docena de países (China, Taiwán, Japón, Indonesia, España y Corea del Sur ) se reparten el grueso de la pesca en alta mar, a través de compañías apoyadas en muchos casos por importantes subsidios públicos.


Según un estudio liderado por la Universidad de la Columbia Británica canadiense, las capturas en alta mar tienen un gran impacto, dados los enormes barcos y cantidades de combustible necesarios. Los autores del informe aseguran que cerrar las aguas internacionales a la pesca permitiría reponer muchas especies y, como consecuencia, aumentar en un 18 % las capturas costeras.


El profesor Alex Rogers de la Universidad de Oxford, que ha proporcionado evidencia para fundamentar el proceso de la ONU de cara a un tratado, afirmó: “La mitad de nuestro planeta consistente en alta mar está protegiendo la vida terrestre frente a los peores impactos del cambio climático. Y a pesar de ello, estamos haciendo muy poco para salvaguardarla o para proteger la vida dentro del océano, intrínseca a nuestra supervivencia colectiva. Proteger la biodiversidad de la alta mar, implantando la buena gobernanza y la ley en el océano entero, es sin duda lo más importante que podemos hacer para cambiar el rumbo del corazón azul de nuestro planeta”.


Conclusión


La ciencia es clara: necesitamos proteger al menos el 30 % de nuestros océanos para 2030. La vida nació en el mar, que no muera en él, mucho depende del resultado de las negociaciones en los próximos dos años.
Fuente: ONU/AAPN


Norberto Ovando es Presidente de la Asociación Amigos de los Parques Nacionales (AAPN). Experto Comisión Mundial de Áreas Protegidas (WCPA) y de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN). Marilina Scarlata es Directora de Comunicaciones de la AAPN y comunicadora científica especializada en Enseñanza de Ciencias Naturales. Trabaja en la Universidad Nacional de Comahue y en Ministerio de Educación de Chubut.

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Fracasa propuesta de crear un santuario para ballenas

La Comisión Ballenera Internacional (CBI) rechazó ayer una propuesta para crear una zona de protección para ballenas en el Atlántico sur en una crucial conferencia del organismo en Florianópolis, en el sur de Brasil.

Pese a contar con el apoyo de 39 naciones, la ambiciosa propuesta presentada por el país anfitrión fracasó debido a 25 votos en contra de los 67 participantes, según informaron varias organizaciones ecologistas.


La propuesta necesitaba al menos dos tercios del pleno para ser aprobada, según los estatutos de la CBI. Tres países se abstuvieron al votar el pedido, impulsado sobre todo por Japón, Noruega e Islandia, países con fuerte industria pesquera.


“El olor a podrido de los antiguos tiempos de la caza de ballenas flota empecinadamente sobre la CBI”, reclamó Thilo Maack, experto de Greenpeace. “De otra forma no se puede explicar que la comisión no haya podido otra vez pronunciarse a favor de una zona de protección en el Atlántico Sur”, agregó.


“Detrás de esta enorme decepción está un pequeño grupo de países que hacen todo por volver a matar ballenas en el ámbito comercial”, criticó.


La propuesta para fundar un santuario de ballenas fue introducida por Brasil, que se beneficia del llamado turismo ballenero para el avistamiento de cetáceos en el océano y promueve la creación de esa zona de protección desde hace 22 años.


Reunión crucial


Este año el pedido es contrapropuesta a una solicitud de Japón para levantar la moratoria a la caza de ballenas, que rige desde hace 32 años. La cita en Florianópolis es considerada crucial por la posibilidad de que caiga esa prohibición.


“Esperamos que los países solicitantes (de la zona de protección) no se dejen desalentar por el voto destructivo de algunos estados dentro del CBI y que empiecen a ejecutar el plan de forma regional”, comentó Nicolás Entrupp, de la organización ecologista OceanCare.


Japón, Noruega e Islandia son los tres únicos países que aún cazan ballenas a gran escala. La CBI debe decidir sobre la propuesta de Japón esta semana. La conferencia anual empezó el lunes y termina el viernes.

Sábado, 18 Agosto 2018 07:36

Elizabeth

Elizabeth

Se llamaba Elizabeth y tenía mucho por delante. Ya era madre. No hace falta indagar demasiado en las condiciones en las que vivía cuando una se entera que el aborto fue practicado con el tallo de un perejil. Así son muchos, muchísimos de los abortos que todavía se practican en la clandestinidad y a los que recurren mujeres rodeadas de una nube de la desesperación. Con perejil, con cucharitas de trago largo, con perchas de alambre desarmadas. Hay miles de mujeres que ni siquiera llegan al consultorio del médico abortero, muchísimas menos al acceso de prácticas abortivas con pastillas a las que podrían acceder. Están en otro tiempo, y por eso no acceden. Están detenidas, en el doble sentido invisible de esa palabra.


Están detenidas en el tiempo, y mueren como han muerto mujeres hace décadas y en siglos pasados, porque este mundo no sólo está dividido en clases, sino que a cada clase le corresponde una fase del tiempo histórico. Y están detenidas porque a pesar de que muchas de ellas viven en pretendidas democracias, son prisioneras del tiempo al que fueron confinadas por el patriarcado y el capitalismo, que hoy copulan en una nueva versión de obscenidad. Muchas mujeres y hombres en el mundo, en esos países de los que vienen los migrantes, huyen del pasado que se les hizo carne, esclavitud, abuso, tortura, persecución, pérdida, desorientación. La precarización de la vida es una manera de decir que esas personas han quedado detenidas en un tiempo en el que la idea de “seguridad” ni las comprende ni las alcanza. Han sido excluidas también de eso.


Elizabeth era una más de lxs condenadxs. Como ella hubo millones que nadie vio y nadie recuerda. La muerte de Elizabeth sólo cobra su dimensión porque hoy se rompió el velo y podemos ver una escena insoportable. Pero cuando se abre el punto de mira es este mundo así como es y así como va el que no se puede soportar. Con las enormes mayorías de las poblaciones detenidas en el tiempo, consideradas sobrantes de la especie, mano de obra sin alma, masa informe y sin nombre que debe seguir aplastada en Africa o en el subsuelo de una mansión británica. Arriba o en el norte, abajo o en el sur, el cinco por ciento de quienes están vivos están absolutamente convencidos de que son ellos los únicos que tienen derecho a todo, y que es de débil y estúpido preocuparse por el otro. La dominación se exacerba, hoy, y se lleva a cabo confinando a cada sector en una franja diferente de tiempo. Porque ellos no sólo gobiernan los países, dirigen las iglesias, son miembros de organismos internacionales. Ellos se apoderaron de la llave del presente.


Millones de seres humanos hoy viven en condiciones que podrían ser las de dos o tres siglos atrás. Mientras en el presente, que es el tiempo en el que gira el mundo, en el que se escriben y leen los diarios, que se ve televisión, que todo se vuelve robótico y sobretecnologizado, el tiempo en el que la medicina y la hotelería y la gastronomía y la publicidad y el espectáculo exaltan la velocidad y la compra del último modelo de cualquier cosa, millones de seres humanos, muchísimos más que los que tienen acceso al presente, deslizan sus vidas por un tiempo ido del que nunca pudieron despegarse o al que llegaron por descenso social. Sin cloacas, sin electricidad, sin educación, sin cena, sin desayuno, sin intimidad, sin seguridad, sin dientes.


En este sentido, la lucha por el aborto legal para no morir es un impulso extraordinario por tirar entre millones de personas de la soga para sacar a otros millones de personas del pasado. La reacción, los reaccionarios, ya llegan y se instalan. Con los provida ha llegado un nuevo tipo de violencia que puede volverse compleja y ante el que hay que estar alertas. Porque la inercia del poder siempre ha sido manipular y disciplinar para mantenerse en la captura del presente, y prometer cualquier cosa para el futuro, siempre para más adelante, siempre otro semestre, otra década. La dominación, así, es la manipulación del tiempo: detienen a millones en el pasado y les prometen cosas para el futuro. Mientras tanto, en el presente, que es lo único real, ellos se quedan con todo. El peronismo les resulta repulsivo porque precisamente una de sus premisas es darles dignidad ya, ahora, y permitirles el ingreso no sólo a un sistema sino al tiempo que comparten con el resto de la sociedad.


Nosotros tenemos esta vida que Elizabeth ya no tiene porque no pudo llegar al presente y como tantas, recurrió a lo que pudo, a “lo que le correspondía”. Nosotros tenemos esta vida y nada más. Si nos quitan el presente nos quitan todo, como les han quitado todo, desde el principio de los tiempos, a los que finalmente creyeron que así eran las cosas. El coloniaje, el vasallaje, la esclavitud, la supremacía racial o de género. No. Las cosas no son así. Las cosas fueron hechas, talladas, construidas así por los que se quedaron con el presente.


Las cosas no son así. Los abortos en el presente no se hacen con perejil. Mueren las que han quedado detenidas, doblemente detenidas en el tiempo ya ido y en la imposibilidad de decidir sobre sus cuerpos. Nunca cuando hay una muerte evitable las cosas son así. En este caso, las cosas podrían ser diferentes si por ejemplo hubiera menos hipócritas y cínicos dedicados a la política y ocupando bancas en el Senado.

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Por una prensa libre: la lucha de Emilio Gutiérrez Soto para obtener asilo en EE.UU.

El periodista mexicano Emilio Gutiérrez Soto, quien tuvo que huir de su país para no ser asesinado, acaba de ser liberado de un centro de detención de inmigrantes en Texas. En diciembre del año pasado fue detenido junto a su hijo Oscar por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidense (ICE, por su sigla en inglés), dos meses después de recibir un galardón del Club Nacional de Prensa de Estados Unidos, evento en el que denunció públicamente el proceso de solicitud de asilo. La semana pasada, un juez federal ordenó la liberación de Emilio y Oscar e indicó que las pruebas sugerían que Emilio había sido blanco del ICE por sus denuncias. El caso de Gutiérrez Soto es representativo de la crueldad de las políticas del presidente Donald Trump contra los inmigrantes y solicitantes de asilo, así como del desprecio cada vez más violento de Trump hacia la libertad de prensa.

En 2005, Emilio escribió una serie de artículos que documentaban casos de corrupción en el ejército mexicano en su estado natal de Chihuahua. Se negó a dejar de informar sobre estos casos y, en 2008, recibió una llamada urgente de una amiga que había oído que Emilio estaba a punto de ser asesinado. Emilio agarró los documentos necesarios para viajar y huyó a la frontera con Estados Unidos junto con su hijo de 14 años. Emilio y Oscar estuvieron detenidos durante varios meses a su llegada y fueron liberados recién cuando su solicitud de asilo se abrió paso a través de un largo proceso. En declaraciones durante la ceremonia de premiación en el Club Nacional de Prensa en octubre de 2017, Emilio dijo: “En el 99% de los casos de asesinato, desapariciones y exilios es el dolor constante en nuestras familias. Doña Impunidad no nos ha dejado de la mano. Mientras la Justicia, Doña Justicia, se prostituye acompañada del Estado para rematar la libertad de expresión. Quienes buscamos asilo político en países como este nos enfrentamos con la cerrazón de autoridades migratorias que regatean las leyes internacionales”. Dos meses después, él y Oscar fueron nuevamente arrestados.


El director ejecutivo del Club Nacional de Prensa, Bill McCarren, inmediatamente se puso al frente de la campaña de apoyo a Emilio y Oscar. Se dirigió a El Paso con el congresista demócrata Beto O’Rourke para tener una reunión con el ICE. El abogado principal del ICE local, Elias Gastelo, aconsejó a McCarren “bajar el tono”. McCarren lo interpretó como que deberían realizar su campaña de apoyo a Emilio de manera menos visible.


Durante los siete meses que estuvo detenido en una cárcel del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, Emilio vivió de primera mano la cruel política de mano dura del presidente Donald Trump contra los inmigrantes. El miércoles, pocos días después de que el juez federal de distrito David Guaderrama ordenara su liberación, Emilio expresó en una entrevista para Democracy Now!: “La forma de vida dentro de ese campo de concentración es sumamente dura. Lo que busca la autoridad inmigratoria es acabarte psicológicamente, y estamos tratando de reanudar nuestra vida en libertad, en media libertad, prácticamente”. Emilio relató la angustia que compartió con muchos de los padres detenidos con él, separados de sus hijos y sin saber si volverán a verlos. Más de 700 menores aún permanecen detenidos y separados de sus padres y madres tras haber cruzado la frontera con ellos.


Si bien Emilio se muestra optimista tras la elección de Andrés Manuel López Obrador como nuevo presidente de México, sigue siendo crítico hacia el actual gobierno mexicano: “El Consulado de México en El Paso es una agencia totalmente al servicio del ICE. No protege en lo absoluto los intereses de los mexicanos. El cónsul se vanagloria de ser muy amigo de William Joyce, el director de campo del ICE”.


Si bien Emilio y Oscar ya no están detenidos, todavía siguen bajo la supervisión de la seguridad interna del ICE: “Esperemos que en estos días las autoridades migratorias, en concreto el ICE, nos regrese nuestros seguros sociales, los documentos que nos han sido decomisados, que no nos regresaron hace una semana”. Además de recibir el Premio a la Libertad de Prensa “John Aubuchon” del Club Nacional de Prensa, Emilio también fue premiado con una beca Knight-Wallace para el próximo año académico por la Universidad de Michigan. Se lo espera en el campus de Ann Arbor el próximo 27 de agosto, pero existe el temor de que el ICEretrase la devolución de sus documentos a modo de castigo, lo cual le impediría viajar: “Tenemos ese compromiso moral de nuestra parte, particularmente mi hijo y yo, de crear conciencia, de solidaridad entre los humanos como una forma de fortalecer nuestros pueblos, nuestra educación, nuestra conducta social. Tenemos mucho trabajo que realizar aún. Tengo mucho que escribir”.


Emilio Gutiérrez Soto y su hijo Oscar, que ahora tiene 24 años de edad, merecen recibir asilo político. Emilio podría haber sido otra estadística, uno más entre las decenas de periodistas mexicanos asesinados en el cumplimiento del deber. Pero, al huir a Estados Unidos, logró sobrevivir. La perspectiva que desarrolló tras su difícil experiencia es necesaria ante el nacimiento de una nueva era en México y los prejuicios antiinmigrantes que consumen a la Casa Blanca.

Columna03 DE AGOSTO DE 2018
Traducción al español del texto en inglés: Inés Coira. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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Sábado, 23 Junio 2018 05:55

Los derechos de la naturaleza

Los derechos de la naturaleza

¿Puede un río o una montaña tener derechos? La respuesta proviene de organizaciones sociales, pueblos indígenas y académicos críticos: si tienen derechos las empresas (creación humana que tiene como principal fin el lucro), ¿cómo no va a tener derechos la naturaleza? La Constitución Nacional de Ecuador y la ley nacional de Bolivia contemplan los derechos de la naturaleza. Fallos judiciales de Colombia y normativas de Nueva Zelanda legislaron en el mismo sentido. Y la Universidad Nacional del Litoral inauguró un curso inédito y que interpela el conservadurismo del poder judicial: “Derechos de la naturaleza. Un abordaje teórico, práctico e interdisciplinar”.


En marzo de 2017, el Parlamento de Nueva Zelanda otorgó estatus de personería jurídica al río Whanganui, solicitado por el pueblo indígena maorí. El curso de agua, el tercero más largo del país, tendrá derechos y deberes jurídicos y podrá ser representado en un tribunal por un delegado del Estado y otro del pueblo originario.


“Sé que la reacción inicial de algunos será pensar que es bastante extraño dar personalidad legal a un recurso natural, pero no es más extraño que una fundación familiar, una compañía u otro tipo de sociedad”, señaló Chris Finlayson, ministro para la Negociación de Tratados de Nueva Zelanda.


“Yo soy el río y el río es yo”, explican desde la cultura maorí, difícil de entender para quienes sólo visualizan a la naturaleza como un recurso económico. Para los pueblos indígenas, la naturaleza tiene derechos desde siempre, pero ahora comienzan a entenderlo desde el poder político.


En mayo de 2017, fue el turno de Colombia. La Corte Constitucional declaró, por primera vez en el país, que un río “es sujeto de derechos” y ordenó su protección y conservación. Se trata del río Atrato, uno de los más extensos del país, que es afectado por la extracción ilegal de oro. La Corte ratificó que el curso de agua es vital para la vida de las comunidades locales e instó al Estado a protegerlo.


Ximena González, vocera del Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna, señaló que la sentencia crea una comisión de “guardianes del río Atrato”, integrada por personas de las comunidades locales y del gobierno nacional. Y establece la creación de una comisión de expertos que asesoren a los guardianes del río que, además de la protección, incluyan un plan de intervención integral para recuperarlo de la contaminación.


El Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna actuó en representación del Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular Campesina del Alto Atrato (Cocomopoca), el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato (Cocomacia), la Asociación de Consejos Comunitarios del Bajo Atrato (Asocoba) y el Foro Inter-Étnico Solidaridad Chocó (Fisch).


“Es un fallo muy importante, histórico para Colombia, porque por primera vez se le da un lugar a los derechos de la naturaleza, en particular a un río”, destacó la vocera del Centro de Estudios. También existen fallos judiciales en Ecuador e India.


La Constitución de Ecuador reconoce los derechos de la naturaleza en el artículo 71: “La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza”.


En Bolivia fue sancionado por ley en diciembre de 2010. El artículo 1 señala: “La presente ley tiene por objeto reconocer los derechos de la Madre Tierra, así como las obligaciones y deberes del Estado Plurinacional y de la sociedad para garantizar el respeto de estos derechos”. Cuenta con diez artículos. Establece que la Madre Tierra tiene derecho a la vida, al agua, al aire limpio, al equilibrio, a la restauración, a vivir libre de contaminación,


En Argentina, el senador Pino Solanas presentó un proyecto de ley en el mismo sentido. “El ejercicio de los Derechos de la Naturaleza requiere del reconocimiento, recuperación, respeto, protección, y diálogo de la diversidad de sentires, valores, saberes, conocimientos, prácticas, habilidades, trascendencias, transformaciones, ciencias, tecnologías y normas, de todas las culturas que buscan convivir en armonía con la Naturaleza”. Crea la “defensoría de la naturaleza”, cuya misión es velar por la “vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los Derechos de la Naturaleza”. Fue presentado en 2015 y no tuvo tratamiento en el Congreso Nacional. Fue presentado nuevamente en 2017 y aún no tuvo giro en la Comisión de Asuntos Constitucionales.


La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral (con sede en Santa Fe) sacudió el conservadurismo de la formación judicial con el curso “Derechos de la naturaleza. Un abordaje teórico, práctico e interdisciplinar”. El objetivo general es “contribuir desde una perspectiva teórica, práctica e interdisciplinar al debate y reflexión sobre una de las respuestas que, desde América Latina, se viene construyendo en relación al problema ambiental en los últimos años: el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derecho, dentro del marco de modelos que se presentan como alternativos al capitalismo bajo la idea de ‘buen vivir’, ‘vivir bien’”.


Con una carga horaria de 240 horas (un promedio de 30 horas mensuales), a cargo de la docente e investigadora del Conicet Valeria Berros, se explica que se trata de un proceso iniciado en Ecuador y Bolivia, con avances en Brasil, Argentina y México, y con debates en el mismo sentido en Naciones Unidas.


Entre los objetivos específicos sobresale la necesidad de “extender la subjetividad jurídica más allá de los seres humanos”.


“El curso es importante porque permite ver que el derecho a un ambiente sano o la regulación sobre los recursos naturales no son la única manera que existe para pensar en el problema ecológico. Si bien ambas perspectivas han asumido un rol preponderante en las últimas décadas, lo cierto es que los problemas se agravan y, por ello, reviste aún más relevancia indagar en otras traducciones jurídicas presentes en la diversidad de sociedades y cosmovisiones, sobre todo aquellas que discuten el antropocentrismo”, explicó Berros. Una mirada que interpela la idea hegemónica del ser humano como el centro, y fin absoluto, de todo.


Por otro lado, la docente e investigadora destacó que el nuevo enfoque implica muchas disciplinas: “Cada vez es más visible que el derecho no puede seguir sólo mirándose a sí mismo, por el contrario, necesita comenzar a dialogar con otros saberes, no sólo aquellos institucionalizados como parte de las ciencias naturales, las humanidades y las ciencias sociales, sino los provenientes de movimientos de lucha, pueblos indígenas, profesionales de la salud desplegados en el territorio”.

Por Darío Aranda (Argentina, 1977), periodista. Especializado en extractivismo (petróleo, minería, agronegocios y forestales) escribe sobre el acontecer de los pueblos indígenas, organizaciones campesinas y asambleas socioambientales. Blog personal: www.darioaranda.com.ar

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Martes, 06 Marzo 2018 06:48

El ambiente sano es un derecho

El ambiente sano es un derecho

Por primera vez, la Corte Interamericana vinculó el cuidado del medio ambiente con los derechos humanos. El máximo tribunal americano sostuvo que los estados están obligados a respetar y garantizar estos derechos.

 

Agua sin cianuro de minería, aire sin agrotóxicos, lagos sin hidrocarburos, ríos sin contaminación de pasteras: un ambiente sano, entendido como parte de los derechos humanos. Así lo exigen desde hace décadas asambleas socioambientales, campesinos e indígenas. En una medida inédita, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) acaba de expedirse en línea similar: afirmó que existe una “relación innegable entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos humanos”. El máximo tribunal destacó que los Estados deben respetar y garantizar estos derechos humanos y que tiene la obligación de evitar los daños transfronterizos.


La Corte IDH es el órgano judicial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y tiene como objetivo aplicar la Convención Americana sobre Derechos Humanos (que entró en vigencia en 1978) y los convenios sobre la temática. En febrero emitió una resolución inédita mediante su “opinión consultiva OC-23/17”, donde destacó la relación de interdependencia e indivisibilidad que existe entre los derechos humanos, el medio ambiente y el desarrollo sostenible. “Por primera vez la Corte Interamericana desarrolló el contenido del derecho al medio ambiente sano”, destacó el comunicado oficial.


La Corte determinó que los Estados deben “prevenir los daños ambientales significativos, dentro o fuera de su territorio, lo cual implica que deban regular, supervisar y fiscalizar las actividades bajo su jurisdicción, realizar estudios de impacto ambiental, establecer planes de contingencia y mitigar los daños ocurridos”.


En un aspecto contemplado por la Ley General del Ambiente de Argentina (25.675), abordó el principio precautorio (ante la posibilidad de perjuicio ambiental es necesario tomar medidas protectoras). La Corte Interamericana instó a los estados a “actuar conforme al principio de precaución frente a posibles daños graves o irreversibles al medio ambiente, que afecten los derechos a la vida y a la integridad personal, aún en ausencia de certeza científica”.


También llamó a garantizar el acceso a la información sobre posibles afectaciones al medio ambiente, exigió que se cumpla el derecho a la participación pública de las personas en la toma de decisiones y políticas que pueden afectar el medio ambiente.


Valeria Berros pertenece al Centro de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad del Litoral y del Conicet. Se especializa en derecho ambiental. “La medida de la Corte es muy importante porque es la primera vez que se dedica a desarrollar el contenido del derecho a un ambiente sano que forma parte de la Convención Americana de DDHH”, explicó.


Berros, que también integra la ONG Capibara, destacó la importancia de las referencias respecto al acceso a la información, la participación pública en materia ambiental y la justicia ambiental. “Es central la referencia al principio de precaución, de prevención y de cooperación entre los estados para la tutela del ambiente. Esto último es muy importante por las actividades extractivas, cuando se trata de ecosistemas compartidos entre países”, afirmó.


Organizaciones sociales, ONG, pueblos indígenas y abogados especializados explican desde hace décadas que las luchas referidas al extractivismo no son sólo ambientales, sino también acciones por los derechos humanos. Aún así, es muy difícil que los organismos de derechos humanos de Argentina tomen el tema (a excepción de Serpaj) como tampoco lo abordan las ONG internacionales de DDHH (salvo acciones puntuales).


Darío Avila, abogado cordobés que acompaña las luchas de pueblos fumigados con agrotóxicos, hizo una lectura detallada de las 102 páginas del escrito de la Corte IDH y destacó “la asociación directa e ineludible entre derechos humanos y medio ambiente”. Ejemplificó que, en palabra de la Corte, “la degradación ambiental afecta otros derechos humanos”. Cuando se afecta el ambiente se ven “especialmente vulnerados el derecho a la vida, a la salud, al agua, a la alimentación, a la vivienda y a la cultura”.


El abogado cordobés destacó que el mismo tribunal aclaró que los alcances de la decisión judicial van más allá del caso específico (Colombia), “debe ser aplicado en todos aquellos conflictos ambientales con obligaciones estatales en materia ambiental y de derechos humanos fundamentales”. Avila explicó que, en el escrito de la Corte, se hace especial mención a que la afectación al medio ambiente genera conflictos violentos que vulneran el derecho a no ser desplazados e incluso ponen en jaque el derecho a la paz.


La “opinión consultiva” (nombre técnico de la resolución de la Corte) surgió por una solicitud del estado colombiano en marzo de 2016 en un caso referido a la región del Gran Caribe y los estados ribereños.


Otro punto que destacó la Corte es que los Estados tienen la obligación de evitar los daños transfronterizos. Las organizaciones socioambientales hace años que exigen tener presente ese punto: en Argentina podría aplicar en el caso de las pasteras con Uruguay, la minería en la Cordillera, las fumigaciones con agrotóxicos y la contaminación de ríos compartidos, o las represas junto a Brasil y Paraguay, entre otros.


La Corte Interamericana recordó que, conforme al derecho internacional, cuando un Estado es parte de un tratado internacional (como la Convención Americana), la obligación es para todos los órganos de Estado, incluidos los poderes Judicial y Legislativo.

Por Darío Aranda
Página 12

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'Ni un pozo más': Ecuatorianos dicen 'No' a la extracción petrolera en el Amazonas

Se ampliará la zona intangible, libre de extracción de cualquier tipo, incluyendo la petrolera, dentro del Parque Nacional Yasuní.

 

El pasado domingo 4 de febrero, los ecuatorianos se pronunciaron a favor de reducir el área de extracción petrolera y ampliar la zona protegida en el Parque Nacional Yasuní, ubicado en la región amazónica ecuatoriana.

 

Los ciudadanos respondieron de forma positiva a la pregunta 7 de la consulta popular, que convocó el presidente Lenín Moreno. La interrogante era: ¿Está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas? Los resultados fueron claros: el 67,3 % dijeron 'Sí' y solo el 32,7% que 'No' (con el 99,62 % de las actas procesadas por el Consejo Nacional Electoral —CNE—).

 

En las provincias donde se encuentra el Yasuní, que son Pastaza y Orellana, el resultado a favor del 'Sí' fue aún mayor: en la primera, el 83,36 % de los votantes dieron su afirmación a la pregunta; y en la segunda, lo hicieron el 75,48 %.

 

El Yasuní, Reserva de la Biosfera

 

El Yasuní es una de las zonas más biodiversas del planeta, con más de 2.100 especies de flora identificadas, aunque se estima que son más de 3.000; y unas 598 especies de aves, unas 200 de mamíferos, 150 de anfibios y 121 de reptiles. El parque se creó en 1979, abarcando un área de 1.022.736 hectáreas, y 10 años después, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) declaró a ese territorio como Reserva de Biosfera.


El Yasuní, además de ser el albergue de una gran biodiversidad, es el hogar de varias etnias indígenas: Waorani, Shuar, Kichwa, Tagaeri y Taromenane, estas dos últimas son pueblos en aislamiento voluntario. En 1999 se creó, por decreto del entonces presidente Jamil Mahuad, la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane (ZITT); no obstante, fue durante el mandato de Alfredo Palacio (2005-2007) que se delimitó el área, abarcando un total de 758.773 hectáreas, un lugar seguro para los pueblos ancestrales y libre de la extracción de cualquier tipo, incluyendo la petrolera.

 

¿Qué significa y cuál es el alcance de la medida consultada?

La pregunta apunta a dos temas: Ampliar la ZITT y disminuir el área de explotación petrolera.


1.- Ampliar la ZITT


En concreto, a las 758.773 hectáreas protegidas se le sumarán "al menos 50.000", como decía la consulta. El ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, ya adelantó que serán específicamente 62.188 hectáreas adicionales.


Grupos ecologistas, entre ellos YASunidos, llamaron a votar 'Sí' en la reciente consulta, bajo el lema 'Ni un pozo más', aunque reconocieron que había muchos puntos que no estaban bien definidos en el plebiscito sobre este tema. Pedro Bermeo, vocero de YASunidos, señaló que, aunque "no es claro, no dice cuándo, dónde ni cómo", el hecho de que el Estado "reconozca la existencia de los Pueblos Aislados —o más bien pueblos acorralados— es muy positivo para la supervivencia de estos pueblos, más aún ampliar la ZITT".



2.- Reducir la explotación petrolera en el parque


La parte final de la interrogante decía: "reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas".


Se refiere en concreto a las 1.030 hectáreas que la Asamblea Nacional aprobó que fueran espacio para la extracción petrolera en Yasuní, específicamente en el llamado eje Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT), que comenzó a explotarse en 2016, una zona que tiene el 42 % de las reservas de crudo del país. La aprobación se hizo por solicitud del entonces presidente Rafael Correa, luego que no tuviera éxito la iniciativa Yasuní ITT, que buscaba una contribución internacional de 3.600 millones de dólares, percibidos a lo largo de 12 años, a cambio de dejar el crudo de la zona bajo tierra.


Bermeo señala que tienen estudios técnicos basados en los informes de la misma Petroamazonas, que trabaja en la zona, que demuestran que ya están explotadas más de las 300 hectáreas en el Yasuní que propone el gobierno, "por lo que daremos la pelea para que se pare ahí".


"No se sabe si la ampliación de la zona intangible es hacia el norte, sur, este u oeste y tampoco se sabe dónde estarán las 300 hectáreas", dijo, por su parte, Ramiro Ávila Santamaría, abogado, experto en derechos humanos y ambientales, y catedrático de la Universidad Andina Simón Bolívar, quien considera que no hay claridad con lo que pretende el gobierno en el Yasuní.


Mientras, ya se sabe que una comisión técnica integrada por los ministerios de Hidrocarburos, Justicia y Ambiente, será la encargada de evaluar las áreas que serán incluidas a la ZITT, informó el ministro Pérez.

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