El récord más lamentable: 200 defensores de la Tierra asesinados en un año

 El informe de Global Witness muestra que en 2016 aumentó el número de muertes entre los ambientalistas y luchadores indígenas

 


La violencia contra los defensores de la Tierra sigue extendiéndose lamentablemente. En 2016, al menos 200 personas comprometidas con la protección del medio ambiente y los derechos de las poblaciones indígenas fueron asesinadas en diversos puntos conflictivos del planeta, según el informe Defender la Tierra publicado por Global Witness.


“El asesinato de personas defensoras no sólo está creciendo, también se está expandiendo. En 2016 documentamos 200 asesinatos en 24 países, mientras que los 185 asesinatos registrados en 2015 fueron en 16 países”, destaca el informe de esta organización internacional especializada en el seguimiento de conflictos ambientales.


Brasil se mantiene como el país más mortífero según el número de muertes (49), mientras que Nicaragua (11) es el peor lugar per cápita. Durante la última década, Honduras se mantiene como el lugar más peligroso per cápita (127 desde 2007).


La cifra de 200 muertes podría ser incluso superior puesto que existen limitaciones importantes de acceso a información. Además, “los asesinatos representan el extremo de una serie de tácticas utilizadas para silenciar a las personas defensoras, que incluyen amenazas de muerte, arrestos, agresión sexual, secuestros y ataques legales agresivos”, indica este documento publicado a escala mundial por Global Witness el 13 de julio.


“Te amenazan para que te calles. No me puedo callar. No puedo permanecer en silencio frente a todo lo que le está pasando a mi gente. Estamos luchando por nuestras tierras, por nuestra agua, por nuestras vidas.” dijo Jakeline Romero a Global Witness.


Jakeline es una líder indígena colombiana que ha enfrentado amenazas e intimidaciones durante años por manifestarse en contra de los impactos devastadores de El Cerrejón, la mina a cielo abierto más grande de América Latina. El proyecto es propiedad de Glencore, BHP Billiton y Anglo-American, empresas que cotizan en la bolsa de Londres, y ha sido señalado como culpable de la escasez de agua y de desplazamientos masivos. El operador local del proyecto negó haber causado escasez de agua y ha condenado las amenazas sufridas por activistas.


“Estos hallazgos cuentan una historia macabra. La lucha por proteger el planeta se intensifica rápidamente y el costo puede ser cuantificado en vidas humanas. Más personas en más países están quedando sin más opción que plantarse en contra del robo de sus tierras o de la erosión de su medio ambiente. Muy a menudo son brutalmente silenciadas por las élites políticas y empresariales, mientras los inversionistas que las financian no hacen nada”, expresó Ben Leather, encargado de campañas de Global Witness.


En muchos casos, la falta de sistemas judiciales eficientes hace difícil identificar a los responsables de las agresiones y asesinatos, sin embargo, indica el informe de Global Witness, “encontramos evidencia sólida de que la policía y el ejército [de los países respectivos] estuvieron detrás de, al menos, 43 homicidios, y que actores privados como guardias de seguridad y sicarios estuvieron vinculados a 52 muertes”, destacan los autores del informe.


El informe documenta, por ejemplo, que los asesinatos se han triplicado en India, mientras que la brutalidad policial y la represión estatal hacia activistas empeora. América Latina se mantiene como la región más afectada, con el 60% de las muertes.


Casi el 40% de las personas asesinadas eran indígenas, ya que las tierras que han habitado por generaciones son robadas por empresas, terratenientes o actores estatales. Usualmente los proyectos se imponen a las comunidades sin su consentimiento libre, previo e informado, respaldados por la fuerza, pues se sospecha que la policía y los soldados son autores de, al menos, 43 asesinatos. La protesta suele ser el único recurso que se deja a las comunidades que ejercen su derecho a opinar sobre el uso de sus tierras y recursos naturales, enfrentándolas con quienes buscan obtener beneficios a cualquier costo.
Otros datos destacados en el informe:


La minería es la industria más sangrienta, con al menos 33 asesinatos vinculados al sector. Los asesinatos vinculados a las empresas madereras aumentaron de 15 a 23 en un año, mientras que hubo 23 asesinatos relacionados con proyectos de agronegocios.


Los homicidios registrados alcanzaron un máximo histórico en Colombia (37), ya que las áreas que previamente estaban bajo control guerrillero ahora son observadas con codicia por compañías extractivas y paramilitares. Las comunidades desplazadas que regresan son atacadas por recuperar tierras que les fueron robadas durante el largo conflicto armado que vivió el país.


Los asesinatos en India se han triplicado a medida que empeora la brutalidad policial y la represión de protestas pacíficas. En 2016 se registraron 16 asesinatos, en su mayoría vinculados a proyectos mineros.


Proteger parques nacionales es más peligroso que nunca, con gran cantidad de guardaparques asesinados en África. En 2016 hubo 9 asesinatos confirmados de guardaparques en la República Democrática del Congo. Una industria minera voraz hace que Filipinas destaque por las muertes en Asia, con 28 asesinatos registrados.
El informe también señala la creciente criminalización de las y los activistas alrededor del mundo, incluyendo Estados Unidos. Suelen ser presentados como criminales, y deben enfrentar cargos penales falsos y agresivos casos civiles, armados por gobiernos y empresas que intentan silenciarlos.


“Los Estados están rompiendo sus propias leyes y fallando a su ciudadanía de la peor manera posible. Valientes activistas están siendo asesinados, atacados y criminalizados por las personas que supuestamente deberían protegerlos. Gobiernos, empresas e inversionistas tienen el deber de garantizar que las comunidades sean consultadas sobre los proyectos que las afectan, que los activistas sean protegidos de la violencia, y que los culpables sean llevados ante la justicia”, dijo Ben Leather.


Las cifras de 2017 no dejan demasiado margen a la esperanza. Entre enero y julio de este año se han registrado 97 asesinatos de personas comprometidas con la Tierra, según los datos provisionales de Global Witness.

 

 

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Mapa de la homofobia en el mundo, elaborado por ILGA

 

LUCÍA VILLA @Luchiva


La expansión de la homofobia en el mundo es preocupante. Aunque en los últimos años ha habido avances, todavía 72 estados –un tercio de los países miembro de las Naciones Unidas- criminalizan las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo con legislaciones que, como en los casos de Irán, Arabia Saudí, Yemen o Sudán, llegan a aplicar incluso la pena de muerte.

Pero no son casos aislados. Según la Asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (ILGA), la mayoría de países en el mundo no tiene una normativa que proteja los derechos de los homosexuales. La asociación ha publicado este lunes un mapa que localiza qué países castigan estas relaciones, y cuáles protegen y reconocen sus derechos.

“Un simple vistazo al mapa muestra de manera rotunda la ausencia de disposiciones positivas en la mayor parte del mundo”, señala Lucas Ramón Menos, uno de los autores.

En efecto, la mancha roja, naranja y amarilla, que simboliza la criminalización a los homosexuales, se extiende por buena parte de Europa del Este, todo Asia, todo África (a excepción de Suráfrica, Seychelles y Cabo Verde), y buena parte de Centroamérica y América del Sur. Por el contrario, la protección y el reconocimiento a los gais, lesbianas y bisexuales está presente en los países del norte de América y algunos del Sur, en Australia y en la mayor parte de Europa.

Y algunas cifras siguen siendo alarmantes. Hay ocho países donde se aplica la pena de muerte a estos colectivos y cinco más donde la legislación lo permite, aunque no se aplica. Sólo nueve países contemplan la no discriminación por razones de orientación sexual en sus constituciones y únicamente tres prohíben las “terapias de reconversión”, los tratamientos para ‘curar’ la homosexualidad. Además hay 22 estados que tienen leyes “morales” contra los homosexuales y 25 que impiden o ponen barreras a la creación de organizaciones defensoras de los derechos gais en sus territorios.

“El actual caso de Chechenia nos ofrece el ejemplo más reciente y horrible de estos abusos, ya que los supervivientes han alertado sobre el temor a que se estén hackeando las cuentas en redes sociales de hombres que son percibidos como homosexuales o bisexuales, y usadas para identificar y contactar con otros que aún no han sido detenidos”, señala Renato Sabbadini, director ejecutivo de ILGA.

El trabajo de la asociación alerta también de la expansión del Daesh y de que, actualmente, existen hasta 19 estados donde las leyes tienen una base religiosa que funciona en paralelo al código civil.

Del otro lado, los autores reconocen también el avance de derechos en algunos países. Hay 72 países que han aprobado leyes para garantizar la no discriminación en entornos de trabajo, 43 que tienen leyes contra los delitos de odio, 23 estados permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo y 26 permiten la adopción (Austria, Finlandia y algunos territorios de Australia han incorporado estos derechos a su legislación en el último año).

Nuestro país es uno de los más avanzados. La organización reconoce a España como un territorio que protege y reconoce a los homosexuales, donde se permiten los matrimonios y adopciones, y donde se aplican leyes contra los delitos de odio o de discriminación en el trabajo. España, en cambio, no es uno de los países que ha prohibido las ‘terapias de conversión’ para homosexuales.

 

 

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Viernes, 28 Abril 2017 16:21

Rotundo: 6.165 ¡No!, 75 Sí

Rotundo: 6.165 ¡No!, 75 Sí

“Porque yo amo la tierra, amo el agua y amo estas montañas que me han dado de comer y me han acogido”. Así respondió don José Ananías Cárdenas a la pregunta ¿por qué se siente tan contento?, acababa de conocer los resultados de la consulta popular que en Cajamarca dio un rotundo No a la minería de Anglogold.

 

Llegó al cañón de Anaime hace más de 50 años, en calidad de desplazado de Paz de Río –Boyacá– por los impactos que en su propio territorio tuvo la extracción de hierro para la antigua Empresa Siderúrgica Nacional de Paz de Río. Fue conmovedora su expresión de júbilo, momentos después de conocerse en el parque central de esta pequeña localidad los resultados de la consulta popular. Sus manos se entrelazaron, miro al cielo en expresión de gratitud y lloró, “ahora sí puedo morir tranquilo” afirmó.

 

Poco después de las 4:00 p.m. de este domingo 26 de marzo, en Anaime, sitio donde nos encontrábamos era ya evidente que el No a la minería había sido la opción para los votantes. Apostados en la puerta del salón, quienes habíamos acudido como veedores, nos dimos cuenta que en el recuento, el montoncito de papeletas que se decidieron por el no crecía sin cesar, a su lado, sólo 5 electores habían votado sí a la minería.

 

Resultados similares se obtuvieron en Cajamarca así como en la vereda El Cajón –tercer puesto de votación–, lugar éste último donde de 105 votos, dos no habían sido marcados y por tanto eran nulos, 103 votos dijeron no a la minería. El No arrasó. Voladores al cielo, intervenciones de los pobladores, agradecimientos a los acompañantes y una atmósfera de emoción envolvió este pequeño corregimiento.

 

Los cajamarcunos expresaban así, su desacuerdo frente a la pretensión por parte de la multinacional Sudafricana Anglogold Ashanti (AGA) de explotar oro en un territorio eminentemente agrícola y forestal. De adelantarse este proyecto, La Colosa sería la más grande mina de oro a cielo abierto en América Latina.

 

Ante la pregunta ¿Está de acuerdo si o no con que en el Municipio de Cajamarca se ejecuten proyectos y actividades mineras?, 6.165 ciudadanos votaron No, frente a una pequeña minoría (75 votos) que se decidieron por el Sí. Algunos habitantes del cañón de Anaime, expresaron que la lucha no ha sido fácil y haciendo uso de un pasaje bíblico, señalaron que “esto ha sido como el enfrentamiento entre David y Goliath”

 

Un enfrentamiento en el que evidentemente el campesinado, es la parte más débil de la contienda. En algo más de una década de presencia en este municipio, la multinacional –tercera en el mundo en cuanto a explotación de oro se refiere–, ha hecho uso de diversas estratagemas para hacerse con los terrenos en donde se adelantaría la explotación de más de 24 millones de onzas de oro, según estimaciones hechas hacia el año 2012.

 

Proyecciones que con el correr de los años se han incrementado entre 4 y 9 millones de onzas (La Corporación Geoambiental Terrae apoyados en cifras de la propia empresa, maneja la cifra de 33 millones de onzas) quizá porque como es conocido en el municipio “han estado adquiriendo terrenos a través de terceros, a consecuencia de lo cual hoy tienen alrededor de 10.000 hectáreas en toda Cajamarca” sostuvo Jimmy Torres de la organización Conciencia Campesina, “dicen que para reforestación, pero nosotros sabemos que eso no es cierto” señaló Gustavo Roa, concejal de Cajamarca.

 

En todo caso, desde que reveló su verdadera identidad –llegó a Cajamarca como Kedhada S.A.Colombia alrededor del año 2000–, “la multinacional se ha paseado por estas tierras como Pedro por su casa”. Testimonios de campesinos de la vereda La Alsacia y el Cajón dan cuenta de cómo el territorio ha sido explorado palmo a palmo. “Eso era pa´allá y pa´acá por todo ese cerro [...] dijeron que lo iban a tumbar y que eso iba a quedar una llanura dizque muy bonita”, “pasaron con helicóptero y de la parte delantera colgaba un aparato, que creemos era un detector de metales. Eso pasaban bajito, bajito y a uno le da una rabia, una impotencia”, y alguien más señaló “acá vinieron cuando yo no estaba porque a veces me voy para Ibagué, vinieron con unos aparatos y perforaron un hueco arriba al lado de un nacedero, ese nacedero se secó, cuando yo vine ya no había agua, nadie me pidió permiso”.

 

Mentiras, cooptación, división de la población, presiones indebidas, forman parte de su proceder, por eso y por el poder económico que tiene, muchos de los pobladores de Cajamarca entienden que los resultados de la consulta son un inmenso logro que corona un esfuerzo iniciado por un puñado de habitantes desde el año 2013, cuando bajo la administración de Evelio Gómez se empezó un trabajo de socialización con las comunidades en torno a los beneficios que les reportaría en la defensa del territorio la realización de una consulta popular.

 

El camino no ha sido sencillo. Aunque la atención suele dirigirse a la contienda jurídica, lo cierto es que los resultados de la consulta son fruto del esfuerzo que por años sostuvieron personas que lo han dado todo –incluso la vida– por la defensa del lugar que los ha visto nacer o que los ha acogido. Los costos sociales y humanos son invaluables y forman parte de los 10 años de historia de la primera consulta popular que se hace en el país por iniciativa ciudadana.

 

Una historia que empieza en el momento mismo en que la AGA en el 2007, hace pública su intención de explorar y explotar oro en estas montañas de la Cordillera Central. Para entonces y entendiendo ya los riesgos que entrañaba la explotación a gran escala del preciado metal, un pequeño grupo de personas se dio a la tarea de pensar qué opciones tenían a mano para proteger el territorio y su permanencia en el.

 

La primera posibilidad que visibilizaron –hace ya más de diez años– “fue demandar ante el Estado colombiano la protección y garantía de los derechos fundamentales de los pobladores de Cajamarca” señaló Robinson Mejía del Colectivo socio-ambiental de Cajamarca –Cosajuca–, un par de años más tarde, pensaron en la posibilidad de realizar una consulta popular autónoma, que no prosperó porque como afirma Mejía “El gobierno nacional saca decretos para impedir que este tipo de iniciativas prosperen, para quitarle el poder de decisión a las comunidades y la competencia a los entes territoriales”. Se deciden entonces por el camino de la iniciativa ciudadana para respaldar la consulta popular.

 

Una vía también plagada de trampas y recovecos. La AGA ha acudido en diversas oportunidades no sólo a mecanismos de carácter jurídico para evitar la realización de la consulta popular –cuatro tutelas, una de las cuales fue interpuesta por el representante legal de la Asociación de Minería e Hidrocarburos, Alberto Enrique Cruz Tello, persona que según comentó en medios locales el alcalde de Ibagué –Guillermo Alfonso Jaramillo–, es socio de la AGA e impidió con este mismo recurso la realización de la consulta popular minera de Ibagué en octubre de 2016 y una acción de desacato contra el Tribunal Administrativo de Ibagué, que todavía está en curso.

 

De carácter extra-jurídico lo es la cooptación y la manipulación de la propia población y sus autoridades. Es conocido en el municipio que el actual alcalde Pedro Pablo Marín es una pieza de su maquinaria. A la pregunta de por qué el actual alcalde de Cajamarca puede ser considerado una ficha de Anglogold, Mejía contesta “La campaña del actual alcalde de Cajamarca fue financiada por la Anglogold Ashanti AGA [...] “Los trabajadores de la multinacional participaron de la organización de la campaña”, y “Anglogold realizó una reunión en las oficinas que tiene en el pueblo, a la que citaron varios líderes de la región para definir que el candidato fuera el actual alcalde”.

 

Por su parte, Gustavo Roa Torres concejal de Cajamarca refiere su proceso de elección. “Pedro Cruz no tiene trayectoria política reconocida en este municipio y sólo en mes y medio de campaña logró una votación de 4.756 votos, algo que quienes viven en el municipio y han aspirado a cargos de elección popular sólo logran con un trabajo arduo y sostenido de varios años”. A su entender, eso sólo fue posible gracias al apoyo económico brindado a esta candidatura por la multinacional.

 

“Ellos no sólo lograron cooptar a los funcionarios de la administración municipal, también lo hicieron con los del Hospital y con los contratistas y formaron un comité pro-abstencionista”, añadió Roa. “Los trabajadores y sus familias hacen lo que les diga la empresa y les compensan con viajes y ese tipo de cosas”, señaló frente al tema Robinson Mejía. La multinacional ha copado espacios dentro de la administración y dividido a la propia población y eso es así, aunque en pronunciamientos públicos tanto la empresa como el alcalde y sus funcionarios expresen ser respetuosos de las decisiones del pueblo.

 

En días previos a la consulta popular, fue un rumor constante entre los pobladores que “los pedrunos”, electores del actual alcalde Pedro Pablo Marín Cruz (del partido de la U y sucesor de William Póveda) “tenían la orden de abstenerse de votar”, señaló Olga Castro en un intento por impedir que se alcanzara el umbral necesario para que la consulta fuera un hecho.

 

En cuanto se dio inició el proceso, “Anglogold indujo a sus trabajadores a impugnar la iniciativa” y en días anteriores, cuando era necesaria la recolección de firmas, destacó parte de su personal “para que hicieran lo mismo, con el ánimo de confundir a la población”, aseguró Mejía.

 

Al día de hoy, la movilización en contra de La Colosa, ha ofrendado varias vidas, “vivimos con la certeza de que podemos perder la vida, vivimos con zozobra, sufrimos constantes amenazas y nuestras familias viven en la angustia”, comentó Robinson Mejía. Hemos sufrido igualmente la estigmatización de un sector de la población por ser “jóvenes y mechudos”, o “de la fuerza pública por ser, según ellos, de izquierda o miembros de la guerrilla [...]. No tenemos fácil acceso a los medios de comunicación de carácter nacional” y todo ello se conjuga para “invisibilizar el movimiento social, para invisibilizar la consulta popular”, afirmó por su parte Jimmy Torres de Conciencia Campesina. Y aunque el panorama pareciera un poco gris, el movimiento ha crecido, muchos de los familiares de [email protected] activistas apoyan ahora la movilización de las distintas organizaciones que en Cajamarca e Ibagué están por la defensa del territorio.

 

Para los pobladores de Cajamarca, los resultados de esta consulta son un tributo muy merecido a tantos años de lucha, a las vidas ofrendadas. La exigencia ahora es que el Estado colombiano de fiel cumplimiento a la voluntad de los electores expresados en la consulta.

Publicado enEdición Nº234
Denunciados más de 4.000 casos de abuso sexual de niños en Colombia en 2017

El fin de semana una niña de cuatro meses fue violada por un soldado del Ejército


Hace una semana un hombre le disparaba a su expareja en un centro comercial de Bogotá. El asesino, a pesar de haber sido condenado por un homicidio, estaba libre. Este fin de semana, el país se volvió a sacudir por varios casos de violencia. Esta vez, las víctimas eran niños. En el oriente de Colombia, una menor de 15 años fue degollada. En el sur, un par de hermanos fueron asesinados por su papá. En el centro, un soldado del Ejército violó a una bebé de cuatro meses de nacida y en el oriente una niña de tres años murió tras haber sido abusada y torturada. La ciudadanía volvió a poner en entredicho la efectividad del sistema de protección a menores y a cuestionar los castigos para estos crímenes.


Según cifras oficiales, cada 120 minutos se alerta de un hecho de abuso sexual en Colombia. De diez casos, en siete las víctimas son niños. El coronel Henry Cruz, jefe de la Policía de Infancia y Adolescencia, asegura que en el 80% de las denuncias, el agresor es una persona cercana. Entre enero y febrero de este año, los investigadores de esa dependencia policial recibieron 2.600 procesos por violencia sexual contra menores. La reciente condena de 51 años de cárcel contra Rafael Uribe, el asesino de una niña indígena de siete años, abrió el debate sobre cuál debe ser la penalización para este tipo de delitos y qué papel debe asumir el gobierno. “El Estado hace poco, o casi nada, para protegerlas y brindarles condiciones dignas de vida, que les garanticen un presente y futuro libre de violencias”, escribe la investigadora y feminista Olga Amparo Sánchez en La Silla Vacía. Ni una menos, la consigna que aparece cada vez que se conoce un nuevo hecho violento, se volvió a repetir durante todo el lunes en Colombia.


Durante el año 2016, el Instituto de Medicina Legal atendió 17.908 casos de menores remitidos por denuncias de presunto abuso sexual. El 2017 tampoco pinta bien. De enero a marzo habían recibido atención por aparente violación 4.315 menores de 17 años. Ver en detalle las cifras es aterrador. El mayor número de casos se presenta en niñas y niños entre los 10 y los 14 años. Le siguen los que están entre cinco y nueve. Los bebés también son víctimas. Casi 500 niños, desde recién nacidos hasta los cuatro años, tuvieron que ser sometidos a exámenes médicos por presunto delito sexual. Así de trágica comienza la vida de cientos de colombianos. La Fiscalía ha podido establecer que los principales responsables son personas que se ubican en la primera línea de cercanía (primos, tíos, amigos) y que la mayoría de victimarios son menores de edad. Niños que abusan de otros. La legislación colombiana establece como sanción máxima para un menor de edad una pena de ocho años y se aplica solo para el delito de homicidio.


En Colombia, la condena máxima es de 60 años de cárcel y muchas voces se han unido para pedir cadena perpetua contra los agresores de menores. Cristina Plazas, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (entidad estatal), ha tenido una de las posturas más fuertes en el tema. “Hechos tan aberrantes no pueden quedar impunes.

Hoy, más que nunca, ratifico mi propuesta de cadena perpetua para los abusadores de niños”, dijo este lunes. La furia ciudadana desatada en los recientes casos de violencia han puesto contra la pared a los agresores. El soldado que reconoció que había abusado de una bebé de cuatro meses estuvo a punto de ser linchado. La Policía tuvo que reforzar la seguridad en el edificio en donde estaban haciendo su judicialización por el delito de acceso carnal violento agravado con tentativa de feminicidio. La recién nacida permanece en cuidados especiales y tuvieron que hacerle una cirugia.


La indignación crece cada vez que se conoce un nuevo detalle. La justicia no parece estar a favor de las víctimas en Colombia. El hombre señalado de degollar a la niña de 15 años fue dejado en libertad. El juez consideró que al no haber sido capturado en flagrancia no podía permanecer retenido. Esto, a pesar de que como lo dijo la Policía, encontraron en su cuerpo rastros de sangre y la piel lastimada, consecuencia de un forcejeo con la víctima.

Bogotá 25 ABR 2017 - 13:35 COT

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El jaguar está en mayor peligro de extinción de lo que se pensaba

Proponen a la UICN que no se evalúe a las especies por el total de su población, sino por la situación de cada una de las subpoblaciones, señalan investigadores del Instituto de Ecología

 

Un estudio realizado por investigadores del Instituto de Ecología (IE) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) muestra que el jaguar (Panthera onca) está en mayor peligro de extinción de lo que se pensaba.

Por primera vez se sabe que habitan el planeta alrededor de 64 mil ejemplares, y que hay 34 subpoblaciones –desde el norte de México hasta Argentina–, de las cuales 33 están amenazadas o en peligro crítico de extinción.

Del total, 90 por ciento (57 mil) se coloca en una sola subpoblación: la de la Amazonia (abarca regiones de Brasil, Perú, Ecuador y Colombia); se trata de la única que, por su tamaño, no está considerada en riesgo. Las restantes contienen a sólo 10 por ciento de los ejemplares, es decir, alrededor de 7 mil. En México, según esta estimación, hay menos de 4 mil.

Los resultados del trabajo conjunto de los laboratorios de ecología y conservación de Vertebrados Terrestres y de Fauna Silvestre del IE, a cargo de Rodrigo Medellín y Gerardo Ceballos, respectivamente, fueron publicados en el número más reciente de la revista Oryx. The International Journal of Conservation, lo cual coincide con la publicación del libro El jaguar en el siglo XXI: la perspectiva continental, también coordinado por los científicos y sus colegas, en el que participaron 50 autores de 12 países.

Prioridades de conservación

Mediante la detección de subpoblaciones pequeñas, aisladas, con protección deficiente o densidades de poblaciones humanas muy altas, y al precisar la vulnerabilidad de cada una de ellas, será posible determinar las prioridades de conservación para esta icónica especie.

Los universitarios proponen a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), que publica la Lista Roja, guía para políticas y prácticas de conservación, que no se evalúe a las especies por el total de su población, sino por la situación de cada una de las subpoblaciones.

En México se ha perdido más de 40 por ciento de la distribución de la Panthera onca, limitándose a las áreas más aisladas y de difícil acceso en las costas del Pacífico y del Golfo de México, las sierras madre Occidental y Oriental, y el sur-sureste.

Las poblaciones mejor conservadas, refirió Ceballos, están en la península de Yucatán, Oaxaca y Chiapas, con alrededor de mil 800 ejemplares. En Sonora y Sinaloa podría haber alrededor de 400; en la costa media del Pacífico, en Nayarit, Jalisco y Colima, aproximadamente 300, y de Michoacán a Chiapas, 650.

"Si en 10 o 15 años no tenemos una política de conservación sólida y las poblaciones no tienen seguridad, en México podríamos perderlos", afirmó Medellín.

"En cambio, si se articulan los esfuerzos correctamente podemos salvar no sólo a la especie, sino a las selvas y bosques que mantienen casi 45 por ciento de toda la diversidad biológica del país, es decir, a miles de otras especies de plantas y animales", añadió Ceballos.

Ocelotl, en náhuatl; balam, en maya, el jaguar ha sido relacionado con la valentía, el poder, la noche, el inframundo, la fertilidad de la tierra y la muerte. En la actualidad, la especie enfrenta amenazas como la pérdida y fragmentación de su hábitat, la agricultura y ganadería, la cacería, la disminución de sus presas (mamíferos, aves, reptiles y peces) y la expansión de los asentamientos humanos.

"Por ejemplo, de las más de 22 millones de hectáreas de selvas altas que se extendían desde Veracruz hasta Chiapas, quedan menos de un millón, dispersas y con poca continuidad" (El jaguar en México...)

Los humanos “no sólo nos metemos a su casa, sino que la destruimos al talar la selva. También nos comemos su alimento (venado y jabalí). Así, competimos con el jaguar por el espacio y la comida, y además les ponemos enfrente ganado y le decimos: ‘si lo tocas, te mueres’”, destacó Medellín.

"La gente también los caza para colgar su piel en una pared, o porque la hija quinceañera quiere un collar elaborado con los dientes del animal, para sentir la adrenalina de haber matado al felino más grande del continente, o simplemente porque se cruzó en el camino. Es patético", señaló.

Por fortuna, México tiene en el IE de la UNAM el grupo con mayor impacto en conservación y estudios sobre el jaguar en todo el mundo, así como con el compromiso de diversos sectores para la preservación de esa especie, precisó Ceballos.

Bajo el liderazgo del científico se organizó hace unos años la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar, que agrupa a los dueños de las tierras, al gobierno federal, organizaciones no gubernamentales y al sector académico.

Su estrategia, probablemente la más completa que hay en el mundo, consta de varios puntos: el censo nacional del jaguar; el trabajo con los ganaderos; la integración de una sola política de conservación a escala internacional, y la parte legal, de colaboración con abogados para contribuir a que cualquier persona que mate un ejemplar (millonario, político, ejidatario o indígena) vaya a la cárcel, indicó Medellín.

El censo, primero en el mundo para esta especie, se realizó en tres años de planeación y estudios (2008-2010), y abarcó 12 entidades de la República. No sólo estimó el número de jaguares en 3 mil 800, sino que colocó a México como líder en el desarrollo de estrategias de conservación del felino.

En la actualidad, anunció Ceballos, se realiza el segundo censo para determinar si la población se ha mantenido o ha decrecido. De igual modo, con el trabajo de la comunidad científica se ha logrado que el gobierno tome al jaguar como una "especie insignia" y en la COP 13, realizada en diciembre pasado en Cancún, se concretaron acuerdos importantes, como el declarar 2.5 millones de hectáreas más de reservas naturales antes de que acabe este sexenio.

Asimismo, debido a que en la península de Yucatán está la mayor población de jaguares de México, se convino consolidar la reserva de la biosfera de Calakmul y declarar una nueva que va de Cancún a Sian Ka’an y que protegerá 480 mil hectáreas de selva para el jaguar y miles de especies más.

De igual modo, con el apoyo de Semarnat y Sagarpa, se definió una estrategia de trabajo con ganaderos en la que, por ejemplo, éstos se comprometen a no matar jaguares.

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¿Será posible la construcción de la paz democrática?

El tránsito a la paz avanza, sin embargo debe enfrentar diversos problemas para evitar que fracase.

Uno de los desafíos más importantes es la agilidad política que debe mostrar el nuevo movimiento que surja con la dejación de las armas, para atraer el apoyo ciudadano y popular. Para construir una nueva hegemonía política, ética y cultural.

Remitir todo al procedimiento organizativo vertical y sectario seria fatal, además de hacerle un gran favor a los enemigos de la reconciliación y la construcción de la democracia ampliada.

Una nueva hegemonía no es solo política y de lógicas de poder de pequeños grupillos sectarios y plagados de codicia; es también intelectual, discursiva y moral. Es la de la batalla de las ideas y el ejemplo de rectitud y limpieza.

 

Avanza la transición hacia un nuevo ciclo político de la sociedad nacional y el Estado. El tránsito desde la etapa encuadrada en la vigencia de la constitución de 1991, el imperio brutal del neoliberalismo y la violencia paramilitar, hacia la terminación del conflicto social y armado y la construcción de la paz está en curso y debe afrontar diversos obstáculos.

Con la reciente firma del Acuerdo definitivo de paz en el Teatro Colon de Bogotá se superan las incertidumbres y los vacios surgidos con el resultado adverso del plebiscito del 2 de octubre, que inválido el anterior texto oficializado en Cartagena.

Durante casi 50 días, las delegaciones correspondientes, hicieron los ajustes pertinentes para darle forma a un nuevo texto que retiene los aspectos esenciales de los consensos construidos a lo largo de 6 años en la ciudad de La Habana. Los asuntos de justicia y participación política de la guerrilla mantienen su vigencia para propiciar el funcionamiento de una justicia especial de paz con vigencia de 10 años prorrogables, e igual sucederá con la construcción del nuevo partido política por parte de los combatientes desmovilizados para intervenir en los espacios institucionales conocidos.

El proceso de refrendación debe darse mediante la intervención del poder legislativo que lo considerara en sus próximas sesiones ordinarias. Aunque debe preverse un escenario de legitimación progresiva, mediante los Cabildos abiertos y la Constituyente popular, en tanto crezca la obstrucción de los sectores de la ultraderecha que jalona el señor Uribe Vélez para destruir lo pactado.

¿Cuáles son los obstáculos que deberá sortear la construcción de la paz de manera inmediata?, es la pregunta que bien puede plantearse a propósito de la transición en curso.

Varios, a mi juicio.

El más complicado es el de la violencia oscura que ya ha cobrado la vida de más de 20 líderes comunitarios comprometidos con la paz. En ese sentido, la implementación de lo pactado en materia de protección de dirigentes agrarios, comunitarios y ex guerrilleros en plan de agitación y organización política de las bases subalternas, es prioritaria. No da espera, pues la ultraderecha quiere pescar en ese rio revuelto para bloquear la materialización de las coincidencias de la reconciliación. Uribe y su facción saben que la guerra es su mejor opción y presionaran para que la dejación de las armas y la movilización política de la guerrilla fracasen.

Otro escollo será el del chantaje permanente del bloque ultraderechista, mediante la mal denominada resistencia civil de los núcleos más duros de las elites oligárquicas. La amenaza y extorsión uribista se hará en las regiones, en los municipios, en el Congreso, para limitar la implementación transparente de lo pactado y en los medios de comunicación para propagar la mentira y desinformación respecto de los significados de la paz.

Hay que considerar, obviamente, la inconsistencia gubernamental sobre la amnistía y el indulto para los integrantes de la guerrilla, que se pretende eludir olímpicamente, mientras se fijan unilateralmente las medidas de dejación de las armas y desmovilización.

Hay, por supuesto, desafíos de orden político que tienen que ver con la sostenibilidad de la paz. Aquí resulta obligado considerar los impactos de la campaña presidencial en curso y la constitución de nuevos partidos y coaliciones políticas que tengan la capacidad de convocar y entusiasmar a la ciudadanía con propuestas para resolver los mas graves problemas sociales y éticos, como el desempleo, la pobreza y la descomunal corrupción protagonizada por los clanes políticos articulados al actual gobierno.

Desde luego, la implementación de lo acordado, es un ámbito muy complejo que requiere eficacia y celeridad. 12 millones de campesinos están a la expectativa de las estrategias correspondientes para dotarlos de tierras y planes concretos de desarrollo social, económico, ambiental y democrático.

Ojala los mecanismos de implementación y verificación funcionen ágilmente para que los resultados sean tangibles y la paz gane en credibilidad entre millones de seres humanos.

Publicado enColombia
¿Qué es la tormenta solar que anuncia Obama?

El presidente estadounidense aprueba un decreto para mejorar la respuesta ante “eventos meteorológicos del espacio”


Combina términos científicos que pueden sonar apocalípticos con el lenguaje burocrático de un documento presidencial. El presidente estadounidense, Barack Obama, firmó el jueves una orden ejecutiva para coordinar “esfuerzos” de su Gobierno para “preparar a la nación ante eventos meteorológicos del espacio”. Estos eventos pueden ser “destellos solares, partículas de energía solar y ruidos geomagnéticos” .


Según el decreto, son fenómenos que ocurren de forma regular y pueden afectar infraestructuras clave, como satélites GPS, sistemas de comunicación, aviación y de distribución eléctrica. “Tiene el potencial de afectar e interrumpir simultáneamente la salud y la seguridad en continentes enteros”, advierte.


Pero el documento presidencial no aborda la probabilidad de que ocurran esos fenómenos ni sus consecuencias, sino que se centra en mejorar la coordinación ante su posible impacto. “Una preparación exitosa ante eventos meteorológicos del espacio es un esfuerzo de toda la nación que requiere colaboración entre gobiernos, gestores de emergencia, el mundo de la academia, medios de comunicación, la industria farmacéutica, organizaciones sin ánimo de lucro y el sector privado”, explica.


Los ruidos geomagnéticos son una afectación del campo magnético de la tierra como consecuencia de la actividad solar. Los destellos solares son una breve erupción de intensidad en la superficie del sol o cerca de ella, que se asocian con manchas solares. Es un fenómeno común que raramente tiene efectos relevantes. Las partículas de energía solar son iones y electrones expulsados desde el sol como resultado de esas erupciones.


El caso más conocido de un fenómeno meteorológico del espacio fue una tormenta solar en 1859, conocida como el evento Carrington, según explica la revista Newsweek. Se pudieron observar auroras en el cielo desde lugares alejados de los polos, como el Caribe. Y los sistemas de comunicación por telégrafo quedaron alterados en Europa y América del Norte.
Un siglo después, en 1967, tres potentes erupciones solares inutilizaron el sistema de radares de EE UU encargado de detectar la llegada de misiles soviéticos. Inicialmente, en plena Guerra Fría, Washington pensó que el culpable era Moscú.


El decreto de Obama establece un calendario y un protocolo de actuación ante este tipo de fenómenos. El Gobierno federal, apunta el texto, tiene que tener la capacidad de predecir y detectar un evento meteorológico del espacio, los programas necesarios para que el sector público y privado adopten medidas mitigadoras, y la capacidad de responder y superar ese tipo de situaciones.

Sábado, 17 Septiembre 2016 07:24

Black bloc como táctica y excusa

Black bloc como táctica y excusa

En las últimas semanas hemos asistido a un debate a raíz de la actividad black bloc en Brasil, que involucró a dirigentes de movimientos sociales y colectivos de militantes. La táctica black bloc (destrucción de vidrios y escaparates de bancos y empresas privadas por jóvenes encapuchados durante las manifestaciones) ha sido habitual en Chile y en Uruguay, entre otros, y se instaló en Brasil en junio de 2013, reapareciendo con fuerza en las manifestaciones contra el gobierno ilegítimo de Michel Temer.

Desde que aparecieron las tácticas black bloc se generó una polémica en las organizaciones sociales sobre la pertinencia de esas acciones. Algunos sostienen que son negativas, porque dan argumentos a la policía para reprimir y de ese modo alejan y atemorizan a los manifestantes reales o potenciales. Otros destacan que se trata de violencia simbólica contra grandes empresas y representaciones del sistema, que tiene efectos disuasorios sobre la represión. Los partidos electorales suelen condenarlas de forma tajante.

En Brasil la polémica incluyó a uno de los más destacados referentes de los movimientos más combativos, como Guilherme Boulos, coordinador del Movimiento de Trabajadores Sin Techo (MTST). Un día antes de la mayor marcha contra el gobierno, Boulos aseguró que "en nuestras manifestaciones no hay espacio para esas prácticas", y dijo que no debían participar en la movilización del domingo 4 (goo.gl/GUDSMi). Fue duramente criticado por defender la "criminalización" de quienes emplean la táctica black bloc.

Poco después Boulos publicó una nota en su blog, en la que explica: "discrepo con la táctica porque aparta personas de las movilizaciones y toman decisiones aisladas, pero nos afectan a todos". Rechaza la acusación de criminalizar la táctica y recuerda que el MTST ha sido "duramente criminalizado por practicar la acción directa", destacando que el movimiento tiene militantes presos y con procesos en curso (goo.gl/zxqzST).

En la manifestación del domingo 4 en Sao Paulo participaron unas 100 mil personas. Los organizadores, la alianza Povo Sem Medo, donde el MTST juega un papel preponderante junto con unos 30 movimientos y organizaciones sociales y política, y el Frente Brasil Popular, hegemonizado por el PT y la central sindical CUT, se dirigieron a los encapuchados para que descubrieran sus rostros o abandonaran la marcha. No se registró ningún incidente. Sin embargo, cuando los manifestantes se dispersaban la policía militar los atacó y detuvo a 26 jóvenes, porque "pretendían practicar actos de violencia".

En esta ocasión no hubo la menor "provocación" black bloc, pero la represión fue igualmente implacable. La polémica sigue su curso, con argumentos que van desde el cuestionamiento a la violencia hasta la conveniencia de su empleo cuando participan familias con niños en las manifestaciones, incluyendo la suposición de que siempre la usan infiltrados para provocar la represión policial. Parecen necesarias algunas consideraciones.

La primera es que al tratarse de una táctica no es buena ni mala en abstracto, sino puede ser conveniente, o no, según las circunstancias. No estamos ante una cuestión de principios. Es necesario comprender que no todos los que se cubren el rostro son adeptos de la táctica black bloc, que no forman una organización ni son necesariamente anarquistas, ni usan la táctica siempre y en todo lugar. Quienes la utilizan hoy pueden no hacerlo mañana, y viceversa.

La segunda es que quienes emplean la táctica black bloc son jóvenes radicales, anticapitalistas, que rechazan el sistema económico y la represión policial. En contra de los prejuicios existentes, no pertenecen a las clases medias acomodadas; viven en las periferias, estudian y trabajan desde muy jóvenes. Por lo que conozco en Uruguay, por los datos que aportan desde Chile y por la investigación de los autores de Mascarados (Geração Editorial, 2014), se trata de personas en torno a 20 años, muchas de ellas mujeres, que sufren la persecución policial en sus barrios. Aunque son pocos, muestran "la profunda crisis en que se debate la izquierda brasileña" (p. 19).

La tercera gira en torno al principal argumento que se utiliza contra esa táctica: facilita la represión policial y espanta a una parte de los manifestantes, ya sea porque las convocatorias aclaran que las marchas son pacíficas o bien porque la represión que sigue a la táctica black bloc afecta a personas que no quieren sufrir violencia policial. Se les califica de "provocadores".

El argumento es sólido, sobre todo cuando los encapuchados actúan y se retiran antes de la llegada de la policía que termina reprimiendo a personas al azar. Pero el problema no está sólo en quienes usan esa táctica, sino en los propios manifestantes, quienes no suelen estar organizados y asisten individualmente. ¿Alguien se imagina que un grupo de jóvenes utilice la táctica block bloc durante una manifestación de las bases de apoyo del EZLN en San Cristóbal de las Casas?

La cuarta cuestión se relaciona con la utilización de tácticas similares por parte de infiltrados policiales o militares en las manifestaciones. Como señaló un joven de Sao Paulo en un excelente reportaje de la edición brasileña de El País, "creo que quien rompe un puesto de periódicos o quema un autobús, por ejemplo, o no entendió nada o es un infiltrado" (goo.gl/2G6lck). Es posible diferenciar entre las acciones black blocs y las provocaciones policiales, siempre que exista interés en hacerlo.

Por último, el tema que plantea la periodista Eliane Brum: "Mientras la destrucción de los cuerpos de los manifestantes por la policía militar está naturalizada, la de los bienes materiales es criminalizada" (goo.gl/mdRPKj). En su opinión, se trata de una "herencia esclavista y genocida" que aún no ha sido superada. Dicho de otro modo, la táctica black bloc, acordemos o no con ella, nos plantea un dilema: ¿aceptamos, sin más, el monopolio estatal de la violencia?

Publicado enPolítica
Lunes, 05 Octubre 2015 06:49

"Hay que resguardar el mercado interno"

"Hay que resguardar el mercado interno"

La delegación argentina encabezada por el secretario de Comercio, Augusto Costa, planteará mañana su oposición a la visión que pregona las bondades del "libre comercio", en un espacio dominado por la perspectiva neoliberal.


Con el compromiso puesto en la profundización de la liberalización como mecanismo para hacer frente al lento crecimiento del intercambio internacional comenzará mañana un nuevo encuentro entre los responsables de las áreas comerciales del G-20 en Turquía. La delegación argentina encabezada por los secretarios de Comercio, Augusto Costa, y Relaciones Económicas Internacionales, Carlos Bianco, se opone a la visión que pregona las bondades del "libre comercio". En sintonía con la estrategia formal e informal desplegada por el país para administrar la disponibilidad de dólares comerciales, los funcionarios argentinos defienden políticas como las declaraciones juradas anticipadas de importación (DJAI) que, según afirman, no serán desmontadas a pesar del exitoso cuestionamiento impulsado por los países centrales en la Organización Mundial del Comercio. "Con la impunidad que les otorga su poderío económico y político, Estados Unidos, la Unión Europea y Japón aplican medidas profundamente distorsivas al comercio", sostiene uno de los documentos internos que utilizarán los funcionarios argentinos durante los dos días de reuniones.


El encuentro se realizará en un lujoso hotel en las afueras de Estambul ubicado sobre el estrecho del Bósforo, una locación donde se mezclan el puerto de Olivos y Costanera Norte. La reunión de los ministros de Comercio del G-20 es uno de los últimos encuentros antes de la cumbre de líderes que se realizará a mediados de noviembre en Antalya al sureste de Turquía. El gobierno de Recep Tayyip Erdogan consagró al "crecimiento robusto con inclusión social" como principio rector para su presidencia. La máxima afín a las autoridades argentinas logró penetrar en los encuentros de los grupos de trabajo multilaterales sobre energía y empleo. Pero, el espacio dedicado al comercio internacional se mantiene fiel a la lógica neoliberal. Desde que estalló la crisis económica los países del grupo se comprometieron a no tomar nuevas medidas proteccionistas: "Resguardar al mercado interno con proteccionismo está en el ADN del capitalismo", advierten los funcionarios argentinos que participarán del encuentro al cuestionar el doble estándar de los países desarrollados al promover la liberalización cuando ellos lograron industrializarse recurriendo, entre otras cosas, a esas mismas políticas.
Previo al debate entre los países, el puntapié inicial del encuentro estará a cargo de los representantes del sector privado.

Las empresas multinacionales nucleadas en el B-20 presentarán sus "propuestas" a los funcionarios de los países del grupo. No es necesario acceder a las reuniones reservadas que mantuvieron los sectores patronales para anticipar qué reclamarán: la profundización de la "lucha contra el proteccionismo" y "el acceso de los países de bajos ingresos a las cadenas globales de valor" como estrategia para hacer frente al "estancamiento en la tendencia del comercio internacional".


"La desaceleración del intercambio de bienes y servicios no está asociada a las medidas proteccionistas desplegadas por la mayoría de los países para protegerse de la crisis. La causa del menor dinamismo reside en las políticas de ajuste fiscal que restringe la demanda interna", señalaron desde la comitiva argentina que anoche llegó al aeropuerto.


Los datos de la OMC (el organismo utiliza estas reuniones como plataforma para fortalecer su agenda global) indican que el desempeño del intercambio mundial de mercancías observada desde el estallido de la crisis es significativamente inferior al 5,1 por ciento registrado entre 1990 y 2008. El año pasado el incremento fue de apenas 2,8 por ciento y para 2015 se estima que llegará a 3,3 por ciento. Desde una perspectiva exclusivamente argentina: la caída en el precio de las materias primas, el menor crecimiento de China y la recesión brasileña son los elementos que explican la fuerte reducción del superávit comercial.


Los equipos de los secretarios Costa y Bianco explican que la asimetría entre los países resulta determinante a la hora de negociar y establecer reglas de juego desiguales en el comercio internacional. La estrategia de proteccionismo institucionalizado que despliegan los países centrales para proteger y promover distintos sectores afecta, por ejemplo, las exportaciones de alimentos. Entre las herramientas utilizadas por las principales potencias se destacan los subsidios a las exportaciones, las investigaciones antidumping, las salvaguardias, los derechos compensatorios y los obstáculos técnicos, entre otras estrategias proteccionistas vigentes en esos países.

Publicado enEconomía
Las medidas afirmativas para la igualdad de género en la protección social

Tal parece que este año sí habrá reforma pensional. En el 2014, ante la urgencia de reformar los regímenes tributario y de salud, salió de la agenda la reforma del sistema pensional, sobre la cual existe suficiente consenso entre la mayoría de los sectores sociales en cuanto a su necesidad, debido, principalmente, a la baja cobertura del sistema, que apenas permite que solo el 10% de personas en el mercado laboral se pueda pensionar. En lo que no hay coincidencias absolutas y sí intereses contrapuestos, es sobre qué tipo de reforma hacer.

La siguiente tabla muestra la cobertura del régimen pensional, y cuántas personas mayores tienen asegurado un ingreso en su vejez.

*Adultos mayores de 55 y/o 60 años: 93% (1.785.298 adultos mayores); Vejez: 79.3%; invalidez: 2.7%; sobrevivencia: 18.0% El 30.4% de las mujeres mayores de 55 años pensionadas, lo están por sobrevivencia.

 

Como se ve, en 2014 apenas el 34.8% de las personas ocupadas son cotizantes al sistema pensional, y apenas una de cada cuatro personas mayores recibía alguna pensión. Quiere decir que la característica fundamental del sistema es su carácter excluyente, problema que debería ser el foco de cualquier reforma pensional.

Los hombres presentan mayor índice de afiliación como cotizantes activos: 56.8%, frente a 43.2% de mujeres, factor que se agrega a la discriminación que sufren las mujeres en el mercado de trabajo, que es más notoria en cuanto hombres y mujeres deben cotizar las mismas 1.300 semanas para acceder a la pensión, condición que obliga a las mujeres a permanecer más tiempo en el mercado de trabajo, así teóricamente se pensionen dos años antes que los hombres, pues ellas tienen mayores índices de desempleo y de trabajo en la economía informal, y menor remuneración. Además muchas veces deben retirarse de sus trabajos por no tener ingresos que les permitan pagar una persona que les cuide sus hijos. Y aunque de toda la población adulta mayor pensionada (mujeres mayores de 55 años y hombres mayores de 60), ellas tienen una mayor participación: 54.5% frente a 45.5% de los hombres. Un 30.4% de las mujeres pensionadas lo está por sobrevivencia.

Lo otro es que el 92.76% de los afiliados cotizantes a Colpensiones, y el 81.32% de los afiliados a fondos privados, tienen ingresos hasta dos salarios mínimos legales, (en promedio, el 27.32% de las personas cotizantes devengan hasta 1SMLV). Es un dato clave para entender hacia dónde va la mayor parte del presupuesto que la nación destina para pago de pensiones.

Además existe un programa de Subsidio al Aporte para Pensión, diseñado para trabajadores(as) independientes, madres comunitarias, personas en discapacidad, concejales de municipios categoría 4, 5 y 6 de los sectores rural y urbano, que no cuentan con los recursos suficientes para realizar su aporte completo como independientes. Según el Min-Trabajo (2), a junio de 2014 este programa contaba con 206.920 personas beneficiarias activas, distribuidas así: 172.014 Independientes urbanos, 32.571 independientes rurales, 726 madres comunitarias, 1.167 personas con discapacidad y 1.442 concejales.

En el diagnóstico sobre el régimen pensional, es necesario abordar problemas que desde los sindicatos no se examinan, y que tienen un enorme impacto sobre las posibilidades de ampliación de su cobertura. Un reciente diagnóstico de la OCDE (3) indica, que más del 80% de las pensiones las acapara 1/5 parte de la población con mayores ingresos, mientras que las 2/5 partes más pobres reciben menos del 2%. También señala que el régimen fiscal aplicable a las pensiones es extremadamente generoso, pues las cotizaciones al fondo de pensiones son deducibles de la base del impuesto sobre la renta, y la mayor parte de las prestaciones están exentas de impuestos, lo cual agrava la desigualdad en los ingresos. El análisis de la OCDE termina indicando que estos beneficios, y el carácter excluyente que tiene el régimen pensional, aumenta el coeficiente de GINI, que en el caso de Colombia es uno de los más altos del planeta, y expresa una enorme desigualdad en la distribución del ingreso.

El diagnóstico también señala problemas de equidad reales, que la sociedad colombiana debe resolver sin temor. En 2014 se destinaron $31.8 billones para financiar las pensiones de 1.919.675 personas (15% del presupuesto nacional), suma que supera los presupuestos para salud y educación (4). Sin embargo, es necesario aclarar que la mayor parte de este gasto, el 66%, se destinó a financiar las pensiones del 14% de las personas que reciben pensiones por encima de dos salarios mínimos, que incluyen las pensiones millonarias de congresistas y magistrados de las cortes por las que nunca cotizaron, o cotizaron sobre un ingreso muy inferior.

El traslado masivo de afiliados del ISS hacia los fondos privados de pensiones, más toda la publicidad engañosa de los fondos para seducir a los y las trabajadoras, más las pensiones millonarias de congresistas, magistrados de las cortes y otros, terminaron por desfinanciar el sistema de prima media y a la entidad que lo administra, Colpensiones, que cada vez carga con más personas pensionadas mientras disminuyen sus cotizantes, lo que, sumado, obliga a que la nación, es decir, a todos, a destinar cada vez una mayor proporción del presupuesto nacional al pago de las pensiones.

 

Reformas para favorecer el sector financiero

 

Hasta ahora, las reformas al régimen pensional se han orientado, primero, a favorecer los negocios del sector financiero, y segundo, a disminuir las presiones que el pago de las pensiones tiene sobre el presupuesto de la nación.

En 1993 se reformó el régimen pensional para acabar con el sistema público de pensiones, creando un régimen paralelo en manos del sector financiero privado, basado en el ahorro individual, que prometía enormes beneficios para sus afiliados (5). Hoy los fondos privados tienen el 68.5% de los cotizantes, apenas 77 mil pensionados, y $277.8 billones a disposición del sistema financiero; en tanto que la nación destinó en 2014 $31 billones para pagar las mesadas pensionales, incluyendo el ajuste hasta un salario mínimo que por ley se hace a los pensionados de los fondos privados cuyos ahorros no les alcanzan para una pensión igual al salario mínimo.

Además, la reforma del 93 incrementó las semanas de cotización (de 1.000 a 1.300), en dos años la edad de pensión para hombres y mujeres, y disminuyó la tasa de retorno, o mesada pensional. Después, durante el primer gobierno de Uribe, se eliminaron la mayoría de los regímenes especiales que se habían establecido por negociación colectiva en el sector público, y se eliminó para los nuevos pensionados la mesada 14. Estas reformas no tenían como propósito ampliar la cobertura sino disminuir el impacto sobre las finanzas públicas.

Finalmente, durante el gobierno Santos se puso en práctica un sistema de ahorro individual, para ampliar la cobertura del sistema pensional (6). Permitiría hacer un ahorro anual de hasta $885.000, que se entrega cuando la persona cumpla la edad de pensión, más un incremento del 20% que sale del presupuesto nacional, el denominado "beneficios económicos periódicos (BEPS)". Este ahorro, más ese 20%, se le entregará a la persona beneficiara para atender los siguientes ítems: a) traslado al sistema general de pensiones para acceder a una pensión; b) constituir una anualidad vitalicia, denominada Seguro BEPS, para lo cual Colpensiones contratará una firma aseguradora; y c) pagar por un inmueble de su propiedad. Este plan está dirigido a la población trabajadora de la economía informal que no puede afiliarse al régimen de prima media, ni cotizar sobre la base de un salario mínimo. La meta de incrementar en 7 millones los afiliados al régimen pensional.

El inconveniente de esta propuesta es la poca capacidad de ahorro de los trabajadores de la economía informal, hacia quienes va dirigida. El 49.5% de los trabajadores(as) tienen ingreso inferior a un salario mínimo. El ingreso promedio de los cuenta propia es apenas el 80% del salario mínimo en zonas urbanas y del 60% en las rurales. Para estos trabajadores la prioridad es la alimentación, a la que, según el DANE, destinan el 34.6% de sus ingresos. En segundo lugar la vivienda, a la que destinan el 29.7% (7), lo que les deja muy poco margen para cubrir otras necesidades, no tienen capacidad de ahorro. Lo que deja claro que esta propuesta no ampliará cobertura, o lo hará marginalmente.

Adicionalmente la Ley 1251 de 2008 estableció que son deberes del Estado "garantizar y hacer efectivos los derechos del adulto mayor", y "asegurar la adopción de planes, políticas y proyectos" para este sector de la población. En aplicación de esta política se diseñaron programas de carácter asistencial que no garantizan el reconocimiento efectivo de derechos, focalizados en la población adulta mayor más pobre, indígenas, mujeres, discapacitados, población desplazada, minorías étnicas y reclusos.

Estas políticas públicas son de tres clases: 1) aseguramiento en salud, 2) subsidio económico a través de servicios sociales básicos para beneficiarios que residen en Centros de Bienestar del Adulto Mayor, 3) subsidio en dinero y servicios sociales complementarios al beneficiario que no reside en estos centros. Estos subsidios van desde $40.000 mes (ración alimenticia a cargo del ICBF) a $75.000 (subsidio monetario). En 2014 estos programas tuvieron cobertura de 1.252.167 personas (8), o sea el 22.8% de la población adulta mayor que no recibe ninguna pensión (5.495.437).

Como se ve, el alcance que tiene esta política es reducida en comparación con la población beneficiaria potencial. Y tiene un problema adicional: es utilizado por los directorios políticos como instrumento clientelista vía inscripción y asignación de cupos.

 

Sistema pensional y mercado de trabajo

 

El sistema pensional colombiano está diseñado exclusivamente para trabajadores(as) de la economía formal, que gozan de relativa estabilidad a lo largo de su vida laboral, condición que no tiene la mayoría de los trabajadores(as) del país. El 66% no está afiliado al sistema de protección social (salud, pensiones y riesgos laborales), y en las 13 áreas metropolitanas la tasa de informalidad en 2014 fue de 48,4%, un punto porcentual menos que en 2013, que equivale a 5.076.000 trabajadores de pequeñas empresas (de hasta 5 trabajadores), o como cuenta propia (el 61.2%) en empleos que a pesar de permitirles algún nivel de ingresos, les disminuye la posibilidad de innovar, desarrollarse, hacer parte de economías de escala y pagar su seguridad social.

Los cuenta propia, por su parte, se incrementaron en 2,7%. Representan el 60,5% de los trabajadores informales en las 13 áreas metropolitanas. Así mismo, se destaca el hecho de que 245.000 ocupados informales se ubiquen en la categoría de trabajador sin remuneración.

Pero son las mujeres las que presentan mayores tasas de informalidad: 6,3 puntos porcentuales por encima de la reportada por los hombres: 51,8% y 45,5% respectivamente. Son en su mayoría trabajadores y trabajadoras de famiempresas, de micro y pequeñas empresas, cuya no afiliación a la seguridad social se relaciona con dos problemas: primero, el lugar que este tipo de empresas ocupan en la cadena de subcontratación que dominan las grandes empresas nacionales y extranjeras, que no les dejan margen para cumplir con las obligaciones que se derivan del contrato de trabajo, como el pago de un salario mínimo y la afiliación a la seguridad social. Y segundo, fenómenos de evasión que tienen que ver con una cultura de la ilegalidad, que se ve reforzada por la ausencia de una política de inspección eficaz por parte de las autoridades del trabajo.

En efecto, muchos empleadores, principalmente en ciudades pequeñas y municipios, aunque tengan condiciones para afiliar a sus trabajadores a la seguridad social, no lo hacen, pues están convencidos de que nadie los va a denunciar ni ninguna autoridad los va a sancionar. Por otro lado, muchos empleadores suspenden las cotizaciones por largos períodos, o cotizan por debajo del salario que pagan efectivamente, como tristemente lo descubren los trabajadores que, convencidos de cumplir los requisitos de edad y semanas de cotización, se dirigen a Colpensiones a tramitar su pensión. Se encuentran con la mala noticia de que su empleador suspendió las cotizaciones, o cotizó sólo por un salario mínimo.

En este problema también incide la inestabilidad laboral y la alta rotación en los empleos. En Colombia el 95% de los desempleados son cesantes, es decir, personas que perdieron su trabajo y suspenden su cotización a pensiones por lo menos durante 24 semanas, que es en promedio el tiempo que tardan en encontrar un nuevo trabajo. Por otra parte, muchos son contratados por prestación de servicios, cooperativas de trabajado asociado, o agencias de servicios temporales (9), lo que se expresa en cotizaciones discontinuas y esporádicas, que no les permite completar el número de semanas para acceder al derecho a la pensión. Problemas semejantes tienen los mayores de 40 años, quienes una vez pierden su trabajo tienen grandes dificultades para reubicarse laboralmente y reanudar cotizaciones al sistema.

Un estudio del Banco de la República (10) arrojó que del total de la población trabajadora sin educación que ingresó al mercado laboral en 2007, apenas el 11% lograría reunir el número de semanas de cotización necesarias para pensionarse en el régimen de prima media.

 

Las alternativas de reforma e intereses en juego

 

A la hora de diseñar las alternativas que deberían ir en una reforma pensional, vale la pena recoger la reflexión que hace la OCDE en su diagnóstico de la economía colombiana. Señala que "el sistema de pensiones plantea serios problemas de equidad. La cobertura del régimen contributivo es baja, y la falta de una pensión mínima en el primer pilar condena a muchos ancianos a la pobreza. En 2012 sólo recibió pensión el 30% de la población en edad de jubilación, en comparación con el 80% y 90% en países como Argentina, Brasil, Chile y Uruguay" (11). Tal diagnóstico, con el que coincidimos, debería llevar a una reforma pensional que, ante todo, le asegure a toda persona las condiciones materiales que les permitan vivir con dignidad.

Sin embargo, en la reforma se juegan también otros intereses. Aunque para el gobierno el objetivo de la reforma debería ser asegurar "protección justa para la vejez", a la hora de presentar las alternativas su principal preocupación es cómo hacer sostenible financieramente el sistema pensional, un propósito que, siendo válido, no debe ser el foco de la reforma. Por eso durante el paso de Rafael Pardo por el Min-trabajo se llegó a proponer que el gobierno sólo estaría en condiciones de financiar pensiones de hasta dos salarios mínimos, y que quien aspirare a una pensión mayor debería abrir una cuenta en un fondo privado para cotizar por encima de dos salarios mínimos.

Para el Consejo Privado de Competitividad (CPC), el objetivo de la reforma debe ser el fortalecimiento del negocio financiero. Eso es lo que significa su propuesta de "marchitar el régimen de prima media, para lo cual se debe frenar de inmediato la entrada de nuevos afiliados y prohibir nuevos traslados del régimen de ahorro individual con solidaridad al ISS" (elcolombiano.com, noviembre de 2011. Esto también recomienda Fasecolda, el gremio que reúne a las aseguradora que manejan el negocio de los seguros de riesgos profesionales.

Por su parte Asofondos, gremio de los Fondos Privados de Pensiones, coincide con el gobierno y con la OCDE en que la reforma debería contribuir a hacer sostenible financieramente el sistema, imponiendo tributos para las pensiones de jubilación más altas (sólo las de el régimen de prima media); definir la mesada sobre la base del cálculo del ingreso de los últimos 20 años; que la tasa de reemplazo sea mayor para los salarios más bajos; que la edad para pensionarse se defina basándose en la expectativa de vida de cada generación (respetando derechos adquiridos), pero que se debe igualar las edades de pensión de hombres y mujeres, compensando a las mujeres con un bono de maternidad que garantice sus cotizaciones por un año, después del nacimiento de cada hijo.

La OCDE hace un conjunto de propuestas que van desde la aplicación inmediata del programa BEPS y la ampliación del programa de atención al adulto mayor, hasta la adopción de reformas que aseguren su sostenibilidad en el futuro. Considera que la edad legal de jubilación es muy baja según los criterios internacionales, y por tanto "debería retrasarse más, y en el futuro debería ajustarse a la evolución de la esperanza de vida".

Considera, igualmente, que la tasa de sustitución (la mesada pensional), que hoy está entre el 65% y el 85% del salario medio de los 10 años anteriores, es muy alta en comparación con el promedio de la OCDE, que es del 57% de los ingresos acumulados a lo largo de toda la vida. Propone también equiparar el régimen de prima media (sistema público) con el sistema de ahorro individual (privado), porque a su juicio "el primero es costoso e ineficiente". Por último, considera que es necesario revisar el requisito de que las pensiones sean al menos iguales al salario mínimo.

 

Por un pacto social para la protección social (12)

 

Los sistemas de protección social son claves en la construcción de sociedades democráticas, incluyentes y civilizadas, y son el núcleo o la sustancia del Estado Social, democrático y de derecho. En este punto lo que acordamos por consenso los colombianos en la reforma constitucional de 1991, es apenas una promesa inconclusa, constantemente amenazada y vulnerada desde las políticas neoliberales.

La crisis generalizada que presenta el sistema de protección social demanda una reforma integral, que le asegure sostenibilidad al sistema, pero cuyo foco sea asegurar ingresos antipobreza a toda la población adulta mayor. En este sentido, la reforma debe recoger las reflexiones que se han hecho desde los organismos internacionales, como Naciones Unidas y OIT. Para lograr este objetivo es fundamental promover una amplia deliberación pública a través del Diálogos Social, que incorpore a todos los actores sociales que tienen interés e implicación en el tema.

Por lo pronto, los sindicatos han estado construyendo propuestas para garantizar el derecho a la protección de los ingresos para toda la población adulta mayor. Algunas de éstas se resumen en los siguientes objetivos:

  • - Estudio Técnico Actuarial, realizado por el departamento de Seguridad Social y Actuaria de la OIT, con garantía de alta calidad, rigor e imparcialidad. Este estudio abarca todas las instituciones públicas y privadas encargadas de las pensiones en Colombia, en todos sus componentes: régimen de ahorro individual con sus fondos privados de pensiones y sus sociedades administradoras; régimen de prima media con prestación definida; régimen público con todas las entidades; y entidades que manejan o tengan a su cargo regímenes especiales de pensiones.
  • - Sistema Pensional, como un sistema público de protección social, cuyo objetivo fundamental sea la garantía de derechos humanos fundamentales y no la posibilidad de hacer negocios, como ocurre hoy con el sistema de ahorro individual.
  • - Sistema pensional de pilares, con un primer pilar solidario, financiado con impuestos y recursos públicos, que asegure a toda persona adulta mayor, independiente de su condición socioeconómica o si ha cotizado o no al sistema, un ingreso mínimo equivalente a medio salario mínimo legal, inicialmente focalizado en la población adulta mayor más vulnerable. Este ingresos se podría incrementar mediante un sistema de ahorros individuales como los que propone el sistema BEPS. La financiación de este pilar cuesta menos de la mitad del costo fiscal que hoy tienen las exenciones tributarias al capital (13). Esta propuesta surge de la OIT y del Pacto Mundial para el Empleo (14). En Colombia se ha estado aplicando parcialmente a través del régimen subsidiado de salud, el programa Familias en Acción y la política pública para el adulto mayor.
  • - Un segundo pilar, que hace parte del régimen de prima media, con cotizaciones obligatorias hasta 7 salarios mínimos, asegurando una pensión en las condiciones que están establecidas para el régimen de prima media.
  • - Un tercer pilar, para trabajadores(as) que puedan y quieran cotizar por encima de 7 salarios mínimos, a través de la apertura de cuentas de ahorro individual (en Colpensiones o en los fondos privados), que permitan un ingreso superior a la pensión que asegura el segundo pilar.
  • - La garantía de pensión mínima para todos aquellos trabajadores(as) que cumplieron la edad y cuentan hasta con el 70% de la semanas cotizadas, para lo cual se les seguirá descontando la respectiva cotización.
  • - Restablecer el derecho a la negociación colectiva en materia pensional, acatando de manera plena las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical de la OIT.
  • - La reducción de las semanas de cotización de las mujeres, por lo menos a 1.150 semanas, y el aumento de la licencia de maternidad a 6 meses remunerados. Esta propuesta nace como alternativa a la igualación de la edad de pensión entre hombres y mujeres.
  • - Bonos pensionales para las personas que se dedican a las actividades del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados.

 

El sentido de las medidas para las mujeres

 

En el informe entregado por la OCDE al Estado Colombiano, en el que presenta agudas recomendaciones en materia de política económica laboral, se sugiere "equiparar la edad de jubilación entre hombres y mujeres. Y a mediano plazo incrementar la edad de jubilación y vincularla a la evolución de la esperanza de vida".

Al respecto cabe decir que esta no es una medida coherente con el propósito de la equidad de género, por varias razones. En primer lugar, el establecimiento de una edad de retiro diferenciada para mujeres y hombres, así como en el número de semanas requeridas para poder acceder a una pensión, obedece a una medida afirmativa, entendida en el derecho internacional de los derechos humanos como una medida temporal para corregir una situación de discriminación, por lo que no se debe entender como una medida discriminatoria. En resumidas cuentas, la igualdad es tratar igual lo igual y diferente lo diferente.

Tanto la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer –CEDAW, la Declaración de Beijing y su Plataforma de Acción, así como la OIT en distintas conferencias, coinciden en que este tipo de medidas son necesarias para cerrar las brechas de género y como estrategias para la superación de la desigualdad.

Frente a las condiciones de desventaja de las mujeres en el mundo laboral, las cuales justificarían un régimen particular para la protección social efectiva, la OIT ha expresado:

Las mujeres acumulan desventajas a lo largo de la vida. Constituyen un colectivo especialmente vulnerable porque muchas de ellas trabajan ya sea sin remuneración o con una remuneración escasa, a tiempo parcial, a menudo con interrupciones, o en la economía informal. En consecuencia, es menos frecuente que tengan derecho a recibir una prestación en concepto de pensión contributiva por derecho propio, e incluso cuando tienen derecho a ese tipo de prestaciones, las pensiones suelen ser muy inferiores a las de los hombres, al haber sido sus remuneraciones menores y al haber cotizado durante menos tiempo (OIT, 2009).

Conscientes de ello, algunos Estados han implementado ciertas medidas, como el establecimiento de una edad de retiro o el requerimiento de semanas cotizadas diferenciados para mujeres y hombres, los bonos pensionales para las mujeres como un reconocimiento al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. La apuesta en ese sentido sería: igualemos el número de semanas cotizadas y la edad de retiro, siempre y cuando el cuidado no remunerado tenga todas las garantías y se reconozca socialmente como actividad productiva. De otra manera esta pretendida "igualación" será discriminación.

Como lo puso de relieve la Conferencia Internacional del Trabajo en 2001, la seguridad social debería promover el principio de igualdad de género y basarse en el mismo:

... En la mayoría de las sociedades, las continuas desigualdades entre las remuneraciones de hombres y mujeres suelen afectar a los derechos de las mujeres a la seguridad social... y de considerar la posibilidad de introducir un salario mínimo, cuando todavía no exista. Cualquiera de los progenitores que se ocupe del cuidado de los hijos debería disfrutar de las prestaciones de la seguridad social previstas a tal fin. Además, cada sociedad debería considerar la posibilidad de introducir una discriminación positiva a favor de las mujeres allí donde haya que hacer frente a la discriminación propia del sistema. (OIT, 2006).

El establecimiento de pensiones en régimen especial para la población "inactiva" dedicada a los oficios del hogar que, como se dijo, concentra a casi 5 millones de mujeres, puede ser una medida de reconocimiento del valor económico y social del cuidado, resaltando que serían necesarias medidas adicionales que transformen las relaciones de género en el cuidado.

Frente a la propuesta de la OCDE de ligar la edad pensional con la esperanza de vida, vale retomar lo dicho por la OIT en su Conferencia de 2009: "...para muchas personas vivir más tiempo también significa vivir con recursos escasos durante un período más largo, de forma que la pobreza en la vejez es una de las principales preocupaciones actuales". De este modo, si bien es cierto que la esperanza de vida en general se ha incrementado, persisten fenómenos como la feminización de la pobreza, la discriminación de género en el empleo, y aun las cargas de cuidado en las edades más avanzadas es importante (15), ya que muchas de estas mujeres forman parte de las redes de apoyo a otras mujeres para que participen en el mercado de trabajo.

[1] Ministerio del Trabajo. Informe de actividades al congreso, 2013 – 2014, pág. 67.

[2] Estudios económicos de la OCDE Colombia. evaluación económica enero de 2013 visión general, pág 337, 37.

[3] Top 5 de la inversión más alta: Defensa y Policía – 27,744 billones de pesos; Educación – 27,276 billones de pesos; Trabajo – 24,457 billones de pesos; y educación Salud y Protección Social – 18,004 billones de pesos; Hacienda - 14,506 billones de pesos. Con información del Ministerio de Haciendahttp://www.urnadecristal.gov.co/gestion-gobierno/presupuesto-colombia-2014-sena-agro.

[4] En el 1ño 2000, el 44.4% de los afiliados a los fondos privados de pensiones provenía del antiguo ISS, en el 2014 es sólo el 12%. Los propios asesores de los fondos aconsejan a muchos afiliados que se cambien para Colpensiones pues allí van a tener una mejor pensión que la que pueden alcanzar en un fondo privado, un fenómeno que explica el crecimiento del 16% de los afiliados a Colpensiones en el último año.

[5] La creación del Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos - BEPS, se fundamenta en el Acto Legislativo 01 de 2005 que adicionó el artículo 48 de la Constitución Política de 1991 y ha sido reglamentado mediante los Decretos 604, 1872 y 2983 de 2013.

[6] DANE, los componentes de la canasta familiar y su ponderación según los niveles de ingresos.

[7] Ministerio del Trabajo. Informe de actividades2013 - 2014al congreso, pág.78
[8] Un ejemplo que ilustra esta situación lo da ACOSET, el gremio que agrupa a las empresas de servicios temporales, las que en el año 2012 enviaron 595.590 trabajadores en misión, los que celebraron 1.295.000 contratos laborales en ese año. ACOSET. Datos estadísticos del sector de servicio temporal en Colombia, 2012, pag. 8.

[9] LÓPEZ, Hugo y LASSO, Francisco. (2012) El mercado laboral y el problema pensional colombiano. Disponible en [http://www.banrep.gov.co/es/borrador-736]

[10] Estudios económicos de la OCDE Colombia. evaluación económica enero de 2013 visión general, pag. 337, 37.

[11] Las propuestas que siguen son el producto de varios seminarios que con el auspicio de FESCOL y de la ENS, se hicieron durante el 2013 y 2014, en la que participaron delegados la CUT, la CTC y organizaciones sindicales del sector de la salud.

[12] "La utilización de los gastos tributarios ha crecido de forma constante en Colombia desde principios del decenio de 2000; su número aumentó de 127 a 201 entre 2000 y 2011. Según las estimaciones, en 2010 los ingresos fiscales sacrificados representaron entre el 3% y el 4,5% del PIB (Banco Mundial, 2012a). (...) El gran número de gastos tributarios – por ejemplo, aquellos relacionados con las zonas de libre comercio, los regímenes legales, las tasas preferenciales para las pequeñas empresas (las denominadas SAS) y las tasas reducidas y exenciones del IVA – no sólo merman los ingresos sino que también añaden un alto grado de complejidad al sistema, lo cual encarece su administración y cumplimiento, y facilita la elusión y evasión" (o.c, pág 41).

[13] ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Para recuperarse de la crisis: un pacto mundial para el empleo, 2009. Pág. 7. Citado por: ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, PISO DE PROTECCIÓN SOCIAL, Para una globalización equitativa e inclusiva. Informe del Grupo consultivo convocado por la OIT en colaboración con la OMS, y presidido por Michelle Bachelet. OIT, 2011. Pág. 10.

[14] En edades avanzadas (65 años y más), la participación de las mujeres en actividades del cuidado no remunerado se mantiene en un 84.2% mientras que la que corresponde al trabajo remunerado es del 17.7%; las mujeres en este rango de edad dedican 4h 49min en promedio a estas actividades diariamente. (OSORIO, 2014).

 

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