Sábado, 23 Junio 2018 05:55

Los derechos de la naturaleza

Los derechos de la naturaleza

¿Puede un río o una montaña tener derechos? La respuesta proviene de organizaciones sociales, pueblos indígenas y académicos críticos: si tienen derechos las empresas (creación humana que tiene como principal fin el lucro), ¿cómo no va a tener derechos la naturaleza? La Constitución Nacional de Ecuador y la ley nacional de Bolivia contemplan los derechos de la naturaleza. Fallos judiciales de Colombia y normativas de Nueva Zelanda legislaron en el mismo sentido. Y la Universidad Nacional del Litoral inauguró un curso inédito y que interpela el conservadurismo del poder judicial: “Derechos de la naturaleza. Un abordaje teórico, práctico e interdisciplinar”.


En marzo de 2017, el Parlamento de Nueva Zelanda otorgó estatus de personería jurídica al río Whanganui, solicitado por el pueblo indígena maorí. El curso de agua, el tercero más largo del país, tendrá derechos y deberes jurídicos y podrá ser representado en un tribunal por un delegado del Estado y otro del pueblo originario.


“Sé que la reacción inicial de algunos será pensar que es bastante extraño dar personalidad legal a un recurso natural, pero no es más extraño que una fundación familiar, una compañía u otro tipo de sociedad”, señaló Chris Finlayson, ministro para la Negociación de Tratados de Nueva Zelanda.


“Yo soy el río y el río es yo”, explican desde la cultura maorí, difícil de entender para quienes sólo visualizan a la naturaleza como un recurso económico. Para los pueblos indígenas, la naturaleza tiene derechos desde siempre, pero ahora comienzan a entenderlo desde el poder político.


En mayo de 2017, fue el turno de Colombia. La Corte Constitucional declaró, por primera vez en el país, que un río “es sujeto de derechos” y ordenó su protección y conservación. Se trata del río Atrato, uno de los más extensos del país, que es afectado por la extracción ilegal de oro. La Corte ratificó que el curso de agua es vital para la vida de las comunidades locales e instó al Estado a protegerlo.


Ximena González, vocera del Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna, señaló que la sentencia crea una comisión de “guardianes del río Atrato”, integrada por personas de las comunidades locales y del gobierno nacional. Y establece la creación de una comisión de expertos que asesoren a los guardianes del río que, además de la protección, incluyan un plan de intervención integral para recuperarlo de la contaminación.


El Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna actuó en representación del Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular Campesina del Alto Atrato (Cocomopoca), el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato (Cocomacia), la Asociación de Consejos Comunitarios del Bajo Atrato (Asocoba) y el Foro Inter-Étnico Solidaridad Chocó (Fisch).


“Es un fallo muy importante, histórico para Colombia, porque por primera vez se le da un lugar a los derechos de la naturaleza, en particular a un río”, destacó la vocera del Centro de Estudios. También existen fallos judiciales en Ecuador e India.


La Constitución de Ecuador reconoce los derechos de la naturaleza en el artículo 71: “La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza”.


En Bolivia fue sancionado por ley en diciembre de 2010. El artículo 1 señala: “La presente ley tiene por objeto reconocer los derechos de la Madre Tierra, así como las obligaciones y deberes del Estado Plurinacional y de la sociedad para garantizar el respeto de estos derechos”. Cuenta con diez artículos. Establece que la Madre Tierra tiene derecho a la vida, al agua, al aire limpio, al equilibrio, a la restauración, a vivir libre de contaminación,


En Argentina, el senador Pino Solanas presentó un proyecto de ley en el mismo sentido. “El ejercicio de los Derechos de la Naturaleza requiere del reconocimiento, recuperación, respeto, protección, y diálogo de la diversidad de sentires, valores, saberes, conocimientos, prácticas, habilidades, trascendencias, transformaciones, ciencias, tecnologías y normas, de todas las culturas que buscan convivir en armonía con la Naturaleza”. Crea la “defensoría de la naturaleza”, cuya misión es velar por la “vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los Derechos de la Naturaleza”. Fue presentado en 2015 y no tuvo tratamiento en el Congreso Nacional. Fue presentado nuevamente en 2017 y aún no tuvo giro en la Comisión de Asuntos Constitucionales.


La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral (con sede en Santa Fe) sacudió el conservadurismo de la formación judicial con el curso “Derechos de la naturaleza. Un abordaje teórico, práctico e interdisciplinar”. El objetivo general es “contribuir desde una perspectiva teórica, práctica e interdisciplinar al debate y reflexión sobre una de las respuestas que, desde América Latina, se viene construyendo en relación al problema ambiental en los últimos años: el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derecho, dentro del marco de modelos que se presentan como alternativos al capitalismo bajo la idea de ‘buen vivir’, ‘vivir bien’”.


Con una carga horaria de 240 horas (un promedio de 30 horas mensuales), a cargo de la docente e investigadora del Conicet Valeria Berros, se explica que se trata de un proceso iniciado en Ecuador y Bolivia, con avances en Brasil, Argentina y México, y con debates en el mismo sentido en Naciones Unidas.


Entre los objetivos específicos sobresale la necesidad de “extender la subjetividad jurídica más allá de los seres humanos”.


“El curso es importante porque permite ver que el derecho a un ambiente sano o la regulación sobre los recursos naturales no son la única manera que existe para pensar en el problema ecológico. Si bien ambas perspectivas han asumido un rol preponderante en las últimas décadas, lo cierto es que los problemas se agravan y, por ello, reviste aún más relevancia indagar en otras traducciones jurídicas presentes en la diversidad de sociedades y cosmovisiones, sobre todo aquellas que discuten el antropocentrismo”, explicó Berros. Una mirada que interpela la idea hegemónica del ser humano como el centro, y fin absoluto, de todo.


Por otro lado, la docente e investigadora destacó que el nuevo enfoque implica muchas disciplinas: “Cada vez es más visible que el derecho no puede seguir sólo mirándose a sí mismo, por el contrario, necesita comenzar a dialogar con otros saberes, no sólo aquellos institucionalizados como parte de las ciencias naturales, las humanidades y las ciencias sociales, sino los provenientes de movimientos de lucha, pueblos indígenas, profesionales de la salud desplegados en el territorio”.

Por Darío Aranda (Argentina, 1977), periodista. Especializado en extractivismo (petróleo, minería, agronegocios y forestales) escribe sobre el acontecer de los pueblos indígenas, organizaciones campesinas y asambleas socioambientales. Blog personal: www.darioaranda.com.ar

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Martes, 06 Marzo 2018 06:48

El ambiente sano es un derecho

El ambiente sano es un derecho

Por primera vez, la Corte Interamericana vinculó el cuidado del medio ambiente con los derechos humanos. El máximo tribunal americano sostuvo que los estados están obligados a respetar y garantizar estos derechos.

 

Agua sin cianuro de minería, aire sin agrotóxicos, lagos sin hidrocarburos, ríos sin contaminación de pasteras: un ambiente sano, entendido como parte de los derechos humanos. Así lo exigen desde hace décadas asambleas socioambientales, campesinos e indígenas. En una medida inédita, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) acaba de expedirse en línea similar: afirmó que existe una “relación innegable entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos humanos”. El máximo tribunal destacó que los Estados deben respetar y garantizar estos derechos humanos y que tiene la obligación de evitar los daños transfronterizos.


La Corte IDH es el órgano judicial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y tiene como objetivo aplicar la Convención Americana sobre Derechos Humanos (que entró en vigencia en 1978) y los convenios sobre la temática. En febrero emitió una resolución inédita mediante su “opinión consultiva OC-23/17”, donde destacó la relación de interdependencia e indivisibilidad que existe entre los derechos humanos, el medio ambiente y el desarrollo sostenible. “Por primera vez la Corte Interamericana desarrolló el contenido del derecho al medio ambiente sano”, destacó el comunicado oficial.


La Corte determinó que los Estados deben “prevenir los daños ambientales significativos, dentro o fuera de su territorio, lo cual implica que deban regular, supervisar y fiscalizar las actividades bajo su jurisdicción, realizar estudios de impacto ambiental, establecer planes de contingencia y mitigar los daños ocurridos”.


En un aspecto contemplado por la Ley General del Ambiente de Argentina (25.675), abordó el principio precautorio (ante la posibilidad de perjuicio ambiental es necesario tomar medidas protectoras). La Corte Interamericana instó a los estados a “actuar conforme al principio de precaución frente a posibles daños graves o irreversibles al medio ambiente, que afecten los derechos a la vida y a la integridad personal, aún en ausencia de certeza científica”.


También llamó a garantizar el acceso a la información sobre posibles afectaciones al medio ambiente, exigió que se cumpla el derecho a la participación pública de las personas en la toma de decisiones y políticas que pueden afectar el medio ambiente.


Valeria Berros pertenece al Centro de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad del Litoral y del Conicet. Se especializa en derecho ambiental. “La medida de la Corte es muy importante porque es la primera vez que se dedica a desarrollar el contenido del derecho a un ambiente sano que forma parte de la Convención Americana de DDHH”, explicó.


Berros, que también integra la ONG Capibara, destacó la importancia de las referencias respecto al acceso a la información, la participación pública en materia ambiental y la justicia ambiental. “Es central la referencia al principio de precaución, de prevención y de cooperación entre los estados para la tutela del ambiente. Esto último es muy importante por las actividades extractivas, cuando se trata de ecosistemas compartidos entre países”, afirmó.


Organizaciones sociales, ONG, pueblos indígenas y abogados especializados explican desde hace décadas que las luchas referidas al extractivismo no son sólo ambientales, sino también acciones por los derechos humanos. Aún así, es muy difícil que los organismos de derechos humanos de Argentina tomen el tema (a excepción de Serpaj) como tampoco lo abordan las ONG internacionales de DDHH (salvo acciones puntuales).


Darío Avila, abogado cordobés que acompaña las luchas de pueblos fumigados con agrotóxicos, hizo una lectura detallada de las 102 páginas del escrito de la Corte IDH y destacó “la asociación directa e ineludible entre derechos humanos y medio ambiente”. Ejemplificó que, en palabra de la Corte, “la degradación ambiental afecta otros derechos humanos”. Cuando se afecta el ambiente se ven “especialmente vulnerados el derecho a la vida, a la salud, al agua, a la alimentación, a la vivienda y a la cultura”.


El abogado cordobés destacó que el mismo tribunal aclaró que los alcances de la decisión judicial van más allá del caso específico (Colombia), “debe ser aplicado en todos aquellos conflictos ambientales con obligaciones estatales en materia ambiental y de derechos humanos fundamentales”. Avila explicó que, en el escrito de la Corte, se hace especial mención a que la afectación al medio ambiente genera conflictos violentos que vulneran el derecho a no ser desplazados e incluso ponen en jaque el derecho a la paz.


La “opinión consultiva” (nombre técnico de la resolución de la Corte) surgió por una solicitud del estado colombiano en marzo de 2016 en un caso referido a la región del Gran Caribe y los estados ribereños.


Otro punto que destacó la Corte es que los Estados tienen la obligación de evitar los daños transfronterizos. Las organizaciones socioambientales hace años que exigen tener presente ese punto: en Argentina podría aplicar en el caso de las pasteras con Uruguay, la minería en la Cordillera, las fumigaciones con agrotóxicos y la contaminación de ríos compartidos, o las represas junto a Brasil y Paraguay, entre otros.


La Corte Interamericana recordó que, conforme al derecho internacional, cuando un Estado es parte de un tratado internacional (como la Convención Americana), la obligación es para todos los órganos de Estado, incluidos los poderes Judicial y Legislativo.

Por Darío Aranda
Página 12

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'Ni un pozo más': Ecuatorianos dicen 'No' a la extracción petrolera en el Amazonas

Se ampliará la zona intangible, libre de extracción de cualquier tipo, incluyendo la petrolera, dentro del Parque Nacional Yasuní.

 

El pasado domingo 4 de febrero, los ecuatorianos se pronunciaron a favor de reducir el área de extracción petrolera y ampliar la zona protegida en el Parque Nacional Yasuní, ubicado en la región amazónica ecuatoriana.

 

Los ciudadanos respondieron de forma positiva a la pregunta 7 de la consulta popular, que convocó el presidente Lenín Moreno. La interrogante era: ¿Está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas? Los resultados fueron claros: el 67,3 % dijeron 'Sí' y solo el 32,7% que 'No' (con el 99,62 % de las actas procesadas por el Consejo Nacional Electoral —CNE—).

 

En las provincias donde se encuentra el Yasuní, que son Pastaza y Orellana, el resultado a favor del 'Sí' fue aún mayor: en la primera, el 83,36 % de los votantes dieron su afirmación a la pregunta; y en la segunda, lo hicieron el 75,48 %.

 

El Yasuní, Reserva de la Biosfera

 

El Yasuní es una de las zonas más biodiversas del planeta, con más de 2.100 especies de flora identificadas, aunque se estima que son más de 3.000; y unas 598 especies de aves, unas 200 de mamíferos, 150 de anfibios y 121 de reptiles. El parque se creó en 1979, abarcando un área de 1.022.736 hectáreas, y 10 años después, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) declaró a ese territorio como Reserva de Biosfera.


El Yasuní, además de ser el albergue de una gran biodiversidad, es el hogar de varias etnias indígenas: Waorani, Shuar, Kichwa, Tagaeri y Taromenane, estas dos últimas son pueblos en aislamiento voluntario. En 1999 se creó, por decreto del entonces presidente Jamil Mahuad, la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane (ZITT); no obstante, fue durante el mandato de Alfredo Palacio (2005-2007) que se delimitó el área, abarcando un total de 758.773 hectáreas, un lugar seguro para los pueblos ancestrales y libre de la extracción de cualquier tipo, incluyendo la petrolera.

 

¿Qué significa y cuál es el alcance de la medida consultada?

La pregunta apunta a dos temas: Ampliar la ZITT y disminuir el área de explotación petrolera.


1.- Ampliar la ZITT


En concreto, a las 758.773 hectáreas protegidas se le sumarán "al menos 50.000", como decía la consulta. El ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, ya adelantó que serán específicamente 62.188 hectáreas adicionales.


Grupos ecologistas, entre ellos YASunidos, llamaron a votar 'Sí' en la reciente consulta, bajo el lema 'Ni un pozo más', aunque reconocieron que había muchos puntos que no estaban bien definidos en el plebiscito sobre este tema. Pedro Bermeo, vocero de YASunidos, señaló que, aunque "no es claro, no dice cuándo, dónde ni cómo", el hecho de que el Estado "reconozca la existencia de los Pueblos Aislados —o más bien pueblos acorralados— es muy positivo para la supervivencia de estos pueblos, más aún ampliar la ZITT".



2.- Reducir la explotación petrolera en el parque


La parte final de la interrogante decía: "reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas".


Se refiere en concreto a las 1.030 hectáreas que la Asamblea Nacional aprobó que fueran espacio para la extracción petrolera en Yasuní, específicamente en el llamado eje Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT), que comenzó a explotarse en 2016, una zona que tiene el 42 % de las reservas de crudo del país. La aprobación se hizo por solicitud del entonces presidente Rafael Correa, luego que no tuviera éxito la iniciativa Yasuní ITT, que buscaba una contribución internacional de 3.600 millones de dólares, percibidos a lo largo de 12 años, a cambio de dejar el crudo de la zona bajo tierra.


Bermeo señala que tienen estudios técnicos basados en los informes de la misma Petroamazonas, que trabaja en la zona, que demuestran que ya están explotadas más de las 300 hectáreas en el Yasuní que propone el gobierno, "por lo que daremos la pelea para que se pare ahí".


"No se sabe si la ampliación de la zona intangible es hacia el norte, sur, este u oeste y tampoco se sabe dónde estarán las 300 hectáreas", dijo, por su parte, Ramiro Ávila Santamaría, abogado, experto en derechos humanos y ambientales, y catedrático de la Universidad Andina Simón Bolívar, quien considera que no hay claridad con lo que pretende el gobierno en el Yasuní.


Mientras, ya se sabe que una comisión técnica integrada por los ministerios de Hidrocarburos, Justicia y Ambiente, será la encargada de evaluar las áreas que serán incluidas a la ZITT, informó el ministro Pérez.

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Entrada del refugio Cheyenne Mountain, en Colorado.

Con el nivel de alerta nuclear en niveles máximos, el historiador y periodista Garrett Graff explica cómo funcionan los tres refugios excavados en las montañas que permitirían a la Casa Blanca asegurar la continuidad del gobierno


"Es cierto que estamos más cerca de la catástrofe global que en ningún otro momento desde los años cincuenta".

El 25 de enero, el Boletín de Científicos Atómicos movió las manecillas de su Reloj del Apocalipsis para dejarlas a sólo dos minutos de la medianoche. El simbólico reloj no estaba tan cerca del Armagedón desde 1953, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética completaron sus primeras bombas de hidrógeno.


Aunque la bomba de hidrógeno puede multiplicar hasta por mil la potencia de las que cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki, en Estados Unidos un pequeño grupo de 9.000 personas tiene autorización para salvarse si el reloj marca las 12. Sólo tienen que llegar a tiempo a los tres gigantescos refugios que la Casa Blanca ha excavado para ellos en las montañas con el fin de asegurar la “continuidad del Gobierno”, como se dice en la jerga militar.


La historia de esos tres refugios es el centro de Raven Rock, el último libro del historiador y periodista estadounidense Garrett Graff, que desde la portada se anuncia como el “plan secreto del gobierno de EEUU para salvarse a sí mismo mientras el resto de nosotros muere”.


Como dijo el propio Graff durante una entrevista por Skype con eldiario.es, “la gente no termina de entender lo que son esos refugios, montañas vaciadas con una ciudad dentro, edificios entre los que se puede caminar, centrales eléctricas, instalaciones médicas, lagos subterráneos...”.


Su libro repasa la construcción de los tres. El primero fue Raven Rock, en Pensilvania, que comenzó a excavarse bajo la presidencia de Harry Truman con el objetivo de crear un Pentágono paralelo. A medida que avanzaba la Guerra Fría se fueron construyendo los otros dos: Mount Weather, en Virginia, para resguardar la vida de legisladores y altos cargos del Gobierno; y Cheyenne Mountain, en Colorado, para detectar los ataques y coordinar la defensa aérea.


Pero cayó el Muro de Berlín, el Reloj del Apocalipsis se alejó 17 minutos de la medianoche, y los refugios comenzaron a parecer ridículos. Hasta que el 11 de septiembre de 2001 un avión se estrelló contra el Pentágono. "No voy a decir que hubo que encender las luces de Raven Rock de nuevo porque estaban apagadas pero casi. Ese día mucha gente se dio cuenta de lo desfasadas que habían quedado las instalaciones así que se invirtió mucho en nuevos equipos de comunicación y computación, y en dotarlas otra vez de personal”, explicó Graff.


¿La actualización fue sólo por la amenaza terrorista?


Están diseñadas para hacer frente a varios tipos de amenazas. Una de ellas es la catástrofe nuclear, ya sea por un intercambio limitado de misiles con Corea del Norte o por una guerra abierta contra Rusia. La segunda es un ataque terrorista, que podría ser con armas nucleares improvisadas, con un ataque químico o biológico sobre Washington. La tercera hipótesis es un ciberataque, la amenaza más reciente de todas y para la que estas instalaciones están preparándose cada vez más, ya sea proveniente de un Estado nación o de un grupo terrorista. O la posibilidad de un ataque con un pulso electromagnético sobre cualquier ciudad costera.


¿Por qué sería necesario estar dentro de una montaña durante un ciberataque?


Si Washington se queda sin agua ni electricidad por un ataque de ese tipo, dentro de Raven Rock no tendrían ese problema.


¿Cuánto tiempo pueden vivir dentro de la montaña?


Depende de los aprovisionamientos, pero las 3.000 personas que alberga Raven Rock, por ejemplo, podrían resistir entre dos y cuatro semanas.


¿Raven Rock es indestructible?

Ninguna de estas instalaciones fue diseñada para resistir un bombardeo nuclear directo. No hay en el mundo una instalación capaz de resistir algo así. Pero lo que pasaba en la Guerra Fría es que ni la Unión Soviética ni Estados Unidos ponían entre sus objetivos militares al mando de operaciones del adversario porque necesitaban tener a alguien con quien negociar la paz. Tenía que quedar alguien para apagar la guerra nuclear.


¿Esa lógica sigue vigente?


Eso no se puede saber. Nuestros planes de guerra son secretos y los del resto, también. En el caso de Corea del Norte creemos que no tiene las armas necesarias para terminar con el puesto de mando de EEUU. Tienen entre 10 y como mucho 20 bombas nucleares, y tal vez menos misiles balísticos capaces de llegar a Estados Unidos continental. No hay ningún indicio de que dominen el sistema de guiado necesario para apuntar con exactitud ni la tecnología necesaria para la reentrada en la atmósfera. Lo más probable es que no lograrían la precisión necesaria para destruir al mando estadounidense.


Además, sus bombas no son tan potentes: están en el rango del kilotón y no del megatón, como las bombas rusas. Alcanza con que fallen por muy poco para que Raven Rock o Mount Weather puedan sobrevivir.
¿Qué opina de la alerta de guerra nuclear anunciada por el Boletín de Científicos Atómicos?


Es cierto que estamos más cerca de la catástrofe global que en ningún otro momento desde los años cincuenta. Si te fijas en la historia, las guerras no necesariamente comienzan por una decisión deliberada de un país, sino cuando dos o más países se tropiezan y terminan desembocando en una. Y ya está pasando.
Hace solo unos días, los militares estadounidenses anunciaron que había habido una grave confrontación

entre un caza ruso y un avión de guerra estadounidense sobre el Mar Báltico. Algo así tiene ahora mucha mayor probabilidad de escalar si sigue habiendo accidentes o confusiones que aumenten las tensiones.


El 11 de septiembre de 2001 fue la primera vez que se pusieron en marcha los planes de “continuidad del Gobierno”, con evacuaciones de políticos y militares a los refugios. ¿Fue parecido a las maniobras?
No funcionó nada bien. Sirvió para entender todos los problemas que había con el sistema de comunicaciones. En el (avión presidencial) Air Force One, ni siquiera pudieron ver la televisión por satélite. Durante gran parte del día, el presidente (George W.) Bush estuvo mucho menos informado que cualquier persona normal con acceso a la CNN.


¿Lo corrigieron?


Se ha invertido mucho para arreglarlo, pero no sabremos si el sistema funciona hasta que tengamos que usarlo. Lo que sí es seguro es que ahora es mucho más sofisticado que antes.


¿A Bush no lo llevaron a Raven Rock porque volar es más seguro?


Desde los años setenta se comprobó que si el presidente estaba moviéndose era más difícil que fuera un objetivo militar. También puede alejarse volando de los peligros. El 11 de septiembre, la prioridad fue tenerlo en el aire tan rápido como fuera posible y así sigue siendo hoy. Hay un equipo de aviones llamados losvigilantes nocturnos, listos para despegar con un aviso de 15 minutos y recoger al presidente dondequiera que esté.


Pero el 11 de septiembre voló en el Air Force One.


Sí, pero cuando por fin aterrizó fue en la base de la Fuerza Aérea de Offutt, cerca de Omaha, donde está el hangar de estos aviones.


Otra cosa que demostró el 11 de septiembre fue la impopularidad que supone desaparecer durante la amenaza, como hizo Bush.


Esa siempre ha sido una tensión difícil de resolver. Los presidentes deben elegir entre estar a salvo o al mando. Ocurrió desde los días de Harry Truman, cuando decidió quedarse en la Casa Blanca durante una falsa alarma de un ataque con bombas al país.


Además de militares y políticos, ¿esos refugios también reservan espacio para periodistas?


Hay un montón de empresas privadas involucradas y planes de preservar a los periodistas, sí. La lógica es que en un desastre, si el Gobierno logra comunicarse con la población, lo mejor será que lo haga a través de personas de los medios y conocidas.


¿Donald Trump ha cambiado la lista de esos periodistas?


No sabemos exactamente quiénes son. No se conoce esa lista.


En caso de hecatombe nuclear, los senadores no están autorizados a llevar a su familia al refugio. ¿Eso es viable?


Eso siempre ha sido un desafío. Nadie sabe cómo reaccionarían. ¿Honrarían el deber hacia su familia o hacia su país?


¿No sería más fácil cambiar esa norma?


Las instalaciones no están diseñadas para salvar a las familias sino para que el Gobierno continúe.


¿Cómo ve el pueblo de EEUU que exista esta posibilidad de salvarse para unos pocos?


Creo que no hay una conciencia pública sobre la existencia de estos planes. No creo que la gente sepa que los políticos tienen un sistema para salvarse a sí mismos.


¿Cómo lo ve usted?


Yo sí creo que es importante que un gobierno tenga este sistema. De eso se trata ser un país soberano. Somos algo más que la generación actual y eso es lo que se está tratando de preservar. Estados Unidos quiere preservar la idea de Estados Unidos, algo que es mayor que ningún grupo de líderes, que ningún grupo de políticos, o que ninguna generación de estadounidenses. Por eso en todos estos planes, desde la Guerra Fría y hasta hoy, se incluye la evacuación de la Declaración de la Independencia o de la Constitución. Eso es el corazón de lo que necesita ser salvado.


También podría ser la excusa de los que quieren salvarse.


Sí, podría ser.


Durante la Guerra Fría la “destrucción mutua asegurada” contribuyó a que ninguno de los dos bandos diera el primer paso. ¿La existencia de un refugio casi inviolable termina con esa protección?


Eso es un tema muy interesante y complejo. Lo ideal es tener un sistema que crees que funciona, pero no uno que sabes con seguridad que funciona. Queremos que nuestros líderes sientan un poco de incertidumbre sobre lo que le pasaría al país en una guerra nuclear. Dentro de la estrategia nuclear, esa es una parte muy importante de la teoría de la disuasión.

 

Francisco de Zarate
03/02/2018 - 19:30h

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Falsas alarmas nucleares en Hawai y Japón: ¿preparativos de guerra de Trump contra Norcorea?

Mientras Norcorea y Sudcorea acuerdan competir en un equipo unificado en los juegos olímpicos de invierno, en una fogosa entrevista a Reuters, Trump juega a la "montaña rusa" cuando hasta ahora ha resultado el gran perdedor, al unísono de Japón, del acercamiento entre Seúl y Pyongyang.

Tras la advertencia sarcástica del zar Vlady Putin, quien levantó la mano del mandatario norcoreano juvenil de 34 años como triunfador e insinuó que sus misiles alcanzan a EU, Trump criticó que mientras "China ayuda a Estados Unidos (EU)" con la aplicación de las sanciones, "Rusia las mella".

Trump declinó comentar si estableció comunicación con Kim Jong-un.

Sobre el alcance de los misiles de Norcorea, que algunos expertos (además del zar Vlady), consideran pueden golpear la capital de EU, Trump glosó que "todavía no han alcanzado ese punto, pero se han acercado".

Trump rehusó también comentar si EU considera un limitado ataque preventivo (https://goo.gl/s8dLy8).

Trump juega a la montaña rusa –quizá a la ruleta rusa– en todos los frentes relativos Norcorea: el mismo día que habló por teléfono con el mandarín Xi Jinping sobre el déficit comercial de EU y la delicada situación en la península coreana, Washington encabezaba una reunión de 20 países en Vancouver con el fin de endurecer las sanciones contra Norcorea (https://goo.gl/8X9sZZ). La validez de esa reunión, donde brilló la anglósfera hoy en repliegue global, fue acerbamente criticada por las dos superpotencias: China y Rusia.

¿Se derrumba la "diplomacia tripolar" de EU/Rusia/China aplicada en la península coreana (https://goo.gl/LeRisS)?.

China fue más dura en condenar la reunión de Vancouver que exhibió una mentalidad de guerra fría que mantiene a Norcorea bajo la espada de Damocles de un golpe militar de EU (https://goo.gl/ZDkrs9).

En forma extraña, ocurrieron dos “alarmas nucleares fake” en Hawai y Japón que pueden significar los preparativos de la primera guerra de Trump contra Norcorea.

Un día antes del "extraño error" de una alerta de un ataque misilístico nuclear en Hawai, se celebró en Honolulu la reunión anual del Consejo de Asuntos Militares (sic) de la Cámara de Comercio (sic) de Hawai en el que participaron centenas de comandantes militares y políticos, donde el teniente general de la fuerza aérea Dan Leaf arguyó que Hawai se encuentra "más cerca" a Norcorea que al continente estadunidense, y afirmó que los misiles nucleares de Pyongyang no tienen como objetivo a Sudcorea ni siquiera a Japón, sino “a EU [...], enemigo público número uno de Norcorea”. ¡Ya tienen coartada!

Al día siguiente, quizá en forma preventiva y/o coincidente, se escenificó la “alarma fake” de un ataque nuclear de Norcorea a Hawai.

El portal trotskista WSWS (censurado por Google), dejando de lado su ultrarreduccionismo ideológico, aborda con dos estupendos análisis –uno de Bill Van Auken (https://goo.gl/CTZJRC) y otro de Patrick Martin (https://goo.gl/cqCGkh)– la alarma fake de Hawai.

Ahora resulta que un empleado "anónimo", en un cambio de turno, cometió un error de dedo en su computadora que puso a temblar a millón y medio de habitantes durante 38 minutos de caos. ¡Cómo no!

Van Auken rememora el "récord del gobierno de EU en montar provocaciones y lanzar guerras con base en mentiras".

A su juicio, "la existencia de un sistema desvencijado", que emplea “en forma absurda un software primitivo y una tecnología como la supuesta primera línea de defensa, clarifica que la clase reinante acepta que la guerra nuclear significará la muerte de millones y no tiene ningún plan serio para proteger a quien sea”.

Le llama la atención que el Comando del Pacífico de EU en Hawai “se jacte de ostentar 11(¡supersic!) bases militares separadas, donde "ha sido expuesta la ausencia total de infraestructura esencial y planificación social (sic)".

Para Van Auken el "accidente" queda "claro sólo en el contexto del estadio avanzado de preparativos de EU contra Norcorea", expuesto por Eric Schmitt en el NYT: "los oficiales, militares y tropas se preparan para una guerra que esperan no ocurrirá".

A Van Auken no se le escapa la identidad de Schmitt, "fiel conducto del Pentágono y la CIA".

Por cierto, tras la reciente entrevista de "reconciliación" de Trump, el NYT pasa por una transición catastral del grupo de Soros y los Clinton a Black Rock.

Schmitt expone que Trump y sus ayudantes juegan con un ataque de "nariz sangrienta" cuyo “objetivo es golpear las armas nucleares de Norcorea que no respondería (https://goo.gl/HJRD1M)”. ¿Quién lo garantiza?

Pregunta Van Auken si la alarma fake fue un ejercicio militar” donde "los pobladores de Hawai fueron usados como conejillos de Indias para probar la reacción pública en caso de una invasión de EU a Norcorea que ocasione que el gobierno de Kim Jong-un lance sus misiles antes de ser destruidos".

Aquí lo interesante, a mi juicio, radica en haber probado por los satélites de EU la capacidad de respuesta de China y Rusia y así detectar sus centros de despliegue inmediato.

Patrick Martin describe la miseria de los habitantes de Hawai durante 38 minutos: "la alerta fue retransmitida por los canales de Tv y radio locales", que "el gobierno de Trump buscó restarle importancia" como un "ejercicio estatal (sic)" que no involucra a las fuerzas armadas federales (sic), mientras que "la prensa de EU lo desestimó como mero accidente".

Martin exhuma que “la legislatura estatal (sic) ordenó en abril la restauración de los refugios nucleares construidos en la guerra fría y las sirenas durante ataques aéreos fueron puestas a prueba en diciembre por primera vez en más de 70 años (¡supersic!)”.

Martin rememora que Michael Mullen, ex jefe del Estado Mayor Conjunto, almirante retirado, afirmó que "el mundo estaba más cerca de una guerra nuclear con Norcorea y en esa región de lo que jamás habíamos estado".

El Comando del Pacífico de EU, con sede en Pearl Harbor ( Do you remember?), comunicó al servicio de emergencia tres minutos después de la alerta que no hubo ningún lanzamiento de misil ¿Por qué tardaron los gobiernos estatal y federal 35 minutos en dar el desmentido, mientras millón y medio de hawaianos vivían el espectro de un Armagedón?

Martin se burla de que "un país cuya infraestructura no puede soportar una tormenta de nieve, no puede hacer frente a un ataque nuclear", pese a toda "la bravuconería de la Casa Blanca, el Pentágono y la prensa" y recuerda que "Obama aprobó la renovación de mil 300 billones de dólares del arsenal nuclear de EU, el más intimidante del mundo", mientras que "el Partido Demócrata se ha dedicado a promover una campaña antirrusa a fin de crear un ambiente político propicio para una confrontación militar con Moscú, la cual colocaría una guerra nuclear de una vez en la agenda".

El “síndrome hawaiano (Sputnik dixit)” se repitió en Japón, donde la mendaz televisora pública NHK alertó en su página de Internet que Norcorea había lanzado un misil. Cinco minutos más tarde se disculpó (https://goo.gl/DK5jAV). ¡Ajá!

Con sus respectivos "accidentes", ¿se preparan Hawai y Japón a un ataque nuclear de EU contra Norcorea? ¡El "fuego y furia" de Trump!

AlfredoJalife.com

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El récord más lamentable: 200 defensores de la Tierra asesinados en un año

 El informe de Global Witness muestra que en 2016 aumentó el número de muertes entre los ambientalistas y luchadores indígenas

 


La violencia contra los defensores de la Tierra sigue extendiéndose lamentablemente. En 2016, al menos 200 personas comprometidas con la protección del medio ambiente y los derechos de las poblaciones indígenas fueron asesinadas en diversos puntos conflictivos del planeta, según el informe Defender la Tierra publicado por Global Witness.


“El asesinato de personas defensoras no sólo está creciendo, también se está expandiendo. En 2016 documentamos 200 asesinatos en 24 países, mientras que los 185 asesinatos registrados en 2015 fueron en 16 países”, destaca el informe de esta organización internacional especializada en el seguimiento de conflictos ambientales.


Brasil se mantiene como el país más mortífero según el número de muertes (49), mientras que Nicaragua (11) es el peor lugar per cápita. Durante la última década, Honduras se mantiene como el lugar más peligroso per cápita (127 desde 2007).


La cifra de 200 muertes podría ser incluso superior puesto que existen limitaciones importantes de acceso a información. Además, “los asesinatos representan el extremo de una serie de tácticas utilizadas para silenciar a las personas defensoras, que incluyen amenazas de muerte, arrestos, agresión sexual, secuestros y ataques legales agresivos”, indica este documento publicado a escala mundial por Global Witness el 13 de julio.


“Te amenazan para que te calles. No me puedo callar. No puedo permanecer en silencio frente a todo lo que le está pasando a mi gente. Estamos luchando por nuestras tierras, por nuestra agua, por nuestras vidas.” dijo Jakeline Romero a Global Witness.


Jakeline es una líder indígena colombiana que ha enfrentado amenazas e intimidaciones durante años por manifestarse en contra de los impactos devastadores de El Cerrejón, la mina a cielo abierto más grande de América Latina. El proyecto es propiedad de Glencore, BHP Billiton y Anglo-American, empresas que cotizan en la bolsa de Londres, y ha sido señalado como culpable de la escasez de agua y de desplazamientos masivos. El operador local del proyecto negó haber causado escasez de agua y ha condenado las amenazas sufridas por activistas.


“Estos hallazgos cuentan una historia macabra. La lucha por proteger el planeta se intensifica rápidamente y el costo puede ser cuantificado en vidas humanas. Más personas en más países están quedando sin más opción que plantarse en contra del robo de sus tierras o de la erosión de su medio ambiente. Muy a menudo son brutalmente silenciadas por las élites políticas y empresariales, mientras los inversionistas que las financian no hacen nada”, expresó Ben Leather, encargado de campañas de Global Witness.


En muchos casos, la falta de sistemas judiciales eficientes hace difícil identificar a los responsables de las agresiones y asesinatos, sin embargo, indica el informe de Global Witness, “encontramos evidencia sólida de que la policía y el ejército [de los países respectivos] estuvieron detrás de, al menos, 43 homicidios, y que actores privados como guardias de seguridad y sicarios estuvieron vinculados a 52 muertes”, destacan los autores del informe.


El informe documenta, por ejemplo, que los asesinatos se han triplicado en India, mientras que la brutalidad policial y la represión estatal hacia activistas empeora. América Latina se mantiene como la región más afectada, con el 60% de las muertes.


Casi el 40% de las personas asesinadas eran indígenas, ya que las tierras que han habitado por generaciones son robadas por empresas, terratenientes o actores estatales. Usualmente los proyectos se imponen a las comunidades sin su consentimiento libre, previo e informado, respaldados por la fuerza, pues se sospecha que la policía y los soldados son autores de, al menos, 43 asesinatos. La protesta suele ser el único recurso que se deja a las comunidades que ejercen su derecho a opinar sobre el uso de sus tierras y recursos naturales, enfrentándolas con quienes buscan obtener beneficios a cualquier costo.
Otros datos destacados en el informe:


La minería es la industria más sangrienta, con al menos 33 asesinatos vinculados al sector. Los asesinatos vinculados a las empresas madereras aumentaron de 15 a 23 en un año, mientras que hubo 23 asesinatos relacionados con proyectos de agronegocios.


Los homicidios registrados alcanzaron un máximo histórico en Colombia (37), ya que las áreas que previamente estaban bajo control guerrillero ahora son observadas con codicia por compañías extractivas y paramilitares. Las comunidades desplazadas que regresan son atacadas por recuperar tierras que les fueron robadas durante el largo conflicto armado que vivió el país.


Los asesinatos en India se han triplicado a medida que empeora la brutalidad policial y la represión de protestas pacíficas. En 2016 se registraron 16 asesinatos, en su mayoría vinculados a proyectos mineros.


Proteger parques nacionales es más peligroso que nunca, con gran cantidad de guardaparques asesinados en África. En 2016 hubo 9 asesinatos confirmados de guardaparques en la República Democrática del Congo. Una industria minera voraz hace que Filipinas destaque por las muertes en Asia, con 28 asesinatos registrados.
El informe también señala la creciente criminalización de las y los activistas alrededor del mundo, incluyendo Estados Unidos. Suelen ser presentados como criminales, y deben enfrentar cargos penales falsos y agresivos casos civiles, armados por gobiernos y empresas que intentan silenciarlos.


“Los Estados están rompiendo sus propias leyes y fallando a su ciudadanía de la peor manera posible. Valientes activistas están siendo asesinados, atacados y criminalizados por las personas que supuestamente deberían protegerlos. Gobiernos, empresas e inversionistas tienen el deber de garantizar que las comunidades sean consultadas sobre los proyectos que las afectan, que los activistas sean protegidos de la violencia, y que los culpables sean llevados ante la justicia”, dijo Ben Leather.


Las cifras de 2017 no dejan demasiado margen a la esperanza. Entre enero y julio de este año se han registrado 97 asesinatos de personas comprometidas con la Tierra, según los datos provisionales de Global Witness.

 

 

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Mapa de la homofobia en el mundo, elaborado por ILGA

 

LUCÍA VILLA @Luchiva


La expansión de la homofobia en el mundo es preocupante. Aunque en los últimos años ha habido avances, todavía 72 estados –un tercio de los países miembro de las Naciones Unidas- criminalizan las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo con legislaciones que, como en los casos de Irán, Arabia Saudí, Yemen o Sudán, llegan a aplicar incluso la pena de muerte.

Pero no son casos aislados. Según la Asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (ILGA), la mayoría de países en el mundo no tiene una normativa que proteja los derechos de los homosexuales. La asociación ha publicado este lunes un mapa que localiza qué países castigan estas relaciones, y cuáles protegen y reconocen sus derechos.

“Un simple vistazo al mapa muestra de manera rotunda la ausencia de disposiciones positivas en la mayor parte del mundo”, señala Lucas Ramón Menos, uno de los autores.

En efecto, la mancha roja, naranja y amarilla, que simboliza la criminalización a los homosexuales, se extiende por buena parte de Europa del Este, todo Asia, todo África (a excepción de Suráfrica, Seychelles y Cabo Verde), y buena parte de Centroamérica y América del Sur. Por el contrario, la protección y el reconocimiento a los gais, lesbianas y bisexuales está presente en los países del norte de América y algunos del Sur, en Australia y en la mayor parte de Europa.

Y algunas cifras siguen siendo alarmantes. Hay ocho países donde se aplica la pena de muerte a estos colectivos y cinco más donde la legislación lo permite, aunque no se aplica. Sólo nueve países contemplan la no discriminación por razones de orientación sexual en sus constituciones y únicamente tres prohíben las “terapias de reconversión”, los tratamientos para ‘curar’ la homosexualidad. Además hay 22 estados que tienen leyes “morales” contra los homosexuales y 25 que impiden o ponen barreras a la creación de organizaciones defensoras de los derechos gais en sus territorios.

“El actual caso de Chechenia nos ofrece el ejemplo más reciente y horrible de estos abusos, ya que los supervivientes han alertado sobre el temor a que se estén hackeando las cuentas en redes sociales de hombres que son percibidos como homosexuales o bisexuales, y usadas para identificar y contactar con otros que aún no han sido detenidos”, señala Renato Sabbadini, director ejecutivo de ILGA.

El trabajo de la asociación alerta también de la expansión del Daesh y de que, actualmente, existen hasta 19 estados donde las leyes tienen una base religiosa que funciona en paralelo al código civil.

Del otro lado, los autores reconocen también el avance de derechos en algunos países. Hay 72 países que han aprobado leyes para garantizar la no discriminación en entornos de trabajo, 43 que tienen leyes contra los delitos de odio, 23 estados permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo y 26 permiten la adopción (Austria, Finlandia y algunos territorios de Australia han incorporado estos derechos a su legislación en el último año).

Nuestro país es uno de los más avanzados. La organización reconoce a España como un territorio que protege y reconoce a los homosexuales, donde se permiten los matrimonios y adopciones, y donde se aplican leyes contra los delitos de odio o de discriminación en el trabajo. España, en cambio, no es uno de los países que ha prohibido las ‘terapias de conversión’ para homosexuales.

 

 

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Viernes, 28 Abril 2017 16:21

Rotundo: 6.165 ¡No!, 75 Sí

Rotundo: 6.165 ¡No!, 75 Sí

“Porque yo amo la tierra, amo el agua y amo estas montañas que me han dado de comer y me han acogido”. Así respondió don José Ananías Cárdenas a la pregunta ¿por qué se siente tan contento?, acababa de conocer los resultados de la consulta popular que en Cajamarca dio un rotundo No a la minería de Anglogold.

 

Llegó al cañón de Anaime hace más de 50 años, en calidad de desplazado de Paz de Río –Boyacá– por los impactos que en su propio territorio tuvo la extracción de hierro para la antigua Empresa Siderúrgica Nacional de Paz de Río. Fue conmovedora su expresión de júbilo, momentos después de conocerse en el parque central de esta pequeña localidad los resultados de la consulta popular. Sus manos se entrelazaron, miro al cielo en expresión de gratitud y lloró, “ahora sí puedo morir tranquilo” afirmó.

 

Poco después de las 4:00 p.m. de este domingo 26 de marzo, en Anaime, sitio donde nos encontrábamos era ya evidente que el No a la minería había sido la opción para los votantes. Apostados en la puerta del salón, quienes habíamos acudido como veedores, nos dimos cuenta que en el recuento, el montoncito de papeletas que se decidieron por el no crecía sin cesar, a su lado, sólo 5 electores habían votado sí a la minería.

 

Resultados similares se obtuvieron en Cajamarca así como en la vereda El Cajón –tercer puesto de votación–, lugar éste último donde de 105 votos, dos no habían sido marcados y por tanto eran nulos, 103 votos dijeron no a la minería. El No arrasó. Voladores al cielo, intervenciones de los pobladores, agradecimientos a los acompañantes y una atmósfera de emoción envolvió este pequeño corregimiento.

 

Los cajamarcunos expresaban así, su desacuerdo frente a la pretensión por parte de la multinacional Sudafricana Anglogold Ashanti (AGA) de explotar oro en un territorio eminentemente agrícola y forestal. De adelantarse este proyecto, La Colosa sería la más grande mina de oro a cielo abierto en América Latina.

 

Ante la pregunta ¿Está de acuerdo si o no con que en el Municipio de Cajamarca se ejecuten proyectos y actividades mineras?, 6.165 ciudadanos votaron No, frente a una pequeña minoría (75 votos) que se decidieron por el Sí. Algunos habitantes del cañón de Anaime, expresaron que la lucha no ha sido fácil y haciendo uso de un pasaje bíblico, señalaron que “esto ha sido como el enfrentamiento entre David y Goliath”

 

Un enfrentamiento en el que evidentemente el campesinado, es la parte más débil de la contienda. En algo más de una década de presencia en este municipio, la multinacional –tercera en el mundo en cuanto a explotación de oro se refiere–, ha hecho uso de diversas estratagemas para hacerse con los terrenos en donde se adelantaría la explotación de más de 24 millones de onzas de oro, según estimaciones hechas hacia el año 2012.

 

Proyecciones que con el correr de los años se han incrementado entre 4 y 9 millones de onzas (La Corporación Geoambiental Terrae apoyados en cifras de la propia empresa, maneja la cifra de 33 millones de onzas) quizá porque como es conocido en el municipio “han estado adquiriendo terrenos a través de terceros, a consecuencia de lo cual hoy tienen alrededor de 10.000 hectáreas en toda Cajamarca” sostuvo Jimmy Torres de la organización Conciencia Campesina, “dicen que para reforestación, pero nosotros sabemos que eso no es cierto” señaló Gustavo Roa, concejal de Cajamarca.

 

En todo caso, desde que reveló su verdadera identidad –llegó a Cajamarca como Kedhada S.A.Colombia alrededor del año 2000–, “la multinacional se ha paseado por estas tierras como Pedro por su casa”. Testimonios de campesinos de la vereda La Alsacia y el Cajón dan cuenta de cómo el territorio ha sido explorado palmo a palmo. “Eso era pa´allá y pa´acá por todo ese cerro [...] dijeron que lo iban a tumbar y que eso iba a quedar una llanura dizque muy bonita”, “pasaron con helicóptero y de la parte delantera colgaba un aparato, que creemos era un detector de metales. Eso pasaban bajito, bajito y a uno le da una rabia, una impotencia”, y alguien más señaló “acá vinieron cuando yo no estaba porque a veces me voy para Ibagué, vinieron con unos aparatos y perforaron un hueco arriba al lado de un nacedero, ese nacedero se secó, cuando yo vine ya no había agua, nadie me pidió permiso”.

 

Mentiras, cooptación, división de la población, presiones indebidas, forman parte de su proceder, por eso y por el poder económico que tiene, muchos de los pobladores de Cajamarca entienden que los resultados de la consulta son un inmenso logro que corona un esfuerzo iniciado por un puñado de habitantes desde el año 2013, cuando bajo la administración de Evelio Gómez se empezó un trabajo de socialización con las comunidades en torno a los beneficios que les reportaría en la defensa del territorio la realización de una consulta popular.

 

El camino no ha sido sencillo. Aunque la atención suele dirigirse a la contienda jurídica, lo cierto es que los resultados de la consulta son fruto del esfuerzo que por años sostuvieron personas que lo han dado todo –incluso la vida– por la defensa del lugar que los ha visto nacer o que los ha acogido. Los costos sociales y humanos son invaluables y forman parte de los 10 años de historia de la primera consulta popular que se hace en el país por iniciativa ciudadana.

 

Una historia que empieza en el momento mismo en que la AGA en el 2007, hace pública su intención de explorar y explotar oro en estas montañas de la Cordillera Central. Para entonces y entendiendo ya los riesgos que entrañaba la explotación a gran escala del preciado metal, un pequeño grupo de personas se dio a la tarea de pensar qué opciones tenían a mano para proteger el territorio y su permanencia en el.

 

La primera posibilidad que visibilizaron –hace ya más de diez años– “fue demandar ante el Estado colombiano la protección y garantía de los derechos fundamentales de los pobladores de Cajamarca” señaló Robinson Mejía del Colectivo socio-ambiental de Cajamarca –Cosajuca–, un par de años más tarde, pensaron en la posibilidad de realizar una consulta popular autónoma, que no prosperó porque como afirma Mejía “El gobierno nacional saca decretos para impedir que este tipo de iniciativas prosperen, para quitarle el poder de decisión a las comunidades y la competencia a los entes territoriales”. Se deciden entonces por el camino de la iniciativa ciudadana para respaldar la consulta popular.

 

Una vía también plagada de trampas y recovecos. La AGA ha acudido en diversas oportunidades no sólo a mecanismos de carácter jurídico para evitar la realización de la consulta popular –cuatro tutelas, una de las cuales fue interpuesta por el representante legal de la Asociación de Minería e Hidrocarburos, Alberto Enrique Cruz Tello, persona que según comentó en medios locales el alcalde de Ibagué –Guillermo Alfonso Jaramillo–, es socio de la AGA e impidió con este mismo recurso la realización de la consulta popular minera de Ibagué en octubre de 2016 y una acción de desacato contra el Tribunal Administrativo de Ibagué, que todavía está en curso.

 

De carácter extra-jurídico lo es la cooptación y la manipulación de la propia población y sus autoridades. Es conocido en el municipio que el actual alcalde Pedro Pablo Marín es una pieza de su maquinaria. A la pregunta de por qué el actual alcalde de Cajamarca puede ser considerado una ficha de Anglogold, Mejía contesta “La campaña del actual alcalde de Cajamarca fue financiada por la Anglogold Ashanti AGA [...] “Los trabajadores de la multinacional participaron de la organización de la campaña”, y “Anglogold realizó una reunión en las oficinas que tiene en el pueblo, a la que citaron varios líderes de la región para definir que el candidato fuera el actual alcalde”.

 

Por su parte, Gustavo Roa Torres concejal de Cajamarca refiere su proceso de elección. “Pedro Cruz no tiene trayectoria política reconocida en este municipio y sólo en mes y medio de campaña logró una votación de 4.756 votos, algo que quienes viven en el municipio y han aspirado a cargos de elección popular sólo logran con un trabajo arduo y sostenido de varios años”. A su entender, eso sólo fue posible gracias al apoyo económico brindado a esta candidatura por la multinacional.

 

“Ellos no sólo lograron cooptar a los funcionarios de la administración municipal, también lo hicieron con los del Hospital y con los contratistas y formaron un comité pro-abstencionista”, añadió Roa. “Los trabajadores y sus familias hacen lo que les diga la empresa y les compensan con viajes y ese tipo de cosas”, señaló frente al tema Robinson Mejía. La multinacional ha copado espacios dentro de la administración y dividido a la propia población y eso es así, aunque en pronunciamientos públicos tanto la empresa como el alcalde y sus funcionarios expresen ser respetuosos de las decisiones del pueblo.

 

En días previos a la consulta popular, fue un rumor constante entre los pobladores que “los pedrunos”, electores del actual alcalde Pedro Pablo Marín Cruz (del partido de la U y sucesor de William Póveda) “tenían la orden de abstenerse de votar”, señaló Olga Castro en un intento por impedir que se alcanzara el umbral necesario para que la consulta fuera un hecho.

 

En cuanto se dio inició el proceso, “Anglogold indujo a sus trabajadores a impugnar la iniciativa” y en días anteriores, cuando era necesaria la recolección de firmas, destacó parte de su personal “para que hicieran lo mismo, con el ánimo de confundir a la población”, aseguró Mejía.

 

Al día de hoy, la movilización en contra de La Colosa, ha ofrendado varias vidas, “vivimos con la certeza de que podemos perder la vida, vivimos con zozobra, sufrimos constantes amenazas y nuestras familias viven en la angustia”, comentó Robinson Mejía. Hemos sufrido igualmente la estigmatización de un sector de la población por ser “jóvenes y mechudos”, o “de la fuerza pública por ser, según ellos, de izquierda o miembros de la guerrilla [...]. No tenemos fácil acceso a los medios de comunicación de carácter nacional” y todo ello se conjuga para “invisibilizar el movimiento social, para invisibilizar la consulta popular”, afirmó por su parte Jimmy Torres de Conciencia Campesina. Y aunque el panorama pareciera un poco gris, el movimiento ha crecido, muchos de los familiares de [email protected] activistas apoyan ahora la movilización de las distintas organizaciones que en Cajamarca e Ibagué están por la defensa del territorio.

 

Para los pobladores de Cajamarca, los resultados de esta consulta son un tributo muy merecido a tantos años de lucha, a las vidas ofrendadas. La exigencia ahora es que el Estado colombiano de fiel cumplimiento a la voluntad de los electores expresados en la consulta.

Publicado enEdición Nº234
Denunciados más de 4.000 casos de abuso sexual de niños en Colombia en 2017

El fin de semana una niña de cuatro meses fue violada por un soldado del Ejército


Hace una semana un hombre le disparaba a su expareja en un centro comercial de Bogotá. El asesino, a pesar de haber sido condenado por un homicidio, estaba libre. Este fin de semana, el país se volvió a sacudir por varios casos de violencia. Esta vez, las víctimas eran niños. En el oriente de Colombia, una menor de 15 años fue degollada. En el sur, un par de hermanos fueron asesinados por su papá. En el centro, un soldado del Ejército violó a una bebé de cuatro meses de nacida y en el oriente una niña de tres años murió tras haber sido abusada y torturada. La ciudadanía volvió a poner en entredicho la efectividad del sistema de protección a menores y a cuestionar los castigos para estos crímenes.


Según cifras oficiales, cada 120 minutos se alerta de un hecho de abuso sexual en Colombia. De diez casos, en siete las víctimas son niños. El coronel Henry Cruz, jefe de la Policía de Infancia y Adolescencia, asegura que en el 80% de las denuncias, el agresor es una persona cercana. Entre enero y febrero de este año, los investigadores de esa dependencia policial recibieron 2.600 procesos por violencia sexual contra menores. La reciente condena de 51 años de cárcel contra Rafael Uribe, el asesino de una niña indígena de siete años, abrió el debate sobre cuál debe ser la penalización para este tipo de delitos y qué papel debe asumir el gobierno. “El Estado hace poco, o casi nada, para protegerlas y brindarles condiciones dignas de vida, que les garanticen un presente y futuro libre de violencias”, escribe la investigadora y feminista Olga Amparo Sánchez en La Silla Vacía. Ni una menos, la consigna que aparece cada vez que se conoce un nuevo hecho violento, se volvió a repetir durante todo el lunes en Colombia.


Durante el año 2016, el Instituto de Medicina Legal atendió 17.908 casos de menores remitidos por denuncias de presunto abuso sexual. El 2017 tampoco pinta bien. De enero a marzo habían recibido atención por aparente violación 4.315 menores de 17 años. Ver en detalle las cifras es aterrador. El mayor número de casos se presenta en niñas y niños entre los 10 y los 14 años. Le siguen los que están entre cinco y nueve. Los bebés también son víctimas. Casi 500 niños, desde recién nacidos hasta los cuatro años, tuvieron que ser sometidos a exámenes médicos por presunto delito sexual. Así de trágica comienza la vida de cientos de colombianos. La Fiscalía ha podido establecer que los principales responsables son personas que se ubican en la primera línea de cercanía (primos, tíos, amigos) y que la mayoría de victimarios son menores de edad. Niños que abusan de otros. La legislación colombiana establece como sanción máxima para un menor de edad una pena de ocho años y se aplica solo para el delito de homicidio.


En Colombia, la condena máxima es de 60 años de cárcel y muchas voces se han unido para pedir cadena perpetua contra los agresores de menores. Cristina Plazas, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (entidad estatal), ha tenido una de las posturas más fuertes en el tema. “Hechos tan aberrantes no pueden quedar impunes.

Hoy, más que nunca, ratifico mi propuesta de cadena perpetua para los abusadores de niños”, dijo este lunes. La furia ciudadana desatada en los recientes casos de violencia han puesto contra la pared a los agresores. El soldado que reconoció que había abusado de una bebé de cuatro meses estuvo a punto de ser linchado. La Policía tuvo que reforzar la seguridad en el edificio en donde estaban haciendo su judicialización por el delito de acceso carnal violento agravado con tentativa de feminicidio. La recién nacida permanece en cuidados especiales y tuvieron que hacerle una cirugia.


La indignación crece cada vez que se conoce un nuevo detalle. La justicia no parece estar a favor de las víctimas en Colombia. El hombre señalado de degollar a la niña de 15 años fue dejado en libertad. El juez consideró que al no haber sido capturado en flagrancia no podía permanecer retenido. Esto, a pesar de que como lo dijo la Policía, encontraron en su cuerpo rastros de sangre y la piel lastimada, consecuencia de un forcejeo con la víctima.

Bogotá 25 ABR 2017 - 13:35 COT

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El jaguar está en mayor peligro de extinción de lo que se pensaba

Proponen a la UICN que no se evalúe a las especies por el total de su población, sino por la situación de cada una de las subpoblaciones, señalan investigadores del Instituto de Ecología

 

Un estudio realizado por investigadores del Instituto de Ecología (IE) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) muestra que el jaguar (Panthera onca) está en mayor peligro de extinción de lo que se pensaba.

Por primera vez se sabe que habitan el planeta alrededor de 64 mil ejemplares, y que hay 34 subpoblaciones –desde el norte de México hasta Argentina–, de las cuales 33 están amenazadas o en peligro crítico de extinción.

Del total, 90 por ciento (57 mil) se coloca en una sola subpoblación: la de la Amazonia (abarca regiones de Brasil, Perú, Ecuador y Colombia); se trata de la única que, por su tamaño, no está considerada en riesgo. Las restantes contienen a sólo 10 por ciento de los ejemplares, es decir, alrededor de 7 mil. En México, según esta estimación, hay menos de 4 mil.

Los resultados del trabajo conjunto de los laboratorios de ecología y conservación de Vertebrados Terrestres y de Fauna Silvestre del IE, a cargo de Rodrigo Medellín y Gerardo Ceballos, respectivamente, fueron publicados en el número más reciente de la revista Oryx. The International Journal of Conservation, lo cual coincide con la publicación del libro El jaguar en el siglo XXI: la perspectiva continental, también coordinado por los científicos y sus colegas, en el que participaron 50 autores de 12 países.

Prioridades de conservación

Mediante la detección de subpoblaciones pequeñas, aisladas, con protección deficiente o densidades de poblaciones humanas muy altas, y al precisar la vulnerabilidad de cada una de ellas, será posible determinar las prioridades de conservación para esta icónica especie.

Los universitarios proponen a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), que publica la Lista Roja, guía para políticas y prácticas de conservación, que no se evalúe a las especies por el total de su población, sino por la situación de cada una de las subpoblaciones.

En México se ha perdido más de 40 por ciento de la distribución de la Panthera onca, limitándose a las áreas más aisladas y de difícil acceso en las costas del Pacífico y del Golfo de México, las sierras madre Occidental y Oriental, y el sur-sureste.

Las poblaciones mejor conservadas, refirió Ceballos, están en la península de Yucatán, Oaxaca y Chiapas, con alrededor de mil 800 ejemplares. En Sonora y Sinaloa podría haber alrededor de 400; en la costa media del Pacífico, en Nayarit, Jalisco y Colima, aproximadamente 300, y de Michoacán a Chiapas, 650.

"Si en 10 o 15 años no tenemos una política de conservación sólida y las poblaciones no tienen seguridad, en México podríamos perderlos", afirmó Medellín.

"En cambio, si se articulan los esfuerzos correctamente podemos salvar no sólo a la especie, sino a las selvas y bosques que mantienen casi 45 por ciento de toda la diversidad biológica del país, es decir, a miles de otras especies de plantas y animales", añadió Ceballos.

Ocelotl, en náhuatl; balam, en maya, el jaguar ha sido relacionado con la valentía, el poder, la noche, el inframundo, la fertilidad de la tierra y la muerte. En la actualidad, la especie enfrenta amenazas como la pérdida y fragmentación de su hábitat, la agricultura y ganadería, la cacería, la disminución de sus presas (mamíferos, aves, reptiles y peces) y la expansión de los asentamientos humanos.

"Por ejemplo, de las más de 22 millones de hectáreas de selvas altas que se extendían desde Veracruz hasta Chiapas, quedan menos de un millón, dispersas y con poca continuidad" (El jaguar en México...)

Los humanos “no sólo nos metemos a su casa, sino que la destruimos al talar la selva. También nos comemos su alimento (venado y jabalí). Así, competimos con el jaguar por el espacio y la comida, y además les ponemos enfrente ganado y le decimos: ‘si lo tocas, te mueres’”, destacó Medellín.

"La gente también los caza para colgar su piel en una pared, o porque la hija quinceañera quiere un collar elaborado con los dientes del animal, para sentir la adrenalina de haber matado al felino más grande del continente, o simplemente porque se cruzó en el camino. Es patético", señaló.

Por fortuna, México tiene en el IE de la UNAM el grupo con mayor impacto en conservación y estudios sobre el jaguar en todo el mundo, así como con el compromiso de diversos sectores para la preservación de esa especie, precisó Ceballos.

Bajo el liderazgo del científico se organizó hace unos años la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar, que agrupa a los dueños de las tierras, al gobierno federal, organizaciones no gubernamentales y al sector académico.

Su estrategia, probablemente la más completa que hay en el mundo, consta de varios puntos: el censo nacional del jaguar; el trabajo con los ganaderos; la integración de una sola política de conservación a escala internacional, y la parte legal, de colaboración con abogados para contribuir a que cualquier persona que mate un ejemplar (millonario, político, ejidatario o indígena) vaya a la cárcel, indicó Medellín.

El censo, primero en el mundo para esta especie, se realizó en tres años de planeación y estudios (2008-2010), y abarcó 12 entidades de la República. No sólo estimó el número de jaguares en 3 mil 800, sino que colocó a México como líder en el desarrollo de estrategias de conservación del felino.

En la actualidad, anunció Ceballos, se realiza el segundo censo para determinar si la población se ha mantenido o ha decrecido. De igual modo, con el trabajo de la comunidad científica se ha logrado que el gobierno tome al jaguar como una "especie insignia" y en la COP 13, realizada en diciembre pasado en Cancún, se concretaron acuerdos importantes, como el declarar 2.5 millones de hectáreas más de reservas naturales antes de que acabe este sexenio.

Asimismo, debido a que en la península de Yucatán está la mayor población de jaguares de México, se convino consolidar la reserva de la biosfera de Calakmul y declarar una nueva que va de Cancún a Sian Ka’an y que protegerá 480 mil hectáreas de selva para el jaguar y miles de especies más.

De igual modo, con el apoyo de Semarnat y Sagarpa, se definió una estrategia de trabajo con ganaderos en la que, por ejemplo, éstos se comprometen a no matar jaguares.

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