¿Será posible la construcción de la paz democrática?

El tránsito a la paz avanza, sin embargo debe enfrentar diversos problemas para evitar que fracase.

Uno de los desafíos más importantes es la agilidad política que debe mostrar el nuevo movimiento que surja con la dejación de las armas, para atraer el apoyo ciudadano y popular. Para construir una nueva hegemonía política, ética y cultural.

Remitir todo al procedimiento organizativo vertical y sectario seria fatal, además de hacerle un gran favor a los enemigos de la reconciliación y la construcción de la democracia ampliada.

Una nueva hegemonía no es solo política y de lógicas de poder de pequeños grupillos sectarios y plagados de codicia; es también intelectual, discursiva y moral. Es la de la batalla de las ideas y el ejemplo de rectitud y limpieza.

 

Avanza la transición hacia un nuevo ciclo político de la sociedad nacional y el Estado. El tránsito desde la etapa encuadrada en la vigencia de la constitución de 1991, el imperio brutal del neoliberalismo y la violencia paramilitar, hacia la terminación del conflicto social y armado y la construcción de la paz está en curso y debe afrontar diversos obstáculos.

Con la reciente firma del Acuerdo definitivo de paz en el Teatro Colon de Bogotá se superan las incertidumbres y los vacios surgidos con el resultado adverso del plebiscito del 2 de octubre, que inválido el anterior texto oficializado en Cartagena.

Durante casi 50 días, las delegaciones correspondientes, hicieron los ajustes pertinentes para darle forma a un nuevo texto que retiene los aspectos esenciales de los consensos construidos a lo largo de 6 años en la ciudad de La Habana. Los asuntos de justicia y participación política de la guerrilla mantienen su vigencia para propiciar el funcionamiento de una justicia especial de paz con vigencia de 10 años prorrogables, e igual sucederá con la construcción del nuevo partido política por parte de los combatientes desmovilizados para intervenir en los espacios institucionales conocidos.

El proceso de refrendación debe darse mediante la intervención del poder legislativo que lo considerara en sus próximas sesiones ordinarias. Aunque debe preverse un escenario de legitimación progresiva, mediante los Cabildos abiertos y la Constituyente popular, en tanto crezca la obstrucción de los sectores de la ultraderecha que jalona el señor Uribe Vélez para destruir lo pactado.

¿Cuáles son los obstáculos que deberá sortear la construcción de la paz de manera inmediata?, es la pregunta que bien puede plantearse a propósito de la transición en curso.

Varios, a mi juicio.

El más complicado es el de la violencia oscura que ya ha cobrado la vida de más de 20 líderes comunitarios comprometidos con la paz. En ese sentido, la implementación de lo pactado en materia de protección de dirigentes agrarios, comunitarios y ex guerrilleros en plan de agitación y organización política de las bases subalternas, es prioritaria. No da espera, pues la ultraderecha quiere pescar en ese rio revuelto para bloquear la materialización de las coincidencias de la reconciliación. Uribe y su facción saben que la guerra es su mejor opción y presionaran para que la dejación de las armas y la movilización política de la guerrilla fracasen.

Otro escollo será el del chantaje permanente del bloque ultraderechista, mediante la mal denominada resistencia civil de los núcleos más duros de las elites oligárquicas. La amenaza y extorsión uribista se hará en las regiones, en los municipios, en el Congreso, para limitar la implementación transparente de lo pactado y en los medios de comunicación para propagar la mentira y desinformación respecto de los significados de la paz.

Hay que considerar, obviamente, la inconsistencia gubernamental sobre la amnistía y el indulto para los integrantes de la guerrilla, que se pretende eludir olímpicamente, mientras se fijan unilateralmente las medidas de dejación de las armas y desmovilización.

Hay, por supuesto, desafíos de orden político que tienen que ver con la sostenibilidad de la paz. Aquí resulta obligado considerar los impactos de la campaña presidencial en curso y la constitución de nuevos partidos y coaliciones políticas que tengan la capacidad de convocar y entusiasmar a la ciudadanía con propuestas para resolver los mas graves problemas sociales y éticos, como el desempleo, la pobreza y la descomunal corrupción protagonizada por los clanes políticos articulados al actual gobierno.

Desde luego, la implementación de lo acordado, es un ámbito muy complejo que requiere eficacia y celeridad. 12 millones de campesinos están a la expectativa de las estrategias correspondientes para dotarlos de tierras y planes concretos de desarrollo social, económico, ambiental y democrático.

Ojala los mecanismos de implementación y verificación funcionen ágilmente para que los resultados sean tangibles y la paz gane en credibilidad entre millones de seres humanos.

Publicado enColombia
¿Qué es la tormenta solar que anuncia Obama?

El presidente estadounidense aprueba un decreto para mejorar la respuesta ante “eventos meteorológicos del espacio”


Combina términos científicos que pueden sonar apocalípticos con el lenguaje burocrático de un documento presidencial. El presidente estadounidense, Barack Obama, firmó el jueves una orden ejecutiva para coordinar “esfuerzos” de su Gobierno para “preparar a la nación ante eventos meteorológicos del espacio”. Estos eventos pueden ser “destellos solares, partículas de energía solar y ruidos geomagnéticos” .


Según el decreto, son fenómenos que ocurren de forma regular y pueden afectar infraestructuras clave, como satélites GPS, sistemas de comunicación, aviación y de distribución eléctrica. “Tiene el potencial de afectar e interrumpir simultáneamente la salud y la seguridad en continentes enteros”, advierte.


Pero el documento presidencial no aborda la probabilidad de que ocurran esos fenómenos ni sus consecuencias, sino que se centra en mejorar la coordinación ante su posible impacto. “Una preparación exitosa ante eventos meteorológicos del espacio es un esfuerzo de toda la nación que requiere colaboración entre gobiernos, gestores de emergencia, el mundo de la academia, medios de comunicación, la industria farmacéutica, organizaciones sin ánimo de lucro y el sector privado”, explica.


Los ruidos geomagnéticos son una afectación del campo magnético de la tierra como consecuencia de la actividad solar. Los destellos solares son una breve erupción de intensidad en la superficie del sol o cerca de ella, que se asocian con manchas solares. Es un fenómeno común que raramente tiene efectos relevantes. Las partículas de energía solar son iones y electrones expulsados desde el sol como resultado de esas erupciones.


El caso más conocido de un fenómeno meteorológico del espacio fue una tormenta solar en 1859, conocida como el evento Carrington, según explica la revista Newsweek. Se pudieron observar auroras en el cielo desde lugares alejados de los polos, como el Caribe. Y los sistemas de comunicación por telégrafo quedaron alterados en Europa y América del Norte.
Un siglo después, en 1967, tres potentes erupciones solares inutilizaron el sistema de radares de EE UU encargado de detectar la llegada de misiles soviéticos. Inicialmente, en plena Guerra Fría, Washington pensó que el culpable era Moscú.


El decreto de Obama establece un calendario y un protocolo de actuación ante este tipo de fenómenos. El Gobierno federal, apunta el texto, tiene que tener la capacidad de predecir y detectar un evento meteorológico del espacio, los programas necesarios para que el sector público y privado adopten medidas mitigadoras, y la capacidad de responder y superar ese tipo de situaciones.

Sábado, 17 Septiembre 2016 07:24

Black bloc como táctica y excusa

Black bloc como táctica y excusa

En las últimas semanas hemos asistido a un debate a raíz de la actividad black bloc en Brasil, que involucró a dirigentes de movimientos sociales y colectivos de militantes. La táctica black bloc (destrucción de vidrios y escaparates de bancos y empresas privadas por jóvenes encapuchados durante las manifestaciones) ha sido habitual en Chile y en Uruguay, entre otros, y se instaló en Brasil en junio de 2013, reapareciendo con fuerza en las manifestaciones contra el gobierno ilegítimo de Michel Temer.

Desde que aparecieron las tácticas black bloc se generó una polémica en las organizaciones sociales sobre la pertinencia de esas acciones. Algunos sostienen que son negativas, porque dan argumentos a la policía para reprimir y de ese modo alejan y atemorizan a los manifestantes reales o potenciales. Otros destacan que se trata de violencia simbólica contra grandes empresas y representaciones del sistema, que tiene efectos disuasorios sobre la represión. Los partidos electorales suelen condenarlas de forma tajante.

En Brasil la polémica incluyó a uno de los más destacados referentes de los movimientos más combativos, como Guilherme Boulos, coordinador del Movimiento de Trabajadores Sin Techo (MTST). Un día antes de la mayor marcha contra el gobierno, Boulos aseguró que "en nuestras manifestaciones no hay espacio para esas prácticas", y dijo que no debían participar en la movilización del domingo 4 (goo.gl/GUDSMi). Fue duramente criticado por defender la "criminalización" de quienes emplean la táctica black bloc.

Poco después Boulos publicó una nota en su blog, en la que explica: "discrepo con la táctica porque aparta personas de las movilizaciones y toman decisiones aisladas, pero nos afectan a todos". Rechaza la acusación de criminalizar la táctica y recuerda que el MTST ha sido "duramente criminalizado por practicar la acción directa", destacando que el movimiento tiene militantes presos y con procesos en curso (goo.gl/zxqzST).

En la manifestación del domingo 4 en Sao Paulo participaron unas 100 mil personas. Los organizadores, la alianza Povo Sem Medo, donde el MTST juega un papel preponderante junto con unos 30 movimientos y organizaciones sociales y política, y el Frente Brasil Popular, hegemonizado por el PT y la central sindical CUT, se dirigieron a los encapuchados para que descubrieran sus rostros o abandonaran la marcha. No se registró ningún incidente. Sin embargo, cuando los manifestantes se dispersaban la policía militar los atacó y detuvo a 26 jóvenes, porque "pretendían practicar actos de violencia".

En esta ocasión no hubo la menor "provocación" black bloc, pero la represión fue igualmente implacable. La polémica sigue su curso, con argumentos que van desde el cuestionamiento a la violencia hasta la conveniencia de su empleo cuando participan familias con niños en las manifestaciones, incluyendo la suposición de que siempre la usan infiltrados para provocar la represión policial. Parecen necesarias algunas consideraciones.

La primera es que al tratarse de una táctica no es buena ni mala en abstracto, sino puede ser conveniente, o no, según las circunstancias. No estamos ante una cuestión de principios. Es necesario comprender que no todos los que se cubren el rostro son adeptos de la táctica black bloc, que no forman una organización ni son necesariamente anarquistas, ni usan la táctica siempre y en todo lugar. Quienes la utilizan hoy pueden no hacerlo mañana, y viceversa.

La segunda es que quienes emplean la táctica black bloc son jóvenes radicales, anticapitalistas, que rechazan el sistema económico y la represión policial. En contra de los prejuicios existentes, no pertenecen a las clases medias acomodadas; viven en las periferias, estudian y trabajan desde muy jóvenes. Por lo que conozco en Uruguay, por los datos que aportan desde Chile y por la investigación de los autores de Mascarados (Geração Editorial, 2014), se trata de personas en torno a 20 años, muchas de ellas mujeres, que sufren la persecución policial en sus barrios. Aunque son pocos, muestran "la profunda crisis en que se debate la izquierda brasileña" (p. 19).

La tercera gira en torno al principal argumento que se utiliza contra esa táctica: facilita la represión policial y espanta a una parte de los manifestantes, ya sea porque las convocatorias aclaran que las marchas son pacíficas o bien porque la represión que sigue a la táctica black bloc afecta a personas que no quieren sufrir violencia policial. Se les califica de "provocadores".

El argumento es sólido, sobre todo cuando los encapuchados actúan y se retiran antes de la llegada de la policía que termina reprimiendo a personas al azar. Pero el problema no está sólo en quienes usan esa táctica, sino en los propios manifestantes, quienes no suelen estar organizados y asisten individualmente. ¿Alguien se imagina que un grupo de jóvenes utilice la táctica block bloc durante una manifestación de las bases de apoyo del EZLN en San Cristóbal de las Casas?

La cuarta cuestión se relaciona con la utilización de tácticas similares por parte de infiltrados policiales o militares en las manifestaciones. Como señaló un joven de Sao Paulo en un excelente reportaje de la edición brasileña de El País, "creo que quien rompe un puesto de periódicos o quema un autobús, por ejemplo, o no entendió nada o es un infiltrado" (goo.gl/2G6lck). Es posible diferenciar entre las acciones black blocs y las provocaciones policiales, siempre que exista interés en hacerlo.

Por último, el tema que plantea la periodista Eliane Brum: "Mientras la destrucción de los cuerpos de los manifestantes por la policía militar está naturalizada, la de los bienes materiales es criminalizada" (goo.gl/mdRPKj). En su opinión, se trata de una "herencia esclavista y genocida" que aún no ha sido superada. Dicho de otro modo, la táctica black bloc, acordemos o no con ella, nos plantea un dilema: ¿aceptamos, sin más, el monopolio estatal de la violencia?

Publicado enPolítica
Lunes, 05 Octubre 2015 06:49

"Hay que resguardar el mercado interno"

"Hay que resguardar el mercado interno"

La delegación argentina encabezada por el secretario de Comercio, Augusto Costa, planteará mañana su oposición a la visión que pregona las bondades del "libre comercio", en un espacio dominado por la perspectiva neoliberal.


Con el compromiso puesto en la profundización de la liberalización como mecanismo para hacer frente al lento crecimiento del intercambio internacional comenzará mañana un nuevo encuentro entre los responsables de las áreas comerciales del G-20 en Turquía. La delegación argentina encabezada por los secretarios de Comercio, Augusto Costa, y Relaciones Económicas Internacionales, Carlos Bianco, se opone a la visión que pregona las bondades del "libre comercio". En sintonía con la estrategia formal e informal desplegada por el país para administrar la disponibilidad de dólares comerciales, los funcionarios argentinos defienden políticas como las declaraciones juradas anticipadas de importación (DJAI) que, según afirman, no serán desmontadas a pesar del exitoso cuestionamiento impulsado por los países centrales en la Organización Mundial del Comercio. "Con la impunidad que les otorga su poderío económico y político, Estados Unidos, la Unión Europea y Japón aplican medidas profundamente distorsivas al comercio", sostiene uno de los documentos internos que utilizarán los funcionarios argentinos durante los dos días de reuniones.


El encuentro se realizará en un lujoso hotel en las afueras de Estambul ubicado sobre el estrecho del Bósforo, una locación donde se mezclan el puerto de Olivos y Costanera Norte. La reunión de los ministros de Comercio del G-20 es uno de los últimos encuentros antes de la cumbre de líderes que se realizará a mediados de noviembre en Antalya al sureste de Turquía. El gobierno de Recep Tayyip Erdogan consagró al "crecimiento robusto con inclusión social" como principio rector para su presidencia. La máxima afín a las autoridades argentinas logró penetrar en los encuentros de los grupos de trabajo multilaterales sobre energía y empleo. Pero, el espacio dedicado al comercio internacional se mantiene fiel a la lógica neoliberal. Desde que estalló la crisis económica los países del grupo se comprometieron a no tomar nuevas medidas proteccionistas: "Resguardar al mercado interno con proteccionismo está en el ADN del capitalismo", advierten los funcionarios argentinos que participarán del encuentro al cuestionar el doble estándar de los países desarrollados al promover la liberalización cuando ellos lograron industrializarse recurriendo, entre otras cosas, a esas mismas políticas.
Previo al debate entre los países, el puntapié inicial del encuentro estará a cargo de los representantes del sector privado.

Las empresas multinacionales nucleadas en el B-20 presentarán sus "propuestas" a los funcionarios de los países del grupo. No es necesario acceder a las reuniones reservadas que mantuvieron los sectores patronales para anticipar qué reclamarán: la profundización de la "lucha contra el proteccionismo" y "el acceso de los países de bajos ingresos a las cadenas globales de valor" como estrategia para hacer frente al "estancamiento en la tendencia del comercio internacional".


"La desaceleración del intercambio de bienes y servicios no está asociada a las medidas proteccionistas desplegadas por la mayoría de los países para protegerse de la crisis. La causa del menor dinamismo reside en las políticas de ajuste fiscal que restringe la demanda interna", señalaron desde la comitiva argentina que anoche llegó al aeropuerto.


Los datos de la OMC (el organismo utiliza estas reuniones como plataforma para fortalecer su agenda global) indican que el desempeño del intercambio mundial de mercancías observada desde el estallido de la crisis es significativamente inferior al 5,1 por ciento registrado entre 1990 y 2008. El año pasado el incremento fue de apenas 2,8 por ciento y para 2015 se estima que llegará a 3,3 por ciento. Desde una perspectiva exclusivamente argentina: la caída en el precio de las materias primas, el menor crecimiento de China y la recesión brasileña son los elementos que explican la fuerte reducción del superávit comercial.


Los equipos de los secretarios Costa y Bianco explican que la asimetría entre los países resulta determinante a la hora de negociar y establecer reglas de juego desiguales en el comercio internacional. La estrategia de proteccionismo institucionalizado que despliegan los países centrales para proteger y promover distintos sectores afecta, por ejemplo, las exportaciones de alimentos. Entre las herramientas utilizadas por las principales potencias se destacan los subsidios a las exportaciones, las investigaciones antidumping, las salvaguardias, los derechos compensatorios y los obstáculos técnicos, entre otras estrategias proteccionistas vigentes en esos países.

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Las medidas afirmativas para la igualdad de género en la protección social

Tal parece que este año sí habrá reforma pensional. En el 2014, ante la urgencia de reformar los regímenes tributario y de salud, salió de la agenda la reforma del sistema pensional, sobre la cual existe suficiente consenso entre la mayoría de los sectores sociales en cuanto a su necesidad, debido, principalmente, a la baja cobertura del sistema, que apenas permite que solo el 10% de personas en el mercado laboral se pueda pensionar. En lo que no hay coincidencias absolutas y sí intereses contrapuestos, es sobre qué tipo de reforma hacer.

La siguiente tabla muestra la cobertura del régimen pensional, y cuántas personas mayores tienen asegurado un ingreso en su vejez.

*Adultos mayores de 55 y/o 60 años: 93% (1.785.298 adultos mayores); Vejez: 79.3%; invalidez: 2.7%; sobrevivencia: 18.0% El 30.4% de las mujeres mayores de 55 años pensionadas, lo están por sobrevivencia.

 

Como se ve, en 2014 apenas el 34.8% de las personas ocupadas son cotizantes al sistema pensional, y apenas una de cada cuatro personas mayores recibía alguna pensión. Quiere decir que la característica fundamental del sistema es su carácter excluyente, problema que debería ser el foco de cualquier reforma pensional.

Los hombres presentan mayor índice de afiliación como cotizantes activos: 56.8%, frente a 43.2% de mujeres, factor que se agrega a la discriminación que sufren las mujeres en el mercado de trabajo, que es más notoria en cuanto hombres y mujeres deben cotizar las mismas 1.300 semanas para acceder a la pensión, condición que obliga a las mujeres a permanecer más tiempo en el mercado de trabajo, así teóricamente se pensionen dos años antes que los hombres, pues ellas tienen mayores índices de desempleo y de trabajo en la economía informal, y menor remuneración. Además muchas veces deben retirarse de sus trabajos por no tener ingresos que les permitan pagar una persona que les cuide sus hijos. Y aunque de toda la población adulta mayor pensionada (mujeres mayores de 55 años y hombres mayores de 60), ellas tienen una mayor participación: 54.5% frente a 45.5% de los hombres. Un 30.4% de las mujeres pensionadas lo está por sobrevivencia.

Lo otro es que el 92.76% de los afiliados cotizantes a Colpensiones, y el 81.32% de los afiliados a fondos privados, tienen ingresos hasta dos salarios mínimos legales, (en promedio, el 27.32% de las personas cotizantes devengan hasta 1SMLV). Es un dato clave para entender hacia dónde va la mayor parte del presupuesto que la nación destina para pago de pensiones.

Además existe un programa de Subsidio al Aporte para Pensión, diseñado para trabajadores(as) independientes, madres comunitarias, personas en discapacidad, concejales de municipios categoría 4, 5 y 6 de los sectores rural y urbano, que no cuentan con los recursos suficientes para realizar su aporte completo como independientes. Según el Min-Trabajo (2), a junio de 2014 este programa contaba con 206.920 personas beneficiarias activas, distribuidas así: 172.014 Independientes urbanos, 32.571 independientes rurales, 726 madres comunitarias, 1.167 personas con discapacidad y 1.442 concejales.

En el diagnóstico sobre el régimen pensional, es necesario abordar problemas que desde los sindicatos no se examinan, y que tienen un enorme impacto sobre las posibilidades de ampliación de su cobertura. Un reciente diagnóstico de la OCDE (3) indica, que más del 80% de las pensiones las acapara 1/5 parte de la población con mayores ingresos, mientras que las 2/5 partes más pobres reciben menos del 2%. También señala que el régimen fiscal aplicable a las pensiones es extremadamente generoso, pues las cotizaciones al fondo de pensiones son deducibles de la base del impuesto sobre la renta, y la mayor parte de las prestaciones están exentas de impuestos, lo cual agrava la desigualdad en los ingresos. El análisis de la OCDE termina indicando que estos beneficios, y el carácter excluyente que tiene el régimen pensional, aumenta el coeficiente de GINI, que en el caso de Colombia es uno de los más altos del planeta, y expresa una enorme desigualdad en la distribución del ingreso.

El diagnóstico también señala problemas de equidad reales, que la sociedad colombiana debe resolver sin temor. En 2014 se destinaron $31.8 billones para financiar las pensiones de 1.919.675 personas (15% del presupuesto nacional), suma que supera los presupuestos para salud y educación (4). Sin embargo, es necesario aclarar que la mayor parte de este gasto, el 66%, se destinó a financiar las pensiones del 14% de las personas que reciben pensiones por encima de dos salarios mínimos, que incluyen las pensiones millonarias de congresistas y magistrados de las cortes por las que nunca cotizaron, o cotizaron sobre un ingreso muy inferior.

El traslado masivo de afiliados del ISS hacia los fondos privados de pensiones, más toda la publicidad engañosa de los fondos para seducir a los y las trabajadoras, más las pensiones millonarias de congresistas, magistrados de las cortes y otros, terminaron por desfinanciar el sistema de prima media y a la entidad que lo administra, Colpensiones, que cada vez carga con más personas pensionadas mientras disminuyen sus cotizantes, lo que, sumado, obliga a que la nación, es decir, a todos, a destinar cada vez una mayor proporción del presupuesto nacional al pago de las pensiones.

 

Reformas para favorecer el sector financiero

 

Hasta ahora, las reformas al régimen pensional se han orientado, primero, a favorecer los negocios del sector financiero, y segundo, a disminuir las presiones que el pago de las pensiones tiene sobre el presupuesto de la nación.

En 1993 se reformó el régimen pensional para acabar con el sistema público de pensiones, creando un régimen paralelo en manos del sector financiero privado, basado en el ahorro individual, que prometía enormes beneficios para sus afiliados (5). Hoy los fondos privados tienen el 68.5% de los cotizantes, apenas 77 mil pensionados, y $277.8 billones a disposición del sistema financiero; en tanto que la nación destinó en 2014 $31 billones para pagar las mesadas pensionales, incluyendo el ajuste hasta un salario mínimo que por ley se hace a los pensionados de los fondos privados cuyos ahorros no les alcanzan para una pensión igual al salario mínimo.

Además, la reforma del 93 incrementó las semanas de cotización (de 1.000 a 1.300), en dos años la edad de pensión para hombres y mujeres, y disminuyó la tasa de retorno, o mesada pensional. Después, durante el primer gobierno de Uribe, se eliminaron la mayoría de los regímenes especiales que se habían establecido por negociación colectiva en el sector público, y se eliminó para los nuevos pensionados la mesada 14. Estas reformas no tenían como propósito ampliar la cobertura sino disminuir el impacto sobre las finanzas públicas.

Finalmente, durante el gobierno Santos se puso en práctica un sistema de ahorro individual, para ampliar la cobertura del sistema pensional (6). Permitiría hacer un ahorro anual de hasta $885.000, que se entrega cuando la persona cumpla la edad de pensión, más un incremento del 20% que sale del presupuesto nacional, el denominado "beneficios económicos periódicos (BEPS)". Este ahorro, más ese 20%, se le entregará a la persona beneficiara para atender los siguientes ítems: a) traslado al sistema general de pensiones para acceder a una pensión; b) constituir una anualidad vitalicia, denominada Seguro BEPS, para lo cual Colpensiones contratará una firma aseguradora; y c) pagar por un inmueble de su propiedad. Este plan está dirigido a la población trabajadora de la economía informal que no puede afiliarse al régimen de prima media, ni cotizar sobre la base de un salario mínimo. La meta de incrementar en 7 millones los afiliados al régimen pensional.

El inconveniente de esta propuesta es la poca capacidad de ahorro de los trabajadores de la economía informal, hacia quienes va dirigida. El 49.5% de los trabajadores(as) tienen ingreso inferior a un salario mínimo. El ingreso promedio de los cuenta propia es apenas el 80% del salario mínimo en zonas urbanas y del 60% en las rurales. Para estos trabajadores la prioridad es la alimentación, a la que, según el DANE, destinan el 34.6% de sus ingresos. En segundo lugar la vivienda, a la que destinan el 29.7% (7), lo que les deja muy poco margen para cubrir otras necesidades, no tienen capacidad de ahorro. Lo que deja claro que esta propuesta no ampliará cobertura, o lo hará marginalmente.

Adicionalmente la Ley 1251 de 2008 estableció que son deberes del Estado "garantizar y hacer efectivos los derechos del adulto mayor", y "asegurar la adopción de planes, políticas y proyectos" para este sector de la población. En aplicación de esta política se diseñaron programas de carácter asistencial que no garantizan el reconocimiento efectivo de derechos, focalizados en la población adulta mayor más pobre, indígenas, mujeres, discapacitados, población desplazada, minorías étnicas y reclusos.

Estas políticas públicas son de tres clases: 1) aseguramiento en salud, 2) subsidio económico a través de servicios sociales básicos para beneficiarios que residen en Centros de Bienestar del Adulto Mayor, 3) subsidio en dinero y servicios sociales complementarios al beneficiario que no reside en estos centros. Estos subsidios van desde $40.000 mes (ración alimenticia a cargo del ICBF) a $75.000 (subsidio monetario). En 2014 estos programas tuvieron cobertura de 1.252.167 personas (8), o sea el 22.8% de la población adulta mayor que no recibe ninguna pensión (5.495.437).

Como se ve, el alcance que tiene esta política es reducida en comparación con la población beneficiaria potencial. Y tiene un problema adicional: es utilizado por los directorios políticos como instrumento clientelista vía inscripción y asignación de cupos.

 

Sistema pensional y mercado de trabajo

 

El sistema pensional colombiano está diseñado exclusivamente para trabajadores(as) de la economía formal, que gozan de relativa estabilidad a lo largo de su vida laboral, condición que no tiene la mayoría de los trabajadores(as) del país. El 66% no está afiliado al sistema de protección social (salud, pensiones y riesgos laborales), y en las 13 áreas metropolitanas la tasa de informalidad en 2014 fue de 48,4%, un punto porcentual menos que en 2013, que equivale a 5.076.000 trabajadores de pequeñas empresas (de hasta 5 trabajadores), o como cuenta propia (el 61.2%) en empleos que a pesar de permitirles algún nivel de ingresos, les disminuye la posibilidad de innovar, desarrollarse, hacer parte de economías de escala y pagar su seguridad social.

Los cuenta propia, por su parte, se incrementaron en 2,7%. Representan el 60,5% de los trabajadores informales en las 13 áreas metropolitanas. Así mismo, se destaca el hecho de que 245.000 ocupados informales se ubiquen en la categoría de trabajador sin remuneración.

Pero son las mujeres las que presentan mayores tasas de informalidad: 6,3 puntos porcentuales por encima de la reportada por los hombres: 51,8% y 45,5% respectivamente. Son en su mayoría trabajadores y trabajadoras de famiempresas, de micro y pequeñas empresas, cuya no afiliación a la seguridad social se relaciona con dos problemas: primero, el lugar que este tipo de empresas ocupan en la cadena de subcontratación que dominan las grandes empresas nacionales y extranjeras, que no les dejan margen para cumplir con las obligaciones que se derivan del contrato de trabajo, como el pago de un salario mínimo y la afiliación a la seguridad social. Y segundo, fenómenos de evasión que tienen que ver con una cultura de la ilegalidad, que se ve reforzada por la ausencia de una política de inspección eficaz por parte de las autoridades del trabajo.

En efecto, muchos empleadores, principalmente en ciudades pequeñas y municipios, aunque tengan condiciones para afiliar a sus trabajadores a la seguridad social, no lo hacen, pues están convencidos de que nadie los va a denunciar ni ninguna autoridad los va a sancionar. Por otro lado, muchos empleadores suspenden las cotizaciones por largos períodos, o cotizan por debajo del salario que pagan efectivamente, como tristemente lo descubren los trabajadores que, convencidos de cumplir los requisitos de edad y semanas de cotización, se dirigen a Colpensiones a tramitar su pensión. Se encuentran con la mala noticia de que su empleador suspendió las cotizaciones, o cotizó sólo por un salario mínimo.

En este problema también incide la inestabilidad laboral y la alta rotación en los empleos. En Colombia el 95% de los desempleados son cesantes, es decir, personas que perdieron su trabajo y suspenden su cotización a pensiones por lo menos durante 24 semanas, que es en promedio el tiempo que tardan en encontrar un nuevo trabajo. Por otra parte, muchos son contratados por prestación de servicios, cooperativas de trabajado asociado, o agencias de servicios temporales (9), lo que se expresa en cotizaciones discontinuas y esporádicas, que no les permite completar el número de semanas para acceder al derecho a la pensión. Problemas semejantes tienen los mayores de 40 años, quienes una vez pierden su trabajo tienen grandes dificultades para reubicarse laboralmente y reanudar cotizaciones al sistema.

Un estudio del Banco de la República (10) arrojó que del total de la población trabajadora sin educación que ingresó al mercado laboral en 2007, apenas el 11% lograría reunir el número de semanas de cotización necesarias para pensionarse en el régimen de prima media.

 

Las alternativas de reforma e intereses en juego

 

A la hora de diseñar las alternativas que deberían ir en una reforma pensional, vale la pena recoger la reflexión que hace la OCDE en su diagnóstico de la economía colombiana. Señala que "el sistema de pensiones plantea serios problemas de equidad. La cobertura del régimen contributivo es baja, y la falta de una pensión mínima en el primer pilar condena a muchos ancianos a la pobreza. En 2012 sólo recibió pensión el 30% de la población en edad de jubilación, en comparación con el 80% y 90% en países como Argentina, Brasil, Chile y Uruguay" (11). Tal diagnóstico, con el que coincidimos, debería llevar a una reforma pensional que, ante todo, le asegure a toda persona las condiciones materiales que les permitan vivir con dignidad.

Sin embargo, en la reforma se juegan también otros intereses. Aunque para el gobierno el objetivo de la reforma debería ser asegurar "protección justa para la vejez", a la hora de presentar las alternativas su principal preocupación es cómo hacer sostenible financieramente el sistema pensional, un propósito que, siendo válido, no debe ser el foco de la reforma. Por eso durante el paso de Rafael Pardo por el Min-trabajo se llegó a proponer que el gobierno sólo estaría en condiciones de financiar pensiones de hasta dos salarios mínimos, y que quien aspirare a una pensión mayor debería abrir una cuenta en un fondo privado para cotizar por encima de dos salarios mínimos.

Para el Consejo Privado de Competitividad (CPC), el objetivo de la reforma debe ser el fortalecimiento del negocio financiero. Eso es lo que significa su propuesta de "marchitar el régimen de prima media, para lo cual se debe frenar de inmediato la entrada de nuevos afiliados y prohibir nuevos traslados del régimen de ahorro individual con solidaridad al ISS" (elcolombiano.com, noviembre de 2011. Esto también recomienda Fasecolda, el gremio que reúne a las aseguradora que manejan el negocio de los seguros de riesgos profesionales.

Por su parte Asofondos, gremio de los Fondos Privados de Pensiones, coincide con el gobierno y con la OCDE en que la reforma debería contribuir a hacer sostenible financieramente el sistema, imponiendo tributos para las pensiones de jubilación más altas (sólo las de el régimen de prima media); definir la mesada sobre la base del cálculo del ingreso de los últimos 20 años; que la tasa de reemplazo sea mayor para los salarios más bajos; que la edad para pensionarse se defina basándose en la expectativa de vida de cada generación (respetando derechos adquiridos), pero que se debe igualar las edades de pensión de hombres y mujeres, compensando a las mujeres con un bono de maternidad que garantice sus cotizaciones por un año, después del nacimiento de cada hijo.

La OCDE hace un conjunto de propuestas que van desde la aplicación inmediata del programa BEPS y la ampliación del programa de atención al adulto mayor, hasta la adopción de reformas que aseguren su sostenibilidad en el futuro. Considera que la edad legal de jubilación es muy baja según los criterios internacionales, y por tanto "debería retrasarse más, y en el futuro debería ajustarse a la evolución de la esperanza de vida".

Considera, igualmente, que la tasa de sustitución (la mesada pensional), que hoy está entre el 65% y el 85% del salario medio de los 10 años anteriores, es muy alta en comparación con el promedio de la OCDE, que es del 57% de los ingresos acumulados a lo largo de toda la vida. Propone también equiparar el régimen de prima media (sistema público) con el sistema de ahorro individual (privado), porque a su juicio "el primero es costoso e ineficiente". Por último, considera que es necesario revisar el requisito de que las pensiones sean al menos iguales al salario mínimo.

 

Por un pacto social para la protección social (12)

 

Los sistemas de protección social son claves en la construcción de sociedades democráticas, incluyentes y civilizadas, y son el núcleo o la sustancia del Estado Social, democrático y de derecho. En este punto lo que acordamos por consenso los colombianos en la reforma constitucional de 1991, es apenas una promesa inconclusa, constantemente amenazada y vulnerada desde las políticas neoliberales.

La crisis generalizada que presenta el sistema de protección social demanda una reforma integral, que le asegure sostenibilidad al sistema, pero cuyo foco sea asegurar ingresos antipobreza a toda la población adulta mayor. En este sentido, la reforma debe recoger las reflexiones que se han hecho desde los organismos internacionales, como Naciones Unidas y OIT. Para lograr este objetivo es fundamental promover una amplia deliberación pública a través del Diálogos Social, que incorpore a todos los actores sociales que tienen interés e implicación en el tema.

Por lo pronto, los sindicatos han estado construyendo propuestas para garantizar el derecho a la protección de los ingresos para toda la población adulta mayor. Algunas de éstas se resumen en los siguientes objetivos:

  • - Estudio Técnico Actuarial, realizado por el departamento de Seguridad Social y Actuaria de la OIT, con garantía de alta calidad, rigor e imparcialidad. Este estudio abarca todas las instituciones públicas y privadas encargadas de las pensiones en Colombia, en todos sus componentes: régimen de ahorro individual con sus fondos privados de pensiones y sus sociedades administradoras; régimen de prima media con prestación definida; régimen público con todas las entidades; y entidades que manejan o tengan a su cargo regímenes especiales de pensiones.
  • - Sistema Pensional, como un sistema público de protección social, cuyo objetivo fundamental sea la garantía de derechos humanos fundamentales y no la posibilidad de hacer negocios, como ocurre hoy con el sistema de ahorro individual.
  • - Sistema pensional de pilares, con un primer pilar solidario, financiado con impuestos y recursos públicos, que asegure a toda persona adulta mayor, independiente de su condición socioeconómica o si ha cotizado o no al sistema, un ingreso mínimo equivalente a medio salario mínimo legal, inicialmente focalizado en la población adulta mayor más vulnerable. Este ingresos se podría incrementar mediante un sistema de ahorros individuales como los que propone el sistema BEPS. La financiación de este pilar cuesta menos de la mitad del costo fiscal que hoy tienen las exenciones tributarias al capital (13). Esta propuesta surge de la OIT y del Pacto Mundial para el Empleo (14). En Colombia se ha estado aplicando parcialmente a través del régimen subsidiado de salud, el programa Familias en Acción y la política pública para el adulto mayor.
  • - Un segundo pilar, que hace parte del régimen de prima media, con cotizaciones obligatorias hasta 7 salarios mínimos, asegurando una pensión en las condiciones que están establecidas para el régimen de prima media.
  • - Un tercer pilar, para trabajadores(as) que puedan y quieran cotizar por encima de 7 salarios mínimos, a través de la apertura de cuentas de ahorro individual (en Colpensiones o en los fondos privados), que permitan un ingreso superior a la pensión que asegura el segundo pilar.
  • - La garantía de pensión mínima para todos aquellos trabajadores(as) que cumplieron la edad y cuentan hasta con el 70% de la semanas cotizadas, para lo cual se les seguirá descontando la respectiva cotización.
  • - Restablecer el derecho a la negociación colectiva en materia pensional, acatando de manera plena las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical de la OIT.
  • - La reducción de las semanas de cotización de las mujeres, por lo menos a 1.150 semanas, y el aumento de la licencia de maternidad a 6 meses remunerados. Esta propuesta nace como alternativa a la igualación de la edad de pensión entre hombres y mujeres.
  • - Bonos pensionales para las personas que se dedican a las actividades del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados.

 

El sentido de las medidas para las mujeres

 

En el informe entregado por la OCDE al Estado Colombiano, en el que presenta agudas recomendaciones en materia de política económica laboral, se sugiere "equiparar la edad de jubilación entre hombres y mujeres. Y a mediano plazo incrementar la edad de jubilación y vincularla a la evolución de la esperanza de vida".

Al respecto cabe decir que esta no es una medida coherente con el propósito de la equidad de género, por varias razones. En primer lugar, el establecimiento de una edad de retiro diferenciada para mujeres y hombres, así como en el número de semanas requeridas para poder acceder a una pensión, obedece a una medida afirmativa, entendida en el derecho internacional de los derechos humanos como una medida temporal para corregir una situación de discriminación, por lo que no se debe entender como una medida discriminatoria. En resumidas cuentas, la igualdad es tratar igual lo igual y diferente lo diferente.

Tanto la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer –CEDAW, la Declaración de Beijing y su Plataforma de Acción, así como la OIT en distintas conferencias, coinciden en que este tipo de medidas son necesarias para cerrar las brechas de género y como estrategias para la superación de la desigualdad.

Frente a las condiciones de desventaja de las mujeres en el mundo laboral, las cuales justificarían un régimen particular para la protección social efectiva, la OIT ha expresado:

Las mujeres acumulan desventajas a lo largo de la vida. Constituyen un colectivo especialmente vulnerable porque muchas de ellas trabajan ya sea sin remuneración o con una remuneración escasa, a tiempo parcial, a menudo con interrupciones, o en la economía informal. En consecuencia, es menos frecuente que tengan derecho a recibir una prestación en concepto de pensión contributiva por derecho propio, e incluso cuando tienen derecho a ese tipo de prestaciones, las pensiones suelen ser muy inferiores a las de los hombres, al haber sido sus remuneraciones menores y al haber cotizado durante menos tiempo (OIT, 2009).

Conscientes de ello, algunos Estados han implementado ciertas medidas, como el establecimiento de una edad de retiro o el requerimiento de semanas cotizadas diferenciados para mujeres y hombres, los bonos pensionales para las mujeres como un reconocimiento al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. La apuesta en ese sentido sería: igualemos el número de semanas cotizadas y la edad de retiro, siempre y cuando el cuidado no remunerado tenga todas las garantías y se reconozca socialmente como actividad productiva. De otra manera esta pretendida "igualación" será discriminación.

Como lo puso de relieve la Conferencia Internacional del Trabajo en 2001, la seguridad social debería promover el principio de igualdad de género y basarse en el mismo:

... En la mayoría de las sociedades, las continuas desigualdades entre las remuneraciones de hombres y mujeres suelen afectar a los derechos de las mujeres a la seguridad social... y de considerar la posibilidad de introducir un salario mínimo, cuando todavía no exista. Cualquiera de los progenitores que se ocupe del cuidado de los hijos debería disfrutar de las prestaciones de la seguridad social previstas a tal fin. Además, cada sociedad debería considerar la posibilidad de introducir una discriminación positiva a favor de las mujeres allí donde haya que hacer frente a la discriminación propia del sistema. (OIT, 2006).

El establecimiento de pensiones en régimen especial para la población "inactiva" dedicada a los oficios del hogar que, como se dijo, concentra a casi 5 millones de mujeres, puede ser una medida de reconocimiento del valor económico y social del cuidado, resaltando que serían necesarias medidas adicionales que transformen las relaciones de género en el cuidado.

Frente a la propuesta de la OCDE de ligar la edad pensional con la esperanza de vida, vale retomar lo dicho por la OIT en su Conferencia de 2009: "...para muchas personas vivir más tiempo también significa vivir con recursos escasos durante un período más largo, de forma que la pobreza en la vejez es una de las principales preocupaciones actuales". De este modo, si bien es cierto que la esperanza de vida en general se ha incrementado, persisten fenómenos como la feminización de la pobreza, la discriminación de género en el empleo, y aun las cargas de cuidado en las edades más avanzadas es importante (15), ya que muchas de estas mujeres forman parte de las redes de apoyo a otras mujeres para que participen en el mercado de trabajo.

[1] Ministerio del Trabajo. Informe de actividades al congreso, 2013 – 2014, pág. 67.

[2] Estudios económicos de la OCDE Colombia. evaluación económica enero de 2013 visión general, pág 337, 37.

[3] Top 5 de la inversión más alta: Defensa y Policía – 27,744 billones de pesos; Educación – 27,276 billones de pesos; Trabajo – 24,457 billones de pesos; y educación Salud y Protección Social – 18,004 billones de pesos; Hacienda - 14,506 billones de pesos. Con información del Ministerio de Haciendahttp://www.urnadecristal.gov.co/gestion-gobierno/presupuesto-colombia-2014-sena-agro.

[4] En el 1ño 2000, el 44.4% de los afiliados a los fondos privados de pensiones provenía del antiguo ISS, en el 2014 es sólo el 12%. Los propios asesores de los fondos aconsejan a muchos afiliados que se cambien para Colpensiones pues allí van a tener una mejor pensión que la que pueden alcanzar en un fondo privado, un fenómeno que explica el crecimiento del 16% de los afiliados a Colpensiones en el último año.

[5] La creación del Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos - BEPS, se fundamenta en el Acto Legislativo 01 de 2005 que adicionó el artículo 48 de la Constitución Política de 1991 y ha sido reglamentado mediante los Decretos 604, 1872 y 2983 de 2013.

[6] DANE, los componentes de la canasta familiar y su ponderación según los niveles de ingresos.

[7] Ministerio del Trabajo. Informe de actividades2013 - 2014al congreso, pág.78
[8] Un ejemplo que ilustra esta situación lo da ACOSET, el gremio que agrupa a las empresas de servicios temporales, las que en el año 2012 enviaron 595.590 trabajadores en misión, los que celebraron 1.295.000 contratos laborales en ese año. ACOSET. Datos estadísticos del sector de servicio temporal en Colombia, 2012, pag. 8.

[9] LÓPEZ, Hugo y LASSO, Francisco. (2012) El mercado laboral y el problema pensional colombiano. Disponible en [http://www.banrep.gov.co/es/borrador-736]

[10] Estudios económicos de la OCDE Colombia. evaluación económica enero de 2013 visión general, pag. 337, 37.

[11] Las propuestas que siguen son el producto de varios seminarios que con el auspicio de FESCOL y de la ENS, se hicieron durante el 2013 y 2014, en la que participaron delegados la CUT, la CTC y organizaciones sindicales del sector de la salud.

[12] "La utilización de los gastos tributarios ha crecido de forma constante en Colombia desde principios del decenio de 2000; su número aumentó de 127 a 201 entre 2000 y 2011. Según las estimaciones, en 2010 los ingresos fiscales sacrificados representaron entre el 3% y el 4,5% del PIB (Banco Mundial, 2012a). (...) El gran número de gastos tributarios – por ejemplo, aquellos relacionados con las zonas de libre comercio, los regímenes legales, las tasas preferenciales para las pequeñas empresas (las denominadas SAS) y las tasas reducidas y exenciones del IVA – no sólo merman los ingresos sino que también añaden un alto grado de complejidad al sistema, lo cual encarece su administración y cumplimiento, y facilita la elusión y evasión" (o.c, pág 41).

[13] ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Para recuperarse de la crisis: un pacto mundial para el empleo, 2009. Pág. 7. Citado por: ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, PISO DE PROTECCIÓN SOCIAL, Para una globalización equitativa e inclusiva. Informe del Grupo consultivo convocado por la OIT en colaboración con la OMS, y presidido por Michelle Bachelet. OIT, 2011. Pág. 10.

[14] En edades avanzadas (65 años y más), la participación de las mujeres en actividades del cuidado no remunerado se mantiene en un 84.2% mientras que la que corresponde al trabajo remunerado es del 17.7%; las mujeres en este rango de edad dedican 4h 49min en promedio a estas actividades diariamente. (OSORIO, 2014).

 

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Defender los derechos humanos en Colombia es cada vez más peligroso

El riesgo por defender los derechos de las más diversas comunidades en cualquier región de Colombia va en aumento. Pero lo que más preocupa es que de las amenazas contra defensores de derechos humanos se está pasando al asesinato. Así se desprende de un informe que acaba de presentar el programa Somos Defensores que monitorea las agresiones contra defensores y líderes sociales en Colombia.


 
En promedio, durante el primer semestre de 2013, cada día fue agredido un defensor y cada cuatro días uno de ellos fue asesinado, según las cifras del informe Héroes Anónimos. Y aunque las agresiones –que incluyen amenazas, asesinatos, atentados, detenciones arbitrarias–, se redujeron en un 5,6% comparado el primer semestre de 2012, los homicidios crecieron 27%. Esto quiere decir que si bien se pasó 163 a 153 agresiones, se incrementó de 29 a 37 líderes asesinados, lo que convertiría a 2013 en el año más crítico en la última década. El 2012 cerró con un ya trágico saldo de 69 defensores muertos.

 


“Las amenazas se han ido transformando y se han vuelto cada vez más directas. En 2011 eran digitales, a través de correos electrónicos y llamadas. En 2012 el actor armado se le presentaba al líder para intentar callarlo y en lo que va de 2013, las amenazas pasaron a ser acciones físicas”, explicó Carlos Guevara, miembro del programa Somos Defensores que está integrado por tres ONGs de derechos humanos.


 
Las víctimas son en su mayoría líderes comunitarios, dirigentes indígenas, sindicalistas, reclamantes de tierras, líderes de víctimas y de desplazados por el conflicto armado. Pero también hay líderes cafeteros, mineros y afroamericanos. Preocupa además que 12 de estos defensores habían reportado amenazas y sus asesinatos siguieron un patrón muy parecido. Primero los secuestraron y luego los asesinaron con el agravante de que casi todos los cuerpos tenían señales de tortura. Otros fueron asesinados en su propia casa. “Esa forma de agresión significa que la víctima fue seguida durante un tiempo suficiente como para identificar cuándo era más vulnerable y cuándo el homicidio podía quedar más impune”, agrega Guevara.


 
Uno de esos líderes es Éver Cordero, reconocido defensor de derechos humanos, líder de víctimas y de restitución de tierras del departamento de Córdoba, al norte del país, que fue asesinado el mismo día en que en los colombianos se movilizaban para marchar a favor de las víctimas del conflicto y del proceso de paz que adelanta el gobierno de Juan Manuel Santos con las FARC.


 
Ese 9 de abril, mientras el centro de Bogotá se llenaba con 900.000 personas, en Valencia, un municipio azotado por la violencia en el departamento de Córdoba y donde se concentra gran parte de las solicitudes de restitución de tierras, Cordero fue baleado por dos sicarios. Su muerte se produjo cuando iba a la marcha que apoyaría la salida negociada al conflicto en Colombia. Y aunque este hombre de 45 años no había sido amenazado, había alertado sobre las intimidaciones a 114 líderes de desplazados de esa región.


 
Las amenazas son la agresión más frecuente. Y en este caso, las cifras también han aumentado. Ya van 86 amenazas, cinco más que en el mismo periodo de 2012, la mayoría a través de panfletos que los victimarios distribuyen en las poblaciones donde ejercen liderazgo los defensores. En los departamentos donde más se dieron agresiones, los defensores son líderes de tierras y de población desplazada.


 
Ese es el caso del líder de restitución de tierras Iván Darío Restrepo que estaba protegido por parte del Estado. Según el informe, fue asesinado el 4 de mayo en la sala de su casa frente a su esposa, minutos después de que sus escoltas terminaran su turno de vigilancia. Lo mataron dos hombres vestidos de policías. Se sabe que Restrepo había denunciado alianzas entre integrantes de bandas criminales de su región y la policía.


 
El informe de Somos Defensores también da cuenta sobre los posibles responsables de las agresiones a estos defensores. En 70 de los casos aparecen como victimarios los paramilitares que no se desmovilizaron e integrantes de bandas criminales, seguidos de autores desconocidos. En el caso de las guerrillas y agentes del Estado, el informe destaca que su autoría en estos hechos ha venido disminuyendo.


 
“Hay que reconocer que las cosas han cambiado, muestra de ello es el acceso de muchas de las poblaciones vulnerables a mecanismos de denuncia, de protección, la puesta en marcha de Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, la búsqueda de acuerdos de paz con los grupos insurgentes, incluso los mismos golpes que le ha dado el gobierno a las bandas criminales”, dice Guevara con relación al discurso guerrerista del gobierno anterior.


 
Aun así, pese a que la vulneración a los derechos humanos en el país ha disminuido, Somos Defensores asegura que hoy el peligro se concentra en ciertas regiones y sectores que trabajan defendiendo derechos de desplazados, víctimas y despojados que buscan recuperar sus tierras.
 


El informe también hace una fuerte crítica a la Unidad de Protección del gobierno que ha enfocado sus esfuerzos -y un enorme presupuesto- a brindar esquemas de seguridad que incluyen carros blindados y escoltas. Por eso proponen apostarle a la prevención y a la investigación para dar con los responsables de las amenazas y las agresiones. Según Guevara, desde que el gobierno creó en 2009 la Mesa Nacional de Garantías han asesinado a 219 defensores de derechos humanos sin que las investigaciones arrojen resultados.

 

Por Elizabeth Reyes L. Bogotá 7 AGO 2013 - 00:25 CET

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La protección para las mujeres debe ser integral

Para nosotras las mujeres víctimas de la violencia en el contexto del conflicto armado, para nuestras organizaciones, para las redes y plataformas de feministas y de mujeres y para las organizaciones no gubernamentales que acompañan los procesos organizativos de las mujeres víctimas, la muerte de Angélica Bello evidencia, una vez más, que nosotras aun protegidas con medidas cautelares de instancias internacionales y de obligatorio cumplimiento por parte del Estado, seguimos pagando un precio muy alto por la participación social y política, por trabajar con insistencia para que los avances legislativos y las políticas públicas, pasen de ser avances formales a ser realidades concretas en nuestras vidas. Sin tener certeza aún de las razones reales de la muerte de Angélica, queremos insistir en que ésta, es el resultado de modelos de protección que no reconocen las realidades específicas de las mujeres; no podemos, ni queremos seguir aceptando como medidas de protección, modelos contrarios a los valores que las mujeres históricamente hemos defendido. No son las armas las que nos darán la seguridad y confianza para seguir con nuestros proyectos políticos y de vida.

 

Angélica a principio de este año, en la primera reunión del Comité Directivo de la Ley 1448 de 2011, se presentó como sobreviviente de violencia sexual y representante de éstas víctimas en los espacios transitorios de la Ley. Solo estar ahí y presentarse, fue una ganancia para las mujeres y las víctimas de violencia sexual, pero además de esto, solicitó al presidente y su gabinete el compromiso para garantizarles a las víctimas de la violencia sexual, atención psicosocial efectiva y de calidad. Ella sabía que las distintas violencias de las que han sido víctimas las mujeres en el contexto del conflicto armado, han dejado impactos no visibles en sus vidas, impactos que incrementan las condiciones de vulnerabilidad en las que históricamente hemos vivido como consecuencia del modelo excluyente, machista y patriarcal que reproducen con mayor crueldad los actores armados.

 

Las mujeres queremos insistir en que las garantías para nuestra participación, no deben reducirse a medidas materiales de protección, que en ocasiones pueden generar nuevos riesgos para nosotras, nuestras familias y nuestras organizaciones. Como lo hemos pedido reiteradamente, mientras persista la impunidad no solamente seguiremos sintiéndonos amenazadas sino que muy seguramente se incrementarán las violencias y las violaciones a los derechos humanos de las mujeres. El acceso a la justicia es un derecho fundamental y estratégico para nosotras, solo cuando se supere la subvaloración de la violencia contra las mujeres y se sancione a los responsables, podremos decir que algo está cambiando en Colombia.

 

Además de avanzar en las investigaciones, y particularmente en las que tienen que ver con los hechos de violencia contra Angélica, es necesario que los programas a través de los cuales se va a implementar la Ley 1448 de 2011, con los que se pretende reparar y garantizar la superación de la condición de víctimas, incluyan de manera prioritaria a las mujeres, sobre todo a las mujeres que en razón de nuestro liderazgo y trabajo en la defensa de los derechos de las víctimas, seguimos recibiendo amenazas. Vivimos en zonas con riesgo para nuestras vidas, por la presencia de actores armados que nos perciben como amenazas para sus proyectos de control social y político, ningún esquema de protección es útil en estas condiciones, es necesario que se garanticen soluciones definitivas a estos problemas estructurales, garantizando nuestro acceso a la vivienda y a un trabajo digno en zonas con condiciones mínimas de seguridad.

 

Las mujeres y organizaciones abajo firmantes, queremos insistir, como homenaje a Angélica, en que el Estado colombiano debe cumplir de forma inmediata los compromisos internacionales que ha asumido para avanzar en la erradicación de la violencia y la discriminación contra las mujeres, debe garantizar la implementación de políticas públicas orientadas a garantizar el cumplimiento de la Ley 1257 de 2008, del auto 092 de 2008 y la ley 1448 de 2011 cuyos mandatos, de cumplirse plenamente, permitirán desarrollar acciones efectivas de prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres y la verdad justicia y reparación para las mujeres víctimas. Con el compromiso de mantener y ampliar los espacios que Angélica valientemente abrió para las víctimas de la violencia sexual, queremos ratificar hoy nuestro compromiso con las mujeres víctimas, con las víctimas de la violencia sexual y con los procesos de fortalecimiento de la democracia y la construcción de la paz, para que algún día por fin reconozcamos que no todo es válido en la guerra y en el amor.

 

Firmamos,

Organizaciones de mujeres víctimas del desplazamiento forzado

Redes y plataformas de mujeres y feministas

Organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos

 

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Sábado, 29 Septiembre 2012 18:07

Naciones Unidas acuerda proteger a periodistas

Naciones Unidas acuerda proteger a periodistas
Una resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDH) solicita a los gobiernos que investiguen los ataques a periodistas y faciliten su cobertura de conflictos y situaciones violentas. Esta resolución en favor de la seguridad de los comunicadores y la libertad de expresión en todo el mundo fue acordada por consenso el 27 de septiembre, casi al término del 21 Período de Sesiones del CDH, concluido este sábado en Ginebra. La resolución fue patrocinada por Austria, Brasil, Marruecos, Suiza y Túnez y copatrocinada por más de 60 países.

Ahora está por verse que efectivamente los gobiernos elaboren leyes de protección real a los periodistas. Entre los copatrocinadores de la resolución se encuentra México, cuyo Estado tiene responsabilidad en más del 70% de los atentados y asesinatos de comunicadores en los niveles en que actúa el poder federal, estadal y municipal, según la ONG mexicana Artículo 19. En ese país se aprobó hace más de dos meses una ley de protección de periodistas y activistas de derechos humanos que todavía no se pone en práctica.

La decisión fue saludada como un avance importante por las organizaciones involucradas en la defensa de los periodistas y la libertad de expresión, como la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP) y la ONG Campaña Emblema de Prensa (PEC, por su sigla en inglés), de Ginebra, que consideró el acuerdo de protección a los comunicadores como un paso histórico en la lucha contra la impunidad.

Según las cifras de PEC, 110 periodistas fueron asesinados en lo que va del año2012.

El acuerdo “condena en los términos más enérgicos todos los atentados y toda violencia contra los periodistas como la tortura, desapariciones forzadas y la detención arbitraria, así como la intimidación y el acoso”. La resolución de la ONU pide a los gobiernos que promuevan una atmósfera en la que los informadores puedan trabajar con total independencia y sin interferencias. El CDH pidió a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos que prepare una compilación de buenas prácticas para la siguiente reunión del Consejo.
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Viernes, 17 Diciembre 2010 08:33

“Aplicar políticas de inclusión social”

“La protección social y la preservación del empleo fueron los motores fundamentales para enfrentar la crisis”, afirmó el ministro de Trabajo de Argentina, Carlos Tomada, en el encuentro de la Organización Internacional del Trabajo que se realiza en Buenos Aires. Esa definición fue realizada en el marco de un debate sobre los sistemas de seguridad social en América latina. La OIT promueve la creación de un piso de protección social como herramienta para amortiguar el impacto de la crisis y garantizar el acceso a los servicios sociales básicos, junto con transferencias monetarias a todas las personas en estado de vulnerabilidad y pobreza. Las exposiciones de los ministros de Trabajo de Argentina, Carlos Tomada; Chile, Camila Merino, y Perú, Manuela García Cochagne, evidenciaron los distintos enfoques de política e interpretaciones de esa propuesta, así como el rol que jugaron durante la crisis.

Mientras que la visión chilena no ocultó sus rasgos neoliberales, cargando sobre los trabajadores la responsabilidad para recuperarse de la pobreza y el desempleo, y los enviados peruanos rechazan cualquier tipo de regulación del trabajo, el gobierno argentino destacó la centralidad del Estado en la preservación del empleo y las políticas de protección social.

“No alcanza con crecer para disminuir la desigualdad. La aplicación de políticas de inclusión social posibilita una recuperación más rápida de la crisis, trascendiendo la visión estrecha que tiende a recortar gastos sociales agudizando esos escenarios”, sostuvo durante su intervención el ministro Tomada.

Si bien la fórmula puede parecer reiterativa para un observador argentino, ese discurso no se encuentra tan arraigado entre los distintos gobiernos de la región. Por su parte, la visión chilena recuperó una orientación de matriz neoliberal. Los funcionarios de Piñera no rechazan la existencia de una red de protección social, en Chile persiste un sistema de jubilaciones de capitalización, pero desde su perspectiva son los trabajadores quienes por sí mismos deberían poder recuperarse. La receta fue presentada por el mismo presidente de ese país mediante la analogía de un circo donde “los trabajadores son trapecistas que si se caen no deben quedar atrapados en la red sino poder rebotar para recuperarse”.

La región presenta un escenario de la seguridad social sumamente heterogéneo. En la comparación internacional, América latina se ubica por encima del promedio global en materia de cobertura, pero por debajo de los recientemente ajustados modelos europeos. No obstante, algunos países como Argentina, Brasil o Bolivia exhiben elevados niveles de cobertura efectiva que fueron logrados, según el caso, por la dinamización del mercado de trabajo formal y moratorias previsionales. En Argentina la protección social a los menores de 18 años y a los jubilados ronda el 86 por ciento, mientras que, según los datos de OIT, en países como Perú, Colombia, Ecuador, México y Paraguay no superan el 25 por ciento.

Los especialistas en seguridad social de Organización Internacional del Trabajo, Fabio Bertranou y Helmut Schwarzer, destacaron la relevancia de los distintos programas de transferencias no contributivas que existen en la región como el Bolsa Familia en Brasil y la Asignación Universal por Hijo, y sus significativos efectos multiplicadores. La mención de ese tipo de programas despierta el rechazo de algunos gobiernos y empresarios que consideran que desalienta la oferta de trabajo.

En ese sentido, Tomada remarcó que la Asignación Universal por Hijo está integrada al sistema de asignaciones familiares y que, por lo tanto, cuando un asalariado logra acceder a un puesto de trabajo formal continúa percibiendo ese ingreso.

Por Tomás Lukin
Desde Santiago
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Martes, 16 Noviembre 2010 07:34

El fin de las treguas

Fue cuando el mundo se agrandó que más visibles se hicieron las ansias de poder, grandeza y posesiones de los estados de entonces. Portugal, España, Holanda llenaban barcos de esclavos que volvían repletos de azúcar, café o especias. Así, cuando la mentira dejó sitio a la verdad, la historia habló de esquilmación, depredación o, sin más, robo de recursos naturales acompañado de violencia y opresión. Pareciera que unas naciones poderosas fueran las causantes de las desgracias y debilidad de otras.

Los años, las luchas y la dignidad de muchos pueblos corrigieron –sólo en parte– estos excesos. Una clase social nacida de extranjeros colonizadores y criollos buscafortunas se colocó en el escalón más alto de la sociedad. Desde ahí manejaba los hilos de países enteros como marionetas a sus órdenes. Y los desequilibrios permanecían inmutables.

En su refinamiento, los unos y los otros engalanaron sus malas artes bajo títulos nobiliarios y –mejor aún– como dueños y propietarios de empresas exclusivas: motores del desarrollo. Tan grande es el poder de estas empresas repartidas ya por todo el planeta que, ahora ya todito globalizado, los movimientos antisistema (reivindiquemos el término) han sabido señalarlas y desnudarlas frente a la sociedad como principales destructoras de un modelo de sociedad más justo. Las conocemos, sabemos cómo, cuánto, dónde y a quién dañan en sus operaciones.

Pero siguen ahí, las tenemos enfrente, cada vez son menos, pero sólo porque son más grandes, y nos rodean por todas partes. ¿Quién las defiende? ¿Quiénes son sus guardaespaldas? ¿Otra vez las naciones poderosas? ¿Ellas en autodefensa? No, las custodia el mismo que financió el viaje de Colón, el mismo que compraba y vendía esclavos, el mismo que acaparaba las mejores tierras, selvas o mares, el mismo que se enriquecía con cada una de las zafras: el Capital. Sería como un calamar gigante, donde él es el cabezón que se nutre con sus tentáculos, las multinacionales, de la caza de pequeñas piezas.

Hoy el capital ya no se esconde: se pasea ufano por todos los océanos y nos pide limosna. Porque recién pareció sufrir un ligero malestar, unos pocos estornudos, y ya todos hemos contribuido a su sanación. Ya parece superar lo que se viene a llamar, en términos médicos: crisis financiera. Los bancos ahorita socializados con nuestros ahorros disponen de nuevos recursos para generar más negocios. Incluso en algunos casos sin antifaz ni tentáculos de por medio, directamente: sus fondos de inversión se dedican a especular con los alimentos, comprar las mejores tierras fértiles de los países más pobres o adueñarse de los negocios que consideran más productivos y seguros (los alimentarios). Algunos ejemplos que nos ofrece Grain en uno de sus últimos informes explican que en estos últimos años de crisis financiera, Goldman Sachs y Deutsche Bank, por ejemplo, han invertido cientos de millones de dólares en comprar a los principales productores de cerdos en China. Barclays Bank está entre los inversionistas con mayores intereses en Zambeef, la agroempresa más grande de Zambia, y Citadel Capital, un fondo de inversión privado egipcio, está comprando tierra para producir alimentos por toda África. Ya asumió el control de un hato de 11 mil vacas destinadas a productos lácteos.

Nada nuevo, por otra parte. El capital siempre lo supo: los seres humanos necesitan alimentos para vivir, igual que él necesita seres humanos para multiplicarse. Es la infalible propiedad asociativa.

Pero, entonces, nos queda una equis por despejar: ¿quién escuda a El Capital? Sí, han acertado; centremos ahí la recuperación de un mundo posible, sin más treguas.

Por Gustavo Duch Guillo, autor de "Lo que hay que tragar y coordinador" de la revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas
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