Manifestantes contra el gobierno iraquí durante las protestas en Bagdad. / Reuters

Bagdad. Al menos tres manifestantes murieron y 58 resultaron heridos ayer durante nuevas protestas antigubernamentales en Irak pese que el primer ministro, Adel Abdel Mahdi, presentó formalmente su renuncia ante el Parlamento.

Miles de iraquíes volvieron a salir a las calles de Bagdad y de ciudades del sur del país, decididos a mantener la movilización hasta que se marchen todos los corruptos. En dos meses de protestas, más de 420 personas han muerto y unas 15 mil resultaron heridas, indicó un balance de la Afp basado en fuentes policiales y médicas.

Seguimos adelante con el movimiento. La dimisión de Abdel Mahdi solo es una primera etapa. Hay que sacar del poder y juzgar a todos los corruptos, señaló uno de los manifestantes a la Afp, en la ciudad sureña de Dinawiya.

Los manifestantes recibieron un importante apoyo del gran ayatola Alí Sistani, la mayor autoridad religiosa chiíta de Irak, quien instó el viernes al Parlamento a remplazar al primer ministro.

Abdel Mahdi entregó ayer su carta de renuncia al Parlamento, al que apremió a elegir un sucesor lo antes posible. Los diputados sesionarán hoy para discutir la dimisión, en la que la oposición llama a un voto de desconfianza, y los paramilitares pro-Irán, que hasta ahora apoyaban al primer ministro, prometieron un cambio.

Al menos tres personas murieron y 24 resultaron heridos ayer cuando fuerzas de seguridad dispararon con munición real a manifestantes en la ciudad santa de Nayaf, en el sur del país.

Otros 11 manifestantes fueron heridos cerca del puente Ahrar de Bagdad cuando las fuerzas de seguridad dispararon con munición de guerra y lanzaron gases lacrimógenos para dispersarlos.

En la ciudad santa chiíta al sur de la capital, Kerbala, manifestantes y policías se lanzaron cócteles molotov.

En Nasiriya, decenas de jóvenes quemaron neumáticos ayer para cortar el tráfico en tres puentes sobre el Éufrates, informaron periodistas de la Afp. Paralelamente, varios centenares de personas se congregaron en un campamento instalado en una plaza del centro de la ciudad, donde los enfrentamientos con la policía dejaron 16 heridos.

Desde el jueves, 42 manifestantes han muerto soló en Nasiriya, donde la policía dispersa las protestas con munición real.

Los manifestantes buscan poner fin al sistema político concebido por Estados Unidos desde la guerra e invasión de 2003 y el derrocamiento de Sadam Husein. También critican la creciente influencia del vecino Irán en la vida política del país.

Los iraquíes reclaman una nueva Constitución y sobre todo una renovación total de la clase política, considerada incompetente y corrupta ya que ha permitido que en 16 años se evapore el equivalente de dos veces el producto interno bruto anual de este país, segundo exportador mundial de petróleo.

Por otra parte, decenas de libaneses se reunieron ayer frente a la embajada de Irak en Beirut en solidaridad con los numerosos manifestantes iraquíes que murieron en días recientes en ese país.

Con banderas de ambas naciones y fotos de manifestantes iraquíes fallecidos por disparos, los manifestantes, algunos con una vela en la mano, deploraron la masacre.

La revolución en Líbano y la revolución en Irak son una, explicó a la Afp Layal Siblani, uno de los organizadores de la sentada.

Desde el 17 de octubre, Líbano vive un movimiento popular de protesta sin precedente contra la clase dirigente, considerada corrupta, igual que en Irak, y contra un sistema político basado en la religión y el clientelismo.

 


 

Las revueltas de Irak buscan un cambio de sistema y el fin de la injerencia extranjera

 

Con más de 400 muertos en dos meses de protestas, principalmente en las ciudades chiíes, Irak se arriesga a caer en una espiral de violencia imparable que conduzca a una guerra civil. Los manifestantes quieren acabar con la disfunción del sistema político y con la influencia extranjera, especialmente de Irán. El futuro no es muy halagüeño.

 

JERUSALÉN

30/11/2019 09:12 Actualizado: 30/11/2019 09:12

 

EUGENIO GARCÍA GASCÓN

 

Después de dos meses de protestas diarias con cientos de muertos, el primer ministro iraquí, Adel Abdul Mahdi, anunció el viernes que presentará su dimisión ante el parlamento para facilitar una salida a la crisis que han desencadenado unas revueltas populares que persiguen un cambio radical del sistema político y el cese de la influencia extranjera, principalmente de Irán.

El anuncio, en el que se Abdul Mahdi mencionó “la violencia y el caos” reinantes, llegó poco después de que el máximo líder religioso chií de Irak, el ayatola Ali al Sistani, instara a un cambio de gobierno y criticara a Abdul Mahdi por reprimir con fuerza a los manifestantes. Es muy probable que Abdul Mahdi, que ha desempeñado el cargo durante un año, formalice la dimisión en las próximas horas y que se establezca un nuevo gabinete que, en cualquier caso, no tendrá demasiadas facilidades para gobernar y reconducir el desbarajuste general.

Antes de anunciar la dimisión, el primer ministro advirtió que la situación puede deteriorarse hasta provocar un “choque civil” entre chiíes. En medios iraquíes cercanos a Teherán, se indicó que algunos funcionarios estadounidenses han estado impulsando unas revueltas que poco tendrían de espontáneo y que persiguen aislar aún más a Irán y acabar con sus aliados en la región.

El aspecto más visible de las protestas de los últimos días ha sido la ira que una parte de los manifestantes han demostrado contra la presencia y la influencia de Irán, una presencia e influencia que ha sido patente desde la invasión norteamericana de 2003, y que cada día es más visible, por ejemplo en la abundancia de bienes y productos originarios del país vecino, y que algunos comparan a una invasión silenciosa.

La presencia de Irán no es solamente comercial. También en el ámbito de la política, es obvio que esa incidencia es considerable. Los iraquíes lo ven a diario y muchos atribuyen las disfunciones endémicas de su propio gobierno a esa influencia. Las cosas no funcionan, la marcha de la economía se traduce en un malestar general que no es nuevo pero que ahora ha trascendido a la calle con violencia.

El malestar no se ha cebado exclusivamente en las representaciones iraníes, en sus consulados especialmente, sino también en edificios gubernamentales. Se ha prendido fuego a viviendas de parlamentarios, y se ha protestado contra la injerencia de Estados Unidos y de Turquía en particular. Los manifestantes creen que las cosas marcharían mejor sin tanta injerencia y por eso protestan. Además, han pedido el boicot de los productos iraníes y extranjeros en general en favor de los productos locales.

El sentimiento antiraní brotó a principios de octubre, cuando los manifestantes irrumpieron en el consulado iraní de la ciudad santa chií de Nayaf, retirando la bandera iraní e izando la bandera iraquí, para luego prender fuego al edificio. Los funcionarios iraníes a duras penas consiguieron escaparse de la ira por una puerta trasera. Con anterioridad, en 2018, los manifestantes ya habían atacado el consulado iraní en Basora.

Muchos iraquíes ven que el sistema político que se creó tras la invasión americana no está funcionando, y lo achacan a la injerencia exterior. No solo eso, creen que la influencia iraní, y en gran medida también la influencia de Estados Unidos, es lo que impide las reformas necesarias para acabar con un sistema que se sostendría desde fuera más que desde dentro.

Hace menos de un mes, el 4 de noviembre, los manifestantes atacaron el consulado iraní en Karbala, otra ciudad chií. Es significativo que las protestas contra Teherán tengan lugar en el sur, la región chií del país. Esto quiere decir que muchos chiíes iraquíes están realmente cansados de las intervenciones de los chiíes iraníes, un aspecto a tener en cuenta.

Al mismo tiempo, debe señalarse que desde que las protestas se iniciaron en Bagdad a principios de octubre, las fuerzas de seguridad se han tenido que emplear a fondo para evitar que los manifestantes llegaran a la Zona Verde de la capital, donde se encuentran numerosos edificios del gobierno y embajadas extranjeras. Desde entonces, más de 400 personas han muerto y hay millares de heridos.

En las protestas, los líderes iraníes han sido objeto de ataques por parte de los chiíes iraquíes. El guía supremo de la revolución iraní, el ayatolá Ali Khamenei, y el Qassem Soleimani, jefe de la Fuerza al Quds, han concitado la ira de los manifestantes en más de una ocasión, y se ha prendido fuego a sus retratos.
Después de ver un detallado informe confeccionado por los servicios de inteligencia iraquíes entre 2014 y 2015, los periódicos The New York Times y The Intercept denunciaron la “agresividad” de Irán en lo relativo a su “infiltración” en Irak, incluida su influencia política, religiosa y económica. La filtración se produjo el 18 de noviembre y ha arrojado más leña al fuego.

El día más trágico desde principios de octubre fue el jueves, cuando las fuerzas de seguridad dispararon munición real contra los manifestantes en las dos ciudades de Nasiriya y Nayaf, causando la muerte de unas 54 personas. El viernes se procedió a enterrar a las víctimas pero también hubo protestas, especialmente en Nasiriya. Numerosos líderes locales exigieron la dimisión inmediata del gobierno de Bagdad.

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Sábado, 30 Noviembre 2019 08:13

Chile: cómo se dañó la fiesta

Chile: cómo se dañó la fiesta

En las últimas décadas, Chile se ha convertido en un modelo a seguir por otros países de latinoamérica y el mundo. Con un PIB per cápita que sobrepasa los 25 mil dólares, se cumple sin embargo el adagio del poeta Nicanor Parra: “Hay dos panes. Usted se come dos. Yo, ninguno. Consumo promedio: un pan por persona”. Una gran mole de lucrativos negocios descansaba sobre una fractura social. El cimiento podía romperse. Y se rompió.

 

Martes 8 de octubre

 

Cuatro días después de que el Ministerio de Transportes anunciara una nueva alza para este año de la tarifa del Metro de Santiago, el presidente Sebastián Piñera brindaba una entrevista a la televisión y decía: "En medio de esta América Latina convulsionada veamos a Chile, nuestro país: es un verdadero oasis, con una democracia estable" 1 . Aunque probablemente no lo sabía en ese momento, el día anterior, lunes 7 de octubre, se había desarrollado en la Estación Universidad de Chile un evento en apariencia insignificante: una jornada de evasión para responder a esta alza, convocada por estudiantes del Instituto Nacional --el colegio público más antiguo de Chile.

"Los estudiantes del Instituto webiando otra vez", probablemente pensó el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri ese lunes. Aunque había allanado varias veces el colegio durante el año persiguiendo a estudiantes "violentistas" y había introducido el humo de las lacrimógenas dentro de los salones en plena clase, no había logrado extinguir el foco de desorden. Este mismo tratamiento lo había extendido a una decena de colegios (a cargo de la municipalidad desde la época de Pinochet), pero lo único que había logrado era instalar escenas de persecución en las calles de la comuna y a acostumbrar a los vecinos a las pedreas y al humo de las bombas lacrimógenas.

Según la versión de un portal noticioso digital2, fue una página de Instagram de estos estudiantes (que anuncia en su presentación "molestamos a fuerzas especiales [equivalente al Esmad de Colombia] pk nos sitiaron") la que llamó a la primera jornada de evasión masiva y la que luego fue documentando cada jornada sucesiva.

Lo que podría haber sido una nueva sucesión de manifestaciones de estudiantes y de la respectiva persecución violenta por parte de Carabineros enviados por el Alcalde fue sobrepasando el radio de la comuna de Santiago, hasta que el martes 15 de octubre se produjo una gigantesca jornada de evasión masiva y violenta represión, que terminó con el cierre de varias estaciones del metro. Ese día la situación "se instaló como preocupación en La Moneda [Palacio de gobierno] y en las policías. Entre el 7 y el 15 de octubre se registraron 52 casos de evasiones masivas"3.

El jueves 17 la espiral evasión-represión-más evasión-más represión se había extendido a toda la red del metro. Se cerraban estaciones, pero los pasajeros tumbaban las puertas, y se producían serios incidentes y destrozos tanto fuera como dentro de muchas estaciones. En varias de las estaciones terminales se producían grandes manifestaciones y enfrentamientos con carabineros. Aunque por dos semanas las acciones de represión no habían surtido efecto y a la inversa había producido una respuesta mayor, desde el Palacio de Gobierno Rodrigo Ubilla, subsecretario del Interior, declaró que los evasores "son violentistas" y "grupos de delincuentes que se coordinan a través de las redes sociales"4, y amenazó a los padres de los evasores con hacerlos responsables de los daños, implicando tácitamente que esos “delincuentes” eran estudiantes.

En un comunicado, los trabajadores del metro emplazaron al gobierno "a no abordar este problema desde un punto de vista delictual"5, y el presidente del Sindicato propuso que "las estaciones no se cierren, porque eso genera un mayor descontento y mayores niveles de violencia contra otros trabajadores"6. Ubilla contestó: "Aquel que legítima la violencia y la delincuencia tiene una posición condescendiente con esos grupos"7.

Desde la mañana del viernes 18, diversas personalidades políticas comenzaron a cerrar filas detrás del gobierno, declarando que "la evasión es delincuencia" y llamando "a ser muy duro" con los "violentistas", mientras el Fiscal Nacional, Jorge Abott, denunciaba que "delincuentes son los que están dirigiendo las evasiones"8. La política que había empleado el alcalde de Santiago tenía plena continuidad en las distintas esferas del Estado. El sindicato del Metro advertía: "el gobierno está apagando el fuego con bencina [gasolina]"9.

El despliegue de las Fuerzas Especiales y sus procedimientos no lograron apagar el fuego, sino que efectivamente lo alimentó. En el curso del día se sucedieron los choques, abaleos con perdigones, incendios, lacrimógenas y finalmente al caer la tarde, barricadas en la Alameda (principal avenida de Santiago) y en las afueras de varias estaciones importantes. Se produjeron incendios en varias estaciones y saqueos en algunos locales comerciales. Saldo del día: todo el sistema del metro fuera de servicio, 77 estaciones afectadas. El sistema del metro terminó por colapsar y se anunció que no funcionaría durante el fin de semana.


En la noche del viernes el gobierno decretó estado de emergencia en la región de Santiago, trasladó de emergencia personal de carabineros de otras zonas a la capital y sacó al ejército a las calles. Aunque era difícil escalar aún más la situación, el gobierno lo logró, pues esta medida "pacificadora" consiguió que el fin de semana la protesta y la represión se intensificaran. Con ríos de gente en las calles, los disturbios se esparcieron por toda la ciudad y se extendieron a Valparaíso y Viña. Aunque el sábado el jefe de zona en Santiago decidió decretar toque de queda, los saqueos en supermercados, bodegas y farmacias se produjeron por centenares, acompañados de incendios en trenes y estaciones del metro, y se produjeron las primeras muertes.

Los funcionarios del gobierno, los políticos, los periodistas, miraban pasmados la televisión: El oasis del multimillonario presidente Sebastián Piñera ardía.

 

Domigo 20 de octubre

 

El domingo 20 de octubre el presidente se dirigió por televisión a la ciudadanía anunciando sombríamente que "estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite"10. No se trataba ya de estudiantes-delincuentes, sino del enemigo de una guerra.

En el transcurso de ese día empezó a circular por redes un audio de la esposa del presidente, Cecilia Morel, que muestra con mayor transparencia la sensación que se había apoderado del gobierno: "lo que viene es muy, muy, muy grave. Adelantaron el toque de queda porque se supo que la estrategia es romper toda la cadena de abastecimiento, de alimentos, incluso en algunas zonas el agua, las farmacias, intentaron quemar un hospital e intentaron tomarse el aeropuerto, o sea, estamos absolutamente sobrepasados. Es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, y no tenemos las herramientas para combatirla. Por favor, mantengamos nosotros la calma y llamemos a la gente de buena voluntad que aprovechen de racionar la comida, y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás"11.

¿Qué podía explicar el incendio del oasis? Sólo un poderoso, inescrupuloso y desalmado enemigo, que había logrado tomar por sorpresa al gobierno y a las fuerzas de policía.

El anuncio del presidente, sin embargo, parece haber sido la señal para que la acción de este enemigo se multiplicara. El ataque a este "enemigo poderoso" y sus huestes, utilizó balas, perdigones, bombas lacrimógenas, gas pimienta, propinó palizas y tomó cientos de prisioneros, le produjo varias bajas fatales y centenares de heridos en pocos días, pero sólo logró que su acción de protesta se extendieran a todo el país, con movilizaciones, cacerolazos y desafíos abiertos al toque de queda.

El relato de un cerebro escondido moviendo los hilos de la protesta no lograba explicar la fuerza y la decisión de las movilizaciones y protestas. Quizás el gobierno no captaba un factor decisivo y evidente: la indignación.

Una brecha se abrió desde el exterior cuando llegó una versión alternativa que rompía la uniformidad del discurso del gobierno. El periódico conservador inglés The Economist publicó ese domingo una nota sobre las protestas en Chile, diciendo que "la respuesta del gobierno fue inepta" y explicando que los chilenos "no sólo están enojados por el precio del transporte. Pagan un montón por el sistema de salud y generalmente tienen que esperar largos períodos para ver un doctor. La educación pública es pobre. Las pensiones, manejadas por firmas privadas bajo un sistema establecido por el régimen de Pinochet, son bajas. La creciente inequidad aviva el enojo"12. Otros periódicos y otras voces empezaron a sumarse.

Desesperado por una situación completamente fuera de control, el gobierno decidió explorar esta veta que se salía del cauce de lo que había sido hasta ahora su política invariable, y el martes 22, el presidente declaró por televisión: "Es verdad que los problemas se acumulaban desde hace muchas décadas y que los distintos gobiernos no fueron ni fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud. Reconozco y pido perdón por esa falta de visión"13 y anunció una "agenda social", que en realidad consistía en lo fundamental en una serie de subsidios del Estado a los menos favorecidos.

Las palabras conciliatorias, sin embargo, no fueron acompañadas por los actos correspondientes en las calles: los militares continuaron patrullando y el toque de queda no fue retirado, se multiplicaron las denuncias por la violación de los derechos humanos: disparos de perdigones a los ojos con estallido ocular, detenciones arbitrarias, torturas, palizas sistemáticas (una de ellas, con resultado fatal). Una violencia desmedida que no se dirigía a los saqueadores, sino a los manifestantes. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (Indh)14, 585 heridos (302 por armas de fuego: balas, perdigones y balines) y 2948 detenidos (318 de ellos, menores de edad), que se agregaban a los 19 muertos que reportaba Carabineros.

Cada acto de represión, de arbitrariedad, cada paliza, cada herido, en vez de lograr disuadir a los que protestaban, echaba más leña a la hoguera y daba más motivos y decisión para responder. Y no eran precisamente unos pocos “violentistas” los que respondían: el viernes 25 se desarrolló la concentración más grande de que se tenga memoria en Chile —comparable sólo con la que despidió al régimen cívico-militar—, estimada en 1.2 millones de personas sólo en Santiago.

 

Viernes 25 de octubre

 

"La multitudinaria, alegre y pacífica marcha hoy, donde los chilenos piden un Chile más justo y solidario, abre grandes caminos de futuro y esperanza. Todos hemos escuchado el mensaje. Todos hemos cambiado"15 (trino de Sebastián Piñera, 25 de octubre).

Como por arte de magia, al día siguiente de la marcha, sábado 26 de octubre, se levantó el toque de queda en todo el país y los militares comenzaron a regresar a sus cuarteles. El enemigo poderoso e implacable había desaparecido, al menos temporalmente, de las declaraciones oficiales. Millones de personas en las calles exigían otra aproximación.


Para hacerlo, se anunció un nuevo gabinete. Dos de estos nombramientos simbolizan un cambio de estilo: el ministerio del Interior, personaje de rancia estirpe pinochetista, fue reemplazado por el juvenil Gonzalo Blummel, quien cuando comenzaba la nueva administración había anunciado "menos Excel y más Word". Cecilia Pérez, la vocera encargada de repetir el relato de que las evasiones y protestas eran dirigidas por delincuentes, fue sustituida por Karla Rubilar, quien había expresado su “emoción” con la marcha del 25.

Entre el 8 y el 25 de octubre, algo más de dos semanas, Chile había pasado de ser un oasis a un país en una sombría guerra y luego nuevamente a un país con futuro y esperanza, según su presidente. Brillaba el sol nuevamente.

Lo que ha sucedido entre ese viernes y el momento de escribir este reporte (14 de noviembre) hace ver este camino de esperanza más bien como una tupida selva, en particular porque debajo de los cambios abruptos en el tono del discurso del gobierno se sigue percibiendo la persistencia de una política inmemorial de las élites en Chile: el desprecio a esa “masa influenciable y vendible” a la que se refería Eliodoro Matte hace más de un siglo. El tratamiento a la protesta de esta “masa” con brutales medidas policiales, es sólo su corolario.Con esta arraigada forma de pensar no es raro que sólo hayan podido ver la evasión del Metro como obra de “delincuentes”. Es natural que hayan buscado frenéticamente un cerebro extranjero (o alienígena) detrás del estallido popular. No era concebible para ellos que la masa actuara con voluntad propia.

En una entrevista otorgada a El País de España el 7 de noviembre16, el presidente Piñera reafirmaba su concepto de Chile como oasis y atribuía el estallido social al… “malestar del éxito”. Este éxito del modelo chileno creó, según el presidente, una clase media amplia, pujante. “No supimos entender que había un clamor subterráneo de la ciudadanía [o sea, de esta clase media] por lograr una sociedad más justa, más igualitaria, con más movilidad social, más igualdad de oportunidades, menos abusos”. Este descubrimiento no explica, sin embargo, que las principales medidas anunciadas, sean básicamente subsidios para los menos favorecidos, o sea, precisamente para los que no forman parte de la clase media. La única respuesta concreta del gobierno para esta “clase media” que quiere una sociedad más justa y se moviliza políticamente son los perdigones en los ojos, que ya han dejado con pérdidas oculares a más de 200 jóvenes en Santiago, o sea, tratamiento de guerra, que sigue hasta la fecha de hoy aunque “hayamos cambiado”. 2.500 heridos, según la Cruz Roja o 7.000 lesionados, según el Ministerio de Salud, no expresan una transformación en el tratamiento policial a la protesta.

Por otro lado, sigue el presidente, “hemos visto una ola de violencia, de destrucción, provocada por grupos criminales organizados”. “Hay algo nuevo, distinto a lo que teníamos hace un mes atrás”. “Aquí hubo intervención de gobiernos extranjeros”. O sea, dos semanas después de las declaraciones “hemos escuchado” y “se abren caminos de futuro”, el presidente confiesa que no cree que el estallido que tiene hoy a su gobierno en la cuerdo floja corresponda a una auténtica voluntad de esa masa que él también considera “influenciable y vendible”.

En una situación ingobernable, en que la economía comienza a caer en picada, el camino que abre el gobierno para salir de su crisis se dirige a buscar acuerdos con una clase política desprestigiada deseosa de “reencauche”, que renueven la gobernabilidad perdida.

Si las élites no se desprenden de este enfoque profundamente clasista —que llevan en realidad incorporado a su ADN— el camino para comprender que se enfrentan a una masa que no es “influenciable y vendible” será largo y escabroso. Y es este aprendizaje el que se abre hoy para Chile.

 


 

La indignación

Es normal que desde arriba se lean los eventos sociales desde las estadísticas, la economía o la sociología. Y es natural entonces que las explicaciones del estallido que circulan por los medios masivos mencionen la profunda desigualdad, los bajos salarios, las pensiones de hambre, etc., escuchando e interpretando en clave económica a los manifestantes.

Desde abajo, sin embargo, desde la alegría y la rabia de la calle, la voz de los manifestantes expresa indignación: “No son 30 pesos, son 30 años”. No son ingresos y gastos, es tiempo de vida, es vida.

 

¿Qué provoca esta indignación?

La lista es muy larga, pero si se rastrea entre las consignas, carteles, comentarios, incluso memes y bromas que se vuelcan a la calle, se pueden encontrar hilos que por lo general terminan en la Constitución vigente.
Esta Constitución, ideada en dictadura y luego defendida y ratificada en los sucesivos gobiernos posteriores, tiene un núcleo duro, que es un principio ordenador, no sólo del orden jurídico, sino de la vida política, social y económica chilena. En terminología académica, se le llama “principio de subsidiariedad”, pero en la vida cotidiana lo que se percibe es aquello que le da sentido a este principio: el predominio del criterio del lucro. En los términos establecidos en la Constitución, el Estado es subsidiario, o sea, el objeto de la organización estatal es apoyar o complementar la acción privada. Y esta acción es regulada por el mercado. De esta forma, el Estado garantiza que nada obstaculice el acceso a la salud, la educación, la seguridad social… brindada por particulares, que se guían por la búsqueda de ganancias.

Este es el principio básico sobre el que se constituyó lo que se conoce como “modelo chileno”, y que es fuente de inspiración de las políticas económicas de moda en Colombia, Latinoamérica y el mundo. Y cuando el criterio del lucro es el punto de vista con el que se aborda la vida social y las relaciones con los demás, el resultado es una sociedad como la chilena: donde los empleos son precarios; los salarios, bajos; la educación y la salud, mercancías (y entonces, estudiantes y enfermos, “clientes”); los recursos naturales, “nichos” de negocios (y entonces, saqueados sin misericordia)… y los cargos públicos, por supuesto, la oportunidad de oro para enriquecerse.

El lucro, convertido en el eje de la vida social, como modelo económico, y el Estado para protegerlo, como ordenamiento constitucional, son el núcleo de este modelo, y los manifestantes lo comprenden muy bien. Porque han sentido en los huesos esta lógica interna del modelo, la propuesta de una Asamblea Constituyente que replantee las cosas desde cero se ha convertido en su principal reivindicación.

Por supuesto, los beneficiarios del modelo y sus operadores ya maniobran para apoderarse de esta aspiración y controlar la puesta en práctica de algo que ya ven inevitable.

 


1 https://www.mega.cl/nacional/278153-sebastian-pinera-chile-oasis-latinoamerica-democracia.html

2 Ellibero.cl: “Las evasiones masivas partieron por un meme”, por Bastián Garcés, 18 de octubre. https://ellibero.cl/actualidad/las-evasiones-masivas-en-el-metro-de-santiago-partieron-por-un-meme/
La Tercera, 17 de octubre.

3 https://www.latercera.com/nacional/noticia/evasiones-masivas-metro-superan-las-50-policia-dispone-uso-fuerzas-especiales/866137/amp/

4 Ibídem.
5 Cooperativa.cl: “Trabajadores de Metro por evasiones masivas: esto no se resuelve cerrando estaciones”, 17 de octubre.
https://m.cooperativa.cl/noticias/pais/transportes/metro/red-de-metro-en-alerta-ante-nueva-jornada-de-evasiones-masiva/2019-10-16/183559.html

6 https://www.latercera.com/nacional/noticia/evasiones-masivas-metro-superan-las-50-policia-dispone-uso-fuerzas-especiales/866137/amp/

7 ibídem.

8 https://m.cooperativa.cl/noticias/pais/transportes/metro/red-de-metro-en-alerta-ante-nueva-jornada-de-evasiones-masiva/2019-10-16/183559.html

9 https://www.chvnoticias.cl/trending/presidente-del-sindicato-de-trabajadores-de-metro-el-gobierno-esta-apagando-el-fuego-con-bencina_20191018/

10 https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/actualidad/cronologia-de-una-crisis-los-hitos-que-han-marcado-el-peor-momento-del/2019-10-27/004116.html

11 https://www.puranoticia.cl/noticias/nacional/filtran-audio-de-cecilia-morel-en-el-que-asegura-que-lo-que-viene-es/2019-10-21/233040.html

12 http://lanacion.cl/2019/10/21/the-economist-de-londres-critico-respuesta-inepta-y-discurso-divisivo-de-pinera/

13 https://elpais.com/internacional/2019/10/23/america/1571801980_305291.html

14 https://twitter.com/inddhh/status/1187544227045097473?s=08

15 https://twitter.com/sebastianpinera/status/1187887888069025794?s=20

16 https://elpais.com/internacional/2019/11/09/actualidad/1573313845_751195.html

 

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Sábado, 30 Noviembre 2019 06:28

Chile sangra en los ojos de Gustavo Gatica

Chile sangra en los ojos de Gustavo Gatica

Los Carabineros disparan a la cara para aterrorizar a los manifestantes.

 

Gustavo Gatica perdió la vista en sus dos ojos alcanzado por los balines de la represión. Ya son 300 las personas afectadas por traumas oculares, un evento sin paralelos en todo el mundo. Gatica se convirtió en el símbolo de la lucha contra el autoritarismo. Desde el hospital mandó su mensaje: "Regalé mis ojos para que la gente despierte".

 

Tras el anuncio de la Clínica Santa María de que el joven Gustavo Gatica había perdido la visión de ambos ojos de forma permanente después de 17 días de hospitalización, la capital chilena respondió con un cacerolazo masivo en su honor. El pasado 8 de noviembre, el estudiante de psicología de 21 años se encontraba sacando fotos de las manifestaciones en Plaza Italia, el centro de la capital chilena, cuando fue impactado en los ojos por perdigones antidisturbios que carabineros ya tiene como costumbre utilizar para dispersar a los manifestantes en Chile.

 La gravedad de su caso, que los chilenos han seguido de cerca, lo ha convertido en un áspero símbolo de los excesos policiales sistemáticos en el país durante las últimas seis semanas, desde el estallido de las manifestaciones sociales con la marcha de un millón de personas el 18 de octubre.

 “La misma gente tuvo que sacarlo de la plaza, usando escudos, porque Carabineros seguía disparando. Gustavo no es el único afectado, tenemos médicos, observadores de derechos humanos, estudiantes, muchos heridos por la policía”, dice Enrique Gatica, su hermano mayor. “El protocolo de carabineros es disparar al suelo. Mi hermano mide 1.80, creemos que es imposible que se trate de un rebote o un error. Sabemos que hay una política de amedrentamiento a los manifestantes a través del terror”, agrega.

Gustavo Gatica, hijo y hermano de profesores escolares, cursa tercer año de psicología en la Universidad de Humanismo Cristiano en Santiago, es activista por los derechos de los animales y, hasta el momento del ataque, participaba de un programa de trabajo social con niños en la comuna de Peñaolén. Ese día buscaba reencontrarse con un amigo de la facultad que había perdido en la turba de Plaza Italia, el lugar más álgido de las movilizaciones en Santiago, ahora rebautizada por los manifestantes como Plaza Dignidad. Había comprado una cámara fotográfica hacía un mes, y con ella registraba las marchas que desfilan hasta hoy por los distintos barrios de la ciudad. No hubo provocación alguna de su parte.

Su historia, junto a las de las casi 300 personas afectadas hoy por traumas oculares durante las protestas, son testimonios clave que contradicen la versión oficial del gobierno acerca de los excesos policiales como hechos aislados.

Así lo corroboró la semana pasada el informe de Amnistía Internacional que denunció la intención de las fuerzas de seguridad por “lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes" y así también, lo hizo el día de ayer el organismo de Human Rights Watch, que denunció “graves violaciones a los derechos humanos” y recomendó al gobierno reformar la institución de carabineros.

Hace semanas, los manifestantes empezaron a salir a la calles de Santiago con un ojo vendado en solidaridad con la víctimas que han perdido sus ojos en las protestas. Según la Sociedad Chilena de Oftalmología, hay 294 casos reportados hasta el momento de personas con trauma ocular severo, muchos de ellos, con pérdida total de uno de sus globos oculares, una emergencia sanitaria sin precedentes en Chile que sugiere que la policía está incumpliendo los protocolos disparando perdigones y bombas lacrimógenas directo a la cara de los manifestantes. Los perdigones de las escopetas antidisturbios fueron suspendidos la semana pasada, después de que un estudio de la Universidad de Chile comprobara que no están compuestos de goma, sino que contienen metales de alta dureza, incluido plomo, pero a pesar de la medida, hubo al menos 10 casos registrados desde entonces.

 “Le hemos transmitido el apoyo y la solidaridad que envía la gente todos los días a Gustavo, algo que lo ayuda a llevar este momento es la conciencia de que él estaba luchando por causas que considera justas”, señaló Enrique Gatica, horas antes del alta de Gustavo. Solo después de una segunda cirugía, los médicos pudieron extraer los perdigones alojados en sus ojos, pero aseguran que no será la última. 

Durante los 17 días que Gatica estuvo hospitalizado, las puertas de la clínica estuvieron cubiertas de pancartas, flores y fotografías en su apoyo. “Como familia vamos a buscar justicia por todos los responsables. Vamos a buscar a quién apretó el gatillo pero también las responsabilidades políticas correspondientes. Claramente, no estamos hablando de un funcionario que se tomó atribuciones. Las cifras y la cantidad de heridos comprueban que esto ha sido sistemático”, señala el hermano mayor. El abogado de la familia, ex fiscal Carlos Gajardo, presentó una querella por lesiones graves gravísimas en la que pidió que se cite a declarar al ministro de interior Gonzalo Blumel, y al Director General de Carabineros, Mario Rozas.

Durante su primera tarde en el hospital, Gustavo Gatica, que está protegido por sus cercanos y no habla a los medios de comunicación, envió a través de su madre un mensaje que conmovió a los chilenos. Rápidamente, se convirtió en viral de redes sociales, en pasacalles e incluso en el nombre de una canción pop de un músico local. El mensaje es, sin embargo, profundamente injusto: “regalé mis ojos para que la gente despierte”.

Por Andrea Guzmán

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Sábado, 30 Noviembre 2019 06:08

Cayó el gobierno iraquí

Manifestantes festejan la renuncia del presidente iraquí en el centro de Bagdad.  Imagen: AFP

El primer ministro iraquí, Adil Abdul-Mahdi, anunció que presentará su renuncia después de que más de 40 personas fueran asesinadas por las fuerzas de seguridad en una protesta callejera y tras el llamado del principal clérigo chiita del país para que los legisladores le retiren su apoyo. Tras el anuncio, miles de manifestantes antigubernamentales que han acampado en la céntrica plaza Tahrir de Bagdad durante casi dos meses celebraron con cantos y bailes.

Abdul-Mahdi emitió un comunicado en el que dijo que había "escuchado con gran preocupación" el sermón del Gran Ayatollah Ali al-Sistani y que tomó su decisión luego de oírlo para "facilitar y acelerar su cumplimiento lo antes posible. "Presentaré al Parlamento un memorando oficial renunciando al puesto de primer ministro para que el Parlamento pueda revisar sus opciones", expresó Abdul-Mahdi, que ocupaba el cargo desde hacía poco más un año. El texto no precisa cuándo va a dimitir, pero la Asamblea va a reunirse el domingo para debatir la crisis.

Al Sistani había dicho que el Parlamento "debería reconsiderar sus opciones" en su sermón semanal de los viernes, que fue leído por un representante suyo en la ciudad santa de Najaf. Al Sistani había llamado a los activistas a distinguir entre los manifestantes pacíficos y aquellos que solo buscan generar violencia, después de que el miércoles un grupo de personas incendiara el consulado de Irán en Najaf. Funcionarios gubernamentales han declarado que el ataque al consulado iraní fue perpetrado por saboteadores externos al movimiento ciudadano.

Si bien los manifestantes celebraron el anuncio de Abdul-Mahdi, el reclamo de la calle es en contra de toda la clase política que gobierna Irak desde la caída de Saddam Hussein, en 2003. "No nos detendremos con el primer ministro, tenemos más peleas que dar. Seguiremos adelante hasta que se cumplan nuestras demandas", aseguró a la CNN una mujer que no quiso revelar su identidad por temor a represalias. Los manifestantes piden un cambio del gobierno que consideran corrupto y responsable de la mala gestión de los recursos y problemas económicos del país, sobre todo en el sur rico en petróleo donde la población no se beneficia del oro negro.

Alrededor de 400 personas murieron en la violenta represión que ha habido desde el inicio de las protestas, el 1° de octubre, la mayoría con heridas de munición real o por la explosión de latas de gas lacrimógeno que las fuerzas de seguridad disparan directo contra la multitud. Cuarenta manifestantes murieron baleados el jueves en la capital, Bagdad, y en las sureñas ciudades de Najaf y Nasiriya, en una escalada que continúa en las calles del país. Otros tres manifestantes murieron el viernes y ocho resultaron heridos en Nasiriya cuando intentaron acceder al centro de la ciudad para reanudar su protesta, informaron fuentes de Seguridad y de Salud.

Abdul-Mahdi, de 77 años, ex ministro de petróleo y finanzas y ex vicepresidente, fue visto como un político independiente cuando asumió el cargo en octubre de 2018 y es el primer primer ministro iraquí que no pertenece al partido político Dawa en 12 años. En su primer día de mandato, trasladó sus oficinas afuera de la zona verde fortificada en las que están todas la sedes del gobierno y embajadas con el objetivo de acercarse a la ciudadanía. Pero en seguida se chocó de frente con el desafío de bajar el alto desempleo, eliminar la corrupción y mejorar unos servicios públicos en ruinas.

Los manifestantes también le reprochan la creciente influencia de Irán en el país, después de que Washington redujera el número de militares en el terreno.

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Un hombre pone velas en honor a Dilan Cruz, el estudiante asesinado durante una manifestación en Colombia por los cuerpos antidisturbios. REUTERS / Carlos Jasso

El estudiante se convirtió en la primera víctima mortal de la violencia policial en las protestas contra el Gobierno colombiano. Fue herido en la cabeza por un disparo del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) durante una manifestación pacífica en el centro de Bogotá.

 

El Instituto Colombiano de Medicina Legal ha revelado los resultados de la autopsia practicada al cuerpo del estudiante Dilan Cruz, quien murió por el disparo de una escopeta calibre 12 cuya munición era una bolsa con "múltiples perdigones de plomo", señala el informe forense divulgado. Además, el estudio considera el caso como un "homicidio" violento.

"Los hallazgos de necropsia permiten afirmar que la muerte del joven es secundaria al trauma craneoencefálico penetrante ocasionado por munición de impacto disparado por arma de fuego, lo cual ocasiona severos e irreversibles daños a nivel de encéfalo", detalló la directora del Instituto de Medicina Legal, Claudia García, en una declaración a la prensa.

Cruz se convirtió el lunes pasado en la primera víctima mortal de la violencia policial en las protestas contra el Gobierno colombiano, dos días después de caer herido en la cabeza por un disparo del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de esa institución, durante una manifestación pacífica en el centro de Bogotá

La funcionaria explicó que los elementos que estudió el equipo de Medicina Legal, conformado por especialistas forenses, hacen parte de "un cartucho de carga múltiple, munición de impacto" del tipo "Bean Bag", una bolsa de perdigones de plomo. "Los informes de necropsia y balística serán entregados a la Fiscalía General de la Nación el día de hoy", añadió.

El director de la Policía colombiana, general Óscar Atehortúa, informó ayer que el caso de Cruz está en manos de la Procuraduría (Ministerio Público), que aplicó "el poder preferente" para ocuparse de la investigación. 

Al respecto, el procurador general de la nación, Fernando Carrillo, dijo a periodistas antes de que se conociera el dictamen forense que el Ministerio Público está verificando si "los estándares internacionales y esos protocolos de uso de esas armas se cumplieron en el caso de la tragedia de Dilan Cruz". 

El funcionario señaló que este caso debe ser "irrepetible" y puso como ejemplo a Chile, donde la crisis social ha dejado ya al menos 23 muertos, de los que seis fueron producto, presuntamente, de la acción de agentes del Estado a los que organismos internacionales acusan de haber cometido violaciones de derechos humanos para contener las protestas. 

Las ONGs denuncian abusos y torturas 

Organismos como Human Rights Watch (HRW) o Amnistía Internacional (AI) denuncian abusos a los detenidos, torturas y la comisión de graves lesiones por el empleo de escopetas de perdigones y balines de goma, que entre otras cosas han provocado lesiones oculares a más de 230 personas. 

"Colombia no puede permitir que se den los escenarios que se están presentando en Chile tras 41 días del inicio de las protestas sociales", manifestó Carrillo. El Joven Dilan Cruz fue ingresado el sábado por la tarde en el Hospital San Ignacio, en el barrio de Chapinero, luego de ser herido por la policía. 

Desde ese día, miles de participantes en las manifestaciones contra la política económica y social del presidente colombiano, Iván Duque, se congregaron frente al hospital como homenaje al joven estudiante, convertido en símbolo del rechazo a la violencia policia

 

28/11/2019 20:05 Actualizado: 28/11/2019 20:05

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Jueves, 28 Noviembre 2019 07:08

El retorno de los motines de subsistencia

El retorno de los motines de subsistencia

La regresión de los salarios, el trabajo precario, tener que soportar sobre los hombros un peso cada vez mayor del financiamiento del Estado por el aumento de los impuestos, el encarecimiento de los servicios públicos y la negación de la educación y la salud como derechos básicos, han llevado a los pueblos a levantarse espontáneamente.
La incertidumbre sobre la subsistencia no puede seguir siendo la norma de vida.

 

“Un fantasma recorre el mundo”: el fantasma de las revueltas populares espontáneas. El recorrido del espectro comenzó el 17 de octubre de 2018 en París, con una convocatoria por medios digitales para protestar por el alza en el precio de los combustibles, la pérdida en el poder adquisitivo del salario y una carga fiscal creciente sobre los sectores con menores ingresos. Las protestas, que ya completan más de un año, han sobrepasado tan sólo en la capital francesa, más de cincuenta manifestaciones saldadas con once muertes relacionadas con los eventos, 24 ojos perdidos por perdigones disparados por la policía, una mano arrancada con explosivos, y más de tres mil condenados –mil de ellos condenados a prisión–, entre otros destrozos provocados por la represión. El nombre del movimiento, un poco extraño y carente de referentes: los chalecos amarillos.

En América Latina, las mismas causas fueron la chispa que el tres de octubre de éste año incendiaron, primero, la capital ecuatoriana, y luego el resto del país con un saldo no menos trágico: entre cinco y diez muertos, 500 heridos y al menos 1.000 detenidos, luego de diez días de refriegaque obligaron al gobierno a poner en suspenso las medidas que motivaron el gesto insurreccional. Pero, la cereza que coronó el pastel, fue la sorprendente reacción del pueblo chileno, qué iniciada con las protestas de los estudiantes por el alza en el precio del transporte público, rápidamente asumió el carácter de una revuelta popular de gran envergadura, cuyo saldo ha sido de al menos veinte muertos, 600 heridos y cerca de 6.000 detenidos. El estallido popular en este país es aún más significativo, por haber sido Chile el conejo de laboratorio donde la escuela económica conocida como los Chicago Boys ensayó el conjunto de políticas que angostaron, a lo ancho del planeta, la vida de los asalariados hasta los mínimos niveles de subsistencia, para de esa forma darle salida al capital, luego de la crisis de los setenta del siglo pasado, que había puesto en cuestión las tasas de acumulación.

Como una funesta coincidencia de los simbolismos, debe recordarse que fue José Manuel Piñera, hermano mayor del actual presidente, Sebastián Piñera, quién como ministro de la dictadura militar de Augusto Pinochet puso en marcha las reformas anti-populares que por más de cuatro décadas rigieron la economía de aquel país, y cuyos efectos acumulados condujeron al estallido social reciente. El hermano menor, intentando redondear la siniestra obra de su familiar, terminó colmando la paciencia del pueblo chileno que busca como meta sacudirse la pesada herencia.

Pero, las protestas también han tenido lugar en ciudades como Puerto Príncipe, Beirut o Bagdad, en una reedición de los Motines de Subsistencia de los siglos XVII, XVIII y XIX, de los que quizá el más trascendente fue la “Marcha sobre Versalles”, en el que las vivanderas de los mercados parisinos sitiaron el palacio real y obligaron a María Antonieta y a Luis XVI a regresar a la capital francesa a asumir sus responsabilidades, consolidando el levantamiento que dio forma definitiva a la Revolución Francesa. Ya no es el precio del pan la chispa sino el de los combustibles, así como la regresión en las condiciones de la seguridad social y el entender que el financiamiento del Estado ha sido volcado sobre los hombros de los sectores populares, pero, eso no le quita que sean verdaderos motines de subsistencia en versión actualizada, pues su motivación son las extremas condiciones de angustia con las que la mayoría de la población enfrenta la cotidianidad.

 

El camino hacía los límites

 

Más allá de las críticas que puedan hacerse a conceptos como el de sociedad post-industrial, o a ciertas conclusiones derivadas de afirmar el fin de la etapa industrialista del capitalismo, lo cierto es que el innegable dominio de la ocupación en el sector servicios, que en promedio en el mundo ocupa el 50 por ciento de los trabajadores contra el 14 por ciento en las manufacturas –en los países de altos ingresos esos porcentajes son de 74 y 13 por ciento respectivamente–, obliga a considerar las consecuencias de ese hecho, así como de los cambios en la estructura de la fuerza laboral industrial, tanto al interior de los países, como si la miramos globalmente.

La automatización y la robotización son, sin duda, dos de los factores centrales que explican la disminución de la participación relativa de la fuerza de trabajo en la producción de los bienes manufacturados. Para el caso de los países del centro capitalista, además, debe sumarse el proceso de deslocalización, iniciado con fuerza en la década de los ochenta del siglo pasado, que buscó a través de la externalización de un componente importante del proceso de fabricación de bienes, no sólo disminuir costos al usar mano de obra de los países periféricos, sustantivamente más barata, sino debilitar la resistencia interna de los trabajadores, al descomponer o eliminar las unidades productivas que aglomeraban un número considerable de obreros convencionales. La búsqueda de nivelar por lo bajo los salarios, que aún continúa, ha tenido en esa estrategia uno de sus puntales más importantes.

De otro lado, al interior de los países, la subcontratación (conocida como outsourcing, por su acepción en inglés) de las actividades menos automatizables, hizo de la tercerización, como también se le conoce, un mecanismo que descargó de responsabilidades laborales a las grandes empresas y contribuyó a la informalización y precarización de un gran número de trabajadores, pues las pequeñas empresas subcontratistas escapan, en mayor medida, a los controles estatales. En el informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) del 19 de octubre de este año, sobre autoempleo y pequeñas y medianas empresas –titulado en español como Lo pequeño importa–, ese organismo muestra como en el mundo cerca del 70 por ciento del empleo lo proveen ese tipo de unidades productivas. En los países de bajos ingresos, las empresas de menos de 50 trabajadores proveen el 40 por ciento de la ocupación, el autoempleo el 54 por ciento, mientras que tan sólo el seis por ciento es cubierto por empresas de mayor envergadura. En los países de medianos ingresos el autoempleo (60 por ciento) y el empleo en pequeñas empresas (30 por ciento) representan la casi totalidad de la ocupación, siendo la magra cifra del 10 por ciento el ofertado por las grandes empresas; mientras que en las naciones de altos ingresos, las pequeñas empresas ocupan casi la mitad de la población asalariada (47por ciento), el autoempleo el 11 por ciento y las grandes empresas menos de mitad de la provisión laboral (42 por ciento)–en Colombia, según el Dane, el autoempleo es 43,6 por ciento–. Este proceso, que quiso ser maquillado con el pomposo nombre de “industrias en red”, facilitó la individualización de la contratación y limitó el horizonte político de la clase trabajadora que empezó a tener mayores dificultades para poder articular convergentemente acciones de lucha por sus derechos, limitando su alcance y posibilitando al capital imponer sus condiciones sin apenas resistencia. Acá, lo pequeño no es hermoso.

El debilitamiento estructural de la clase trabajadora tuvo quizá su mayor reflejo en el declive de las tasas de sindicalización de los países más industrializados.En EU la afiliación a los sindicatos va en caida de forma importante, pasando de representar 20,1 por ciento en 1983 a 10,6 en la actualidad. En Alemania y Japón, las otras dos potencias industriales capitalistas, la cifra apenas supera el 17 por ciento en la actualidad, y en Corea del Sur es tan sólo del 9 por ciento, según datos de la Confederación Sindical Internacional (CSI). Esto no es más que el reflejo de la des-colectivización de la relación capital-trabajo, que ha colocado al trabajador individual a negociar de forma aislada con las grandes corporaciones, en una situación de desigualdad cuyos resultados son la precarización de sus condiciones. La informalidad ahora es lo normal; su porcentaje actual a nivel mundial es del 61 por ciento de trabajadores en esa condición, mientras que tan sólo el restante 39 de asalariados están cubiertos con las pocas garantías que las reformas laborales no han abolido para los contratos convencionales (en Colombia la informalidad es del 48 por ciento).

La desregulación del trabajo, que incluye la llamada flexibilización laboral, va acompañada de un traslado de la carga fiscal desde las empresas a los trabajadores. En EU la tasa impositiva a las compañías pasó del 32,1 por ciento en 1952 a 10,8 en 2015; en Europa, del 41 por ciento de 1983 quedó reducida en 2015 al 22, mientras que el impuesto al valor agregado (IVA), pagado esencialmente por la gente del común pasó, en ese período, de 16,1 a 19,2 por ciento. En EU la tasa impositiva marginal, aplicable a los ingresos más elevados, de 70 por ciento en 1980 descendió al 40 en 2010, mientras que en Alemania de estar en 90 por ciento, a fines de la década del cuarenta del siglo pasado, es hoy del 45 por ciento, como lo destaca Thomas Piketty en su libro El capital en el siglo XXI. Además, como lo reseña Oxfam en su informe de 2018, el economista Gabriel Zucman estima que los multimillonarios esconden alrededor de seis billones de dólares en paraísos fiscales, eludiendo al menos 200 mil millones en pagos de impuestos. Esto ha tenido como resultado una concentración de la riqueza sin antecedentes, hasta el punto que en la actualidad las 42 personas más ricas del planeta poseen el equivalente de lo que suman los activos de los 3.700 millones de personas con menor riqueza en el mundo, según datos de la empresa de servicios financieros Credit Suisse. Oxfam calcula que en el 2017 el 82 por ciento de la riqueza creada fue apropiado por el uno por ciento de los más ricos.

 

Las clases trabajadoras al borde del abismo

 

El aumento de la dispersión locativa de los trabajadores de un mismo sector –tal el caso de conductores, empleados de los comercios minoristas, docentes, médicos, etcétera– propiciada por el continuo crecimiento del sector servicios, las facilidades para la deslocalización internacional y el predominio de las pequeñas empresas, fueron algunos aspectos de la piedra de toque que facilitó al capital reducir al mínimo los derechos de los trabajadores. Que estos empiecen a ser considerados como “prestadores de servicios independientes”, desligados de sus colegas de labor, ha llevado en la actualidad a hacer posible la existencia de empresas sin apenas trabajadores presenciales, como en el caso de la llamada “industria de plataforma”, cuya actividad central es ser coordinadora informatizada de actividades. El avance de la economía gig, también conocida como economía colaborativa, o economía de los freelance, ocupa predominantemente trabajadores jóvenes que aportan sus conocimientos y habilidades a empresas por horas o días sin que medie un contrato.

En el imaginario ideologizado, entonces, lo que quiere presentarse es el fin del trabajo como actividad subordinada, y justificar así el avance de la eliminación de éste como sujeto de derechos. La subordinación moderna de los trabajadores queda basada, de esa forma, en lo que Robert Castel denominó el ascenso de las incertidumbres: la inseguridad sobre el mañana como instrumento de sujeción en el presente, pues los derechos económicos positivos son, de hecho, eliminados. Según la CSI, el 60 por ciento de los países tienen prohibiciones de sindicalización en algunos sectores de la economía, el 83 por ciento ha vulnerado el derecho de huelga y el 82 han violentado la negociación colectiva, todo bajo el argumento que los derechos de los trabajadores son contrarios a la buena marcha de la sociedad, y de que tal marcha no es otra cosa que la ampliación de la riqueza apropiada por el capital.

El avance del capital a costa del trabajo, es innegable. Según el Fondo Monetario Internacional el pago a los trabajadores en los países desarrollados, de representar 55 por ciento del PIB en 1972 fue reducido a 40 en la actualidad, mientras que en los países emergentes y los subordinados, de 50 por ciento en 1994 pasó en el presente a 37. El estancamiento de las salarios medios y bajos tuvo en el divorcio presentado entre las mejoras en la productividad y los aumentos en las remuneraciones al trabajo, una de las causas más importantes, y desde 1972 sigue ensanchándose. El salario por semana en Estados Unidos, cuyo promedio actual es de 746 dólares, sería hoy de 1.377 dólares si las remuneraciones hubiesen aumentado en la misma proporción que lo hicieron hasta 1972 respecto de las mejoras en la productividad, lo que indica, sin equívocos, que ésta última ha sido apropiada en su práctica totalidad desde esa fecha por los capitalistas.

Pero, de otro lado, a partir de las crisis de los setenta, la brecha al interior de las mismas remuneraciones salariales ha ido en aumento, dejando a la gran masa de trabajadores sin mando en unas condiciones cada vez más desventajosas, puesto que mientras en la década de los setenta del siglo pasado la relación del salario entre gerentes y trabajadores era de 45 a 1, es hoy de 794 a 1. Y, lo que es aún más preocupante, al interior de los mismos trabajadores no directivos la brecha también es enorme, pues según la OIT mientras que la remuneración en el decil más bajo es de 266 dólares anuales (750.000 pesos colombianos mensuales, aproximadamente) en el noveno decil es de 36.903 dólares (10 millones de pesos mensuales aproximadamente, es decir, 133 veces más). Esto ha llevado a una fragmentación de la clase trabajadora que hoy ya no está dividida entre trabajadores de “cuello blanco” (empleados) y trabajadores de “cuello azul” (obreros) sino entre trabajadores con derechos y trabajadores precarios que ahora son la inmensa mayoría.

Para completar el cuadro, el encarecimiento de algunos consumos básicos ha limitado aún más las condiciones vitales de los grupos subordinados. La privatización de los servicios públicos domiciliarios, y los de salud y educación, por ejemplo, convertidos en mercancías, y por tanto anulados como derechos, fueron convertidos en bienes plenos para unos pocos, amplificando la monumental disparidad social que experimentamos. La deuda estudiantil en EU, por ejemplo, suma 1,6 billones de dólares, el doble que hace diez años y afecta ya a 44 millones de personas, que dados los bajos salarios percibidos quedan hipotecadas prácticamente de por vida. En Colombia, la cartera del Icetex es de alrededor de cinco billones de pesos distribuidos entre 700.000 deudores, en una espiral creciente de acreencias a la que empiezan a sumarse como prestamistas los bancos privados. En cuanto a los servicios públicos, basta señalar como ilustración que el precio medio de la energía que cobran las empresas privadas en los 34 países de la Ocde es 23,1 por ciento mayor que el de las empresas públicas, lo que ha obligado a que en la última década 235 municipalidades hayan re-estatizado el servicio.

El multimillonario Warren Buffet, al expresar que "Hay una guerra de clases, de acuerdo, pero es la mía, la de los ricos, la que está haciendo esa guerra, y vamos ganando", dejaba claro que los resultados de la concentración económica es producto de una ofensiva consciente y no de “los automatismos del mercado” o de la “correcta asignación de recursos”, argumentos clásicos del cretinismo de los profesionales de la economía convencional. Debe ponerse en primer plano, entonces, como lo planteaba ya la economía clásica, que la estructura de la distribución del ingreso es un resultado de la correlación de fuerzas entre las clases y no un dato técnico, y que es definida en el espacio de la política. Recoger el guante del desafío que los Buffet lanzan, parece una tarea demorada por parte de los movimientos sociales si bien, vistos retrospectivamente, tanto el movimiento de los Indignados como Occupy Wall Street podrían considerarse como escaramuzas, y los recientes motines de subsistencia como movimientos de avanzada que empiezan a responder. Es, pues, el desarrollo de formas organizativas ágiles y pertinentes una tarea urgente a desarrollar.

En Colombia, la reciente visita del Secretario General de la Ocde, José Ángel Gurría, para presentar al gobierno un informe sobre la situación del país, muestra que para la burocracia internacional los motines de subsistencia no son aún motivo de alarma, pues el funcionario recomendó, entre otras cosas, reducir los costos laborales no salariales, el valor del registro de empresas, revisar el “elevado” salario mínimo y aumentar la edad de jubilación. Aunque, para ser justos, lo del “elevado” salario mínimo y el aumento en la edad de jubilación, son también viejos argumentos de nuestra tecnocracia ultraliberal, defendidos, entre otros, por funcionarios criollos como el inefable Alberto Carrasquilla –el mismo de los bonos de agua–, qué en la Ley de Financiamiento, declarada inexequible por la Corte Constitucional, en nombre de las posiciones más ultraderechistas, quiso aprobar una reducción a las empresas en el impuesto a la renta así como exonerarlas de pagar el IVA a los bienes de capital, ahorrándoles casi seis billones de pesos. Quizá, los tecnócratas confían en la pasividad de los movimientos sociales colombianos, pero, en eso también confiaba Piñera, y si “Chile despertó”, ¿será que dura mucho nuestro adormilamiento?

 

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Miércoles, 27 Noviembre 2019 14:58

El retorno de los motines de subsistencia

El retorno de los motines de subsistencia

La regresión de los salarios, el trabajo precario, tener que soportar sobre los hombros un peso cada vez mayor del financiamiento del Estado por el aumento de los impuestos, el encarecimiento de los servicios públicos y la negación de la educación y la salud como derechos básicos, han llevado a los pueblos a levantarse espontáneamente.
La incertidumbre sobre la subsistencia no puede seguir siendo la norma de vida.

 

“Un fantasma recorre el mundo”: el fantasma de las revueltas populares espontáneas. El recorrido del espectro comenzó el 17 de octubre de 2018 en París, con una convocatoria por medios digitales para protestar por el alza en el precio de los combustibles, la pérdida en el poder adquisitivo del salario y una carga fiscal creciente sobre los sectores con menores ingresos. Las protestas, que ya completan más de un año, han sobrepasado tan sólo en la capital francesa, más de cincuenta manifestaciones saldadas con once muertes relacionadas con los eventos, 24 ojos perdidos por perdigones disparados por la policía, una mano arrancada con explosivos, y más de tres mil condenados –mil de ellos condenados a prisión–, entre otros destrozos provocados por la represión. El nombre del movimiento, un poco extraño y carente de referentes: los chalecos amarillos.

En América Latina, las mismas causas fueron la chispa que el tres de octubre de éste año incendiaron, primero, la capital ecuatoriana, y luego el resto del país con un saldo no menos trágico: entre cinco y diez muertos, 500 heridos y al menos 1.000 detenidos, luego de diez días de refriegaque obligaron al gobierno a poner en suspenso las medidas que motivaron el gesto insurreccional. Pero, la cereza que coronó el pastel, fue la sorprendente reacción del pueblo chileno, qué iniciada con las protestas de los estudiantes por el alza en el precio del transporte público, rápidamente asumió el carácter de una revuelta popular de gran envergadura, cuyo saldo ha sido de al menos veinte muertos, 600 heridos y cerca de 6.000 detenidos. El estallido popular en este país es aún más significativo, por haber sido Chile el conejo de laboratorio donde la escuela económica conocida como los Chicago Boys ensayó el conjunto de políticas que angostaron, a lo ancho del planeta, la vida de los asalariados hasta los mínimos niveles de subsistencia, para de esa forma darle salida al capital, luego de la crisis de los setenta del siglo pasado, que había puesto en cuestión las tasas de acumulación.

Como una funesta coincidencia de los simbolismos, debe recordarse que fue José Manuel Piñera, hermano mayor del actual presidente, Sebastián Piñera, quién como ministro de la dictadura militar de Augusto Pinochet puso en marcha las reformas anti-populares que por más de cuatro décadas rigieron la economía de aquel país, y cuyos efectos acumulados condujeron al estallido social reciente. El hermano menor, intentando redondear la siniestra obra de su familiar, terminó colmando la paciencia del pueblo chileno que busca como meta sacudirse la pesada herencia.

Pero, las protestas también han tenido lugar en ciudades como Puerto Príncipe, Beirut o Bagdad, en una reedición de los Motines de Subsistencia de los siglos XVII, XVIII y XIX, de los que quizá el más trascendente fue la “Marcha sobre Versalles”, en el que las vivanderas de los mercados parisinos sitiaron el palacio real y obligaron a María Antonieta y a Luis XVI a regresar a la capital francesa a asumir sus responsabilidades, consolidando el levantamiento que dio forma definitiva a la Revolución Francesa. Ya no es el precio del pan la chispa sino el de los combustibles, así como la regresión en las condiciones de la seguridad social y el entender que el financiamiento del Estado ha sido volcado sobre los hombros de los sectores populares, pero, eso no le quita que sean verdaderos motines de subsistencia en versión actualizada, pues su motivación son las extremas condiciones de angustia con las que la mayoría de la población enfrenta la cotidianidad.

 

El camino hacía los límites

 

Más allá de las críticas que puedan hacerse a conceptos como el de sociedad post-industrial, o a ciertas conclusiones derivadas de afirmar el fin de la etapa industrialista del capitalismo, lo cierto es que el innegable dominio de la ocupación en el sector servicios, que en promedio en el mundo ocupa el 50 por ciento de los trabajadores contra el 14 por ciento en las manufacturas –en los países de altos ingresos esos porcentajes son de 74 y 13 por ciento respectivamente–, obliga a considerar las consecuencias de ese hecho, así como de los cambios en la estructura de la fuerza laboral industrial, tanto al interior de los países, como si la miramos globalmente.

La automatización y la robotización son, sin duda, dos de los factores centrales que explican la disminución de la participación relativa de la fuerza de trabajo en la producción de los bienes manufacturados. Para el caso de los países del centro capitalista, además, debe sumarse el proceso de deslocalización, iniciado con fuerza en la década de los ochenta del siglo pasado, que buscó a través de la externalización de un componente importante del proceso de fabricación de bienes, no sólo disminuir costos al usar mano de obra de los países periféricos, sustantivamente más barata, sino debilitar la resistencia interna de los trabajadores, al descomponer o eliminar las unidades productivas que aglomeraban un número considerable de obreros convencionales. La búsqueda de nivelar por lo bajo los salarios, que aún continúa, ha tenido en esa estrategia uno de sus puntales más importantes.

De otro lado, al interior de los países, la subcontratación (conocida como outsourcing, por su acepción en inglés) de las actividades menos automatizables, hizo de la tercerización, como también se le conoce, un mecanismo que descargó de responsabilidades laborales a las grandes empresas y contribuyó a la informalización y precarización de un gran número de trabajadores, pues las pequeñas empresas subcontratistas escapan, en mayor medida, a los controles estatales. En el informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) del 19 de octubre de este año, sobre autoempleo y pequeñas y medianas empresas –titulado en español como Lo pequeño importa–, ese organismo muestra como en el mundo cerca del 70 por ciento del empleo lo proveen ese tipo de unidades productivas. En los países de bajos ingresos, las empresas de menos de 50 trabajadores proveen el 40 por ciento de la ocupación, el autoempleo el 54 por ciento, mientras que tan sólo el seis por ciento es cubierto por empresas de mayor envergadura. En los países de medianos ingresos el autoempleo (60 por ciento) y el empleo en pequeñas empresas (30 por ciento) representan la casi totalidad de la ocupación, siendo la magra cifra del 10 por ciento el ofertado por las grandes empresas; mientras que en las naciones de altos ingresos, las pequeñas empresas ocupan casi la mitad de la población asalariada (47por ciento), el autoempleo el 11 por ciento y las grandes empresas menos de mitad de la provisión laboral (42 por ciento)–en Colombia, según el Dane, el autoempleo es 43,6 por ciento–. Este proceso, que quiso ser maquillado con el pomposo nombre de “industrias en red”, facilitó la individualización de la contratación y limitó el horizonte político de la clase trabajadora que empezó a tener mayores dificultades para poder articular convergentemente acciones de lucha por sus derechos, limitando su alcance y posibilitando al capital imponer sus condiciones sin apenas resistencia. Acá, lo pequeño no es hermoso.

El debilitamiento estructural de la clase trabajadora tuvo quizá su mayor reflejo en el declive de las tasas de sindicalización de los países más industrializados.En EU la afiliación a los sindicatos va en caida de forma importante, pasando de representar 20,1 por ciento en 1983 a 10,6 en la actualidad. En Alemania y Japón, las otras dos potencias industriales capitalistas, la cifra apenas supera el 17 por ciento en la actualidad, y en Corea del Sur es tan sólo del 9 por ciento, según datos de la Confederación Sindical Internacional (CSI). Esto no es más que el reflejo de la des-colectivización de la relación capital-trabajo, que ha colocado al trabajador individual a negociar de forma aislada con las grandes corporaciones, en una situación de desigualdad cuyos resultados son la precarización de sus condiciones. La informalidad ahora es lo normal; su porcentaje actual a nivel mundial es del 61 por ciento de trabajadores en esa condición, mientras que tan sólo el restante 39 de asalariados están cubiertos con las pocas garantías que las reformas laborales no han abolido para los contratos convencionales (en Colombia la informalidad es del 48 por ciento).

La desregulación del trabajo, que incluye la llamada flexibilización laboral, va acompañada de un traslado de la carga fiscal desde las empresas a los trabajadores. En EU la tasa impositiva a las compañías pasó del 32,1 por ciento en 1952 a 10,8 en 2015; en Europa, del 41 por ciento de 1983 quedó reducida en 2015 al 22, mientras que el impuesto al valor agregado (IVA), pagado esencialmente por la gente del común pasó, en ese período, de 16,1 a 19,2 por ciento. En EU la tasa impositiva marginal, aplicable a los ingresos más elevados, de 70 por ciento en 1980 descendió al 40 en 2010, mientras que en Alemania de estar en 90 por ciento, a fines de la década del cuarenta del siglo pasado, es hoy del 45 por ciento, como lo destaca Thomas Piketty en su libro El capital en el siglo XXI. Además, como lo reseña Oxfam en su informe de 2018, el economista Gabriel Zucman estima que los multimillonarios esconden alrededor de seis billones de dólares en paraísos fiscales, eludiendo al menos 200 mil millones en pagos de impuestos. Esto ha tenido como resultado una concentración de la riqueza sin antecedentes, hasta el punto que en la actualidad las 42 personas más ricas del planeta poseen el equivalente de lo que suman los activos de los 3.700 millones de personas con menor riqueza en el mundo, según datos de la empresa de servicios financieros Credit Suisse. Oxfam calcula que en el 2017 el 82 por ciento de la riqueza creada fue apropiado por el uno por ciento de los más ricos.

 

Las clases trabajadoras al borde del abismo

 

El aumento de la dispersión locativa de los trabajadores de un mismo sector –tal el caso de conductores, empleados de los comercios minoristas, docentes, médicos, etcétera– propiciada por el continuo crecimiento del sector servicios, las facilidades para la deslocalización internacional y el predominio de las pequeñas empresas, fueron algunos aspectos de la piedra de toque que facilitó al capital reducir al mínimo los derechos de los trabajadores. Que estos empiecen a ser considerados como “prestadores de servicios independientes”, desligados de sus colegas de labor, ha llevado en la actualidad a hacer posible la existencia de empresas sin apenas trabajadores presenciales, como en el caso de la llamada “industria de plataforma”, cuya actividad central es ser coordinadora informatizada de actividades. El avance de la economía gig, también conocida como economía colaborativa, o economía de los freelance, ocupa predominantemente trabajadores jóvenes que aportan sus conocimientos y habilidades a empresas por horas o días sin que medie un contrato.

En el imaginario ideologizado, entonces, lo que quiere presentarse es el fin del trabajo como actividad subordinada, y justificar así el avance de la eliminación de éste como sujeto de derechos. La subordinación moderna de los trabajadores queda basada, de esa forma, en lo que Robert Castel denominó el ascenso de las incertidumbres: la inseguridad sobre el mañana como instrumento de sujeción en el presente, pues los derechos económicos positivos son, de hecho, eliminados. Según la CSI, el 60 por ciento de los países tienen prohibiciones de sindicalización en algunos sectores de la economía, el 83 por ciento ha vulnerado el derecho de huelga y el 82 han violentado la negociación colectiva, todo bajo el argumento que los derechos de los trabajadores son contrarios a la buena marcha de la sociedad, y de que tal marcha no es otra cosa que la ampliación de la riqueza apropiada por el capital.

El avance del capital a costa del trabajo, es innegable. Según el Fondo Monetario Internacional el pago a los trabajadores en los países desarrollados, de representar 55 por ciento del PIB en 1972 fue reducido a 40 en la actualidad, mientras que en los países emergentes y los subordinados, de 50 por ciento en 1994 pasó en el presente a 37. El estancamiento de las salarios medios y bajos tuvo en el divorcio presentado entre las mejoras en la productividad y los aumentos en las remuneraciones al trabajo, una de las causas más importantes, y desde 1972 sigue ensanchándose. El salario por semana en Estados Unidos, cuyo promedio actual es de 746 dólares, sería hoy de 1.377 dólares si las remuneraciones hubiesen aumentado en la misma proporción que lo hicieron hasta 1972 respecto de las mejoras en la productividad, lo que indica, sin equívocos, que ésta última ha sido apropiada en su práctica totalidad desde esa fecha por los capitalistas.

Pero, de otro lado, a partir de las crisis de los setenta, la brecha al interior de las mismas remuneraciones salariales ha ido en aumento, dejando a la gran masa de trabajadores sin mando en unas condiciones cada vez más desventajosas, puesto que mientras en la década de los setenta del siglo pasado la relación del salario entre gerentes y trabajadores era de 45 a 1, es hoy de 794 a 1. Y, lo que es aún más preocupante, al interior de los mismos trabajadores no directivos la brecha también es enorme, pues según la OIT mientras que la remuneración en el decil más bajo es de 266 dólares anuales (750.000 pesos colombianos mensuales, aproximadamente) en el noveno decil es de 36.903 dólares (10 millones de pesos mensuales aproximadamente, es decir, 133 veces más). Esto ha llevado a una fragmentación de la clase trabajadora que hoy ya no está dividida entre trabajadores de “cuello blanco” (empleados) y trabajadores de “cuello azul” (obreros) sino entre trabajadores con derechos y trabajadores precarios que ahora son la inmensa mayoría.

Para completar el cuadro, el encarecimiento de algunos consumos básicos ha limitado aún más las condiciones vitales de los grupos subordinados. La privatización de los servicios públicos domiciliarios, y los de salud y educación, por ejemplo, convertidos en mercancías, y por tanto anulados como derechos, fueron convertidos en bienes plenos para unos pocos, amplificando la monumental disparidad social que experimentamos. La deuda estudiantil en EU, por ejemplo, suma 1,6 billones de dólares, el doble que hace diez años y afecta ya a 44 millones de personas, que dados los bajos salarios percibidos quedan hipotecadas prácticamente de por vida. En Colombia, la cartera del Icetex es de alrededor de cinco billones de pesos distribuidos entre 700.000 deudores, en una espiral creciente de acreencias a la que empiezan a sumarse como prestamistas los bancos privados. En cuanto a los servicios públicos, basta señalar como ilustración que el precio medio de la energía que cobran las empresas privadas en los 34 países de la Ocde es 23,1 por ciento mayor que el de las empresas públicas, lo que ha obligado a que en la última década 235 municipalidades hayan re-estatizado el servicio.

El multimillonario Warren Buffet, al expresar que "Hay una guerra de clases, de acuerdo, pero es la mía, la de los ricos, la que está haciendo esa guerra, y vamos ganando", dejaba claro que los resultados de la concentración económica es producto de una ofensiva consciente y no de “los automatismos del mercado” o de la “correcta asignación de recursos”, argumentos clásicos del cretinismo de los profesionales de la economía convencional. Debe ponerse en primer plano, entonces, como lo planteaba ya la economía clásica, que la estructura de la distribución del ingreso es un resultado de la correlación de fuerzas entre las clases y no un dato técnico, y que es definida en el espacio de la política. Recoger el guante del desafío que los Buffet lanzan, parece una tarea demorada por parte de los movimientos sociales si bien, vistos retrospectivamente, tanto el movimiento de los Indignados como Occupy Wall Street podrían considerarse como escaramuzas, y los recientes motines de subsistencia como movimientos de avanzada que empiezan a responder. Es, pues, el desarrollo de formas organizativas ágiles y pertinentes una tarea urgente a desarrollar.

En Colombia, la reciente visita del Secretario General de la Ocde, José Ángel Gurría, para presentar al gobierno un informe sobre la situación del país, muestra que para la burocracia internacional los motines de subsistencia no son aún motivo de alarma, pues el funcionario recomendó, entre otras cosas, reducir los costos laborales no salariales, el valor del registro de empresas, revisar el “elevado” salario mínimo y aumentar la edad de jubilación. Aunque, para ser justos, lo del “elevado” salario mínimo y el aumento en la edad de jubilación, son también viejos argumentos de nuestra tecnocracia ultraliberal, defendidos, entre otros, por funcionarios criollos como el inefable Alberto Carrasquilla –el mismo de los bonos de agua–, qué en la Ley de Financiamiento, declarada inexequible por la Corte Constitucional, en nombre de las posiciones más ultraderechistas, quiso aprobar una reducción a las empresas en el impuesto a la renta así como exonerarlas de pagar el IVA a los bienes de capital, ahorrándoles casi seis billones de pesos. Quizá, los tecnócratas confían en la pasividad de los movimientos sociales colombianos, pero, en eso también confiaba Piñera, y si “Chile despertó”, ¿será que dura mucho nuestro adormilamiento?

 

Publicado enEdición Nº263
Miércoles, 27 Noviembre 2019 10:46

Chile: cómo se dañó la fiesta

Chile: cómo se dañó la fiesta

En las últimas décadas, Chile se ha convertido en un modelo a seguir por otros países de latinoamérica y el mundo. Con un PIB per cápita que sobrepasa los 25 mil dólares, se cumple sin embargo el adagio del poeta Nicanor Parra: “Hay dos panes. Usted se come dos. Yo, ninguno. Consumo promedio: un pan por persona”. Una gran mole de lucrativos negocios descansaba sobre una fractura social. El cimiento podía romperse. Y se rompió.

 

Martes 8 de octubre

 

Cuatro días después de que el Ministerio de Transportes anunciara una nueva alza para este año de la tarifa del Metro de Santiago, el presidente Sebastián Piñera brindaba una entrevista a la televisión y decía: "En medio de esta América Latina convulsionada veamos a Chile, nuestro país: es un verdadero oasis, con una democracia estable" 1 . Aunque probablemente no lo sabía en ese momento, el día anterior, lunes 7 de octubre, se había desarrollado en la Estación Universidad de Chile un evento en apariencia insignificante: una jornada de evasión para responder a esta alza, convocada por estudiantes del Instituto Nacional --el colegio público más antiguo de Chile.

"Los estudiantes del Instituto webiando otra vez", probablemente pensó el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri ese lunes. Aunque había allanado varias veces el colegio durante el año persiguiendo a estudiantes "violentistas" y había introducido el humo de las lacrimógenas dentro de los salones en plena clase, no había logrado extinguir el foco de desorden. Este mismo tratamiento lo había extendido a una decena de colegios (a cargo de la municipalidad desde la época de Pinochet), pero lo único que había logrado era instalar escenas de persecución en las calles de la comuna y a acostumbrar a los vecinos a las pedreas y al humo de las bombas lacrimógenas.

Según la versión de un portal noticioso digital2, fue una página de Instagram de estos estudiantes (que anuncia en su presentación "molestamos a fuerzas especiales [equivalente al Esmad de Colombia] pk nos sitiaron") la que llamó a la primera jornada de evasión masiva y la que luego fue documentando cada jornada sucesiva.

Lo que podría haber sido una nueva sucesión de manifestaciones de estudiantes y de la respectiva persecución violenta por parte de Carabineros enviados por el Alcalde fue sobrepasando el radio de la comuna de Santiago, hasta que el martes 15 de octubre se produjo una gigantesca jornada de evasión masiva y violenta represión, que terminó con el cierre de varias estaciones del metro. Ese día la situación "se instaló como preocupación en La Moneda [Palacio de gobierno] y en las policías. Entre el 7 y el 15 de octubre se registraron 52 casos de evasiones masivas"3.

El jueves 17 la espiral evasión-represión-más evasión-más represión se había extendido a toda la red del metro. Se cerraban estaciones, pero los pasajeros tumbaban las puertas, y se producían serios incidentes y destrozos tanto fuera como dentro de muchas estaciones. En varias de las estaciones terminales se producían grandes manifestaciones y enfrentamientos con carabineros. Aunque por dos semanas las acciones de represión no habían surtido efecto y a la inversa había producido una respuesta mayor, desde el Palacio de Gobierno Rodrigo Ubilla, subsecretario del Interior, declaró que los evasores "son violentistas" y "grupos de delincuentes que se coordinan a través de las redes sociales"4, y amenazó a los padres de los evasores con hacerlos responsables de los daños, implicando tácitamente que esos “delincuentes” eran estudiantes.

En un comunicado, los trabajadores del metro emplazaron al gobierno "a no abordar este problema desde un punto de vista delictual"5, y el presidente del Sindicato propuso que "las estaciones no se cierren, porque eso genera un mayor descontento y mayores niveles de violencia contra otros trabajadores"6. Ubilla contestó: "Aquel que legítima la violencia y la delincuencia tiene una posición condescendiente con esos grupos"7.

Desde la mañana del viernes 18, diversas personalidades políticas comenzaron a cerrar filas detrás del gobierno, declarando que "la evasión es delincuencia" y llamando "a ser muy duro" con los "violentistas", mientras el Fiscal Nacional, Jorge Abott, denunciaba que "delincuentes son los que están dirigiendo las evasiones"8. La política que había empleado el alcalde de Santiago tenía plena continuidad en las distintas esferas del Estado. El sindicato del Metro advertía: "el gobierno está apagando el fuego con bencina [gasolina]"9.

El despliegue de las Fuerzas Especiales y sus procedimientos no lograron apagar el fuego, sino que efectivamente lo alimentó. En el curso del día se sucedieron los choques, abaleos con perdigones, incendios, lacrimógenas y finalmente al caer la tarde, barricadas en la Alameda (principal avenida de Santiago) y en las afueras de varias estaciones importantes. Se produjeron incendios en varias estaciones y saqueos en algunos locales comerciales. Saldo del día: todo el sistema del metro fuera de servicio, 77 estaciones afectadas. El sistema del metro terminó por colapsar y se anunció que no funcionaría durante el fin de semana.


En la noche del viernes el gobierno decretó estado de emergencia en la región de Santiago, trasladó de emergencia personal de carabineros de otras zonas a la capital y sacó al ejército a las calles. Aunque era difícil escalar aún más la situación, el gobierno lo logró, pues esta medida "pacificadora" consiguió que el fin de semana la protesta y la represión se intensificaran. Con ríos de gente en las calles, los disturbios se esparcieron por toda la ciudad y se extendieron a Valparaíso y Viña. Aunque el sábado el jefe de zona en Santiago decidió decretar toque de queda, los saqueos en supermercados, bodegas y farmacias se produjeron por centenares, acompañados de incendios en trenes y estaciones del metro, y se produjeron las primeras muertes.

Los funcionarios del gobierno, los políticos, los periodistas, miraban pasmados la televisión: El oasis del multimillonario presidente Sebastián Piñera ardía.

 

Domigo 20 de octubre

 

El domingo 20 de octubre el presidente se dirigió por televisión a la ciudadanía anunciando sombríamente que "estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite"10. No se trataba ya de estudiantes-delincuentes, sino del enemigo de una guerra.

En el transcurso de ese día empezó a circular por redes un audio de la esposa del presidente, Cecilia Morel, que muestra con mayor transparencia la sensación que se había apoderado del gobierno: "lo que viene es muy, muy, muy grave. Adelantaron el toque de queda porque se supo que la estrategia es romper toda la cadena de abastecimiento, de alimentos, incluso en algunas zonas el agua, las farmacias, intentaron quemar un hospital e intentaron tomarse el aeropuerto, o sea, estamos absolutamente sobrepasados. Es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, y no tenemos las herramientas para combatirla. Por favor, mantengamos nosotros la calma y llamemos a la gente de buena voluntad que aprovechen de racionar la comida, y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás"11.

¿Qué podía explicar el incendio del oasis? Sólo un poderoso, inescrupuloso y desalmado enemigo, que había logrado tomar por sorpresa al gobierno y a las fuerzas de policía.

El anuncio del presidente, sin embargo, parece haber sido la señal para que la acción de este enemigo se multiplicara. El ataque a este "enemigo poderoso" y sus huestes, utilizó balas, perdigones, bombas lacrimógenas, gas pimienta, propinó palizas y tomó cientos de prisioneros, le produjo varias bajas fatales y centenares de heridos en pocos días, pero sólo logró que su acción de protesta se extendieran a todo el país, con movilizaciones, cacerolazos y desafíos abiertos al toque de queda.

El relato de un cerebro escondido moviendo los hilos de la protesta no lograba explicar la fuerza y la decisión de las movilizaciones y protestas. Quizás el gobierno no captaba un factor decisivo y evidente: la indignación.

Una brecha se abrió desde el exterior cuando llegó una versión alternativa que rompía la uniformidad del discurso del gobierno. El periódico conservador inglés The Economist publicó ese domingo una nota sobre las protestas en Chile, diciendo que "la respuesta del gobierno fue inepta" y explicando que los chilenos "no sólo están enojados por el precio del transporte. Pagan un montón por el sistema de salud y generalmente tienen que esperar largos períodos para ver un doctor. La educación pública es pobre. Las pensiones, manejadas por firmas privadas bajo un sistema establecido por el régimen de Pinochet, son bajas. La creciente inequidad aviva el enojo"12. Otros periódicos y otras voces empezaron a sumarse.

Desesperado por una situación completamente fuera de control, el gobierno decidió explorar esta veta que se salía del cauce de lo que había sido hasta ahora su política invariable, y el martes 22, el presidente declaró por televisión: "Es verdad que los problemas se acumulaban desde hace muchas décadas y que los distintos gobiernos no fueron ni fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud. Reconozco y pido perdón por esa falta de visión"13 y anunció una "agenda social", que en realidad consistía en lo fundamental en una serie de subsidios del Estado a los menos favorecidos.

Las palabras conciliatorias, sin embargo, no fueron acompañadas por los actos correspondientes en las calles: los militares continuaron patrullando y el toque de queda no fue retirado, se multiplicaron las denuncias por la violación de los derechos humanos: disparos de perdigones a los ojos con estallido ocular, detenciones arbitrarias, torturas, palizas sistemáticas (una de ellas, con resultado fatal). Una violencia desmedida que no se dirigía a los saqueadores, sino a los manifestantes. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (Indh)14, 585 heridos (302 por armas de fuego: balas, perdigones y balines) y 2948 detenidos (318 de ellos, menores de edad), que se agregaban a los 19 muertos que reportaba Carabineros.

Cada acto de represión, de arbitrariedad, cada paliza, cada herido, en vez de lograr disuadir a los que protestaban, echaba más leña a la hoguera y daba más motivos y decisión para responder. Y no eran precisamente unos pocos “violentistas” los que respondían: el viernes 25 se desarrolló la concentración más grande de que se tenga memoria en Chile —comparable sólo con la que despidió al régimen cívico-militar—, estimada en 1.2 millones de personas sólo en Santiago.

 

Viernes 25 de octubre

 

"La multitudinaria, alegre y pacífica marcha hoy, donde los chilenos piden un Chile más justo y solidario, abre grandes caminos de futuro y esperanza. Todos hemos escuchado el mensaje. Todos hemos cambiado"15 (trino de Sebastián Piñera, 25 de octubre).

Como por arte de magia, al día siguiente de la marcha, sábado 26 de octubre, se levantó el toque de queda en todo el país y los militares comenzaron a regresar a sus cuarteles. El enemigo poderoso e implacable había desaparecido, al menos temporalmente, de las declaraciones oficiales. Millones de personas en las calles exigían otra aproximación.


Para hacerlo, se anunció un nuevo gabinete. Dos de estos nombramientos simbolizan un cambio de estilo: el ministerio del Interior, personaje de rancia estirpe pinochetista, fue reemplazado por el juvenil Gonzalo Blummel, quien cuando comenzaba la nueva administración había anunciado "menos Excel y más Word". Cecilia Pérez, la vocera encargada de repetir el relato de que las evasiones y protestas eran dirigidas por delincuentes, fue sustituida por Karla Rubilar, quien había expresado su “emoción” con la marcha del 25.

Entre el 8 y el 25 de octubre, algo más de dos semanas, Chile había pasado de ser un oasis a un país en una sombría guerra y luego nuevamente a un país con futuro y esperanza, según su presidente. Brillaba el sol nuevamente.

Lo que ha sucedido entre ese viernes y el momento de escribir este reporte (14 de noviembre) hace ver este camino de esperanza más bien como una tupida selva, en particular porque debajo de los cambios abruptos en el tono del discurso del gobierno se sigue percibiendo la persistencia de una política inmemorial de las élites en Chile: el desprecio a esa “masa influenciable y vendible” a la que se refería Eliodoro Matte hace más de un siglo. El tratamiento a la protesta de esta “masa” con brutales medidas policiales, es sólo su corolario.Con esta arraigada forma de pensar no es raro que sólo hayan podido ver la evasión del Metro como obra de “delincuentes”. Es natural que hayan buscado frenéticamente un cerebro extranjero (o alienígena) detrás del estallido popular. No era concebible para ellos que la masa actuara con voluntad propia.

En una entrevista otorgada a El País de España el 7 de noviembre16, el presidente Piñera reafirmaba su concepto de Chile como oasis y atribuía el estallido social al… “malestar del éxito”. Este éxito del modelo chileno creó, según el presidente, una clase media amplia, pujante. “No supimos entender que había un clamor subterráneo de la ciudadanía [o sea, de esta clase media] por lograr una sociedad más justa, más igualitaria, con más movilidad social, más igualdad de oportunidades, menos abusos”. Este descubrimiento no explica, sin embargo, que las principales medidas anunciadas, sean básicamente subsidios para los menos favorecidos, o sea, precisamente para los que no forman parte de la clase media. La única respuesta concreta del gobierno para esta “clase media” que quiere una sociedad más justa y se moviliza políticamente son los perdigones en los ojos, que ya han dejado con pérdidas oculares a más de 200 jóvenes en Santiago, o sea, tratamiento de guerra, que sigue hasta la fecha de hoy aunque “hayamos cambiado”. 2.500 heridos, según la Cruz Roja o 7.000 lesionados, según el Ministerio de Salud, no expresan una transformación en el tratamiento policial a la protesta.

Por otro lado, sigue el presidente, “hemos visto una ola de violencia, de destrucción, provocada por grupos criminales organizados”. “Hay algo nuevo, distinto a lo que teníamos hace un mes atrás”. “Aquí hubo intervención de gobiernos extranjeros”. O sea, dos semanas después de las declaraciones “hemos escuchado” y “se abren caminos de futuro”, el presidente confiesa que no cree que el estallido que tiene hoy a su gobierno en la cuerdo floja corresponda a una auténtica voluntad de esa masa que él también considera “influenciable y vendible”.

En una situación ingobernable, en que la economía comienza a caer en picada, el camino que abre el gobierno para salir de su crisis se dirige a buscar acuerdos con una clase política desprestigiada deseosa de “reencauche”, que renueven la gobernabilidad perdida.

Si las élites no se desprenden de este enfoque profundamente clasista —que llevan en realidad incorporado a su ADN— el camino para comprender que se enfrentan a una masa que no es “influenciable y vendible” será largo y escabroso. Y es este aprendizaje el que se abre hoy para Chile.

 


 

La indignación

Es normal que desde arriba se lean los eventos sociales desde las estadísticas, la economía o la sociología. Y es natural entonces que las explicaciones del estallido que circulan por los medios masivos mencionen la profunda desigualdad, los bajos salarios, las pensiones de hambre, etc., escuchando e interpretando en clave económica a los manifestantes.

Desde abajo, sin embargo, desde la alegría y la rabia de la calle, la voz de los manifestantes expresa indignación: “No son 30 pesos, son 30 años”. No son ingresos y gastos, es tiempo de vida, es vida.

 

¿Qué provoca esta indignación?

La lista es muy larga, pero si se rastrea entre las consignas, carteles, comentarios, incluso memes y bromas que se vuelcan a la calle, se pueden encontrar hilos que por lo general terminan en la Constitución vigente.
Esta Constitución, ideada en dictadura y luego defendida y ratificada en los sucesivos gobiernos posteriores, tiene un núcleo duro, que es un principio ordenador, no sólo del orden jurídico, sino de la vida política, social y económica chilena. En terminología académica, se le llama “principio de subsidiariedad”, pero en la vida cotidiana lo que se percibe es aquello que le da sentido a este principio: el predominio del criterio del lucro. En los términos establecidos en la Constitución, el Estado es subsidiario, o sea, el objeto de la organización estatal es apoyar o complementar la acción privada. Y esta acción es regulada por el mercado. De esta forma, el Estado garantiza que nada obstaculice el acceso a la salud, la educación, la seguridad social… brindada por particulares, que se guían por la búsqueda de ganancias.

Este es el principio básico sobre el que se constituyó lo que se conoce como “modelo chileno”, y que es fuente de inspiración de las políticas económicas de moda en Colombia, Latinoamérica y el mundo. Y cuando el criterio del lucro es el punto de vista con el que se aborda la vida social y las relaciones con los demás, el resultado es una sociedad como la chilena: donde los empleos son precarios; los salarios, bajos; la educación y la salud, mercancías (y entonces, estudiantes y enfermos, “clientes”); los recursos naturales, “nichos” de negocios (y entonces, saqueados sin misericordia)… y los cargos públicos, por supuesto, la oportunidad de oro para enriquecerse.

El lucro, convertido en el eje de la vida social, como modelo económico, y el Estado para protegerlo, como ordenamiento constitucional, son el núcleo de este modelo, y los manifestantes lo comprenden muy bien. Porque han sentido en los huesos esta lógica interna del modelo, la propuesta de una Asamblea Constituyente que replantee las cosas desde cero se ha convertido en su principal reivindicación.

Por supuesto, los beneficiarios del modelo y sus operadores ya maniobran para apoderarse de esta aspiración y controlar la puesta en práctica de algo que ya ven inevitable.

 


1 https://www.mega.cl/nacional/278153-sebastian-pinera-chile-oasis-latinoamerica-democracia.html

2 Ellibero.cl: “Las evasiones masivas partieron por un meme”, por Bastián Garcés, 18 de octubre. https://ellibero.cl/actualidad/las-evasiones-masivas-en-el-metro-de-santiago-partieron-por-un-meme/
La Tercera, 17 de octubre.

3 https://www.latercera.com/nacional/noticia/evasiones-masivas-metro-superan-las-50-policia-dispone-uso-fuerzas-especiales/866137/amp/

4 Ibídem.
5 Cooperativa.cl: “Trabajadores de Metro por evasiones masivas: esto no se resuelve cerrando estaciones”, 17 de octubre.
https://m.cooperativa.cl/noticias/pais/transportes/metro/red-de-metro-en-alerta-ante-nueva-jornada-de-evasiones-masiva/2019-10-16/183559.html

6 https://www.latercera.com/nacional/noticia/evasiones-masivas-metro-superan-las-50-policia-dispone-uso-fuerzas-especiales/866137/amp/

7 ibídem.

8 https://m.cooperativa.cl/noticias/pais/transportes/metro/red-de-metro-en-alerta-ante-nueva-jornada-de-evasiones-masiva/2019-10-16/183559.html

9 https://www.chvnoticias.cl/trending/presidente-del-sindicato-de-trabajadores-de-metro-el-gobierno-esta-apagando-el-fuego-con-bencina_20191018/

10 https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/actualidad/cronologia-de-una-crisis-los-hitos-que-han-marcado-el-peor-momento-del/2019-10-27/004116.html

11 https://www.puranoticia.cl/noticias/nacional/filtran-audio-de-cecilia-morel-en-el-que-asegura-que-lo-que-viene-es/2019-10-21/233040.html

12 http://lanacion.cl/2019/10/21/the-economist-de-londres-critico-respuesta-inepta-y-discurso-divisivo-de-pinera/

13 https://elpais.com/internacional/2019/10/23/america/1571801980_305291.html

14 https://twitter.com/inddhh/status/1187544227045097473?s=08

15 https://twitter.com/sebastianpinera/status/1187887888069025794?s=20

16 https://elpais.com/internacional/2019/11/09/actualidad/1573313845_751195.html

 

Publicado enEdición Nº263
El arsenal y los 142 millones de dólares para la tropa de élite de Colombia

Las protestas en Colombia suman ya cinco días consecutivos con la muerte de Dilan Cruz, un estudiante de 18 años que murió a raíz del impacto de un proyectil de gas lacrimógeno. Por ello, la polémica hoy se centra sobre las fuerzas represivas colombianas.

En el quinto día consecutivo de protestas los colombianos acusan a los agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), de la muerte del joven Dilan Cruz, el joven que falleció este lunes. La indignación crece en las calles por sus prácticas represivas al vivo grito de "lo mataron".

La ministra del interior, Nancy Patricia Gutiérrez, calificó la muerte de Cruz como "un accidente" y aseguró que "el Esmad siempre actúa respetando los Derechos Humanos".

¿Qué es el Esmad?

El cuerpo de élite que hoy causa polémica en la calles de Colombia surgió en 1999 y, de acuerdo con el ministerio de Defensa su único objetivo era apoyar a la policía cuando el orden público se torna incontrolablerevela un documento consultado por el diario El Tiempo.

Sus efectivos suman 3.876 integrantes, de los cuales 3.770 son hombres y 106 son mujeres. Están organizados en 24 escuadrones dispersos por todo el país con una mayor presencia en la capital Bogotá, donde operan 3 escuadrones compuestos por 565 militares.

Barranquilla es otra de las zonas donde los militares del Esmad están presentes, con 190 efectivos. Le sigue Cúcuta, con 188 y Medellín, con 139. Al final de la lista está la zona de Valledupar, una localidad ubicada al nororiente de la costa Atlántica colombiana y donde sólo existe la presencia de 136 uniformados, de acuerdo con el medio colombiano.

¿Qué armas tiene el Esmad a su disposición?

Según el ministerio de Defensa, el presupuesto anual destinado a esta tropa élite supera los 142 millones de dólares, lo que sugiere que están armados hasta los dientes. Y así lo refleja el propio documento consultado por El Tiempo.

Para los operativos antidisturbios, la fuerza cuenta con

  • 108 tanquetas  (48 son lanza agua y 60 para el transporte)
  • cinco vehículos lanza agua, adquiridos en 2019 cada uno por un valor de 425. 000 dólares,
  • lanzadores de proyectil múltiple, evaluado cada uno en 118.000 dólares,
  • varios tipos de cartuchos eléctricos de gas y de aturdimiento, como marcadoras y esferas de paintball,

Los cartuchos de gas son de 40 milímetros y al ser activados generan una dispersión de humo y gas CS por un periodo mínimo de 30 segundos. Cada cartucho expulsa submuniciones a través del lanzador a una distancia mínima de 120 metros y tiene un valor de 13,58 dólares.

El documento oficial explica que estas armas "son elaborados con materiales metálicos de alta resistencia, su funcionamiento puede ser a través de acción doble o acción sencilla de acuerdo a las destrezas del operativo, y la apertura del cañón se da a través de oscilación basculante".

También advierte que "la culata del lanzador se adquiere de color naranja, con el propósito de ser identificado como un equipos menos letal".

Los efectivos utilizan un protector corporal antimotín que cuesta cerca de 500.000 dólares. También utilizan escudos antimotines, de 71 dólares cada uno, cascos de 110 dólares y camisetas balísticas con un alto grado de protección valoradas en 380.000 dólares.

De acuerdo con el diario colombiano, el ministerio de Defensa envió estos datos al Congreso de la República para un debate de control político sobre el área de educación.

03:15 27.11.2019(actualizada a las 03:17 27.11.2019)URL corto

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Human Rights Watch denuncia "graves violaciones a los derechos humanos" en Chile

También informó 341 denuncias de torturas y 74 querellas por abusos sexuales. "Carabineros obligaron a detenidos, incluidos niños y niñas, a desvestirse y hacer sentadillas totalmente desnudos en comisarías”, denuncian.

Human Rights Watch (HRW) aseguró que en Chile se cometieron "graves violaciones a los derechos humanos" en el último mes. Las principales conclusiones del informe presentado el martes ratifican el uso excesivo de la fuerza en las calles y los abusos en las detenciones. En ese sentido, la ONG exige una "reforma urgente" de Carabineros y una auditoría que determine los riesgos que implica el uso de escopetas en manifestaciones. También cuestionan la cifra oficial de 23 muertos durante las protestas que empezaron el 18 de octubre. El informe surge del trabajo de campo realizado por HRW en las últimas semanas, incluyendo entrevistas a más de 70 personas. Se trata del tercer llamado de atención al gobierno de Sebastián Piñera, después de los informes presentados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional.

"Factores como el uso indiscriminado e indebido de armas y escopetas antidisturbios; los abusos contra personas detenidas mientras estaban a disposición de las autoridades y sistemas de control internos deficientes facilitaron que se produjeran graves violaciones de los derechos de muchos chilenos", expresó José Miguel Vivanco, director para América de HRW, según recoge el documento.

La organización entrevistó a más de 70 personas durante dos semanas de investigación en Santiago y Valparaíso entre víctimas, agentes policiales y autoridades. El organismo dice haber recolectado "pruebas consistentes" de que el cuerpo policial de Carabineros "utilizó la fuerza de manera excesiva en respuesta a las protestas e hirió a miles de personas, con independencia de si habían participado en hechos violentos o no".

Los abusos y las graves lesiones sufridas por cientos de manifestantes ocurrieron en gran medida, según HRW, "debido a falencias estructurales para asegurar una adecuada supervisión y rendición de cuentas por las actuaciones de carabineros". Por esa razón llamó al gobierno a emprender una "urgente reforma policial".

El organismo señala que una cuestión particularmente alarmante es "el uso de escopetas que disparan perdigones en forma indiscriminada y que, dependiendo de la distancia, pueden herir gravemente a aquellos que se encuentren dentro de su amplia zona de impacto".

Las escopetas antidisturbios causaron más de 220 lesiones oculares documentadas por el INDH. El Ministerio de Salud reportó que 16 personas perdieron la visión total en un ojo y que 34 sufrieron heridas graves que podrían resultar en pérdida de visión total o parcial. El organismo señala que el uso de estas escopetas "debería suspenderse en forma indefinida en todas las circunstancias hasta que autoridades idóneas e independientes lleven a cabo una amplia auditoría para determinar los riesgos que entrañan".

Agentes del cuerpo de Carabineros detuvieron hasta el momento a más de 15 mil personas y, según HRW, la fuerza "cometió abusos contra algunas de ellas. Numerosos detenidos afirman haber sido golpeados brutalmente. Otra de las acusaciones más frecuentes fue que carabineros obligaron a detenidos, incluidos niños y niñas, a desvestirse y hacer sentadillas totalmente desnudos en comisarías", práctica prohibida en los protocolos de la fuerza desde marzo de 2019.

En ese sentido, los agentes de Carabineros son más propensos a obligar a desnudarse a mujeres y niñas que a hombres, según estadísticas del INDH y entrevistas realizadas por HRW. "Una abogada chilena de derechos humanos nos contó de un caso en donde, a pesar de que hombres y mujeres habían sido detenidos en las mismas circunstancias, carabineros obligaron a desvestirse únicamente a las mujeres. También mencionó otros casos en que carabineros tocaron los genitales de las mujeres tras obligarlas a quitarse la ropa", expresa el informe.

Por último, el documento plantea diferencias respecto al recuento oficial de víctimas fatales. Mientras el gobierno chileno contabiliza hasta el momento un total de 23 fallecidos desde el inicio de las protestas el pasado 18 de octubre, HRW da cuenta de que la Fiscalía está investigando 26 muertes. Entre esos casos se encuentra el de un manifestante que murió después de recibir una presunta paliza de carabineros en la calle. Se menciona también el caso de otro manifestante con una afección cardíaca que “murió al no poder recibir atención de emergencia adecuada, debido a que algunos carabineros emplearon armas contra manifestantes y profesionales de la salud que lo estaban atendiendo".

 

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