Puerto de Santos en Brasil, el país que registró la mayor caída en la inversión extranjera de la región. Foto: IBEMAR

Latinoamérica fue la zona en desarrollo donde la pandemia perjudicó más a las inversiones extranjeras, ya que éstas cayeron un 45 % en los países latinoamericanos, por encima del 35 % de media mundial, analizó hoy un informe de Naciones Unidas que prevé una lenta recuperación en la región.

El estudio anual de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que actualiza datos de principios de año, indica que América Latina recibió 88.000 millones de dólares en inversiones extranjeras directas, lejos de los 160.000 millones de 2019.

En contraste, el flujo de inversiones en África bajó un 16 %, en Asia incluso subió (un 4 %), y como media en las economías en desarrollo la caída fue de sólo el 8 %.

"Las economías latinoamericanas enfrentaron un colapso en la demanda de exportaciones, la caída de los precios de las materias primas y la desaparición del turismo, lo que provocó una de las peores contracciones en la actividad económica en todo el mundo", analizó el director de inversiones y empresas de UNCTAD, James Zhan.

En Brasil, la recepción de inversiones cayó un 62 %, para totalizar 25.000 millones de dólares, afectada esta economía por la menor entrada de capital en extracción de petróleo y gas, suministro de energía y servicios financieros.

Especialmente dramático fue el caso de Perú, donde una de las peores recesiones económicas del mundo, combinada con la inestabilidad política, provocó que las inversiones se desplomaran: de 8.000 millones de dólares en 2019 se cayó a 982 millones en 2020.

En Centroamérica el descenso fue algo menor, de sólo el 24 %, debido sobre todo a la situación en México, donde a causa de ganancias reinvertidas la inversión extranjera sólo se redujo un 15 %, hasta totalizar 29.000 millones de dólares el pasado año.

Para 2021, la UNCTAD espera que los flujos de inversión hacia y desde Latinoamérica se mantengan a un nivel bajo, y vaticina que no recuperen niveles previos a la pandemia hasta 2023, un año más tarde de lo apuntado por las predicciones a nivel global.

"Los inversores extranjeros (en Latinoamérica) se centrarán en la energía limpia y los minerales críticos para ella, impulsados por un nuevo progreso mundial hacia una recuperación sostenible", prevé el informe de Naciones Unidas.

A nivel global, la inversión foránea directa, que ascendió a un billón de dólares (un tercio menos que el billón y medio de 2019) cayó de manera más pronunciada en los países desarrollados (un 58 %), especialmente en Europa (80 %), aunque también se espera que la recuperación sea más rápida en esas economías.

UNCTAD estima que para este año la inversión extranjera aún será un 25 % menor a la de 2019, último año antes de la pandemia.

También subraya que las perspectivas de crecimiento en 2021 y 2022 aún están rodeadas de incertidumbre, ya que dependerán de factores tales como posibles recaídas de la pandemia, el impacto potencial de los planes estatales de recuperación económica en la inversión o las presiones políticas.

 

21 junio 2021

(Con información de EFE)

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El ministro de Finanzas de Japón Taro Aso y el presidente del Eurogrupo Paschal Donohoe. — REUTERS

Los ministros de Finanzas de siete superpotencias occidentales acuerdan apoyar un impuesto de mínimo y planetario "de al menos el 15%" que, a falta de mayor concreción, aspira a sentar las bases para comenzar a regular la tributación del capitalismo global, aunque mantiene las incógnitas sobre sus efectos reales en las haciendas estatales y los consumidores.

 

La reunión de ministros de Finanzas del G-7 cumplió las expectativas y solventó con un anuncio tan ambiguo e inconcreto como solemne la sesión preparativa de la cumbre de jefes de Estado de la semana que viene: el ministro británico, Rishi Sunak, fue como anfitrión el encargado de explicar al mundo que su país, EEUU, Canadá, Japón, Alemania, Francia e Italia, las siete principales potencias económicas del mundo siempre que se obvie a China e India, han acordado apoyar el establecimiento de un impuesto global sobre los beneficios empresariales “de al menos el 15%”.

Irónicamente, el mundo se enteraba del acuerdo "histórico" para "reformar el sistema fiscal global" y adaptarlo a la era del capitalismo tecnológico a través de un tweet, es decir, mediante los servicios de uno de esos "gigantes tecnológicos" de los que el ministro considera "crucial" asegurar que "pagan el impuesto adecuado en el lugar correcto", algo que, matizó, tiene "un precio enorme para el contribuyente británico".

La secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yellen, se pronunció en términos similares cuando aseguró que "esta tasa mínima global pone fin a la carrera a la baja del impuesto de sociedades y garantiza justicia para la clase media y los trabajadores de Estados Unidos y de todo el mundo".

La ambigüedad de ambos anuncios, a la espera de que los jefes de Estado de esos siete países amplíen su posicionamiento, resulta tan esperanzadora como inquietante, tanto por lo que dicen como por lo que no.

La ambigüedad como baza de la geopolítica tributaria

Lo que dicen es que esos siete países apoyan que el Impuesto de Sociedades tenga en todo el mundo un tipo mínimo del 15%, y que se trata de una medida que va a resultar positiva para sus respectivas públicas.

Lo que no dicen es cuál va a ser la letra pequeña de esa norma, de lo que dependen en la práctica su eficacia y su equidad.

Y lo que ya estaba dicho de antemano es que se trata de un pronunciamiento de siete países, para nada actores secundarios en el concierto internacional pero que han participado en un foro informal, sobre un asunto que, en todo caso, no comenzará a ser trasladado al terreno práctico antes de los próximos plenarios del G-20 y la OCDE, que sí disponen de capacidad normativa, y que después tendrán que poner en marcha otros como la UE.

La falta de concreción sobre la medida responde, aparentemente, a dos claves lógicas: la reserva de la zona central de la escena para los jefes de Estado y la certeza de que ese posicionamiento de los siete no es el final de un camino sino una de sus primeras etapas, a falta de posteriores negociaciones en eso foros, y eso requiere disponer de un margen para negociar. Siempre que uno esté dispuesto a hacerlo, claro.

Y así está uno de los aspectos clave: el promotor de la iniciativa, el estadounidense Joe Biden, que está trabajando en un tipo del 28% para su país, comenzó en abril proponiendo uno global del 21% que ya se ha quedado en el 15%. Y eso, a falta de que entren en la sala actores como Singapur, Holanda e Irlanda, que han hecho de los impuestos low cost un componente clave de su negocio-país. Todo, mientras otros como China mantienen un estruendoso silencio.

Esa inconcreción impide al mismo tiempo, y más allá de la previsible cantinela liberaloide sobre el riesgo de que las empresas repercutan en sus precios sus costes impositivos, atisbar las consecuencias que una medida de este tipo puede tener para unos ciudadanos convertidos en el principal objeto de negocio de unos gigantes digitales que les dan la apariencia de usuarios. "Si es gratis, es porque el producto eres tú", reza el máximo aforismo de la mercadotecnia virtual.

¿Cuál era el problema a resolver?

La combinación de los paraísos fiscales y los países de baja tributación han servido en las últimas cuatro décadas como base para la generalización de una serie de tinglados societarios que permiten a los grandes emporios canalizar sus beneficios hacia los estados de baja tributación a base de que sus sedes regionales les facturen a las locales cifras millonarias como servicios cuando, en realidad, se trata de meras transferencias.

El impuesto de sociedades global tiene como objetivo evitar ese escaqueo tributario y hacer que las empresas transnacionales paguen impuestos a las haciendas locales en función del negocio realizan y de los beneficios que obtienen en cada territorio.

Esa es la teoría. La práctica dependerá de la letra pequeña, que debe establecer si el impuesto se aplica sobre los beneficios contables o sobre las bases impositivas una vez aplicadas las deducciones, algo que en España permite bajar de un teórico 25% de los beneficios a un 8.3%; cómo será el cobro en cada país y qué parte del negocio puede transferirse a la sede de la empresa, y qué ocurre con los impuestos actuales, ¿Irlanda subirá su 12,5% actual y Suiza su 8,5% al 15%? ¿España restará diez puntos su 25% y Francia bajará a la mitad su 30%?Esos detalles están pendientes de lo que salga del G-20 y la OCDE, y de cómo se interprete esa partitura en la UE o Mercosur amén de las versiones locales, aunque estudios como el reciente de Simulaciones para la UE del cobro del déficit tributario de las multinacionales, elaborado por el Tax Observatory de Gbriel Zucman, dan pistas: los principales beneficiarios de un impuesto global sobre los beneficios empresariales serían los miembros del G-7, con EEUU la cabeza (164.000 millones de euros de 460.000 con un tipo del 25%), mientras que con niveles como el anunciado (15%), otros como España ingresarían 700, que son menos de los estimados para las polémicas tasas Tobin (850) y Google (1.200).

"Sin acuerdo no se puede imponer un tributo a las multinacionales no residentes"

Julio López Laborda, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza y uno de los principales expertos del país en materia tributaria, destaca que "se está dando mucha importancia al establecimiento de un tipo mínimo pero también es relevante el segundo componente, que pretende atribuir a los países el derecho de gravar parte de los beneficios de las multinacionales generados en su territorio", algo que permitiría "avanzar bastante en la limitación de la competencia fiscal y la deslocalización ficticia de los beneficios o profit shifting hacia territorios de baja tributación como los paraísos fiscales, así como en el reparto más justo de la recaudación del IS entre los países".

En este sentido, anota, EEUU ha pasado de rechazar ese segundo componente, el de la presión local, a apoyarlo "esperando que también se traduzca en un aumento de ingresos tributarios para el país", aunque "es importante advertir de que los resultados dependerán mucho de la ambición de las medidas que se acuerden: por ejemplo, no es lo mismo un tipo mínimo del 12,5% que del 21%".

La implementación del impuesto no resultaría, en cualquier caso, sencilla, ya que los Estados pueden "adoptar el Pilar 2 e imponer a sus multinacionales residentes un impuesto equivalente a la diferencia entre el tipo mínimo acordado y la tributación efectiva de las mismas en otros países", pero, al mismo tiempo, "sin acuerdo no puede imponer a las multinacionales no residentes que tributen por los beneficios generados en España, porque no lo permiten las normas vigentes de fiscalidad internacional, en particular, los denominados convenios de doble imposición". Las primeras serían Telefónica, Iberdrola o ACS; las segundas, Amazon, Twitter o Facebook.

"El listón queda tan bajo que cualquier empresa podrá saltárselo"

Así, apunta, "los acuerdos no podrán ser muy ambiciosos, ni en la determinación de las empresas afectadas (sectores, tamaños) ni en el importe del tipo mínimo que se fije. Pero, en todo caso, será un avance con respecto a la situación actual".

Por último, López Laborda rechaza que pueda hablarse de un intento de "armonización global" del Impuesto de Sociedades, aunque sí considera que "las propuestas en las que está trabajando la OCDE a instancias del G20 pueden tener efectos de largo alcance". Entre otras causas, añade, porque "los países más grandes han estado desde el principio detrás de los trabajos de la OCDE, en especial, Francia y Alemania, y ahora tienen más interés que nunca en que salgan adelante, porque les pueden proporcionar ingresos adicionales que precisan para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia".

Por su parte, Íñigo Macías, responsable de Investigaciones de Oxfam-Intermon, calificó de "decepcionante e incluso absurdo que el G-7 declare que esto es una ‘transformación integral’ del sistema fiscal internacional", ya que "un mínimo global del 15% se queda corto, no marcará ese punto de inflexión para acabar con el uso abusivo de los paraísos fiscales ni en la competencia fiscal".

"Nos hubiera gustado poder reconocer que este era el gran momento histórico de la reforma del sistema fiscal impulsado por las grandes economías del mundo para que las grandes corporaciones lleguen a pagar los impuestos que les corresponde donde les corresponde", anotó, pero "con este 15% en realidad no hacen más que alinearse con los paraísos fiscales como Irlanda, Suiza o Singapur. El listón queda tan bajo que casi te tropiezas con él y cualquier gran empresa se lo saltará".

05/06/2021 18:03

Eduardo Bayona@e_bayona

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Alimentos en el mundo: 40% más caros en un año

La FAO señala que es la mayor suba en una década

El precio de los alimentos registró en mayo la mayor subida de la última década, según FAO; la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. De acuerdo con el índice de precios de materias primas agrícolas que elabora mensualmente la entidad, el salto con respecto al mismo mes del año anterior fue del 39,7%, el mayor aumento interanual en más de diez años.

Ese es el resultado de doce meses consecutivos de alza en el índice promedio, que en este mes de mayo tuvo, además, el mayor encarecimiento mensual de todo el período de diez años: 4,8% con respecto al mes de abril. 

La evolución del precio de los alimentos básicos a nivel internacional tuvo, como elemento más destacado en mayo, la suba de los aceites vegetales, el azúcar y los cereales como causa principal del crecimiento del índice. 

Maíz y trigo fueron los cereales que mayor repinte tuvieron en mayo, aunque ambos terminaron el mes con tendencia a la baja en las últimas jornadas. Pese a ello, el trigo avabnzpo en el mes un 6,8 por ciento. En el caso del maíz, lo más destacado es su evolución en el último año, acumulando un aumento del 89,9%. Con estos resultados, el incremento del subíndice de cereales fue en mayo del 6% respecto del mes de abril.

El subíndice de precios del aceite vegetal subió un 7,8% en mayo, debido principalmente al aumento de las cotizaciones del aceite de palma, soja y colza. En el caso del subíndice de precios del azúcar el aumento fue del 6,8% desde abril, debido en gran parte a los retrasos en la cosecha y las preocupaciones sobre la reducción de los rendimientos de los cultivos en Brasil, el mayor exportador de azúcar del mundo.

En tanto, el precio de la carne aumentó un 2,2% respecto del mes anterior, mientras que los productos lácteos se encarecieron un 1,8% mensual.

Perspectivas

Por otra parte, la FAO ofreció esta semana su primer pronóstico respecto de la producción mundial de cereales en 2021, que estima en casi 2.821 millones de toneladas, lo que supone un incremento del 1,9% en comparación con 2020 y un nuevo máximo histórico, liderado por el crecimiento anual proyectado del 3,7% de la producción de maíz.

Asimismo, se espera que la utilización mundial de cereales en 2021/22 aumente en un 1,7%, hasta 2.826 millones de toneladas y se pronostica que el consumo total de cereales en alimentos aumentará a la par con la población mundial, mientras que también se prevé un mayor uso de trigo para la alimentación animal.

Sobre la base de esos pronósticos, se prevé que las existencias mundiales de cereales al cierre de las campañas agrícolas en 2021/22 aumenten en un 0,3%, hasta 811 millones de toneladas, poniendo así fin a tres años consecutivos de disminución.

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La pandemia aumenta en 108 millones los trabajadores pobres en el mundo

Los empleos perdidos durante la pandemia no se recuperarán fácilmente, advierte la Organización Mundial del Trabajo.

 

Los resultados del covid-19 a nivel laboral han supuesto la pérdida de cinco años en términos de la lucha por la erradicación de la pobreza. 108 millones de personas más han pasado desde 2019 a ser extremada o moderadamente pobres, es decir, trabajadores pobres que viven junto con sus familias con menos de 3,20 dólares al día en términos de paridad de poder adquisitivo.

Es una de las principales conclusiones del informe Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo: Tendencias 2021, publicado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el 2 de junio. El informe calcula que en 2020 se perdió el 8,8% del total de horas de trabajo, el equivalente a 255 millones de trabajadores a tiempo completo, si bien los esquemas de permisos obligatorios —en España, los ERTE— han llevado a que la pérdida neta de empleos en 2020 se estime en 114 millones.

En el nivel monetario, en 2020 se estima que se perdieron ingresos laborales por valor de tres billones de euros. La pérdida es del 8,3% respecto a la estimación de masa salarial mundial de no haberse producido la pandemia.

El coronavirus se ha dejado notar también en lo que llevamos de 2021, en los dos primeros trimestres se han perdido respectivamente 147 y 121 millones de equivalentes en horas a jornadas completas.

Con la vista puesta en la recuperación, la OIT informa de que se crerán 100 millones de puestos de trabajo netos en 2021 y otros 80 millones en 2022. Las cifras indican que, pese a que se confía en la creación de empleo, no se alcanzarán los objetivos marcados antes de la pandemia. “El déficit mundial de puestos de trabajo inducido por la crisis —explica el informe— se situará en 75 millones en 2021 y en 23 millones en 2022”.

El desempleo de personas activas, que en 2019 afectaba a 189 millones de personas, subió a 220 en 2020, se mantendrá en esa misma cifra en 2021 y descenderá hasta 205 en 2022, por lo que el balance final, el año que viene, seguirá arrojando un resultado de 16 millones de puestos menos que antes de la pandemia.

“El crecimiento previsto del empleo será demasiado débil para ofrecer suficientes oportunidades de empleo a quienes perdieron su empleo o abandonaron la fuerza de trabajo durante la pandemia y a las cohortes más jóvenes que se incorporan al mercado laboral y que han sufrido importantes interrupciones en sus estudios y formación”, concluye la OIT.

Redacción El Salto

2 jun 2021 10:53

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Venezuela: estrategias para sobrevivir en el límite

Con salarios que a menudo están por debajo de los mínimos de supervivencia, la población venezolana depende en gran medida de los bonos, las bolsas de alimentos y otros programas sociales, además de diversas estrategias que transitan entre la legalidad y la ilegalidad. Pero, de la mano de la inmigración masiva, hoy una gran diferencia pasa por tener o no familiares en el exterior que envíen remesas.

 

Decir que en Venezuela existe una profunda crisis política, económica y social no constituye sorpresa alguna ni tiene un especial atractivo académico o político. La crisis lleva años abatiéndose sobre la población venezolana y salpicando hacia el resto del continente, y en general hacia muchos países del mundo, por la vía de las historias que llevan consigo quienes han decidido literalmente huir del país y refugiarse en otras latitudes, con la esperanza de encontrar afuera lo que sienten que les es negado en Venezuela. 

A pesar de ello, sigue siendo una asignatura pendiente para las ciencias sociales una explicación plausible acerca de cómo, en apenas 20 o 30 años, una nación que fue capaz de protagonizar una de las revueltas más duras contra el neoliberalismo, en los sucesos conocidos como el «Caracazo», asume hoy su condición de ruindad y una suerte que cualquiera podría considerar inmerecida, a medio camino entre el desespero y la resignación. Al menos en apariencia.

La principal dificultad que existe en Venezuela para analizar lo que acontece en cualquier ámbito de la vida pública es la extrema opacidad con que las entidades oficiales manejan la información. Ello incluye toda la esfera económica y, por supuesto, también la esfera social. Por ello, las posibilidades de construir una imagen lo más cercana posible a esa realidad tan cruda como la que se vive supone la necesidad de echar mano de una multiplicidad de fuentes, muy variadas, que incluyen la escasa información oficial que circula -mediante lecturas intersticiales, paralelas o superpuestas que puedan resultar indicativas de la situación-, y que deben ser complementadas con los cálculos y proyecciones que formulan investigadores o agencias especializadas y hasta referencias testimoniales de quienes viven y padecen la realidad cotidiana venezolana. Solo entonces podríamos tener una aproximación bastante razonable a lo que realmente ocurre. 

Como ya es costumbre en Venezuela, el pasado 1° de Mayo el gobierno de Nicolás Maduro anunció al país un incremento del salario mínimo mensual, que quedó fijado en siete millones de bolívares, así como un incremento del llamado bono de alimentación o «cestaticket», el cual fue fijado en tres millones de bolívares. Ese día el Banco Central de Venezuela fijaba el precio del dólar en 2.746.151,81 bolívares. Es decir, el anuncio gubernamental indicaba que el ingreso mínimo integral se ubica oficialmente en 3,64 dólares al mes (0,12 dólares diarios). Semejante nivel salarial mantiene a Venezuela como uno de los países con el salario mínimo más bajo del mundo. Como era de esperarse, el anuncio solo produjo decepción, frustración y una lluvia de críticas que expresaban el malestar existente en la sociedad venezolana respecto de la marcha de la economía y, particularmente, de los ingresos de los trabajadores. 

Como es sabido, el Banco Mundial considera pobre a toda persona cuyos ingresos estén por debajo de 1,90 dólares al día, o aproximadamente 57 dólares al mes. En ausencia de estadísticas oficiales que indiquen el valor de la canasta mínima alimentaria, solo nos queda utilizar los datos proporcionados por la única entidad que en Venezuela ofrece algún indicio creíble en esta materia. De acuerdo con un reporte del Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (CENDA), para el mes de marzo de 2021, la canasta mínima alimentaria tenía un costo aproximado de 230 dólares. Entidades privadas independientes han establecido en 55 dólares el ingreso promedio en Venezuela. 

Por supuesto, el gobierno es plenamente consciente de lo insuficiente que resulta el salario fijado, el cual puede alcanzar como mucho para adquirir un kilo de queso o un empaque de huevos. Por eso, implementó un conjunto de beneficios sociales y monetarios suministrados a la población de menores recursos como subsidio directo (en la forma de bonos), mediante una plataforma digital denominada Patria, que consiste en asignaciones monetarias que pueden alcanzar hasta unos 15 dólares mensuales en el mejor de los casos, además de una bolsa de alimentos suministrada a través de un programa social basado en los comités locales de abastecimiento y producción (CLAP)

Estos programas son, sin duda, importantes, pero al no existir registro público verificable, no es posible saber cuántas personas están siendo realmente beneficiadas por ellos ni cuál es el impacto que tienen en la sociedad venezolana. Pero a juzgar por la situación social, es claro que distan mucho de constituir una verdadera solución al drama que vive el país. Ello sin mencionar que esos programas han sido denunciados como mecanismos de control social y manipulación político-electoral por quienes se oponen al régimen actual, y también se escuchan comentarios en este sentido en las redes sociales, las colas o las calles.

Un par de hechos recientes dejan ver con relativa rapidez y facilidad la magnitud y gravedad de la situación que se vive en Venezuela. Hace algunas semanas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) divulgó su último Informe sobre perspectivas de la economía mundial, en el que Venezuela aparece como el país más pobre del continente, al menos en lo que respecta al producto per cápita. Más allá de la mencionada dificultad para acceder a datos, ya a mediados del año pasado, la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) 2020, elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), sostenía que la pobreza en Venezuela afectaba al menos a 94% de la población, y la pobreza extrema, a 67%. Estos datos contrastan radicalmente con una información suministrada por el presidente Maduro en enero de este año con motivo de la presentación de su Memoria y Cuenta 2020 ante la Asamblea Nacional. En su exposición, señaló que la pobreza general alcanzaba a 17% de la población, mientras que la extrema apenas a 4%.

Hace solo algunos días, se materializó un acuerdo entre el gobierno venezolano y el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA-ONU) mediante el cual este último abastecerá de alimentos a 185.000 niños en edad escolar durante el presente año, cifra que deberá crecer hasta 1.500.000 en 2023. Respecto de este acuerdo, Maduro afirmó que venía siendo objeto de negociaciones desde hace varios años. Es de suponer que el soporte de información que hizo posible justificar el acuerdo con el PMA-ONU se basó en datos proporcionados por el propio gobierno.

Atrás quedó el tiempo en que Venezuela exhibía cifras de una economía relativamente próspera con un extraordinario impacto en cuanto a índices de desarrollo social o de desempeño de la economía. Hoy, en un país atravesado por la peor crisis de su historia republicana, que exhibe de manera persistente una hiperinflación de la cual no logra salir, azotado por una contracción económica igualmente persistente, y como el resto del mundo golpeado por la pandemia, los venezolanos literalmente sobreviven ensayando un sinfín de estrategias. 

No es el objeto de este artículo detallar ni analizar las causas de semejante catástrofe económica, social y humanitaria, en la que se mezclan una voraz corrupción estatal, un pésimo manejo por parte de las autoridades de la economía y en general, del Estado, y las consecuencias de un conjunto de sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea y otro conjunto de países sobre la economía y algunos de los líderes gubernamentales. Nos proponemos radiografiar a vuelo rasante al menos una pequeña parte de la realidad de quienes sobreviven en el piso más bajo de la estructura socioeconómica del país.

Dicho esto, la pregunta que tendríamos que hacernos es: ¿exactamente cómo es que logran vivir, o mejor dicho sobrevivir, en Venezuela aquellos cuyos ingresos no logran siquiera acercarse al precio de la cesta básica?

Remesas

Uno de los síntomas más emblemáticos de la crisis venezolana es el éxodo migratorio. Una significativa proporción de los venezolanos y venezolanas, acorralados por la crisis y frente a un futuro que luce sombrío e incierto, simplemente ha buscado otros horizontes, protagonizando uno de los flujos migratorios más intensos y significativos de los últimos años desde un país que no se encuentra en guerra, al menos no en una declarada. Esta migración, para 2020, alcanzaba aproximadamente unos 5,4 millones de personas, según ha registrado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), una cifra altamente significativa para un país cuya población es de unos 30 millones de personas. Conscientes de la situación en la que quedan sus familiares, una buena cantidad de quienes partieron envía remesas. La diferencia entre una familia que literalmente pasa hambre y otra que no lo hace puede estar asociada a tener o no un familiar en el exterior que le envíe algún tipo de ayuda. No se cuenta con cifras oficiales sobre el monto global de divisas que ingresan en Venezuela por concepto de remesas, pero algunas estimaciones ubicaban esa cifra para 2019 en unos 3.500 millones de dólares y para 2020, en 1.600 millones, debido a una fuerte contracción a causa de la pandemia.

Carmen tiene 62 años. Vive sola. Su esposo murió hace años, arrollado por un vehículo cuando se dirigía a su trabajo como albañil. Como pudo, se las arregló para criar dos hijos que para entonces tenían 12 y 10 años. El mayor murió asesinado por delincuentes hace tres años. El menor, que ahora tiene 20 años, se fue a Trinidad en 2019. Carmen recibe una pensión de 1.800.000 bolívares y, dependiendo de su suerte, algunos bonos que le asigna el gobierno a través de la plataforma Patria. Una vez al mes, recibe su bolsa del CLAP, «cada vez con menos productos», según dice. Vive en una casa que ocupaba como cuidadora y que luego fue abandonada por sus dueños, quienes se marcharon del país intempestivamente. Sus ingresos, aun siendo una mujer sola, le resultan insuficientes. Sus tres hernias discales y otros «achaques de vieja» le impiden trabajar como solía hacerlo, pero se las arregla para elaborar algunos dulces y venderlos los fines de semana. Su hijo le envía unos 50 dólares por mes. Dice que con lo que reúne entre pensión, bonos y remesas, le resulta suficiente para vivir, aunque comparte una porción de lo que reúne con su propia madre, que vive en otra ciudad con una hermana. No obstante, reconoce que siempre está en el límite. No se permite lujo alguno, sus gastos se limitan a comprar comida y unas pocas medicinas. No paga servicios públicos aunque su casa posee servicio eléctrico y agua mediante conexiones ilegales. Hace mucho que no compra vestido o calzado. Su indumentaria lo confirma. La vivienda empieza a necesitar al menos pequeñas inversiones en mantenimiento, pero dice que no lo hará. «Mijo, si lo que me llega apenas me alcanza pa' medio vivir y darle a mi mamá», justifica.

Como Carmen, decenas de miles de personas y de familias venezolanas sobreviven gracias a los recursos que les envían familiares residenciados en el exterior. Algunos un poco más afortunados pueden llegar a recibir remesas significativamente mayores que ella. Fuera de toda duda, y al margen de la ausencia de cifras oficiales, puede decirse que la catástrofe humanitaria venezolana sería ostensiblemente peor de no ser por esta fuente de ingresos.

Bonos y bolsas CLAP

Como parte de una política asistencial, el gobierno de Maduro, mediante la mencionada plataforma Patria, hace entregas periódicas de recursos monetarios directamente a un número indeterminado de personas en el país. Los montos que se entregan mediante depósitos a cuentas bancarias de los beneficiarios son siempre un misterio, pues se desconocen los criterios que determinan las asignaciones (que varían de uno a otro beneficiario). A modo de conjetura y sobre la base de la opinión recogida entre distintas personas que son beneficiarias de este tipo de políticas, podríamos suponer que por la vía de los bonos, una persona podría estar percibiendo entre cinco y 15 dólares mensuales, pero sin la regularidad de un ingreso fijo. Los montos, además, pueden variar drásticamente de un mes al otro sin explicación alguna. También se sabe de personas que, aun estando registradas en la plataforma, jamás han recibido ingresos pese a estar en situaciones muy precarias.

La familia de Laura se compone de cuatro personas. Ella, de 44 años, está desempleada; su esposo, de 50 años, no tiene trabajo estable y sus dos hijas menores, de 11 y 8 años, estudian en una escuela pública. Viven en las afueras de Higuerote, un pueblo costero de vocación turística en el estado Miranda. Laura se define como opositora al gobierno, mientras que su esposo, aunque con muchas críticas y casi expresando cierta vergüenza, dice ser chavista. Tenían un pequeño restaurante junto con la madre de Laura en su mismo pueblo. El negocio se vino a pique cuando en 2017 la crisis económica, y sobre todo el desabastecimiento, liquidó prácticamente toda actividad económica sin margen para resistir. Desde entonces, Laura solo logra trabajar eventualmente en trabajos de limpieza en las villas vacacionales ubicadas en su zona de residencia, pertenecientes a cierto sector pudiente, casi todo residenciado en Caracas y compuesto hoy en día casi totalmente por personas vinculadas directa o indirectamente con el gobierno. Su esposo, a partir de la quiebra del restaurante, trabajó como empleado en un yate que pertenece a «un chivo del PSUV [Partido Socialista Unido de Venezuela]», pero renunció hace algunos meses acusando un trato continuamente degradante y paga baja (100 dólares mensuales). Hoy en día «se rebusca» algún ingreso con la venta de guacucos, una pequeña almeja que extrae manualmente luego de una muy exigente faena a las orillas de la playa, y por lo cual puede llegar a percibir unos 25 dólares semanales; también ofrece sus servicios haciendo «lo que sea» en las urbanizaciones vacacionales de la zona. Con un gran dejo de amargura, Laura dice que soportan demasiadas limitaciones y penurias, pero no se atreve a marcharse del país, asustada por lo poco agraciada que ha resultado esa experiencia para algunas personas que conoce. El miedo a pasarla afuera peor de lo que la pasa en su país los inhibe de intentar esa alternativa, aunque no la descartan. A Laura casi siempre le llegan los bonos. A su esposo, nunca. Reciben la bolsa del CLAP, pero «prácticamente solo trae carbohidratos y en muy poca cantidad».

Oscar tiene 72 años. Vive solo, aspecto de su vida del cual no habla. Tiene una hija de 23 años, casada y con un hijo que vive en el mismo pueblo. Ella es bombera. Prácticamente no tienen comunicación. Oscar sufre de un cáncer de próstata de lento desarrollo y de una hernia inguinal que le impide moverse con cierta soltura. Toda su vida fue taxista, pero entre su situación de salud y el encarecimiento de los repuestos automotores, debió abandonar su oficio y vendió su vehículo al no poder repararlo y cambiarle los cauchos. Hoy en día vive casi exclusivamente de la pensión y los bonos que le entrega el gobierno a través de la plataforma Patria, de la bolsa del CLAP y de la ayuda que algunos vecinos le prestan regalándole algo de comer con cierta regularidad. Aunque su situación es objetivamente de penuria, no habla mal del gobierno. Con claros signos externos de desnutrición, de alguna manera está convencido de que su única posibilidad de supervivencia, o de ralentizar su final, está asociado a las ayudas que le da el gobierno, aun cuando ello no le alcanza para sus medicinas, y el sistema de salud público que debe atenderlo simplemente no lo hace por carecer de insumos. 

Sonia es una joven maestra de escuela que vive en Caracas. A pesar de provenir de una familia de muy modestos recursos, en la década de 1990 logró estudiar en la universidad y posteriormente realizar estudios de maestría. En su momento, consiguió adquirir un apartamento en una zona popular de Caracas y ayudar a su madre a adquirir el suyo. Hoy en día, soltera, con una hija de 12 años, entre salario y bonificaciones dice no llegar a redondear ni siquiera 20 dólares al mes. Su rostro no solo refleja una gran tristeza, sino sobre todo depresión. Aprovechando la cuarentena y que no tienen que asistir presencialmente a dar clases, desde hace un año deambula por las calles de Caracas con algunos termos de café ofreciéndolos como parte de su estrategia de supervivencia. Esta actividad le permite un ingreso extra de no menos del doble de lo que percibe por su trabajo. Decidió no cancelar servicios públicos, más por imposibilitada que como acto de rebeldía, pero dice que hasta su último día luchará contra la «dictadura de hambre» que es el gobierno de Maduro. 

Derrota en proceso

Ejemplos como los anteriores abundan en Venezuela. Prácticamente cada venezolano es no solo testigo sino protagonista de las más impensables estrategias de subsistencia ensayadas en el marco de esta terrible experiencia. Es la creatividad la que impulsa a un ser humano a no rendirse y a inventarse cada día nuevas formas de supervivencia. 

No siempre legales, no siempre bien vistas, no siempre suficientes ni siempre efectivas. Pero se trata de la lucha por ganar la carrera contra el hambre. Desde hurgar entre la basura de restaurantes y mercados y recuperar de allí lo que aún pueda ser comestible, hasta vender objetos de toda índole, incluidos los propios electrodomésticos del hogar. Desde rastrear en  el principal río de la ciudad capital, el Guaire, en busca de objetos que puedan ser vendidos, hasta habitar sobre losas en cementerios. Desde incorporarse a tareas totalmente ajenas a aquellos oficios o profesiones en las que fueron formados, hasta participar de actividades ilegales de diversa índole: tráfico de drogas, prostitución, contrabando, etc. Ensayando múltiples modalidades de trueque, reduciendo de tres a dos o a una comida al día; reduciendo a la vez la calidad, variedad y cantidad de alimentos que se consumen; eliminando drásticamente el disfrute de actividades recreativas y culturales; limitando la movilidad al mínimo necesario; limitando o eliminando los gastos en materia de calzado y vestido, e incluso medicina; optando por alternativas naturales de curación cuando las enfermedades atacan. Para quienes trabajan, la realidad es muy difícil; para quienes carecen de empleo, es simplemente dramática: según el Fondo Monetario Internacional, el desempleo en Venezuela se sitúa en 2020 en 58,3%, y sería el más alto del mundo. De nuevo, carecemos de cifras oficiales sobre este indicador. Incluso las diferencias podrían elevarse hasta quienes prestan servicios para el Estado y quienes lo hacen para el sector privado. Analistas económicos e investigadores dan cuenta de una notable diferencia en el salario que se paga en el sector privado respecto del que paga el sector público.

No es difícil advertir que esta lucha por la supervivencia no todos la ganan, y que aún dando batalla, muchos exhiben en su humanidad la prueba fehaciente de una derrota en proceso.

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Fuentes: IPS [Imagen: Mapa de los países que en los que se proyectan recortes de austeridad en 2021-2022, en términos del PIB, basado en las proyecciones fiscales del FMI. I. Ortiz y M. Cummins, 2021]

Entre el 5 y el 11 de abril los ministros de Finanzas del mundo se reunieron virtualmente en las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial para abordar la pandemia y la recuperación socioeconómica.

Sin embargo, un estudio global recién publicado por la Iniciativa para el Diálogo de la estadounidense Universidad de Columbia, sindicatos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, alerta sobre una nueva ola de austeridad: la mayoría de los gobiernos están imponiendo recortes de presupuestos, precisamente en un momento en que los ciudadanos y las economías están más necesitados de apoyo público.

El análisis de las proyecciones fiscales del FMI muestra que se esperan recortes presupuestarios en 154 países este año, y hasta en 159 países en 2022. Esto significa que 6600 millones de personas o 85 % de la población mundial vivirá en condiciones de austeridad en el próximo año, tendencia que probablemente continuará hasta 2025.

Los altos niveles de gasto utilizados para hacer frente a la pandemia han dejado a los gobiernos con déficit fiscal y deuda. Y en lugar de explorar opciones de financiación para proporcionar el apoyo necesario para la recuperación socioeconómica, los gobiernos -asesorados por el FMI, el Grupo de los 20 (G20) y otros- están optando por la austeridad.

El shock fiscal pospandemia parece ser mucho más intenso que el que siguió a la crisis financiera mundial hace una década.

La contracción media del gasto en 2021 se estima en 3,3 % del producto interno bruto (PIB), casi el doble que en la crisis anterior.

Se prevé que más de 40 gobiernos gastaran menos que los (ya bajos) niveles prepandemia, reduciendo los presupuestos públicos más de 12 % de promedio en 2021-2022 en comparación de 2018-2019, incluidos países con altas necesidades de desarrollo como Ecuador, Guinea Ecuatorial, Kiribati, Liberia, Libia, República del Congo, Sudán del Sur, Yemen, Zambia y Zimbabwe.

Los peligros de recortes prematuros de austeridad se evidencian de la última década de ajuste.

Durante 2010-2019, miles de millones de personas se vieron afectadas por la reducción de las pensiones y  beneficios de la seguridad social; por la reducción de subsidios a alimentos, agricultura y combustible; por recortes a los salarios y al número de funcionarios en servicios públicos como la educación, la salud, el agua o el transporte público; por la racionalización y la focalización excesiva de los programas de protección social en los que sólo los más pobres recibieron beneficios cada vez más pequeños, mientras que la mayoría de las personas quedaron excluidas; y por la menor seguridad laboral para los trabajadores, al desmantelarse la normativa laboral.

Muchos gobiernos también introdujeron impuestos regresivos, como los impuestos al consumo, que redujeron más aún los ingresos familiares disponibles. En muchos países, los servicios públicos se redujeron o privatizaron.

La austeridad demostró ser una política mortal: el débil estado de los sistemas de salud pública, sobrecargados, con poca financiación e insuficiente personal debido a una década de austeridad, agravó las desigualdades en salud e hizo que las poblaciones fueran más vulnerables a la covid-19.

Es necesario asegurar que no hayan más medidas de austeridad. Después de los devastadores efectos de la pandemia de covid, la austeridad solo causará más sufrimiento innecesario para la población.

La austeridad es una mala política. Existen alternativas, incluso en los países más pobres. En lugar de recortar drásticamente el gasto, los gobiernos pueden y deben explorar opciones de financiación para incrementar los presupuestos públicos.

Primero, los gobiernos pueden aumentar los ingresos fiscales con impuestos a la riqueza, la propiedad, las ganancias corporativas o al sector financiero, que generalmente permanece sin o con baja tributación.

Por ejemplo, Bolivia, Mongolia y Zambia están financiando pensiones universales, prestaciones para niños y otros beneficios sociales con impuestos a la minería y al gas; Brasil introdujo un impuesto sobre las transacciones financieras para expandir la cobertura de la protección social.

Segundo, más de sesenta gobiernos han reestructurado/reducido con éxito sus obligaciones de deuda y así liberado recursos para el desarrollo.

Una tercera opción es eliminar los flujos financieros ilícitos, como la evasión fiscal y el blanqueo de capitales.

Cuarto, los gobiernos también pueden cambiar las prioridades de sus gastos, abandonar inversiones de bajo impacto social como el gasto en defensa y rescates a bancos/corporaciones; por ejemplo, Costa Rica y Tailandia redirigieron el gasto militar a la salud pública.

Quinto, otra opción de financiación es utilizar las reservas fiscales acumuladas en los Bancos Centrales.

Sexto, atraer transferencias/ayuda al desarrollo o préstamos en condiciones favorables.

Una séptima opción es adoptar marcos macroeconómicos más acomodaticios.

Y octavo, los gobiernos pueden formalizar a los trabajadores en la economía informal con buenos contratos y salarios, lo que aumenta el fondo de cotización y amplía la cobertura de la protección social.

Las decisiones sobre gasto y financiación afectan la vida de millones de personas, no pueden tomarse a puerta cerrada en el Ministerio de Finanzas: todas las opciones deben considerarse en un diálogo social nacional con representantes de sindicatos, empleadores, organizaciones de la sociedad civil y otros grupos relevantes.

#NoMasAusteridad es una campaña global para detener las medidas de austeridad con impactos sociales negativos.

Desde 2020, más de 500 organizaciones y académicos de 87 países han pedido al FMI y a los ministerios de Finanzas que abandonen de inmediato la austeridad y, en cambio, prioricen políticas que promuevan la justicia de género, reduzcan la desigualdad y pongan a las personas y al planeta en primer lugar.

Isabel Ortiz, directora del Programa Global de Justicia Social en la Iniciativa para el Diálogo de la Universidad de Columbia en Nueva York.

 Matthew Cummins,  execonomista principal en el PNUD, UNICEF y el Banco Mundial.

RV: EG

Por Isabel Ortiz, Matthew Cummins | 21/04/2021

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Un hombre con mascarilla pasa junto a un vagabundo sentado en una acera en Manhattan, Nueva York (EE.UU.), el 5 de mayo de 2020.Mike Segar / Reuters

Se estima que las economías avanzadas se verán menos afectadas por el virus, mientras que los países de bajos ingresos y los mercados emergentes sufrirán más.

De igual forma que algunos pacientes que superan el covid-19 tienen síntomas de larga duración, la economía global seguirá notando efectos negativos "una vez que se desvanezca el rebote en forma de V de este año", pronostica un artículo de Bloomberg.

Según la publicación, si bien los estímulos por valor de 26 billones de dólares y la llegada de vacunas han impulsado "una recuperación más rápida" de lo que muchos anticipaban, "el legado de la educación atrofiada, la destrucción de puestos de trabajo, unos niveles de deuda propios de periodos de guerra y las desigualdades cada vez mayores entre razas, géneros, generaciones y geografías dejarán cicatrices duraderas, la mayoría de ellas en las naciones más pobres".

Los efectos que "duran décadas"

El profesor asistente Vellore Arthi, de la Universidad de California en Irvine, que ha examinado el impacto económico y de salud a largo plazo de crisis pasadas, explica que, aunque "es muy fácil después de un año agotador, o de más, sentirse realmente aliviado de que las cosas hayan vuelto a la normalidad", muchos de los efectos que vemos históricamente a menudo "duran décadas y no se abordan fácilmente".

En total, la caída del producto interno bruto el año pasado fue la mayor desde la Gran Depresión, lo que equivaldría a 255 millones de personas en trabajos a tiempo completo, según las estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Entretanto, los investigadores del Pew Research Center calculan que la clase media mundial se contrajo por primera vez desde la década de 1990.

"Volver al estándar anterior al covid llevará tiempo", confirma Carmen Reinhart, economista jefe del Banco Mundial, al tiempo que recalca que las secuelas de coronavirus "no se revertirán" en muchos países.

De hecho, Bloomberg explica que no todas las naciones se verán afectadas por igual. Así, el Fondo Monetario Internacional considera que las economías avanzadas se verán menos afectadas por el virus este año y en el futuro, mientras que los países de bajos ingresos y los mercados emergentes sufrirán más.

¿"Una década de decepciones"?

El pasado mes de enero, el Banco Mundial advirtió en un informe que nos adentramos en "una década de decepciones en el crecimiento global" a menos que se tomen medidas correctivas. Los expertos consultados por la agencia matizan que no es necesario que se pierda una década si se toman las medidas políticas adecuadas, especialmente en las áreas de reconversión de las habilidades de los trabajadores y de apoyo a los más afectados por la crisis. 

Sin embargo, Adam Posen, presidente del Instituto Peterson de Economía Internacional, advierte de la existencia de "una incertidumbre genuina sobre cuánto cambia el comportamiento de la gente en términos de patrones de consumo como resultado de esta crisis". Si las personas vuelven a "comer en restaurantes, realizar viajes de placer, hacer ejercicio en gimnasios", muchas de las industrias afectadas revivirán, pero también es posible que "los gustos de la gente cambien de verdad", en cuyo caso habrá más desempleo, a lo que se une el hecho nada reconfortante de "no hay una buena solución del Gobierno para eso", recalca.

Por otro lado, como la crisis ha acelerado el uso de robots, tanto en la fabricación como en la industria de servicios, millones de puestos de trabajo se verán amenazados, con importantes interrogantes sobre si se crearán suficientes empleos nuevos en el proceso. De hecho, según McKinsey & Co, más de 100 millones de personas en ocho de las economías más grandes del mundo pueden necesitar cambiar de ocupación para 2030, viéndose más afectados los menos educados, las mujeres, las minorías étnicas y los jóvenes. 

Los efectos a más largo plazo también serán evidentes en el capital humano después de que la pandemia sacara de las aulas a niños y a los estudiantes universitarios durante un año en algunos países.

Finalmente, la forma de financiar una recuperación total será complicada por los 24 billones de dólares adicionales en préstamos que el mundo asumió en 2020, lo que eleva la deuda total a un nuevo récord de 281 billones, según el Instituto de Finanzas Internacionales.

Publicado: 19 abr 2021 02:19 GMT

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Rebota la economía en el 2021 y abre incógnitas a futuro

La reunión de primavera (del norte) del FMI y el Banco Mundial aportó nuevas proyecciones sobre la evolución de la economía mundial. Dice el organismo que el rebote será mayor al previsto hasta hace muy poco, pero con tendencia a reducir el ritmo de recuperación para el próximo año. Dice el informe de la reunión de los organismos:

“La economía mundial está recuperándose de la crisis más velozmente de lo previsto el pasado mes de octubre, gracias a una respuesta de políticas sin precedentes y a la rapidez con que se desarrolló la vacuna. Pero las perspectivas para la recuperación son muy inciertas y desiguales entre los países y dentro de cada país debido al variado margen de maniobra para la aplicación de políticas, las diferentes estructuras y rigidices económicas, las vulnerabilidades preexistentes y el acceso desigual a las vacunas. Las elevadas vulnerabilidades financieras podrían plantear riesgos en el caso de que las condiciones financieras mundiales se endurecieran bruscamente. La crisis puede dejar cicatrices duraderas y exacerbar la pobreza y las desigualdades, al tiempo que el cambio climático y otros retos comunes se están tornando más apremiantes.”[1]

El debate se centra en el rebote respecto de la caída global del 2020, en el mundo, la región y el país. La tabla que sigue incluye los datos del informe de actualización de las perspectivas económicas realizado por el FMI.[2]

Territorio

2020

2021

2022

Mundo

-3,3%

6%

4,4%

EEUU

-3,5%

6,4%

3,5%

China

2,3%

8%

5,6%

Europa

-6%,

4,4%

3,8%

América Latina y el Caribe

-7%

4,6%

3,1%

Resulta notoria la situación divergente entre EEUU y China por un lado y el resto, aun cuando en nuestra tabla solo incluimos, además de los mencionados a Europa y a América Latina y el Caribe. Lo concreto es que el rebote de la economía es desigual, con China y EEUU como motores de la economía mundial, según los organismos internacionales. La perspectiva de mediano plazo es a la ralentización del crecimiento.

Es en ese sentido que debe analizarse la capacidad de satisfacer necesidades del rebote de la economía en el ámbito mundial y en cualquier territorio.

La gran caída del 2020 operó sobre una ralentización de la economía global desde la crisis 2007/09, una tendencia que se sostendrá en el mediano plazo, agudizando los problemas sociales y la regresividad del orden económico y social.

Por casa cómo andamos

Para la Argentina las previsiones locales ubican un rebote en torno al 6%, sobre una caída del 9,9% en el 2020.

La recuperación solo podría lograrse con la evolución económica del 2021, si es que no se agrava el cuadro sanitario y económico de la “segunda ola” de contagios, postergando soluciones urgentes ante el deterioro social que se manifiesta en pobreza, indigencia, desempleo, precariedad y pérdida de expectativas en atender las necesidades cotidianas de la mayoría de la población.

Por eso hay que prestar atención a los datos de la realidad. La información sobre el impacto pueden leerse en el reciente informe sobre la distribución del ingreso.[3] Si bien los datos remiten a 28.739.630 personas, de 31 aglomerados urbanos, los montos son representativos y permiten inferir la situación global. En ese sentido hay que destacar:

  • ·         El ingreso promedio per cápita del total de la población alcanzó los $19.524, mientras que la mediana del ingreso per cápita fue de $14.357
  • ·         Un 58,6% de la población total percibió algún ingreso, cuyo promedio es igual a $33.306
  • ·         Los perceptores varones tuvieron un ingreso promedio de $37.910, mientras que el de las mujeres fue de $28.937
  • ·         En cuanto a la población asalariada, se registraron 7.943.398 personas con ingreso promedio de $36.246
  • ·         El ingreso promedio de las personas asalariadas con descuento jubilatorio fue de $44.613, mientras que, en el caso de aquellas sin descuento jubilatorio, el ingreso promedio equivalió a $18.676

Como puede apreciarse, son todos valores que no alcanzan la línea de la pobreza, explicando el porqué del 42% de pobreza y que el 57,7% de los menores de 14 años sobreviven en la pobreza.

Es mejor que haya rebote en la economía, pero como vemos, está muy lejos de resolver la desigualdad construida en tiempos de ofensiva del capital contra el trabajo.

No puede resolverse el tema de la pobreza, si no es con distribución progresiva del ingreso. En una sociedad mercantil, la satisfacción de necesidades se logra si existe ingreso distribuido al conjunto de la población.

El Ingreso es equivalente al Producto, por lo que el crecimiento del producto debe distribuirse acorde con un objetivo de política económica que priorice la eliminación de la pobreza.

Hay dos formas de medir la distribución del Ingreso, una es la funcional, que explica cuanto del producto es apropiado por los/as propietarios/as de medios de producción y cuanto por aquellos/as que ofertan su fuerza de trabajo. Otro mecanismo es la distribución personal, que explica el ingreso en agrupaciones de personas según sus ingresos, desde el 10% más rico al 10% más pobre.

La distribución funcional es más difícil de explicar desde las cuentas nacionales, pero puede inferirse una distribución del 60% para la minoría propietaria de medios de producción y un 40% para la fuerza de trabajo. En la distribución personal se destaca que el 10% más rico percibe el 22,1% del total, mientras que el 10% más pobre solo accede al 3,1%.

Solo sumando los ingresos del 40% más pobre de la población, recién se igualan los ingresos percibidos por el 10% de mayores ingresos. El 30% de mayores ingresos perciben el equivalente del 70 % de menores ingresos.

En este marco, hay que proponer una reversión de este cuadro de realidad, pero, además, modificar sustancialmente las fuentes financieras del Estado para atender esta situación. Por un lado, avanzar en una reforma tributaria y modificar sustancialmente la política relativa al endeudamiento externo.

Impuestos y deuda

Hay que avanzar en la progresividad tributaria. No alcanza con la actualización del mínimo no imponible, ahora ley y establecido en 150.000 pesos mensuales, especialmente porque el salario no es ganancia. Habrá que avanzar en aumentar las tasas de las ganancias empresarias y para ello puede inspirarnos la política tributaria estadounidense de recuperación de la tributación a las ganancias corporativas.

Si Trump redujo la tasa de imposición corporativa del 35% al 21%, la actual gestión Biden pretende llevarla al 28%, y, además, sugiere mundializar la iniciativa. Dice Yellen:

«Se trata de garantizar que los gobiernos tengan sistemas fiscales estables que generen ingresos suficientes para invertir en bienes públicos esenciales y responder a las crisis, y que todos los ciudadanos compartan de manera justa la carga de financiar al gobierno».[4]

El tema es que EEUU se propone una inversión en infraestructura superior a los 2 billones de dólares para sostener la reactivación de la economía, para lo que se requiere incrementar la imposición sobre los sectores con capacidad de ganancia pese a la crisis y para evitar que estas empresas migren de EEUU hacia otros territorios el mensaje pretende mundializarse, tal como señala la Secretaria del Tesoro:

«Estamos trabajando con las naciones del G20 para acordar una tasa impositiva corporativa mínima global que pueda detener la carrera hacia el fondo».

Argentina tendrá que tomar el ejemplo y no dejarse chantajear por aquellos que sostienen el carácter inconstitucional de la imposición a las grandes fortunas o que solicitan una menor presión fiscal. Los datos de la regresividad social imponen una carga impositiva sobre aquellos con capacidad de acumulación.

Los organismos internacionales discuten mecanismos financieros para mejorar la situación de países empobrecidos.

Entre otras cuestiones sugieren condonaciones de deudas en algunos casos; bajas de las tasas de interés para no ahogar a deudores con problemas; nuevas fuentes de financiamiento para atender la crisis sanitaria; e incluso una emisión de 650.000 millones de dólares en Derechos Especiales de Giro (DEG), la moneda del FMI.

Al mismo tiempo que el FMI sustenta el tradicional “ajuste estructural”, promueve una política de sostenimiento del gasto fiscal en la emergencia para evitar la conflictividad, en la esperanza que la producción, distribución y aplicación de las vacunas aleje a la humanidad de la situación pandémica actual.

En ese marco es que Argentina negocia la reestructuración de los pagos por desembolsos del orden de los 45.000 millones de dólares. El FMI pretende operaciones a 10 años y voces oficiales demandan el doble de tiempo. En rigor, ni 10, ni 20 resolverán el problema y tal como señala la autoconvocatoria por la suspensión de los pagos y una auditoria con participación popular, que esa es una deuda odiosa y por ende debe repudiarse el préstamo.[5]

Por Julio C. Gambina | 14/04/2021

 

Notas:

[1] FMI. Comunicado de la Cuadragésima Tercera Reunión del CMFI, 8 de abril del 2021, en: https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/04/08/communique-of-the-forty-third-meeting-of-the-imfc

[2] FMI. La economía mundial se está afianzando, pero con recuperaciones divergentes en medio de aguda incertidumbre, en: https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2021/03/23/world-economic-outlook-april-2021

[3] INDEC. Evolución de la distribución del ingreso (EPH). Cuarto trimestre de 2020, en: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ingresos_4trim20F7BE1641DE.pdf

[4] The Guardian. Janet Yellen pide una tasa impositiva corporativa mínima global, en: https://www.theguardian.com/business/2021/apr/05/janet-yellen-global-minimum-corporate-tax-rate

[5] https://www.facebook.com/autoconvocatoria.deuda/

Julio C. Gambina es presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP.

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El FMI propone una 'tasa covid' temporal para que los más ricos ayuden a pagar la factura de la crisis

La institución considera necesario acometer reformas fiscales tanto a nivel doméstico como internacional con el fin de obtener los recursos necesarios para mejorar el acceso a los servicios básicos y las redes sociales de seguridad, así como para revitalizar los esfuerzos para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha señalado la necesidad de movilizar los ingresos fiscales necesarios para abordar el mayor gasto público a consecuencia de la pandemia de la covid-19 para lo que plantea que en los países avanzados pueda aplicarse de manera temporal a las empresas y personas con mayores ingresos un recargo que contribuya a reducir la erosión fiscal y reducir la desigualdad, así como también actuar sobre impuestos como patrimonio o sucesiones.

"Para ayudar a satisfacer las necesidades de financiación relacionadas con la pandemia, los responsables de formular las políticas podrían considerar una contribución temporal de recuperación de la covid-19, que grave los ingresos más altos y la riqueza", señala el Fondo en la última edición de su informe Monitor Fiscal.

En este sentido, la institución considera necesario acometer reformas fiscales tanto a nivel doméstico como internacional con el fin de obtener los recursos necesarios para mejorar el acceso a los servicios básicos y las redes sociales de seguridad, así como para revitalizar los esfuerzos para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

El FMI recuerda que este tipo de suplementos temporales del impuesto sobre la renta de las personas físicas, a menudo restringidos a los tramos de ingresos más altos, se introdujeron anteriormente durante circunstancias excepcionales como en Alemania a causa de la reunificación del país, así como en Australia (2011) o Japón (2013).

Asimismo, el Fondo considera que un impuesto sobre el exceso de beneficios de las empresas, aquellos que superan el mínimo requerido por los inversores, puede ayudar a garantizar una contribución de las empresas que hayan prosperado durante la crisis, como algunas farmacéuticas o empresas altamente digitalizadas, sin afectar a otras con ganancias mínimas o en pérdidas.

En la rueda de prensa posterior a la presentación del informe, el subdirector del Departamento de Asuntos Fiscales del FMI, Paulo Mauro, ha subrayado la necesidad de obtener ingresos fiscales adicionales para cubrir el gasto sanitario, en educación y en redes sociales de protección, añadiendo que los países deberán abordar este problema de diferentes formas.

"En las economías emergentes y de bajos ingresos, la prioridad será mejorar la administración fiscal y recaudar más impuestos al consumo, mientras que en las economías avanzadas observamos una erosión de los ingresos del impuesto de sociedades y también vemos una erosión en la recaudación de la renta de las personas en la parte más alta de la escala de riqueza", ha explicado. 

De este modo, Mauro ha apuntado que en las economías avanzadas existe la oportunidad de revertir algo de esa erosión fiscal mediante la introducción de medidas en el impuesto de sociedades o sobre otros impuestos como el de la renta, los impuestos sobre el patrimonio o sucesiones, así como cerrando lagunas fiscales. "Hay muchas opciones disponibles", ha añadido.

En este sentido, el funcionario del FMI ha señalado que una opción específica sería "una contribución para la recuperación de la covid-19 que podría tomar la forma de un suplemento en el impuesto de la renta o en el impuesto de sociedades dado que algunas empresas lo han hecho muy bien en cuanto a su valoración de mercado y ahí habría una oportunidad". 

MADRID

07/04/2021 16:29

Europa Press

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Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal en imagen de archivo.Foto Yazmín Ortega Cortés

La desigualdad en América Latina aumentó 5.6 por ciento el año pasado medida con el coeficiente de Gini. Nos espera otra década perdida y ni con el rebote de crecimiento en 2021 y los próximos dos años se logrará recuperar los niveles de la actividad económica anteriores a la pandemia, expuso Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Al informar cómo va la región en la cobertura de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, dio cuenta que en 56 de 177 series que conforman ese proyecto, ya se alcanzó la meta o la tendencia es positiva para alcanzarla en 2030; en 56 más la tendencia es positiva, pero insuficiente para lograr lo planeado, y en 65 la región va en retroceso.

A dicho contexto se suma un rezago en el acceso a la vacunación, dado el acaparamiento por economías de alto ingreso, de tal manera que sólo cuatro países de América Latina –"más periféricos que nunca"– lograrán vacunar a la gran parte de su población entre 2021 e inicios de 2022, pero la mayoría lo logrará hasta 2023, expuso Bárcena.

Vacuna debe ser bien público

La crisis por Covid-19 ha representado 218 mil fallecimientos y 22.7 millones de contagios en la región; hecho que ha representado un exceso de mortalidad y la reducción de medio año en la esperanza de vida para los latinamericanos.

Los factores de riesgo son la edad, sexo, pobreza y hacinamiento, así como una estructura fragmentada en el servicio de salud, dio cuenta la Cepal.

Además de pedir a la comunidad internacional que se haga de la vacuna un bien público, Bárcena aconsejó una reforma de la arquitectura de la deuda multilateral, incluyendo a las agencias calificadoras de riesgo, las cuales bajaron la calificación de 13 países de la región en época de pandemia.

América Latina es la región más endeudada del mundo y 57 por ciento de los ingresos por exportaciones se destinan al pago del servicio de la deuda, contextualizó.

La Cepal ha reiterado que, tras una contracción de 7.7 por ciento el año pasado, el desempleo alcanzó a 44 millones de personas en la región; a 78 millones las hundió en la pobreza extrema; y a 203 millones de personas, uno de cada tres habitantes, en pobreza. Todo esto pese a las medidas de emergencia que pusieron en práctica los gobiernos ante la crisis de Covid-19.

Con el efecto general de la pandemia la población de menos ingresos se vio más afectada, como muestra el acceso a una ocupación.

Hay más de 42 millones de hogares sin Internet y si bien 21.3 por ciento de los ocupados puede teletrabajar, esto sólo es posible para el 3 por ciento de los trabajadores en el quintil uno –el de menor ingreso– y 70 por ciento en el quintil cinco, expuso al inaugurar el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible 2021.

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