Cerezos en flor y banqueros angustiados

Es necesario reformar, y urgentemente, el sistema capitalista

En marzo de 1912, Yukio Ozaki, el alcalde de Tokio, le regaló a la ciudad de Washington 3.020 árboles de cerezos. Los arbolitos se adaptaron muy bien y, con el tiempo, se propagaron por toda la capital y sus suburbios. Así, desde hace 107 años, al comienzo de la primavera, estos cerezos florecen, ofreciendo un bellísimo espectáculo.


Pero la primavera no solo trae flores de cerezo a Washington. Con ella también llegan banqueros de todas partes del mundo. Miles de ellos. Vienen a las reuniones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, quienes convocan a los ministros de economía y jefes de los bancos centrales de casi todos los países. Esta semana han llegado 2.800 de ellos. Y también 800 periodistas, 350 representantes de organizaciones internacionales e incontables banqueros privados que vienen a reunirse con ministros y clientes. También vienen a tomar el pulso de la economía global.


Este año los banqueros andan preocupados. Gina Gopinath, la economista principal del FMI, ha alertado sobre los fuertes vientos en contra que harán que, este año, el 70% de la economía mundial crezca más lentamente. América Latina y Europa serán las regiones con los niveles más bajos de crecimiento. Los factores que desaceleran la actividad económica son muchos. Entre otros, las guerras comerciales iniciadas por Donald Trump contra China y Europa, mercados financieros más restringidos, la desaceleración de la economía China, el Brexit y la incertidumbre acerca de cuáles serán las políticas económicas que adoptarán numerosos países.


Tal como suele ocurrir en todas las convenciones multitudinarias, lo más interesante no es lo que sucede en las sesiones oficiales, sino lo que se escucha en los pasillos y lo que se debate en reuniones privadas. Un tema que no está en la agenda oficial, pero sí en muchas de las conversaciones, es la creciente amenaza a la independencia de los bancos centrales. Esa independencia suele irritar a jefes de Estado que preferirían tener el control de la política monetaria de su país. El presidente Trump, por ejemplo, ha criticado ferozmente la decisión de la Reserva Federal y el Banco Central de EE UU, de subir los tipos de interés. Los más altos tipos de interés suelen contraer la actividad económica, cosa que ningún presidente desea. Pero, por otro lado, dejar las tasas de interés demasiado bajas puede estimular la inflación, un resultado que es inaceptable para los bancos centrales. La misión fundamental de estas instituciones es contribuir a la estabilidad económica y, muy especialmente, impedir que los precios suban. Esta tensión entre las preferencias de los presidentes y los objetivos de sus bancos centrales siempre existe y por ello es importante protegerlos de las presiones políticas a las cuales están sometidos.


Es por esto que entre los asistentes a la reunión en Washington este año hay una fuerte preocupación por la decisión de Trump de proponer como gobernadores de la Reserva Federal a Stephen Moore y Herman Cain, dos de sus aliados políticos. Moore y Cain carecen de credenciales y experiencia para ocupar cargos que les permitirán influir sobre la política monetaria del banco central más importante del mundo. El propio Moore admitió: “No soy experto en política monetaria”. La preocupación no es solo que los candidatos de Trump sean confirmados por el Senado, sino que esta captura del Banco Central por parte del presidente sea una práctica que contagie a otros líderes propensos a concentrar el poder y socavar los pesos y contrapesos de la democracia. La independencia de las decisiones de los bancos centrales de los intereses electorales de los presidentes es un importante factor de estabilidad. Politizar los bancos centrales añadiría aún más incertidumbre a un sistema financiero internacional que aún no se ha recuperado plenamente de la crisis de 2008.


Otras dos preocupaciones que han estado muy presentes en la reunión de este año son la desigualdad económica y sus consecuencias sobre la estabilidad política. La OCDE, la organización que reúne a 36 de los países más prósperos, reportó que el nivel de vida de la clase media de esos países lleva una década estancado. Los costos de educación y vivienda para familias de ingresos medios se han disparado, mientras que la automatización afecta negativamente tanto a sus posibilidades de empleo como a su nivel de salario. Naturalmente, estas condiciones tienen fuertes repercusiones políticas y han contribuido a sorpresas como el Brexit y el auge de movimientos políticos con agendas radicales.


Hace unos días, en vez de asistir a otro seminario del Banco Mundial, acepté la invitación de un grupo de siete banqueros que me invitaron a acompañarlos a ver los cerezos en flor. Fue una caminata muy agradable donde, inevitablemente, la conversación se centró en todas estas, y otras, preocupaciones.


En estas conversaciones los consensos son poco frecuentes. Pero, para mi sorpresa, hubo un claro consenso entre mis compañeros de paseo acerca de la necesidad de reformar, y urgentemente, el sistema capitalista.


Pero, ¿cuáles deben ser esas reformas?


Sobre eso no hubo consenso.

Publicado enEconomía
Cuba aprueba su nueva Constitución tras la celebración de un referéndum

El 86,8 % de los votantes (73,3 % de todos los electores cubanos) votó 'Sí' a la reforma de la carta magna surgida del debate popular realizado entre agosto y noviembre de 2018.

Este domingo 24 de febrero los cubanos y cubanas votaron en un referéndum a favor de reformar la Constitución vigente desde 1976. Con una participación del 84,40 % (el voto no es obligatorio), el 86,85 % de los votantes respondió 'Sí' a la pregunta: "¿Ratifica usted la nueva Constitución de la República?".


Esto corresponde a un apoyo de 6.816.169 ciudadanos (el 73,31 % del padrón electoral), mientras que 706.400 personas (el 7,59 % del padrón y el 9,39 % de los votos válidos) marcaron el 'No' en la consulta popular. La Comisión Electoral Nacional cubana anuló 127.100 boletas, y las restantes 198.674 quedaron en blanco.


El jefe de Estado, Miguel Díaz-Canel, declaró a los medios, luego de asistir al centro de votación, que se trata de una carta magna "moderna" que "formula un Estado socialista de derecho". "Nos va a permitir destrabar procesos y avanzar de una manera más decidida en la construcción del modelo económico-social", añadió.


A su vez, recordó que "el 24 de febrero de 1976, Cuba aprobó la primera Constitución socialista, ya en Revolución", lo que implicó un "momento de crecimiento, de avance institucional, jurídico y constitucional".


Finalmente, sostuvo que la votación fue "también por América Latina, por Venezuela y la dignidad de la región". "Estamos viviendo un momento de amenaza imperial, existe la intención de imponer una plataforma de restauración capitalista en América Latina", agregó en relación a la crisis que se vive en Venezuela y las amenazas de intervención militar por parte de EE.UU


"Los pueblos latinoamericanos tenemos que aprender a defender nuestra identidad. Esta guerra que se nos hace es económica, ideológica y cultural", completó.
¿Qué plantea la nueva Constitución.


El texto aprobado en el referéndum de este domingo supone una serie de modificaciones de distinta índole y mantiene derechos consagrados por el modelo cubano. Entre los artículos más importantes se destacan:


• Título II: actualización del modelo económico y reconocimiento del mercado, la propiedad privada y la inversión extranjera para hacer frente al bloqueo de EE.UU.
• Artículo 4: se ratifica que el país no volverá al capitalismo y se destaca el carácter "irrevocable" del sistema socialista.
• Artículo 82: se considera al matrimonio como una forma de organización familiar que "se funda en el libre consentimiento y en la igualdad de derechos, obligaciones y capacidad legal de los cónyuges". De esta manera, se modifica la descripción que planteaba que era la unión de un varón y una mujer, abriendo la puerta para que el matrimonio igualitario sea legalizado en el futuro.
• Artículos 126 y 127: se crea el cargo de presidente del país que tendrá un mandato de cinco años con opción a una sola reelección por un período de tiempo similar. Además, la edad mínima requerida para aspirar a este cargo serán 35 años y la máxima 60 a la hora de presentarse por primera vez.
• Artículo 15: se explicita el carácter laico del Estado y se mantiene la libertad de credo y el respeto igualitario a todos ellos.
• Artículo 55: se declara que "los medios fundamentales de comunicación social", en cualquiera de sus formas y soportes, son de propiedad socialista y "no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad".

• Artículo 42: todas las personas recibirán "igual salario por igual trabajo, sin discriminación alguna".

• Artículos 72 y 73: tanto la Salud como la Educación serán garantizadas por el Estado de forma gratuita.

• Artículo 86: se reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de pleno derecho para garantizar "su desarrollo armónico e integral" teniendo en cuenta "su interés superior en las decisiones y actos que les conciernan".


Un proceso de debate inédito en el mundo


El primer borrador de la nueva Constitución fue presentado a mediados de 2018 en la Asamblea Nacional y sometido a un debate popular de varios meses, que comenzó el 13 de agosto y finalizó el 15 de noviembre.


Según informó Prensa Latina, casi 9 millones de cubanos –sobre 11.500.000 habitantes– participaron de 133.000 reuniones de discusión que se llevaron a cabo en barrios, centros de trabajo y estudio. De allí surgieron alrededor de 783.000 propuestas de modificación, adición o eliminación de artículos.

Publicado: 25 feb 2019 20:22 GMT | Última actualización: 26 feb 2019 09:31 GMT

Publicado enInternacional
Ley de financiamiento: improvisación y leve progresividad

En el último momento (28 de diciembre) y a las carreras, el Congreso aprobó la ley de financiamiento (ley 1943 de 2018)**. Desde que el Ministro de Hacienda la llevó al Congreso se dijo que la norma únicamente buscaba solucionar los problemas financieros de corto plazo, y que no tocaría aspectos estructurales. Otra vez más, el país dejó pasar la oportunidad para llevar a cabo una reforma tributaria que permita organizar los numerosos problemas de fondo de las finanzas públicas.

 

Entre los asuntos que siguen sin resolverse vale la pena mencionar tres. 1) El bajo nivel de tributación que existe en Colombia. Los impuestos totales apenas representan el 15 por ciento del PIB. En América Latina el promedio es 23 por ciento, y en los países europeos la relación se acerca al 40 por ciento. 2) La falta de coordinación entre los impuestos locales y los nacionales. Sigue sin lograrse una reforma tributaria que los articule. El hogar le paga tributos al municipio (como el predial), al departamento (sobre licores, gasolina…) y a la Nación (renta, IVA…). Una reforma estructural debería examinar el impacto que tiene la suma de estos impuestos en la capacidad de compra de las familias, y a partir de allí hacer consideraciones sobre la forma como el sistema tributario, en su conjunto, podría favorecer la equidad. 3) La falta de un análisis global que permita conocer qué sucede con la familia cuando se hace el balance neto entre impuestos y subsidios. Los hogares tributan pero también reciben subsidios, como los de Familias en Acción. El resultado neto (impuestos menos subsidios) debe tenerse en cuenta, de tal forma que la política fiscal lleve a que los ricos paguen más impuestos y no reciban subsidios, y los pobres reciban más subsidios y no paguen impuestos.

 

Estos tres aspectos estructurales no se tuvieron en cuenta, y habrá que esperar a que un nuevo gobierno, por fin, asuma esta tarea que es fundamental. Tal y como quedó aprobada, la ley de financiamiento tiene dos características: es improvisada y, además, avanzó muy poco en progresividad.

 

Improvisación

 

Desde las primeras discusiones era evidente la improvisación del Gobierno. El primer asunto de la discusión fue el valor del déficit fiscal, ya que de allí se deriva el monto que se necesita recaudar. La administración Santos dejó un déficit fiscal de 25 billones de pesos. El gobierno Duque entendió que era imposible aprobar una ley de financiamiento para conseguir un volumen de recursos tan elevado. Y, entonces, redujo la cifra a 14 billones mediante operaciones de endeudamiento en el exterior, que permitieron mejorar el flujo para los años inmediatos, pero que no solucionan el problema, ya que el monto de la deuda pública se incrementó.

 

La primera versión de la ley de financiamiento buscaba conseguir estos 14 billones, y su la principal fuente era la extensión del IVA a todos los productos de la canasta familiar. De acuerdo con las estimaciones de Hacienda la ampliación del IVA permitiría obtener unos 6 billones de pesos. Esta alternativa golpeaba muy duro a las familias más pobres y, sin duda, era inequitativa. No esperaba el Gobierno que a la oposición ciudadana se le uniera el Centro Democrático. Hábilmente, Uribe le quitó esta bandera a la oposición, y en el Senado lideró la lucha contra la ampliación del IVA. El Gobierno entendió que debía retirar la propuesta.

 

Sin el IVA solamente se podrían recaudar unos 8 billones. Y empiezan las negociaciones en el Congreso para tratar de llegar a esta cifra. Pero el Gobierno se encontraba con tres grandes limitaciones. La primera tenía que ver con la promesa reiterada durante la campaña Duque de reducirle los impuestos a las empresas. La segunda, la presión de varios sectores por mayores exenciones. De un momento a otro, numerosas empresas terminaron afirmando que pertenecían a la llamada “economía naranja”, y que merecerían exenciones. Y la tercera, la presión de la sociedad civil y de algunos parlamentarios que insistían en que los ricos deben tributar más, dada la profunda desigualdad persistente en Colombia. Además, el propio Duque siempre ha dicho que busca la equidad, y así quedó consignado en las Bases del Plan de Desarrollo.

 

De la discusión sobre el IVA quedó como hecho destacable el aumento de la tarifa para las cervezas y las gaseosas, que permitiría obtener casi un billón de pesos.

 

Poca progresividad

 

En medio del desorden de los últimos días, en la ley quedó claro: reducción de la tarifa a las empresas, exenciones a numerosos sectores y un leve aumento de tarifas con cierto criterio de equidad.

 

La tarifa del impuesto sobre la renta de las empresas se redujo. En el 2019 será de 33 por ciento, en el 2020 del 32, en el 2021 del 31 y en 2022 del 30 por ciento. También se disminuyó la renta presuntiva. En el 2019 y 2020 será de 1,5 por ciento, y a partir del 2021 de 0 por ciento. Los empresarios quedaron contentos porque finalmente convencieron al Gobierno y a los congresistas que la tarifa del impuesto disminuía la competitividad. Aunque esta relación no es cierta, ni se ha demostrado, el discurso reiterado de los gremios caló, y desde la campaña Duque se comprometió con esa bandera.

 

Las empresas que hacen parte de la “economía naranja” gozan de incentivos tributarios. Es interesante observar la extensa lista de sectores que se incluyeron en la ley (art. 79): fabricación de joyas, edición de libros, edición de software, producción de películas (incluye videos, etc.), distribución de películas, exhibición de películas, grabación de sonido, televisión, desarrollo de sistemas informáticos, consultoría informática, actividades de arquitectura e ingeniera, investigación y desarrollo experimental, diseño, fotografía, literatura, música, teatro, audiovisuales, espectáculos en vivo, bibliotecas, museos, y turismo cultural. Detrás de algunas de estas actividades hay grandes empresas, con altísima rentabilidad. No hay ninguna razón para que se les otorguen exenciones. A pesar de que numerosos diagnósticos han develado los inconvenientes derivados del aumento de las exenciones, la ley de financiación es generosa.

 

Como los dos puntos anteriores reducen la tributación, el Gobierno tuvo que buscar recursos alternativos, y aquí sí hay visos de progresividad. i) A las entidades financieras les aumentó la tarifa del impuesto a la renta. En el 2019 en 4 puntos, y quedó en 37 por ciento, en el 2020 en 3 puntos y quedó en 35 por ciento, y en el 2021 en 3 puntos y quedó en 34 por ciento. ii) Subieron las tarifas de retención en la fuente para pagos en el exterior, que pasaron del 15 al 20 por ciento. iii) Se incrementó la tarifa a los dividendos recibidos por personas naturales, pasó de 10 a 15 por ciento y son contribuyentes quienes reciben más de 10 millones de pesos. iv) Se aumentó la tarifa del impuesto a la renta y se amplió la base. Deben pagar quienes ganen más de 3 millones de pesos mes. Para estas personas la tarifa es de 19 por ciento, y va aumentando de manera progresiva con el ingreso hasta llegar al 39 por ciento. v) Impuesto para los patrimonios altos del 1 por ciento.

 

El conjunto de lo aprobado favorece levemente la equidad, ya que en gran medida la progresividad del sistema está en los hombros de los grupos medios de la población. El impuesto a los dividendos y al patrimonio es muy bajo, y la tarifa del impuesto a la renta no crece de manera exponencial.

 

El balance final del conjunto de medidas todavía no es claro, ni en términos del monto de recaudo, ni en la equidad. Según el Gobierno el recaudo podría aumentar en 7-8 billones de pesos. Es decir, un logro mediocre frente a las necesidades de financiamiento.

 

** República de Colombia., 2018. Ley 1943. Por la cual se Expiden Normas de Financiamiento para el Restablecimiento del Equilibrio del Presupuesto General y se Dictan otras Disposiciones, Gobierno Nacional, Bogotá.
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11 de enero de 2019

 

Publicado enColombia
Ley de financiamiento: improvisación y leve progresividad

En el último momento (28 de diciembre) y a las carreras, el Congreso aprobó la ley de financiamiento (ley 1943 de 2018)**. Desde que el Ministro de Hacienda la llevó al Congreso se dijo que la norma únicamente buscaba solucionar los problemas financieros de corto plazo, y que no tocaría aspectos estructurales. Otra vez más, el país dejó pasar la oportunidad para llevar a cabo una reforma tributaria que permita organizar los numerosos problemas de fondo de las finanzas públicas.

 

Entre los asuntos que siguen sin resolverse vale la pena mencionar tres. 1) El bajo nivel de tributación que existe en Colombia. Los impuestos totales apenas representan el 15 por ciento del PIB. En América Latina el promedio es 23 por ciento, y en los países europeos la relación se acerca al 40 por ciento. 2) La falta de coordinación entre los impuestos locales y los nacionales. Sigue sin lograrse una reforma tributaria que los articule. El hogar le paga tributos al municipio (como el predial), al departamento (sobre licores, gasolina…) y a la Nación (renta, IVA…). Una reforma estructural debería examinar el impacto que tiene la suma de estos impuestos en la capacidad de compra de las familias, y a partir de allí hacer consideraciones sobre la forma como el sistema tributario, en su conjunto, podría favorecer la equidad. 3) La falta de un análisis global que permita conocer qué sucede con la familia cuando se hace el balance neto entre impuestos y subsidios. Los hogares tributan pero también reciben subsidios, como los de Familias en Acción. El resultado neto (impuestos menos subsidios) debe tenerse en cuenta, de tal forma que la política fiscal lleve a que los ricos paguen más impuestos y no reciban subsidios, y los pobres reciban más subsidios y no paguen impuestos.

 

Estos tres aspectos estructurales no se tuvieron en cuenta, y habrá que esperar a que un nuevo gobierno, por fin, asuma esta tarea que es fundamental. Tal y como quedó aprobada, la ley de financiamiento tiene dos características: es improvisada y, además, avanzó muy poco en progresividad.

 

Improvisación

 

Desde las primeras discusiones era evidente la improvisación del Gobierno. El primer asunto de la discusión fue el valor del déficit fiscal, ya que de allí se deriva el monto que se necesita recaudar. La administración Santos dejó un déficit fiscal de 25 billones de pesos. El gobierno Duque entendió que era imposible aprobar una ley de financiamiento para conseguir un volumen de recursos tan elevado. Y, entonces, redujo la cifra a 14 billones mediante operaciones de endeudamiento en el exterior, que permitieron mejorar el flujo para los años inmediatos, pero que no solucionan el problema, ya que el monto de la deuda pública se incrementó.

 

La primera versión de la ley de financiamiento buscaba conseguir estos 14 billones, y su la principal fuente era la extensión del IVA a todos los productos de la canasta familiar. De acuerdo con las estimaciones de Hacienda la ampliación del IVA permitiría obtener unos 6 billones de pesos. Esta alternativa golpeaba muy duro a las familias más pobres y, sin duda, era inequitativa. No esperaba el Gobierno que a la oposición ciudadana se le uniera el Centro Democrático. Hábilmente, Uribe le quitó esta bandera a la oposición, y en el Senado lideró la lucha contra la ampliación del IVA. El Gobierno entendió que debía retirar la propuesta.

 

Sin el IVA solamente se podrían recaudar unos 8 billones. Y empiezan las negociaciones en el Congreso para tratar de llegar a esta cifra. Pero el Gobierno se encontraba con tres grandes limitaciones. La primera tenía que ver con la promesa reiterada durante la campaña Duque de reducirle los impuestos a las empresas. La segunda, la presión de varios sectores por mayores exenciones. De un momento a otro, numerosas empresas terminaron afirmando que pertenecían a la llamada “economía naranja”, y que merecerían exenciones. Y la tercera, la presión de la sociedad civil y de algunos parlamentarios que insistían en que los ricos deben tributar más, dada la profunda desigualdad persistente en Colombia. Además, el propio Duque siempre ha dicho que busca la equidad, y así quedó consignado en las Bases del Plan de Desarrollo.

 

De la discusión sobre el IVA quedó como hecho destacable el aumento de la tarifa para las cervezas y las gaseosas, que permitiría obtener casi un billón de pesos.

 

Poca progresividad

 

En medio del desorden de los últimos días, en la ley quedó claro: reducción de la tarifa a las empresas, exenciones a numerosos sectores y un leve aumento de tarifas con cierto criterio de equidad.

 

La tarifa del impuesto sobre la renta de las empresas se redujo. En el 2019 será de 33 por ciento, en el 2020 del 32, en el 2021 del 31 y en 2022 del 30 por ciento. También se disminuyó la renta presuntiva. En el 2019 y 2020 será de 1,5 por ciento, y a partir del 2021 de 0 por ciento. Los empresarios quedaron contentos porque finalmente convencieron al Gobierno y a los congresistas que la tarifa del impuesto disminuía la competitividad. Aunque esta relación no es cierta, ni se ha demostrado, el discurso reiterado de los gremios caló, y desde la campaña Duque se comprometió con esa bandera.

 

Las empresas que hacen parte de la “economía naranja” gozan de incentivos tributarios. Es interesante observar la extensa lista de sectores que se incluyeron en la ley (art. 79): fabricación de joyas, edición de libros, edición de software, producción de películas (incluye videos, etc.), distribución de películas, exhibición de películas, grabación de sonido, televisión, desarrollo de sistemas informáticos, consultoría informática, actividades de arquitectura e ingeniera, investigación y desarrollo experimental, diseño, fotografía, literatura, música, teatro, audiovisuales, espectáculos en vivo, bibliotecas, museos, y turismo cultural. Detrás de algunas de estas actividades hay grandes empresas, con altísima rentabilidad. No hay ninguna razón para que se les otorguen exenciones. A pesar de que numerosos diagnósticos han develado los inconvenientes derivados del aumento de las exenciones, la ley de financiación es generosa.

 

Como los dos puntos anteriores reducen la tributación, el Gobierno tuvo que buscar recursos alternativos, y aquí sí hay visos de progresividad. i) A las entidades financieras les aumentó la tarifa del impuesto a la renta. En el 2019 en 4 puntos, y quedó en 37 por ciento, en el 2020 en 3 puntos y quedó en 35 por ciento, y en el 2021 en 3 puntos y quedó en 34 por ciento. ii) Subieron las tarifas de retención en la fuente para pagos en el exterior, que pasaron del 15 al 20 por ciento. iii) Se incrementó la tarifa a los dividendos recibidos por personas naturales, pasó de 10 a 15 por ciento y son contribuyentes quienes reciben más de 10 millones de pesos. iv) Se aumentó la tarifa del impuesto a la renta y se amplió la base. Deben pagar quienes ganen más de 3 millones de pesos mes. Para estas personas la tarifa es de 19 por ciento, y va aumentando de manera progresiva con el ingreso hasta llegar al 39 por ciento. v) Impuesto para los patrimonios altos del 1 por ciento.

 

El conjunto de lo aprobado favorece levemente la equidad, ya que en gran medida la progresividad del sistema está en los hombros de los grupos medios de la población. El impuesto a los dividendos y al patrimonio es muy bajo, y la tarifa del impuesto a la renta no crece de manera exponencial.

 

El balance final del conjunto de medidas todavía no es claro, ni en términos del monto de recaudo, ni en la equidad. Según el Gobierno el recaudo podría aumentar en 7-8 billones de pesos. Es decir, un logro mediocre frente a las necesidades de financiamiento.

 

** República de Colombia., 2018. Ley 1943. Por la cual se Expiden Normas de Financiamiento para el Restablecimiento del Equilibrio del Presupuesto General y se Dictan otras Disposiciones, Gobierno Nacional, Bogotá.
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11 de enero de 2019

 

Publicado enEdición Nº253
El presente no perdona: el gobierno Duque y los movimientos sociales

El primer semestre del gobierno Duque ha tenido a la protesta social como uno de sus protagonistas, en gran medida aunque no exclusivamente debido al paro universitario, que tras más de dos meses de movilización consiguió un acuerdo para mitigar la crisis de financiamiento de la educación superior pública. Los organizadores de esta protesta presentaron el acuerdo como una victoria. En efecto, este desenlace parcial es contraintuitivo si se tiene en cuenta el sesgo antiprotesta del gobierno, que se ha manifestado en iniciativas tendientes a “regular” este derecho y, sobre todo, en la exagerada criminalización y represión.

 

En el auge de la protesta convergen factores estructurantes del escenario político incluso desde el anterior gobierno, como el cierre del sistema político institucional y de la política electoral, cada vez percibidos como más corruptos, menos representativos e insuficientes para dar trámite a las demandas de distintos sectores sociales, aplazadas por décadas debido al conflicto armado pero ubicadas con fuerza en la agenda pública durante las negociaciones de paz. Sin embargo, quizás el principal elemento explicativo del ascenso de la protesta es la frustración de las reivindicaciones de transformación social y política, presentes tanto entre los votantes de Duque como entre los de sus opositores.

 

Los problemas del gobierno Duque no se explican principalmente por su falta de liderazgo o experiencia, como han advertido algunos analistas, sino por su carácter anacrónico: se trata de un gobierno que ha calcado sus marcos cognitivos y estrategias de lo que fueron los dos gobiernos de Uribe en un contexto radicalmente distinto.

 

La dominación por el espectáculo

 

En primer lugar, la dominación por el espectáculo: un modo de gobierno que apuesta por resolver los problemas reales del país a partir de cortinas de humo, para tapar un escándalo con otro, y de una estrategia de comunicación política que se esfuerza por vender una imagen popular del presidente. La frivolidad de Duque, quien ha tenido más tiempo para departir con personajes de la farándula, jugar pelota o cantar, que para dialogar con los estudiantes en paro o apoyar la agenda legislativa producto de la consulta anticorrupción, no es para nada accidental. Muy probablemente, si a Uribe se le hubiera dado hacer “cabecitas” con el balón o trovar, no lo recordaríamos tomando tinto encima de un caballo o nadando en un río.

 

La estrategia ha resultado ineficaz, no solo porque es una segunda parte mala, comedia más que tragedia, sino porque desde que se implementó a principios del gobierno Uribe el panorama ha cambiado: el expresidente se reeligió con mayorías y nunca tuvo una oposición con más de ocho millones de votos, lo que muestra que su liderazgo ha ido sufriendo un lento pero real descenso y que el actual gobierno no cuenta con el mismo respaldo.

 

Además, si bien el uribismo, y a su lado los sectores más retardatarios de las élites políticas y económicas, conservan el dominio de los medios de comunicación, fuentes alternativas casi inexistentes hace tres lustros, como las redes sociales virtuales, funcionan como un contrapeso muy relevante. La movilización social, el creciente descontento no son un asunto mediático: el panorama se ha transformado mucho desde cuando Uribe envió a cada uno de sus potenciales votantes una carta con los 100 puntos de gobierno, en 2002.

 

Aunque en general las redes funcionan como un terreno en disputa como cualquier otro, no es menos cierto que en muchos casos determinan la agenda informativa hasta el punto de que los medios de comunicación convencionales y tradicionales se ven obligados a replicar lo que sucede en las ellas. Medios de comunicación como RCN, anteriormente volcado totalmente a acompañar el gobierno Uribe, hoy experimenta su peor crisis. En fin, a juzgar por las encuestas, el fracaso de esta estrategia no solo ha dado por resultado un récord en lo que a la (im)popularidad de Duque se refiere sino que ha minado la del expresidente mentor.

 

Contrainsurgencia en tiempos de paz

 

Un segundo aspecto anacrónico del actual gobierno es su apuesta contrainsurgente, pues no solo es totalmente contraria a la implementación de los acuerdos de paz que la mayoría de la sociedad reclama, sino que le ha impedido hacer una lectura objetiva de la transformación experimentada en el escenario político después del acuerdo de paz.

 

Respecto de problemas como la protesta social, las garantías para la oposición y la implementación de los acuerdos de paz, el gobierno parece leer la realidad política en los mismos términos en que lo hacía la retórica justificatoria de la “seguridad democrática”: reactivando un imaginario contrainsurgente, la creencia en que existe un “enemigo interno” conspirando contra el orden social. Este imaginario tomó fuerza durante la campaña presidencial, cuando incluso líderes alternativos replicaron el discurso uribista en contra del “castrochavismo” representado por el candidato Gustavo Petro, y en la práctica significó una estigmatización a cualquier propuesta de cambio, especialmente si viene de la izquierda.

 

Ese hecho es comprensible si se tiene en cuenta que el uribismo debe su legitimidad a la guerra y, en consecuencia, necesita con urgencia reemplazar el enemigo absoluto que representó la guerrilla de las Farc. De ahí el retorno de una política antidrogas centrada en la represión, las amenazas tácitas y explícitas de guerra con Venezuela, el hecho de que más que programas para la construcción de la paz existan ambiciosos planes e inversiones militares y el sesgo anti-protesta.

 

Desde el comienzo del gobierno, tanto los discursos del Presidente como los del ministro de defensa se mostraron explícitamente contrarios a la protesta, reduciendo el ejercicio de un derecho constitucional a la generación de odio y desorden, a la afectación de terceros y acusando a las organizaciones de recibir financiación de “grupos armados”. De esa manera, el gobierno erigió la protesta en uno de esos enemigos con los que intenta usufructuar algo de legitimidad. En esta perspectiva debe entenderse el llamado a “regular” la protesta social, la exagerada represión que sufrió el paro universitario e incluso el hecho de que los asesinatos de líderes sociales (más de 30 en lo que va del gobierno) aun no se reconozcan como un problema “sistemático”.

 

Pedir una mayor “regulación” del derecho a la protesta en un contexto en donde repertorios de acción básicos como el bloqueo de vías están catalogados como conductas punibles, con altas penas y un amplio margen de interpretación que beneficia a las autoridades, solo puede catalogarse de absurdo. Esa misma consideración merece el argumento de que las protestas benefician a minorías en detrimento de los derechos de las mayorías, porque desconoce que cuando la protesta tiene lugar es debido a que determinados sectores sociales no tienen más recurso para hacerse oír, pero además está basado en una idea antiliberal de la democracia que no favorece los derechos de las minorías. Si se aceptara ese argumento, habría que prohibir o “regular” también los gremios que cabildean en función de sus intereses particulares. Pero el gobierno es consciente de que lo único que escapa a aquello que garantiza su gobernabilidad, la “mermelada”, es la protesta social y por eso hará todo lo que esté a su alcance para deslegitimarla y restringirla.

 

La escalada represiva

 

La guerra funcionó como un obstáculo insalvable para la representación de diversas reivindicaciones de resolución de los problemas estructurales que la desencadenaron –redistribución de la tierra, participación política, etc.-. Es lógico que una vez mermada la confrontación esas reivindicaciones emerjan y que lo hagan de la única manera que pueden hacerlo en un contexto de cierre del sistema político institucional: la protesta. Construir o consolidar la paz pasa necesariamente por garantizar el derecho a la protesta social, precisamente como una vía para la resolución de dichos problemas estructurales que estuvieron en la raíz de la guerra. Por esa razón, un tercer anacronismo del gobierno Duque es la descomunal represión que ha demostrado frente a la protesta, en particular frente al paro universitario.

 

Las marchas estudiantiles fueron tratadas como si fueran actos de guerra y como si sus participantes fueran insurgentes, más que ciudadanos ejerciendo un derecho. No solo fueron contrarrestadas con todo el poder de fuego del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), que dejó una cantidad no determinada de heridos, entre ellos tres estudiantes que perdieron uno de sus ojos cada uno por causa de lo que solo puede calificarse de sevicia en el uso de las armas “de letalidad reducida”, sino que incluso fueron infiltradas por agentes de la Policía no uniformados, como si en realidad representaran una amenaza para la seguridad del Estado y el orden social. Si bien es cierto que el Esmad ya antes ha demostrado que no es un cuerpo para garantizar derechos sino para conculcarlos a la fuerza, en esta coyuntura la represión está totalmente articulada a la estigmatización de la protesta y al retorno del discurso contrainsurgente en el alto gobierno.

 

La desproporción con la que se trató la movilización universitaria no habría sido notoria de no ser por la apuesta explícita de las organizaciones estudiantiles por las manifestaciones sin violencia y los repertorios de acción lúdicos y expresivos. Inicialmente, se retomaron repertorios exitosos en la movilización de 2011 como los abrazos y la entrega de flores a los policías, apostando por evitar así la represión. El 24 de octubre de 2011 el abrazo espontáneo de policías por parte de estudiantes en una manifestación en la Plaza de Bolívar de Bogotá, sorprendió tanto a la Policía como a los medios de comunicación, hasta el punto de que la revista Semana incluyó como su portada una fotografía del suceso, y contribuyó a afincar la legitimidad y el respaldo social al movimiento estudiantil.

 

En contraste, lo que demuestra la represión en 2018 es que tanto la policía como los medios aprendieron la lección: una vez que fracasó la treta de negociar con los rectores, con la que el gobierno pretendió desactivar la movilización, se incrementó notablemente la represión y en los medios predominó el “vandalismo” y los “disturbios”, que por lo demás son ocasionados por la intervención violenta de la fuerza pública, en lugar de la información de fondo sobre las protestas y sus reivindicaciones. De manera que, si se pudiera extraer una lección para los movimientos sociales sería la necesidad de innovar en los repertorios de acción para hacer frente a la represión, cosa que no es nada fácil pues muchas veces –incluyendo el abrazo a los policías- resulta más de la espontaneidad que de la planeación estratégica.

 

Horizontes despejados

 

A corto plazo los costos para la protesta social en términos de represión no se van a reducir. Sin embargo, no es muy probable que las movilizaciones disminuyan. Paradójicamente, su disminución está en función de la capacidad que tenga el gobierno Duque para regresar al presente y reconocer los aspectos estructurantes del contexto político posterior al acuerdo de paz.

 

En la medida en que el gobierno insista, como lo ha hecho, en “volver trizas” los acuerdos de paz y en ese empeño cuente con el respaldo de la mayoría de la clase política, dejará como única alternativa para escuchar la voz de los excluidos a la protesta. Lo más probable es que la moderación de Duque llegue por la vía de la desarticulación de su coalición inicial, debido al carácter escaso de la “mermelada” con que está pegada. Pero en ese caso abriría oportunidades políticas para los movimientos sociales, que tendrían más posibilidades de encontrar aliados en el terreno social o en el político.

 

En el auge de la protesta social confluyen vectores estructurales que tarde o temprano requerirán una respuesta más allá de la represión. En el terreno sociopolítico, han salido a flote, para no sumergirse nuevamente, demandas bloqueadas durante medio siglo a causa de la guerra y que no se limitan a la implementación de los acuerdos, aunque eso puede en última instancia articularlas. La creciente desigualdad, que ubica al país en los primeros lugares del ranking hemisférico, no va a resolverse a punta de “economía naranja” o reformas tributarias regresivas. Los conflictos socioambientales tampoco se van a resolver restringiendo los mecanismos de participación y consulta a las comunidades afectadas.


Pero sobre todo existe una población mayoritariamente joven que ha empezado a experimentar una frustración ante la falta de alternativas vitales. En efecto, el 68,3 por ciento de la población del país se ubica en el rango de edades entre 15 y 64 años. Como ocurre en el campo de los movimientos sociales, la franja más joven intenta tomar el relevo generacional en los distintos ámbitos, pero se encuentran con bloqueos de distinto tipo y falta de oportunidades para desarrollar sus capacidades. Para no ir más lejos, Duque hizo campaña ofreciendo un relevo generacional que no se ve por ningún lado. Tampoco es casual que en esta coyuntura la mayor fortaleza la haya demostrado el movimiento universitario.

 

El desafío para los movimientos será armonizar el descontento social que producen esos vectores estructurales con la esfera política. Como es bien sabido, las organizaciones de los movimientos sociales tienen fuertes vínculos con organizaciones políticas y partidos de izquierda. Por esa razón, las competencias electorales y la división de los actores políticos que conllevan siempre se han traducido en la desarticulación de los movimientos sociales. El escenario ideal sería una articulación de los esfuerzos en los dos ámbitos, el social y el político propiamente dicho, pero incluso evitar que los movimientos sociales se desestructuren en función de las disputas partidistas y electorales puede crear los espacios y los incentivos para que los problemas sociales mencionados se expresen por vía de la protesta.

 

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Publicado enEdición Nº253
Jueves, 22 Noviembre 2018 05:45

Mangoneo bancario-financiero

Mangoneo bancario-financiero

"Creo que los entes gigantes de la banca/finanzas (de Wall Street-WS) siguen siendo demasiado grandes para dejar que quiebren" (too big to fail, TBTF). Si se hunden, hunden la economía y eso les garantiza los rescates. Neel Kashkari sabe lo que dice: fue el administrador del rescate bancario –700 mil millones de dólares– luego que estalló la debacle financiera que siguió a la quiebra de Leh-man Brothers (septiembre de 2008). Kashkari expresó su preocupación a la Brookins Institution. Dijo que la casi certeza del rescate induce la especulación y la toma de riesgos con el dinero de sus clientes.

A la fusión de bancos con firmas de inversión que genera entes TBTF agrégase que Trump presentó y el Senado aprobó en marzo nueva legislación que debilita los instrumentos de freno a la especulación contenidos en la Ley Dodd-Frank de 2010 para aminorar la amenaza de otra debacle. La preocupación de Kashkari, también de Elizabeth Warren y Bernie Sanders, entre otros, es válida en México, cuya banca es mangoneada en su casi totalidad por sucursales cuyas matrices son los TBTF-WS.

La información develada sobre el rescate estremece. Atilio Borón (biblioteca.clacso.edu.ar ), corroborado por Sanders, indica que el rescate fue inmenso. Recuerda que luego de una auditoría a la Fed de GAO, se supo que además de los 700 mil mdd se canalizaron 16 billones (trillones, en inglés) a los TBTF-WS de los que 2.5 billones fueron para Citigroup.

Sanders ofrece datos clave sobre los seis principales bancos TBTF-WS: JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup (Banamex), Wells Fargo, Goldman Sachs y Morgan Stanley: controlan activos equivalentes a más de la mitad del PNB de EU, que en 2017 fue de 18 billones, 45 mil mdd. Los primeros cuatro bancos, Citigroup (la matriz de Citibanamex) incluido, crecieron 80 por ciento, desde la posición que tenían antes del megarrescate. En EU "tenemos una suerte de socialismo para los muy ricos. Una verdadera oligarquía", dice Sanders, sanders.senate.gov. Propone que "no debe permitirse bancos fusionados con firmas de inversión a un nivel en que su quiebra represente un riesgo catastrófico para millones de ciudadanos o que coloque en riesgo a la economía de la nación".

Eso fue replanteado por Sanders y el diputado Brad Sherman de California como iniciativa de ley en octubre pasado. Va por la "transformación legal" de los TBTF, que pasan a la categoría de too big to exist, TBTE (demasiado grandes para existir). En la pasada década, luego de la devastación de 2008 los primeros cinco bancos más grandes acumularon ganancias por 583 mil mdd. El riesgo total y combinado de los seis bancos más grandes fue de 13 billones de dólares, mientras el PNB de EU en 2008 fue de: 14 billones 713 mil mdd. La iniciativa de lLey Sanders/Sherman limitaría a los grandes bancos y firmas financieras a un crecimiento conjunto "no mayor a 3 por ciento del PNB". La iniciativa también incluye a compañías de servicios no bancarios: Prudential, MetLife y AIG. Las sucursales de esos seis TBTF más Bancomer (España), dominan e inciden en las decisiones de la "banca mexicana" y de la banca central de allá (Fed) ¿y de acá (BdeM) no?

En EU los TBTF forman parte de los consejos regionales de la Fed, por lo que el peso de los TBTF-WS en el regulador que los "regula" es considerable: allá y acá sus TBTF-WS imponen las alzas en las tasas de interés al menor indicio "de inflación" o sea: según circunstancias y conveniencias (Sanders NYT, 23/12/15) como ablandar a Morena. Es en este contexto y no en un "mercado" "que se inquieta", donde ocurrió la estampida bancario/financiera ante una iniciativa de ley de Morena presentada por el senador Monreal, para moderar las abusivas comisiones que cobran aquí las sucursales de los TBTF-WS que mangonean en México. Van por la especulación y no la producción.

No por estar "inquieto" el mercado, el desplome de la bolsa y el aumento en la tasa de interés dejan de percibirse como "disciplinamientos preventivos", un: "no tocar la banca ni con el pétalo de una rosa". El dispositivo estuvo bien coordinado, pero mal calibrado por prematuro y excesivo ante un intento justo: "poner en orden unos mecanismos desorbitados de extracción de excedentes y transferencia al exterior", como bien juzgó un colega.

La capacidad para regular lo bancario y financiero es esencial a toda transformación y al "no les voy a fallar" de AMLO como respuesta a un compromiso estratégico con la meta del desarrollo y el bienestar económico y social. En 2008, Emir Sader advirtió la necesidad de un diseño que “reglamente la circulación del capital financiero, que centralice el mercado de cambios, que penalice con altas tasas las inversiones especulativas, que someta en los hechos y directamente los bancos centrales a los gobiernos, que dé prioridad a lo social sobre la dictadura de la economía y que promueva centralmente el mercado interno de consumo de masas…”

jsaxef.blogspot.com

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El Congreso de Perú garantiza que Alberto Fujimori no vaya a la cárcel

El autócrata, que vio anulado su indulto hace una semana, se ve beneficiado por una norma aprobada por los suyos en tiempo récord y que también podría favorecer a Vladimiro Montesinos



 

La mayoría fujimorista de Fuerza Popular en el Congreso peruano, de oposición al Gobierno de Martín Vizcarra, ha aprobado este jueves una ley de "ejecución humanitaria de la pena" para que los presos mayores de 78 años que hayan cumplido un tercio de su condena puedan continuarla "a través de vigilancia electrónica" desde su domicilio. La norma ha sido preparada explícitamente para favorecer al autócrata Alberto Fujimori, que vio anulado su indulto la semana pasada. Y podría favorecer también a Vladimiro Montesinos, ex asesor de Fujimori de 73 años y jefe de facto de las fuerzas armadas en el régimen, que en un lustro podría beneficiarse de esa misma libertad vigilada.


Fujimori, presidente de Perú entre 1990 y 2000, fue sentenciado hace nueve años a un cuarto de siglo de prisión como autor mediato de varios delitos de homicidio, lesiones graves y secuestro agravado -considerados crímenes de lesa humanidad- cometidos principios de la década de los noventa. Los hechos fueron perpetrados por el Grupo Colina, un destacamento del Ejército creado durante su régimen y al que el propio Fujimori felicitó y amnistió.


En la nochebuena del año pasado, el entonces jefe de Estado y de Gobierno peruano, Pedro Pablo Kuczynski, le concedió un indulto humanitario que evitaba su reingreso en prisión para cumplir la parte restante de la condena a cambio de un último y desesperado balón de oxígeno político. Pero la semana pasada, el caso volvió a dar un giro de 180 grados con la anulación judicial de la medida de gracia atendiendo a una petición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.


Desde entonces, los suyos han tratado de buscar el ángulo legal para evitar el cumplimiento de la orden del magistrado supremo Hugo Núñez Sulca. El martes, la congresista fujimorista Yeni Vilcatoma -expulsada de Fuerza Popular en 2016, pero que vota en el mismo sentido que el resto de la bancada opositora-, presentó un proyecto de ley de "ejecución humanitaria de la pena" para presos de la tercera edad. Y este jueves la junta de portavoces decidió someter el proyecto de ley a la votación del pleno, exonerándolo de la discusión en las comisiones parlamentarias.


Al inicio del debate parlamentario de la ley, el diputado de Acción Popular Yohny Lescano (centroderecha) advirtió de que, de aprobarse, el texto llevaría al Estado peruano a incumplir sus obligaciones internacionales y pidió que la iniciativa legislativa fuera remitida a la comisión correspondiente para su debate preliminar. Pero el fujimorismo, arrasando como suele hacer con su holgada mayoría, rechazó la moción y aprobó en menos de media hora la norma con 55 votos a favor, 30 en contra y dos abstenciones.


La norma indica que el ámbito en que el condenado puede desplazarse queda circunscrito “a la provincia donde se encuentra el domicilio del penado”. Si quisiera salir de ella, deberá comunicarlo 48 horas antes al Instituto Nacional Penitenciario y acreditar a una persona que garantice su retorno, asumiendo responsabilidad penal en caso de no cumplir este precepto.
Horas después de que el juez Núñez Sulca ordenase el regreso de Fujimori a la cárcel, el autócrata fue ingresado en una clínica de la comunidad peruano-japonesa en la que permanece desde entonces. Con esta maniobra política, la enésima del fujimorismo, evitará -al menos de momento, siempre al albur de cualquier cambio futuro en la composición del Legislativo- regresar a prisión.

Lima 12 OCT 2018 - 00:10 COT

 

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Cuba: ¿Iguales de qué? La carta magna, el racismo y la no discriminación

El Anteproyecto de nueva Constitución que hoy se debate en Cuba a nivel popular, amplía la formulación legal del principio de igualdad. Este es un hecho de gran importancia.

El texto de 1976 proscribió la discriminación por motivo de raza, color, sexo u origen nacional. La reforma de 1992 prohibió además discriminar por creencias religiosas o “por cualquier otra razón lesiva a la dignidad humana”.


El nuevo proyecto recoge las anteriores y agrega “la no discriminación por género, identidad de género, orientación sexual, origen étnico y discapacidad.”


En este artículo comentaré solo un tema relacionado con la igualdad: discriminación racial. La razón es la siguiente: la forma de interpretar una discriminación, y de imaginar sus soluciones, ofrece luz sobre las causas y remedios de otras discriminaciones.


Existen varias estrategias para oponerse al racismo, pero quizás la primera de ellas sea reconocer su existencia e identificar sus mecanismos de reproducción.


En Cuba existen señales contradictorias sobre el tema.


La Revolución de 1959 combatió a fondo el racismo estructural e institucional. Sus principales líderes han tenido el antirracismo como tema recurrente. En su proceso proscribió la segregación, la discriminación y logró movilidad social, aumento de estándares de vida y acceso universal a bienes y servicios. Sin distinciones, los no blancos fueron beneficiados. Un activista negro lo ha dicho de este modo: “Fue entonces que para mí la Revolución cobró un sentido”.


No obstante, dos enfoques conflictivos han estado presentes en el discurso oficial.


Primero, la presentación del racismo como “vestigio”, que el presente contribuye a erradicar y que no reproduce.


Esa postura no comprende la base material de la reproducción del racismo, ni deja ver sus usos diferenciadores en la Cuba de hoy en el acceso a la propiedad, el recibo de remesas, o la preferencia en zonas pujantes de la economía, o cómo predisponen las tasas de deserción escolar y población carcelaria.


Segundo, el mestizaje es presentado como la negación de toda desigualdad con origen en la “raza”.


Según esa idea, somos mestizos: ni blancos ni negros. Cuba es un país donde “todo está mezclado”, en el que quien no tiene de congo tiene de carabalí; pero que también experimenta las diferencias entre blancos, mestizos y negros presentes en países con formación histórica similar, como Brasil o Colombia.


En Cuba existe mezcla, y “cubano” es una palabra comprehensiva de lo que somos, pero el mestizaje no es salvoconducto para negar diferencias y desigualdades racializadas. Incluso porque ellas son, también, resultado del propio racismo. En su proceso, este siempre acumula diferencias: establece fronteras de exclusión entre blancos y negros y fomenta divisiones entre la misma “raza”, que han demostrado tener gran persistencia.


El más reciente informe cubano al comité de la ONU para la eliminación de la discriminación racial reprodujo ambos lugares comunes. El texto asegura que el término “afrodescendiente” –con consenso en el movimiento global antirracista, más aún después de Durban– “es ajeno a nuestra realidad”.


El criterio aparece también en los servicios de estadísticas nacionales. Tal actitud ignora la producción intelectual cubana sobre el tema, y no apoya la causa antirracista, en lo que supone reconocer legitimidad al autorreconocimiento.


La posibilidad que la libertad ofrece de crear el carácter y la identidad propia de los sujetos ha sido siempre uno de sus contenidos más deseables. La identidad solo puede crearse a través de la participación. El autorreconocimiento supone participar políticamente, asumir identidades y expresar opiniones políticas en consecuencia.


La opinión política es protegida frente a la discriminación por el artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, firmada –aunque aún no ratificada– por Cuba. Lamentablemente, el artículo 40 del Anteproyecto no incluye a la opinión política entre las materias que prohíbe discriminar. Tampoco pone en plural el concepto “identidad”, que limita las identidades a la nacional y a la de género. Esas ausencias no facilitan participar con demandas legítimas de identidad en el espacio público cubano.


En Cuba está prohibida la discriminación, pero sus canales procesales no han sido muy efectivos. El informe citado reconoció, junto a estadísticas de avance igualitario y casos “aislados” de discriminación en empleos y programas de televisión, un solo caso en 2017 de acto tipificable como Delito contra el Derecho de Igualdad.


En consecuencia, es útil sugerir la incorporación de acciones de protección, tutela o amparo constitucional frente a la violación de derechos, cuya forma y alcances no aparecen especificados en el Anteproyecto.


El instrumento de protección permite reclamar derechos con procedimientos sencillos, que propicien inmediatez en el resultado, pero también tutelar resultados jurídicos que abarcan al grupo de personas amparadas por el mismo derecho.


Otra cuestión útil es potenciar el uso directo de la Constitución en tribunales, en reclamo del principio constitucional de igualdad, ante la ausencia de una ley específica contra las discriminaciones.


En la misma dirección, sería conveniente habilitar al Estado, desde el texto constitucional, para desplegar una institucionalidad especializada en el tema.


Podría tratarse de un órgano para la Promoción de la Igualdad, con obligación de rendir informes públicos, alertar sobre comportamientos estatales y privados sospechosos de discriminación, contribuir a perfilar la variable racial en los métodos de recolección de datos en censos y encuestas de hogar, y elaborar políticas públicas en conjunto con las instancias estatales encargadas y el movimiento antirracista desde la sociedad civil.


En Cuba no parece existir consenso en torno a la acción afirmativa, otra de las maneras de combatir la discriminación. Desde el Estado, el propio Raúl Castro ha defendido la promoción de personas negras y mestizas a cargos decisorios, pero sin asignar cuotas ni inscribir tal intención en normas. El Anteproyecto no menciona dicha posibilidad.


Popularmente se dice “que me lo den por mis méritos, no por ser negro” como si la frase solo pudiese ser virtuosa. Sin embargo, es parte de un sentido común que confía a la meritocracia la clave del ascenso social. Considerar el mérito personal como único requisito de entrada, por ejemplo, a puestos de trabajo, es una virtud cuando se exige dentro de una cultura igualitaria muy potente, con muchas garantías sociales e institucionales, y con muy altos niveles de igualdad social y cultural. En otros casos, la meritocracia es la justificación razonada de la exclusión, un pretexto para legar desigualdades entre generaciones.


Según Naciones Unidas, la acción afirmativa “es un conjunto coherente de medidas de carácter temporal dirigidas a corregir la situación del grupo al que están destinadas en un aspecto o varios de su vida social para alcanzar la igualdad”.


No se concede tal política por ser “negro”, sino por pertenecer a un grupo social que ha sido históricamente discriminado, y porque tal hecho ha arrojado consecuencias no elegidas por sus miembros sobre su presente.


En el mundo actual, informes internacionales registran acciones afirmativas con resultados positivos en salud, educación, trabajo y cultura.


En Brasil un número importante de universidades públicas prevén reserva de plazas para afrodescendientes, e instituciones privadas de educación superior conceden becas totales y parciales. Asimismo, se ha legislado activamente el tema en empleo, servicio público, cultura y acceso a la justicia.


En Colombia, el asesinato selectivo de líderes sociales afrodescendientes pretende destruir la histórica movilización política en el Pacífico colombiano, y violar sus derechos de tierra, territorio, identidad y propiedad colectiva, que habían conseguido inscribir como políticas de acción afirmativa en leyes como la 70 de 1993, llamada “de negritudes”.


Cuba cuenta con historial de acciones afirmativas: las leyes de nacionalización del trabajo que garantizaron a partir de los años 30 el 50 por ciento del empleo para cubanos, o el artículo 74 de la Constitución de 1940, para el acceso al trabajo de negros y mestizos. La primera tuvo un éxito incomparable respecto a la segunda.


Pero si la ley no es suficiente para combatir la discriminación, tampoco lo es la acción afirmativa por sí sola. Otro recurso puede contribuir: la educación. La ley inhibe y reprime, la acción afirmativa redistribuye oportunidades y recursos, y la educación puede prevenir conductas discriminatorias y promover saberes que razonen la tolerancia.


La escuela, si se enfoca en ello, puede contribuir a revalorizar identidades discriminadas, promover el cambio cultural, socavar estereotipos raciales y sexuales, e impulsar la aceptación de las diferencias.


Un mandato a la política educacional, con enfoque étnico-racial, plasmado en la Constitución, sería una ganancia. Por ejemplo, señalando la necesidad de incluir en los currículos materias de Historia General de África y de sus procesos actuales, y la historia del negro cubano, cuya enseñanza actual es muy deficitaria.


Existen otras estrategias para combatir la discriminación, pero estas son útiles. Por supuesto, no carecen de problemas. El principio a seguir puede ser este: mientras más recursos estén disponibles contra la discriminación, mejor. Se trata de conseguir igualdad no solo ante la ley ni solo de oportunidades, sino también igualdad en los resultados que podamos alcanzar con esfuerzo y con libertad. Nada que ver con imponer ser “idénticos”.


La defensa de la igualdad es la verdadera celebración de la diversidad. La Constitución puede contribuir mucho a ese empeño.
Julio César Guanche


es un jurista y filósofo político cubano, miembro del Consejo Editorial de Sin Permiso, muy representativo de una nueva y brillante generación de intelectuales cubanos partidarios de una visión republicano-democrática del socialismo.

Por Julio César Guanche
26/08/2018

 

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Carta Magna de la transformación en Cuba

“Cuba pasará a ser un Estado socialista de derecho”, un concepto novedoso. En materia económica, se incorporan otras definiciones de propiedad diferentes a la estatal. El presidente no podrá superar dos mandatos consecutivos.

Cuba se dará para sí una nueva constitución a más tardar en noviembre. Con sus propios tiempos, bajo la reafirmación del modelo socialista, pero con reformas añadidas que cambiarán bastante lo conocido hasta ahora. En materia económica, la incorporación de otras definiciones de propiedad diferentes a la estatal. La ratificación política de que el presidente no podrá superar dos mandatos consecutivos de cinco años cada uno. O en la ampliación de derechos civiles, la incorporación del matrimonio entre personas de un mismo sexo. En los hechos, las dos primeras situaciones ya se están dando. Pero la isla se rige por una carta magna de 1976 que el gobierno necesitaba actualizar. El proyecto ya se venía estudiando desde 2013 y ahora será bajado a una consulta popular para su discusión. La ley máxima del Estado pasará de 137 artículos a 224. Solo quedarán 11 vigentes de los que rigen desde hace 42 años, se modificarán 113 y se eliminarán 13.


El 22 de julio, el presidente Miguel Díaz Canel definía ante la Asamblea del Poder Popular que la reforma será “profunda” porque la constitución debía “actualizarse para que la institucionalidad se fortalezca y con ella el modelo económico y social”. Los medios extranjeros en general pusieron el foco en que se suprimirá el concepto de “comunismo” de la ley. Interpretaron que, con los cambios, Cuba renunciaría a desarrollar esa fase superior del socialismo. La respuesta a esa inferencia es una sola: “el papel rector del Partido Comunista” como lo establecerá la carta magna –y como Granma hizo trascender – no se modificará. Una síntesis de lo debatido en la Asamblea y que no tiene status de documento oficial, menciona que “el proyecto reafirma el carácter socialista de nuestro sistema político, económico y social”.


La fecha para la consulta popular que deberá realizarse entre el 13 de agosto y el 15 de noviembre falta confirmarse. Es el requisito previo para que después el texto vuelva a la Asamblea y eventualmente se agreguen, quiten o modifiquen artículos. Cumplido este paso, la reforma volverá al poder legislativo para su análisis final.


Cuba confirmó su cronograma de cambios en un momento donde recrudece la injerencia de Estados Unidos en América Latina. El dato es insoslayable, aunque no debería computarse como una debilidad política. La isla fue sede del último Foro de San Pablo, la caja de resonancia de un antimperialismo que también crece. Y en los cambios propuestos ahora a su máxima ley – mucho más profundos que los concretados en 1978, 1992 y 2002 – la Asamblea estudió varias constituciones, pero sobre todo las de Venezuela, Bolivia y Ecuador en el continente o las de Vietnam y China en el resto del mundo.


También se tomaron en cuenta los antecedentes locales de 1940 y 1959, el año de la Revolución. Cuba atravesó el siglo XIX con varias constituciones mambisas. La primera intervención de Estados Unidos interrumpió la vigencia de la votada en 1897. Apenas duró un año. Incluso en 1901 el gobierno de la isla incorporó la enmienda Platt a su carta magna bajo presión de EE.UU. Esta le permitía intervenir a la potencia vecina “para la conservación de la independencia cubana”. De eso ya no se habla porque parecería prehistórico. Pero condicionó las décadas posteriores y todavía conserva un símbolo muy fuerte: la base ilegal de Guantánamo ocupada desde 1898, cuando Estados Unidos le declaró la guerra a España e invadió Cuba.


El proyecto de constitución cerró una tarea de cinco años que comenzó Raúl Castro cuando creó un grupo de trabajo, allá por 2013. No es un texto coyuntural. Articula cambios en vías de consolidación que no aparecían en la ley, como las nuevas formas de propiedad privada y el reconocimiento del papel del mercado. “Cuba pasará a ser un estado socialista de derecho”, un concepto novedoso. Pero a lo que aspira su presidente Díaz Canel, es que después de la consulta popular se fortalezca “la unidad de los cubanos en torno a la Revolución” como afirmó el 22 de julio en el Palacio de las Convenciones. Dos meses antes, en el mismo escenario, había sido votado presidente para suceder a Raúl Castro.

Cuando intervino ante la Asamblea, el secretario del Consejo de Estado Homero Acosta se preguntó: “¿Ha cambiado el modelo socialista cubano? No ha cambiado en sus principios. Los conceptos fundamentales de nuestro socialismo están ahí… El papel del partido Comunista, de la economía estatal, de la propiedad socialista siguen incólumes. Pero sí se necesita hacer una transformación”.


La nueva constitución –señaló el sitio Cubadebate– “al definir los diferentes tipos de propiedad que pueden coexistir en la economía (socialista de todo el pueblo; cooperativa, mixta; de las organizaciones políticas, de masas y sociales; privada y personal), reconoce que pueden existir otras, así como que el Estado va a estimular aquellas de carácter más social”. La nueva constitución generó coincidencias desusadas en Cuba y en el exterior sobre la incorporación de derechos civiles. La principal fue sobre el matrimonio igualitario ya que el texto dejará de decir “entre un hombre y una mujer” y señalará “entre dos personas”.


La constitución renovada modificará también a las autoridades provinciales. Dejarán de existir las asambleas del Poder Popular y se establecerá el cargo de gobernador y un consejo a ese nivel del Estado. En materia de política exterior, Cuba ratificará los principios con que se rigió hasta hoy e incorporará otros: entre los nuevos, la multipolaridad en las relaciones entre los Estados, más la protección y conservación del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. Y mantendrá su habitual “condena al imperialismo, al fascismo, al colonialismo o neocolonialismo en cualquiera de sus manifestaciones”.


La salud pública como un derecho de todas las personas y la educación gratuita “desde prescolar hasta la enseñanza universitaria de pregrado” continuarán como hasta ahora bajo el programa de economía planificada del estado socialista cubano. Díaz Canel no podrá seguir en el gobierno más allá de 2028 y quien lo suceda deberá cumplir un requisito que señalará la constitución: no podrá superar los sesenta años.


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Camino al matrimonio igualitario en Cuba

La Carta Magna modificará su artículo 68 en el que especifica el matrimonio entre un hombre y una mujer. El nuevo texto aprobado por los diputados reconoce la propiedad privada y saca la palabra “comunismo”.

 

La Asamblea Nacional de Cuba aprobó ayer el anteproyecto de reforma constitucional que reconoce la propiedad privada, saca la palabra “comunismo” de la Carta Magna y acepta el matrimonio entre personas del mismo sexo. El anteproyecto será sometido ahora a consulta popular entre los próximos 13 de agosto y 15 de noviembre y, finalmente, tendrá que ser apoyado por un referéndum para el que aún no hay fecha.


Con el reconocimiento de la propiedad privada como una de las formas de propiedad y la promoción de la inversión extranjera, el nuevo texto reflejará los cambios económicos que vive el país a raíz de las moderadas reformas implementadas por Raúl Castro desde 2006. Estas medidas legalizaron negocios al margen del Estado en ciertos sectores como la hotelería, el transporte y otros servicios, a las que ha dado continuidad el presidente Miguel Díaz Canel tras asumir el poder en abril de este año.


Tras aprobarse el proyecto de nueva Constitución, Díaz Canel animó a la participación popular para que exprese libremente sus opiniones para, según dijo, que el texto refleje el hoy y el futuro de Cuba.
Más limitados son los cambios que la nueva Constitución impondrá en el ámbito político, donde, a pesar de quitar la palabra “comunismo”, explicita que se mantiene el “carácter socialista del sistema político y social” bajo el mando del Partido Comunista de Cuba como “fuerza dirigente superior del Estado y la sociedad”.


La Constitución también modificará su artículo 68, en el que se especifica que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, para reemplazarlo por una fórmula más amplia que habla de matrimonio entre dos personas, en respuesta a las demandas de la comunidad LGTBI (lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales). “Con esta propuesta de regulación constitucional, Cuba se sitúa entre los países de vanguardia, en el reconocimiento y la garantía de los Derechos Humanos”, expresó la diputada Mariela Castro, hija del ex presidente Raúl Castro, una de las principales promotoras del reconocimiento de los derechos de la comunidad LGTBI en la isla.


La medida no encontró rechazo en los legisladores, pero en la reunión de ayer la diputada Castro quiso que se ampliase el artículo y que no se restringiese la posibilidad de adoptar a los futuros matrimonios homosexuales, lo que generó un arduo debate de un par de horas. La parlamentaria propuso suprimir los párrafos en los cuales queda explícita la condición reproductiva del matrimonio. “Si se está diciendo que el matrimonio tiene fines reproductivos, entonces todas las familias cubanas han de tener garantizados por el Estado los derechos y vías para alcanzar estos fines”, afirmó Castro. “El matrimonio no es solamente para tener hijos, empieza con otros fines, porque quieren convivir y luego viene la reproducción. Lo que propongo es que todas las familias tengan los mismos derechos”, señaló la diputada y directora del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex).


“No hay razón alguna para negar el matrimonio a personas homosexuales, no hay razón alguna para limitar la felicidad de estas personas”, dijo, por su parte, la diputada Yolanda Ferrer. La legisladora Teresa Amarelle, presidenta de la oficial Federación de Mujeres Cubanas (FMC), a su turno, afirmó: “Que se quite que la unión del matrimonio sea exclusiva entre hombres y mujeres es un avance. Sobre el tema de la adopción, será un tema para el Código de Familia”. Finalmente, el acuerdo de los diputados fue aprobar el matrimonio igualitario y dejar el tema de las adopciones para la redacción del nuevo Código de Familia.


Al examinar los artículos que tratan sobre la protección de la familia, se hizo hincapié sobre la responsabilidad en el cuidado y atención a las personas de la tercera edad en Cuba, donde se ha producido un progresivo envejecimiento poblacional, uno de los grandes desafíos de la sociedad y el sistema estatal de salud.


En el ámbito institucional existen algunas modificaciones estructurales como la institución de la figura del presidente de la República, papel hasta ahora ejercido por el presidente del Consejo de Estado, que deberá asumir el cargo con menos de 60 años de edad y limitar su mandato a un máximo de una década (dos períodos de cinco años). Además, se creará el puesto de primer ministro -que se había eliminado con la aprobación de la Carta magna de 1976- para liderar el Consejo de Ministros, máximo órgano ejecutivo del Estado.


Otro de los cambios propuestos vino de mano de la diputada Daicar Saladrigas, del municipio de Camagüey (este), quien propuso cambiar el término “libertad de palabra” que figura en el anteproyecto por “libertad de expresión” al considerar éste más amplio, acorde con la realidad actual y reconocido por organismos internacionales. Los representantes de la comisión parlamentaria que elaboró el anteproyecto aceptaron la propuesta de la diputada, por lo que el cambio podría plasmarse en el documento final del ordenamiento supremo del país.


El proceso de debates en los barrios se realizará entre el 13 de agosto y el 15 de noviembre. La fecha de inicio es simbólica porque coincide con el día que nació el ex presidente cubano, Fidel Castro, en 1926. Después de los debates populares se realizará un referéndum y tras ratificarse la nueva Carta Magna se abrirá un período de un año para modificar los Códigos Penal, de Familia y Civil y ponerlos en sintonía con el nuevo texto constitucional.

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