¿Qué es y qué quiere la nueva izquierda chilena?

Las elecciones chilenas del 15 y 16 de mayo provocaron un derrumbe electoral de la derecha y dejaron ver la emergencia de candidaturas independientes. Pero, al mismo tiempo, los triunfos de la izquierda articulada en torno del Frente Amplio y del Partido Comunista, tanto en la Convención Constitucional como en alcaldías claves, dejaron ver el peso de la generación que se politizó en las protestas estudiantiles de 2011. Muchos de ellos asumirán ahora tareas de gobierno en el nivel local y tendrán un papel significativo en la redacción de la nueva Carta Magna.

 

En 2016, una incipiente coalición sacudió la política chilena con una inesperada victoria en el municipio de Valparaíso. Al año siguiente, pese a que los pronósticos electorales no eran auspiciosos, la nueva coalición logró consolidarse con un sorprendente resultado en las elecciones presidenciales y parlamentarias (en las que obtuvo 20 diputados y un senador). 

El Frente Amplio (FA), cuyos jóvenes liderazgos habían emergido al calor de las movilizaciones estudiantiles de 2011, incluía una diversidad de colectivos y partidos de un amplio espectro político e ideológico. Luego de su éxito inicial, abundaron las especulaciones sobre su capacidad para seguir creciendo e incluso convertirse en fuerza de gobierno. Los primeros dos años del FA estuvieron marcados por quiebres y pujas internas que fueron erosionando su imagen. En medio de estas trifulcas, hacia finales de 2019, Chile vivió un estallido social sin precedentes, que llevó a millones de personas a la calle e hizo caer abruptamente la aprobación del gobierno de Sebastián Piñera y produjo una fuerte erosión de la institucionalidad política construida en la transición posdictadura. Muchas cosas explicaban este estallido pero un elemento fundamental, sin duda, era una crítica sin cuartel a todos los partidos del sistema político y una denuncia de los puntos ciegos de la transición democrática. En un comienzo, parecía que las críticas a los partidos tradicionales podían traducirse en un apoyo a las nuevas organizaciones del FA, pero no fue así. Quienes habían sido impugnadores del orden político precedente se vieron a su vez apuntados por la ciudadanía. 

El golpe más duro a la nueva coalición se dio luego de que varios de sus principales dirigentes pusieran sus firmas y las de sus partidos para un acuerdo transversal de la política que habilitaba el comienzo de un proceso constituyente que canalizara institucionalmente las demandas sociales. Para lograr ese acuerdo se realizaron concesiones, como aceptar que los artículos de la nueva Carta Magna se aprobaran con dos tercios de la Convención Constitucional, lo que daría más poder de veto a los sectores conservadores.

Algunos en el FA vieron esta firma como una traición. Una serie de quiebres redujeron significativamente la presencia parlamentaria de la coalición. El último golpe ocurrió cuando, luego de que se confirmara una nueva alianza con el Partido Comunista (PC), cuatro diputados abandonaron la organización. Varios medios de comunicación se apresuraron a declarar la muerte del FA, asegurando que lo que quedaba de él sería absorbido por la identidad PC. Entre la propia militancia del FA empezó a instalarse la pregunta de si su destino sería ser la primera coalición del nuevo orden político que comenzaba a nacer con el estallido social, o la última de un orden en declive.

Este fue el telón de fondo de las elecciones del 15 y 16 de mayo, en las que se eligieron los integrantes de la Convención Constitucional, alcaldes y gobernadores. Varios analistas pronosticaron (basados en algunas encuestas, elecciones previas y proyecciones) una elección sin sobresaltos, marcada por el voto de los mismos electores de siempre, que les habían dado sendas victorias a los dos bloques principales de la política chilena en los últimos 30 años. Por un lado, la coalición de centroizquierda, heredera de la Concertación de Partidos por la Democracia que lideró el proceso de transición para terminar con la dictadura de Augusto Pinochet. Por otro lado, la coalición de derecha que se construyó originalmente como defensa del legado de la dictadura, pero, con el pasar de los años, intentó (con algún éxito) exorcizar esa marca de nacimiento. Los analistas no podían estar más equivocados.

El Tribunal Electoral ni siquiera ha terminado de certificar las elecciones, pero ya está claro que esta elección ha constituido un verdadero terremoto para la política nacional. En la Convención Constitucional se dio un colapso de la votación de derecha, articulada en el bloque Chile Vamos, que la llevó a cerca de 20% de los votos (en 2017 el actual presidente de derecha, Sebastián Piñera, había ganado la segunda vuelta de la elección con 54%) y un desplome en la votación de la lista de centroizquierda tradicional (la lista del Apruebo), que incluye al Partido Socialista, la Democracia Cristiana y otras fuerzas de centroizquierda. 

Quizás el ejemplo más notorio de esta crisis fue el de la Democracia Cristiana, que solo logró elegir a un militante de sus filas para la Convención Constitucional (el presidente del partido). La principal sorpresa la dieron cientos de candidatos independientes que resultaron elegidos. De los 155 miembros de la Convención, 103 no tienen militancia política. A diferencia de los dos bloques tradicionales, el recientemente estrenado bloque de izquierda del PC con el FA logró mantener e incluso crecer en presencia, superando a la lista de centroizquierda (articulada en el bloque Apruebo) en número de constituyentes. Sin embargo, la mayor sorpresa se dio en las elecciones municipales que se hicieron en paralelo. En ella el PC, pero sobre todo el FA, lograron arrebatarle populosas e icónicas municipalidades a la derecha. Desde comunas populares hasta algunas de clase media alta, la propuesta de esta coalición logró concitar un apoyo sorprendente. En comunas que incluían icónicos puestos alcaldicios de la derecha, como el de la comuna de Santiago centro, donde se encuentra el edificio de la Moneda, y Maipú, la segunda comuna con más habitantes de la Región Metropolitana, el triunfo fue innegable. En estas comunas fueron electos Irací Hassler, de 30 años y del PC, y Tomás Vodanovic, también de 30 años y del FA, al igual que Javiera Reyes en Lo Espejo. A estos resultados, se suman triunfos en Viña del MarValdivia y otras localidades.

Varias de estas victorias son sorprendentes porque se dan justamente en el espacio municipal. Estas elecciones históricamente han estado marcadas por redes clientelares y máquinas partidarias consolidadas, que han hecho difícil el arribo de terceras fuerzas. Además, una de las cosas más llamativas de las victorias del pacto de izquierda es su transversalidad en términos socioeconómicos. Desde comunas populares dominadas por clases trabajadoras, como Lo Espejo, hasta de clase media alta como Ñuñoa, donde ganó la Alcaldía Emilia Ríos (32 años, del FA), se recorre prácticamente todo el escalafón social de la ciudad capitalina, y ambas han quedado en manos de alcaldes de la nueva coalición de izquierda. Incluso en la comuna de Las Condes, icónica residencia de las clases altas del país y reducto de votos de la derecha, una candidata del FA, Isidora Alcalde, logró ser electa al concejo municipal.

Las razones de este arribo masivo a las municipales son diversas. Sin duda, una parte central recae en la crisis política desencadenada desde el estallido social de 2019, que se ha materializado en una demanda de renovación de la política, junto con una desconfianza profunda frente a la política tradicional. Pero también parece haber algo en la oferta política de la coalición de izquierda que la hizo particularmente atractiva en este escenario.

El primer elemento que tienen en común los candidatos municipales exitosos es el trabajo territorial y una trayectoria vinculada a las comunas por las que compitieron. Activistas locales, concejales, encargados territoriales de las diputaciones: esas son las experiencias que marcan los años previos de todos ellos. Mientras los medios y el debate público habían estado marcados por las trifulcas, quiebres y renuncias de las vocerías nacionales en el Parlamento, estos jóvenes estuvieron «haciendo la pega», trabajando con las juntas de vecinos, organizaciones de pobladores, medios locales y distintas expresiones sociales organizadas en estas comunas. Además, son todas candidaturas que tuvieron un especial cuidado en generar programas participativos en las comunidades que los habían visto trabajar durante los años anteriores. Esto explica en gran medida que hayan podido contrarrestar el sentido clientelista de las elecciones municipales, dominado por los grandes partidos, que solía funcionar como cortafuegos. 

Otro elemento que marca a los nuevos líderes comunales es su juventud. En general, tienen, como mencionamos, en torno de 30 años. Políticamente, es la primera vez que varios de ellos asumen un rol de dirigencia institucional, aunque muchos tuvieron experiencias en el movimiento estudiantil. En este sentido, ha sido clave la experiencia de la movilización estudiantil de 2011. Aquello es relativamente obvio en el caso del FA, pero se repite en el PC. Las dos nuevas alcaldesas del PC en la Región Metropolitana (Lo Espejo y Santiago Centro) fueron dirigentes estudiantiles de la Universidad de Chile. En este sentido, las actuales elecciones reflejan en el nivel municipal un fenómeno ya observado en el Parlamento. Se trata del arribo de una nueva generación de dirigencias, ya sea en el FA o en el PC (el caso más conocido es el de Camila Vallejo, también ex-dirigente estudiantil de la Universidad de Chile).

Junto con la juventud, es notoria la presencia de liderazgos femeninos y feministas. Varias de las recientemente electas alcaldesas tuvieron roles protagónicos en la marea feminista que surgió en Chile en 2018 y ha logrado penetrar profundamente en el debate público (la Convención Constitucional fue electa con estrictas normas de paridad, que aseguraron igual participación de varones y mujeres). De este modo, no es de extrañar que, por ejemplo, el lema de campaña de la candidata a alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos, estuviera centrado en «traer el feminismo al municipio».

Finalmente, un aspecto llamativo de varias de estas candidaturas exitosas es que se trata de jóvenes profesionales, varios graduados en las mejores universidades del país. Por un lado, estas candidaturas encarnan el surgimiento de la nueva clase media chilena, marcada por el acceso masivo a la universidad. Por otro lado, también les han permitido a las candidaturas de izquierda, tradicionalmente atacadas en los espacios locales por su supuestamente escas capacidad de gestión, mostrarse como una alternativa de excelencia administrativa, ante casos de ineficiencia, inoperancia o franca corrupción de los gobiernos comunales.

¿Por qué votaron quienes votaron por la coalición del FA y el PC? Específicamente, una de las preguntas que ha surgido luego del resultado electoral es cuál es esa identidad del FA que, contra los pronósticos, estuvo lejos de ser absorbida en la reciente coalición con el PC. Al parecer, los electores sí percibieron una identidad propia del FA, que en lugar de diluirse en la identidad comunista, se vio como complementaria. Es una identidad claramente diferente de la de 2017, que era políticamente más difusa y definida en oposición a los bloques tradicionales. En este sentido, el «nuevo» FA tiene menos amplitud política, pero más profundidad social. Además, la firma del acuerdo que dio inicio al proceso constituyente ha quedado ineludiblemente asociada a su marca. Lo que algunos veían como un pasivo ha terminado consolidando una imagen de FA más maduro.

Si el PC ha tomado el rol impugnador que antiguamente tenía el FA, este ahora se consolida en su posición crítica, de renovación desde la sociedad organizada, claramente posicionada en la izquierda, pero anclada en un sentido republicano de democracia y diálogo. Tanto es así que una de las figuras protagonistas de la firma del acuerdo político que alumbró la Convención Constitucional, el diputado y ex-dirigente estudiantil Gabriel Boric, se ha alzado como su carta presidencial para las elecciones de noviembre de este año.

Algunos de quienes daban al FA por muerto y enterrado ahora le asignan un rol crucial como articulador entre «lo nuevo» y «lo viejo» en la política nacional. Por otro lado, si bien este nuevo FA se ve más consistente ideológicamente y sus principales liderazgos parecen haber madurado al calor de las crisis y derrotas de los últimos años, todavía no es claro cómo enfrentará este nuevo ciclo político, ahora que ha consolidado su posición. Aunque ha comenzado a emerger un incipiente sentido de militancia frenteamplista, antes completamente ausente, las tendencias centrifugas y la propensión a los quiebres de las frágiles instituciones partidarias que lo componen siguen allí. 

Será un gran desafío para el conglomerado superar estas tendencias, en medio de la vorágine que ha traído el nuevo escenario político chileno. Además, por mucho que los recientes resultados reflejen una mejor posición relativa en la evaluación que hace la población de esta coalición, el FA no escapa de buena parte de las críticas y denuncias dirigidas a los partidos y al sistema político. En este sentido, una pregunta urgente es cómo afianzar e integrar las nuevas fuerzas que están naciendo desde el estallido en forma de candidaturas independientes y que han sido las grandes ganadoras de las elecciones. 

El FA y la nueva izquierda chilena todavía está muy lejos de haber logrado generar mayorías nacionales consistentes que puedan gobernar el país. En cualquier caso, parece que lo que el FA sí se ha ganado es la oportunidad de ser parte del nuevo capítulo de la política chilena. Ahora tendrá que demostrar que, más allá del trabajo territorial y la movilización electoral, es capaz de gestionar exitosamente los nuevos municipios que gobierna. Los electores han decidido darle una oportunidad para mostrarlo, pero no dudarán en abandonarlos si fallan. Además, las elecciones parlamentarias y presidenciales, que se realizarán en pocos meses, serán un importante termómetro de cuán consolidada está la apreciación del FA en la opinión popular. No hay ninguna certeza al respecto. Un conglomerado que ha demostrado convicciones firmes y acertadas puede perfectamente errar. «La duda debe seguir a la convicción como una sombra», es la cita de Albert Camus que Boric suele parafrasear como mantra. Un buen resumen del desafío que se le plantea a la renovada nueva izquierda chilena.

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Histórico avance de la izquierda en Chile para cambiar la Constitución de Pinochet

Un revés para el oficialismo en las megaelecciones

Las candidaturas independientes, en su mayoría progresistas, concentran el 34% de los votos en el primer recuento de las elecciones de convencionales constituyentes. Fernando Atria, Constanza Schonhaut y Patricio Fernández, entre otros. 

 

Las candidaturas independientes, en su mayoría de izquierda, concentran el 34% de los votos, en el primer recuento de sufragios de las elecciones Convencionales Constituyentes, marcando un hito histórico en las “megaelecciones” de este sábado y domingo en Chile. En estos comicios se definíeron los 155 ciudadanos que discutirán y redactarán la Constitución que reemplazará a la 1980, instaurada por la dictadura de Pinochet. Una Carta Magna autoritaria y que fomentó el neoliberalismo, afectando negativamente a la educación, salud pública y sistema de pensiones. También es relevante el triunfo del espacio de izquierda Frente Amplio, joven conglomerado de partidos nacido al alero del movimiento estudiantil de 2011.

Destaca, por ejemplo, el triunfo de Fernando Atria (12,58%), abogado constitucionalista que lleva décadas criticando la Carta Magna de 1980; el escritor y divulgador de la historia de Chile Jorge Baradit (4,97%) y la periodista Patricia Politzer (7,62%). Todos ellos por el distrito 10 de Santiago (abarcando comunas como Ñuñoa, Providencia y Santiago Centro). También es relevante la frenteamplista Constanza Schonhaut (Convergencia Social) (5,8%) y el periodista y fundador de The Clinic, Patricio Fernández (3,07%) por el Distrito 11. Por el distrito 14, también de Santiago, fue electo el abogado y exdiputado Renato Garin (Red Liberal), el actor y dirigente Ignacio Achurra (9,53%), Camila Musanta (Revolución Democrática) y Francisco Caamaño (8,37%) de la lista del pueblo. Por el distrito 12 una de las ganadoras fue Giovanna Grandón (5,79%), famosa por vestirse de Pikachu, el personaje de Pokemon que salía a las calles a bailar en prácticamente en todas las protestas. De todas formas también hay independientes de derecha como Teresa Marinovic (9,95%) con un discurso “antipolítico” que superó a históricos dirigentes de derecha, que de todas formas también fueron elegidos como Cristián Monckeberg de Renovación Nacional (4,59%) en el distrito 10.

Evidentemente, hay mucho que analizar. Cada distrito es un universo de candidatos con un número fijo de escaños que generan este tipo de contradicciones. De todas formas, las primeras cifras marcaban una derrota de proporciones para la derecha.Algo que también se estaba traduciendo en las otras tres elecciones —Gobernador, Alcalde y Concejal— que se vivieron este fin de semana en Santiago y que hasta el cierre de esta crónica están contabilizándose los votos.

El Frente Amplio, por ejemplo, logró dos triunfos importantes en las elecciones de gobernadores. Primero en Valparaíso con Rodrigo Mundaca obteniendo el 44,33%.. Por otro lado, el experimentado Claudio Orrego (Democracia Cristiana) pasaría a segunda vuelta junto a la frenteamplista Karina Oliva (Partido Comunes), tras obtener 23,72% y 22,58% respectivamente. En las alcaldías, los candidatos presidenciales Daniel Jadue (Partido Comunista) fue reelecto en Recoleta con 64% de votos. En Providencia, sucedió lo mismo con la derechista Evelyn Mathei (Unión Demócrata Independiente) con un 57,96% de los votos.

El futuro de Chile

Una vez contabilizado los votos, los constituyentes deberán tener lista una Constitución que será votada tentativamente en el primer semestre de 2022, en lo que se conocerá como Plebiscito de Salida.

Al mismo tiempo se efectuaron las elecciones de alcaldes, consejales y gobernadores Regionales. Esto último es un hito también ya que subtituyen a los Intendentes designados por el presidente y cuya reforma fue promulgada por el segundo gobierno de Michelle Bachelet

Más allá de problemas puntuales de organización, fue relativamente exitoso, aunque un poco lento: según cálculos del Servicio Electoral de Chile (SERVEL) el proceso tomaba en promedio cuatro minutos. Lo que si fue un problema fue el trasporte público sobre todo en las comunas con menos recursos lo que explicaría —en parte— la brecha entre Vitacura (41,3%) o Lo Barnechea (36,2%) contrastando con La Pintana (13,6%) o Cerro Navia (15,3%). Una situación que también se registró en regiones donde, aunque las distancias de traslado son menores, chocó con la garantía de la ministra de Transporte Gloria Hutt de que habría mayores frecuencias de buses (colectivos).

Todo esto en medio de una pandemia que no da tregua. Con 34.583 fallecidos y 6.230 nuevos casos según el Ministerio de Salud, los colegios y establecimientos donde se emitieron los votos contaron con alcohol gel y distanciamiento social, además del uso obligatorio de la mascarilla.

La gran oportunidad histórica

Este fue el momento donde los presidenciables aprovechan la cobertura de los medios para hacer declaraciones. Esta vez el tema fueron los insultos en directo de la candidata —y actual diputada humanista— Pamela Jiles al presidente Piñera a quien encaró, sin nombrarlo, de “conchadesumadre, asesino igual a Pinochet”. Además, aprovechó de llamar a los televidentes a que voten por su pareja, Pablo Maltés como gobernador, lo que podría ser multada por el Servel al hacer propaganda fuera de plazo.

El comunista Daniel Jadue, alcalde de Recoleta se desmarcó de Jiles, en un punto de prensa. “Tengo una opinión distinta de cómo se conduce el debate político. No es que sea blando con este gobierno. Todos me conocen: le he puesto una querella por el mal manejo de la pandemia, por cuasi delito de homicidio, es una dureza bastante importante. Pero me parece que lo cortés no quita lo valiente. El debate político tiene que darse en un marco de debate político y en las palabras que vi no vi ningún debate político ni una sola idea política y eso me llama la atención”.

Además, señaló que la diputada no es de izquierda ni de derecha y que mientras ella no defina “en que lado de la historia está”, sería difícil competir con ella ante unas eventuales primarias. “No conozco su proyecto y no sé dónde está ubicada. Tiene una contradicción un poco vital, porque es la primera humanista que es partidaria de la pena de muerte. Yo soy humanista y no soy partidario de la pena de muerte, entonces habría que conocer cuáles son sus propuestas”.

Por otro lado, Paula Narváez (PS), considerada una heredera de la expresidenta Michelle Bachelet (trabajaba con ella hasta hace unos meses en la ONU), reflexionó sobre el bajo apoyo a los candidatos de la oposición y al mismo tiempo la necesidad de definir nombres de consenso para competir contra la derecha. “Me parece que la manera de definir el candidato o candidata de la oposición tiene que ser a través de una primaria legal, esa es la manera de honrar nuestra democracia, hacer ese ejercicio, es importante hacerlo. Tenemos enemos que ser consistentes o sino la ciudadanía consideraría que todo esto es improvisable, cambiable y discrecional y creo que eso atenta contra las normas de la democracia”.

Sebastián Sichel, ex ministro de Desarrollo Social del gobierno de Piñera, que también está en campaña aunque asegura ser “independiente” y que acaba de sacar un libro titulado llamativamente “Sin privilegios”, ya que insiste en haber surgido desde “abajo” señaló que “No me pone contento una democracia en que solo vote la elite y no participen todos los chilenos”, además de sumarse a las críticas por la performance de Jiles: “Ayer vimos a una candidata que no solo ofendió, dijo garabatos y llamó a votar por su pareja, sino que además no cree en la democracia".

Unas elecciones en pandemia

Si bien este proceso ha estado dominado por la situación sanitaria y el confinamiento —recién esta semana Santiago y las principales ciudades del país pasaron a “Fase 2” que permite trasladarse sin necesidad de sacar un salvoconducto— también ha habido problemas de información. Temas como los escaños para pueblos originarios o las mismas propuestas de los candidatos con menos recursos, fueron invisibilidados por candidatos que podían pagar espacios en las radios, repartir volantes o invadir las calles con las “palomas”, como se llaman en Chile a los afiches gigantes con rostros sonrientes de los candidatos. La gran batalla se ha dado en las redes sociales donde al fin podrá comprobarse si lo que se discute en Twitter o difunde en Instagram tiene los mismos “likes” en los votos reales.

Pero también —y esto es quizá lo más importante del proceso— se podrá tener un mapa de los mundos que representan los 155 elegidos para redactar la Constitución, donde han postulado desde abogados constitucionalistas hasta escritores best seller, pasando por figuras de la TV o políticos experimentados.

Por Juan Carlos Ramírez Figueroa

17 de mayo de 2021

Desde Santiago

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Cae la reforma tributaria: Colombia ¡Triunfo popular!

 

La noticia se veía llegar. En el curso de la última semana de abril desde la Casa de Gobierno se anunció, en una declaración del 27 de abril, con clara pretensión de contener el llamado a la protesta ciudadana, que se retiraban del articulado de reforma tributaria los componentes relativos al IVA del 19 por ciento para los servicios públicos, a los funerales y a las pensiones.Tres días después, una nueva concesión: no aplicar el IVA a productos y servicios, no tocar la canasta básica familiar, no aplicar el IVA a los servicios públicos.

 

Decisiones tomadas a la luz de un alzamiento social que a pesar de la violenta represión desatada en contra de una sociedad indignada y desarmada copaba calles y plazas de docenas de ciudades del país.

Sin embargo las concesiones parciales no bastaron para desestimular la protesta, la que seguía por todas las coordenadas nacionales con una consigna básica: retirar todo el texto de reforma tributaria de su trámite parlamentario.

Y aunque parecía que no cederían, seguramente tras álgidas contradicciones en la Casa de Gobierno -que implica, si tiene algún grado de vergüenza, la renuncia del jefe de la cartera de Hacienda-, la orden llegó el 30 de abril, cuando Duque declaró:

“Le he dado una instrucción muy clara al equipo del Ministerio de Hacienda para que dentro del trámite legislativo construya un nuevo texto con el Congreso, que recoja el consenso y que permita también nutrirse de propuestas valiosas que han presentado los partidos, que han presentado las organizaciones de la sociedad civil, que ha presentado el sector privado”.

Mientras esto ocurría las balas de la “fuerza pública” impactaban decenas de personas, en especial en Cali, pero también en otras ciudades, dejando un saldo de asesinados aún por precisar pero que hasta el día 1 de Mayo sumaban más de 10 personas, y decenas de heridos. Los detenidos, quienes sufrieron garroteras sobre sus cuerpos, las mujeres violentadas en su intimidad, las y los jóvenes que perdieron por lo menos uno de sus ojos, quienes padecieron el allanamiento de sus hogares, en fin, todas aquellas personas víctimas del autoritarismo vigente en Colombia, sumaban centenares. Una realidad desconocida por el establecimiento que en sus declaraciones sobre el desarrollo de la protesta nacional solo informaba de policías heridos por los manifestantes.

A pesar de esa realidad, a pesar de la ola de terror, la ira popular seguía en aumento, encabezada por un mar de juventud, una generación de relevo que desconfía profundamente de una institucionalidad creadora y soporte del paramilitarismo. Una Colombia otra es su sueño y aquí tienen su primer triunfo, que no es menor.

Para ellas y ellos, esas nuevas juventudes que se tomaron calles, avenidas y plazas, arriesgando su salud y vida ante el posible contagio por covid-19, la realidad es clara: “Si el pueblo marcha en pandemia es porque el gobierno es más peligroso que el virus”.

Ahora se abren las compuertas, según el gobernante, para negociar con toda la sociedad un nuevo cuerpo de reforma tributaria, y desde este lado de la sociedad, desde los/as negados/as y oprimidos/as, un aspecto fundamental tiene que alimentar esa discusión: ¡Que la crisis la paguen los ricos!

 

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Una semana laboral de 4 días, la nueva apuesta de España

¿Fin de semana de tres días para siempre?

Varios comercios de España comenzaron a aplicar una semana laboral de 4 días, mientras todavía se debate si este año comenzará a regir esta medida a nivel nacional. En caso de implementarse el recorte de un día de trabajo, España se convertirá en el primer país europeo en tomar esta iniciativa.

Tras el rígido confinamiento aplicado el año pasado en España, los propietarios de una pequeña cadena de restaurantes en Madrid le ofrecieron recientemente a la moza Danae De Vries recortar un día a su semana laboral manteniendo el mismo sueldo.

“Es una maravilla, porque me da tiempo a trabajar, a ver familia, amigos, tener tiempo para estudiar”, señala De Vries, de 28 años, que estudia para ser instructora de teatro. “Es maravilloso tener tiempo, no ir con prisas, poder tener esa paz interior”, agrega.

Su jefa, María Álvarez, se vio obligada a realizar distintos cambios en sus dos restaurantes, lo que incluyó proponer una semana laboral rotatoria de cuatro días. Álvarez es madre de dos bebés y con su socio lucharon para mantener el negocio sin recibir ayuda alguna respecto del cuidado infantil.

“Se llegó a sentir que la sociedad había dado la espalda a las familias, que habíamos sido traicionados. Como dueños de un negocio, teníamos que hallar soluciones para nuestros negocios, nuestros empleados y también para nuestras vidas personales”, explica Álvarez.

La idea de llevar la semana laboral de cuatro días a nivel nacional todavía se está debatiendo en España. Uno de los proyectos pertenece al partido progresista Más País y consiste en un plan piloto de tres años que hará uso de 59 millones de dólares del fondo de recuperación de la Unión Europea por el coronavirus para compensar a cerca de 200 medianas empresas con el objetivo de que realicen ajustes en su fuerza laboral y reorganicen los procesos de trabajo a fin de adaptarse a una semana laboral de 32 horas.

Estos fondos serán destinados al subsidio de todos los costos extras de los empleadores durante el primer año de prueba y posteriormente reducirán la ayuda del gobierno a un 50% y 25% cada año consecutivo.

Héctor Tejero, legislador perteneciente a Más País en la asamblea regional de Madrid, precisa que la única condición es que el reajuste lleve a una reducción neta real de las horas de trabajo mientras se mantienen los salarios determinados en los contratos de tiempo completo.

“La idea no es que los fondos europeos paguen, que los españoles trabajen menos. La idea es que los fondos europeos sirvan para aprobar medidas que pueden aumentar la competitividad y la productividad de las empresas, que es lo que pretenden”, resaltó Tejero.

Los argumentos a favor de la medida plantean beneficios para la economía en general, ya que un fin de semana de tres días podría generar un mayor consumo, especialmente en entretenimiento y turismo, pilares de la economía española.

Según un estudio publicado este año por la revista Cambridge Journal of Economics, la reducción de las horas de trabajo de 40 a 35 por semana en 2017 habría tenido como resultado un crecimiento del PBI del 1,5% y 560.000 nuevos empleos. A su vez, los salarios también habrían aumentado a nivel nacional un 3,7%, lo que especialmente benefició a las mujeres, quienes más buscan trabajos de tiempo parcial.

Software Delsol, situada al sur de España, invirtió 400.000 euros el año pasado en la reducción de las horas de trabajo para sus 190 empleados y reportó que desde entonces tuvo una reducción de 28% en el absentismo, ya que la gente opta por ir al banco o a consultas médicas en sus días libres entre semana. Además, sus ventas aumentaron el año pasado un 20% y ninguno de sus empleados renunció desde que fue adoptado el nuevo plan laboral.

Sin embargo, los sectores críticos de la iniciativa manifiestan que una economía afectada por la pandemia no es el mejor escenario para este tipo de experimentos. Con una contracción de 10.8% en el PBI el año pasado, la peor desde la Guerra Civil de la década de 1930, España sufrió cierres intermitentes y la paralización casi total de viajes internacionales.

Algunos expertos plantean que la prioridad debería ser resolver el mercado laboral disfuncional del país, que arrastra una de las tasas de desempleo más altas de Europa y se vio afectado por empleos precarios y de salarios bajos.

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Al comienzo de cada año se suelen hacer balances y proponer alternativas. El gobierno tiene sus prioridades, y ha dicho que es urgente una reforma laboral y pensional. Sin ellas, dice, no se podrá recuperar el empleo, y se agudizará la crisis fiscal.

Este diagnóstico no es correcto. Los problemas centrales de la economía no se resuelvan con la reforma laboral y pensional. Allí no está la raíz de los males actuales. Las reformas sustantivas deben estar inspiradas en los siguientes tres principios: i) Estímulo a la demanda. ii) Tributación progresiva. iii) Ordenamiento territorial y economía verde.

Las reformas laboral y pensional no son urgentes. Y, aún más, si se avanza en las tres dimensiones mencionadas, no son necesarias.

Es importante replantar el foco de la discusión, buscando que se examinen los aspectos estructurales.


Estímulo a la demanda

 

La reforma laboral que impulsan los empresarios y el gobierno tiene, entre sus motivaciones, el “elevado” costo de la mano de obra. En su opinión, el salario mínimo que se paga en Colombia es muy alto.

Esta apreciación tiene tres sesgos. Primero, centra todo el énfasis en el lado de la oferta, desconociendo la relevancia de la demanda. Segundo, deja por fuera del análisis costos significativos, como los financieros. Y, tercero, olvida que en el panorama internacional el salario mínimo de Colombia es muy bajo.

El éxito de las empresas radica en la fortaleza de la demanda. Si el consumo de las familias aumenta, mejora las ganancias. La rentabilidad de la firma no depende de una depresión del salario, sino de los estímulos a la demanda. Los industriales colombianos minimizan la importancia de este factor y, de manera equivocada piensan que la recuperación de la producción depende de la depresión del salario.

En la estructura de costos de las empresas el peso de los compromisos financieros puede ser más significativo que el de la mano de obra. Para los gremios empresariales el costo salarial impide que la productividad sea mayor. Esta mirada desconoce que la alta rentabilidad de los intermediarios financieros se explica por las elevadas tasas de interés. Mientras que el Banco de la República le presta a los bancos privados al 1,75 por ciento año, éstos prestan para igual periodo de tiempo al 12-14 por ciento. Y peor aún, si el crédito es de consumo la tasa de interés sube al 22 por ciento año

En el panorama internacional, el salario mínimo de Colombia es muy bajo. Además, es insuficiente para superar el umbral de la pobreza.


En el cuadro se presenta el salario mínimo –en pesos y dólares– por mes, día y hora. En dólares, el salario mínimo mes es de 261,25, por día es 10,89 y por hora es 1,36. En Estados Unidos el salario hora oscila alrededor de 12 dólares. En Los Ángeles se acerca a 15 dólares. Por tanto, el salario mínimo día en Colombia es considerablemente inferior al salario hora en Estados Unidos. No se entienden, entonces, las afirmaciones del Ministro de Hacienda que considera que el salario mínimo en el país es excesivamente alto.

Y con respecto a la línea de pobreza el salario mínimo también es bajo. Las dos últimas columnas del cuadro presentan los umbrales de pobreza para una familia de 4 miembros. Se hace la diferencia entre la línea de pobreza (LP) y la línea de indigencia (LI), o pobreza extrema. El valor de la LI es el de la canasta de alimentos mínima. Si en la familia trabaja una sola persona, el salario mínimo (908.256 pesos) alcanza para comprar los alimentos básicos (558.245 pesos), pero no es suficiente para superar la línea de pobreza (1.331.798 pesos). Para que el hogar pueda superar la barrera de la pobreza necesitaría un ingreso mensual adicional de 423.542 pesos.

 

Tributación progresiva

 

Se requiere una reforma tributaria que cumpla dos objetivos: mejorar el recaudo y reducir la desigualdad. En lugar de insistir en una reforma laboral y pensional, el gobierno debería darle prioridad a la reforma tributaria.

Es lógico esperar que las reformas tributarias mejoren en el recaudo, pero no sucedió así con la última reforma, que aumentó las exenciones y no incrementó los ingresos. Durante estos meses de pandemia emanó con claridad la vulnerabilidad de la estructura fiscal del país. La escasez de recursos ha sido notoria. Las transferencias a las familias son modestas, y las limitaciones del aparato estatal se observan en sectores tan importantes como el de la salud. El primer objetivo de una nueva reforma tributaria tendría que ser el incremento del recaudo.

Y el segundo propósito de la misma debe ser mejorar la equidad. Cuando la distribución del ingreso y de la riqueza es tan desigual, como sucede en Colombia, el sistema tributario es el mejor instrumento para reducir la concentración. El Estado del Bienestar en Europa se construyó sobre la base de impuestos progresivos. Las tarifas del impuesto a la renta suben a medida que el ingreso es mayor. En los años 70, en los países desarrollados, la tarifa en el último rango de ingresos llegó a ser del 90 por ciento. Estos porcentajes tan altos tenían el propósito explícito de evitar la concentración de la riqueza. A partir de los años 80, inclusive en Europa, estos propósitos distributivos se fueron debilitando.

A pesar del discurso a favor de la equidad, en Colombia no se avanza. Y al contrario, en las últimas estadísticas del Dane se observa un aumento de la desigualdad.

Mientras que los impuestos continúen siendo tan bajos, no habrá recursos para financiar proyectos como el de renta básica, que buscan garantizar los ingresos necesarios para que las personas superen el umbral de pobreza.

 

Ordenamiento territorial y economía verde

 

Es urgente que Colombia adelante un adecuado ordenamiento territorial. Y el paso inmediato es la consolidación del catastro multipropósito. Esta dinámica se inscribe en una estrategia de largo plazo, que es la economía verde.

La dependencia de los hidrocarburos y de la minería, y el pésimo manejo hecho por el país de los excedentes, obliga a repensar el modelo de desarrollo. La producción sostenible exige modificar de manera radical la matriz energética.

La minería ilegal y el narcotráfico son dimensiones centrales del ordenamiento del territorio. En el caso de la coca es inútil continuar con la política prohibicionista. El país está en mora de avanzar en procesos de legalización y regularización de la producción de coca y marihuana. Mientras estos cultivos permanezcan en la ilegalidad, siempre habrá grupos armados protegiéndolos.

El asunto de la tierra es el principal problema político de la sociedad colombiana. Allí habría que buscar la raíz del asesinato de los líderes sociales. Y, además, es un obstáculo a la modernización de la agricultura. La causalidad propuesta por el Ministro de Defensa es inaceptable. Su solución al asesinato de líderes sociales sigue una lógica lineal que debería causar indignación: la fumigación lleva a la eliminación de los cultivos y al cese de los asesinatos de líderes sociales. Esta secuencia analítica, que es de un simplismo aterrador, niega las causas estructurales del conflicto social.

 Salario mínimo (pesos y dólares)
Valor en pesos de la línea de pobreza y de indigencia, para un hogar de 4 personas 2020 
Salario mínimo   
Pesos Dólares LP-Fan LI-Fam
Mes 908.256261,25558.245
Día37.85510,8918.608
Hora4.7311,36 

 

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Publicado enEdición Nº275
Imagen de una de las movilizaciones de noviembre de 2019 que obligaron al gobierno chileno a abrir el camino a una nueva Constitución.Foto Afp

Los candidatos independientes, en desesperada carrera contra el tiempo para reunir miles de firmas

 

Santiago. A unos días de que concluya en Chile el plazo (11 de enero) para inscribir candidaturas a las elecciones de delegados constituyentes, gobernadores, concejales municipales y alcaldes, a realizarse simultáneamente el 11 de abril de 2021, la oposición de centroizquierda carece de aptitud para unir fuerzas y aspirar a derrotar a la derecha –que sí irá unida al próximo ciclo electoral–, arriesgando especialmente quedar lejos de la mayoría de dos tercios necesaria para aprobar un texto constitucional que termine con el neoliberalismo en el país.

La dispersión de la centroizquierda parece concretarse en cuatro listas electorales y podrían llegar hasta seis; a eso habrá que sumarle aquellas que logren armar los independientes: la sociedad civil organizada, gestora y protagonista del alzamiento social del 18 de octubre de 2019, cuya movilización con millones en las calles durante semanas obligó a la élite política a ceder, abriendo el tránsito a terminar con la Constitución del dictador Augusto Pinochet.

Los independientes, que desprecian a los partidos políticos (marcan 2 por ciento de aprobación) y ven en éstos una expresión del abuso, privilegios y corrupción institucionalizada, están empeñados en levantar sus propias candidaturas, en una desesperante carrera contra el tiempo porque deben reunir hasta aquella fecha fatal entre centenares y miles de firmas, dependiendo si son candidaturas unipersonales o van en listas, en cada uno de los 28 distritos electorales del país, según el tamaño de cada uno.

Los partidos se tardaron todo lo que pudieron en aprobar la reducción parcial de los requisitos de entrada a los independientes y lo hicieron hace tres semanas; y si bien bajaron a la mitad las firmas a conseguir, impidieron que las listas de la sociedad civil pudieran hacer pactos electorales entre ellas, algo que las potenciaba enormemente. Han recurrido entonces a ofrecer cupos en sus listas a representantes del mundo civil, con la esperanza de arrastrar votos y así lograr un "lavado de cara".

Pero hay decenas de nombres que se han apuntado para ir por cuenta propia o en listas desconocidas, la gran mayoría personas de centroizquierda, que si logran concretar sus candidaturas van a dispersar aún más la votación progresista que, pese a ser mayoría electoral, quedaría subrepresentadas en el total de delegados a la Convención Constitucional.

"La experiencia más inmediata del efecto de dispersión de varias listas versus la competencia unitaria de un pacto minoritario, fue la elección de diputados en 2017, en que Chile Vamos (la coalición derechista del presidente Sebastián Piñera) obtuvo 38 por ciento de los votos pero se quedó con 46 por ciento de la representación parlamentaria. Si esto se replica en mayor magnitud, entonces esta minoría podría quedar aún más sobrerrepresentada en 2021, porque en los sistemas proporcionales el pacto que compite en única lista suele beneficiarse en representación y obtiene más escaños a raíz de la división que se produce al frente, en este caso la centro izquierda", dice Mauricio Morales, académico de la Universidad de Talca.

En las últimas horas proliferan los llamados desesperados a la unidad e incluso los presidentes de los partidos Socialista, Radical y por la Democracia suscribieron una carta llamando a la unidad, ejercicio para el ridículo cuando durante semanas ellos rechazaron de manera implícita y explícita la posibilidad de ir en alianza con el Partido Comunista (PC) –que junto a las nóveles y erráticas fuerzas del Frente Amplio (FA) conforman la lista Chile Digno–, priorizando su pacto con la Democracia Cristiana (DC), furiosamente anticomunista.

Pero "a confesión de parte relevo de pruebas": en una entrevista publicada el domingo en el diario La Tercera, el presidente de la DC, Fuad Chahin, reconoció que "había una conciencia compartida de que la unidad era un camino imposible, pero nadie se atrevía a decirlo; 18 partidos más los independientes, es imposible que entremos en una única lista", sentenció.

Mauricio Morales cierra cualquier oportunidad a la unidad de la centroizquierda. "A estas alturas casi no existe opción de una lista única de oposición. Para que eso ocurriera, tendría que contar con el concurso de Humanistas y Ecologistas Verdes, además del FA y del PC. Por tanto, el camino a esa lista única está prácticamente cerrado. Lo que están haciendo los presidentes de partido que insisten en la unidad son manotazos de ahogado. Si hubiese existido voluntad, esto se habría resuelto con mayor antelación. Es mucho más honesto reconocer que no se competirá en una sola lista, a seguir insistiendo en algo sobre lo que no existe consenso ni voluntad política".

Lucía Dammert, politóloga de la Universidad de Santiago, dice que hay razones estratégicas, ideológicas y electorales que explican la ausencia de unidad. "Existe un mundo de centroizquierda y otro que se autodenomina de izquierda y que buscan diferenciarse. Eso puede traer en algunos casos beneficios electorales pero también otros de largo plazo para remarcar diferencias y probablemente hay negociaciones que impiden una mirada más estratégica de la unidad".

Además de considerar evidente que hay "una resistencia por parte de la generación que administró los partidos de centroizquierda por muchos años, que se resiste a cambiar", también hace notar que "lo único claro en toda la oposición es que no hay, salvo el alcalde Daniel Jadue, del PC, una figura electoral que los aglutine".

En cuanto al destino de los independientes, cree que "individualmente pueden jalar una gran votación, pero es más auspicioso para aquellos que tratarán de ir en cupos de los partidos, que tienen máquinas aceitadas; hay independientes que han sido cabezas de movimientos sociales o de organizaciones de la sociedad civil que pueden tener un impacto mayor, pero no es claro hoy cómo van a jugarse".

Dammert cree probable un escenario en que la gente concurra en masa a votar independiente como castigo a los partidos y así las listas de independientes recibir un apoyo inusitado, lo cual dependería del contexto al final de la campaña

Por Aldo Anfossi

Especial para La Jornada

Publicado enInternacional
España plantea una suba de impuestos a los ricos 

Los primeros presupuestos del PSOE y Unidas Podemos

Los dos partidos que forman el gobierno llegan a un acuerdo que supondrá un aumento en la presión fiscal sobre las grandes fortunas. “La política es elegir qué intereses se defienden”, advierte Pablo Iglesias

 

Pedro Sánchez lleva al frente del gobierno de España desde en junio de 2018, cuando logró desbancar a Mariano Rajoy gracias a una moción de censura. Desde entonces ha ganado dos elecciones generales y ha recabado los apoyos para ser investido presidente, pero todavía no ha conseguido el apoyo necesario para aprobar unos presupuestos generales, las cuentas que con rango de ley amparan toda la acción de gobierno. Por ese motivo, el gobierno formado por el PSOE y Unidas Podemos lleva gobernando desde su conformación con los presupuestos aprobados en 2018 cuando todavía gobernaba Mariano Rajoy.

Esta situación anómala está a punto de terminarLas dos formaciones que conforman el gobierno de coalición anunciaron este martes un acuerdo para presentar al Congreso unos nuevos presupuestos. La mitad del trabajo está hecho, pero resta lo más difícil, conseguir los apoyos parlamentarios para que salgan adelante.

El acuerdo fue presentado como un gran éxito por los secretarios generales de ambos partidos, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, en una comparecencia conjunta en la que se ha dado por finiquitada la era de la austeridad en España. “Tras el durísimo golpe de la pandemia, podríamos replegarnos en la austeridad y los recortes o ponernos en pie y seguir adelante con energía", afirmó Sánchez. Iglesias fue más directo y optimista: “Inauguramos una nueva época, que deja atrás la etapa neoliberal y de recortes hacia una senda de recuperación de derechos sociales y laborales”.

Más que una declaración de intenciones, el proyecto supone todo un programa político: aumento de impuestos a las rentas más altas, gran inyección a la inversión pública, especialmente en sanidad, e impulso al Ingreso Mínimo Vital.

El PSOE y Podemos llevan semanas negociando el acuerdo, que sólo se ha alcanzado cuando los socialistas dieron su brazo a torcer y accedieron a una de las principales reivindicaciones del partido de Pablo Iglesias: el establecimiento de un control que ponga freno a los abusos en el precio de los alquileres que está expulsando a los extrarradios de las grandes ciudades a las familias con menos recursos. Podemos también reclamaba que se arbitraran medidas para facilitar el acceso al Ingreso Mínimo Vital, lo que también ha conseguido.

En la presentación del acuerdo, Sánchez reivindicó el carácter progresista del proyecto de presupuestos, excepcionales porque deben dar respuesta a la crisis social y económica provocada por la pandemia, y que supondrán la mayor inversión en protección social de la historia de España.

Para ello cuenta con dos factores también excepcionales: los 27.000 millones de euros extra que se espera recibir de la Unión Europea en una primera etapa (España cuenta con percibir en total en los próximos años 140.000 millones de fondos europeos movilizados para hacer frente a la pandemia) y una reforma fiscal que se traducirá en un aumento de impuestos a las rentas más altas. Se subirá el Impuesto de Sociedades para grandes empresas; se incrementará en un punto el Impuesto de Patrimonio a grandes fortunas (superiores a los 10 millones de euros); habrá una subida en el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas de tres puntos a las rentas del capital de más de 200.000 euros al año y de dos puntos a los sueldos que superan los 300.000 euros anuales. Esta medida, que afecta a menos del 0,1 por ciento de los contribuyentes, ya ha sido criticada por las fuerzas de la derecha.

También se reducirán las desgravaciones que se aplican a los planes de jubilaciones privadas y se establecerá una tributación mínima del 15% para las denominadas SOCIMIS, sociedades de inversión inmobiliaria con un capital mínimo de cinco millones de euros.

A ello se sumarán nuevos impuestos, como los que se aplicará a los envases de plástico, un aumento del 10 al 21 por ciento a las bebidas azucaradas, y la puesta en marcha de las tasas ‘Google’ (impuesto a las grandes multinacionales tecnológicas) y ‘Tobin’ (impuesto a las transacciones financieras).

Todas estas medidas, unidas a una nueva ley de lucha contra el fraude fiscal, supondrán, según los cálculos del gobierno, un incremento en los ingresos del Estado de 33.447 millones de euros en 2021, cuando se espera alcanzar un récord de recaudación de 494.490 millones de euros. Ello permitirá, según Sánchez, sentar las bases para reconstruir todo lo que ha derrumbado la crisis sanitaria, económica y social provocada por la COVID-19, y también modernizar el sistema productivo español, muy asentado en el sector servicios, especialmente el turismo, al que el vendaval de la pandemia ha arrasado.

El presidente se refirió en especial al estado del bienestar y al sistema nacional de salud, que la crisis sanitaria ha demostrado “que tiene que ser más robusto”.

En relación con el establecimiento de una regulación para el mercado del alquiler, Iglesias subrayó que la política consiste en elegir qué intereses se defienden. "Este Gobierno toma partido en favor de quienes viven de sus salario y dependen del mismo para alquilar una vivienda”, subrayó.

El acuerdo sobre los alquileres no forma parte de la ley de presupuestos, pero el vicepresidente aseguró que antes de cuatro meses se aprobará una ley que permita la limitación y bajada del precio del alquiler en contratos nuevos y existentes. Esta norma, dijo, ”contribuirá a hacer efectivo el derecho a la vivienda que recoge la Constitución”.

El acuerdo alcanzado por Sánchez e Iglesias es insuficiente. Ahora los dos partidos que conforman el gobierno tienen por delante la difícil tarea de recabar los apoyos necesarios para que los presupuestos salgan adelante en el Congreso. Para ello necesitarán convencer no sólo a las pequeñas formaciones situadas a su izquierda -como Más País, de Iñigo Errejón, o los nacionalistas valencianos o gallegos- sino también a fuerzas independentistas catalanas y vascas y al influyente Partido Nacionalista Vasco.

Por Héctor Barbotta

Desde España

Publicado enEconomía
Chile votó por enterrar la Constitución de Pinochet

La opción "Apruebo" arrasó en el histórico plebiscito

La ciudadanía chilena decidió poner fin a la Carta Magna de 1980, elaborada por la dictadura. El estallido social del año pasado fue decisivo para este proceso constitucional.  

 

Aunque todos los sondeos vaticinaron el triunfo de la opción “Apruebo”, ninguno previó una cifra tan espectacular: 78,20 por ciento frente al 21,80, con el 86 por ciento de las mesas computadas, con lo que se abre el tan ansiado proceso de cambiar la Constitución de 1980 elaborada por la dictadura de Pinochet y que aún rige a Chile, con modificaciones que apuntan más a quitar lo “militar” pero manteniendo un modelo económico que beneficia a las empresas en contra de la ciudadanía. También arrasó la opción Convención Constitucional (79,10 por ciento) frente a la Mixta (20,90), la que obligará a conformar un equipo para redactarla, de 155 miembros elegidos por voto popular y con paridad de género frente la segunda opción que buscaba incluir un 50 por ciento de parlamentarios en ejercicio.

Desde las 20:00 de este domingo sectores como Plaza Baquedano/Italia —rebautizada como “Plaza de la Dignidad”— comenzaron a llenarse de personas, incluidas familias donde destacaban cánticos como “El pueblo unido jamás será vencido” y la bandera mapuche, símbolo del movimiento social que generó todo este movimiento, mientras las Fuerzas Especiales se mantuvieron a distancia en una celebración totalmente pacífica.

Quizá por primera vez desde la pandemia, se podía percibir cierta alegría en las personas. El sol primaveral, la sensación de estar haciendo historia en las nuevas generaciones y cierto recuerdo del plebiscito de 1988 donde el “No” derrotó a Pinochet generó un ambiente sin mayores perturbaciones. En los colegios de Santiago Centro donde se votaba, se veía mucho joven y adulto mayor y hasta los policías y militares que controlaban estos locales de votación saludaban a las personas, en una postal francamente sorprendente.

Piñera: “Ha triunfado la democracia"

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, acompañado de sus ministros dio un discurso por TV a las 21:20 (misma hora que en Argentina). “Hoy los chilenos y chilenas han expresado libremente su voluntad a través de las urnas, eligiendo una Convención Constituyente, que por primera vez tendrá plena igualdad entre hombres y mujeres, para acordar una Nueva Constitución para Chile”.

Mientras miles de personas llegaban a la zona de Plaza Baquedano/Italia/Dignidad y en el centro de Santiago se escuchaban aplausos, bocinazos y gritos, tal como si fuera la final de un mundial, Piñera continuó: “Hoy la voz de todos los ciudadanos se ha escuchado con la misma fuerza y cada voto ha tenido el mismo valor. Ha prevalecido la unidad sobre la división y la paz sobre la violencia. Es un triunfo de todos los chilenos (…) El comienzo de un camino, que juntos, todos, deberemos recorrer. Hasta ahora la Constitución nos ha dividido. A partir de hoy, todos debemos colaborar para que la Nueva Constitución sea el gran marco de unidad y se constituya en la casa de todos”.

Y finalizó: “Hoy es tiempo de sanar las heridas del pasado, unir voluntades y levantar con generosidad la vista hacia el futuro. Agradezco a todos los que contribuyeron a un plebiscito constitucional que nos enorgullece y a los millones de ciudadanos, en Chile y en el extranjero, que cumplieron con su deber cívico (…) Como siempre lo hemos hecho, una vez más nos pondremos de pie. Todos sabemos que para avanzar juntos no debemos dejar a nadie atrás”.

Parecía el final, pero es solo el principio

Este plebiscito, acordado el 15 de noviembre en una maratónica sesión en el Congreso tras semanas de paros, movilizaciones y cabildos auto convocados, se conoce como “de entrada”. Lo que viene son las elecciones de los ciudadanos que integrarán la Convención Constituyente el 11 de abril de 2021. Luego vendrá la redacción de la Constitución con un plazo de nueve meses, renovable por tres más. Finalmente habrá un plebiscito ratificatorio “de salida” durante 2022. 

El profesor del Instituto de Historia de la Universidad Católica e investigador COES (Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social), Manuel Gárate tiene muy claro lo que se viene: “Los mayores problemas y desafíos, a mi parecer, están en el exceso de expectativas sobre los cambios a venir. Nos espera un largo proceso deliberativo no exento de conflictos y tensiones. La cláusula de aprobación de dos tercios (por cada artículo de la Constitución) obligará a [email protected] constituyentes a llegar a acuerdos y a negociar largamente”.

El historiador cree que habrá un periodo importante donde la convención deberá ponerse de acuerdo sobre sus reglas de funcionamiento, y que suele ser un momento tenso, largo, pero necesario. “Entonces es importante que las autoridades democráticas, los partidos, y otras organizaciones de la sociedad civil hagan una amplia pedagogía para explicar qué se puede esperar y qué no de un proceso constituyente. La movilización y la protesta social seguramente continuarán, aunque quizás con menos fuerza que en 2019. El Poder Ejecutivo tiene una responsabilidad importante en proteger el proceso y evitar los excesos de cualquiera de los extremos y no aprovechar la situación para imponer una agenda propia o un pre-proyecto constitucional. También deberá encuadrar y regular muy bien la acción de la policía y evitar los abusos que vimos durante los últimos meses”.

El cientista político e investigador de la Universidad Diego Portales, Claudio Fuentes advierte que hay que tomar en cuenta el multipartidismo del sistema político chileno. “No hay mayoría absoluta de una sola tendencia. El gran desafío va a ser establecer mínimos constitucionales básicos para llegar a un acuerdo que, según la norma requiere dos tercios. Por lo tanto, necesitas acuerdos de distintas fuerzas políticas para un mínimo constitucional.

El segundo desafío para Fuentes es que, independiente del proceso, “hay una demanda ciudadana por participar, por ser protagonistas de esta transformación”. “Hay que ver como las élites, que estarán en la Convención Constituyente serán capaces de abrirse para incluir distintos actores y agentes sociales, mecanismos de participación no vinculantes, cabildos, etcétera. Esto requiere una convención abierta, si no será percibida como un acuerdo cupular”.

La calle fue decisiva

Hace exactamente un año, más de un millón de personas repletó las calles de Santiago pero también el resto de Chile popularizando frases como “Con todo ¿sino pa'qué?” o “No fueron 30 pesos, fueron 30 años”. Está última en relación al alza del precio del metro que generó una serie de manifestaciones lideradas por escolares que comenzaron a evadir el boleto del metro (subte) capitalino en lo que sería el comienzo del “Estallido Social” del 18 de octubre.

Esto generó una desproporcionada represión policial contra los chicos, pero también el apoyo de los adultos que terminó con bombas lacrimógenas, estaciones incendiadas y la declaración de Estado de Emergencia, dejando 31 muertos, 500 chicos mutilados en los ojos (la policía disparaba balines a la cara) junto a más de 5.558 personas denunciando violación de derechos humanos

 “La calle fue decisiva. Sin eso no hubiera pasado nada”, explica el profesor de derecho de la U. de Chile y presidente del movimiento Fuerzo Común, Fernando Atria. El proceso constituyente fue abierto por la movilización popular, eso está clarísimo. La clase política lo acepta a regañadientes, atribuyéndose un rol más importante del que tienen en realidad”.

“Los sectores políticos no están muy conscientes del rol que cumple la protesta y el movimiento social en el proceso” agrega Fuentes. “La Convención Constituyente busca abrirse a mecanismos de participación más inclusivos: paridad, escaños reservados para pueblos indígenas, participación de independientes. Pero ha costado mucho, porque es una idea que va a contrapelo de las elites, que no quieren ceder poder. Es una historia conocida en América Latina. Esta tensión requiere ser resuelta”.

Gárate recuerda que ya desde 2006 con la llamada “revolución pingüina” —término que alude popularmente al uniforme de colegios públicos— y el movimiento estudiantil de 2011, la protesta y el malestar se intensificaron fuertemente. “La protesta y el malestar siguieron por años con reventones sociales esporádicos en todo el país, pero la olla seguía juntando presión. El sistema político, en general, no fue capaz de resolver esas demandas o bien fueron bloqueadas o dilatadas por la oposición como le ocurrió al segundo gobierno de Michelle Bachelet. Entonces, la protesta social, sobre todo desde el año pasado, obligó a la clase política a mirar de frente los problemas de Chile y terminar con el discurso complaciente de los últimos 20 años, que nos hablaba de los éxitos y el desarrollo del país, mientras se acumulaba un enorme malestar y frustración por el costo de la vida y el endeudamiento endémico que promueve y alienta nuestro modelo de desarrollo”.

Y agrega: “La clase política ha sido reactiva; logró un acuerdo importante el 15 de noviembre pasado, pero "in extremis". Creo que aún no dimensiona la magnitud del malestar social y tratan de sacar ventaja en una óptica de corto plazo. Es fundamental para evitar la reversión autoritaria que la llamada clase política se abra a una participación diversa de las y los chilenos que no son militantes de partido, y comprender que el Chile de hoy es mucho más complejo que hace 30 años y exige más participación y una renovación de sus representantes. Sin la movilización ciudadana probablemente no habría pasado nada de lo que estamos viendo en estos días. Nada nos asegura un éxito en el futuro proceso, pero se abrió un camino para superar la crisis social y política desatada el 18 de octubre pasado”.

Una Constitución al servicio del pinochetismo

La Constitución de 1980 mantiene una serie de bloqueos institucionales y políticos a cuestiones que la sociedad viene pidiendo hace años, explica Gárate. Una auténtica máquina legal al servicio de la elite pinochetista que incluye quórums supra mayoritarios en el Congreso que, incluso siendo aprobado cuenta con el Tribunal Constitucional que puede bloquear cualquier intento de cambio de temas como pensión, salud, educación, vivienda o el cuidado de la niñez. “Pero seguramente la necesidad del cambio constitucional tiene también un componente simbólico-político en el sentido de ponernos de acuerdo nuevamente sobre cómo diseñaremos el pacto social para los próximos 50 años y con la posibilidad histórica de hacerlo con paridad de género. Una constitución democrática probablemente no soluciona ningún problema en particular ni rápidamente (salvo el no menos importante de su legitimidad de origen), pero abre un camino más participativo para discutir, deliberar y hacer que la clase política esté en mayor sintonía con el electorado”, dice el académico.

Aunque tuvo modificaciones, siendo la más relevante la hecha por Ricardo Lagos en 2005, los cambios señala Atria, “estaban más vinculados con la relación del poder civil y el militar, como por ejemplo, la restitución al presidente de la posibilidad de destituir a los comandantes de jefes de las FF.AA. Lo que no hizo fue cambiar la forma en que la Constitución le daba a la derecha, los herederos del proyecto político de la dictadura en relación al veto político”. Para el abogado —que desde 2009 ha estado impulsando en televisión y prensa la necesidad de cambiar la Carra Magna, “era un sistema electoral distorsionado en beneficio de la derecha, leyes orgánicas constitucionales que exigían quórums muy exagerados y Tribunal Constitucional con muchas facultades. Desde 2005 quedó claro que las reformas que se le podían hacen al texto constitucional no iban a solucionar el problema”.

Un escenario que tal como la pandemia, nadie hubiera imaginado hace un año.

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Domingo, 25 Octubre 2020 05:51

Un plebiscito en modo covid-19

Un plebiscito en modo covid-19

Piñera despliega medidas sanitarias y miles de carabineros en Chile

 

Este domingo Chile decidirá cambiar o mantener la Constitución de 1980, elaborada entre cuatro paredes por la dictadura de Pinochet y que benefició al empresariado en desmedro de los derechos ciudadanos. Tanto, que eso fue el detonante de las grandes movilizaciones iniciadas en octubre del año pasado, lo que obligó al gobierno a acordar un plebiscito.

El votante se va a encontrar con dos papeletas, la primera con la opción “Apruebo” y “Rechazo” el cambio de constitución. La segunda es sobre la forma de redactar la eventual nueva Carta Magna: “Convención Constitucional” (155 ciudadanos elegidos por la ciudadanía) versus “Convención Mixta” (86 parlamentarios y sólo 86 ciudadanos elegidos).

Según la Encuesta Data Influye, ganaría el “Apruebo” con un 69 por ciento y la “Convención Constitucional” con un 6. Se estima que esta votación será la que tendrá la mayor participación desde el plebiscito del Si y el No de 1988, donde cayó Pinochet. El voto está marcado por el coronavirus que ya causó 18.313 decesos considerados casos sospechosos, pero sin confirmar. Otro dato relevante es que Chile acaba de superar este sábado los 500 mil contagios confirmados desde que comenzó la pandemia. Es decir, uno de cada 40 habitantes.

Sin embargo, desde las recientes Fiestas Patrias del 18 de septiembre, cuando el gobierno finalmente autorizó reuniones sociales, en teoría, restringidas, la ciudadanía ha comenzado a tomarse las calles. Se ve sobre todo los fines de semana, aprovechando la primavera y el progresivo desconfinamiento de la ciudad. Y no sólo para retomar las protestas en el sector de Plaza Baquedano/Plaza Italia, sino también en los parques, malls, locales comerciales con aforo reducido o los restaurantes que han dispuestos sus mesas en las calles aunque con discutibles medidas de distancia social sumados a la falta de mascarilla para comer y conversar.

El gobierno de Sebastián Piñera ha asegurado medidas para proteger a los votantes que según estimaciones recientes llegarían a un ochenta por ciento de los 14.796.244 habilitados para votar. El ministro del interior Víctor Pérez prometió fiscalizaciones en la calle. “Al interior de los recintos electorales no se puede fiscalizar, la fiscalización es externa (…) Esperamos que las personas que tengan covid 19 se queden en sus casas, para que se cuiden ellas mismas y cuiden a los demás”.

El gobierno también anunció que va a desplegar 23 mil carabineros para resguardar la seguridad, junto al establecimiento anillos perimetrales que buscarán evitar el contacto de los votantes luego que salgan de los lugares de votación. Los locales donde se votará, principalmente colegios, serán sanitizados varias veces al día con amonio cuaternario y nanoparticulas de cobre. 

Un detalle es que además del uso obligatorio de mascarillas y la distancia social, serán los propios votantes deberán llevar lápices tipo bic de color azul en reemplazo del clásico lápiz mina de procesos anteriores. Esto debido a que otro tipo de lápices impiden la legibilidad del voto y que colores pasta como el rojo permiten que el voto se vea desde el exterior. También están prohibidas las remeras o cualquier alusión visible a las opciones en disputa. 

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Viernes, 25 Septiembre 2020 05:06

De nuevo en primavera

Manifestación contra el gobierno de Sebastián Piñera, en Santiago de Chile AFP, MARTIN BERNETTI

Chile, hacia una nueva Constitución

 

El próximo 25 de octubre el pueblo chileno abrirá un inédito proceso constituyente. Así lo indican todas las encuestas de cara al plebiscito de esa fecha. Para juristas, académicos e integrantes del movimiento social, la nueva carta magna supondrá apenas el inicio de una larga discusión sobre el proyecto de país que deberá atender las demandas sociales surgidas de la revuelta popular.

El día en que se cumplirá un año de la llamada «marcha más grande de Chile», que sólo en Santiago convocó a más de 1 millón de personas, asoma como otro hito en la historia del país. El próximo 25 de octubre –es decir, dentro de un mes– el pueblo chileno decidirá en un plebiscito si quiere una nueva Constitución política y qué tipo de órgano será el encargado de redactarla.

En la votación habrá dos papeletas con dos opciones a marcar en cada una: apruebo o rechazo (en referencia a la creación de una nueva Constitución), y convención mixta (un órgano constituyente compuesto a partes iguales con miembros del Congreso y miembros elegidos popularmente) o convención constitucional (con todos sus miembros elegidos popularmente). Todos los sondeos desde noviembre pasado adelantan un triunfo por abrumadora mayoría para la combinación apruebo-convención constitucional. La última encuesta Pulso Ciudadano, de Activa Research, de la primera quincena de setiembre, estimó que el 75,1 por ciento del total del padrón electoral se inclinará por el apruebo y que el 57 por ciento lo hará por la convención constitucional.

El proceso constituyente tendrá una naturaleza inédita en la historia chilena si vence el apruebo, ya que permitiría abrir la deliberación del nuevo texto a través de canales de participación popular. Ni la Constitución vigente de 1980, fraguada entre cuatro paredes por la dictadura de Augusto Pinochet, ni los anteriores textos constitucionales –los más duraderos fueron los de 1833 y 1925– nacieron al calor de un diálogo democrático.

«Chile recién se está poniendo al día en un cambio político que se produjo hace décadas en América Latina. Casi todos los países de la región han incorporado mecanismos de democracia directa. Pero en Chile hay una extrema rigidez institucional que mantuvo intacta la estructura heredada de la dictadura de Pinochet, hasta que el estallido social del 18 de octubre remeció el sistema político, como culminación de un ciclo de protestas que venía desde el movimiento estudiantil de 2006», indica a Brecha Claudia Heiss, jefa de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Chile.

El cronograma

La convocatoria al plebiscito de octubre quedó zanjada el 15 de noviembre de 2019 en el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, suscrito por el grueso de los partidos políticos como respuesta a las demandas de la revuelta popular. El día elegido para la votación era originalmente el 26 de abril, pero el covid-19 obligó a aplazar la fecha.

De hecho, el proceso constituyente se inscribirá en un contexto de crisis sanitaria. Por eso, el Servicio Electoral de Chile (Servel) publicó un protocolo sanitario para proteger a los electores y a los vocales de mesa. «Votar en el plebiscito no será más peligroso que ir al supermercado», afirmó el presidente del consejo directivo del Servel, Patricio Santamaría, el 14 de setiembre. Sin embargo, en los últimos días el organismo descartó que las personas contagiadas por coronavirus puedan votar. El 11 de este mes, en tanto, el presidente, Sebastián Piñera, había anunciado la extensión del estado de catástrofe por 90 días más, por lo que la jornada de votación será con toque de queda durante la noche.

Pese a las restricciones sanitarias, se prevé una alta concurrencia a las urnas: en la última encuesta Pulso Ciudadano el 75,1 por ciento se mostró seguro o muy seguro de ir a sufragar, aunque la participación no es obligatoria. La alta concurrencia está motivada por el clamor de sepultar la Constitución de Pinochet, que, aunque reformada 46 veces, «mantiene el statu quo, ya que es un proyecto de ingeniería social que levantó la dictadura para neutralizar al gobierno de la Unidad Popular y al ciclo histórico de crecimiento del Estado y los derechos sociales que va desde 1940 a 1970», dice a Brecha Jaime Bassa, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valparaíso y activo participante en las asambleas y los cabildos territoriales autoconvocados desde el 18 de octubre.

Cambiar la Constitución es determinante, agrega Bassa, ya que la de 1980 «entrega la provisión de derechos sociales como la salud, la vivienda, la educación y la seguridad social a empresas privadas. Es un diseño que mercantiliza la vida, genera precariedad y bloquea los cambios. Promueve un Estado subsidiario y una economía neoliberal». Cita como ejemplo de esto que, en lugar de consagrar el derecho público a la salud, la actual carta magna establece que «cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea este estatal o privado».

El acuerdo del 15 de noviembre estableció que el órgano constituyente deberá aprobar su reglamento y cada una de las normas constitucionales por un cuórum de dos tercios de sus miembros en ejercicio. Si triunfa la opción de formar una convención constitucional, sus integrantes serán votados bajo el mismo sistema electoral que rige para la votación de diputados. En Chile hay 155 diputados electos bajo un esquema proporcional de 28 distritos electorales, por lo que la convención tendrá el mismo número de miembros. El acuerdo también fijó un plebiscito ratificatorio (con voto obligatorio) para validar el nuevo texto. El 24 de diciembre se aprobó la ley 21.200, que modificó el capítulo V de la actual Constitución para regular todo el proceso venidero.

La pandemia alteró los planes iniciales y sólo el 27 de marzo de este año el Servel agendó las tres fases del ciclo completo. Tras el citado plebiscito de entrada, el 11 de abril de 2021 se elegirán los integrantes del órgano constituyente. Nueve meses después de instalada la convención (su período de trabajo se puede extender a 12 meses si se solicita prórroga, por única vez) se convocará al plebiscito ratificatorio o de salida. Si el proceso sigue la ruta trazada, Chile podría tener una nueva Constitución, a más tardar, en 2022 y con otro presidente de la república: la elección presidencial será el 21 de noviembre de 2021.

La legitimidad de la Constituyente

Fruto de la presión del movimiento social y de algunos partidos políticos, en los últimos meses se añadieron nuevas normas al acuerdo del 15 de noviembre. En marzo pasado se aprobó la paridad de género para una eventual convención constitucional. Además, las candidaturas independientes podrán presentar sus propias listas, siempre y cuando sean respaldadas por firmas ante notario del 0,4 por ciento de quienes votaron en cada distrito en la última elección de diputados. El trámite entraña una gran dificultad en el contexto de pandemia y, en virtud de ello, se le solicitó al Servel autorizar firmas electrónicas, sin tener respuesta aún.

Por otro lado, el pasado 7 de julio el Senado aprobó, en general, una reforma para reservar escaños de la Constituyente a pueblos originarios. Aún no se ha definido el número ni el mecanismo de asignación.

«La legitimidad se juega en varias dimensiones, no se agota en la dicotomía independientes/militantes partidarios. La clave para la reconfiguración de las relaciones de poder es que en la deliberación constituyente participen los grupos que estructuralmente han sido más postergados. El carácter paritario de la convención contribuye a enfrentar una de las exclusiones más fuertes de la sociedad chilena, que es el tema de género. Los escaños reservados para los pueblos originarios también son un factor de legitimidad importante», precisa Bassa.

Heiss concuerda en la trascendencia de la paridad de género: «El solo hecho de que la convención constitucional esté forzada a tener mujeres habla de un nivel de inclusión que no ha habido nunca en Chile y en ninguna asamblea constituyente en el mundo. Incorporar a la discusión política actores nuevos –actrices, en este caso– es algo totalmente novedoso».

Sin embargo, hay expertos que ven una «trampa» en la baja probabilidad de que participen de la convención actores del mundo independiente, por ejemplo, líderes vecinales. En esos términos y en varios medios se ha referido, desde el año pasado, el abogado penalista Mauricio Daza a la casi obligatoria necesidad de las candidaturas independientes a postularse dentro de la lista de algún partido político para tener alguna opción real de integrar la Constituyente.

«No estoy de acuerdo con esa lectura. Las puertas para la participación ahora están más abiertas que en el acuerdo del 15 de noviembre. Creo que es un buen camino canalizar las demandas de las bases en alianzas virtuosas con los partidos políticos. Estos podrían recuperar su rol. Los electores tenemos la última palabra en elegir bien a nuestros representantes y no permitir que viejos rostros de la política quieran reciclarse en la Constituyente. Lo que pasa es que los partidos han subvertido el sentido de las instituciones protegiendo el interés privado por sobre el interés general», plantea Bassa.

Sin ir más lejos, el Frente Amplio, una coalición de fuerzas de izquierda que germinó en 2017, pretende abrir la mitad de sus candidaturas a la Constituyente a ciudadanos que no militan en partidos. «El mundo social es el espacio natural del Frente Amplio. Tenemos militantes e independientes que han estado liderando las demandas de la ciudadanía. La Constituyente es para la confrontación de ideas y no una asamblea de técnicos o expertos», comenta a Brecha Jorge Ramírez, presidente del partido frenteamplista Comunes.

Según Valentina Moyano, integrante de la organización latinoamericana Red de Politólogas, es muy probable que «no todas las personas que ocupen un escaño en la convención provengan de sectores populares». Para la cientista política, la legitimidad de la asamblea no pasa por cuántos independientes la integren, sino más bien «por hacer vinculantes los cabildos, las asambleas y los espacios de organización fuera de la arena institucional partidaria».

En línea con la posición de Moyano, Heiss cree que la aprobación del reglamento de la futura convención «será la gran oportunidad para incorporar mecanismos de participación incidente y directa de la ciudadanía». Heiss proyecta que, si la Constituyente trabaja «a puertas cerradas, como una cocina», no tendrá legitimidad política.

Para Esteban González, coordinador de la mesa de Unidad Social en la comuna santiaguina de Pedro Aguirre Cerda, la legitimidad del proceso tampoco se juega exclusivamente en la incorporación de independientes a la convención. González, que trabaja con alrededor de 40 organizaciones sociales del territorio comunal, cree que «la calle es ancha y puede caber todo el mundo mientras busquemos el objetivo común. Vamos a apoyar a los candidatos que defiendan los principios constitucionales necesarios para el Chile que queremos».

En tanto, la Coordinadora 8M, organización que vela por las reivindicaciones feministas, dice que, si bien tiene una posición crítica sobre el acuerdo del 15 de noviembre, llamará a votar apruebo y convención constitucional con los mismos recaudos. «No es sólo porque los sectores políticos impugnados sentaron las reglas del juego del plebiscito. Hay un contexto político de impunidad respecto de las violaciones a los derechos humanos y la prisión política ocurridas durante la revuelta. Hay un escenario de polarización política, en que fuerzas reaccionarias de ultraderecha, incluso neofascistas, han desplegado acciones de masa muy violentas. Llamamos a desbordar el acuerdo del 15 de noviembre», dijo a este semanario Karina Nohales, una de las voceras de la coordinadora. Remite a las marchas del rechazo, que se han dirigido desde los sectores acomodados de Santiago hacia el centro cívico y cuyos adherentes han agredido a los del apruebo bajo una actitud complaciente de Carabineros.

La Constitución: el principio de todo

La importancia de la Constitución radica, según Bassa, en que «determina los márgenes entre los que se mueve el legislador». Ciertamente, agrega el abogado, la nueva carta fundamental «no será la solución a todos los problemas sociales, ni el país cambiará al día siguiente de su aprobación». Bassa acepta que las demandas de la ciudadanía están reguladas por las leyes y no por la Constitución. Sin embargo, «si la carta magna establece que las cotizaciones previsionales son propiedad privada, la ley no puede avanzar hacia un sistema solidario».

Una interpretación similar ofrece Heiss, para quien es relevante entender que «la Constitución no es una política pública: no va a contener la política de vivienda, salud, educación o pensiones». Sin perjuicio de ello, la académica de la Universidad de Chile sostiene que incluir los derechos sociales en el nuevo texto constitucional le daría una «orientación normativa» al sistema político para que «haga carne» esas necesidades ampliamente compartidas por la sociedad chilena. «La Constitución, más que cerrar una conversación de cambio político, la inicia», aclara la politóloga.

Hay un punto que provoca cierto ruido en el movimiento social: el funcionamiento paralelo del Congreso durante los nueve meses (o 12 si se accede a la prórroga) de ejercicio de la Constituyente. Temen que el Poder Legislativo tramite leyes que vayan a contrapelo del espíritu transformador que regirá la asamblea encargada de redactar la nueva carta magna. Bassa no detecta un problema aquí, por cuanto «muchas leyes que están jurídicamente por debajo de la Constitución van a quedar fuera de juego. Es decir, muchas leyes vigentes podrían ser inconstitucionales cuando se apruebe la nueva Constitución, ya que esta es una norma de mayor jerarquía».

Para Heiss, en tanto, la sorpresiva reaparición, el 30 de agosto, del exsenador derechista Pablo Longueira –formalizado por delitos tributarios y luego sobreseído de esos cargos– para anunciar su voto por el apruebo y su candidatura a la Constituyente responde a «manotazos de ahogado» de su sector político, cuya finalidad es capturar el tercio de la convención y torpedear los cambios estructurales: «El 89 por ciento de las donaciones para la campaña del plebiscito son del rechazo, pero saben que van a perder. Ellos han acuñado el término rechazar para reformar, pero no han transformado nada en 30 años. Es un argumento que tiene poco asidero y es bastante antidemocrático, es de una profunda desconfianza en la voluntad popular».

Por Cristian González Farfándesde Santiago 
24 septiembre, 2020

Publicado enInternacional
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