Arturo Cruz

Arrestaron al ex ministro sandinista al regresar a su país desde Estados Unidos

 

El candidato presidencial Arturo Cruz fue detenido este sábado en el aeropuerto de Managua cuando regresaba de Estados Unidos al ser sospechado de atentar "contra la sociedad nicaragüense", informó el Ministerio Público.

Cruz "está siendo investigado por la Policía Nacional por contar con fuertes indicios de que ha atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo", señaló. La Policía Nacional comunicó a su vez que "realiza todas las diligencias investigativas pertinentes y remitirá al investigado a las autoridades competentes para su enjuiciamiento y determinar las responsabilidades penales".

De 67 años, Cruz presentó dos meses atrás su candidatura para las elecciones presidenciales del 7 de noviembre por la Alianza Ciudadana por la Libertad (CXL, derecha). Según la Policía se lo investiga por delitos contemplados en la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo y Soberanía, aprobada en diciembre.

Esa norma castiga "actos que menoscaben la independencia, la soberanía y la autodeterminación, que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares, se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización".

Cruz fue embajador de Nicaragua en Estados Unidos entre 2007 y 2009, bajo el gobierno sandinista. Tras renunciar a ese cargo retornó a sus actividades académicas en el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE).

El candidato había viajado a Estados Unidos en una fecha no indicada y regresaba al país este sábado sin que se haya informado el motivo de su viaje. Un día antes de su detención había advertido a través de Twitter que consideraba retirarse de la contienda electoral. Si las autoridades nicaragüenses "continúan la danza de inhibiciones y quedamos sin otros candidatos lo lógico es que este servidor no participe en este proceso (...) hay que considerar seriamente participar en ese ejercicio espurio", escribió en la red social.

La detención de Cruz ocurre cuatro días después delarresto de la también aspirante opositora a la presidencia Cristiana Chamorro. Chamorro, de 67 años, estaría desde el miércoles incomunicada en su casa y bajo vigilancia policial, según denunciaron sus familiares. Numerosos países han reclamado al presidente Daniel Ortega su liberacióninmediata. Chamorro es la opositora con mayor respaldo ciudadano y se ubicaría segunda en las preferencias del electorado detrás de Ortega.

06 de junio de 2021

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Human Rights Watch presentará informe sobre el abuso policial en Colombia durante el paro nacional

La organización internacional de derechos humanos ha recibido 67 denuncias de muertes ocurridas durante las movilizaciones sociales en el país.

 

Integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y manifestantes se enfrentan durante una nueva jornada de protestas en el marco del Paro Nacional, el 26 de mayo de 2021, en Bogotá (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

Human Rights Watch anunció este jueves el lanzamiento del informe “Colombia: Brutalidad policial contra manifestantes”, el primer documento sobre los abusos policiales, bloqueos y hechos de violencia registrados durante las movilizaciones sociales en el marco del paro nacional, que completa 37 jornadas en el país.

Este informe será presentado el próximo miércoles 9 de junio por el director para las Américas de la organización de derechos humanos que tiene presencia en más de 90 países en el mundo, José Miguel Vivanco, quien ha condenado la violencia de la fuerza pública durante las manifestaciones en el país.

“El informe, basado en más de 150 entrevistas, análisis de forenses internacionales e información proporcionada por autoridades del Estado colombiano, presenta evidencias de brutalidad policial en contra de manifestantes mayoritariamente pacíficos”, indica el comunicado de la ONG internacional.

De igual manera, urge al gobierno de Iván Duque a que se realice una reforma profunda de la Policía Nacional, como la han propuesto algunos líderes políticos y una gran parte de la ciudadanía que se ha manifestado a lo largo y ancho del país durante más de un mes.

A su vez, este informe abordará los hechos de violencia presentados por particulares, a la vez que anunciará una serie de recomendaciones sobre las acciones concretas e inmediatas que buscan minimizar los casos de violencia y los bloqueos que se han presentado en varias ciudades del territorio.

Este lanzamiento se llevará a cabo de manera virtual y busca evidenciar la violencia que ha sido condenada por organismos internacionales como la ONU y la Unión Europea, que además será constatada por una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante la próxima semana.

“Hemos recibido denuncias creíbles sobre 67 muertes ocurridas en Colombia desde que comenzaron las protestas. Hasta ahora, hemos confirmado que 32 de estas muertes (29 manifestantes o transeúntes, un funcionario de CTI y dos policías) tienen relación con las manifestaciones”, indicó el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.

Human Rights Watch pide a EE.UU. que condicione los recursos que destina a la fuerza pública colombiana

Siguen apareciendo llamados para que el Gobierno nacional modere el accionar de la fuerza pública en contra de los manifestantes durante las jornadas de protestas que experimenta el país desde el pasado 28 de abril. El turno fue para Human Rights Watch, organización que pidió el pasado 13 de mayo, no a Colombia, sino a Estados Unidos, ponerle mayores condiciones a la colaboración que le presta ese país a instituciones como la Policía Nacional.

“Nosotros estamos abogando porque se condicione la ayuda fuertemente, a requisitos básicos y muy concretos en materia de derechos humanos”, fueron las palabras exactas de José Manuel Vivanco, director ejecutivo de esa ONG para las Américas. Con ello, el experto se refiere a buscar la manera de que el país norteamericano comience a recortar la cantidad de recursos que le aporta a las necesidades de la fuerza pública colombiana, usados por esta para comprar, entre otras cosas, más armas.

Armas como el dispositivo conocido como Venom, que por estos días se ha convertido en el principal objeto de controversia en contra del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad. Se trata de un lanzador integrado a las tanquetas de ese cuerpo de policías, capaz de disparar unas costosas y sofisticadas ráfagas aturdidoras, muy parecidas a fuegos artificiales y que ha llegado a ser confundido por un arma de artillería pesada.

4 de Junio de 2021

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Un agente antidisturbios, durante la protesta en Barcelona por el encarcelamiento de Pablo Hasél. — Reuters

El ensayo 'El final del control policial' demuestra cómo la aplicación de la ley ha llegado a intensificar los mismos problemas que se supone ha de resolver. Una historia de abusos e impunidad con la connivencia de las autoridades políticas.

Dos de las funciones principales de la Policía son el "mantenimiento del orden" y la "aplicación de la ley". Solemos darlas por sentado como si de un mantra se tratara. El problema viene cuando nos paramos a pensar qué hay detrás. Cuando nos planteamos qué significa "mantenimiento" y con qué medios se "consigue". Quién aprueba las leyes, cómo y quién las aplica y a quién protegen; si respetan los derechos y las libertades; si se aplican por igual en función del lugar de nacimiento, el color de la piel, la clase social, el género o el sexo.

El sociólogo norteamericano Alex S. Vitale analiza en El final del control policial (Capitán Swing) las zonas de sombra de la función policial, lo hace atendiendo a sus desmanes, bajo una tesis que no por intuitiva es menos certera: "Los orígenes y las funciones de la Policía están íntimamente ligados a la gestión de las desigualdades de raza y clase [...] Mientras el statu quo que los cuerpos policiales mantienen sea injusto, la función policial no dejará de transpirar abuso y desigualdad". 

El diagnóstico de Vitale pertenece a un paciente en situación crítica. El académico centra su análisis en Estados Unidos, país que cuenta con un grado de militarización del orden público que roza la distopía. Un país en el que la infiltración de la Policía en movimientos sociales, la criminalización de la protesta y la represión de la disidencia causa estragos desde hace décadas. Una suerte de avanzadilla de cuyos ecos no se libra nuestro país.

No en vano, y tal y como apunta Anaïs Franquesa, abogada catalana especializada en Derechos Humanos, "la maquinaria represiva" se parece y mucho. "El uso de legislación especialmente restrictiva, como la ley de seguridad ciudadana –ley mordaza– o las sucesivas reformas del Código Penal; la interpretación que realizan los tribunales y la gestión del orden público con un uso desproporcionado de la fuerza" son algunas de las dolencias que nos emparentan con el enfermo americano, según detalla Franquesa a Público.

Falta de transparencia e impunidad

Las organizaciones de Derechos Humanos de nuestro país llevan años pidiendo que se publiquen anualmente los datos desagregados relativos a las situaciones de violencia institucional por las cuales se hayan abierto investigaciones internas, así como el número de quejas, denuncias, condenas y sanciones relacionadas con agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad. 

El caso es que ni rastro de los datos. La opacidad es máxima. "Ha habido una práctica de negar de forma sistemática que existan torturas y malos tratos en el Estado español, de hecho es algo que han negado siempre nuestros representantes públicos, a pesar de que hay doce condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no investigar, y en uno de los casos por considerar que hubo tortura", denuncia Franquesa.

Una alianza férrea entre las autoridades políticas y la Policía que la abogada explica sin ambages: "Se percibe la fiscalización de la actuación de los cuerpos policiales como un ataque a la institución, es por ello que la institución responde de forma corporativista en vez de concebir que esas conductas delictivas por parte de los funcionarios públicos son el verdadero y único ataque a la institución".

Soldados en una batalla

En El final del control policial, Vitale hace referencia a la "mentalidad del guerrero" como parte del problema. "Los policías a menudo se ven a sí mismos como soldados en una batalla contra los ciudadanos antes que como guardianes de la seguridad pública", lamenta el sociólogo. Y lo cierto es que, en cierto modo, esa misma mentalidad impregna también en nuestro país la relación de los agentes del orden con gran parte de la ciudadanía.

Lean ahora, para ilustrar lo anterior, el siguiente extracto del manual de gestión de manifestaciones de las Unidades de Intervención de Orden Público del Cuerpo Nacional de Policía describiendo una concentración o manifestación: «Un ente vivo [en el que], y como es sabido sociológicamente, la identidad individual de cada uno de los asistentes se anula creándose una identidad colectiva con tendencia al exceso y que carece de freno moral». El documento llega incluso a referirse a las protestas y a las personas que participan en ellas como «masa hostil».

"El problema es que se planifican los dispositivos policiales desde esa óptica, ese manual responde a la concepción que se tiene desde el cuerpo a los colectivos que se manifiestan, y es una concepción muy anticuada, que corresponde a los años 80 y 90", se queja Franquesa. 

Militarización de la frontera

Mención aparte merecen nuestras fronteras. Con los rescoldos de la crisis migratoria vivida hace apenas unas semanas en Ceuta, cabe preguntarse qué ocurre en esa tierra de nadie donde reina la opacidad, de qué modo alumbrar esas zonas de sombra en las que las vulneraciones de los Derechos Humanos resultan extrañamente cotidianas.

Según la abogada, la solución pasa por una triple alianza: "Primero visibilizando estas cuestiones, poniendo el foco allá donde pretenden instaurar la opacidad, después hay que actuar, y la actuación tiene que venir desde la denuncia pública, pero también desde los tribunales, ahí el litigio estratégico es una herramienta muy poderosa. Por último, la movilización social. De la unión de estos tres pilares, vendrán los cambios".

Madrid

03/06/2021 22:41

Juan Losa@jotalosa

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Alerta mundial por la detención de Cristiana Chamorro en Nicaragua

Organizaciones de DD.HH., la ONU, EE.UU. y la Unión Europea ven con preocupación la decisión de la fiscalía nicargüense

Chamorro había anunciado su candidatura hace unos días y según la encuestadora Cid Gallup era la opositora con mayor probabilidad de ganar en los comicios del próximo siete de enero.

 

Cristiana Chamorro Barrios amanceció este jueves con arresto domiciliario, incomunicada y con custodia policial, informaron allegados y familiares. Acusada por presunto lavado de dinero, Chamorro también quedó inhabilitada de participar en las elecciones de noviembre. Su detención fue recibida con preocupación por organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). También se manifestaron en contra de la detención las Naciones Unidas, la Unión Europea y Estados Unidos 

El director de Human Rights Watch para América Latina, José Miguel Vivanco, rechazó la medida del gobierno orteguista. “Es un golpe para cualquier esperanza de elecciones justas en Nicaragua, y una prueba crítica para determinar si la administración Biden puede ayudar a proteger los derechos humanos y la democracia en la región”, escribió Vivanco en su cuenta de Twitter.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también criticó la detención de la candidata opositora. “CIDH expresa preocupación por medidas de inhabilitación política solicitadas por la Fiscalía para (Cristiana Chamorro) precandidata a presidenta”, escribieron en un tuit publicado por la comisión.

A su turno la dirección general de la Organización deNaciones Unidas (ONU) “Estamos muy al tanto de las recientes acciones legales tomadas contra Cristiana Chamorro. Estos acontecimientos crean el riesgo de empeorar la confianza en las próximas elecciones", señaló Stéphane Dujarric, portavoz de Antonio Guterres, secretario general de la organización.

Mientras tanto Peter Stano, portavoz dela cancillería de la Unión Europea, exigió la inmediata liberación de Chamorro. "Las acciones judiciales @chamorrocris son incompatibles con un proceso electoral creíble, transparente & abierto a la oposición y sus candidato," tuiteó. 

EE.UU. y la política centroamericana

En tanto, el canciller estadounidense, Antony Blinken, afirmó que Nicaragua va en la “dirección opuesta” a lo que consideran elecciones justas y libres. El secretario de Estado se encontraba en Costa Rica en el marco de negociaciones para abordar la migración centroamericana hacia EE.UU., rechazó la medida de la fiscalía de Nicaragua y aseguró que la situación del país centroamericano no sólo preocupa a Estados Unidos, sino que también al hemisferio en general.

“En la Organización de Estados Americanos (OEA) se llamó a Nicaragua a tomar los pasos necesarios para tener elecciones libres y justas, y en vez de hacer eso, en vez de cumplir con sus responsabilidades, incluidas las responsabilidades con las que se comprometieron al firmar la Carta Interamericana hace 20 años, se está moviendo en la dirección contraria", declaró el jefe de la diplomacia norteamericana.

Cristiana Chamorro quedó bajo arresto domiciliario este miércoles, pocos días después de que venciera el plazo establecido para mayo de 2021 por la Asamblea de la OEA, y que tenía como objetivo que el gobierno nicaragüense implemente reformas electorales que garanticen elecciones libres, justas y transparentes y que reestablezcan las garantías democráticas en el país.

Un tribunal de la capital Managua emitió una orden de allanamiento y detención en su contra por “gestión abusiva, falsedad ideológica en concurso real con el delito de lavado de dinero, bienes y activos, en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense". Desde el ministerio de Gobernación afirmaron que la Fundación Violeta Barrios de Chamorro -dedicada a la promoción de la libertad de prensa y de expresión- incumplió obligaciones con el Ente Regulador. “Del análisis de los Estados Financieros, período 2015-2019, se obtuvieron claros indicios de lavado de dinero”, detalló el ministerio. A principios de año, Chamorro Barrios anunció el cierre de la Fundación luego de que la Asamblea Legislativa aprobara la ley que ordenaba a las organizaciones que recibían dinero de la cooperación internacional a inscribirse como “agentes extranjeros”. "Estaríamos renunciando a nuestra ciudadanía nicaragüense", alegó Chamorro.

La opositora rechazó las acusaciones de la fiscalía y afirmó que se trataba de una farsa para evitar su participación en los comicios que se realizarán el siete de noviembre. Hace unos días, Chamorro había solicitado su inclusión a la Alianza Ciudadanos por la Libertad (CxL), desde donde se presentaría como precandidata presidencial. Según la encuestadora Cid Gallup, Cristiana Chamorro actualmente es la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar las elecciones de noviembre. Aunque Ortega todavía no confirmó su participación en los comicios de noviembre, sus adversarios creen que buscará un cuarto mandato consecutivo.

La familia Chamorro

Chamorro de 67 años, nació en el seno de una familia propietaria de medios de comunicación y con una amplia trayectoria política. Hija del reconocido periodista y exdirector del diario La Prensa, Pedro Joaquín Chamorro, asesinado por la dictadura de Anastasio Somoza Debayle, meses antes del triunfo del Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN). La madre de Cristiana, Violeta Barrios de Chamorro, venció a Daniel Ortega en las elecciones de 1990 y fue presidenta de Nicaragua hasta 1997. Durante el gobierno de Violeta Barrios, su hija, Cristiana Chamorro se encargó de las tareas de comunicación y relaciones públicas del Ejecutivo y también estuvo al frente del diario La Prensa.

04 de junio de 2021

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Hong Kong: "Pero yo opté por vivir en la verdad"

Declaración ante el tribunal del dirigente sindical encarcelado en Hong Kong, Lee Cheuk-yan. Transcribimos el texto completo de la declaración que presentó Lee Cheuk-yan ante el tribunal el lunes 24 de mayo, en el juicio en su contra relacionado con la concentración no autorizada del 1 de octubre de 2019. El veredicto será pronunciado este viernes 28 de mayo. Anteriormente, Lee había sido condenado a 14 meses por otros dos cargos.

Su Señoría,

Es bien sabido, y su Señoría lo ha dejado claro, que una decisión de condena o sentencia debe basarse en la ley y no en la política. Sin embargo, deseo hacer las siguientes observaciones para ayudar a este Honorable Tribunal a entender las convicciones políticas que subyacen a los acontecimientos en este caso, que yo calificaría como una protesta pacífica realizada el 1 de octubre de 2019.

En 1975 fui admitido en el Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Hong Kong. Al igual que muchos estudiantes universitarios de mi generación, fui profundamente influenciado por el movimiento estudiantil de aquella época que proclamaba "Conoce la China y preocúpate por la sociedad". Ahí empecé a pensar en mi responsabilidad con la sociedad y con mi país.

Todavía recuerdo una de las propuestas de entonces: "¿Qué futuro para la China?" Esa pregunta dio lugar a un sinnúmero de reflexiones a lo largo de los años y sigue siendo vigente hasta el día de hoy. Sembró la semilla de mis 40 años de compromiso con la búsqueda de un proyecto para la China.

Una vez que obtuve mi diploma, me comprometí con el movimiento obrero y democrático y con las campañas a favor de los derechos humanos en China. Estoy firmemente convencido de que la reforma democrática es la respuesta a la interrogante sobre el futuro de la China.

El movimiento cívico chino de 1989, en particular, cambió mi vida. Al principio, participé en la movilización por el apoyo de Hong Kong al movimiento y ayudé a fundar la Alianza de Hong Kong para el Apoyo a los Movimientos Patrióticos Democráticos de China (HKA).

Luego, el 30 de mayo de 1989, llevé a Pekín algunas de las donaciones recogidas por el HKA, a la plaza de Tiananmen, donde pude encontrar a los estudiantes, trabajadores e intelectuales del movimiento.

La noche de los sucesos del 4 de junio, me dijeron que me fuera porque había rumores sobre una evacuación de la plaza de Tiananmen por parte del ejército.

Desde mi hotel, durante toda la noche, oí disparos. Vi cómo los tanques entraban en la plaza de Tiananmen a primera hora de la mañana y vi también cómo los triciclos pasaban sin descanso delante de mi hotel, en la avenida Chang'an, cargando muertos y heridos. El 5 de junio de 1989 me arrestaron y me encarcelaron. Los siguientes tres días fueron los más espantosos de mi vida.

Pero afortunadamente, llegaron algunos hongkoneses [para obtener mi libertad] y pude volver a Hong Kong el 8 de junio de 1989. Mi optimismo y mi esperanza de una China democrática se convirtió de pronto en desesperación. Creo que muchos chinos y hongkoneses de aquella época compartían mis sentimientos, pero no claudicamos. Luchamos contra viento y marea con la esperanza de una China libre y democrática.

Desde entonces, cada 1° de octubre, día de la fiesta nacional china [1-10-1949, creación de la República Popular China, ndt], no ha sido organizada ninguna fiesta oficial, pero expresamos nuestro dolor ante la tragedia nacional.

El 1 de octubre de 2019, efectuamos los mismos rituales de siempre en las calles, levantando las mismas exigencias de que las víctimas de los acontecimientos del 4 de junio de 1989 sean vengadas, y llamamos a la instauración de la democracia.

Su Señoría, durante más de 40 años, he luchado por una reforma democrática en China. Es un amor con el corazón desgarrado, un amor no correspondido.

Recuerdo una dolorosa cita de Bai Hua, un escritor emblemático de aquella época de la "literatura de las cicatrices" en China: "Amas a tu país, pero ¿tu país te ama a ti?".

Recientemente, el término "patriota" ha sido profusamente discutido en Hong Kong, y el gobierno chino propugna la "dominación de Hong Kong por los patriotas". Pero, ¿quién es un verdadero patriota? Si el amor a la patria significara el amor al Partido Comunista Chino (PCC), la respuesta sería mucho más fácil porque los principios políticos del PCC implican una obediencia absoluta. Hay un famoso dicho que dice que apoyar al PCC significa "aplicar cuando se entiende, aplicar cuando no se entiende, y entender a fondo cuando se aplica", y creo que eso lo explica todo.

Sin embargo, opté por vivir en la verdad y por pensar como pienso. Según mi propia definición, el patriotismo consiste en amar a su pueblo. La función del Estado ha de ser la de proteger la libertad y la dignidad de sus ciudadanos, pero no la de controlar sus conciencias y su comportamiento.

Su Señoría, elegí el camino de la democracia. Durante todos estos años he manifestado en la calle y siempre me he mantenido fiel a mis ideas y a mi compromiso inicial.

Traducción de Ruben Navarro para Correspondencia de Prensa

secretario general de la Confederación sindical de Hong Kong HKCTU https://en.hkctu.org.hk/

Por Lee Cheuk-yan 

30/05/2021

Fuente:

A l'encontre, 27 de mayo 2021

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La FLIP ha registrado 165 violaciones a la libertad de prensa en casi 30 días de Paro Nacional

Estos hechos han dejado 186 víctimas de los que se destacan: 59 agresiones físicas; 31 amenazas; y 6 detenciones ilegales.

El próximo 28 de mayo, se cumple un mes desde el inicio de uno de los paros nacionales más controversiales de los últimos años. Treinta días donde los ciudadanos han salido a la calle para expresar su inconformidad con el Gobierno nacional; donde la protesta pacífica se ha visto afectada por actos de violencia que no solo han afectado a civiles o a la fuerza pública sino también a quienes se encargan de llevar la información a los hogares del país: los periodistas.

“Estos 28 días de paro nacional se han convertido en el periodo de cubrimiento de manifestaciones más violento para la prensa y ha transcurrido en medio de estigmatizaciones y agresiones por parte de miembros de la fuerza pública y bajo un silencio total del gobierno y las autoridades”, dijo la Fundación para la Libertad de Prensa en su más reciente informe, publicado este miércoles.

En este periodo, la FLIP ha registrado 165 violaciones a la libertad de prensa que han dejado 186 víctimas. Dentro de los hechos más graves se destacan: 59 agresiones físicas; 31 amenazas; y 6 detenciones ilegales. En este contexto, las mujeres periodistas han sido víctimas de 30 agresiones, entre las que se encuentran las agresiones físicas (10), el robo o eliminación del material periodístico (5), las detenciones ilegales (3) y las amenazas (4).

De acuerdo con la Fundación, uno de los aspectos más preocupantes es que el agresor más frecuente ha sido la fuerza pública, pues se registra un total de 87 ataques.

“Es decir, el 52 % de las agresiones fueron cometidas por uniformados, quienes han intimidado, amenazado, agredido, obstruido y estigmatizado a los y las periodistas. También preocupan los 55 ataques cometidos por ciudadanos particulares que intentan censurar y obstruir el trabajo de las y los periodistas”, explicaron.

Según la Flip, en este mes se ha duplicado la cifra de agresiones registradas desde hace dos años contra las y los periodistas durante el cubrimiento de manifestaciones sociales, pues en el paro agrario de 2013, que duró 25 días, se registraron 24 agresiones y en el paro nacional de 2019, de 40 días, documentaron 76 ataques a la prensa.

Fuerza pública: principales actores de violencia contra periodistas

“Miembros de la Policía Nacional, y especialmente del Esmad, han atacado constantemente a periodistas que cubren las manifestaciones sociales y que muchas veces registran casos de abuso de fuerza. En la documentación de los 87 casos, desde la FLIP hemos identificado una serie de patrones dentro de los distintos tipos de agresiones documentadas que dan cuenta de que dichas agresiones han tenido como finalidad atentar contra la libertad de prensa”, expresó la entidad.

Para la fundación se destacan los disparos directos, las agresiones con gases lacrimógenos, los golpes con elementos como escudos o bolillos, los ataques con taser, y los golpes como patadas y puños.

En su pronunciamiento la Flip pone el ejemplo de tres agresiones a periodistas independientes en Medellín quienes manifestaron haber sido atacados con cápsulas de gases lacrimógenos, piedras y haber sido pateados por parte de miembros del Esmad.

Igualmente, señalaron que miembros de la Policía Nacional “también han deslegitimado la labor periodística y estigmatizado a las y los reporteros. Las y los comunicadores han manifestado que los han señalado de ser infiltrados y hacer parte de grupos armados”.

Cabe recordar que el pasado 25 de mayo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un comunicado en el que afirma que junto a su Relatoría de Libertad de Expresión han “observado un clima de creciente hostilidad y violencia hacia la prensa en el contexto de las manifestaciones sociales, documentando agresiones, amenazas e intimidaciones, además de ataques a instalaciones de medios de comunicación”. Además, recuerdan que las autoridades deben brindar protección a las y los periodistas que informan sobre lo que sucede en las protestas.

Manifestantes también agreden y obstruyen el trabajo de la prensa

“Durante este mes, en la FLIP hemos registrado 55 ataques a periodistas por parte de particulares que participan en las manifestaciones sociales. Dentro de estos ataques hay 15 amenazas, 9 agresiones físicas y 2 daños a la infraestructura de medios”, se lee en el pronunciamiento de la entidad.

De acuerdo con la Fundación, entre el 9 y el 11 de mayo, cinco periodistas fueron amenazados por personas que se encontraban en la jornada de manifestación en la ciudad de Cali. Uno de los periodistas tuvo que salir de emergencia del lugar y denunció seguimientos posteriores.

“La labor de la prensa, el libre flujo y la pluralidad de la información son sumamente importantes para que la ciudadanía pueda conocer los hechos de las manifestaciones y con ello ejercer un control sobre las instituciones del Estado y tomar decisiones informadas”, expresaron.

Finalmente, en el informe publicado por la Flip se leen algunas solicitudes que han generado debido a las tasas de violencia contra la prensa nacional durante las manifestaciones.

La primera de estas es directamente al presidente Iván Duque a quien le piden “que rechace públicamente la violencia contra la prensa y a que envíe un mensaje de cero tolerancia a los ataques por parte de miembros de la fuerza pública”.

Igualmente, s las autoridades nacionales y locales les solicitan que respalden el trabajo de las y los periodistas que informan a la ciudadanía sobre asuntos de interés público. “Al Ministerio de Defensa a que no estigmatice la labor de la prensa y de las personas que usan las redes sociales para informar sobre el Paro Nacional”.

Así mismo, piden a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía a que asuma las investigaciones de las agresiones por parte de miembros de la fuerza pública y servidores públicos, y que sancione a los responsables.

Finalmente, solicitan a los convocantes del paro a que rechacen públicamente todo tipo de agresiones contra la prensa y así prevenir futuras agresiones.

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Supermercado del grupo Éxito funciona como centro de represión ilegal en Cali

La denuncia se conoció por vecinos y periodistas. Denuncian la colaboración con la policía para realizar detenciones ilegales.

Begonia D.Corresponsal en Bogotá

Sábado 22 de mayo | 16:28

El grupo Éxito es una empresa de origen colombiano con presencia en varios países de Latinoamérica, hoy su mayor propietario es el grupo francés Casino y el grupo empresarial antioqueño. El grupo es líder en el sector del retail en Colombia, con las marcas Éxito, Carulla, Super Inter, Surtimax, Surtimayorista y con su marca de centros comerciales Viva. También tiene presencia en Uruguay con las marcas Grupo Disco y Grupo Devoto, y en Argentina con los hipermercados Libertad.

La empresa quedó relacionada con la brutal represión a las protestas que se está viviendo en el país. En el marco del Paro Nacional el 19 y 20 de mayo, producto de las denuncias de los vecinos del almacén Éxito Calipso en la ciudad de Cali, se supo que manifestantes fueron detenidos en el interior del almacén, los vecinos denunciaron que escucharon gritos de auxilio, además de ver salida y entrada de camiones de basura y otros vehículos.

Grupos de manifestantes, en especial de la “primera línea” de Cali y junto a periodistas hicieron presencia en el lugar y por medio de videos se demostró que tanto en la zona de máquinas, ropa y cuartos fríos se encontraban rastros de sangre, al igual que en banco AV Villas.

La policía que se hallaba en el lugar impidió durante el día la entrada de periodistas y derechos humanos, se cree que con intensión de borrar las evidencias pues se encontró además de rastros de sangre, jabón y aceite derramado. Durante la noche del 20 de mayo las personas que asistieron al lugar resaltaron la falta de placas de los camiones en los que se desplazaba la policía y policías de civil manejándolos. Hasta la media noche del día 20 de mayo no había aun presencia del CTI de la Fiscalía.

La presión de los vecinos y manifestantes ante lo que ocurría en el lugar llevó a que delegados de la alcaldía de Cali se hicieran presentes en el almacén Éxito de Calipso, la funcionaria que atendió el requerimiento se limitó a levantar un acta y a decir que los hechos serán materia de investigación pues además de las denuncias la policía y el ESMAD (grupo antimotines de la policía) hacia presencia poco usual en el sector.

Los hechos recuerdan los peores años de complicidad empresarial con la represión estatal contra las protestas. En nuestro continente muchas veces poderosas patronales han colaborado con la represión, incluso prestando sus instalaciones como se demostró con la automotriz Ford en tiempos de la dictadura militar argentina, para torturar y desaparecer, propio de la alianza perversa contra los trabajadores y el pueblo que sale a defender sus derechos.

La ONG Temblores informa que al día 21 de mayo se registran 2.905 casos de abuso policial, 855 víctimas de violencia física por parte de la policía, 43 víctimas de violencia homicida presuntamente a manos de la policía, esto sin tener en cuenta los cuerpos desmembrados que están apareciendo en el río Cauca y en el sur de Bogotá que son materia de investigación; 1,264 detenciones arbitrarias, de las que se tienen conocimiento traslados y obstaculización del debido proceso; 575 intervenciones arbitrarias por parte de la policía, 39 víctimas de agresiones en los ojos y 21 víctimas de violencia sexual.

De acuerdo con el aumento de las cifras registradas por la ONG Temblores, es evidente que la represión por parte del gobierno de Duque aumenta tras la resistencia del pueblo colombiano en búsqueda de hacer retroceder las marchas, bloqueos, expresiones artísticas, entre otras expresiones presentes en el Paro Nacional. Y también es evidente que el grupo Éxito colabora con la represión prestando sus instalaciones al gobierno en el intento por amedrentar a los manifestantes.

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Lucas Villa se convirtió en un caso emblemático de la represión en Colombia

 

 "Nos están matando en Colombia", vociferaba Lucas Villa en las manifestaciones pacíficas del pasado miércoles en la ciudad colombiana de Pereira, poco antes de que varias personas dispararan contra la protesta. Al estudiante de 37 años, que recibió ocho disparos, le diagnosticaron hoy muerte cerebral.

Villa permaneció en estado crítico en el Hospital Universitario San Jorge, en esta ciudad del oeste del país, y se convirtió en la imagen de las agresiones letales que han sufrido los protestantes pacíficos de las movilizaciones que comenzaron el pasado 28 de abril contra el gobierno del presidente Iván Duque.

"Lamentamos informar que no obstante a la atención especializada brindada durante estos días en nuestra UCI el paciente no presentó ninguna respuesta neurológica posterior a suspender la sedación y el estudio imaginológico es concordante con isquemia cerebral global", declaró este lunes a medios el gerente del hospital Juan Carlos Restrepo.

Agregó que "es así, como al paciente en razón a su estado clínico, se le diagnostica muerte encefálica" y que tras el diagnóstico "lo que viene será que su corazón deje de latir en un par de horas".

Villa era estudiante universitario de Ciencias del Deporte y participó de manera activa en las protestas de los últimos días, coreando eslóganes de forma pacífica, bailando y motivando al resto de sus compañeros para protestar contra la reforma tributaria, primero, y la brutalidad policial y otras políticas gubernamentales una vez que esta fue retirada por el Gobierno.

El joven se encontraba, junto a otros manifestantes, protestando de forma pacífica en el viaducto que comunica en Pereira, capital del departamento de Risaralda, con la vecina Dosquebradas, cuando personas vestidas de civil en una moto abrieron fuego hiriendo de gravedad a dos personas, a Villa y a Andrés Clavijo, quien despertó este fin de semana en el hospital, y a una más en la pierna.

Su voz, con la que invitaba a manifestarse de manera pacífica, y la alegría con la que se le vio horas antes de ser atacado, impulsaron nuevas movilizaciones contra la violencia de la que han sido víctimas cientos de protestantes.

Su nombre fue enarbolado por miles de colombianos que conservaban la esperanza de que Villa se recuperara y que a través del arte pidieron justicia para que atentados como los que sufrió no se repitan en el país.

En algunos videos grabados antes del ataque, se ve a Lucas bailando en las calles, saludando a agentes de la Policía y vociferando mensajes de paz y armonía.

En varias partes del país han surgido múltiples denuncias de intimidaciones a manifestantes por parte de hombres armados supuestamente opuestos al vandalismo y en algunos casos los protestantes han sido incluso atacados a tiros desde vehículos de alta gama, como ocurrió con Villa.

Hace tres días también falleció Héctor Fabio Morales, un joven de 24 años quien fue atacado con arma de fuego en la cabeza, tórax y piernas por supuestos civiles durante las protestas del viernes en Pereira.

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Reportan la primera víctima fatal en Bogotá por la represión contra el paro nacional en Colombia

Se trata de un joven de 20 años que se encontraba en coma inducido tras ser impactado por un artefacto en la cabeza durante la movilización del 1 de mayo.

Daniel Alejandro Zapata se convirtió en la primera víctima fatal caída en la capital de Colombia, Bogotá, en el marco de las protestas sociales que convulsionan todo el país. La organización no gubernamental Lazos de Dignidad confirmó este lunes el fallecimiento del joven. 

"Alejandro Zapata, uno de los casos de violencia policial que asumimos el 1 de mayo, acaba de fallecer", informó la organización en su cuenta de Twitter. 

Zapata, de 20 años, se encontraba en coma inducido en la Clínica Mandalay de Eusalud, después de resultar herido durante las protestas sociales del 1 de mayo en Bogotá.El joven habría sido impactado por un artefacto en la cabeza, presuntamente por parte de la fuerza pública, según reportaron medios locales

Tras permanecer por 10 días en terapia intensiva, Zapata perdió la vida este lunes

Investigaciones 

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, lamentó "profundamente" la muerte de Zapata. No obstante, aseguró que en su despacho no tenían conocimiento de ese caso, por lo que ordenó el inicio de una investigación. 

"No teníamos el registro siquiera de que Daniel Alejandro hubiera entrado por una lesión, no nos lo reportaron", dijo López en conferencia de prensa. 

En ese orden, la alcaldesa cuestionó una serie de omisiones. "Necesitamos saber cómo llegó al hospital, quién lo llevó, en qué circunstancias entró, por qué el hospital no lo reportó como posible lesionado en las protestas", agregó.

Por lo pronto, López ordenó a la Secretaría de Salud iniciar una investigación sobre el caso. 

Hasta este lunes, Bogotá lleva registro de 288 ciudadanos atendidos en hospitales por heridas en el marco de las manifestaciones, incluyendo 14 víctimas de lesiones oculares. Del total de lesionados que recibieron atención médica, cinco personas continúan hospitalizadas y su estado es delicado, según detalló López. 

Publicado: 11 may 2021 03:05 GMT

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 Un manifestante cubierto con gafas, máscara antigás y una señal de tráfico como escudo observa a otro compañero mientras muestra a la prensa los casquillos de balas 9mm disparadas por un vehículo blanco durante una manifestación pacífica, en Cali. — Christian Escobar Mora / MIRA-V

 

Cali, la tercera ciudad más grande de Colombia, es objetivo militar. Durante el día hay mucho miedo, pero, cuando el sol se oculta, el terror invade la capital del convulso Valle del Cauca. Desde el 3 de mayo, cada noche, las fuerzas de seguridad del Estado, acompañadas por hombres armados vestidos de civil y con chalecos antibala bajo sus ropas, es decir, una suerte de paramilitares o infiltrados, inician la persecución: con rifles y pistolas disparan de forma indiscriminada. No hay claridad sobre el número de muertos, heridos y desaparecidos.

 

La capital mundial de la salsa, donde, pese a la violencia acumulada desde hace décadas, los caleños no paran de bailar y de soñar con una vida en paz, se ha convertido en un infierno. Esta urbe alberga enormes barriadas donde habitan familias que tiempo atrás fueron campesinas y que se vieron obligadas, por la violencia que ejercieron sobre ellas los distintos grupos armados, a abandonar las zonas rurales donde nacieron. Ahora vuelven a ser víctimas de una oleada de angustia y terror perpetrado por el Estado, sin precedentes desde hace décadas.

La situación recuerda a los años en los que los hermanos Rodríguez Orejuela, jefes del Cartel de Cali, controlaban el narcotráfico del suroccidente del país desde esa ciudad. Estas barriadas, conocidas como comunas y siempre estigmatizadas, vuelven a ser objetivo militar en el corazón de una de las zonas más convulsas de Colombia.

La Colombia más golpeada

Amigos y familiares asisten al entierro de Nicolás Guerrero, de 22 años, en el cementerio de Yumbo, al norte de la ciudad de Cali. Fue asesinado el pasado domingo 2 de mayo. Según varios testigos, un miembro del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) le disparó con munición real durante una ceremonia en memoria de las personas muertas a causa de la represión policial contra el Paro nacional — Christian Escobar Mora / MIRA-V

Siloé es uno de esos barrios fundados por campesinos desplazados a los que la violencia les ha perseguido hasta Cali; nunca han dejado de sufrir pobreza, abandono y delincuencia. El enclave se levanta en una colina atravesada por escarpadas escalinatas con viviendas amontonadas; es la mejor fotografía de la Colombia real, donde nunca se detiene la música, pero donde se vive siempre con miedo.

Durante la noche del 3 mayo, la Fuerza Pública entró en Siloé (cuando se adentran en esta barriada no es para hacer la ronda, siempre bien armados) y disparó contra los manifestantes que protestaban contra el Gobierno, en el contexto de la huelga nacional convocada el 28 de abril. La policía disparó también contra los habitantes que simplemente tomaban el fresco, porque en la tropical Siloé se vive en la calle. El drama se expandió como la pólvora en las redes sociales.

"Estábamos en una velatón pacífica (manifestación nocturna con velas) en el sector de la Nave y de la glorieta de Siloé. A eso de las nueve de la noche, la policía hace una pequeña arremetida con gases lacrimógenos, no fueron más de tres, pero lo hicieron desde un helicóptero. La gente empieza a correr, el GOES (grupo de operaciones especiales de la policía) empieza a disparar y, como si fuera una trampa, ya tenían más integrantes dentro de la comuna esperando que la gente corriera para dispararles de una forma vil. Incluso en las redes sociales hemos visto una publicación de uno de los policías que sube una foto suya y la ubicación en Siloé; y en la descripción dice: Cali of duty, como el juego de guerra. Con sevicia y de forma premeditada tenían claro lo que iba a suceder acá, afirma a Público Steven Ospina, líder social, abogado y defensor de derechos humanos que vivió en primera persona esa horrible noche y las que vinieron después.

Una vecina, Katherine Mena, comprobó desde las ventanas de su casa que los jóvenes no portaban armas y que participaban en la protesta de forma pacífica hasta que comenzó el ataque de la policía: "Se escucharon disparos y las personas corrían por todos los lados. También se vio un vehículo particular desde el que disparaban. Esto duró hasta las dos de la madrugada. La gente de Siloé estaba muy angustiada, no se pudieron trasladar los pacientes al hospital cercano por los disparos. Es grave que los colombianos no nos podamos expresar porque nos van a matar. Yo tengo dos hijas y estoy aquí por ellas, porque fueron momentos de angustia".

Por Ana María Ramírez Gómez

10/05/2021 22:09

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