El orgullo de resistir copó las calles de Chile

Con las calles tomadas y las universidades cerradas, las centrales obreras declararon un paro general de 48 horas para sumar fuerza a la protesta, que desafía a la represióncomo quieras .

 

 La cordillera se tiñe de atardecer como si se sonrojora cuando los minutos empiezan a descontar hacia el toque de queda. Parece inclinada de vergüenza sobre La Alameda, parece que buscara el abrazo de los miles de manifestantes que desbordan esa avenida central de Santiago de Chile, radiantes de orgullo por resistir en la calle frente a los carros de asalto, las fuerzas policiales y militares que exhiben las armas largas, las gafas que les borran la cara y los gases lacrimógenos para amedrentar a quienes no se amedrentan porque se organizan. Todo el día hubo asambleas en universidades, en la puerta de los ministerios, en la calle, en los centros de estudiantes, en los sindicatos. Se discute al mismo tiempo que se toma la calle, se organizan cuidados colectivos al mismo tiempo que se desafía al miedo. Se declara una huelga general de 48 horas al mismo tiempo que la huelga se desenvuelve de muchas maneras, al mismo tiempo, siempre en la calle.

Las escuelas públicas cerradas, las privadas libradas a su arbitrio. Las universidades cerradas por decisión de sus autoridades, para evitar que se conviertan en ratoneras ahora que el “Estado de Emergencia” permite a las fuerzas armadas entrar a sus claustros para reprimir o apresar, docentes, no docentes y estudiantes. Las calles tomadas desde el mediodía desde hace cinco días. En Concepción, una de las ciudades más golpeadas por la represión, ayer a la tarde se agitó una fiesta electrónica contra el toque de queda. En los barrios populares del sur de Santiago se bailó la cueca. En todos lados sonaron cacerolas y las bicicletas jaquearon el transporte público.

Aunque algunos gremios ya realizaron jornadas de paro -los portuarios de Valparaiso, por ejemplo-, la Central Única de Trabajadores y Trabajadoras (CUT) junto a la articulación Unidad Social en la que participan otras organizaciones sociales declaró una huelga de 48 horas que comienza hoy y que prepara una movilización masiva desde Plaza Italia hasta la estación Los Héroes a partir de las 10.30 de la mañana. La revuelta agita a Chile que no puede terminar de contar a sus muertos y muertas. La Fiscalía Nacional ha entregado la identificación de 7 de los 15 que reconoce, 8 cuerpos más fueron encontrados calcinados en una fábrica y un supermercado. En la región metropolitana, además, hay tres denuncias formales de abuso sexual por parte de uniformados a detenidas. La desnudez forzada parece ser una práctica recurrente de las fuerzas represivas.

No sólo Santiago está ensangrentada y sin embargo, la calle no se abandona. El miedo cambió de bando, dicen las paredes y eso es una vibración que sacude más que los terremotos y una demanda más clara que el agua de deshielo que baja de las altas cumbres: bajen las armas.

Camilo Piñeros, estudiante de medicina de 6to año, es parte de la auto organización de profesionales y estudiantes de la salud para atender personas heridas que saben que van a llegar porque ya se contaron por centenas desde el viernes pasado. “Nos dividimos en en macro regiones: oriente, poniente, norte y sur, ubicamos lugares de acopio de materiales de primeros auxilios y estamos conectades -con e, sí, que aquí es regla entre estudiantes- por whatsapp”. Ahora que se acerca la hora en que las armas tienen permiso gubernamental para disparar esperan con calma porque saben cómo responder en caso de emergencia.

En la Plaza Italia, centro neurálgico de Santiago, hay jóvenes y viejas, trabajadoras formales y trabajadores informales, dirigentes sindicales, amas de casa, docentes de todos los niveles, estudiantes, artistas, padres, hijes. Una incontable cantidad de pañuelos verdes feministas y otro tanto de los amarillos, los que dicen “No + AFP” -denunciando el saqueo de la jubilación privada. Hay, sobre todo, una rebeldía que no se calma ni con las balas, ni las muertes que se lloran colectivamente, ni con los gases que nunca dejan de picar en la garganta. La decisión es certera y fue tomada en asambleas y en la propia calle sin ningún planteo orgánico: esto no se va a detener hasta que los milicos y “los pacos” (carabineros) no se vayan de la calle. Está pintado en cada pared de esta inmensa ciudad y anda de boca en boca. Con las armas en la calle no hay nada que hablar con las instituciones y mucho que movilizar para sacudirlas.

“Me vine con mi hija de 9 porque ella estaba asustada. Asustada de los milicos, asustada de los gases, con pesadillas. Van cinco días de movilización y la traje para que no tenga miedo. Porque pueblo que lucha no teme, y ahí está, contenta con su silbato”, dice Camila que es enfermera y ayer participó de la asamblea frente al ministerio de Salud que siguió con la movilización de profesionales y estudiantes del sector hacia Plaza Italia. A su lado, cuatro estudiantes del último año de obstetricia con los delantales blancos que usan en sus prácticas, ninguna tiene más de 24; todas están endeudadas, calculan, hasta el 2040. Pero ahora quieren hablar de otra cosa, quieren hablar del colapso del sistema de salud. “El 80 por ciento de la población usa la salud pública pero la inversión no alcanza ni para cubrir al 30 por ciento. Los hospitales no pueden colapsar ahora con les herides porque los hospitales están colapsados hace tiempo. Tenemos que hospitalizar en pasillos, no hay especialistas; donde debería haber 20 profesionales hay 10... Eso es violencia estructural, no se trata de los famosos 30 pesos, se trata de 45 años de políticas económicas neoliberales que se llevan nuestro dinero al sector privado para después fugarlo”. Esa es la descripción de Iara, Camila, Paula y Evelyn del funcionamiento de las Administradoras de Fondos de Pensión, un lento saqueo a toda la población “para después cobrar una jubilación ínfima”, insiste Iara.

Evasión popular

Faltan 17 minutos para el toque de queda y desde los barrios altos, esos que aquí se llaman “pijos” porque es donde las casas son amplias y los autos también -como las deudas-, centenares de bicicletas bajan por la avenida Providencia. “Evade”, dicen los carteles que llevan pegados en los manubrios. Es una palabra clave que también se pinta sobre las paredes y en lo que queda de los vidrios de las paradas de los colectivos –“las micros”- sobre La Alameda. Fue lo que empezaron a hacer hace más de una semana les estudiantes de escuelas secundarias, evadir el aumento del metro saltando por encima de los molinetes. Una acción directa que detonó este “¡Chile despertó!” que no deja de corearse.

Y es que evadir es la primera acción de libertad que imaginan quienes entran en la manga de vacas hacia la expropiación de su tiempo y sus saberes por más de la mitad de la vida que significa estudiar en este país. Hay que tener mucho dinero para hacer desde una tecnicatura, terciaria o carrera profesional sin contraer un Crédito con Aval del Estado que pague los estudios y que se devolverá cuando se empiecen a cobrar los primeros sueldos. “Yo soy profesor de Educación Física, me recibí en 2014, tuve que pedir 6 millones para estudiar, voy a terminar pagando 20, al paso que voy, será en 2036”. Porque aunque Álvaro Barrientos quisiera adelantar cuotas de su CAE, apenas si puede sostener la vida cotidiana sin contraer otras deudas. Está sentado en una plaza en la comuna de Providencia, aunque se aproxima la militarización de la ciudad que viene sucediendo desde hace cinco noches, hay un micrófono abierto y una banda tocando, centenares de personas en el pasto, niñes que juegan con las cacerolas de las protestas y una sensación que no se parece en nada a la furia sino más bien a otra palabra que también anda de cartel en grafiti: dignidad.

Vonni Basualdo, joven estudiante de pedagogía en matemática, sentada en la misma plaza que se ocupó porque “les vecines” también se organizaron por whatsapp después de encontrarse en la calle para recuperarla, asiente. “Es contra la precariedad de la vida y a favor de la dignidad. Esto no se termina. Que saquen los milicos y después igual va a estar difícil, porque el pueblo cada vez está más informado, saben que hay problemas estructurales: la educación, la salud, las AFP y ya no queremos más parches.”

Asambleas instituyentes

Javiera Manzi es vocera de la Coordinadora Feminista 8M, parte de la organización del paro transnacional que modificó los 8 de marzo desde 2017. Ayer, fue protagonista de dos asambleas, la primera, de la Coordinadora. La segunda, en la Federación de Estudiantes de Chile, convocó a más de 60 organizaciones sociales, sindicatos, mapuche, feministas, territoriales. Ahí, como en cada asamblea de las que se vienen organizando por sectores o por territorios, se pusieron en común las evaluaciones de lo actuado y la imaginación de lo por venir. “La violencia se expresa de manera diferenciada sobre nuestros cuerpos de mujeres y disidencias, nuestra lucha es anticapitalista y antipatriarcal y queremos que nuestras demandas estén en primera línea. Nosotras hicimos la primera huelga feminista este año y fue la movilización más masiva desde la dictadura. Juntarnos con otras organizaciones es una necesidad ahora porque no es momento de cerrarse sino de abrirse. Las asambleas son instituyentes de una autoridad que fundamos juntes y por ese camino es que queremos seguir transitando”, dice agitada entre el final de una actividad, el sonido de las cacerolas de fondo y otra asamblea en su barrio que también la espera.

¿Qué sigue después de estas movilizaciones, de esta insurrección que no parece poder calmarse con medidas o con “parches”, como le dicen los estudiantes al resultado de las movilizaciones de 2011 por la reforma educativa? “Necesitamos una Asamblea Constituyente porque la Constitución actual es una trampa neoliberal, un entramado jurídico que obstaculiza las reformas que necesitamos en Chile”, dice Benjamín Núñez, estudiante de Derecho, apenas terminada la asamblea tripartita de la Universidad de Chile donde participaron funcionarios/as, estudiantes, no docentes y trabajadores y trabajadoras a honorarios -un equivalente a monotributistas- que en la UdeCH son más de 10 mil. “Pero no puede ser una asamblea con representantes de partidos políticos, tiene que ser una gran discusión política abierta, un cabildo abierto para que todos y todas podamos diseñar el territorio que queremos”

El movimiento en la calle es autoconvocado pero no está acéfalo, hace sonar cacerolas pero no le faltan palabras; es urgente pero tiene el tiempo que precisa para detener la vida cotidiana y poner ahí la cuña de la desobediencia. Los plazos que pone la calle están expresados en las paredes y con esa poesía propia de la revuelta dice: “Hasta que valga la pena vivir”.

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El gobierno del Líbano busca aplacar la protesta social

El movimiento de protesta comenzó el jueves pasado tras el anuncio de un nuevo impuesto a los llamados efectuados a través de las aplicaciones de mensajería de internet como WhatsApp, una decisión finalmente anulada.

 

El gobierno de Líbano, que enfrenta una movilización popular inédita en años, adoptó este lunes varias reformas bloqueadas desde hacía tiempo, pero no logró templar los ánimos de los manifestantes contra una clase política acusada de hundir el país.

Tras un Consejo de Ministros extraordinario, el primer ministro Rafic Hariri anunció ante la prensa que la coalición gubernamental que lidera adoptará "medidas esenciales y necesarias".

En este sentido, prometió un "presupuesto para 2020 sin impuestos adicionales para la población", una bajada del 50 por ciento de los sueldos del presidente y de los expresidentes, de los ministros y los diputados, y nuevos impuestos para los bancos.

Hariri afirmó que apoyaba el reclamo de los manifestantes de celebrar elecciones anticipadas. "Los hemos escuchado. Si su petición es elecciones parlamentarias anticipadas [...] yo, Saad Hariri, estoy con ustedes en esta petición", declaró.

Las últimas elecciones legislativas tuvieron lugar en mayo de 2018.

 

 "Mentira"

 

Pero los anuncios de Hariri, retransmitidos en directo por altavoces por el centro de Beirut, en los principales puntos de encuentro de los manifestantes, no parecieron convencer demasiado.

Miles de manifestantes respondieron al grito de "¡revolución, revolución!" y "el pueblo quiere la caída de régimen", principales lemas coreados en estos cinco días de protestas.

"Mentira, es una mentira", declaró Chantal, una manifestante de 40 años, que llevaba la bandera libanesa pintada en la cara. "Es puro maquillaje. ¿Quién puede garantizar que las reformas se aplicarán?", preguntaba.

"Estas decisiones no se tomaron como moneda de cambio", declaró Hariri en la rueda de prensa. El gobierno "no pretende pedirles que dejen de manifestarse y de expresar su indignación", agregó.

"Ustedes son la brújula, son ustedes quienes hicieron actuar al Consejo de Ministros, es su movimiento el que condujo a estas decisiones", sostuvo Hariri.

Pero esto no hizo que los manifestantes cambiaran de postura, y el lunes por la noche continuaban pidiendo que toda la clase política dimitiera, acusándola de incompetente y corrupta. "¡Todos quiere decir todos!", se escuchaba en las calles.

El movimiento de protesta comenzó de manera espontánea el jueves tras el anuncio de un nuevo impuesto a los llamados efectuados a través de las aplicaciones de mensajería internet como WhatsApp, una decisión finalmente anulada, pero el malestar siguió.

"Es difícil apagar el volcán con soluciones de último minuto", declaró Imad Salamey, profesor de ciencias políticas de la Universidad Libanesa Americana de Beirut, entrevistado el lunes antes de que se anunciaran las reformas.

 

 Escasez de agua y de electricidad 

 

Según la prensa libanesa, el objetivo es provocar un "shock" prometiendo la puesta en marcha de reformas que fueron imposibles por disputas y divisiones políticas.

En los últimos años, la vida cotidiana de los libaneses se ha degradado, con incesantes cortes de agua y electricidad, 30 años después del fin de la guerra civil (1975-1990). Más de una cuarta parte de la población vive bajo el umbral de la pobreza, según el Banco Mundial.

Desde la mañana del lunes, manifestantes cortaron varias rutas en todo el país para impedir que los empleados puedan ir a sus lugares de trabajo, mientras que en las redes sociales se multiplicaban las convocatorias para salir a las calles.

Bancos, universidades y escuelas estaba cerrados este lunes, en medio de este movimiento de protesta que paraliza al país.

El domingo, cientos de miles de libaneses salieron a las calles en todo el país, reclamando un cambio radical de un sistema político acusado de corrupción y clientelismo, en medio de la crisis económica.

En un ambiente festivo, los manifestantes apuntaron directamente contra sus líderes, otrora tan temidos y respetados. Algunas veces, incluso, las críticas surgieron en sus propios feudos electorales, algo inusual hasta la fecha.

También el dirigente chiíta Nabih Berri, que lleva casi 30 años como presidente del parlamento, fue blanco de las críticas, acusado de haberse aferrado al poder. "¿Qué había antes de Nabih Berri? ¡Adán y Eva!", rezaba una pancarta en la capital.

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Las decisiones antipopulares condujeron a manifestaciones masivas. Foto: Al-Mayadeen.

Desde el jueves 17, miles de libaneses protestan en las calles contra medidas económicas que el Gobierno aplicará a algunos productos, aumentando el impuesto al valor agregado para 2021 y 2022.

Los manifestantes exigen una inmediata respuesta del gobierno, tras conocerse los debates del Consejo de Ministros para el presupuesto de 2020 que valora subida de impuestos y tarifas.

Durante las manifestaciones se han suscitado enfrentamientos entre manifestantes y agentes antidisturbios, así como la quema de neumáticos y el bloqueo de carreteras en la capital Beirut.

Algunos de los participantes han resultado heridos, en las que han sido catalogadas como unas de las protestas más grandes que se han visto en años en el país.

Manifestantes opinaron que las protestas masivas de las últimas horas constituyen el despertar de la ira popular contenida durante años. “Hemos prendido fuego para que se escuchen nuestras voces”, dijo Mazen, de 24 años de edad.

Y agregó: “todos deben venir y apoyarnos para deshacernos de los ladrones”.

Y aunque algunos manifestantes no aprueban los métodos como Magalene Mrad, de 23 años de edad, quien consideró “vergonzoso lo que está sucediendo”, señala que “la culpa recae en los gobernantes al empujar a la población al borde del abismo”.

“El mundo se cerró para El Líbano”, añadió; “y todo lo que hacen los políticos es gravar más a los pobres; en algún momento tendremos que pagar por el aire que respiramos”.

El descontento popular que llevó a manifestantes a lanzarse a las calles en El Líbano, ha sido nombrado por algunos medios de prensa como la “Revolución de WhatsApp”.

Sobre las medidas económicas

El gobierno libanés declaró una medida de emergencia económica después de que el país entrara en una profunda recesión implantando una serie de medidas, todas impopulares, incluyendo el aumento del IVA hasta el 15% en 2022.

Aunque a esta medida ya se le dio marcha atrás, fue el detonante de las manifestaciones populares: se trata del anuncio de que el Líbano cobraría 20 céntimos diarios por las llamadas de voz hechas por WhatsApp. Horas después, se dio marcha atrás debido a las demostraciones. El impuesto no solo hubiese afectado a WhatsApp, también a otras aplicaciones de voz sobre IP como Skype, FaceTime o Hangouts.

Sin embargo, las protestas no se limitan a una aplicación, sino a la situación general del país y la erosión social debido a grandes casos de corrupción y la terrible administración de los fondos públicos del país, denunciada por los manifestantes.

Igualmente, el Gobierno decidió aplicar una nueva tarifa a los productos del tabaco, tanto local como importado, y aumentar el impuesto al valor agregado en dos puntos en 2021 y otros dos puntos adicionales en 2022, para alcanzar el 15 por ciento.

El primer ministro del Líbano, Saad Hariri, envió un mensaje televisivo en el que pide una respuesta explícita sobre el anuncio del alza en los impuestos que lo convenzan a él, a la población, a la comunidad internacional y a todos los que expresan su enfado en las calles.

Además, dio un plazo de 72 horas para que los partidos políticos solucionen el descontento que ha generado la medida.

Hariri indicó que el enfado es real y que el pueblo libanés ha dado “más de una oportunidad” a los políticos para hacer reformas. “El dolor de los libaneses es verdadero y lo veo, y apoyo cualquier movimiento para expresarlo”, recalcó y no se responsabiliza por la situación del país.

Posiciones con respecto a las medidas

La ministra del Interior, Raya al-Hassan, aseguró a Al-Mayadeen que la mayoría de las manifestaciones en el país fueron pacíficas y destacó que la alternativa a las medidas de austeridad era el colapso de El Líbano.

Al-Hassan expresó considera necesario que el gobierno equilibre esas medidas y alivie su impacto en los ciudadanos.

Por su parte, el presidente del Partido Socialista Progresista, el exdiputado Walid Jumblatt, dijo al canal televisivo, que todos los componentes del gobierno se responsabilizarán de lo que está sucediendo y nadie es más responsable que el otro.

El miembro del bloque Lealtad a la Resistencia en el Parlamento libanés, el ministro Hussein al-Haj Hassan, confirmó el sesgo del bloque a las demandas populares y subrayó la necesidad de una reforma real en el país.

Por su parte, la ministra de Estado para el Desarrollo Administrativo, May Chidiac, consideró que lo que está sucediendo refleja un resentimiento popular a la luz de la incapacidad de los ciudadanos para pagar los impuestos.

El canciller de El Líbano, Gebran Bassil, defendió al Gobierno de las protestas en marcha, al decir que el descontento popular surgió de causas abandonadas por Ejecutivos anteriores.

Según el jefe de la diplomacia, es entendible lo de las manifestaciones que eran de esperarse por crisis acumuladas.

Es una “descarga eléctrica” necesaria para el país, que debería impulsar medidas contra la corrupción y el despilfarro, apuntó.

Bassil pidió la aprobación de leyes para recuperar fondos públicos saqueados, una de las demandas clave de los manifestantes

Por su parte, el secretario general de Hizbullah, Sayyed Hassan Nasrallah, ha rechazado una eventual renuncia del gobierno en El Líbano debido a una situación popular explosiva e incontrolable.

A juicio del dirigente de la Resistencia, la idea de dimisión del Ejecutivo para escoger otro, no resolverá la crisis económica que conduce al colapso del país.

“Cualquier gobierno de tecnócratas no durará mucho y los que piden hoy un gobierno así serán los primeros en pedir su derrocamiento. Cualquier nuevo proceso electoral parlamentario reproducirá la misma asamblea actual”, expresó.
La situación financiera actual no es el resultado de ahora, ni de este año, ni del corriente mandato presidencial, apuntó, sino de una acumulación de décadas.

“Todos tenemos que asumir la responsabilidad incluso nosotros mismos, aunque es relativo y con porcentajes diferentes”, señaló. “Es vergonzoso que se quiera eludir culpabilidad en lo que ocurre, en especial de aquellos participantes en anteriores gobiernos”, acotó.

El periódico libanés Al-Akhbar reveló el jueves la aprobación del gabinete de una propuesta del ministro de Comunicaciones, Mohamed Choucair, para imponer un impuesto a la aplicación de WhatsApp y a los cigarrillos, y para discutir la posibilidad de imponer una nueva tarifa sobre derivados del petróleo y aumentar el impuesto al valor agregado.

Etiquetas como #HoraDePasarLaCuenta (traducción de la original en árabe) han llegado a ser los más cotizados en Twitter, por activistas que expresaron su enojo por los nuevos impuestos y las malas condiciones de vida a la luz de la crisis del dólar en el país.

Solidaridad internacional con la causa del pueblo libanés

En Londres, Los Ángeles, Barcelona, Milán, Berlín, Toronto, Boston, Niza, París, Ginebra, Madrid, Países Bajos y Lyon, se concentraron decenas de personas para solidarizarse con la causa del pueblo libanés.

Desde el jueves y hasta hoy, se han hecho visibles muchas muestras de respaldo universal a los miles de libaneses que salieron a las calles para protestar por el deterioro económico nacional, contra la corrupción y en demanda de cambios en el Gobierno y el Parlamento.

Ayer, en Nueva York y Montreal se reunieron cientos de personas para expresar su apoyo al pueblo libanés.

(Tomado de Al-Mayadeen)

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¿De qué ha servido la revuelta en Ecuador?

Para todas esas personas que hacen de lo colectivo el centro de sus vidas, los sucesos del Ecuador serán como la estrella polar para los navegantes: referencia y horizonte, guía y orientación en estos tiempos de caos y confusión.

Los grandes virajes estratégicos, esos que influyen a lo largo de décadas, se producen siempre abajo, a través de la irrupción de los sectores populares en el escenario político, que transforman al modificar las relaciones entre clases, grupos sociales, géneros y generaciones.

Así sucedió con el Caracazo de 1989, que abrió un período de levantamientos populares y comenzó a erosionar el Consenso de Washington, creando las condiciones para impugnar el neoliberalismo privatizador. Del mismo modo, auscultando los latidos de la acción colectiva, consideramos que Junio 2013 fue el comienzo del declive del progresismo, cuando millones ganaron las calles para cuestionar la perpetuación de la desigualdad.

¿Qué importancia tiene, entonces, la revuelta de doce días de los pueblos originarios, trabajadores y estudiantes en Quito?

En primer lugar, la revuelta abre una brecha entre conservadurismo y progresismo, entre derechas y pretendidas izquierdas. Uno de los lemas más coreados en las calles fue “Ni Correa ni Moreno”. Rechazaron y frenaron el paquete del FMI, la política de trasladar la deuda del Estado a los trabajadores, elevando precios e impuestos.

Pero en la misma revuelta, recordaron que el Gobierno de Rafael Correa, durante una larga década, reprimió a las organizaciones indígenas, de trabajadores y estudiantes. Esa memoria estuvo presente y llevó a los manifestantes a crear una guardia que sacó de las marchas a los encapuchados correístas, que sólo estaban allí para derrocar a Moreno y facilitar el retorno de su líder.

Debemos destacar que es la primera vez, en toda la región, que los pueblos abren una brecha en la polarización existente entre ambos sectores que pretenden la hegemonía. Por eso considero que estamos ante un viraje estratégico, que se consolidará o no, dependiente de cómo actúen cada uno de los protagonistas. En este sentido, recordemos que la propia Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) no estuvo nada fina ante el Gobierno de Lucio Gutiérrez (2003-2005), aceptando colaborar con su gestión.

En segundo lugar, se produjo una reactivación y reorganización del campo popular. Durante la revuelta, todos los sectores, duramente castigados por el Gobierno de Correa, volvieron a activarse.

En Loja y Azuay, por ejemplo, se crearon Asambleas Populares Autónomas, “espacios organizativos para construir poder popular, dar continuidad al proceso levantado y articular planes y acciones”, como destaca el activista antiminero Paúl Jarrín. Los estudiantes “armaron centros de acopio, albergues y cocinas comunitarias, integrando así una lucha campo-ciudad”, y las calles y plazas fueron espacios de formación y de relación inter-generacional, donde fue posible que las camadas que nacieron después de 2000 realizaran su primera experiencia de lucha junto a las generaciones anteriores.

El analista Decio Machado enfatiza en el papel de las mujeres y de los estudiantes, que construyen nuevos liderazgos, así como la aparición de dirigentes jóvenes en la Conaie, tan necesitada de renovar a viejos y gastados cuadros. “El movimiento de estudiantes, de mujeres y especialmente de los indígenas estuvo dirigido por una nueva generación de militantes sociales que nada tienen que ver con el correísmo e incluso lo repudian”, señala.

Tan importante como esa re-organización de abajo arriba, es el papel de “amplios sectores de la sociedad quiteña y de otras localidades del país que expresaban diariamente su solidaridad con los movilizados entregándoles medicamentos para los enfermos y heridos, mantas, alimentos, zapatos, agua y comida”.

En tercer lugar, habría que hablar de la impronta que esta irrupción tendrá en toda la región. No será una influencia inmediata ni directa. Recordemos que el Caracazo, punto de inflexión del neoliberalismo, recién comenzó a impactar varios años después, cuando se produjo el Ya Basta! del zapatismo cinco años después, y las revueltas de fines de la década de 1990 en Perú, Paraguay y el propio Ecuador, precursoras de las grandes insurrecciones bolivianas de 2003 y 2005 y de la revuelta argentina de 2001.

Los tiempos de la historia de abajo no son lineales, se maceran lentamente al calor de los fogones, allí donde se debaten y se toman las decisiones colectivas que cambian los rumbos del mundo. Para todas esas personas que hacen de lo colectivo el centro de sus vidas, los sucesos del Ecuador serán como la estrella polar para los navegantes: referencia y horizonte, guía y orientación en estos tiempos de caos y confusión.

Por Raúl Zibechi


publicado

2019-10-18 11:10

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Quito vuelve a la calma tras 11 días de marchas y protestas. Imagen: EFE

La académica Stoessel reflexiona sobre la situación de Ecuador tras el acuerdo entre el gobierno y los sectores populares; el rol de los medios y de las Fuerzas armadas así como la persecución al correísmo.

Soledad Stoessel es profesora de sociología y politóloga en la Universidad Nacional de La Plata y en FLACSO-Ecuador. Siguió de cerca las jornadas de paro y movilización que se prolongaron durante 11 días y que dejaron, producto de la represión estatal, un saldo de ocho muertos, 1152 detenidos y 1340 heridos. según cifras de la Defensoría del Pueblo. En diálogo con Página/12, analiza las consecuencias de la derogación del Decreto 883, el rol de los medios y las Fuerzas armadas a lo largo del conflicto, la ruptura de Lenín Moreno con el correísmo y su futuro inmediato.

-¿La derogación del Decreto 883 constituye una victoria para el pueblo ecuatoriano?

-Creo en primer lugar que la derogatoria del decreto es el resultado de una negociación pública inédita para la historia de Ecuador, aunque se trata de una victoria parcial del campo popular. El decreto era el núcleo duro del paquetazo. Todavía persisten propuestas adicionales tales como la eliminación del impuesto a la renta, y la reforma laboral que el gobierno está intentando enviar al Congreso. Se trata de una reforma sumamente regresiva en términos de derechos laborales, que disminuye el salario, reduce las vacaciones, habilita el despido de empleados públicos y permite privatizar la seguridad social. Es decir que el resto de las demandas quedan subsumidas a la derogación de ese decreto, con lo cual todavía queda mucho camino por recorrer.

-¿Qué escenario se abre ahora para el gobierno de Lenín Moreno?

-Moreno promovió una estigmatización profunda del indígena, de los sindicatos, de los estudiantes, en suma los sectores populares. Se encargó de abrir una brecha entre el campo popular y su propio gobierno. Todo este proceso de crisis constituye un punto de inflexión para un gobierno que ya venía debilitado por distintas medidas de ajuste tras el acuerdo con el FMI en marzo, mediante decreto. La propia Constitución ecuatoriana prohíbe acordar con el FMI sin que el pueblo se entere de los detalles de dicho acuerdo.

Como decía, se trata de un gobierno muy debilitado que perdió capacidad. La Asamblea ha dejado de sesionar y recién ahora retomará las sesiones. El gobierno queda muy expuesto, y ahora tendrá poco margen para aplicar políticas públicas. El otro hecho a considerar es que todavía faltan dos años para las próximas elecciones. Se abre un momento de mucha incertidumbre. Y hay que tener en cuenta que la única agenda política de Moreno consiste en perseguir al correísmo. De hecho, lo primero que hace Moreno después de derogar el decreto, es comenzar a perseguir a referentes del correísmo (la Prefecta de Pichincha, Paola Pabón, fue detenida el lunes por fuerzas policiales sin orden judicial y tras un allanamiento ilegal).

-Moreno culpa a Rafael Correa de estar detrás de su destitución. ¿En qué momento se quebró la relación entre ambos?

-Hay distintas hipótesis al respecto. Lenín Moreno ganó en segunda vuelta en 2017 por un margen bastante ajustado. Evidentemente estaba interesado por el discurso de esa derecha que no ganó. Apenas asume, se monta sobre ese discurso, buscando gobernabilidad. Por eso genera un pacto con los mismos banqueros que habían generado la gran crisis de 2009. Empieza a acercarse a las elites y adopta el panorama económico del establishment. Sus tres grandes aliados pasan a ser, a partir de ese momento, el poder económico concentrado, las Fuerzas Armadas y los medios de comunicación.

-En ese sentido, ¿cuál fue el rol de la prensa durante los 11 días de protesta?

-Moreno ha sido el presidente más blindado por los medios desde el retorno democrático. En esta coyuntura, eso se volvió aún más nítido. No mostraron ninguna de las protestas, se alinearon con el marco del gobierno en torno a la conspiración correísta, bajo la idea de que todo era mafioso o vandálico. Por suerte, la contracara fue un gran número de medios alternativos y plataformas virtuales que transmitieron todo on line y en vivo.

-Mencionó también a otro de los grandes aliados del gobierno, las Fuerzas Armadas, que cumplieron un rol fundamental durante estos 11 días de conflicto.

-Fuimos testigos de una represión brutal por parte de las fuerzas del orden. Jamás se ha visto en Ecuador tamaño nivel de agresión. Se trata directamente de violaciones a los derechos humanos. La Ministra de Gobierno María Paula Romo, que comandó la represión, y el Ministro de Defensa Raúl Oswaldo Jarrín, con una larga trayectoria militar, son los principales responsables. De hecho una de las principales exigencias de los movimientos indígenas consistía en el pedido de revocación de estos dos ministros, pedido que obviamente nunca fue cumplido.

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Lunes, 14 Octubre 2019 06:44

Pan, ira y rosas

 Trabajadores de General Motors, que están a punto de cumplir un mes en huelga, se manifestaron ayer cerca de la planta de Flint, Michigan.Foto Afp

Unos 50 mil trabajadores de General Motors (GM) están por cumplir un mes en huelga, la acción laboral del sector privado más grande de la última década (que afecta, por las cadenas de producción integradas, a miles de trabajadores más en México y Canadá) en una disputa que es, en esencia, una confrontación con la ofensiva neoliberal de las ultimas tres décadas que ha creado la mayor concentración de riqueza en casi un siglo y ha atacado a los derechos laborales y sociales de los estadunidenses.

Esta huelga es clave para el futuro del movimiento laboral en este país, y no sólo el sindical, sino en todas sus expresiones organizadas. Es una huelga, afirma un dirigente, para "alzarnos por esos derechos fundamentales de la gente de la clase trabajadora en este país".

Pero no es la primera en tiempos recientes, sino que se nutre de una ola de acciones laborales llevadas a cabo por maestros, trabajadores de hoteles y supermercados, del sector salud, transporte, comunicaciones y más. De hecho, más trabajadores –aproximadamente 485 mil 200, según cifras oficiales– participaron en huelgas y otras acciones que suspendieron jornadas laborales a lo largo de 2018, la cifra más alta desde 1986.

Algunos señalan que la vanguardia de esta ola de rebeliones laborales fue el magisterio, empezando con la gran huelga de maestros de Chicago en 2012 que triunfó al proyectarse como parte de un movimiento social más amplio que sólo el sindical contra las medidas de austeridad neoliberales.

El tsunami de huelgas por cientos de miles de maestros en siete estados durante 2018 sacudió las cúpulas estatales y federales triunfando en varias de sus demandas, incluida la principal: revertir las políticas de austeridad y privatización de las escuelas públicas. Este año, junto con GM, maestros realizaron huelgas en Los Ángeles y Denver, y está por estallar otra huelga masiva en el sector salud.

La resurrección de la acción colectiva laboral reciente fue nutrida por una serie de movimientos sociales –incluyendo Ocupa Wall Street y el Movement for Black Lives– que ofrecieron ejemplos del uso de nuevas herramientas de comunicación y organización, pero también se rescató la memoria histórica de que la acción sindical es parte, y depende, de la organización comunitaria y social.

Pero un canal que alentó este renovado movimiento laboral y su interacción con otros fue la campaña presidencial del socialista democrático Bernie Sanders, en 2016, y de nuevo ahora, en el que diversos organizadores –sobre todo los jóvenes– se encontraron, se capacitaron entre sí y promovieron nuevas alianzas. Sanders estuvo en Detroit hace un par de semanas, donde su sumó a los piquetes frente a una planta de GM en el que no sólo se expresó la solidaridad, sino vinculó esta huelga con la lucha por la justicia social en general.

Jane McAlevey, organizadora sindical, historiadora y estratega, señala que "la gente trabajadora está encabronada" ante las injusticias y los efectos de las políticas neoliberales y que la ola de huelgas tiene que ver con el efecto contagioso de los triunfos logrados, sobre todo al recuperar lo que llama el arma histórica más poderosa de los trabajadores que se había dejado de usar: la huelga.

Al mismo tiempo, trabajadores en los sectores de punta como los de Google, Uber y otros de la "alta tecnología" están elaborando estrategias para organizar su sector, basadas en un modelo de hace más de un siglo impulsado por el gran movimiento anarcosindical del Industrial Workers or the World (IWW) con lo que se llamaba "sindicalismo solidario", encabezado por trabajadores, y no administradores sindicales. Por otro lado, se están explorando alianzas entre el movimiento laboral y el ambiental en torno al tema del cambio climático y, como ha sido a lo largo de la historia de los trabajadores en Estados Unidos, los inmigrantes son la vanguardia en varios sectores.

Tal vez todo esto es un renacimiento de la lucha antigua por la dignidad colectiva ante el robo del futuro por unos cuantos, y un nuevo coro exigiendo, una vez más, no sólo el pan que todos merecen, sino rosas también.

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Toque de queda en Ecuador; vía libre para el uso de armas letales

Quito. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, cuyas fuerzas armadas tienen la orden de usar armas letales contra manifestantes, dispuso ayer el toque de queda a partir de las tres de la tarde y la militarización de Quito en una jornada en la que la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) –que aceptó dialogar con el régimen la "derogatoria o revisión" del decreto que eliminó los subsidios a los combustibles– se deslindó del incendio y saqueo a la Contraloría, y otros ataques a medios de comunicación.

En una señal de distensión la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y el Sistema de Naciones Unidas anunciaron anoche que el gobierno y las organizaciones indígenas sostendrán una reunión hoy a las tres de la tarde en Quito, luego de que Moreno anunció su disposición para analizar el decreto 883, el cual eliminó los subsidios a combustibles, y otras medidas impuestas por el Fondo Monetario Internacional.

El toque de queda fue anunciado con 38 minutos de anticipación, y prohíbe la circulación por esta capital de 2.7 millones de habitantes. Luego el mandatario, atrincherado en Guayaquil, a donde trasladó la sede del gobierno, lo amplió a todo el país desde las ocho de la noche hasta las cinco de la mañana.

"He dispuesto al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, inmediatamente, tomar las medidas y operaciones que sean necesarias", señaló el mandatario en un breve mensaje, flanqueado por el vicepresidente, Otto Sonnenholzner, y el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín.

Ante el anuncio, se viralizó una entrevista que hace una semana Jarrín concedió a Teleamazonas, en la que señaló que los militares están "listos para el uso de armas letales (...) No olviden que nuestra Fuerza Armada, orgullosamente, tiene experiencia de guerra".

Ayer las calles de Quito se convirtieron en un virtual campo de batalla, con las fuerzas de seguridad lanzando gases lacrimógenos a los manifestantes en las inmediaciones de la Asamblea Nacional, la Casa de la Cultura, y otros puntos de la capital.

Más tarde, Moreno insistió que su antecesor Rafael Correa y el mandatario venezolano Nicolás Maduro están detrás de una "violencia nunca antes vista" en Quito. “Fuerzas oscuras, vinculadas a la delincuencia política organizada y dirigidaS por Correa y Maduro –en complicidad con el narcoterrorismo, con pandillas y con ciudadanos extranjeros violentos– causaron zozobra, violencia nunca antes vista”, señaló Moreno en un mensaje a la nación.

Cientos de manifestantes, muchos encapuchados, se apoderaron de diversos sectores de la capital y áreas periféricas, paralizando calles y atacando con palos y piedras vehículos particulares.

Decenas de encapuchados incendiaron y saquearon el edificio de la Contraloría General, institución que investiga actos de corrupción, especialmente cometidos durante el gobierno del ex presidente Rafael Correa (2007-2017), muchos de cuyos más altos funcionarios están bajo investigación y procesados.

La ministra del Interior, María Paula Romo, tuiteó que fueron detenidas 30 personas en las inmediaciones de la Contraloría.

Telesur, fuera del aire

El diario El Comercio y el canal privado Teleamazonas fueron también blanco de ataques durante la tarde, aunque los manifestantes no lograron entrar a las instalaciones. La Conaie se deslindó de las agresiones contra la Contraloría y ambos medios.

La cadena TeleSur denunció en Twitter que está sin señal de cable y satelital para sus transmisiones.

En los alrededores de la Asamblea Legislativa, indígenas levantaron barricadas con troncos y escudos de madera para enfrentarse a policías que lanzaron una lluvia de gas lacrimógeno, indicaron periodistas de la Afp.

Entre las protestas se destacó ayer una multitudinaria de mujeres al grito de "No más muertes", mientras otros manifestantes bloquearon las vías al aeropuerto capitalino.

La Conaie denunció anoche que fuerzas de seguridad lanzaron bombas lacrimógenas a la Casa de la Cultura, donde miles de indígenas, entre ellos niños y mujeres, se mantienen concentrados.

Desde que estallaron las manifestaciones el pasado día 3, han muerto seis civiles y se registran 937 heridos y mil 127 detenidos, dijo la Defensoría del Pueblo.

El toque de queda decretado ayer por Moreno, que se suma al estado de excepción dispuesto el 3 de octubre, siguió al anuncio de la Conaie de aceptar el diálogo propuesto por el mandatario para buscar una salida a la crisis, en medio de nuevos y cada vez más focos de violencia.

La organización indígena declaró ayer en un comunicado que decidió "participar" en las conversaciones después de "un proceso de consulta con las comunidades, organizaciones, pueblos, nacionalidades y organizaciones sociales".

Precisó que negociará "la derogatoria o revisión" del decreto 883 –que eliminó los subsidios a los combustibles y encareció los precios hasta en 123 por ciento de la gasolina y el diésel–, pero continuarán las movilizaciones a escala nacional.

Leonidas Iza, dirigente de la Conaie, dijo al canal de televisión Ecuavisa que las condiciones para las conversaciones incluían que fueran públicas y transmitidas por los medios. Más tarde, Iza pidió ayuda a las fuerzas armadas para "garantizar la paz y a regresar el orden constitucional".

Iza añadió que ese movimiento no va a caer "en las intenciones de ciertos grupos políticos que han intentado aprovecharse de la reacción del movimiento indígena del pueblo ecuatoriano", aunque no hizo precisiones, indicó Ap.

Al cierre de esta edición, la Conaie destacó en un tuit "la conmovedora e incansable voluntad de nuestra gente de luchar, mujeres, jóvenes, mayores y toda la población", y reiteró que "realizaremos los acercamientos para tratar la derogatoria del decreto 883".

Después, Moreno anunció cinco medidas para abrir negociaciones. La primera, que se analizará el decreto 883 "para estudiar sus efectos y asegurar que los recursos lleguen al campo".

Dijo que se evaluará también la reducción de sueldos por renovación de contratos ocasionales y sobre el recorte de vacaciones, incluidos en un proyecto enviado a la Asamblea Nacional y que propondrá un bono de 20 dólares mensuales que pagarán las empresas privadas a sus empleados.

Como cuarta medida señaló que se trabaja para apoyar a quienes han perdido su producción lechera o sus cultivos y animales tras la paralización, y por último que se incluirá un impuesto para grandes empresas "para que aquellos que más ganan, sean los que más contribuyan al país".

Habitantes de Calderón, un pueblo cerca de la capital, soltaron a decenas de policías y militares que habían capturado. En Guayaquil y otras ciudades hubo enfrentamientos y caos.

Por la noche, miles de ciudadanos hicieron sonar sus cacerolas exigiendo paz, e incluso en algunos barrios pequeños grupos se han animado a salir a la calles formando improvisadas brigadas de vigilancia, para exigir su deseo de paz. Los militares junto con policías patrullan las calles de la capital..

El transporte de petróleo, la mayor fuente de divisas, se mantuvo interrumpido a causa de la ocupación en la Amazonia de pozos del principal ducto del país.

En el gobierno desde 2017, el mandatario enfrenta su mayor crisis debido a los ajustes económicos que impuso a cambio de préstamos por 4 mil 200 millones de dólares que contrajo con el FMI para aliviar el pesado déficit fiscal. Además del fin de subsidios, las medidas prevén recortar derechos a empleados públicos y despidos masivos.

Desde el pasado 3 de octubre, el galón de diésel pasó de 1.03 a 2.30 dólares y el de gasolina regular de 1.85 a 2.40.

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Ecuador: Intransigencia, toque de queda y represión

 La represión del gobierno se extiende de día y de noche, y ya no solo abarca los alrededores de la Asamblea sino todo Quito y alrededores.

 El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ordenó este sábado el "toque de queda y la militarización" de Quito y sus alrededores a causa de la violencia en las manifestaciones iniciadas hace 11 días contra las reformas económicas pactadas por su gobierno con el FMI.

"He dispuesto el toque de queda y la militarización del DMQuito y valles. Empezará a regir a las 15:00. Esto facilitará la actuación de la fuerza pública frente a los intolerables desmanes de violencia", dijo el mandatario en Twitter. En un mensaje televisado para explicar su decisión el mandatario agregó: “son los traficantes, los narcotraficantes, los Latin kings criminales y los correístas los que están dedicados a los actos vandálicos. Los indígenas ya los han detectado y están separándolos de sus filas.”

Más allá de la constante búsqueda de chivos expiatorios para explicar el estallido social --Moreno ya había culpado a su par venezolano y al chavismo por el levantamiento popular-- lo cierto es que el centro de Quito se había convertido un campo de batalla constante. La represión del gobierno de Lenin Moreno se extiende de día y de noche y el acceso a la Asamblea Nacional está cortado por decenas de barricadas donde se repite una consigna central: “fuera Moreno fuera”.

La pulseada lleva diez días y ha escalado en masividad popular y violencia estatal. Primero fueron los transportistas, luego el movimiento indígena, centralmente la Coordinara de Nacionalidades Indígenas (CONAIE), y en los últimos días se ha vuelto más amplia: jóvenes, barriadas, mestizos, blancos, trabajadores.

El punto de inicio, la gota que rebasó el vaso, fue el anuncio de Moreno de llevar adelante una serie de medidas de ajuste en el marco del acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para un préstamo de 10 mil millones de dólares. El punto crítico, dentro del llamado “paquetazo”, fue el decreto 883 que quitó el subsidio a la gasolina con su consecuente aumento desde la estación de servicio hasta el plato de comida.

La postura del gobierno ha sido desde el primer momento la negación a dar marcha atrás: decretó el estado de excepción y luego el toque de queda. Moreno se desplazó de la ciudad de Quito a Guayaquil --no se sabe ahora donde se encuentra-- y desde allí comandó la respuesta a la movilización que subestimó.

Con el correr de los días la amplitud de la respuesta popular creció: movilizaciones en diferentes ciudades, bloqueos de carreteras a nivel nacional, y la confluencia de una gran movilización de la CONAIE y otros movimientos indígenas que llegó a la ciudad de Quito el miércoles pasado.

La postura de la CONAIE se ha mantenido idéntica desde el inicio de las protestas: no dialogarán ni se retirarán de las calles hasta tanto Moreno no dé marcha atrás con el decreto 883 y el conjunto de medidas pedidas por el FMI.

Hasta el viernes, la respuesta de Moreno había sido en cambio la de no retroceder y aumentar los niveles de represión, con un total de cinco muertos según la Defensoría del Pueblo -algunas organizaciones hablan de siete- más de mil detenidos y heridos. La noche del viernes fue particularmente violenta: la represión ingresó hasta los puntos acordados como de descanso para el movimiento indígena.

Quito amaneció el sábado con barricadas y gases, en una escenografía de levantamiento popular protagonizado por mujeres y hombres indígenas venidos de las sierras, las costas y la Amazonía, por jóvenes, trabajadores, una multitud frente al poder legislativo y presidencial. Con el correr de las horas se sumaron manifestantes de distintos barrios de la capital.

El anuncio de un posible cambio de escenario vino con la declaración del alcalde de Quito, Jorge Yunda: “el señor presidente, ante la sensibilidad de lo que está pasando en el país, ha aceptado analizar el decreto 883”. El impacto de ese anuncio parece incierto, tomando en cuenta que el día anterior el presidente había llamado al diálogo para luego recrudecer la dimensión de la represión. 

Sin embargo, la CONAIE no dejó pasar la oportunidad para reiterar su posición. "Insistimos en la necesidad del diálogo de manera directa y pública sobre el decreto 883 para su respectiva derogatoria o revisión del mismo. Dejamos claro que no dialogaremos sobre ningún tipo de compensación," declaró en un comunicado.

Mientras la postura de la CONAIE se mantiene firme en su condición para dialogar, el ex presidente Rafael Correa --quien se encuentra en Bélgica y enfrenta diferentes acusaciones judiciales en lo que ha sido denunciado como un proceso de lawfare-- llamó a realizar elecciones generales anticipadas. “La Constitución del 2008 estableció en sus artículos 130 y 148 que en caso de ‘grave política o conmoción interna’ la Asamblea o el presidente podrán anticipar elecciones generales, ¿entonces a qué esperan?”

Por el momento el bloque de poder que sostiene a Moreno no ha dado señales de quitarle el respaldo. Cuenta con ese apoyo para sostener una posición de dureza, pero enfrenta una conmoción interna que no tiene horizonte de finalización dentro de esta espiral ascendente de movilización y represión que no disuade a los manifestantes, sino que agudiza la confrontación.

Según dirigentes indígenas, como Ricardo Ulcuango Farinango --quien fue vicepresidente de la CONAIE-- el movimiento tiene posibilidad de sostener este nivel de protesta y bloqueos. Cuenta, además, con la solidaridad de muchos habitantes de Quito que se acercan a aportar comida, bebida, ropa, medicinas, logística para enfrentar la situación.

Si bien la CONAIE no es el único actor en las calles, es quien sostiene el principal nivel de movilización y radicalidad. Su recorrido reciente ha estado enmarcado por una política de oposición al anterior gobierno de Rafael Correa por parte de sectores de su dirigencia, así como por la participación de algunos dirigentes en el gobierno de Moreno que han roto a partir de este escenario.

La crisis abierta en Ecuador es entonces doble: de un presidente que traicionó su promesa de gobierno y enfrenta niveles muy bajos de legitimidad, y de un proyecto de reconquista neoliberal con el último paso consistente en subordinarse al FMI. Eso está impugnado en las carreteras del país y las calles de Quito que se han vuelto un campo de batalla en un país donde en el pasado reciente tres presidentes han sido destituidos por la movilización indígena y popular.  

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Jorge Majfud y Noam Chomsky.

El conocido lingüista, filósofo y politólogo estadounidense fija su posición frente a la crisis ecuatoriana en particular, y del neoliberalismo en general, junto al sociólogo y economista español Manuel Castells, profesor en la Universidad de Berkeley, y los uruguayos Jorge Majfud, escritor y educador radicado en Estados Unidos, y Emilio Cafassi, profesor en Buenos Aires.

 

¿Cómo lograr que una micro minoría del uno por ciento continúe, década tras década acumulando más riqueza que el restante noventa y nueve por ciento de una sociedad? Quienes lo han hecho lo saben bien: (1) propaganda masiva y ubicua, invisible pero real, como el aumento de CO2 en la atmósfera, y (2) acoso político, económico y militar de cualquier otra opción que contradiga el asalto.

Otra forma es enlazar disputas y axiomas diversos sin una necesaria relación lógica: la religión de las armas y el amor religioso, el aborto y la baja de impuestos a los más ricos, la negación del cambio climático y el odio a los inmigrantes, la libre circulación del capital y el patriotismo, etc.

De esta forma, el uno por ciento continúa recogiendo los frutos de toda una sociedad y de toda una historia, con el apoyo necesario de una elite criolla dominante o, incluso (cuando existen elecciones) de un número significativo de quienes no pertenecen al uno por ciento.

Así, en América Latina, las opciones al neoliberalismo, cuando han fracasado, han fracasado por errores propios y, sobre todo, por el criminal bloqueo económico de la superpotencia del mundo. Eso cuando no han recurrido a los más tradicionales golpes militares para defender la libertad del capital de la minoría criolla (clasista y racista) aliada a las más poderosas transnacionales.

Así, por otro lado, en América Latina las imposiciones neoliberales han fracasado a pesar de repetidas inundaciones de capitales en formas de créditos multimillonarios que no dejaron en sus países ni progreso ni desarrollo sino deudas masivas y más pobreza.

Para el neoliberalismo, solo el éxito económico cuenta como éxito. No obstante, este mito del éxito económico ni siquiera ha tenido éxito en la economía de los países colonizados por el mito del éxito económico. No, por el contrario, se insiste en “el probado fracaso” de sus otras opciones apuntando a países acosados, bloqueados y en ruinas, lo cual es un patrón de acción y de narración política.

América Latina es parte de esta ola que, a falta de mejor nombre, se suele denominar neoliberalismo. Esa ola que arrasa, quema y destruye cualquier malla de contención social y ambiental hasta poner en riesgo la propia supervivencia planetaria y cuyas consecuencias económicas y sociales volvemos a presenciar en todo el continente como una historia que se repite de forma cíclica.

Si bien en estos días la atención está mayormente concentrada en el vergonzoso estado de sitio en Ecuador y la consecuente represión de las movilizaciones contra las medidas antipopulares del gobierno de Lenin Moreno, una amplia mayoría de países vive en estado de permanente amenaza e incertidumbre al mismo tiempo que los inversores presionan, amenazan y aumentan sus ganancias.

No habrá que soslayar que mientras escribimos estas líneas la respuesta gubernamental ecuatoriana viene cobrándose muertos, heridos y detenidos y aún inciertos por el ejercicio de la censura y el toque de queda. Pero las movilizaciones que comienzan a resistir esta crisis humanitaria, producto de políticas adulatorias del poder mundial y generadoras de miseria, se extienden de norte a sur. Como en Colombia (sede de la mayor cantidad de bases militares de Estados Unidos en el hemisferio y sede del narcotráfico mundial y del paramilitarismo impune) se opone al único proceso de paz concreto propuesto en cincuenta años. Como en Perú, donde idéntico desconocimiento mutuo entre dos poderes fundamentales del Estado (ejecutivo y legislativo), es considerado una opinable cuestión constitucionalista mientras que en Venezuela (no se lea este manifiesto como un apoyo a su gobierno) la mafia hegemónica llama a la intervención militar. Argentina vive envuelta en piquetes frente a la aceleración exponencial de la pobreza y el endeudamiento súbito, mientras en Chile y en Brasil se sigue profundizando la inequidad social, la desprotección, el narcotráfico y la violencia civil y policial que ya amenazan hasta países como Uruguay por razones de proximidad.

Diferentes procesos electorales aún están pendientes en Argentina, Bolivia y Uruguay en lo que resta del año. Otros seguirán en los años por venir. La disyuntiva continúa siendo entre la narrativa del uno por ciento (el autoritarismo de las elites, el militarismo reaccionario, el odio de los racistas, de los nacionalistas, de los clasistas, del machismo que se resiste a ceder paso, del neomedievalismo, de la destrucción del medio ambiente a cambio de unos dólares) y la construcción de una democracia progresiva, solidaria, no consumista, que ponga el énfasis en el ser humano y no en las riquezas de unos pocos a costa de unos muchos. Una sociedad capaz de construir un mundo para todos y no sólo para una minoría elegida por un dios que nunca la eligió.

Por Noam Chomsky, Jorge Majfud, Manuel Castells, Emilio Cafassi

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Crónica desde Rojava: “No existen Derechos Humanos, todos mienten”

Varios colegios han sido adecuados para recibir a los desplazados en la ciudad de Haseke. Entre los 35 muertos reportados se encuentra una dirigente del Partido por el Futuro, recientemente creado con el propósito de buscar una solución pacífica e incluyente para todos los pueblos de Siria.

Los ataques perpetrados por el ejército turco y sus aliados yihadistas en el norte de Siria, en la llamada Autoadministración Democrática del Norte y Este de Siria, están provocando desplazamientos masivos hacia el interior del país desde que empezaron el pasado miércoles. En la región viven alrededor de cinco millones de personas de diferentes etnias: kurdos, árabes, siriacos, caldeos, asirios, circasianos, armenios, chechenos y yazidis.

Según la Media Luna Roja (Heyva Sor), 14 civiles habrían sido asesinados en los ataques, entre ellos un niño de 11 años, y 33 personas han sido heridas gravemente. La última actualización compartida por el Centro de Información de Rojava eleva esta cifra a 35 muertes y un centenar de heridos.

Entre las personas fallecidas se encuentra Hevrin Khalaf, copresidenta del Partido por el Futuro (Partiya Pêşroj), que ha sido asesinada en la mañana del sábado en la carretera de Til Temir por proxis yihadistas afiliados a Turquía. El Partido por el Futuro ha sido recientemente creado con el propósito de buscar una solución pacífica e incluyente para todos los pueblos de Siria.

Los ataques comenzaron en los alrededores de la ciudad de Sere Kaniye (Ras al-Ain) y la ciudad de Dirbesiye en el Cantón de Cizire el pasado 9 de octubre hacía las 16h. Ambas ciudades colindan con la frontera de Turquía. Pero pronto hubo ataques simultáneos a otras ciudades, Derik, Kobane, Ain Isa, Girê Spî (Tel Abyad). Esta periodista fue testigo de los ataques contra la ciudad de Serê Kaniye con artillería pesada y de cómo los aviones de combate surcaban los cielos dirigiéndose al interior del país. Los habitantes de la ciudad de Serê Kaniye comenzaron a huir en dirección sur, hacía las ciudades de Til Temir y Haseke. Grandes atascos de coches, camiones y autobuses, completamente llenos, se formaron en la carretera de salida. Había también muchos civiles que huían a pie, personas ancianas, niños y discapacitados.

Las cifras de desplazados aumentan cada día. Según el Centro de Información de Rojava, al menos 190.000 personas han huido de las ciudades y pueblos colindantes con la frontera turca, y se han dirigido principalmente a las ciudades de Haseke y Raqqa, al sur de la región.

Varios colegios han sido adecuados para recibir a los desplazados en la ciudad de Haseke. El colegio Lebidbin Rebia acogía hasta ayer a 40 familias, entre 250 y 300 personas. Los desplazados vienen de las ciudades de Serê Kaniye, Kobane y Girê Spî. Los suplementos médicos son organizados por ONG’s locales y la Media Luna Roja Kurda (Heyva Sor). Según el responsable del colegio, hay falta de agua potable y comida. Heyva Sor avisa de la escasez de agua en la ciudad de Haseke, donde se encuentra uno de los principales hospitales de toda la región. La carencia se debe al ataque contra la estación de agua de Alok, que suministraba agua a medio millón de personas. La falla en la estación de agua afecta también al resto de hospitales de la región

Zehra Qewesa, desplazada desde un pueblo de la región de Kobane, se encuentra actualmente en el colegio Lebidin Rebia. Zehra relata cómo tuvieron que huir de su pueblo a pie con los niños en brazos. Protesta por la traición del gobierno de EE UU y la falta de iniciativa real de la comunidad internacional para parar la invasión de Turquía. “No existen los derechos humanos. Ni América, ni Francia, ni Gran Bretaña, ni Alemania, ninguno de ellos sabe qué son los derechos humanos. ¡Todos mienten!”.

Otra mujer de la región de Kobane, que prefiere no dar su nombre, relata su huida: “Salimos corriendo de nuestras casas, estaban bombardeándonos. Llegamos a la ciudad de Ayn Isa, allí los bombardeos continuaban desde los aviones. Pero nosotros, ¿qué hemos hecho? ¿A dónde vamos a ir?”.

Aparte de los ataques del ejército turco y sus proxis yihadistas, las células durmientes del Estado Islámico (ISIS) se han activado y están perpetrando diversos atentados en diferentes puntos de la región. El sábado 12 de octubre un coche bomba explotó frente a un local de kebab en la concurrida ciudad de Qamishlo. Hasta el momento, son cuatro las víctimas mortales, pero también hay varios heridos graves. Asimismo, la pasada madrugada, un coche bomba explotó cerca de la cárcel de la ciudad de Haseke donde se encuentran varios prisioneros de ISIS.

El mismo sábado, las familias de ISIS que se encuentran en el campo de refugiados de al-Hol, han llevado a cabo varios ataques con piedras y una revuelta contra las fuerzas de seguridad del campo; cinco mujeres han sido detenidas. El campo de al-Hol acoge a más de 70 mil personas, la mayoría de ellas mujeres y niños de ISIS que huyeron tras la victoria de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) en la región de Deir Ez Zor, al este de Siria. El portavoz de las FDS, Kino Gabriel, ha declarado que las FDS “no pueden garantizar la seguridad del campo de al-Hol ni de las prisiones donde están encarcelados los prisioneros de ISIS” si tienen que concentrarse en protegerse de la invasión.

 

Sara Ainhoa de Ceano-Vivas Núñez

SIRIA


publicado

2019-10-13 09:00

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