“Las demandas de los sectores más marginados son legítimas”

En medio del lanzamiento de su nueva serie de documentales, El otro me importa, el consultor de Naciones Unidas Bernardo Kliksberg criticó la “codicia desenfrenada”, analizó el origen de los nuevos reclamos en Sudamérica, habló de los “héroes éticos” como Anilevich y Luther King y afirmó que las soluciones para mejorar la situación actual son viables.


–Lo que falta es mucho –dijo sobre la situación actual en Sudamérica–. No es que 10 años bastan. Estamos en la región más desigual de todo el planeta Tierra. Lo era hace 10 años y sigue siéndolo. Hay 180 millones de pobres en América latina. Los progresos son valiosísimos pero no hay que ilusionarse con que la meta estaba ahí al lado y era fácil de lograr. Por eso los reclamos que se escuchan son realizados en nombre de lo mucho que falta. Cuando hay más participación y más calificación y demandas básicas satisfechas, se puede esperar un nivel superior de demanda. Eso es positivo. Y para cumplir con las demandas que faltan tiene que haber reformas más profundas aún.

 

–¿De qué manera?

 

–Por lo pronto, sin descuidar el timing: cómo articular esa demanda y transformarla en un mayor apoyo para la profundización. Sobre todo porque las demandas de los sectores más marginados son legítimas y, por definición, deben ser visualizadas ampliamente.

 

–“Profundización” es una palabra que, al menos en la política argentina, circula mucho. Tanto que cada uno o no tiene definición alguna o tiene una propia. ¿Cuál es la suya?

 

–Seguir bajando la deserción en la escuela secundaria. Extender cobertura universal de agua potable y cloacas. Generar formalización en amplios sectores de la economía informal. Esas tres cosas concretas son parte de la agenda en lo que falta mucho y hay que apurar el paso. Al mismo tiempo hay que intensificar la pelea por la comprensión de la realidad, que también será decisiva. Hay que universalizar esa pelea.

 

–¿Situarla en el mundo?

 

–Sí. Es una pelea en que las posibilidades aumentan cuando se colocan los temas en el gran enfrentamiento planetario, el del 1 por ciento contra el 99 por ciento. Si se enmarcan los temas nacionales en ese marco global, estaremos más cerca de la realidad. El 99 de la población expresa sus reclamos en nombre de algo común, que son los nuevos bienes: las tecnologías médicas que prolongan la esperanza de vida, la educación... Tomemos la nacionalización de YPF. Bueno, eso forma parte de una pelea planetaria mayor. Es el enfrentamiento entre la codicia desenfrenada y las tendencias a la inclusión y la solidaridad.

 

–¿Cómo define la codicia?

 

–En los Estados Unidos hubo recientemente un fallo inédito. Un jurado de Nueva York condenó a un ex analista de Goldman Sachs. Los jueces estaban impresionados por el espectáculo de lo que en inglés se llama greed y es muy difícil de traducir.

 

–¿Cuál sería la traducción aproximada?

 

–La codicia avariciosa. Rompe las reglas de juego básicas del sistema. En cuanto esa ruptura es percibida, aparecen fallos como el del jurado de Nueva York. Significa que la sociedad entiende que las dosis actuales de greed desequilibran el sistema. Muchos jóvenes son cada vez más conscientes de ese desequilibrio, y no hablo sólo de los Estados Unidos.

 

–¿Se puede hablar de los jóvenes como sujeto?

 

–En mi opinión, sí, aunque sin absolutizar nada. Claro que marca el hecho de vivir en una generación determinada... Cuando éramos muy jóvenes sólo creíamos en las clases sociales como marca. Ahora sabemos que las clases no agotan toda la historia. No explican, por ejemplo, el Mayo Francés del ’68, o que en los Estados Unidos sectores que deberían haber votado por el Tea Party decidieran la elección de Barack Obama. Entonces, vivir en un espacio histórico determinado y tener héroes y antihéroes comunes incide. Pero dicho esto prefiero desagregar también el concepto de juventud. Hay juventudes y juventudes. Si no, cuando se mete todo en la misma bolsa surgen los mitos. Lo digo con conocimiento real del tema. En los últimos tres años, solamente, formé dos mil jóvenes en las ideas más avanzadas del planeta.

 

–¿Cuál sería el mito?

 

–Que todos los jóvenes son superficiales, pasatistas, presa fácil del capitalismo salvaje y de sus medios de comunicación. Y no es así. La tendencia más general que uno encuentra es, antes que nada, a los jóvenes pobres buscando sobrevivir y procurando encontrar algún lugar por donde entrarle al sistema. En el mundo el 20 por ciento de los jóvenes se encuentra fuera del mercado de trabajo y fuera del sistema educativo. Están desesperados por subsistir. Y luego hallamos a los jóvenes de clases medias nuevas, por ejemplo a los que sacó Lula de la pobreza, los que dejaron la pobreza en la Argentina, o en Ecuador, o en Uruguay. Decir que los jóvenes pobres sólo replican algunos valores de clase media es hacer una interpretación grosera. Más bien están en la búsqueda.

 

–¿Por qué buscan algo? O mejor: ¿por qué buscan algo distinto?

 

–Porque están desencantados con las ideologías convencionales, que tuvieron fracasos estrepitosos. No les dio nada el comunismo y no les da nada el capitalismo salvajemente consumista. Es una búsqueda a veces torturada de héroes verdaderos y de causas donde no serán manipulados. Una gran idea que se transformó en una organización de puros jóvenes fue Un techo. Soy su asesor principal. Tienen un objetivo, nada más. Consiste en salir los fines de semana a construir viviendas para la gente en situación de pobreza extrema.

 

–¿Cuántos son en América latina?

 

–Muchos: 120 millones sobre 650 millones de habitantes. Los jóvenes de Un techo construyen los fines de semana una casa de 40 metros cuadrados, con piso de madera y con techo de madera. Hace pocos días, en el norte argentino uno de ellos me contó que cuando terminaron la vivienda la madre que viviría allí se largó a llorar. “¿Hicimos algo mal?”, le preguntó él. Y ella le contestó: “No, es que jamás en mi vida tuve una ventana”. ¡Una ventana! Un techo ya está asentado en 19 países después de su nacimiento en Chile, con inspiración de un sacerdote. Son 400 mil voluntarios. En la Argentina la organización se convirtió en un furor incluso para chicos de las élites, que van a voluntarizarse para construir las casas. No están resolviendo las causas estructurales de la pobreza, claro, pero sí operan sobre una de las manifestaciones más crudas y desalmadas, que es dejar en la intemperie total a buena parte de la población. Esto tuvo una resonancia inédita. Nadie suponía que iba a pasar. Que iban a construir más de 100 mil viviendas como una verdadera red de protección social.

 

–¿Y por qué pasó?

 

–Porque los jóvenes, si encuentran una causa que es válida y que rápidamente les da respuesta, ahí están. Estamos hablando de menores de 30 años. En Guatemala uno de los líderes, de 26 años, me dice: “Mi familia me preguntaba cuánto me pagaban. Me costó mucho explicarles que la paga es encontrarle sentido a mi vida”. O sea: los que no tienen trabajo lo buscan, y también persiguen ideales. Y los que tienen trabajo no dejan de buscar ideales. Un techo es un ideal micro. Cuando aparece un ideal micro los jóvenes se sienten atraídos. Esto ilustra que quizá también los ideales macro puedan atraerlos. Ojalá, porque sólo la política pública puede resolver el tema de la vivienda, por ejemplo, y la política pública los necesita.

 

–¿Cómo se combinan los ideales micro y las políticas públicas para evitar el oenegeísmo del Estado y a la vez hacerlo eficaz?

 

–En mi rol de asesor de Un Techo tejo alianzas entre los jóvenes con ideales y las políticas públicas. Los dos sectores no pueden permanecer encerrados. La política pública, la acción colectiva organizada, es la única que resuelve el tema de la pobreza, pero la sociedad civil le puede inyectar fuerzas. Cuando los jóvenes encuentran a nivel micro, se meten de cabeza. Si logramos atraerlos para propuestas macro con concreciones micro, los vamos a tener trabajando.

 

–¿Esa sería la combinación deseable?

 

–Hay muchos movimientos en la misma dirección a nivel internacional. El rasgo común consiste en profundizar los modelos de cambio. Hay demandas articuladas y demandas no articuladas. Pero no nos engañemos: todo será insatisfactorio por definición frente a la brecha fenomenal abierta en las sociedades. Aumentar el transporte público en Brasil, en un país donde la presidenta Dilma Rousseff empezó su gestión montando un programa gigantesco para terminar con la pobreza extrema de 17 millones de personas indica cuán profunda es la brecha. Se agrava la situación del transporte, por ejemplo, como acaba de ocurrir, y se abren dilemas sobre los caminos a emprender para solucionar viejas y nuevas demandas. Todavía hay una brecha entre el mínimo que el modelo tiene que producir y el nivel de progreso alcanzado. El nivel de avances en América latina es altísimo, pero seguimos teniendo 180 millones de pobres e insuficiencias severas de agua potable. Habrá nuevos movimientos.

 

–¿Le preocupa o le alegra la posibilidad de que haya nuevos movimientos?

 

–Son una señal de salud. Dicen que vayamos más rápido y mejor. A mediano plazo está claro que el gobierno de Brasil está recogiendo la demanda colectiva. Y además reparemos en un detalle muy importante: en las manifestaciones de Brasil nadie pidió más libertad de mercado. No hubo una consigna neoliberal. Lo mismo en Chile, que para mí fue un fenómeno muy importante.

 

–¿Cuál es el dato crucial de las protestas chilenas?

 

–La rebelión de los pingüinos, como se llama a la protesta que empezaron los estudiantes secundarios, no es una rebelión de un día. Llevamos dos años sólo si tenemos en cuenta la última etapa. Y lograron mantener en vilo a toda la sociedad chilena. Reunieron de 150 mil personas para arriba. Derribaron a tres ministros de educación neoliberales. Lograron convocar el apoyo mayoritario. Además inventan nuevas maneras de enfrentar al poder porque son imaginativos y consiguen esquivar incluso la legislación represiva. Michelle Bachelet, que será candidata a la presidencia, recogió el mensaje. En su plataforma electoral el tema central es educación gratuita para todos y educación de calidad para todos. El dictador Augusto Pinochet montó un proyecto de largo plazo: que sólo pudieran estudiar con calidad las élites. Y le funcionó. Sólo hay educación de calidad para las élites. La encabezada por los pingüinos es una rebelión estructural contra el modelo de Pinochet. Y de puros jóvenes. En Chile la rebelión es totalmente interclasista. Hay líderes de la Universidad Católica y líderes de los sectores populares. Todos participaron a través de sus jóvenes. Y no es una rebelión sólo con reivindicaciones sectoriales. Los chicos de Chile no piden que el Estado mejore sólo su propia educación, sino que se dé posibilidad de educación real a todo el pueblo chileno. Una de las consignas, ya muy repetida, tiene significado profundo: “Un pueblo educado jamás será explotado”. Pinochet creía en la explotación para la eternidad. Volviendo a Brasil, las protestas también son interclasistas. También salieron jóvenes en Nueva York y en California a protestar contra el fallo que declaró no culpable al vigilador privado George Zimmerman por el asesinato del joven afronorteamericano Trayvon Martin. Los jóvenes están buscando ideales genuinos. Vi cómo trabajaban los jóvenes de una productora, Mulata, en mi primera serie de televisión, Escándalos éticos. Cuatro países latinoamericanos decidieron replicarla completa: Bolivia, Perú, Uruguay y Costa Rica. Chaco, en la Argentina, hará lo mismo. Busqué datos y salidas. Los chicos, todos menores de 30, lo produjeron documentalmente. Le agregaron documentación actual con enorme criterio cinematográfico. Calculan que tuvieron 100 mil donaciones de material, empezando por la ONU y todas sus agencias, ONG y organizaciones barriales de todo el mundo. La calidad documental enamora a auditorios jóvenes. Los contenidos están dirigidos a la sed de ideales de los jóvenes. Porque sí hay ideales y propuestas. Uno de los temas centrales son los héroes éticos del género humano. No son los que asesinan en serie, con chapa legal o sin chapa legal, sin preguntar sobre el origen social de los delincuentes en el menor tiempo posible, o los héroes de la farándula ultraliviana. Y agreguemos, en el análisis, a los 400 más ricos del planeta. No suele repararse en que esos 400 tienen el mayor porcentaje del Producto Bruto en la historia del género humano. A eso se refirió el papa Francisco en Lampedusa y en Brasil. Por esa desigualdad, en el mundo muere un niño cada 15 segundos debido a la ingesta de agua contaminada. Mi humilde programa es posible porque hay un canal como Encuentro y canales públicos en todos los países interesados en lo que yo llamo “héroes alternativos”. Desfilan una y otra vez personas como Nelson Mandela, Rosa Parks y Martin Luther King. A Rosa Parks en Alabama le pidieron que se levantara y le diera el asiento a un blanco. No lo hizo y fue un hito en la pelea por los derechos civiles. Mis héroes son los que dieron la vida en la lucha contra el fascismo y el nazismo y que han vuelto ahora en sus variantes neo de Grecia, de Francia, de Italia. Hay quien dice en Francia que Hitler no terminó la tarea contra los gitanos, ¿no? Mi héroe es Mordejai Anilevich, que con sus 500 jóvenes en Varsovia combatió al ejército nazi en nombre de la dignidad. Mis héroes son Ana Frank, con su frase símbolo: “Qué maravilloso es que cada uno pueda mejorar el mundo en el momento que viene”. Es el llamado de una chiquita de 15 años viviendo en medio de la oscuridad y a punto de ser asesinada. Otro héroe es Muhamad Yunus, que creó un banco que da de comer a 500 millones de personas. El mundo tiene héroes éticos, como se ve. Pensar en ellos y en lo que hicieron ayuda a combatir problemas actuales como que la gente se muere por tomar agua contaminada (1.800.000 niños por año) y hay 2800 millones que no tienen un inodoro y se enferman. Las dos cosas juntas crean las enfermedades hídricas, como las llama la Organización Mundial de la Salud: hepatitis A, dengue, malaria. Por no hablar de los asesinatos masivos todos los días. El segundo tema es el hambre, que afecta a 1200 millones. Todos los días se mueren 10 mil niños. El tercer tema de escándalo es la falta de trabajo, porque el capitalismo salvaje dejó de producirlo. Italia tiene hoy un 40 por ciento de desempleo juvenil. En la nueva serie de documentales que acaba de empezar, El otro me importa, fijamos la atención en algo: puedo cambiar el mundo si me importa algo más que mi familia y mi patrimonio. Hay muchas formas de militancia.

 

–¿Además de la militancia política?

 

–Sí. La militancia política articula los esfuerzos colectivos y sirve para mejorar la calidad de la política y para dignificarla. Otra es la militancia en la sociedad civil. O el voluntariado. O la responsabilidad social de las empresas. En general, se trata de que cada uno todos los días haga lo que está a su alcance para mostrar la consigna más vieja del género humano. En el momento en que Caín mató a Abel y la divinidad le preguntó por qué lo asesinó. La respuesta fue: “¿Es que acaso yo soy el guardián de mi hermano?”. Una lectura superficial diría que es la primera coartada de la historia. Hay una lectura más profunda, la de Emmanuel Levinas: para Caín el otro no existía ontológicamente. Era el egoísmo absoluto. Sólo existía aquello que fuera bueno para él. La inexistencia ontológica se da también en el capitalismo salvaje con el 1 por ciento que tiene el 99 por ciento de la riqueza. El punto, desde el principio de género humano, es si somos Caín o somos Abel. Si asumimos que el otro me importa deberemos identificarnos con Moisés (preocuparnos y cuidar al otro) y con Jesús (ama a tu prójimo como a ti mismo). Si el otro me importa, ahí está la democracia, conseguida por luchas sangrientas, que ahora nos permite pelear por la educación y la dignidad.

 

–La nueva serie de documentales hablará, por ejemplo, de Noruega.

 

–Tomo episodios históricos recientes. La forma en que Noruega eliminó la pobreza, o el modo en que Suecia eliminó la discriminación de género. O cómo Costa Rica logró ser uno de los tres países más amigos del medio ambiente del planeta. O cómo Bolivia pasó de una de las tasas más altas de analfabetismo de América latina a casi cero. O cómo la Argentina logró crear un programa social que incluyó a niños pobres de la Argentina y les cambió la calidad de vida. O cómo logró Brasil sacar a 40 millones de la pobreza. Son episodios demostrativos de que el otro me importa y de que es viable una solución. Que se puede. La AUH es uno de los mayores programas sociales. A veces escucho voces que dicen: “Eso es una jugada política”. Mi respuesta dice que es una jugada ética. Significa mejorar la vida de tres millones de personas. Los héroes éticos del pasado aparecen en las acciones del presente. Mordejai Anilevich es un héroe del Uruguay de hoy. Habrá una escuela que lleve su nombre. Martin Luther King tiene cada día más actualidad. Después del asesinato cometido por Zi-mmerman, más todavía. Los héroes éticos del género humano tienen mucho para decir. Tenemos que lograr que tengan una proyección mediática fuerte y que formen parte del sistema educativo.

 

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“Revolución agrícola de Santos”: ¿mucho ruido y pocas nueces?

Nadie discute la justeza de reparar a las víctimas y restituirles sus patrimonios. Es obligación del Estado colombiano, derivada de tratados internacionales y además de la sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional. De no acatarse la atención integral a las víctimas, Colombia quedaría en el concierto mundial en estimación inferior a Ruanda o Sudáfrica.

Dado lo anterior, declarar que iniciativas políticas de reparación son “revolucionarias” fuera de viveza politiquera es perseguir inmunidad a cualquier crítica surgida por las deficiencias que puedan tener. Las respuestas dadas al senador Jorge Robledo, a Daniel Samper y a María Teresa Ronderos, quienes demandan del Ministerio de Agricultura claridad sobre las cifras y verdaderos alcances de la restitución, además del tono pugnaz, se volvieron un enredo que Juan Camilo Restrepo, pudo destrabar, recientemente, al afirmar que una cosa es formalización, como se hizo en la hacienda Las Catas, y otra, distinta, es restitución.
 

Es insatisfactoria la meta de 2.100 predios rehabilitados para 2012, que no serían más del 0,6% del total y que proyectaría hasta por más de 50 años el barrido de los 350 mil predios. Y eso que el cálculo inicial de 4 millones de hectáreas despojadas volviose, por arte de birlibirloque, en la mitad. El cálculo ministerial incluso puede ser optimista si se tiene en cuenta que a cada uno de los 134 despachos judiciales especiales, en un promedio aritmético simple, le corresponderían 2.611 casos, uno diario durante diez años de vigencia de la Ley. Estaríamos en un típico “saludo a la bandera”. Esto sin contemplar los casos con objeción de “tenedores de buena fe”, que irían a los magistrados de la circunscripción. Cálculos oficiales estiman en 60 mil los posibles litigios, lo que para cada una de las 60 magistraturas, implicaría atender 100 pleitos por año. El que los decretos reglamentarios dejaran en manos del Estado la prueba de posesión de las víctimas, desechando la inversión de la carga por parte del “ocupante secundario”, menoscabando los legítimos propietarios y violando los principios Pinheiro del manual de la ONU, podría terminar consolidando una “contra-reforma agraria”.


Estudios de Ibáñez indican que el 50% de los desplazados no retornarían y con el paso del tiempo este porcentaje puede ser menor y peor todavía si los esperan a sangre y fuego. Con este panorama, la nueva distribución de la tierra, con un catastro saneado, podría ser aún más inicua.

 
Así pasó con las parcelaciones entre 1926 y 1940, cuando se favoreció escasamente al 2% de los propietarios o en la colonización antioqueña cuando apenas el 17% fue para los colonos, lo que Alejandro López llamó, “la lucha entre el hacha y el papel sellado”.


Bogotá 7 de febrero de 2012

 

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Sobre Curvaradó hay medidas cautelares de la CIDH que obligan al Estado colombiano a proteger a su población. Los grupos paramilitares asesinaron a un centenar de personas y desplazaron a más de 1.500 para despojar de sus tierras a los campesinos afrodescendientes. Los beneficiaros fueron los empresarios del agronegocio de la palma aceitera, empresas como UNIBAN y BANACOL cuyos propietarios han sido llamados a juicio. Sin embargo, antes de que los predios colectivos hayan sido restituidos a los pobladores, el Ejército se retira, los paramilitares entran y declaran: "lo que se está demostrando es quién manda aquí, somos nosotros, los militares y la policía saben que estamos aquí y los proyectos económicos van a ser los que hemos definido¨.

Campesinos denuncian desde el viernes 15 de abril que el ejército se retiró y enseguida hicieron presencia alrededor de treinta paramilitares. “El gobierno nos dejó solos y estamos a lo que nos toque”. "Lo que nos pase es responsabilidad del Estado colombiano“ son las palabras que expresaron ante Contagio Radio los habitantes de Curvaradó , que denuncian que el Estado colombiano está incumpliendo con las medidas de protección impuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, después de que las masacres paramilitares desplazaran a más de mil quinientas personas en los últimos diez años, a beneficio de las empresas productoras de palma aceitera.

Los campesinos afrodescendientes confirmaron la ocupación de predios colectivos de un grupo entre 20 y 30 paramilitares, vestidos de civil y portando armas largas.

¨Los militares se fueron y entraron los paramilitares , estos se hicieron pasar por guerrilleros, pero al ser descubiertos cuando les llega comida en motos y abiertamente, aceptaron que eran paramilitares . El gobierno no responde, nos dejaron aquí para que nos maten o que nos vayamos del territorio que aún no nos han restituido. El gobierno dice una cosa, pero aquí los que mandan son otros¨, expresó un poblador.

Algunos de los paramilitares manifestaron que no debían preocuparse por denunciar, ¨lo que se está demostrando es quién manda aquí, somos nosotros, los militares y la policía saben que estamos aquí y los proyectos económicos van a ser los que hemos definido¨.

Los paramilitares se ubicaron en inmediaciones de la Zonas Humanitaria de Andalucía y muy cerca de los ocupantes de mala fe e invasores, que desde diciembre de 2010 se tomaron las tierras de las comunidades afrodescendientes. Esta ocupación de tierras ha estado apoyada por sectores empresariales bananeros y paramilitares .

Así mismo, como se informó hace un par de días, los militares desde el viernes de la semana pasada se retiraron de los lugares de presencia perimetral de las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad en donde se ubican los reclamantes de tierras de Curvaradó y Jiguamiandó.

El retiro de los militares se produjo luego de que los paramilitares diseñaron un plan de atentados contra los lideres y lideresas exigiendo la restitución de predios colectivos despojados para siembras de palma, de ganado y de banano.

Sin embargo, mientras estos desprotegieron a los afrodescendientes dejándolos a merced de los paramilitares , los invasores y ocupantes de mala fe apoyados por empresarios de UNIBAN y BANACOL son protegidos con la presencia militar de la brigada 17 en sus permanentes reuniones.

Escuche el testimonio de los campesinos en Contagio Radio: http://contagioradio.com/otra-mirada/ocupacion-paramilitar-en-curvarado

Antecedentes

Plan de asesinatos selectivos para impedir restitución en Curvaradó

La persecución paramilitar a Enrique Petro en Belén de Bajirá, el atentado frustrado a Santander Nisperuza y los hostigamientos a Guillermo Díaz expresan el plan de asesinatos selectivos de los reclamantes de tierras en Curvaradó.

La firma de un acuerdo de intención entre el gobierno de Obama y de Santos para el TLC, desconoce los contextos y situaciones reales en que el fomento de este tipo de comercio está teniendo para comunidades negras e indígenas y su relación con violaciones de derechos humanos.

Los intereses sobre agrocombustibles, explotación minera siguen alentando el paramilitarismo empresarial.

Hace pocas horas se conoció la estrategia criminal empresarial contra los integrantes de los consejos menores de Curvaradó. Se pretende mostrar los crímenes como aislados y muertes en extrañas circunstancias de manera que se desvirtúe la responsabilidad de la policía de Urabá y de la brigada 17.

Los empresarios ganaderos de “La Tukeka”, ocupantes de mala fe, manifestaron que ya armaron su grupo armado con conocimiento de las autoridades para proteger sus tierras mal habidas.

Así como la familia Argote, otros empresarios del mismo gremio como Lopera, Ramìrez y Mejía se movilizan con hombres armados, que intimidan y amenazan a integrantes de los consejos menores. Sus actuaciones amenazantes tienen lugar en presencia de la fuerza pública.

La voluntad de restitución de los territorios colectivos se enfrenta a este fortalecimiento de la estrategia paramilitar consentido por la fuerza pública y la impunidad.

La Fiscalía realiza una investigación parcial de hechos, dejando de lado la sistematicidad de los crímenes allí cometidos desde 1996 y sin vincular en la que no vincula comandantes ni generales de la brigada 17 y la policía de Urabá que han participado y amparado el despojo violento.

Igualmente, aprovechando la buena fe de funcionarios del gobierno nacional, en el plan de acción gubernamental para la restitución de predios, los paraempresarios están pretendiendo hacer ver como ocupante legítimos a familias que habitan en el casco urbano Carmen del Darién y que no tienen propiedades en los predios de los consejos menores.

A esta estrategia se suma, la ampliación de operaciones empresariales de palma, de ganado y de minería sin consentimiento de los afro mestizos e indígenas y en desacato de las ordenes Constitucionales, que no se hace cumplir por el gobierno nacional. Entre las empresas se encuentra la Sunward Resources Ltd, Goldplata, la Muriel Mining Corporation y la Britanico Australiana Rio Tinto.

Este conjunto de factores son obstáculos que impiden la restitución de predios colectivos y develan la continuidad del paramilitarismo.

Más informacion leer constancia completa

Desprotección a reclamantes de tierra en Curvaradó y Jiguamiandó

Un hostigamiento atribuido por la brigada 17 a la guerrilla de las FARC, ocurrido a 300 metros de la Zona Humanitaria Pueblo Nuevo, se uso como pretexto para levantar los controles perimetrales sobre las Zonas Humanitarias en Curvaradó de las fuerzas militares. El hostigamiento armado ocurrió en Jiguamiandó, sin que se conozca la certeza judicial y fáctica del responsable del hecho y si hubo o no heridos.

Los observadores internacionales y nacionales que se encontraban en la Zona Humanitaria indicaron que los sonidos se escucharon a más de 300 metros del lugar, en 5 segundos y luego en 20 segundos de sonido, descargas de armas de fuego.

Militares expresaron falazmente que el ataque se produjo desde la Zona Humanitaria de Pueblo Nuevo. Esta mentira se uso como pretexto para el cese de operaciones de control perimetral lo que facilita las actuaciones paramilitares contra la población con un plan de asesinatos selectivos contra lideresas y líderes de los consejos menores reclamantes de tierras colectivas despojadas por paramilitares y empresarios de la palma y la ganadería.

Sin que los consejos menores conocieran de la decisión, se supo de las celebraciones de los ocupantes de mala fe por la decisión del General GIRALDO, comandante de la brigada 17 de ordenar el retiro de la fuerza pública. Los empresarios a través de sus administradores y en algunos casos los propios paramilitares, manifestaron , que así se demuestra “quién manda en la región”, aseveraron que la tierra “no la entregarán”, “Aquí mandamos nosotros”

Igualmente se conocieron reuniones de regocijo entre empresarios beneficiarios del paramilitarismo y los mismos paramilitares.

La semana pasada se conoció de un plan de asesinatos selectivos contra lideresas y líderes de los consejos menores reclamantes de tierras colectivas despojadas por paramilitares y empresarios de la palma y la ganadería.

Hoy los integrantes de los consejos comunitarios menores han quedado a merced de los paramilitares y empresarios que diseñaron un plan de atentados accidentales, para evitar que la fuerza pública y ellos sean acusados ante tribunales como responsables.

Las lideresas y líderes de restitución de los predios colectivos que habitan en Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad manifestaron que si el presidente Santos no toma directamente cartas en el asunto, el paraestado seguirá rigiendo los destinos de Carmen del Darién y del bajo Atrato. En estas condiciones existen incumplimientos claros para una firma del TLC con los Estados Unidos, precisaron.

Contagio Radio / Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Más información Constancia

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
http://justiciaypazcolombia.com/Ocupacion-Paramilitar-de-predios

NOTICIAS RELACIONADAS:
Empresarios de palma, a juicio por despojo (El Tiempo, 14 de abril de 2011) http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-9172421.html

Paramilitares queman cosecha a campesinos de Curvaradó, Chocó (Partido Comunista Colombiano, 19 de marzo de 2011) http://www.pacocol.org/index.php?option=com_content&task=view&id=8535
Publicado enColombia
Miércoles, 22 Septiembre 2010 10:35

Colombia, ¿Retorno de los que ‘sobran’?

Se deduce que si toda la superficie del planeta es poseída por A,
B y C, no habrá lugar para que nazcan D, E, F y G, o para que
 sobrevivan si han nacido como intrusos.
Ambrose Bierce
 

Desde cuando el gobierno de Juan Manuel Santos anunciara que daría un lugar en su política agropecuaria a la restitución de tierras de la población desplazada, no han dejado de correr ríos de tinta y prosa, calificando el hecho como ‘histórico' o, incluso, como ‘revolucionario'. Y como es normal en estos casos, el ditirambo termina ocultando la verdadera dimensión de las cosas.

Se deja de lado, por ejemplo, que tal política de restitución hace parte del propósito más general de la ‘formalización' de la economía, siendo por tanto la legitimación del proceso de titulación de tierras el objetivo último y no la reparación de las víctimas, como se ha querido mostrar en los medios masivos de comunicación. Y eso hace una gran diferencia, ya que una cosa es que la legitimación de la propiedad no pueda tener lugar si de algún modo no se enfrenta el tema de los expropiados por la violencia y, otra razón, que se considere que la restitución es un fin en sí mismo, así sea como acto de justicia o de conveniencia para la construcción de un verdadero tejido social.

En una de las primeras entrevistas que dio el actual ministro de agricultura, Juan Camilo Restrepo, a la televisión colombiana, citaba como fuente de autoridad teórica al economista ultraneoliberal y fundador y director del Instituto Libertad y Democracia, con sede en Perú, Hernando de Soto, quien se dedica a vender por el mundo la idea de que la situación del llamado Tercer Mundo obedece a que en éste no se logra desarrollar un sistema de información y regulación de la titulación de activos físicos. En su conocido artículo “El misterio del capital” se puede leer que “el capital muerto existe porque hemos olvidado (o tal vez nunca hemos advertido) que convertir un activo físico en uno generador de capital, valerse de la casa para obtener dinero en préstamo y financiar una empresa, por ejemplo, supone un proceso muy complejo […] Cualquier activo cuyos aspectos económicos y sociales no están fijados en un sistema de propiedad formal es sumamente difícil de mover en el mercado. ¿Cómo controlar las enormes cantidades de activos que cambian de manos en una economía moderna de mercado si no es mediante un proceso de propiedad formal?”.

De ello se deduce que en términos generales la formalización de la propiedad inmobiliaria traería en lo esencial la ventaja de poder apalancar créditos, así como de hacer más fácil la transferencia de la propiedad (ya vimos en la reciente crisis del capital lo que verdaderamente significa usar la propiedad inmueble como garantía de crédito). En el caso particular de Colombia, donde se estima que el 40 por ciento de la propiedad es informal, se debe considerar además el enorme potencial fiscal que representa la legalización de esa tierra si el actual valor catastral de los predios agropecuarios se calcula en 70 billones de pesos y su área es de aproximadamente 51 millones de hectáreas. Ingresar, entonces, cerca de 20 millones de hectáreas en la propiedad formal convierte la restitución de los dos millones de hectáreas de los desplazados (que es a lo que se compromete el Gobierno) en un inconveniente menor, que debe asumirse para no correr el riesgo de que algunos actores de la comunidad internacional deslegitimen ese programa de formalización.

Intención nada novedosa

La creación de un verdadero mercado de tierras ha sido un propósito expresado en varias etapas de nuestra historia, pero quizás el esfuerzo estructurado más reciente fue la Ley 160 de 1994. Esta ley, que se centraba en impulsar el “mercado asistido de tierras” (una política de compra subsidiada, impulsada por el Banco Mundial, y de la cual Colombia fue terreno experimental) y crear las “zonas de reserva campesina” como un intento de que la tierra se mantuviera en manos de los pequeños propietarios, tenía como propósito la intención de corregir los fracasos a que habían conducido, en esa materia, tanto la “revolución verde” como el programa de Desarrollo Rural Integrado (DRI). El sueño fallido del capital de que fueran las señales de precios lo que activara la reasignación de la propiedad y su recomposición o descomposición, según las necesidades de la producción, se estrellaría nuevamente con una realidad tozuda, indicadora de que, para los señores de la tierra y de la guerra, los inmuebles rurales son algo más que una simple mercancía, pues de su posesión se derivan su potestad sobre la fuerza de trabajo campesina y, por ende, su poder político.

La oposición a cualquier intento de modernización de la propiedad rural se materializó a mediados de los 90 en la intensificación de las matanzas indiscriminadas entre los campesinos. Y los tibios intentos de hacer de la tierra una mercancía fluida y transable dieron paso nuevamente a la ley del arma de fuego como mecanismo de asignación y distribución del suelo.

Ahora bien, si se revisa el lenguaje de la propuesta de política de tierras del actual gobierno, encontramos nuevamente como propósitos: darle ‘transparencia' a la propiedad, cerrar la frontera agrícola y estabilizar a la población campesina, es decir, plantea de nuevo las metas de 1994. Pero no se puede soslayar que los 16 años transcurridos desde ese momento no sólo marcaron una fuerte regresión en la estructura de la propiedad rural sino que además enseñorearon una nueva clase, el latifundismo armado, que, por los últimos discursos del uribismo puro y duro, envía señales de estar dispuesta a defender, a como dé lugar, lo ‘conquistado'.

Como una pequeña muestra de lo que ha sucedido en la última década y media, baste señalar que mientras en 1996 el 86,2 por ciento de los propietarios poseía predios que tenían menos de 20 hectáreas y que cubrían el 13 por ciento del área total agropecuaria, en 2003 ese mismo grupo de propietarios veía reducida su participación hasta el 8,8 por ciento (si hacemos cálculos gruesos, podemos deducir una reducción del área para los pequeños propietarios de dos millones 500 mil hectáreas, aproximadamente). De otro lado, los propietarios de predios de más de 500 hectáreas representaban en 1996 el 0,35 por ciento del total de propietarios (no más de 13.000 individuos) y poseían el 44,6 del área, que elevaba su participación a un 62 por ciento en 2003 (es decir, que este grupo de propietarios ensanchó su patrimonio en cerca de nueve millones de hectáreas). Estas cifras indican claramente que, si no se devolvieran únicamente los dos millones de hectáreas a los que se compromete Santos sino los cinco millones que se calcula que han sido expropiados, pudiéramos tener de todos modos una fuerte regresión en la estructura de la propiedad, pues ni siquiera así se regresa a la situación de finales de los 90.

Nueva ruralidad, discurso oficial olvidado

Con lo anterior no se pretende ni mucho menos argumentar que tanto las víctimas del despojo como los sectores progresistas se nieguen a una política de restitución. Por el contrario, lo que se quiere remarcar es lo precario de la propuesta y mostrar que la filosofía que la envuelve es bastante discutible.

Como es conocido, luego que la llamada “revolución verde” fuera incapaz de disminuir los niveles de pobreza rural, las entidades multilaterales (léase FAO y Banco Mundial) se vieron obligadas a reconocer que la fuente de los fallos más significativos provenía de dos hechos: 1) el desconocimiento de la heterogeneidad de lo rural (basada en buena medida en la diversidad ecológica y cultural), y 2) la multifuncionalidad del campo y sus variadas formas de relación tanto con los espacios más amplios de lo regional como con las zonas urbanas con las que se vincula. El primer punto obligaba a revisar políticas como la forzosa mecanización de la producción agropecuaria, o el uso de semillas o especies estandarizadas. El segundo conducía al reconocimiento de los servicios ambientales y la necesidad de identificar las particulares demandas que ejercen las regiones aledañas como diferentes de las de espacios más alejados. Es así como aparece el concepto de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial (DRET), en el que se remarca que la ruralidad trasciende la visión simple de “sector agropecuario”, puesto que, además de agricultura o ganadería, en el campo también hay producción no agropecuaria, y la diversidad cultural y ecosistémica impide un tratamiento de uniformización de los procesos de producción y de la organización social.

Pues, bien, en la formulación de la política de restitución de tierras se habla de inversión de la carga de la prueba (es decir, que corresponde al poseedor actual de la propiedad y no al expropiado demostrar la legalidad de la propiedad), de créditos y de obras de infraestructura, pero los aspectos de la territorialidad aún no aparecen. De tal suerte que se debe empezar a reclamar que, más que propiedades individuales, lo que se restituye es un orden territorial, y que la reinserción productiva y social de los desplazados debe comprender un conjunto de políticas regionales que garanticen no sólo el retorno sino igualmente una integración multifuncional en el respectivo territorio que potencie la autonomía y la autosostenibilidad. En ese sentido, se debe procurar que las entregas sean en lo posible masivas, que tengan acompañamiento internacional y que a las familias que regresen se les declare “personas protegidas”.

Guantánamos económicos

No parece una simple coincidencia que el programa de ‘formalización' de la propiedad de la tierra impulsado por el gobierno colombiano sea formulado en el momento mismo en que el Banco Mundial pugna por legitimar la compra masiva de tierras de naciones del Tercer Mundo por países con excedentes significativos de capital pero al mismo tiempo escasez relativa de tierras arables. Para tratar el fenómeno, denunciado por organismos como Grain y Farmlandgrab, el Banco Mundial citó a una conferencia el pasado 26 de abril en la que, bajo el rótulo de “Inversión agrícola responsable”, sostenía que la inversión transnacional en tierras puede ser un juego en el que todos los actores salgan ganando, para lo cual se hacía necesaria “la existencia de derechos fuertes y claros sobre la tierra que permita a sus propietarios negociar directamente con los inversores, obteniendo precios más altos y además garantizando que las inversiones beneficien al público y también a la economía local”. El estudio, que se anunciaba desde finales de abril, ha sido publicado finalmente el siete de septiembre (http://donorplatform.org/component/option,com_docman/task,doc_view/gid,1505), y en un lenguaje que se pretende neutral se termina por dar razones para que los países del Tercer Mundo acepten este tipo de inversiones, que ya empiezan a desatar airadas protestas.

El argumento se apuntala en que, si hay claridad en la titulación, los propietarios obtienen mejores precios y todos pueden considerarse ganadores. Sin embargo, si se mira el porqué de la necesidad de compra de tierras allende las fronteras, el asunto es alarmante, pues, como lo señala el Banco Mundial mismo, entre 1961 y 2005, del incremento de la producción agrícola tan solo el 23 por ciento fue explicado por la ampliación del área cultivada, el 70 por aumentos en la productividad y el 7 restante por una mayor velocidad de rotación en la cosecha. Ello se explica porque la frontera agrícola de la mayoría de los países desarrollados ya se ha cerrado por completo, y los países superavitarios en tierra son cada vez menos.

Pero ahí no para el asunto, pues la variable más dinámica, la productividad, también comienza a frenarse: según la organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en los países en desarrollo el crecimiento del rendimiento del trigo ha descendido desde cerca del 5 por ciento en 1980 hasta el 2 en 2005; la variación en el rendimiento del arroz, en ese mismo período, descendió del 3,2 al 1,2, y en el caso del maíz se pasó del 3,1 al 1 por ciento. Esto, como es natural, empieza a mostrar un panorama en el que la tierra se torna escasa en términos relativos, ya que resulta fácil entender que, si en 40 años la población se ha duplicado, el área per cápita es necesariamente decreciente, y si el aumento de la productividad –que hasta ahora logra compensar el fenómeno– ya da signos de agotamiento, podemos enfrentar en un plazo no muy lejano problemas de oferta en los productos agropecuarios que hasta hoy parecían impensables.

Si bien hasta el momento los países deficitarios en tierra habían solventado su situación importando productos primarios, es claro que la inestabilidad mostrada en las cosechas (motivada en buena medida por las alteraciones climáticas) les indica que ese mecanismo los hace altamente vulnerables, pues los países productores, cuando hay escasez, limitan sus exportaciones, tal como Rusia lo hace en este momento con el trigo. De allí que con la compra de tierras en el extranjero y su dedicación exclusiva a producir tan solo para el país que las ha comprado, incluso con mano de obra trasladada desde el país de origen de la inversión, se piense garantizar la seguridad alimentaria de los inversionistas. Esto hace que el país receptor de la inversión acepte verdaderos territorios de enclave que amenazan su soberanía, y explica, como lo denuncia Grain, que las compras masivas de tierra hayan estado signadas por un secretismo sospechoso. De allí que las declaraciones del presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), contando que en su oficina estuvo el embajador chino buscando apoyo para la compra de 400 mil hectáreas, deben alarmar a los movimientos progresistas, pues nada raro tuviera que los procesos de formalización de la propiedad busquen satisfacer los requisitos de enajenación de la tierra exigidos por los inversionistas extranjeros. El carácter entreguista de nuestra clase dirigente hace al país proclive a que este tipo de operaciones sean vistas hasta con agrado, razón de más para llamar desde ya a estar atentos, y anticipar la oposición y la protesta.

El baile de los que sobran

Según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), entre 2005 y 2009 se habría expulsado del campo colombiano a un millón de personas. Esa expulsión, motivada por el despojo de tierras y la consolidación y profundización del latifundio, se inscribe en el intento de modular la economía rural del país sobre la base de economías de plantación, modelo que en forma explícita se puso como meta el gobierno anterior. Este tipo de economía ocupa menos mano de obra por unidad de área y genera una población que, según los criterios del capital, debe considerarse sobrante, y que entre nosotros es expulsada a sangre y fuego.

Ahora bien, llama la atención, cuando se hurga un poco en la política de tierras del actual gobierno, que una de las metas sea la “creación de zonas de desarrollo empresarial”, para lo cual se asignarán “tierras baldías” en “usufructo de largo plazo”, lo que ni más ni menos significa un regalo de dos millones de hectáreas al latifundismo consolidado. Por eso, desconcierta que la izquierda colombiana se embarque en la bizantina discusión sobre si Santos es o no la continuidad de Uribe. Es claro que existen elementos de continuismo y aspectos de ruptura o, mejor, de corrección de aquellas políticas que venían afectando a ciertos sectores de los grupos dominantes. Pero eso no parece lo esencial, pues, cuando al Ministro de Agricultura se le pregunta por las posibles reacciones a la política de restitución de tierras, no duda en responder que pueden ser de carácter violento.

Sigue entonces abierto el interrogante acerca de si esa nueva clase que hace parte del latifundismo armado y que no quiere ser reconocida por el establecimiento hará tolda aparte y combinará todas las formas de lucha para sostener sus privilegios. La permanencia del DAS, las fuerzas militares y Acción Social en manos de representantes del más puro uribismo ya ha sido interpretada por los analistas como una conservación directa de poder de esa fuerza política. El anuncio del director del Partido de la U sobre la intervención de Uribe en la venidera campaña de alcaldes y gobernadores implica un mensaje claro: el regreso de los apellidos de la ‘nobleza' a los carros oficiales no garantiza que el capataz de finca que fungió como dueño de la misma pueda ser sacado tan fácil por la puerta de atrás.

Las últimas elecciones para congresistas demostraron que el poder local del latifundismo armado no fue fantasma de un día y que en ciertas zonas está consolidado. Surgen entonces preguntas como: ¿Hay intereses contradictorios entre los grupos emergentes y las clases tradicionales? ¿Se querrá nuevamente, como parece ser el caso de la Costa, crear poderes paralelos y antagónicos al gobierno central? ¿Serán esta vez los federalistas los representantes de la extrema derecha? Sea como sea, lo cierto es que los movimientos alternativos tienen que enmarcar los problemas del país en un contexto internacional de crisis en el que la extrema derecha se ha internacionalizado y quiere jugar un juego de largo plazo, y en el que, más allá de las apariencias y las coyunturas, se debe entender que el capitalismo cambia de cara y, como en el caso de las compras de tierra para crear enclaves, está dispuesto a pasar por encima de las actuaciones “políticamente correctas”. La izquierda tiene que entender que la ligereza no es una virtud y menos ahora, cuando se apuesta fuerte.

Publicado enEdición 161
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