Equidad fiscal no ha llegado al sector rural*

Las grandes extensiones de tierra improductiva, que no generan ingresos para los municipios, y la falta de un sistema de corresponsabilidad del Gobierno nacional para distribuir los recursos, son algunos factores que aumentan la desigualdad entre los departamentos del país, y que fueron identificados a partir del análisis de la base de datos tributaria que publica la DIAN tanto para las personas jurídicas como para las personas naturales.

El fenómeno social de la desigualdad es complejo porque está influido por múltiples factores. Al respecto es pertinente considerar las palabras del economista francés Thomas Piketty, quien señala que “cuando se diserta sobre la distribución de la riqueza, la política nunca está distante, y a menudo es difícil evitar los prejuicios y los intereses de clase de la época” (El capital en el siglo XXI, 2015).

Colombia es uno de los países con mayor desigualdad en el mundo y uno de los dos con mayor concentración de la riqueza en América Latina, la región más desigual. Esto se hace evidente no solo al analizar el índice de Gini (indicador de la desigualdad), sino también al revisar las brechas en la distribución del ingreso, las diferencias regionales y la dificultad para acceder a trabajos de buena calidad.

 

"El sistema tributario prevaleciente en Colombia no solo no contribuye a reducir la desigualdad, como ocurre en países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sino que la mantiene e incluso la reproduce aún después de impuestos".

 

Así mismo la desigualdad es más notoria ante una marcada in-movilidad social intergeneracional ascendente –incluso comparada con la de países de similar nivel de ingreso– que se retroalimenta con la exagerada concentración de Ingresos y riqueza prevaleciente de manera estructural en el país, realidad que se muestra en el libro (In-) movilidad social y democracia, de Luis Jorge Garay, publicado en 2018 por Ediciones Desde Abajo.

Los registros administrativos fiscales resultan ser los más confiables y útiles para analizar la dinámica de la concentración de la riqueza y del ingreso; la estructura de las exenciones y deducciones fiscales; y del gasto tributario, entre otros. Por tal razón, en el estudio adelantado por los autores del presente texto se utiliza la base de datos tributaria que publica la DIAN tanto para las personas jurídicas (PJ) como para las personas naturales (PN).

 

Concentración extrema

 

El patrimonio tanto de las PJ como de las PN se encuentra muy concentrado. En efecto, las declaraciones de renta presentadas en 2018 por las PJ muestran que el decil más rico de empresas concentró el 95,4 % de la riqueza total de las PJ en el país, consecuente con un índice de concentración Gini del 0,974 (el valor del índice de Gini se encuentra entre 0 y 1. Siendo cero la máxima igualdad y 1 la máxima desigualdad). Es importante señalar que un grupo de 20.000 empresas presenta un patrimonio bruto igual a cero; el 19 % de ellas pertenece al sector “actividades de otras asociaciones no clasificadas previamente (NCP)”.

A su vez, el decil más rico de las PN (unas 300.000) declararon en 2018 un patrimonio líquido equivalente al 97 % del PIB, acumulando a su haber el 56 % del patrimonio total de las PN.

Dada la alta concentración de las PJ y las PN más ricas, al desglosar el decil 10 se encuentra que:

(i) El subdecil 10 de las PJ superricas aglutina hasta el 88 % del patrimonio de las PJ más ricas, manteniéndose la concentración patrimonial (índice Gini de 0,8291) y destacándose el hecho de que cerca de 500 empresas serían las PJ super superricas del país, al concentrar el 57 % del patrimonio bruto de las PJ.

(ii) En el caso de las PN más ricas del país, los subdeciles 9 y 10 de los super superricos concentran el 60 % del patrimonio bruto y el 61 % de total de las rentas líquidas cedulares de las PN más ricas (del decil 10), con un índice Gini para las super superricas (del subdecil 10) del 0,56 en el caso del patrimonio.

Ello muestra el muy elevado grado de concentración aún al nivel del 1 % de las PN y las PJ superricas del país, lo que no contradice la tendencia observada en diversos países durante los últimos años, aunque el caso colombiano sí sobresale por la agudización del fenómeno de sobreconcentración y desigualdad.

Esta situación se agrava aún más en la medida en que el sistema tributario prevaleciente en Colombia no solo no contribuye a reducir la desigualdad, como ocurre en países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sino que la mantiene e incluso la reproduce aún después de impuestos.




Fuente: https://read.oecd-ilibrary.org/governance/panorama-de-las-administraciones-publicas-america-latina-y-el-caribe-2017/efectos-de-la-politica-fiscal-en-la-equidad_9789264266391-6-es#page1

 

Es evidente que los privilegios tributarios, además de erosionar la base gravable del impuesto sobre la renta, hacen que la tarifa efectiva promedio (impuestos pagados/ingreso bruto) de las PJ y de las PN resulte ser muy baja, beneficiando en gran medida tanto a las PN como a las PJ con mayores ingresos, en especial a las superricas. Es así como la tarifa efectiva promedio del impuesto a la renta para las PJ en 2017 fue casi la décima parte de la tarifa nominal promedio, como resultado de los tratos diferenciales “pro rico”, al punto que la tarifa efectiva –teniendo presente los cargos tanto a la nómina como al patrimonio– alcanzaría el 5,6 % en el decil 1, y el 5,4 y 5,0 % en los deciles 9 y 10.

Lo anterior permite corroborar con certeza la existencia de un espacio suficiente para implantar una mayor tributación progresiva efectiva sobre las PJ más ricas (pertenecientes a los deciles 8, 9 y 10) y especialmente sobre las superricas, sin que ello por sí solo pudiera poner en riesgo su capacidad de inversión, acumulación y expansión, ni su potencialidad competitiva internacional.

A su turno, las PN más ricas del país (del decil 10) tuvieron una tarifa efectiva promedio del 11,3 % para el caso de las rentas laborales y pensiones; del 2,6 % para las rentas de capital y no laborales; y del 1,1 % para dividendos y participaciones, por lo que las más beneficiadas por el estatuto tributario vigente en 2017 fueron las que recibieron mayores rentas por concepto de capital y dividendos, con el agravante de que las PN super superricas se usufructuaron todavía de menores tarifas efectivas.


Para el profesor Jorge Enrique Espitia, del Centro de Pensamiento en Política Fiscal de la UN, “el estatuto tributario prevaleciente en el país no satisface los criterios constitucionales de equidad, progresividad y eficiencia”.

Así pues, la multiplicidad de tratamientos tributarios preferenciales a favor especialmente de las PJ y de las PN más ricas –sobre todo las superricas y super superricas–, privilegiando a las rentas de capital y los dividendos y participaciones con respecto a las rentas laborales, y diferenciando entre sectores de actividad, entre otros, conducen a:

- un bajo esfuerzo fiscal efectivo para la economía en su conjunto,
- drásticas inequidades tanto horizontales como verticales y sectoriales,
- elevados grados de ineficiencia administrativa, y
- exagerados niveles de evasión y elusión tributarios.

En este sentido, el estatuto tributario prevaleciente en el país no satisface los criterios constitucionales de equidad, progresividad y eficiencia.

De ahí la urgencia de establecer una drástica disminución de deducciones, exenciones y otros tratos preferenciales, especialmente a las PN y a las PJ declarantes con mayores ingresos, con miras a avanzar en el desmonte de factores determinantes de la inequidad y regresividad del estatuto tributario colombiano, y así poder contribuir a la reducción de los inaceptables niveles de desigualdad y exclusión social en el país. Además, una política de esta naturaleza permitiría aumentar el recaudo tributario con respecto al PIB, reducir la tarifa nominal del impuesto sobre la renta y aumentar su respectiva tarifa efectiva.
Según el investigador Luis Jorge Garay, muchas veces la alta concentración lleva a que la tierra se vea como un elemento de concentración de poder económico y político y no como un insumo para la producción.


Geografía de la desigualdad

 

El Censo Nacional Agropecuario realizado por el DANE en 2014 encontró que el territorio nacional está constituido especialmente por bosques (un 56 % de las 111.453.000 hectáreas censadas en 2014 en todo el país), un 43 % de ellos localizados en territorios no étnicos (27 millones de hectáreas), y cerca de un 40 % en actividades agropecuarias, pero con más de la mitad de esta extensión dedicada a pastos y con el agravante de que solo el 20 % se dedica a un verdadero uso agrícola.

Este patrón de especialización contradice abiertamente la vocación de uso del suelo. En efecto, mientras que las áreas apropiadas para la ganadería alcanzarían menos de 8 millones de hectáreas, el Censo 2014 reporta un área ciertamente utilizada de 24 millones de hectáreas, es decir tres veces más de la adecuada. Entre tanto, el área apropiada para la agricultura ascendería a 15 millones de hectáreas, casi el doble del área efectivamente reportada por el Censo de apenas 8,5 millones.

Una parte importante de esta inadecuada especialización espacial se relaciona con una tenencia de la tierra altamente concentrada en pocos agentes sociales a nivel territorial. Es así como el 1 % de las unidades productoras (UP) concentra el 42 % del territorio nacional, y, aún más, el 0,25 % acumula hasta un 74 % de dicha área, en contraste con el 70 % que cuenta con menos de 5 hectáreas y que su extensión acumulada cubre apenas un 1,98 % del área total del territorio nacional. Así, la distribución de la tenencia de tierra es tan concentrada que el índice Gini nacional supera el 0,829 (en términos de las cantidades de UP por tamaño). Ello lleva a posicionar a Colombia entre los tres primeros países del mundo con mayor desigualdad en la tenencia de la tierra.

De igual manera, en el ámbito territorial se constatan altos niveles de desigualdad en términos no solo de la concentración de la tenencia de la tierra sino también del PIB por habitante y de la pobreza, entre otros.

Al aplicar unos sencillos modelos de regresión sobre los factores determinantes del ingreso per cápita –la pobreza multidimensional y el esfuerzo fiscal municipal– se corrobora que la elevada concentración de la tierra, al igual que una alta proporción de UP del régimen de propiedad y un mayor tamaño relativo de las UP agropecuarias, son algunos de los factores que impactan negativamente el ingreso promedio, aumentan la pobreza rural y reducen el esfuerzo fiscal municipal.

El estatuto tributario prevaleciente en el país no satisface los criterios constitucionales de equidad, progresividad y eficiencia.

Este comportamiento está relacionado con un acendrado rentismo prevaleciente –que va más allá de la mera búsqueda de rentas (rent seeking)–, según el cual la tierra es concebida básicamente como un factor para acumular poder en sentido amplio (político; social; militar y especulativo; y subsidiariamente productivo), no como un verdadero factor de producción, y menos como una riqueza natural socioecológica.

Ante esta situación el país afronta la necesidad de progresar en la construcción de un verdadero “contrato societal” sobre la estrategia de desarrollo social y económico en la que un pacto societal fiscal y un pacto societal alrededor de la tierra, su redistribución y su aprovechamiento sean dos de sus elementos constitutivos centrales, sustentado en amplios consensos fruto de un proceso deliberativo incluyente, como una condición para avanzar hacia una democracia justa, moderna e incluyente.

 

* Este artículo presenta algunos de los principales resultados de la investigación que recogerá el libro Dinámica de las desigualdades en Colombia: socioeconómica, tributaria y territorial, que se encuentra en proceso de publicación.

 

Luis Jorge Garay Salamanca ingeniero industrial y economista, doctor en Economía del Instituto Tecnológico de Massachusetts (Estados Unidos).
Jorge Enrique Espitia profesor e investigador, Centro de Pensamiento en Política Fiscal, Universidad Nacional de Colombia.

Publicado enColombia
Roma: una gramática cinematográfica  de la identidad latinoamericana

Alfonso Cuarón ha logrado, con su película Roma, una aproximación precisa y, a la vez, poética, a la forma de vida de una nación latinoamericana de la segunda mitad del siglo veinte. Se trata de Roma, una colonia –lo que en Bogotá se denomina localidad o en Medellín comuna– enquistada en la pantagruélica mole de la ciudad de México. El año: 1970. Es México, pero igual puede ser Colombia o cualquiera otra de las naciones andinas.

 

Observar y deleitarse con Roma es recordar, para los que vivieron una época –y para los que no, imaginarla, entenderla– en toda su complejidad: países que pasan de ser rurales a urbanos; familias que, dentro de una larguísima tradición católica, comienzan a resquebrajarse; políticos que, como siempre, cantan sus promesas vacías en busca de votos y en medio de la miseria de sus electores. Eso, en un contexto general, pero, más allá de este amplio plano, el drama de una mujer, indígena, de la etnia mixteca, la cuarta minoría mexicana después de los nahuas, los mayas y los zapotecos, que vive y trabaja en la casa de una familia de clase media alta. Una familia presidida por un padre lejano y despótico, una madre profesora en la “prepa” (o bachillerato); la madre de esta última, y tres pequeños hijos del matrimonio. Dos empleadas domésticas que hablan en lengua mixteca entre ellas, una de ella Cleo, la protagonista, magistralmente interpretada por una actriz no profesional, Yalitza Aparicio. Dos dramas. De una parte, Sofía, la madre de los niños es abandonada por su esposo; de la otra, Cleo, es embarazada y luego rechazada por su novio, un practicante de las artes marciales que luego deviene paramilitar. Historias sencillas, típicas de una nación latinoamericana de los años setenta, que son presentadas por el arte de Cuarón de manera estremecedora.

 

La elección del blanco y negro no solo es acertada sino sublime; cada escena, cada imagen gana en dramatismo, en intensidad, en realce gracias a los claroscuros, las sombras y los mil matices del gris. Los encuadres, bien sea de los paisajes urbanos o rurales, así como los primeros planos, en especial, los de Cleo en su exquisita gestualidad, son de una puntualidad que bordea la perfección.

 

Cualquier ataque o juicio que se haga a la película en términos de lenta, larga o aburrida son muestra, seguramente, de la pobreza conceptual que aflige a algunos o muchos espectadores modernos, anestesiados por un cine que no permite la activa participación del espectador en la construcción de la lectura de la película. Todo lo contrario, Roma es de una intensidad pocas veces lograda en la cinematografía moderna. Y, paradoja de paradojas, quien produce esta obra maestra es Netflix, una empresa asociada al “streaming” y –en cierto sentido– a la comercialización exacerbada y a la banalización del cine. Sorprende gratamente que de los mismos toldos de Netflix –en su batalla de destronar a Hollywood–, surja una propuesta como Roma que invita a degustar el buen cine, el cine de autor, el cine riguroso, que no suele conmueve y apela a las emociones básicas del espectador moderno (las artes siempre deben conmover, de lo contrario no serían artes), sino que también propone verlo como se concibió desde un principio: más allá de contar historias bien contadas, es hacerlo con arte a través de la fuerza de la imagen, del dramatismo de la iluminación, del discurso de lo gestual, de la poética del ritmo y de la cadencia que seducen e hipnotizan al espectador desde la primera escena.

 

Cuartón domina el lenguaje cinematográfico y sus reglas: la sintaxis, la gramática, la morfología y la narrativa visual. Es un observador, igual que un gran novelista –a la manera de un Dostoievski, un Dickens o un Tolstoi–, de la condición humana y de las dinámicas sociales. Parecería que la memoria de su niñez, en esa casa, en esa colonia, raya en lo obsesivo. De ello da cuenta, una tras otra escena: la forma como Cleo es integrada, y al mismo tiempo, segregada de la familia; las protestas estudiantiles reprimidas violentamente; los temblores que sacuden la ciudad; las ventas ambulantes a la salida de los cines, las desafinadas bandas de guerra escolares que desfilan frente a la casa, los aviones que cruzan sin cesar el cielo citadino; los campos de verano; el mar, siempre el mar, que seduce y castiga a quien lo irrespeta; las cosquillas y los canticos para despertar o dormir a los niños, el acceso vedado a la sala de televisión para las empleadas; el acto de Cleo de limpiar la bocina del teléfono después de levantarla y hablar en ella (como si fuera un acto impuro); las explosiones emocionales de los patrones frente a las empleadas de la casa por hechos no atribuibles a ellas… las imágenes son hilvanadas una tras de otra para reconstruir una identidad latinoamericana de la segunda mitad del siglo veinte, con sus contradicciones y matices, sus verdades y sus mentiras, sus gritos y sus silencios.

 

Al escribir estas líneas se desconocen los reconocimientos que tendrá la película en los mediáticos premios Oscar. Ese resultado poco importa; con seguridad Roma es un hueso demasiado duro de roer para la academia hollywoodense y para un público norteamericano que no sabe seguir subtítulos –bien sea por pereza o por falta de práctica, o por las dos–. Lo que finalmente queda es una obra intensa, bella y demoledora en su denuncia social, de una época y de una sociedad burguesa: el retrato, seguramente incompleto e imperfecto; aun así, un retrato, de una identidad latinoamericana. Lo demás es inocuo.

Publicado enEdición Nº254
​Nace en Colombia la Unión Nacional de Integración Rural–Unir

Los problemas de la ruralidad y los conflictos agrarios han sido una constante histórica que han llevado a que las comunidades que habitamos el campo nos hayamos visto desplazadas, marginadas y empobrecidas. Ante esta situación, nosotros, los campesinos y campesinas nos hemos dedicado a sembrar vida cuidando la tierra y cosechando los alimentos para darlos a nuestras familias y a las familias de esta diversa Colombia.

 

A partir del paro agrario de 2013 las comunidades rurales recuperamos la fuerza de la dignidad y salimos a las calles y a las carreteras a manifestarnos para exigir reformas y cambios en las políticas públicas en materia de acceso y redistribución de tierras; vías de transporte; insumos y asistencia técnica; protección de las semillas criollas; garantías en salud y educación; protección al medio ambiente; entre otros muchos asuntos.

 

Estas manifestaciones y protestas permitieron realzar –de manera renovada– la cuestión agraria en la agenda pública nacional. Sin embargo, a pesar del esfuerzo de miles de habitantes del campo, las protestas y paros de las comunidades, junto con las negociaciones y acuerdos suscritos con el Gobierno, no han sido suficientes para lograr un nuevo rumbo para el campo.

 

Por estas razones, los días 7 y 8 de septiembre de 2018 nos dimos cita en el municipio de Fusagasugá, Cundinamarca, para llevar adelante el Primer Encuentro Nacional Agrario de la Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia –Comosoc*–, como resultado de lo cual nace la Asociación de segundo nivel que hemos denominado Unión Nacional de Integración Rural-Unir.

 

A este primer Encuentro Nacional asistieron delegaciones de 42 asociaciones campesinas provenientes de Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Nariño, Valle del Cauca, Putumayo, Risaralda, Santander, Norte de Santander y Sucre. De igual forma tuvimos algunos invitados especiales que nutrieron la discusión en el espacio y que se llevan el compromiso de apoyar y fortalecer no solo esta experiencia sino otras que están en gestación en el ámbito rural.

 

Como objetivo principal de este evento, se estableció la consolidación de una organización nacional agraria de segundo nivel que nos permita articular los diferentes procesos organizativos rurales vinculados o con cercanías prácticas a la Comosoc.

 

Cada una de nuestras organizaciones analizó los retos atestiguados desde nuestros territorios, tanto en el seno de cada una de ellas como en los contextos regionales donde desarrollamos nuestras dinámicas económicas, sociales y políticas. Con el fruto de estos análisis tallamos los siguientes ejes transversales: Participación política, economía propia, acceso y uso del territorio, megaproyectos, Derechos Humanos y conflicto armado, finalmente, el panorama internacional. Estos ejes nos permitieron reflexionar y toparnos con el trabajo en grupos, sacándole el jugo a nuestras diversidades regionales.

 

Todo este esfuerzo nos permitió completar los insumos suficientes para diseñar los elementos que nos llevarán a poder levantar y construir los planes de trabajo desde nuestras organizaciones y territorios para el fortalecimiento de la Unir. Este diseño se compone de tres dimensiones: una hacia el interior de las organizaciones, la otra hacia el exterior y una sectorial.

 

En la primera dimensión se establecieron líneas de construcción de asambleas regionales y fortalecimiento de los procesos que tienen las asociaciones que están en Unir, estos elementos giran alrededor de:

 

- Identidad y cultura campesina
- Formación política y legal
- Protección del medio ambiente
- Economía propia

 

Para las líneas de trabajo externas se definieron:

 

- La defensa del territorio, donde se trabajará la autonomía y defensa de recursos naturales renovables y no renovables.
- La economía propia, donde se trabajará la producción con conocimiento propio y construcción de redes de comercio entre las organizaciones.
- El eje de comunicaciones, que además de una herramienta es una apuesta política que nos permite mantener una interacción entre las organizaciones que conforman la Asociación, permitiéndonos al mismo tiempo compartir nuestras experiencias, apuestas y formas de construir llevando nuestra agenda a la opinión pública nacional.

 

La tercera dimensión la compone el sector Afro de la Comosoc, quienes definieron hacer parte de Unir al mismo tiempo que darle cuerpo a una organización nacional afro con fecha y lugar para su conformación.

 

Finalmente, fue elegida una junta provisional de delegados nacionales, 5 mujeres y 5 hombres, de distintas regiones, quienes tendrán las tareas de elegir la junta directiva, revisar la redacción final de los estatutos y la más importante, hacer el llamado a la realización de las asambleas regionales.

 

Fue así cómo logramos Unir en una asociación de segundo nivel las asociaciones cercanas o parte de la Comosoc y salir con el reto de fortalecerla desde las regiones a través de lo que hemos querido recoger desde el principio: las experiencias organizativas, intereses y problemáticas de cada uno de los miembros que la integran a través de las organizaciones asociadas.

* Comosoc es un proceso de articulación de organizaciones y movimientos sociales, de carácter nacional, regional y local. www.comosoc.org

Publicado enEdición Nº250
Sábado, 20 Enero 2018 09:46

Sin tierra a la vista

Sin tierra a la vista

A continuación algunas de las preocupaciones que nos suscitan las normas y los proyectos que se pretenden implementar con ocasión del Acuerdo Final de Paz:

 

1. Decreto Ley 902 de 2017 “Por el cual se adoptan medidas para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo Final en materia de tierras, específicamente el procedimiento para el acceso y formalización y el Fondo de Tierras”.

 

Hay que decir que, en un primer momento, el gobierno nacional pretendió impulsar un proyecto de ley que no había sido consensuado con las Farc y que excedía lo acordado en el texto final del Acuerdo de Paz; pero gracias a la presión de múltiples organizaciones, parlamentarios y sectores académicos, tuvo que limitar su alcance a la creación del fondo de tierras y el procedimiento para el acceso y formalización.

 

A pesar de las críticas sobre la redefinición de los sujetos de reforma agraria, pasando a una versión diferenciada entre sujetos de acceso a tierras y sujetos de formalización, estos últimos a título oneroso, el Gobierno mantiene la idea de formalizar la propiedad de grandes extensiones de tierra que han sido apropiadas ilegalmente y por medio del despojo y el desplazamiento forzado, por vía de adjudicación de predios baldíos a personas naturales o jurídicas, que puedan solventar los costos del proceso de regulación de los derechos de propiedad.

 

Asimismo, este decreto ley modifica el régimen de baldíos, pues permite que estas tierras cuya destinación ha sido pensada para sujetos sin tierras o con tierra insuficiente, a través de la función social de la propiedad, ahora hagan parte de la oferta de tierras disponibles para personas que no cumplen con los requisitos de vulnerabilidad y pobreza que caracteriza a los sujetos de reforma agraria, puedan tener acceso y eventual propiedad sobre tales bienes a través de figuras jurídicas como la de “derechos de uso” y la adjudicación para el desarrollo de proyectos denominados de utilidad pública e interés social (como las empresas mineras o petroleras).

 

Otro aspecto significativo, que evidencia la desigualdad material que promueve esta norma, es lo correspondiente a los pagos por gastos de formalización, pues el decreto establece que los sujetos de acceso deben cubrir los pagos por los gastos notariales, administrativos y procesales, es decir, por todo el proceso de regulación de la propiedad. Costos que tendrán que asumir los campesinos pobres, haciendo aún más gravosa la concreción de su derecho a la tierra.

 

2. Decreto Ley 883 de 2017 (ordinario) “Por el cual se modifica la Ley 1819 de 2016 para incluir a las empresas dedicadas a la minería y a la explotación de hidrocarburos en la forma de pago de obras por impuestos”.

 

Este decreto permite que empresas mineras, portuarias y de hidrocarburos puedan ser exoneradas de impuestos a través de la financiación de obras de infraestructura (alcantarillado y agua potable, vías, servicios de salud y educación, entre otras). Lo más preocupante de este decreto es que hace depender la implementación de los Pdets y otros programas para la “transformación del campo” de los recursos de agentes privados denominados grandes contribuyentes que promueven el modelo de desarrollo extractivista de minería e hidrocarburos.

 

Esta nueva figura jurídica propicia que los territorios y las comunidades queden sometidas a los intereses de estos sectores empresariales a fin de que lleguen recursos que permitan mejorar sus precarias condiciones de infraestructura, las que deberían estar a cargo de Estado.

 

3. Decreto Ley 893 de 2017 “Por el cual se crean los Programas con Enfoque de Desarrollo Territorial PDET”.

 

A pesar de que carga un enfoque aparentemente participativo y diferencial, que incorpora la perspectiva étnica y cultural de los pueblos y comunidades de los territorios, el decreto no desarrolla ampliamente el funcionamiento de los Pdet, y deja la operatividad y detalles de los planes, a la reglamentación posterior sin participación de las comunidades en los territorios.

 

Aunque el acuerdo final contempla un capítulo étnico, no hay un enfoque real de priorización de estas comunidades de cara a eventuales conflictos entre las comunidades rurales. Además, desconoce a las comunidades negras.

 

4. Decreto Ley 890 de 2017 “Por el cual se dictan disposiciones para la formulación del Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de Vivienda Social Rural”.

 

La administración del subsidio al que se refiere este decreto pueda ser asumida, además del Estado, por particulares privados. Esto mantiene la idea de la privatización de derechos convertidos en servicios, perpetuando así la tercerización de la prestación servicios y derechos básicos, los que debería asumir el Estado en su posición de garante de derechos.

 

5. Ley “Por medio de la cual se crea el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria y se dictan otras disposiciones”.

 

Esta ley tiene un enfoque de desarrollo rural basado en la producción agroindustrial a gran escala en detrimento de las formas de producción propias de las comunidades rurales, sustentadas en economías de base asociativa, bajo criterios de economía comunitaria y protección medioambiental.

 

Otra preocupación es la sustitución del servicio público de asistencia técnica por el de extensión agropecuaria, el cual está orientado al “desarrollo de capacidades de los productores agropecuarios, su articulación con el entorno y el acceso al conocimiento, tecnologías, productos y servicios de apoyo, con el fin de hacer competitiva y sostenible su producción”.

 

Esta sustitución implica que la asistencia técnica que hasta el momento estaba dirigida a los pequeños productores agropecuarios, de manera gratuita, bajo la responsabilidad de los entes territoriales, a través de las Umatas, ahora se orientará bajo las lógicas del “mercado y las cadenas de valor” (artículo 3, numeral 8) con criterios de “gradualidad y temporalidad” (artículo 3, numeral 9) que establecen un monto tarifario “diferencial, decreciente y finito en el tiempo” lo que significa la privatización progresiva de un servicio que hasta ahora era público, gratuito y focalizado para los pequeños productores, que no cuentan con recursos para adquirir asistencias en temas de sostenibilidad y sustentabilidad de la producción agropecuaria.

 

Además, no se contempla un enfoque agroecológico en los procesos de optimización de la producción agropecuaria, como tampoco se contemplan mecanismos de participación de comunidades rurales, ni la incorporación de enfoques diferenciales étnicos, de género y territoriales.

 

6. Proyecto de Ley “Por la cual se modifica la Ley 160 de 1994 y se dictan otras disposiciones” (versión de octubre de 2017).

 

Finalmente, persiste la preocupación ante el trámite de este proyecto de ley que retoma varios de los elementos del Proyecto “de Ordenamiento Social de la Propiedad”, conocido en abril del 2017, que pretendía derogar la Ley 160 de 1994 en su totalidad y crear un nuevo marco normativo agrario.

 

Hay que decir que respecto de la reforma a la Ley 160 de 1994 el gobierno nacional se había comprometido con la Cumbre Agraria a discutir y concertar el contenido del mismo. A la fecha, este proyecto no ha sido presentado a las organizaciones de la Cumbre Agraria, y está en trámite, de manera unilateral, por el Gobierno quien pretende ahondar la concentración de la tierra.

 

Algunos elementos de preocupación son:

 

El Proyecto de Ley, de nuevo, trae una definición de desarrollo integral del campo distinta a la pactada en el Acuerdo Final, pues incorpora al sector minero–energético, de vivienda e infraestructura dentro de las diferentes formas de producción del campo. Contemplar este sector como parte de un enfoque de desarrollo integral del campo, junto con la creación y reafirmación de figuras de “Ordenamiento Social de la Propiedad Rural”, como las Zonas Estratégicas de Interés Agropecuario, las Zonas de Desarrollo Empresarial y las Zidres, da cuenta de la orientación del enfoque reprimarizador, extractivista de desarrollo rural; desconociendo las ya difíciles condiciones en las que se encuentran las comunidades rurales, en especial, las campesinas, acorraladas por proyectos de extracción de recursos minero energético y la agroindustria. Esta orientación va en contravía de lo pactado con las Farc, que buscaba por el contrario, apoyar y proteger “la economía campesina, familiar y comunitaria procurando su desarrollo y fortalecimiento”.

 

Este proyecto promueve, además, efectos contrarios a la democratización de la propiedad rural que busca beneficiar a las comunidades rurales que más lo necesitan, en tanto que legalizaría predios que superen la extensión de una UAF, sin considerar las condiciones socio-económicas del ocupante. Por tanto, este proyecto puede beneficiar a terratenientes que explotan y se benefician de los baldíos de la nación.

 

Como comenta Carlos Duarte, del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali, en un artículo titulado GoodBye Reforma Agraria: “[...] Ley es un despropósito en materia de política agraria, puesto que instaura una regla que restringe las tierras disponibles para adjudicación a campesinos y trabajadores agrarios, beneficiando, directa o indirectamente y sin una justificación razonable a la luz del principio de igualdad, a personas con capacidad económica que realicen actividades categorizadas bajo el amplio universo como “actividades de utilidad pública e interés general””.

 

Ofensiva política

 

De lo anterior se desprenden serías dudas sobre la “democratización del acceso y uso adecuado de la tierra”. Este andamiaje normativo que está construyendo el Gobierno desconoce las reivindicaciones y propuestas que históricamente han enarbolado las comunidades ruarles, pues su enfoque sigue acentuado sobre la idea de “modernización del campo” que privilegia un modelo de desarrollo extractivo y agroindustrial sin contemplación de los impactos sobre las condiciones socio culturales y ambientales de las comunidades rurales y el país en general.

 

De imponerse y perpetuarse este modelo, estaremos abocados a la extensión definitiva del campesinado, quien nunca ha sido reconocido como sujeto de derechos. Además supone un riesgo para la pervivencia física y cultural de las comunidades étnicas, en contravía de la “Diversidad biológica y cultural” de Colombia, uno de los supuestos “pilares”fundamentales del Estado Social de Derecho.

 

La manera como concibe el establecimiento la democratización del campo, bajo el discurso de “Un campo para todos”, no es solo el desconocimiento sino la perpetuación de la desigualdad fehaciente entre los llamados “actores del campo”, pues mantiene las condiciones desfavorables de las comunidades rurales empobrecidas, respecto a los agroindustriales y empresarios, quienes se han visto favorecidos durante décadas por las políticas estatales y también por la guerra. “Un campo para todos” significa olvidar la larga historia de desigualdad allí imperante, inequidad en el goce efectivo de derechos y despojos sistemáticos a sangre y fuego, y desconocer la desigualdad material con la que siempre se han encontrado las comunidades rurales, especialmente las campesinas, respecto a otros actores dominantes del campo, aquellos que siempre han tenido la posibilidad de acumular, de correr la cerca, de tener una vaca cada hectárea y media de tierra, de asociarse, de tener créditos, de ser empresarios del campo.

 

La seguridad jurídica para la inversión que se pregona con este modelo, no es otra cosa que el afianzamiento de las condiciones de favorabilidad gozadas desde siempre por los denominados empresarios del campo para sus proyectos agroindustriales y extractivos; es no tocar ni un poco de la tierra que se han apropiado: mientras de la oferta de tierras se reservan baldíos para ellos, las comunidades rurales siguen profundizando los conflictos cada vez con menos tierras disponibles.

 

En este contexto, debemos resistir e insistir en la lucha por una verdadera reforma agraria y rural integral que supere la desigualdad, restaure la dignidad de los despojados y garantice una verdadera “transformación estructural del campo” que afronte la crisis ambiental, energética, social y cultural a la que nos ha llevado el capitalismo reinante, en el que la vida es apenas una variable económica para sus intereses egoístas.

 

Seguiremos actuando en unidad con los pueblos, comunidades y sectores sociales populares ante instancias de negoción política como la Mesa Única Nacional, ante el Congreso de la República, ante el poder judicial, la comunidad internacional, pero sobre todo, seguiremos resistiendo en los territorios, construyendo proyectos de vida y de paz con las comunidades, pues al parecer la paz del gobierno y del Estado, no es nuestra paz.

Publicado enEdición Nº242
Pulso Gobierno vs. Cumbre Agraria: ¿Un solo vencedor?

En Colombia ninguna conquista social se logra sin lucha. Es más, toda conquista social demanda más de un jornada de protesta, pues el Gobierno –mejor, el poder– es experto en dilatar, hacer propaganda, distraer, confundir, dividir y...

 

Para el movimiento social de la ruralidad colombiana, empezado a gestar en medio de estas luchas, y transformado en parte en la Cumbe Agraria, Campesina, étnica y popular (Cacep), no es diferente. A pesar de sus potentes movilizaciones de los últimos tres años, en especial la prolongada entre el 19 de agosto al 12 de septiembre de 2013, y de lo suscrito al momento de levantar todas y cada una de las protestas, ahora le toca salir de nuevo al ruedo.

 

La Cacep, conformada por 13 procesos de la ruralidad, fue reconocida como interlocutora de la política púbica mediante el decreto 870 de 2014, firmado por el entonces ministro del interior Aurelio Iragorri Valencia, quien creó un escenario de negociación denominado Mesa Única Nacional (MUN), conformada por: Ministro del Interior o delegado, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y 35 voceros de la Cacep.

 

Esta mesa centró su discusión alrededor de los 8 puntos del pliego de exigencias de la Cacep, Mandatos para el buen vivir: Tierras, territorios colectivos y ordenamiento territorial, Economía propia contra modelo de despojo, Minería, energía y ruralidad, Cultivos de coca, marihuana y amapola, Derechos políticos, Garantías, víctimas y justicia, Derechos sociales, Relación campo-ciudad y, Paz, justicia social y solución política.

 

La mesa fue instalada hace dos años y 10 meses, y pese al paso del tiempo sus avances son pocos. Por ello, luego de los constantes incumplimientos y dilaciones por parte del gobierno nacional, la Cacep rompió la mesa de negociación y convocó en el 2016 a la Minga Nacional Agraria, para levantarla fueron suscritos el 13 de junio los “Acuerdos de Santander de Quilichao”, comprometiendo una vez más al gobierno nacional a cumplir con los compromisos suscritos y ofrecer garantías a la Cacep para seguir conversando y negociando el Pliego de exigencias.

 

Dicen que “al perro no lo capan sino una vez”, pero no es cierto. Por ser así, el 8 de marzo de 2017, por falta de garantías e incumplimientos, vuelve a presentarse un pulso entre la Cacep y el gobierno nacional; esta vez la acción de protesta tomó como centro de su acción el Ministerio del Interior, en pleno centro de Bogotá.

 

¿Acción desesperada? o ¿Rabia condensada?

 

Ante el constante asesinato –suman 150 entre 2016-2017, 30 de ellos en lo corrido del 2017–, persecución y amenaza de líderes y lideresas del movimiento social, el aumento de la presencia paramilitar en varias regiones y el incumplimiento, dilación y falta de seriedad con la Mesa Única Nacional –el gobierno no envía a las sesiones de negociación funcionarios con poder de decisión–, la comisión política de la Cacep decidió declararse en sesión permanente dentro de la sede del Ministerio del Interior, hasta tanto no se hicieran presentes: el Presidente Juan Manuel Santos, Ministro del Interior en su calidad de coordinador de la mesa, Ministro Aurelio Iragorri como cabeza del gabinete de agricultura y desarrollo rural; El Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas; Ministro de Minas y Energía, el Procurador General de la Nación, el Defensor Nacional del Pueblo, Fernando Carrillo Flórez, y el Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez. Esta exigencia fue enviada a través de una carta formal que contiene 13 consideraciones, así como 8 exigencias y propuestas.

 

Las consideraciones expuestas tienen que ver con que luego de pasados 2 años y 10 meses desde la creación de la MUN (Decreto 870/2014) no se ha avanzado en los temas gruesos, pues la negociación se centró en temas mínimos de aclimatación en torno a garantías y derechos humanos –incumplidos, como es evidente–, al tiempo que el gobierno impone leyes que van en contravía de los acuerdos alcanzados en la MUN, como las Zidres o el nuevo Código de Policía, entre otras.

 

La Cacep considera que las comunidades rurales no solo han sido víctimas de la guerra, sino que existen experiencias y propuestas desde los territorios que contribuyen a la paz, las mismas que el gobierno nacional niega, desconociendo la posibilidad de su participación en los espacios de diálogo, negociación e implementación que se adelantan con las insurgencias armadas. En lo que respecta a la implementación normativa del Acuerdo Final, la Cacep considera que a través de la vía rápida (Fast track) están imponiendo una serie de modificaciones legales que desconocen las propuestas y exigencias presentadas por las organizaciones rurales, dejando en el vacío el objetivo mismo de la Mesa Única Nacional, medidas que apuntalan una política pública favorable a la agroindustria y el extractivismo.

 

Las exigencias y propuestas presentadas por la Cacep, versan sobre: 1) mecanismos rápidos, ágiles y efectivos para las garantías individuales y colectivas para la vida e integridad de las comunidades, sus líderes y lideresas; 2) Evaluación exhaustiva, con el Presidente y su gabinete, para establecer una agenda de negociación y una ruta eficaz de cumplimiento de los acuerdos; 3) traslado de la MUN de Bogotá a otras regiones del país; 4) debate público de control político sobre el estado de cumplimiento de los acuerdos suscritos; 5) reconocimiento constitucional y legal del campesinado como sujeto de derecho; 6) conocer y participar del proceso de implementación normativa por la vía rápida (Fast track) de los acuerdos entre Farc-Ep y Gobierno y, 7) garantías para participar de forma autónoma, amplia y vinculante, a propósito del proceso de negociación que se adelanta entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional.

 

La respuesta inmediata del Ministro del Interior Juan Fernando Cristo, el día 8 de marzo, fue enviar a Luis Ernesto Gómez, su joven viceministro para la participación e Igualdad de derechos, quien pese a su actitud jovial y aparente sencillez (porta corbata y usa tenis), se mostró intransigente y despreciativo ante las propuestas que recibió. En su papel de negociador este funcionario solo reaccionó con amenazas de represión, insistiendo en desalojar el edificio –envió un grupo de la fuerza disponible de la Policía Nacional a la entrada del Ministerio a la espera de la orden de entrar a desalojar–; negó el ingreso de alimentos para las 47 personas que se encontraban dentro del Ministerio, cortó el agua de los baños y afectó la señal de internet, queriendo así imposibilitar la comunicación pública sobre lo que acontecía dentro del recinto. Cabe resaltar que la Defensoría del Pueblo y Naciones Unidas no estuvieron presentes durante toda la jornada, solo acompañaron un par de horas, se retiraron a las 7 de la noche, comprometiendo su palabra que regresarían, lo que no hicieron sino hasta el día siguiente pero por presión de la Cacep y parlamentarios amigos.

 

Negociación de papel

 

A las 5 de la mañana del día 9 de marzo, el ambiente se tensó, fuera del edificio estacionaron 13 motos, un camión y dos camionetas de la Policía Nacional; la orden era desalojar el edificio a las 9 de la mañana. La única persona autorizada para entrar al edificio fue el senador Iván Cepeda –finalmente logran ingresar el senador Alberto Castilla y el representante Alirio Uribe– como garante y enlace directo con el ministro Cristo. Luego de un largo tire y afloje entre las partes se acuerda –en borrador– la cita con el ministro Cristo en su despacho, a la que asistirían 13 representantes de la comisión política de la Cacep. Una vez iniciada la reunión en cuestión los demás miembros de la Comisión allí presentes se retirarían del piso 11 del Ministerio.

 

Arrogancia y cinismo. Antes de confirmar la reunión planteada, Cristo y Santos se reúnen, luego de lo cual el viceministro Luis Ernesto Gómez regresa al piso 11 y le plantea a la Cumbre que para llegar a la reunión con el Ministro del interior debía construirse una agenda para la negociación; la Cumbre insistió en que eso ya estaba en la carta enviada el día anterior, pese a esto la Cacep, en un gesto de buena voluntad accede a construir con el Viceministro una acta y declaración conjunta que contiene 3 puntos:


1. Garantías y protección individuales y colectivas: Se acuerda que el Viceministerio de participación e igualdad de derechos, y la dirección de derechos humanos del Ministerio del Interior, realizarán una evaluación del funcionamiento de la subcomisión de derechos humanos y de las misiones de verificación, entregando un informe sobre la aplicación del protocolo y la adopción de medidas de investigación, prevención y protección de acuerdo al reglamento y actas suscritas en Santander de Quilichao relacionadas con el tema; además que el Ministerio del Interior oficializará el 21 de marzo de 2017 la respuesta al derecho de petición entregado por la comisión de derechos humanos de Cumbre Agraria y que el Gobierno convocará a la Fiscalía General de la Nación para que presente un informe sobre el estado de las investigaciones por violaciones sistemáticas a los derechos humanos, con especial atención de los asesinatos de líderes, lideresas y defensores de derechos humanos. Finalmente, realizar una priorización que brinde garantía y protección individual y colectiva de las comunidades y sus territorios, creando instrumento de reacción inmediata. 

 

2. Mesa Única Nacional, evaluación, seguimiento y cumplimiento: Se acuerda la realización anticipada (la Cumbre propone 10 días) de la reunión de balance del proceso de negociación llevado entre las partes, con el Presidente de la República, prevista inicialmente para el mes de junio de 2017. Asimismo, el Ministro se compromete a gestionar y coordinar reuniones sectoriales con los ministros competentes para el cumplimiento de los acuerdos con la Cumbre Agraria, todo ello dentro de un término no mayor a un mes. Además, el Ministro del Interior se compromete a participar en un Debate de Control Político sobre el estado de cumplimiento de los acuerdos suscritos entre el gobierno nacional y la Cumbre.

 

 3. Participación en la construcción de paz: Se manifiesta que las propuestas presentadas por la Cumbre Agraria son una contribución de la sociedad a la construcción de una paz con justicia social; en tal sentido el gobierno nacional se compromete a incorporar los acuerdos suscritos en la Mesa Única Nacional en el marco de implementación normativa de los acuerdos de paz –Acuerdo Final– con base en el principio de Profundización de la democracia y “construir sobre lo construido”. De igual manera, el Ministerio del Interior promoverá la participación de la Cumbre Agraria en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final; y, finalmente, el gobierno nacional brindará garantías a la participación autónoma, amplia y vinculante, a propósito del proceso de negociación que se adelanta entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional, así como el gobierno nacional garantizará la implementación del Capítulo Étnico de los Acuerdos de Paz.

 

Todos estos puntos son trabajados en la tarde y parte de la noche del día 9 de marzo junto al viceministro del Interior, el que los trasmite al ministro Cristo, el cual dice, a través de un nuevo funcionario pues el Viceministro no regresa, que el documento trabajado “no esta a su medida”. ¿A la medida de sus intereses? Ante esta respuesta, los voceros de la Cacep deciden, a altas horas de la noche, abandonar la sede del Ministerio.

 

Así culminó la sesión permanente la Cacep, cuyos propósitos no fueron logrados. Conscientes de ello ahora inicia la preparación de una nueva gesta, para poder encarar en mejores condiciones un nuevo pulso con el gobierno: vendrá la movilización y minga por los derechos, la vida y la paz, como lo confirmaron sus voceros en rueda de prensa. Amanecerá y veremos.

 

¿Seguir por la misma vía? O ¿Inventar otras formas?

 

Lo sucedido en el Ministerio del Interior demuestra una cosa: El gobierno nacional solo escucha a la Cacep en la movilización, y simplemente firma actas de acuerdo para quitarse los problemas de encima.

 

Despertar del adormecimiento. Es momento para que la Cacep retorne a sus orígenes: las regiones, las comunidades y las organizaciones con base territorial. Solo allí podrá tener claro qué se quiere con cada acción y así replantear los alcances de las “vías democráticas”. Es allá, en el territorio, donde está su fuerza, y este nuevo pulso que se viene únicamente podrá salir airoso si la Cacep se mueve desde abajo hacia arriba. Es un momento para que la Cacep se reconsidere completamente, para dejar los diálogos ineficaces; es momento de encontrar y construir caminos de unidad para lograr un movimiento fuerte que consiga levantar de nuevo la voz y la razón de las comunidades agrarias.


Así hay que obrar, mucho más si recordamos la cercanía de la campaña electoral, y con ello que dentro de pocos meses el gabinete ministerial empezará a entregar las llaves de sus despachos a sus nuevos inquilinos.

 

Ante todo esto es procedente preguntar: ¿Cómo garantizar que en esta nueva ocasión el gobierno sí cumpla, a pesar de ir ya de salida? O, por el contrario, ¿No negociar más con el establecimiento? ¿Empezar a consolidar experiencias concretas de autonomía en todos los ámbitos (económico, educativo, social, cultural, etc.)? ¿Crear un movimiento cuya esencia sea el anticapitalismo? ¿Por dónde encausar los mayores esfuerzos?

 

Los interrogantes son mayúsculos, y es hora de encararlos.

Publicado enEdición Nº233
El proyecto de ley rural, dispositivo de poder y confusión
No es un proyecto de ley como cualquier otro el que ahora pretende presentar el Gobierno para la próxima legislatura del Congreso que se inicia este 20 de julio. Recogiendo lo ya intentado por Uribe, anuncia un replanteamiento amplio, comprensivo y ambicioso de toda la normatividad agraria. Lo más importante consiste en que intenta poner fin, definitivamente, a toda idea de reforma agraria. “Desarrollo rural con enfoque territorial” se dice ahora. Llama la atención que se apoye en varios de los teóricos que en el pasado se consideraban especialistas en el tema, lo cual facilita la confusión. Asimismo llama la atención que la iniciativa venga después de la controvertida Ley de Víctimas y Restitución de Tierras que esos mismos especialistas quisieron presentar como la “primera cuota de la reforma agraria”. Para el movimiento campesino, para los pueblos indígenas y afrodescendientes, es fundamental, para empezar, entender el contenido de esta engañosa y tramposa ley.

Este instrumento de poder, como todos los de su condición relacionada con las políticas públicas, contiene problemas derivados de sus propios componentes, pero también de la forma como estamos haciendo el debate sobre su sentido y su carácter. En efecto, no sólo se trata de una pretendida ley de iniciativa gubernamental que se refiere al nudo mayor del régimen político nacional, atado por las dos cuerdas gruesas de la propiedad de la tierra y del control de las relaciones entre la ciudad y el campo; sino que además avanza en un modo de mirar lo rural, en el que se pueden resumir todos los problemas nacionales, incluyendo el de la continuidad de la guerra y por supuesto la consecución de la paz.

Para mostrar estas dimensiones del proyecto de ley, es preciso ir entonces, paso a paso, abordando varias de sus dimensiones, sus componentes, el modo predominante de asumir el debate y los retos de su superación crítica.

Principales dimensiones del proyecto de ley rural


El proyecto de ley es un instrumento de búsqueda de relegitimación del gobierno nacional. Se propone, luego de años de muerte y despojo de tierras y territorios rurales, en un proceso de transición política e institucional nacional que consiste en el relevo en el dominio político del gobierno nacional por parte de sectores sociales y políticos que están ligados directamente al narcotráfico, al paramilitarismo, a la gran propiedad de la tierra y asimismo a la economía primaria exportadora (minera y forestal); que gobernaron durante ocho años con base en el asistencialismo social y ‘comunitario’, mientras favorecían a los grandes grupos económicos, e impulsaban la guerra y la depredación ambiental mediante masivas concesiones mineras y forestales, y la desconfiguración del sistema nacional ambiental, y aplicaban oscuros manejos y vigilancias ilegales de los otros poderes públicos (las Cortes y los organismos de control), de subordinación política del Congreso, y de intentos forzados e ilegales de reelección presidencial, hasta un punto crítico que generó una relativa crisis estatal de legitimidad internacional y nacional.

Tales sectores empiezan a ser relevados por otros, en algunos casos aliados silenciosos o activos del gobierno anterior, los cuales –si bien continúan favoreciendo la economía exportadora– intentan la reinstitucionalización del Estado y la relegitimización de los partidos y el régimen político nacional, a partir del reconocimiento del conflicto social y de sus peores efectos ligados al desplazamiento forzado (leyes de víctimas, y de restitución de tierras y desarrollo rural), la depredación ambiental (agendas ambientales y revisión de licencias mineras en páramos), y los despojos de tierras públicas y de campesinos, afrocolombianos e indígenas.

En las continuidades y los cambios de énfasis de los dos grupos están las claves sobre cómo discutir este proyecto para avanzar en la defensa de los derechos de los campesinos, de los pueblos indígenas y de las comunidades afrocolombianas, la cual ante todo hay que canalizar y organizar a partir de recuperar una presencia nacional y especialmente urbana de esos movimientos, recuperar una auténtica política ambiental que vuelva sobre el tema de fondo de la diversidad nacional, y construir un proceso de unidad social en torno a la reforma agraria y la soberanía alimentaria del país.

Pero el proyecto también es un componente decisivo en las actuales políticas de desarrollo del país, y ofrece una articulación estratégica de los problemas nacionales, según la mirada de los grupos sociales, políticos y económicos dominantes, en torno al campo y sus relaciones con las ciudades. En efecto, esta iniciativa gubernamental hace parte de una estrategia de desarrollo nacional, que contiene un conjunto de políticas y normas como el Plan de Desarrollo Nacional, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, las leyes –minera, de regalías y de víctimas, entre otras–, junto con la firma y/o la entrada en vigencia de los tratados de libre comercio (TLC)*; y propone una mirada articuladora de los problemas nacionales, pues todas esas políticas se relacionan también de modo directo con el campo, como base de la economía exportadora y objeto de la inversión extranjera para la explotación primaria de los recursos naturales, así como del modelo de desarrollo y de ciudad, basados en los consumos urbanos, masivos y suntuarios, de energías fósiles.

Se trata de una propuesta de ley rural que quiere avanzar en el cambio del campo de manera contradictoria, siguiendo un modelo de desarrollo exportador y ‘rural’, es decir, no centrado en lo agrario, en el cual se pretende al mismo tiempo consolidar la tenencia de la tierra tradicional de grandes terratenientes; legitimar el acceso a la tierra de los nuevos inversionistas rurales centrados en la minería, las plantaciones forestales, las hidroeléctricas y los usos turísticos masivos; y darles un lugar en ese panorama de reordenamiento rural a sectores campesinos desplazados y los grupos étnicos, a los cuales se busca subordinar a los grandes proyectos exportadores y urbanizadores, abandonando su condición productiva agraria, sus identidades y sus manejos territoriales tradicionales.

Asimismo, el proyecto contiene elementos de un dispositivo de poder basado en un lenguaje equívoco en cuanto a los principios y las definiciones básicas que propone, que cambian el sentido de los reconocimientos de derechos de los campesino, de los pueblos indígenas y de las comunidades afrocolombianas, y de la diversidad natural y cultural del país. Utiliza un lenguaje equívoco e indirecto que simula repetir los reconocimientos de los grupos sociales del campo, ya alcanzados en la Constitución y la legislación referida a los grupos étnicos, y transfigura a tales sujetos sociales en “productores” en general, o en “sectores” económicos; cambia el tema de la “diversidad” por el de la “heterogeneidad”; propone un “desarrollo rural con enfoque territorial”, desnaturalizando el problema agrario como tal; y transforma el asunto de la inclusión social de esos grupos en la “inclusión de la dimensión social” de la política pública rural.

En efecto, el proyecto habla confusamente de “diversidad biológica”, “diferencias geográficas” y “riqueza étnica y cultural”, confundiendo el artículo 7 de la Constitución Nacional sobre la “diversidad étnica y cultural de la nación”, así como propone un desarrollo “rural”, que “girará en torno a diferentes actividades económicas y sociales”, sin definir un balance de lo agrario, lo ganadero, lo minero, lo turístico, lo forestal, etcétera, cuando ya se sabe de la desproporción actual entre el uso ganadero de tierras (casi 40 millones de hectáreas, sobre no más de 19 millones aptas para ello), minero (proyecciones de concesiones que van hasta unos 30 millones de hectáreas) y agroforestal (varios millones de hectáreas para plantaciones exportadoras y de agrocombustibles), sobre un uso de apenas 3,5 millones de hectáreas para producción alimentaria, sobre 12 millones aptas para el efecto!). Y por ello define “nuevos actores rurales” como productores, agentes económicos, jóvenes y mujeres rurales, etcétera, cuyas desiguales relaciones productivas se esconden en una suerte de eclecticismos sobre el significado concreto de la concentración actual de la propiedad de la tierra y sobre todo de los usos de la misma.

Finalmente, el proyecto define a su manera el “enfoque territorial, y el “territorio rural”, y proyecta planificar el “ordenamiento de la propiedad y el uso de las tierras rurales”, ignorando la diversidad de territorios (ahora sería uno solo) y el ordenamiento territorial constitucional de la diversidad, pues define que lo rural “se iría ordenando territorialmente, y diversificando su economía”, con el avance del proyecto de desarrollo propuesto. Y aquí está el meollo de su condición: además de consolidar tenencias predominantes, se define por sus propuestas sobre el uso de la tierra y el reordenamiento de los territorios rurales.

Principales componentes del proyecto


El proyecto de ley propone una estrategia política que cuenta con varios componentes cruciales, que serían más propios de una auténtica Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, los cuales se aplican aquí en forma contradictoria, dejando su aplicación al arbitrio del manejo institucional del Ministerio de Agricultura; y cuyo balance se subordina al Plan de Desarrollo Nacional, que define aleatoriamente los escenarios de inversión territorial, mediante instrumentos como los contratos-plan, que resultan ideales para relacionar sujetos sociales y territoriales desiguales, de modo contractual y por fuera de la necesaria construcción de consensos políticos sobre desarrollo y diversidad.

Por ello, centra su medidas en regular el uso de la tierra –más que la propiedad misma– y en el manejo territorial y ambiental, y busca formalizar la propiedad de la tierra a partir de dos caminos que acaban relacionándose entre sí al tenor de las situaciones de hecho de las posesiones agrarias actuales, producidas en medio de los masivos procesos de despojo de las últimas décadas: la restitución y la formalización, que confluyen en el tema de la “dinamización del mercado de tierras y el uso eficiente del suelo”.

Y así, el proyecto llega a lo que consideramos es el almendrón de sus perspectivas, más allá del modo como se está enfocando el debate. Se trata de una combinación estratégica de instrumentos de intervención en el mercado de tierras, que consolida o facilita los usos y los reordenamientos territoriales en marcha, tales como la revisión de la Unidad Agrícola Familiar, UAF (art. 167), la formulación y la regulación del derecho de superficie (arts. 218 y 283), la comercialización agraria y el mercado mayorista (y la soberanía alimentaria) (art. 43), y un sinnúmero de instrumentos y de instancias para la gestión de la política rural, que se constituyen en una verdadera recomposición institucional rural.

La Unidad Agrícola Familiar (UAF), como se sabe diferencial en el país según el tipo de suelos y las tradiciones de la tenencia campesina, y guía para la adjudicación de tierras, ahora se libera en función de adjudicaciones o adquisiciones centradas en la competitividad y la productividad, y en contextos diferentes de posesiones de grandes extensiones de tierra que requieren formalización.

El derecho de superficie, que conlleva el tema de la sustitución de la propiedad de la tierra por el derecho de uso –en contextos regionales de despojos de hecho o de coacción alrededor del desarrollo de plantaciones sobre tierras colectivas, hasta por 60 años–, resulta como fórmula eufemística del vuelo forestal que se pretendió instaurar en la fallida ley forestal.

La comercialización agraria y el mercado mayorista privatiza el manejo comercial de lo producido en el agro en regiones enteras, bajo el pretexto de ayudar al desarrollo del campo, erigiendo monopolios y controles privados en la relación entre la ciudad y el campo, y abandonando la propiedad pública de las centrales de abastos, ya definida por el Plan de Desarrollo y ratificada aquí, que han dado relativas posibilidades abiertas al comercio indígena, campesino y afrocolombiano en las ciudades. Se trata del control de las múltiples articulaciones comerciales de los grupos sociales, agrarios y étnicos, pueblos indígenas con las ciudades y regiones donde habitan.

Y la recomposición institucional rural, mediante instancias y procedimientos e instrumentos de gestión política relacionados con los temas antes anotados, y otros visibles en los títulos de algunos artículos. Entre las primeras, los Consejos Seccionales (CONSER) y Consejos municipales (CMDR) de Desarrollo Rural (art. 34), el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria (art. 45 y ss., que incluyen temas de asistencia técnica, de formación y capacitación), etcétera; y los segundos, la Política Nacional de Desarrollo Rural (art. 16), la Estrategia multisectorial con enfoque territorial (art. 24), las programaciones de inversiones ministeriales por DNP y banco de proyectos territoriales (art. 26), los Planes de Acción de los Programas de Desarrollo Rural (art. 27), los citados Convenios-Plan (o contratos-Plan) entre entidades territoriales (art. 28), las Alianzas Público-Privadas para la generación de empleo no agropecuario en las zonas rurales (art. 37), el Plan Cuatrienal de Comercialización (art. 43), los Programas de Abastecimiento (art. 42), el Mercado Mayorista de Bienes Agropecuarios (art.43), el Programa de Desarrollo Rural con Equidad (reemplaza a Agro Ingreso Seguro, art. 65 y ss.), la Vivienda Rural (arts. 70 a 73), la Generación de ingresos (arts. 74 a 79, incluye subsidios), y la Adecuación de tierras (arts. 98 y ss.).

Todo aquello se da en un entramado de política pública cuyas dimensiones territoriales y sociales quedan al arbitrio de una aleatoria combinación de acciones gubernamentales, y dinámicas de poder de los grupos económicos y territoriales dominantes, enmascaradas en relaciones contractuales y de mercado de los “actores rurales”, que acabarán avasallando y subordinando a los grupos campesinos y étnicos detrás de procesos ‘participativos’ en el desarrollo rural.

Cómo se está haciendo el debate


Pero el debate sigue centrado en la tenencia de la tierra, que sin duda es uno de los asuntos clave, aunque lo son más los relacionados con el reordenamiento territorial, al cual se le viene prestando alguna atención; pero menos a los problemas del uso de la tierra, ni de los sistemas productivos, ni del peso de esta política rural en el conjunto legislativo del gobierno, dentro de las rupturas que propone de las relaciones históricas de nuestro complejo sistema urbano nacional, con el campo en las diferentes regiones del país, que debiera incluir propuestas y efectivización de procesos que recreen y transformen las mediaciones políticas actuales entre lo social y lo político, y entre los grupos sociales del campo y sus formas de representación en el régimen político, a partir de procesos reales de inclusión social en los partidos y de la recuperación de sus organizaciones gremiales, en torno a las articulaciones nacionales de sus territorios, un funcionamiento real de la descentralización; el reordenamiento territorial de y para la diversidad, la sustentabilidad y las fragilidades ambientales, los ciclos del agua y el desarrollo regional, etcétera.

En efecto, este ambicioso proyecto de regulación y orientación del desarrollo rural, en el contexto de despojo y violencia que aún vive el país, requiere medidas más claras, de mayor jerarquía y balance en cuanto a la restitución de tierras, el reordenamiento territorial nacional diseñado desde la lógica integral de la diversidad, el apoyo a la integridad étnica y la autonomía de los grupos étnicos, y una política agraria de apoyo al campesinado para la justicia territorial y el desarrollo local, con relaciones más equilibradas entre campo y ciudad. Y, por supuesto, propuestas más abiertas y profundas de reorganización política territorial, social, productiva y ambiental del país.

* La ley del Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1450 del 26 de junio de 2011); la Nueva Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, LOT (ley 1454 del 28 de junio de 2011); la ley de creación del sistema general de regalías (reforma de los artículos 360 y 361 de la Constitución nacional); y la ley de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno (ley 1448 del 10 de junio de 2011), complementan y ayuda a llevar adelante una agresiva política minera diseñada desde hace más de 10 años (ley 685 de 2001 o Código de Minas).
Publicado enEdición 182
Ruralidad en Colombia: razones para la esperanza
La tierra es uno de los problemas estructurales sin resolver que sobrelleva la formación socioeconómica colombiana, luego de dos siglos de república. Sobre ella se soporta buena parte del origen y la prolongación del conflicto armado que se vive en el país. De igual manera, a partir de ella se explica parte de la desigualdad social que padecen los colombianos, así como los fundamentos del poder político, que, como lunar, se prolonga sin cambios en América Latina. Sobre estas y otras particularidades del campo, el periódico desde abajo conversó con el profesor Absalón Machado, director académico del Informe Nacional de Desarrollo Humano Colombia 2011.

Álvaro Sanabria –ÁS–
. La razón de la entrevista es el informe de Naciones Unidas sobre la ruralidad en el país. Quisiera comenzar por el título mismo del Informe. Leyendo los datos que se encuentran allí sobre concentración de la tierra, persistencia de la violencia, brecha creciente campo-ciudad, etcétera, me parece paradójico el título: Razones de la esperanza ¿Cómo explicar que las cifras preocupantes den razones para ello?
Absalón Machado –AM–. Efectivamente, es una pregunta válida porque cuando uno lee el Informe, encuentra el diagnóstico crítico de una problemática rural muy compleja, y puede llegar a la conclusión de que nada hay por hacer, pues es difícil resolver el problema del sector rural porque atraviesa por factores como conflicto, narcotráfico, ausencia de institucionalidad, pobreza. Pero el país tiene posibilidades de apostarle a lo rural, apuesta política por un sector con gran potencial en cuanto a recursos naturales y biodiversidad, y también de gente experta en organizaciones, así el conflicto las haya desarticulado o debilitado; que tiene una importante experiencia empresarial con la cual es posible proyectar un desarrollo moderno de la agricultura. El Informe –por el hecho mismo de poner en claro los problemas críticos– es esperanzador en tanto que mejora el conocimiento sobre lo rural y permite repensar, con más elementos de juicio, las propuestas requeridas para resolver la problemática rural.

ÁS. Usted, en la introducción, ha dicho que precisamente ya mostradas las potencialidades habrá que esperar la voluntad política, condición fundamental para impulsar el tipo de transformaciones necesarias. En tal sentido, desde 2003 América Latina entra en un fuerte sesgo hacia el extractivismo; algunos incluso hablan de reprimarización de la economía. ¿Cree que la nueva apuesta va de algún modo en contravía de la recuperación del campo o, por el contrario, puede favorecerla?
AM. La dinámica de la minería genera conflictos nuevos, uno de ellos con la agricultura, el medio ambiente y las organizaciones sociales del país y América Latina. Son retos nuevos que tienen el Estado y la sociedad colombiana. No se debe rechazar la minería por sí misma, una actividad económica que, realizada legalmente, puede crear mejores situaciones para los pobladores rurales. Pero con el modelo actual de desarrollo de la minería no vamos por buen camino: esa es la discusión. Justo, el Informe llama a la reflexión sobre un modelo de desarrollo minero que resulte compatible con el desarrollo humano y el medio ambiente.

El tema de la minería, en el caso colombiano, es mucho más complejo por la ilegalidad y la informalidad de este sector, que lo hace, más que un problema económico, uno de orden público entre el Estado y grupos armados o actores ilegales. Hay que ser sincero y decir que el modelo de desarrollo del país está concebido como de estímulo a la inversión extranjera, aparentemente inmodificable en el corto plazo. Esto, en contravía de una propuesta alternativa, que es posible pero necesita mayor conocimiento; más presencia y capacidad del Estado para regular actores y conflictos, y realizar acuerdos institucionales, locales y regionales. Esto pasa indudablemente por el control territorial por parte del Estado.

ÁS. El Banco Mundial propuso recientemente –podemos llamarla así– una aceleración en el proceso de desocupación del campo en el mundo entero. La Nueva Geografía dice que la gente debe concentrarse, aun más de lo que está, en las ciudades. En Colombia, hay columnistas que comparan el desarrollo humano entre ciudad y campo, y los resultados en inversión social en salud y educación son mejores en la ciudad. En ese sentido, cabe preguntar: ¿Cuál es la perspectiva de lo rural frente a esta tendencia que proponen e impulsan las entidades multilaterales de crédito?
AM. Esa es una realidad. El pensamiento único tiene gran peso en la conciencia de la clase dirigente y en muchos sectores sociales. Lo rural tiene una brecha muy alta con lo urbano, lo que se deduce, por ejemplo, en mayores índices de pobreza (diferencias entre 20 y 30 puntos), derivados del modelo de desarrollo que le apostó a la industrialización y descuidó lo rural. No es condición propia de lo rural ser pobre, atrasado y conflictivo: esto se inventó con el modelo de desarrollo.

Si bien es posible que en el mediano y el largo plazo haya diferencias entre lo urbano y lo rural, ello no indica que éste no sea una opción de vida. La condición del desarrollo humano no es sólo por las variables económicas, pues existen otras: cultura, pertenencia, convivencia con el medio, vida sana. De algún modo, el modelo europeo (no en los ingresos, problema que Europa ya resolvió) está volviendo al campo– como forma de mejorar la calidad de vida. Nosotros no hemos mirado al campo en ese sentido porque lo vemos como espacio conflictivo en que se puede vivir, bajo condiciones muy precarias, con ausencia del Estado. Debe haber más Estado en el mercado y menos mercado en el Estado, pero eso también muestra que se debe tener más Estado en el sector rural que en el urbano.

¿Cómo se va a plantear que se debe seguir vaciando el campo si las ciudades no tienen dónde albergar una persona más ni cómo ofrecerle empleo e ingreso dignos, o sea, las condiciones de vida que merecen todos los colombianos? Dada la situación de las ciudades hoy en el país, el escaso desarrollo industrial y de actividades que no generan empleo, junto a una informalidad de casi el 60 por ciento en la ciudad, ¿qué sentido tiene traer la gente?

Tenemos que cambiar la idea de que el modelo implica industrializarse y urbanizarse como lo hicieron los actuales países desarrollados. Ese es el error: hay que revertir ese modelo, y se necesitan por lo menos dos generaciones para constituir una sociedad rural estable y sólida en que los campesinos –el sector más importante de esa sociedad– puedan hacer un tránsito de su situación de pobreza a un mejoramiento de calidad de vida y de conformación de una clase media rural hacia el futuro, para lograr así una sociedad en la cual no haya una polarización de conflictos y poderes. Encontramos en el Informe, por ejemplo, municipios rurales con calidad de vida mejor que en áreas urbanas, lo cual quiere decir que es posible.

ÁS. Volviendo a la presencia del Estado y el mercado en el sector rural, a uno le da la impresión de que no hay Estado y tampoco mercado. En los 90 se trató de impulsar transacciones con el mercado asistido de tierras, pero se sigue disputando a tiros la propiedad de la tierra a tiros. ¿Qué razones estructurales se pueden identificar para que ni Estado ni mercado hayan regulado las relaciones, por lo menos de la propiedad, en el campo?
AM. Este país conformó una estructura agraria colonial que no cambia; al contrario, se ha consolidado con una condición política excluyente en que los únicos con poder de negociación con el Estado y la política pública son básicamente los grandes propietarios y los grandes inversionistas; el resto no tiene poder político ni poder frente al Estado. Esa élite ha consolidado históricamente sus poderes políticos y sus privilegios.

No hay mercado porque el Estado no está, y los que están son interferidos. Hay una condición muy clara en el caso colombiano: de todos los mercados, el más imperfecto es el de la tierra, el más intervenido por actores armados y narcotráfico: allí falta transparencia. Aquí el campesinado carece de poder político, siendo la parte más gruesa de la población rural. Por eso el Informe dice que “hay que reconocer social y políticamente al campesinado” si queremos pensar que tenemos una democracia.

ÁS. Hablando de organizaciones campesinas, funcionarios y asesores del Gobierno dicen que una posibilidad para la organización campesina es se consolide desideologizándose. Entonces uno pregunta: ¿Fue el conflicto rural muy politizado o, al contrario, despolitizado? ¿Qué significa que las organizaciones campesinas –a diferencia de Anuc en el pasado– deben estar o no desideologizadas? ¿Cómo jugaría este elemento de la ideología en el fortalecimiento de las organizaciones campesinas?
AM. Creo que la organización campesina tiene ideología pero no se refleja políticamente. La Anuc en los 60 y 70 manejó un discurso muy ideológico, de discusión entre corrientes que había en el terreno latinoamericano. No es que las organizaciones campesinas de hoy no tengan ideología sino que el conflicto impide que aquéllas desarrollen su propia ideología porque fueron acalladas por los actores armados, y ninguno de ellos representó los intereses del campesinado. En este nuevo contexto de organizaciones que vienen de un proceso histórico muy complejo, desarticuladas y debilitadas, hay que comenzar de nuevo a formar una propuesta sensata en función de una apuesta por lo rural que no se puede construir sólo con un discurso ideológico; para que una propuesta sea tenida en cuenta en lo nacional e internacional, debe tener bases muy serias en información, conocimientos, etcétera.

Las organizaciones rurales deben diferenciarse mucho de las que conocemos, pensar de otro modo, con nuevas ideas. Si pensamos que las organizaciones tradicionales son lo único por fortalecer, estamos desperdiciando un potencial muy grande de gente del campo y su capacidad de articularse con actores urbanos, nacionales, internacionales.

ÁS. Hay demasiadas dificultades para la restitución de tierras. Y surge una pregunta: ¿De dónde tendría que salir el impulso necesario para que haya una nueva estructura de la propiedad, nuevas relaciones políticas y sociales en el campo?
AM. Esta es una apuesta que pone a prueba al Estado en su capacidad de echar a andar una política como la Ley de Víctimas. Tenemos que recordar de dónde venimos para poder valorar la importancia que tiene la apuesta que hace el Gobierno, así sea muy pequeña y tenga todas las dificultades del mundo. Sin embargo, esta ley es el comienzo de una apuesta hacia el futuro, aunque la gran duda es cuál va a ser la continuidad de la política. ¿Qué pasará en los próximos gobiernos? Esta política necesita mucho más que un gobierno, y tener los elementos suficientes en recursos e institucionalidad para manejar el tema. Por ejemplo, la restitución, sin una política de desarrollo rural, no resuelve el problema de fondo, que es la estabilización de las sociedades rurales en forma definitiva. Si el país desaprovecha otra vez esta oportunidad, como en los años 30 y 60, diríamos que esta sociedad es incapaz de garantizarse su propia existencia económica, social y política. De esa magnitud es el tema.

ÁS.
El informe llama la atención acerca del hecho de que sobre seguridad y soberanía alimentaria hay muy poco. ¿Cómo ve usted el problema de la seguridad y la soberanía alimentaria, engranado con estas problemáticas de las que hemos hablado?
AM. El país tiene un problema de seguridad alimentaria muy serio, sobre todo en demanda, por la falta de capacidad de compra de la gente y los problemas de sanidad en la calidad de los alimentos. El país no ha discutido seriamente sobre el tema. Hay un documento Conpes de 2008 sobre seguridad alimentaria, la política que está vigente, con todas las consideraciones mundiales sobre seguridad alimentaria, pero el Estado no ha tenido suficiente capacidad para aplicar esa política. La discusión de esa soberanía es más de las organizaciones que del Estado porque el tema no preocupa por una razón macroeconómica muy sencilla: en una economía abierta y globalizada se debe manejar una autosuficiencia alimentaria relativa; no se puede pensar en soberanía en el sentido literal de producirlo todo sin depender de nadie más. Se debe entender que la seguridad alimentaria tiene connotaciones por el lado de los ingresos: cuando una familia de nivel de autosuficiencia de tipo campesino tiene pocos recursos económicos, vive prácticamente de lo que produce; pero si usted genera más recursos por otro lado, rompe esa autosuficiencia y logra adquirir más productos en el mercado, y no importa si son nacionales o importados sino que usted los consigue, tiene la oferta. Entonces, el tema, visto desde la familia, es diferente del nivel macroeconómico, y si lo ve en el nivel del individuo es diferente.

Por otro lado, es grave destruir recursos naturales que tienen gran potencial de producción de alimentos y los destinemos a producir biocombustibles. En lugar de alimentar gente, terminamos alimentando carros. Además, el tema de seguridad alimentaria es muy diferente entre los afrodescendientes, los campesinos, los indígenas del Amazonas y los habitantes de ciudad. Tendemos a generalizar, pero hay que mirar esto con cuidado. Por eso el Informe no se metió con eso porque amerita una discusión mucho más amplia.

ÁS. Para una propuesta de democratización del campo, para ganar también, así sea en términos relativos, en seguridad alimentaria, ¿cómo ve que afecten en una o dos décadas la estructura rural los tratados internacionales que firman los gobiernos.
AM. Nuestra visión es que Colombia, por principio, es perdedora en el TLC, como los países que no son potencias internacionales y carecen de poder de negociación, como sí la tienen Estados Unidos o la Unión Europea. Somos un país muy pequeño. Si se mide en términos de PIB, no hay capacidad de negociación. Luego en el TLC somos perdedores y lo seremos aún más si no reemplazan las estructuras económica y social de hoy, para que la agricultura mejore su productividad, su competitividad. Tenemos 39 millones de hectáreas en ganadería, cuando debieran ser 21, lo cual le baja competitividad al país porque usamos tierras inadecuadamente. Los conflictos de suelos se reflejan en la baja competitividad y en que la tierra está concentrada, monopolizada. No se puede poner al campesino a competir con empresas norteamericanas porque aquél no tiene tierras ni recursos ni acceso a tecnología ni créditos. Eso es precisamente lo que hay que cambiar.

ÁS. Hace un año se supo que el embajador chino estaba haciendo averiguaciones sobre opciones de compra masiva de tierra en Colombia ¿Cómo ve al país en este proceso?
AM. Al país lo cogieron sin instrumentos, sin pensar el tema y sin una política. Ya la inversión extranjera llegó; la altillanura está prácticamente apropiada y van a seguir viniendo, incluso a compras de tierras y proyectos pequeños y medianos. Este proceso se intensificará a medida que se agoten las fronteras agropecuarias en esos países, como les ha sucedido a China y los países árabes, que salen a comprar tierra en África. Entonces, primero, aquí no hay discusiones serias sobre el tema, ni de parte de la sociedad civil ni de parte del Estado. Es como si a nadie le preocupara, aunque el asunto es muy grave; segundo, no tenemos una legislación clara. Otros países lo prohíben, como Argentina:: “Cuando llegue la compra de tierras por parte del capital extranjero al 15 por ciento de la tierra disponible, ahí se cierra; no dejamos que más del 15 por ciento esté en manos de extranjeros”.

Veo tres problemas respecto a la adquisición de tierras por capital extranjero: Primero, los pobladores que habitan en las zonas. Porque proyecto que llega, proyecto que saca gente. Usted necesita hacer agricultura mecanizada en zonas amplias, luego debe comprar y sacar la gente que habita allí, pero se puede hacer una política que enfrente la situación.¿Qué opciones se les ofrecen a los pobladores que salen de las regiones de los proyectos?

Segundo, el control de las fuentes hídricas. Cuando una compañía extranjera hace un proyecto de 50 mil hectáreas, como en la altillanura, usted maneja cuencas y microcuencas hidrográficas; maneja el agua. ¿Qué pasa con el servicio de ésta para la población?

Y tercero, la destrucción de la biodiversidad y problemas del medio ambiente. Esos son los tres problemas a los que se les debe prestar atención para hacer una buena regulación, a través, por ejemplo, de un estatuto que regule la inversión extranjera en tierras.

ÁS. Para finalizar, una pregunta sobre bases hipotéticas: si fuera Ministro de Agricultura y contara con respaldo institucional y civil, ¿qué medidas urgentes tomaría usted?
AM. Lo primero sería convocar a la sociedad para que me acompañe con una apuesta política por lo rural. Si no hay respaldo de la sociedad, es imposible echarla a andar. Pero, insisto, un apoyo del sector rural pero igualmente de toda la sociedad que crea en lo rural y en lo estratégico que es este sector, y en la necesidad que se tiene para desarrollarla.

Lo segundo. También convocaría a la Academia, a las organizaciones sociales y los diseñadores de política pública a que hagan una propuesta sobre cuál es la política pública que necesita el país para el futuro, no sólo para hoy. Otra cosa es una reflexión sobre la institucionalidad que tiene el país para manejar los problemas rurales, para hacer un rediseño institucional de lo público en el sector.

Lo tercero. Le apuntaría a una discusión sobre cómo resolver la inequidad en el sector rural: social, económica y política; empezando por hacer las cosas con claridad, ¡y las normas existentes lo permiten hacer! Colombia tiene en la Ley 160 de 1994 un mandato que viene de la Ley 135 de 1961 sobre la función social de la propiedad. Tierra mal utilizada, que no cumpla su deber social, o se expropia o se compra al valor catastral para ponerla en manos de quien pueda cumplir la función social de la propiedad. También cambiaría la orientación del gasto hacia bienes públicos y educación, salud, obras públicas, y no hacia subsidios.

En realidad, estamos hablando de cómo desarrollar un sector que no se ha desarrollado; que se ha desarrollado en islas: el azúcar, las flores, la palma africana, el banano en Urabá. Una apuesta por el desarrollo, pero pensando primero en la gente, antes que en los mercados, siendo muy importantes los mercados.

Haría también una apuesta muy grande para la explotación de los recursos forestales, donde Colombia tiene un gran potencial desperdiciado, y haría un repoblamiento forestal de muchas zonas que están totalmente deterioradas. Asimismo, haría una cosa que Colombia no ha pensado: sacaría la producción de muchas áreas de la zona andina que están deterioradas y las pondría en recuperación 30 o 40 años, y dedicaría a la producción unas zonas hoy mal explotadas, dentro de una política de reordenamiento y uso del territorio.


¿Razones para la esperanza?


El Gobierno acaba de aplazar la entrega del proyecto de Ley de Desarrollo Rural para la legislatura del segundo semestre de este año. La ley, que pretende agrupar en un solo cuerpo la normatividad agraria, y que tiene como base conceptual el Desarrollo Rural con Enfoque Territorial, se constituye en por lo menos el cuarto intento del país, en los últimos 80 años, por incluir el sector rural en los marcos de la funcionalidad del campo a las necesidades del crecimiento. Sin embargo, tanto la Ley 200 del 1936 como la 135 de 1961, los proyectos más ambiciosos de adaptación del campo colombiano a las exigencias del régimen de acumulación del capital, fueron abortados por los latifundistas en reacciones violentas que evitaron el ingreso pleno de la modernidad a las relaciones agrarias.

Las razones de la resistencia estriban en que la centralidad de la tierra en Colombia ha estado apuntalada más en los intereses geopolíticos de los poderes locales que en la racionalidad de la renta y la ganancia. Dominar territorios, para gestionar fuerza de trabajo bajo formas semiserviles, ha sido el cometido de unas élites que ignoran las realidades de la gerencia y el riesgo económico. Apropiar tierra en función de la seguridad territorial y como forma de materialización del excedente, en un país con frontera agropecuaria abierta, se ha traducido en una disputa violenta por la propiedad que no muestra visos de solución en el corto o el mediano plazo. El encarecimiento de la tierra, en un país que tiene sin utilizar 17 millones de hectáreas aptas para la agricultura, es un contrasentido que sólo tiene su explicación en el acaparamiento del suelo que no se ha querido enfrentar por ningún gobierno central.

El auge de los cultivos de plantación y la consecuente instalación en el país de una agricultura extractiva no auguran un panorama halagüeño. Los gritos destemplados de los voceros políticos del latifundismo armado, y sus sabotajes a cualquier intento de regulación formal de las relaciones en el campo, dan poco espacio para la esperanza. Los asesinatos sistemáticos de los reclamantes de tierras y la repotenciación del más oscuro de los movimientos políticos, que el país ha visto y que gobernó los anteriores ocho años, no son ciertamente señales de aliento. Quizá la presencia de los grandes capitales transnacionales para la explotación de grandes extensiones de cultivos transgénicos altere un poco el panorama rural colombiano, en el sentido de que en ciertas zonas de enclave puedan verse bolsones de capitalismo modernizante, pero eso no es ciertamente esperanzador para nuestros campesinos.

¿Quién duda de que en nuestro territorio haya condiciones fisiográficas para asegurar nuestro alimento a la par con un medio ambiente sustentable? Muy pocos, quizá, pero tampoco las condiciones sociopolíticas que enmarcan la apropiación de la tierra son francamente excluyentes y culturalmente sustentadas en visiones arcaicas de sujeción personal de la fuerza de trabajo. Por eso, mientras las correlaciones de fuerza política no se alteren decididamente, creemos que las razones para la esperanza son tan solo saludos a la bandera.

Álvaro Sanabria Duque
Publicado enEdición 180