Crítica a Thomas Piketty: ¿incremento de desigualdades o de explotación?

El aumento de las desigualdades de renta y de propiedad ha sido tan grande en la mayoría de países del mundo capitalista desarrollado que ha llamado la atención de los mayores fórums y medios de comunicación en tales países, así como en las instituciones internacionales. En realidad, el tema de las “desigualdades” se ha convertido casi en un tema de moda. Desde el Foro de Davos (el Vaticano del pensamiento neoliberal) hasta el Foro Social Mundial, todos hablan del tema de desigualdades.

Pero lo que es interesante (y diría yo también intrigante) es que apenas se habla de otro término (o concepto) que está claramente relacionado con el tema de desigualdades. Y me refiero al término (y concepto) de explotación, raramente citado y todavía menos analizado, por ser considerado demasiado polémico. Los datos, sin embargo, muestran que es casi imposible entender la enorme evolución de las desigualdades hoy en el mundo capitalista desarrollado sin hablar de explotación.

Qué es explotación

En realidad, el concepto explotación es muy fácil de definir: A explota a B cuando A vive mejor a costa de que B viva peor. Y A y B pueden ser clases sociales, géneros, razas, naciones o ambientes. Me explico: cuando a un trabajador se le paga menos de lo que contribuye con su producto o servicio a fin de que su empleador (el empresario) pueda aumentar más sus beneficios, hablamos de explotación de clase. Cuando una pareja (hombre y mujer) que viven juntos y trabajan los dos, llegan a casa al mismo tiempo y la mujer se va directamente a la cocina a preparar la cena para los dos mientras el marido se sienta para ver la televisión, hablamos de explotación de género. Cuando a un ciudadano negro se le paga menos que a un blanco por hacer el mismo trabajo, entonces indicamos que hay explotación de raza. Cuando un Estado–nación impone a otro más pobre las condiciones del comercio internacional que le favorecen, a costa de los intereses de esa nación pobre, hay explotación de nación. Y cuando la compañía Volkswagen era consciente del daño causado por sus automóviles, contaminando más de lo legalmente permitido, beneficiándose a costa de dañar la salud de la población, había un caso de explotación del medioambiente por parte de dicha empresa, a costa de la salud de la población.

El crecimiento de las desigualdades de clase causado por un aumento de la explotación

Pues bien, una de las desigualdades más acentuadas y que han aumentado más sustancialmente desde los años ochenta del pasado siglo han sido las desigualdades por clase social, y ello se debe al aumento de la explotación de clase, que explica en gran medida la evolución de estas desigualdades de clase, las cuales, a su vez, afectan a otros tipos de desigualdades (como las desigualdades de género originadas por otros tipos de explotación, como mostraré más adelante). La explotación de clase centra la dinámica de las sociedades capitalistas hasta tal punto que no se puede entender ni la génesis ni el desarrollo de la Gran Depresión o de la Gran Recesión en el mundo capitalista desarrollado sin analizar la evolución de tal explotación. Incluso un economista keynesiano como Paul Krugman ha reconocido últimamente esta realidad, señalando que el economista que explicó mejor la evolución de los ciclos económicos fue Michal Kalecki (que influenció a Keynes), que puso la explotación de clase y el conflicto generado por tal explotación en el centro de su análisis. Thomas Piketty, en su último libro Capital e ideología así también lo reconoce, aludiendo a la famosa cita de Karl Marx: “La historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días es la historia de las luchas de clases.

 

La explotación de clase durante la Gran Recesión

 

Esta observación aplica claramente a España (incluyendo Catalunya), uno de los países de la UE con mayores desigualdades por clase social. Las rentas del trabajo han ido disminuyendo en España (incluyendo Catalunya), mientras que las rentas del capital han ido aumentando, siendo el ascenso de estas últimas a costa del descenso de las primeras. En España (incluyendo Catalunya) el conflicto de banderas (la borbónica por un lado y la estelada independentista por el otro) durante los años de la Gran Recesión ha ocultado esta realidad.  La enorme crisis de legitimidad del Estado se basa precisamente en esta realidad.

Uno de los elementos de estabilidad del sistema capitalista, que era la ideología de la meritocracia (que asumía que el mérito era el motor que definía la jerarquía social), ha perdido toda su credibilidad y capacidad cohesionadora, pues pocos se la creen. Y ahí está el problema para la reproducción del régimen político actual. Esta realidad muestra el poder de las ideologías en la configuración de las desigualdades, como concluye, con razón, Piketty en el libro anteriormente citado, Capital e ideología. Ahora bien, el gran error de Piketty es que concede excesiva autonomía a las ideologías, sin apercibirse de que las que él cita han sido creadas y promovidas para satisfacer los intereses de las clases que las originan. Piketty reconoce que Karl Marx llevaba razón (cuando ponía la lucha de clases en el centro de la explicación), pero añade inmediatamente después que hoy la lucha no es entre clases, sino entre ideologías. Por lo visto, Piketty no se da cuenta de que, como acabo de decir, las ideologías son sostenidas y promovidas como instrumentos del poder de clase. La meritocracia era una ideología promovida por los que estaban en la cúspide del poder, para justificar su derecho a dominar. Y el neoliberalismo ha sido la ideología de la clase capitalista dominante, como bien muestran los datos sobre la evolución de las rentas y su enorme concentración, lo cual ha ocurrido a costa de la clase trabajadora, cuyo nivel de vida ha ido empeorando. La evidencia de ello es clara y contundente (ver mi libro Ataque a la democracia y al bienestar. Crítica al pensamiento económico dominante. Anagrama, 2015).

Naturalmente que tales ideologías (de clase) no son las únicas, pues cada tipo de explotación genera diferentes ideologías. La explotación de género se sostiene gracias a la existencia de ideologías que reproducen tal explotación. Pero todas ellas están también influenciadas por las ideologías encaminadas a reproducir el dominio de clase. Hay muchos ejemplos de ello. Como ha escrito Rosalind Gill en su libro Cultura y subjetividad en tiempos neoliberales y posfeministas, el neoliberalismo (la ideología de la clase capitalista) influenció la expansión del erotismo en la moda femenina, a fin de empoderar a la mujer para competir en el mundo dominado por el hombre en términos que reproducían también el dominio del machismo, que veía a la mujer como objeto de deseo del hombre. Lo que la mujer (liberal) creía que era la libre expresión de su voluntad era, en realidad, la reafirmación de su opresión, presentándola como objeto de deseo.

Una situación semejante se da en las ideologías basadas en la explotación de raza (y de clase). El racismo ha jugado un papel clave en desempoderar al mundo del trabajo, dividiéndolo por raza. Es de sobras conocido que el racismo juega un papel clave en la desunión de la clase trabajadora., causa de que sea ampliamente promovido por la clase dominante. Como bien dijo Martin Luther King una semana antes de ser asesinado, “la lucha central en EEUU que afecta a todas las demás es la lucha de clases”. Lo dicho anteriormente no es, como algunos estarán tentados de pensar, reduccionismo de clase, sino intentar recuperar y resaltar la importancia de la clase social como variable de poder en el análisis de la realidad, y no solo a nivel económico, algo que raramente se hace no solo en los medios, sino también en los análisis académicos.

La explotación requiere dominio, hegemonía y represión por parte de los explotadores

Y estas ideologías se sustentan a base también de una enorme represión. Basta ver qué está ocurriendo en varios países de Latinoamérica hoy. De ahí que considere enormemente ingenua la observación que hace Piketty en su crítica a Marx. Dice Piketty: “A diferencia de la lucha de clases, la lucha de ideologías está basada en el conocimiento y las experiencias compartidas, en el respeto al otro, en la deliberación y en la democracia.” Tengo que admitir que tuve que leer este párrafo dos veces. Mis muchos años de experiencia y conocimiento de la realidad en los varios países en los que he vivido y he trabajado muestran que no es así. Piketty idealiza el sistema democrático. La prueba de ello es que el siglo XXI se está caracterizando por las enormes agitaciones sociales frente a las consecuencias de la aplicación de las políticas de clase impuestas por los grupos dominantes.

Hoy, la gran mayoría de países a los dos lados del Atlántico Norte están experimentando una enorme crisis de legitimidad de sus Estados, resultado en gran parte de la aplicación de las políticas públicas neoliberales impuestas por los partidos gobernantes, incluidos los partidos socialdemócratas cuyo compromiso y aplicación de políticas públicas del mismo signo han generado su enorme colapso e incluso desaparición, como ha sido el caso del partido socialista en Francia, país donde reside Thomas Piketty. El surgimiento de la ultraderecha en Europa y el gobierno de ultraderecha que gobierna EEUU son un indicador de tal crisis. Me parece incoherente que a la luz de estas realidades, Piketty concluya que los sistemas políticos actuales responden a la idealizada versión que caracteriza su definición de ellos. Hoy estamos viendo el fin de una etapa en la que el poder de las clases dominantes ha alcanzado un nivel tal que la propia supervivencia de los sistemas democráticos está en juego. La escasa atención que Piketty presta al contexto político del fenómeno económico (que es casi característica de los estudios económicos actuales) empobrece su análisis, pues hace poco creíble que las propuestas que hace puedan considerarse como factibles sin que exista un cambio más sustancial de lo que él considera.

Respecto a sus propuestas, admito reservas en cuanto al hecho de que la solución pase por gravar a las rentas superiores y a la clase de propietarios del capital y que se distribuya la renta a cada uno de los ciudadanos. Ya he expresado mis reservas en cuanto a priorizar una renta universal a costa de un cambio más significativo, que es utilizar los fondos adquiridos mediante la grabación del capital y de las rentas superiores para crear una sociedad en la que cada uno contribuya según sus habilidades y los recursos se distribuyan según sus necesidades. Habiendo dicho esto, no quiero desalentar al lector a que lea el libro de Thomas Piketty, que como siempre tiene información de gran interés.

NOVIEMBRE 28, 2019

Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universitat Pompeu Fabra

Publicado enPolítica
Imagen: AFP

El mandatario Piñera habla de guerra y a la vez de plan de reconstrucción. Mientras tanto, miles de personas inundan las calles con sus reclamos.

 

“Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite, que está dispuesto a quemar nuestros hospitales, el metro, los supermercados, con el único propósito de producir el mayor daño posible". Con esas palabras, el presidente de Chile, Sebastián Piñera intentó calmar a la ciudadanía la noche del domingo, cuando las manifestaciones y cacerolazos, daban paso a los saqueos, asaltos, vandalismo y destrucción perpetrados por turbas dispuestas a todo. La desafortunada frase del mandatario se sumó a una seguidilla de desaciertos comunicacionales de sus ministros que en vez de calmar los ánimos, han incendiado más la pradera a niveles no vistos desde la dictadura de Augusto Pinochet entre 1973 y 1990.

Pero estamos en 2019 y los tiempos han cambiado, al menos eso estima la gente que ha hecho caso omiso a los toque de queda y las medidas de excepción decretadas para Santiago y las principales ciudades del país, manteniéndose en las calles protestando de manera pacífica algunos y otros delinquiendo. 

"Que se vayan los milicos" y "¡Chile despertó!", gritaban a coro los manifestantes en la céntrica plaza Italia, frente a los Carabineros dispuestos en un gran operativo de seguridad en el centro de la capital chilena, que continúa bajo estado de emergencia.

Más de veinte organizaciones sociales convocaron a manifestarse en apoyo el reclamo estudiantil y denunciar “la represión y el uso de la fuerza desmedida” ejercida por los Carabineros.  Para este miércoles llamaron a una huelga general 

"Porque no es solo por les estudiantes, es por nuestros padres y madres. Por nuestros abueles. Es por todos los abusos y las violaciones a los derechos humanos, por la represión contra la lucha justa del pueblo, por la dignidad de la vida, decimos fuerte y claro #PiñeraRenuncia”, sostuvieron desde la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile.

En este escenario revuelto, donde se mezclan lo que reclaman con razón como los jubilados, los enfermos que no tienen cama en un hospital, los jóvenes que ven que no les alcanza para estudiar, los que no tienen como llegar a fin de mes o a los que los pesos no les da para pagar un subte de más de un dólar, con otros que aprovechan el caos para producir algunos saqueos. Fue un militar el que puso algo de cordura la mañana del lunes.

El Jefe de Defensa Nacional, general Javier Iturriaga, se desmarcó temprano de Piñera: “soy un hombre feliz y la verdad, no estoy en guerra con nadie". Con ello puso paños fríos a la situación y dio un positivo balance sobre el funcionamiento de Santiago, la capital del país durante el inicio de la jornada luego que a las seis de la mañana se levantara el toque de queda. Tras sobrevolar la ciudad, el militar aseguró que “estamos muy conformes con lo que hemos visto. Ha sido un despertar lento de la ciudad, en calma, en paz, lo que nos tiene por supuesto muy tranquilos, pero al mismo tiempo muy alertas para solucionar cualquier inconveniente que pudieran provocar algunos desadaptados…tenemos todas las fuerzas necesarias para prever cualquier situación de riesgo o algún desmán que pudieran producir durante la mañana”.

Luego, a eso de las 4 de la tarde, el militar reculó justo cuando se anunció que Piñera hablaría más tarde y las manifestaciones recrudecían.

“No corresponde especular sobre una frase que yo dije hoy en la mañana. En mis palabras nunca hubo una doble intención”, dijo leyendo un comunicado al tiempo que aseguró entender “perfectamente” su cargo y “la autoridad máxima que representa el Presidente”. También anunció un nuevo toque de queda dado que las movilizaciones en Santiago y en varias ciudades del país no se aplacaron con la presencia de los militares en las calles.

Desde que comenzaron las movilizaciones a fines de la semana pasada, primero con la subida del valor del subte y las evasiones masivas espontáneas que esa medida ocasionó, los cacerolazos y posteriores desmanes, mucha gente , asustada y cansada de ver como se destruía su entorno, decidió armarse y cuidar sus pertenencias y las instalaciones privadas. En ese escenario, Iturriaga pidió a la población que “no se defienda por sí misma. Nosotros somos los responsables de dar esa protección y estamos haciendo todos los esfuerzos para llegar a todos los rincones de la ciudad”, esto a pesar que sostuvo que los 8.700 uniformados desplegados en las calles “son insuficientes para toda la Región Metropolitana. Siempre van a producirse actos vandálicos a los cuales vamos a llegar seguramente con mayor lentitud, pero estamos haciendo todos los esfuerzos para darle tranquilidad a la población”.

Por la noche, Piñera se refirió nuevamente a la crisis que se vive en el país y anunció que este martes se reunirá con presidentes de partidos políticos de todos los sectores. "Esperamos mañana analizar nuestras ideas y las que nos propongan tanto nuestros partidos, como los de la oposición. Estamos trabajando en un plan de reconstrucción", señaló el mandatario.

Junto a ello, sostuvo que “a veces he hablado duro… lo hago porque me indigna ver el daño y el dolor que esta violencia provoca". Además anunció un cambio de ministros y una agenda rápida para salir del caos actual.

“Hoy estamos trabajando en un conjunto de medidas, para poder potenciar la mejoría de las pensiones, bajar el precio de los medicamentos, reducir las listas de esperas, mejorar la calidad en la atención de salud y también implementar un seguro catastrófico para controlar lo que significa el gasto de medicamentos”, agregó Piñera sin dar mayores detalles de estas acciones.

En paralelo, el presidente del Senado, Jaime Quintana, pidió retomar el diálogo para una nueva constitución y que el mundo político se haga cargo “del dolor profundo de la sociedad chilena”.

En ese sentido se refirió a las anteriores declaraciones belicosas de Piñera: “No es el camino. Es el momento que vuelva la sensatez a La Moneda, que gobierne y creo que la expresión del Presidente fue lo más lejano a eso, a gobernar”, sostuvo Quintana. Agregó que “lo que tenemos hoy son hechos de violencia, actos vandálicos, sin ninguna duda. Y eso hay que condenarlo enérgicamente”. Asimismo, el líder del Senado aseguró que “aquí hay una acumulación de un conjunto de desatenciones, de decisiones del mundo político probablemente erradas, seguramente por décadas. En esto tenemos que ser justos, no podemos achacarle toda la responsabilidad a este gobierno”.

Finalmente, consultado por las voces que piden la renuncia de Piñera, Quintana se desmarcó, asegurando que “este país decidió al Presidente Piñera para gobernar”.

Otra personalidad que opinó fue la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, quien exhortó al gobierno de Piñera a trabajar con todos los sectores que ayuden a calmar la situación que enfrenta el país, por las protestas que se han desarrollado en la última semana.

 La exmandataria instó a llevar las protestas de manera pacífica, después de que se reportara la muerte de 11 personas durante el fin de semana.

“Exhorto al gobierno a que trabaje con todos los sectores de la sociedad hacia soluciones que contribuyan a calmar la situación e intentar abordar los agravios de la población en interés de la nación”, dijo.

Y agregó que “es esencial que todos los actos que han provocado lesiones y muerte, tanto por parte de las autoridades como de los manifestantes, sean sometidos a investigaciones independientes, imparciales y transparentes”.

Junto a ello, sostuvo que “el uso de una retórica inflamatoria solo servirá para agravar aún más la situación, y se corre el riesgo de generar miedo en la población”.

Desde La Moneda, la ministra de Gobierno, Cecilia Pérez, realizó una vocería donde abordó las distintas manifestaciones sociales que se han desarrollado en el país durante los últimos días.

En ese sentido, la secretaria de Estado aseguró que ningún ministro ha presentado su renuncia al presidente Piñera.

“No ha puesto ningún ministro su cargo a disposición del presidente, porque lo que nos corresponde como colaboradores de él, es estar trabajando en nuestros lugares, dado lo que estamos viviendo”, indicó.

Consultada por la evaluación y la autocrítica del gobierno respecto a lo que vive el país, Pérez aseguró que “críticas, autocríticas, nos hacemos todos los días…Y esa es una diferencia de actitud. Eso significa que cada día podríamos hacerlo mejor”, indicó.

La secretaria de Estado, en la misma línea del presidente y del ministro del Interior Andrés Chadwick responsabilizó a “grupos organizados” detrás de algunos hechos de violencia que han afectado la capital.

Para entender la génesis de la situación en Chile, lo primero es descartar de plano que el estallido social -que ya ha costado la vida a 11 personas, la destrucción y saqueo de cientos de supermercados y negocios y la pérdida de millones de dólares en daños a la infraestructura- se deba solo al alza del pasaje del metro. Un análisis del El Mercurio, el diario de derecha más influyente del país lo explica así: "En un escenario en que las instituciones políticas, judiciales, militares y religiosas están cuestionadas, surge luego de las protestas un vandalismo que ataca bienes de uso común. Mientras tanto, se mantiene la fragmentación política, sin consenso ante la forma de combatir a la violencia". 

En la última encuesta de Paz Ciudadana dada a conocer hace pocos días, Carabineros había alcanzado su nota más baja desde 2011. Hace tan solo cinco meses, otra encuesta (UDD) mostraba que el 81% de los chilenos cree que las instituciones están en crisis y revelaba una baja evaluación de autoridades políticas, del Poder Judicial y las fiscalías, del sector empresarial, de las instituciones armadas, de Carabineros y de las iglesias. Y quizás esto último es, según distintos sectores, un rasgo que en ocasiones anteriores era clave. En episodios de crisis social, la Iglesia Católica tenía una voz preponderante y asumía un rol de garante ante las demandas de polos en conflicto. Hoy, pese a sus llamados a la paz, no es un actor central. 

Mientras el Gobierno y el Parlamento intentan controlar la crisis con medidas como el congelamiento de las tarifas del transporte público, y las Fuerzas Armadas y Carabineros buscan poner orden ante los saqueos, no parece haber una mirada transversal sobre cómo abordar la crisis y qué reformas son las que se deben priorizar.

“El caso del metro es paradigmático. Si bien la evasión se inició luego del alza de la tarifa de ese medio de transporte, lo que vino después, con la quema de las estaciones y la destrucción de sus instalaciones, ha significado no solo una pérdida millonaria para la Región Metropolitana: se ha traducido en que una especie de baluarte del progreso de Santiago, que se ha ido extendiendo por distintas comunas en los últimos años, quede prácticamente inservible y deje a miles de chilenos sin uno de sus medios de transporte esenciales para la vida en la ciudad. Esa "herida", que será difícil de recuperar, ha significado que vecinos comiencen a reaccionar en defensa de los sectores afectados, saliendo a las calles y limpiando sectores que han sido gravemente dañados.

Por otro lado, los disturbios que se registraron en Chile el fin de semana, dañan la imagen de estabilidad del país, indicó The Economist.

“Las prácticas que sustentan la prosperidad no son populares”, indicó la publicación británica en un reportaje en que destacó también que los hechos han sacudido el modelo económico.

“La violencia ha impactado a muchos chilenos. Su país es uno de los más prósperos y pacíficos de América del Sur. Ahora ha sufrido el tipo de agitación que ocurrió recientemente en Ecuador, un país mucho más pobre, cuando su gobierno aumentó los precios del combustible para cumplir con los términos de un acuerdo con el FMI (también cedió)”, indicó.

The Economist señala que los chilenos “no solo están enojados por el precio del transporte. Pagan un montón por el sistema de salud y generalmente tienen que esperar largos períodos para ver un doctor. La educación pública es pobre. Las pensiones, manejadas por firmas privadas bajo un sistema establecido por el régimen de Pinochet, son bajas. La creciente inequidad aviva el enojo. En 2017, los ingresos del decil más rico fue 39,1 veces más alto que el del decil más pobre, de acuerdo con una encuesta del Ministerio de Desarrollo Social.

“Piñera hasta ahora ha fallado en generar una empuje económico notable, una de sus principales promesas de campaña. El crecimiento anual fue de solo 1,9% en el segundo trimestre de 2019. Sin una mayoría en el congreso. Piñera ha sido lento en lograr reformas de pensiones y tributarias, haciendo que el gobierno se vea como ineficiente”, subraya The economist.

El medio británico recuerda que pronto Chile debe ser sede de la cumbre Apec y de la COP25, para lo cual Chile “se mostraba como un bastión de estabilidad en América del Sur. Piñera no tiene mucho tiempo para convencer a los dignatarios que esto sigue siendo cierto”.

Como corolario del día, el derechista alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, solicitó al gobierno un “gabinete de unidad con otras fuerzas políticas”, para enfrentar la situación que hoy se vive en el país tras las masivas protestas por derechos sociales.

En Canal 13, el edil hizo un llamado al presidente Sebastián Piñera a realizar cambios en los ministerios. “El gabinete actual, cuando salgamos de esta crisis, tiene que poner a disposición sus cargos”, dijo.

“Frente a una situación extrema, como la que estamos viviendo hoy día -el país es otro-, (necesitamos) medidas extremas”, añadió.

Hasta anoche se encontraban en toque de queda la región Metropolitana, Antofagasta, Copiapó, Caldera, Vallenar, La Serena y Coquimbo, Valparaíso, Rancagua, Talca, Concepción, Valdivia, Osorno y Puerto Montt.

 


 

Multitudinaria movilización en el centro de Santiago

 

Chile: masiva protesta de los estudiantes y huelga general

 

Por, Página12

La medida de fuerza se cumple este lunes en medio de las protestas por el aumento del subte. Fue convocada por más de veinte organizaciones luego de que los estudiantes llamaran a movilizarse.

Miles de manifestantes comenzaron a concentrarse este mediodía en las plazas de Santiago en el marco de la huelga general convocada por organizaciones sociales y sindicatos para apoyar el reclamo de los estudiantes en contra del aumento del boleto del metro. "Que se vayan los milicos" y "¡Chile despertó!", gritaban a coro los manifestantes en la céntrica plaza Italia, frente a los Carabineros dispuestos en un gran operativo de seguridad en el centro de la capital chilena, que continúa bajo estado de emergencia.

La nueva huelga general fue convocada después de un fin de semana de manifestaciones violentas y con la ciudad completamente militarizada. Más de veinte organizaciones sociales convocaron a manifestarse en apoyo el reclamo estudiantil y denunciar “la represión y el uso de la fuerza desmedida” ejercida por los Carabineros. La cifra de víctimas fatales se elevó a diez el domingo por la noche tras el hallazgo de dos cuerpos calcinados en el incendio de un supermercado de productos industriales.

El segundo toque de queda ordenado por el presidente Sebastián Piñera terminó este lunes a las 9 de la mañana, con un enorme despliegue policial y militar en las calles de la ciudad. El metro de Santiago abrió parcialmente una de sus líneas luego de estar totalmente paralizado desde el viernes cuando comenzaron las protestas por la suba del pasaje.

Si bien desde el Gobierno anunciaron que además de la Línea 1 del metro, que recorre de este a oeste la capital chilena, se dispondrían micros municipales e interurbanos para satisfacer la demanda de transporte, las organizaciones sociales convocaron a una huelga general enfatizando que el llamado es no ir a trabajar para poder “luchar y marchar junto a los jóvenes”.

“Porque no es solo por les estudiantes, es por nuestros padres y madres. Por nuestros abueles. Es por todos los abusos y las violaciones a los derechos humanos, por la represión contra la lucha justa del pueblo, por la dignidad de la vida, decimos fuerte y claro #PiñeraRenuncia”, sostuvieron desde la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile.

Anoche Piñera había dicho que su gobierno estaba "en guerra contra un enemigo poderoso", razón por la cual el mandatario decretó el estado de emergencia en la ciudad de Santiago y otras nueve regiones del país. Por la presión social el presidente tuvo que dar marcha atrás con el aumento de la tarifa del metro que subió de los 800 pesos a los 830 (1,7 dólares).

 

La convocatoria a la huelga general

 

La Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) llamó a la movilización de este lunes para exigir “transporte público digno y de calidad” y expresar “que no aceptaremos más abusos”. Los jóvenes, reunidos tanto en la Confederación como en otras entidades estudiantiles, y con el apoyo de organizaciones sociales y sindicales, llamaron a “copar y evadir” nuevamente las estaciones de metro.

Pese a que el disparador de las protestas fue la suba del boleto del metro, el estallido social desencadenó el repudio generalizado contra las políticas económicas del gobierno de Piñera. “Gran parte de nuestras familias deben vivir con el ingreso mínimo”, sostuvieron los estudiantes ante la nueva convocatoria, quienes remarcaron a su vez la grave situación de los jubilados con “pensiones indignas” otorgadas bajo el sistema de AFP.

 “Se hace difícil para nuestras familias soportar alzas injustificadas en el sistema de transporte, el cual no otorga condiciones dignas al viajar hacinados, posee pésima conectividad especialmente en zonas rurales y zonas extremas del país, no existe una frecuencia coherente con la demanda y entrega pésimas condiciones laborales”, afirmaron los estudiantes.

La convocatoria a la huelga de este lunes también remarca que en los últimos años movilizarse por el territorio nacional “se ha vuelto cada vez más caro producto de las constantes alzas en los peajes” en las rutas que son concesionadas y “amasan grandes fortunas con este robo amparado por los gobiernos”.

Por últimos, la Confech repudió la represión y el uso de la fuerza “desmedida” ejercida durante el fin de semana por los carabineros, que tiraron gases lacrimógenos dentro de las estaciones del metro. Los estudiantes se sumaron también al reclamo de los trabajadores del metro que piden estatizar el servicio y retirar a los Carabineros de las estaciones. 

 


 

A un metro de la insurrección

 

Gabriel Morales

Carcaj

 

Las ruinas no nos dan miedo. Sabemos que no vamos a heredar nada más que ruinas, porque la burguesía tratará de arruinar el mundo en la última fase de su historia. Pero -le repito- a nosotros no nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Ese mundo está creciendo en este instante (Buenaventura Durruti)

El capitalismo ha dejado caer su máscara democrática. El paraíso neoliberal chileno se desgarra y saca sus garras ante la revuelta popular, que viene desde los subterráneos del Metro de Santiago, salió a la superficie y se expandió arrasándolo todo. Son los estallidos de la insubordinación popular que ha venido gestándose desde hace años de forma subterránea, alimentada en el diario descontento, haciendo eco de la reciente revuelta ecuatoriana, y encontrando hace tan solo unos días atrás su propia chispa en el alza de los pasajes del Metro.  

Fueron solo 30 pesos de aumento, pero es la violencia del sistema entero, con toda su injusticia y desigualdad, lo que está representado en el alza. “No es por 30 pesos, es por 30 años”, dicen las pancartas.

 ¿Y quiénes podían haber iniciado esta revuelta sino lxs estudiantes, que han sido precisamente los sujetos más criminalizados en estos últimos meses? En junio el Gobierno había mandado a militarizar los liceos, y los estudiantes salieron ahora a las estaciones del Metro y centraron sus acciones en la repentina alza de los pasajes. Mediante una efectiva acción directa y colectiva, saltando o pasando por debajo de los torniquetes del Metro, lxs estudiantes abrieron las puertas de la rebeldía e invitaron al resto de la gente a pasar sin pagar, a esos casi tres millones de esclavos convertidos en usuarios que viven buena parte de sus vidas hacinados en los túneles subterráneos de la ciudad, y endeudándose por eso. ¿Cómo no hacer caso al llamado a evadir?

“¡Evadir, no pagar, otra forma de luchar!” fue una de las consignas que acompañaron las evasiones masivas, descubriendo lo que en el fondo ya intuíamos: que en cada carga de la Bip le inyectábamos plata a gran parte del circuito capitalista cuyos edificios arden esta noche, como los bancos y AFP.

Esto sucede porque el sistema del Metro está intensamente interconectado, pero no sólo con la superficie vial y el sistema de transporte superficial, sino también con la red financiera que vehicula gran parte de los capitales públicos y privados hacia las fortunas de las pocas familias dueñas de Chile y de nuestras vidas; los dueños de las empresas para las cuales trabajamos, las cadenas que fabrican los productos que consumimos y los mismos supermercados que nos los venden, los medios de comunicación que ocupamos, los equipos de fútbol que seguimos, las universidades donde elegimos estudiar y las AFP que nos roban gran parte de nuestros sueldos. ¿Cómo no evadir, entonces, cómo no destruir los validadores, las estaciones? Esa es la pregunta que ya no nos dejará de asaltar jamás.

La acción colectiva ha demostrado su eficacia y su potencia. Consiguió rápidamente interrumpir el flujo continuo del transporte público hasta lograr su paralización total, sin banderas ni consignas partidistas. Frente a esto, la represión policial ha sido desde un comienzo desmedida: hemos visto repetidamente durante la semana a los pacos pegándole lumazos a lxs estudiantes, disparando balines a los cuerpos de lxs manifestantes, y tirando bombas lacrimógenas directamente a los rostros de nuestrxs compañerxs, sin importarles la presencia de niñxs o ancianxs.

La protesta no tardó en emerger a la superficie, a las calles, para interrumpir el orden de la ciudad y traer a la luz consigo todos los casos de abusos sistemáticos que antes nos parecían aislados -las miserables pensiones, los aumentos en las cuentas de luz e implementación de medidores inteligentes, el robo del agua, la discusión por la reducción de la jornada laboral y la flexibilización del trabajo, el progresivo aumento de los arriendos, etc.-.

Mientras tanto, la prensa oficial sólo muestra el caos y difunde una sensación de pánico generalizado. Se repiten imágenes de los supermercados, farmacias, buses y estaciones del Metro en llamas, sin mostrar los múltiples videos de los enormes abusos policiales cometidos. Pero el pueblo, cansado de la opresión, de la represión y la injusticia, está librando una lucha ya no contra el alza, sino contra todo lo que significa la precarización de las vidas, y está consiguiendo abrir una herida en el centro del sistema de la cual difícilmente éste podrá recuperarse. La normalidad se encuentra felizmente quebrada.

Felizmente, digo, porque lo que nos parecía más grave hasta ahora no era solo que este mundo se estuviera cayendo a pedazos, que las deudas nos acogotaran todos los meses para tratar de satisfacer nuestras necesidades básicas, o que hasta la comunidad científica estuviese de acuerdo en que el planeta será inhabitable en tres décadas, mientras el extractivismo no descansa un segundo. Lo que nos parecía en verdad más grave era que, ante toda la evidencia del desastre, pudiésemos seguir viviendo nuestras vidas como si nada ocurriese: yendo, como siempre, de nuestra casa al trabajo, al liceo, universidad o instituto, y de vuelta a la casa otra vez como si nada. Después de los últimos días ya no podremos decir lo mismo. Algo se ha removido en nosotrxs. Y todxs quienes albergamos un mundo nuevo en el corazón sentimos que algo ha comenzado a agitarse.

La ministra secretaria general de Gobierno llamó ayer a “normalizar la ciudad”, pero la ciudad se ha transformado hace rato en un campo de batalla, y ha sido bloqueada por el pueblo en sus principales canales de transporte y comunicación. Los flujos normales han sido completamente paralizados. El llamado del Gobierno es a recuperar lo antes posible la normalidad, limpiar las calles, asegurar las tiendas, rehabilitar los semáforos y reestablecer la normal circulación de trabajadores y mercancías. Pero si de algo podemos estar seguros es de que la normalidad ya no es posible.

Lo único que ahora existe, en cambio, es la violencia desmedida y desnuda que la normalidad camufla: la brutal represión policial y militar, las balas y bombas lanzadas sobre la gente, los cobardes asesinatos de nuestrxs compañerxs, así como la inmensa brecha entre ricos y pobres, la miseria silenciada, la evasión legal y sin sanción de los dueños de Chile, los derechos sociales privatizados desde la dictadura.

Desde el viernes la red del Metro se encuentra destruida. Ayer, Vecinxs de muchas comunas de la ciudad comenzaron a ocupar las plazas, saliendo a reunirse en medio del enorme despliegue policial, solo para manifestarse y compartir su descontento. Se levantaron barricadas en la mayoría de las comunas de Santiago, en la mayoría de las ciudades de Chile.

Ayer 19 de octubre se ha decretado Estado de Emergencia, un arma del gobierno empresarial para tratar de silenciar el permanente estado de emergencia en el que vivimos. Piñera llama al diálogo, mientras declara Estado de Emergencia y llama a los militares a las calles. ¿Qué tipo de diálogo es posible en esas circunstancias? Al menos ninguno que nos favorezca.

Salen los pacos y milicos, los verdaderos delincuentes que han robado miles de millones de pesos, a reestablecer el orden público. La razón dictatorial está desnuda en el centro de la querida democracia. Luego, en la tarde, el general Javier Iturriaga decreta toque de queda (que no había sido implementado desde 1987). En la noche, la locomoción sigue paralizada y la gente continúa en las calles. En un gesto de hospitalidad, lxs compañerxs por todas partes ofrecen sus casas para alojar a quienes lo necesiten.

Miles de personas en todo el país decidimos no retroceder, no volvernos a nuestras casas, y preferimos quedarnos en la calle bailando, caceroleando, gritando, haciendo bulla, resistiendo a las balas y gases lacrimógenos. Los milicos pasean armados por las calles, golpeándonos y disparándonos, paseando con sus tanques, helicópteros, fusiles y todo el aparataje que poseen para defender los privilegios de la oligarquía.

Se pensaba que la presencia de los militares en las calles el día de ayer iba a tener un efecto disuasivo en el pueblo. Creían que nos íbamos a retirar a nuestras casas en silencio, pero no: ver a los milicos en nuestros barrios ha reactivado el dolor de nuestra memoria histórica. Así que desafiamos el toque de queda, protestamos y nos rebelamos contra la militarización de los espacios públicos. Resistimos a la verdadera violencia ejercida en nuestros territorios.

El Gobierno, en tanto, responde igual que siempre, reprimiendo a la vez que evadiendo el problema, reduciendo las protestas a un asunto de seguridad pública, acusándonos a lxs manifestantes de ser “delincuentes”. Pero precisamente ese, que era uno de los significantes que había triunfado en Chile en las últimas décadas, ahora se encuentra vacío y ha caído en el descrédito. Y la gran cantidad de casos de corrupción de las altas esferas del poder -Soquimich, Penta, Pacogate, milicogate, etc.- ha acelerado esa caída. ¿Qué sentido tiene tratar de delincuente a alguien que rompe un sensor bip, mientras los grandes delincuentes siguen evadiendo millonarios impuestos, sobornando jueces y quedando libres de condena? ¿Qué sentido tiene criminalizar la evasión mientras el presidente es el campeón nacional de la evasión fiscal y del no pago de contribuciones?

Durante estos días de intensas movilizaciones, el poder no ha hecho más que intentar por todos los medios criminalizar el comportamiento de los manifestantes, pero la lógica de la revuelta es ciega para el poder; no tiene rostro, no tiene líder, ni bandera, ni partido. La insurrección popular esta vez no tiene planificación global, sino que responde a una multitud de acciones espontáneas, desplegándose y coordinándose en la acción. Y ahora tenemos a nuestro favor, además de diversas experiencias de organización en pequeños colectivos, una opinión pública cada vez más favorable a las demandas sociales.

Ahí es donde el relato del poder se queda corto. No es capaz de explicar ni entender lo que está sucediendo. Insiste en tratar las manifestaciones como hechos delictuales aislados, en criminalizar a las personas que protestan, evaden, cacerolean, levantan barricadas o destruyen sus preciados símbolos de estatus.

Aunque los títeres del gobierno y los medios intenten desplazar el debate, sabemos que el problema no tiene que ver con la violencia, o al menos no en los términos en que ellos lo quieren plantear.

Por supuesto que usamos y seguiremos usando la violencia, pero nuestra violencia es mayoritariamente contra la propiedad, contra los símbolos de la división y la injusticia social, y contra aquellos policías que nos reprimen. En cambio, la violencia política y económica, la violencia policial y militar es contra nuestrxs cuerpos y contra nuestras vidas. A la violencia contra la propiedad en Chile se le responde con balas asesinas.

Nuestra violencia, al contrario de la suya, no busca la muerte, pero busca sin embargo algo mucho peor para ellos: la total decapitación del poder. Lo que ellos llaman violencia es en realidad la acción directa que muestra la fragilidad de los propios símbolos de su poder. En nuestra ética, las vidas no tienen el mismo valor que las cosas. Las primeras hay que defenderlas, las segundas, en cambio, no nos importa destruirlas. No nos asustan las ruinas.

Por eso, los saqueos que han ocurrido y los que vendrán son insignificantes ante el saqueo sistemático y la devastación capitalista de la tierra, los cuerpos, los servicios básicos y las relaciones humanas. Y son insignificantes, sobre todo, ante el asesinato de nuestrxs compañerxs a manos de milicos armados en este monstruoso instante en el que escribo, con todo el peso de la noche encima.

Chile está en llamas. Arden estaciones del metro y peajes de las carreteras, arden buses del Transantiago, cajeros automáticos, bancos y supermercados. Se registran múltiples ataques a estaciones de policía y edificios del gobierno. Hay vidrios quebrados, humo y ceniza por todo el país.

¿Cómo es posible que unas simples manifestaciones estudiantiles en el metro hayan generado la interrupción total del transporte, primero, y luego la respuesta policial más brutal, dejando en un par de días al desnudo la dictadura encubierta en la que vivimos?

Esto sólo se entiende en el contexto de un país donde los derechos sociales han sido secuestrados por empresas privadas y entregados a un mercado que depende en última instancia de que todxs paguen su pasaje, su arriendo o hipoteca, sus deudas y matrículas. Las evasiones de los estudiantes fueron ejemplares en ese sentido, porque invitaban a todos los usuarios a no pagar. Y la fuerza de ese ejemplo es lo que más teme el poder.

Esta noche se derrumbó la legitimidad del capitalismo chileno. Y como dijo alguna vez Durruti, cuando los ricos ven que el poder se les escapa de las manos, recurren al fascismo para proteger sus privilegios. Ahora los milicos están en las calles repartiendo balas a destajo. ¿Cuántos muertos contaremos al amanecer?

Desde el 2011 hasta ahora, no estábamos durmiendo. Nos hemos reunido, hemos conversado, intercambiado experiencias de lucha y resistencia, hemos ido fortaleciéndonos en nuestras propias organizaciones, territoriales, feministas, ecológicas y antiextractivistas, de la economía popular y solidaria, de la disidencia sexual o desde la pedagogía crítica, hemos articulado distintas luchas, y hemos mejorado exponencialmente nuestra capacidad de acción. Nuestro instinto de desobediencia ha crecido igualmente. Hemos aprendido a ocupar mejor las redes sociales para agilizar nuestra comunicación, y a desconfiar de ellas como dispositivos policiales. Somos mucho más rápidxs y estamos mejor organizadxs, somos más solidarixs y más desobedientes que antes.

Nos convoca y nos une ahora la lucha por el bien común y la vida en sus múltiples manifestaciones, así como la resistencia ante la dictadura implacable del capital. Sabemos que las soluciones a nuestros problemas no vendrán de parte del Estado ni de la elite empresarial. El mundo nuevo lo construiremos nosotrxs, y lo celebraremos bailando, pensando y combatiendo colectivamente.

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Lunes, 14 Octubre 2019 06:44

Pan, ira y rosas

 Trabajadores de General Motors, que están a punto de cumplir un mes en huelga, se manifestaron ayer cerca de la planta de Flint, Michigan.Foto Afp

Unos 50 mil trabajadores de General Motors (GM) están por cumplir un mes en huelga, la acción laboral del sector privado más grande de la última década (que afecta, por las cadenas de producción integradas, a miles de trabajadores más en México y Canadá) en una disputa que es, en esencia, una confrontación con la ofensiva neoliberal de las ultimas tres décadas que ha creado la mayor concentración de riqueza en casi un siglo y ha atacado a los derechos laborales y sociales de los estadunidenses.

Esta huelga es clave para el futuro del movimiento laboral en este país, y no sólo el sindical, sino en todas sus expresiones organizadas. Es una huelga, afirma un dirigente, para "alzarnos por esos derechos fundamentales de la gente de la clase trabajadora en este país".

Pero no es la primera en tiempos recientes, sino que se nutre de una ola de acciones laborales llevadas a cabo por maestros, trabajadores de hoteles y supermercados, del sector salud, transporte, comunicaciones y más. De hecho, más trabajadores –aproximadamente 485 mil 200, según cifras oficiales– participaron en huelgas y otras acciones que suspendieron jornadas laborales a lo largo de 2018, la cifra más alta desde 1986.

Algunos señalan que la vanguardia de esta ola de rebeliones laborales fue el magisterio, empezando con la gran huelga de maestros de Chicago en 2012 que triunfó al proyectarse como parte de un movimiento social más amplio que sólo el sindical contra las medidas de austeridad neoliberales.

El tsunami de huelgas por cientos de miles de maestros en siete estados durante 2018 sacudió las cúpulas estatales y federales triunfando en varias de sus demandas, incluida la principal: revertir las políticas de austeridad y privatización de las escuelas públicas. Este año, junto con GM, maestros realizaron huelgas en Los Ángeles y Denver, y está por estallar otra huelga masiva en el sector salud.

La resurrección de la acción colectiva laboral reciente fue nutrida por una serie de movimientos sociales –incluyendo Ocupa Wall Street y el Movement for Black Lives– que ofrecieron ejemplos del uso de nuevas herramientas de comunicación y organización, pero también se rescató la memoria histórica de que la acción sindical es parte, y depende, de la organización comunitaria y social.

Pero un canal que alentó este renovado movimiento laboral y su interacción con otros fue la campaña presidencial del socialista democrático Bernie Sanders, en 2016, y de nuevo ahora, en el que diversos organizadores –sobre todo los jóvenes– se encontraron, se capacitaron entre sí y promovieron nuevas alianzas. Sanders estuvo en Detroit hace un par de semanas, donde su sumó a los piquetes frente a una planta de GM en el que no sólo se expresó la solidaridad, sino vinculó esta huelga con la lucha por la justicia social en general.

Jane McAlevey, organizadora sindical, historiadora y estratega, señala que "la gente trabajadora está encabronada" ante las injusticias y los efectos de las políticas neoliberales y que la ola de huelgas tiene que ver con el efecto contagioso de los triunfos logrados, sobre todo al recuperar lo que llama el arma histórica más poderosa de los trabajadores que se había dejado de usar: la huelga.

Al mismo tiempo, trabajadores en los sectores de punta como los de Google, Uber y otros de la "alta tecnología" están elaborando estrategias para organizar su sector, basadas en un modelo de hace más de un siglo impulsado por el gran movimiento anarcosindical del Industrial Workers or the World (IWW) con lo que se llamaba "sindicalismo solidario", encabezado por trabajadores, y no administradores sindicales. Por otro lado, se están explorando alianzas entre el movimiento laboral y el ambiental en torno al tema del cambio climático y, como ha sido a lo largo de la historia de los trabajadores en Estados Unidos, los inmigrantes son la vanguardia en varios sectores.

Tal vez todo esto es un renacimiento de la lucha antigua por la dignidad colectiva ante el robo del futuro por unos cuantos, y un nuevo coro exigiendo, una vez más, no sólo el pan que todos merecen, sino rosas también.

https://www.youtube.com/ watch?v=LWkVcaAGCi0

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¿Por qué se desacelera la inflación en Venezuela, a pesar de su crisis económica?

El país suramericano experimenta una tendencia a la baja en la variación del índice de precios al consumidor en el primer cuatrimestre de este año. 

El Banco Central de Venezuela (BCV) rompió esta semana el silencio sobre los principales indicadores económicos del país sudamericano, y en medio de las cifras que confirman la profunda recesión, un dato fue soslayado en los titulares de la prensa internacional: en abril, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se ubicó en 33,8%.


De hecho, esa cifra está por debajo del registro de marzo pasado, que se ubicó en 34,8%, con lo cual el índice inflacionario regresó a dos dígitos en la variación mensual, después de que enero y febrero cerraran con 196,6% y 114,4%, respectivamente.


Ya mucho antes de la divulgación de las cifras del ente emisor, firmas económicas privadas adelantaban un "freno" en el acelerado proceso de hiperinflación, mientras que el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios de Venezuela (Consecomercio) ratificaba el "rezago" de precios en varios productos y servicios.


Un reflejo de ese fenómeno fue el rubro de 'alimentos y bebidas no alcohólicas', detallado en la variación mensual del BCV en lo que va de año: en enero escaló a 204%, y en abril descendió a 29,3%. Algo similar ocurrió con la medición de hoteles y restaurantes, que pasó de 238,3% en enero a 38% en abril.
¿Cómo pasó?


Para el economista y ex ministro de Comercio Exterior, Jesús Faría, uno de los factores que incidía en la velocidad hiperinflacionaria era la especulación en la compra y venta ilícita de divisas.


Sin embargo, refiere que ese escenario cambió cuando el BCV autorizó la compra y venta de dólares para los bancos privados mediante mesas de cambio, cuyas transacciones incluyen reportes diarios de las operaciones, que luego el ente emisor promedia y publica como tasa oficial.


A criterio de Faría, esa medida ha permitido al BCV frenar el marcaje ilegal del precio del dólar paralelo, una "excusa reiterada de los comerciantes" para subir los precios.


"Lo que estamos observando en los últimos meses es el esfuerzo del Estado en la aplicación de nuevas políticas macroeconómicas que hacían falta" para equilibrar el mercado, agrega.
Otro aspecto clave es el encaje legal aplicado al sistema bancario. La medida vigente obliga a la banca a congelar en el BCV, a modo de reserva, parte de los depósitos. Esto limita el exceso de liquidez (bolívares), ayudar a "estabilizar" la cotización ilegal del dólar paralelo, e impide el alza indiscriminada de los precios.


Un informe gubernamental, citado por La Iguana, señala que la implementación del encaje atenuó "el incremento de la liquidez monetaria" y ha permitido la "consecuente desaceleración de la hiperinflación".


No se puede cantar victoria


Aunque en frío la cifras apuntan hacia una ralentización progresiva de la hiperinflación, alguien que gana salario mínimo en Venezuela no puede aún cantar victoria, pues la limitación del dinero circulante, sumado a la galopante especulación en "precios dolarizados" y el acaparamiento de productos básicos para su reventa al doble o triple de su costo original, golpea todavía con fuerza el poder adquisitivo de la población.


A pesar de que algunos precios no han aumentado con la misma proporción de 2018 (año en que la inflación acumulada se ubicó en 130.000%), la remuneración básica fijada en 40.000 bolívares mensuales, siete dólares al cambio oficial, es insuficiente para adquirir la mayoría de los rubros prioritarios.


"Es una lamentable consecuencia del freno momentáneo de la hiperinflación: ha habido una pérdida significativa del ingreso de los trabajadores", comenta a este medio el economista e investigador social, Oscar Forero.


Los economistas consultados creen que intentar detener la hiperinflación es uno de los pasos clave que ha venido dando el Ejecutivo para el "reordenamiento del mercado", pero no debe ser el único. Faltan otras medidas para recuperar la productividad nacional y la capacidad del compra.


Forero añade que uno de los aspectos que actualmente eleva los costos de los productos es la disponibilidad al combustible, que impacta directamente en el traslado de los alimentos y otros productos.


"En Táchira y Mérida (región andina) por la dificultad de conseguir la gasolina, los comerciantes que trasladan mercancía hacia el centro u oriente del país le suman al precio final lo que pagan en combustible", relata Forero.


Objetivo: no perder lo avanzado


El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó a finales del año pasado que uno de los propósitos de su Gobierno en el primer semestre de 2019 era "detener la inflación".
Faltando poco para despedir los primeros seis meses del año, Faría considera que la meta es mantener la desaceleración inflacionaria lograda hasta ahora.


No obstante, las sanciones de EE.UU. contra Venezuela amenazan en boicotear ese logro. "Sin duda, el bloqueo norteamericano ha acelerado el colapso de la economía venezolana", expresa Forero, quien cree que sin las acciones de Washington el proceso hiperinflacionario "no fuese tan profundo" en la actualidad.


A juicio de Faría, las medidas coercitivas unilaterales que aplica Washington contra Caracas es el "arma económica por excelencia para causar hiperinflación".


Detalla que el bloqueo, según cálculos oficiales, le ha costado al país más de 65.000 millones dólares: "Son recursos que el país ha podido utilizar para atender las necesidades de la población y disminuir el impacto inflacionario".


Esa cifra se suma a las pérdidas de 350.000 millones de dólares en producción de bienes y servicios, entre 2013 y 2017, lo que equivale a 8.400 y 12.100 dólares por cada venezolano, según un estudio publicado por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag).


Aún con ese panorama cuesta arriba, el Ejecutivo ha dicho que los siguientes meses "serán claves para ir recuperando poco a poco la actividad económica en Venezuela", según reza un documento reseñado por medios locales.


Por ahora, la atención se centra en que la cifra de hiperinflación al cierre de 2019 no culmine en el cálculo de 10.000.000% hecho por el Fondo Monetario Internacional (FMI). O que por lo menos la tendencia siga a la baja para beneficio de todo el país: "Creo que se podrá lograr, pese a las sanciones", vaticina Faría.

Por Manuel Palma

Publicado: 31 may 2019 20:53 GMT

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Martes, 28 Mayo 2019 06:56

Trabajo digno, social, duradero

Trabajo digno, social, duradero

Más que cualquier otro parámetro de la realidad humana, el trabajo es la clave que define el futuro de los seres humanos. Y ese futuro es incierto. “El trabajo reviste un valor social: de colaboración, de creación de un mundo común, de relaciones. Por ello cristaliza también las situaciones de desigualdad”. Con este postulado sintetizado por el Ceras (Centro de investigación y de acción sociales), ampliado por le OIT (Organización Internacional del Trabajo) a través del principio de “un trabajo decente” y el imperativo de una ecología integral diseñado por el papa Francisco en su Encíclica Laudato si se llevó a cabo en la Unesco un coloquio internacional sobre el tema “Qué trabajo para una transición ecológica y responsable”. La relación entre el trabajo y la ecología es mucho más profunda de lo que las apariencias de la tecnocultura permiten entrever. Según la OIT, en 2014 “alrededor de 1400 millones de puestos de trabajo –40% del empleo mundial– dependían de los procesos naturales”(ILO, 2018). De allí la trascendencia de un coloquio que contó con la presencia de decenas de expertos y una delegación argentina que presentó un proyecto de innovación y acción social a partir de experiencias de inclusión y de revinculación de los jóvenes sin empleo con el mundo del trabajo. 

Invitados por la teóloga Emilce Cuda, especialista en moral social, asesora del Celam, profesora en la Universidad Jaureche, en la UCA e integrante del equipo de investigación del Ceras en la línea “trabajo y ecología”, un grupo de argentinos miembros de Los Cuidadores de la Casa Común y monseñor Jorge Lugones, obispo de Lomas de Zamora y presidente de la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Argentina, expusieron en París el proyecto con el que trabajan en la Argentina sino una ampliación de los criterios adelantados por la Organización Internacional del Trabajo. La doctora Cuda acota al respecto que “a finales del siglo XX la consigna de la OIT fue un empleo decente. Esto es válido sólo en sociedades de pleno empleo, o en contextos de economías avanzadas como Estados Unidos y Europa. Cuando nos movemos a otros contextos donde la economía no llegó a esos niveles, ahí no podemos hablar de empleo decente. El problema que tenemos es que en nuestros sistemas no hay empleos, o son marginales. La lucha es entonces por trabajo digno. Allí se cambia la consigna inicial: ahora es trabajo digno, es tierra, techo y trabajo”. Con la base del Laudato si de Francisco, en los dos años de trabajo que consumió la investigación del Ceres se trató de instalar la diferencia entre “trabajo decente y trabajo digno”. En la capital francesa, uno de los testigos y protagonistas de esa articulación fue monseñor Jorge Lugones. Aquí radica la particularidad de la presencia Argentina en París: “se expuso el único proyecto de acción que está funcionando en la Argentina hace tres años con unas 5000 personas incluidas (Emilce Cuda)”. Monseñor Lugones explica que la propuesta presentada en París “tiene como destinatarios los jóvenes en riesgo, en vulnerabilidad psicosocial. En la Argentina tenemos más de un millón de chicas y chicos que ni estudian ni trabajan”. Esa posibilidad de una acción en el terreno es lo que sobresalió en el coloquio de la Unesco mediante un plan activo y probado que incluyó, por ejemplo en Lomas de Zamora, “el encuentro entre empresarios, cámaras de comercio, movimientos sociales, pequeña y mediana industria, sindicatos, universidades hasta la inserción efectiva de los jóvenes en el ámbito del trabajo”.


El punto de apoyo y desarrollo ha sido, explica monseñor Lugones, “el Laudato si. Nosotros implementamos que esa carta del Papa podía ser algo importante para los chicos y chicas que están en vulnerabilidad psicosocial. Los Cuidadores de la Casa Común responden a ese enunciado. Para ser cuidador de La Casa Común hay que cuidarse a si mismo, y hay que intentar también cuidar al otro. Aquí, en París, no he visto ningún ejemplo donde se haya llevado a la práctica el Laudato si de esta manera”. Los Cuidadores de la Casa Común son una emanación del texto papal y su labor se conecta con el eje común de todas las problemáticas que se plantean en todo el planeta, es decir, el desempleo y esa idea algo perversa que, como lo acota Emilce Cuda, conduce a que “algunos quieran corregir la situación del siglo XXI al siglo XX”. Monseñor Lugones recuerda al respecto que “el trabajo decente era para los siglos XIX y XX cuando había trabajo. Hoy no hay trabajo. Cuando más se achica el Estado, más arrasan las políticas neoliberales. En América Latina hay un avance despersonalizante. Ya no se piensa en la persona, se piensa sólo en la ganancia”. Pensar distinto y actuar con otro perfil sobre la realidad, esa es la consigna. “Hablar del trabajo es seguir considerándolo como mercancía. Tenemos que conseguir otro modo de garantizar el trabajo que no tiene que ser necesariamente asalariado en condiciones de explotación, sino remunerado y creativo.

Es preciso también tornar visible al trabajador más que al trabajo. Como dice el Papa, la solución no es economicista sino que se trata claramente de un cambio cultural”, detalla Emilce Cuda. Ignacio Alonso Alasino, coordinador del proyecto global El Futuro del Trabajo en la Comisión Católica para las Migraciones, acentúa que el futuro del trabajo depende mucho de “la transición ecológica hacia una economía que deje de ser del descarte y piense desde un enfoque más humano”. La modificación del horizonte laboral ha trastornado la vida de millones de personas. Nomadismo laboral, trabajos temporales, contratos sin derechos llevan a que “nadie disfrute del trabajo, a que la gente trabaje mucho para ganar muy poco sin siquiera contar con que sus beneficios sociales sean respetados. La falla primera está en el sistema económico”, agrega Alasino. Para salir hacia arriba de este circulo vicioso el diálogo social con todos los actores es central, tanto como la inclusión de la dimensión medioambiental. Durante dos años, la OIT y el Ceras trabajaron en un grupo internacional compuesto por unos 30 actores sociales para elaborar el manifestó “Por un trabajo social, decente y duradero”. El texto toma en cuenta “el futuro del trabajo como parte integrante de la transición ecológica” y sus múltiples derivados, empezando por la evidencia: “la urgencia ecológica es también una cuestión de justicia social”. La Argentina, con sus experiencias de inclusión de los vulnerables, trazó en París un camino para unir lo decente con lo digno.


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La OIT, cien años después, trata de definir qué es el trabajo

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) inauguró las festividades que marcarán su centenario a lo largo de este año 2019 y dio a conocer las bases del informe que con el objetivo de medir los desafíos que se avecinan encomendó hace dos años a una Comisión de expertos independientes sobre el futuro del trabajo.

Lo que sorprende del trabajo comenzado es que en la ausencia del mundo real de la informalidad, la fragmentación del empleo y el trabajo no pagado directamente, el informe naufraga con recomendaciones con un mundo que ya no existe, todo resumido en un fondo de emergencia ambiental


Inicios y presente


Tal vez sea un hecho poco conocido, que la organización del trabajo nació en Versalles. De hecho, la Conferencia de Paz estableció una Comisión sobre el derecho internacional del trabajo y le ordenó que desarrollara la Constitución de una organización internacional permanente. El contexto era por entonces importante para dar una respuesta creíble a la "cuestión del trabajo", aunque el objetivo apenas velado estaba dirigido en particular para contener el riesgo de la internacionalización de la revolución comunista de 1917 que parecía instalarse en Alemania.


Un siglo después, el contexto es totalmente diferente. Con el fin de medir los desafíos que se avecinan, la OIT encomendó a una Comisión de expertos independientes hace dos años que pensara en el futuro del trabajo.


Copresidida por el mandatario de Sudáfrica Ciryl Ramaphosa y el primer ministro de Suecia Stefan Löfven, la Comisión propone una visión de un programa centrado en las personas, basado en la inversión en las capacidades de los individuos, las instituciones laborales y en el trabajo decente y sostenible. Entre las diez recomendaciones se encuentran:


• Una garantía universal de empleo que proteja los derechos fundamentales de los trabajadores garantice un salario que permita un nivel de vida digno, horas de trabajo limitadas y lugares de trabajo seguros y saludables.


• Una protección social garantizada desde el nacimiento hasta la vejez que atienda las necesidades de las personas a lo largo de su ciclo de vida.


• Un derecho universal al aprendizaje permanente que permita que las personas se formen, adquieran nuevas competencias y mejoren sus cualificaciones.


• Una gestión del cambio tecnológico que favorezca el trabajo decente, incluso a través de un sistema de gobernanza internacional de las plataformas digitales de trabajo.
• Mayores inversiones en las economías rurales, verdes y del cuidado.


• Una agenda transformadora y mensurable a favor de la igualdad de género.


• La reestructuración de los incentivos a las empresas a fin de estimular las inversiones a largo plazo.


Este informe es el resultado de un examen realizado a lo largo de 15 meses por los 27 miembros de la Comisión Mundial, constituida por destacadas personalidades del mundo empresarial, laboral y académico, grupos de reflexión y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. 

 

La contracara del informe


Aquellos que esperaban una visión ambiciosa se decepcionarán. El genio de cada experto parece haber disminuido, por no decir silenciado, en este trabajo grupal, ya que el punto de partida y el estado de la realidad están ausentes del informe. Como resultado, el texto flota en la ambigüedad de las buenas intenciones y se hace evidencia misma la falta de cemento en el hormigón del trabajo humano a comienzos del siglo XXI.


Si bien la definición de trabajo adoptada por la OIT abarca toda actividad relacionada con la producción de bienes, servicios individuales y colectivos, el texto de la Comisión sólo se ha centrado en el trabajo remunerado. Deja por fuera dos universos socioeconómicos importantes: por un lado, trabajo remunerado en otros contextos como salarios (independiente e informalidad) y el trabajo que tiene lugar sin (plena) remuneración directa – como el trabajo doméstico.


Recordemos que el trabajo doméstico tan importante en volumen como el trabajo remunerado,– según la OIT, estimaba a 67 millones de personas – es otro aspecto en que la Comisión no aborda realmente, excepto cuando habla del mundo rural en los países en desarrollo. Este silencio tal vez sea menos sorprendente porque esta actividad escapa a toda estadística seria de trabajo, de la misma forma que es ignorada por las estadísticas de producción.


Las estadísticas de la OIT demuestran que, a nivel mundial, la ganancia salarial es menos de la mitad del trabajo remunerado. Si corresponde al 85% de los "puestos de trabajo" (en sentido estadístico) en los países de ingresos altos, la proporción recae en el 25% en los países menos adelantados, donde el servicio público es el principal proveedor de este tipo de trabajo.


El resto es responsabilidad de los trabajadores autónomos y de los miembros de la familia. Incluso si la Comisión pide la ampliación del diálogo social, el aprendizaje permanente, la cobertura universal de la seguridad social, las condiciones de trabajo decente y la garantía de un salario digno para todos, es una brecha abismal en el contexto actual de la locura capitalista.


El 82% de la riqueza mundial generada durante 2018, fue a parar a manos de 26 multimillonarios, el 1% más rico de la población mundial, mientras que el 50% más pobre – 3.700 millones de seres humanos- no se benefició lo más mínimo de dicho crecimiento, según el reciente Informe de Oxfam.


En realidad, el informe de los expertos propone la ampliación al mundo de un modelo que se está agotando en la mayoría de los países como resultado de la "uberización" y la fragmentación del trabajo.


Aunque esté plenamente comprendida en la definición de la labor adoptada por la propia OIT, la Comisión del centenario de la OIT no agota (y lejos está de hacerlo) el problema del futuro del trabajo. Destaca además que la inteligencia artificial, la automatización y la robótica darán lugar a una pérdida de empleos, en la medida que las competencias se volverán obsoletas.


Sin embargo, muchos son los que piensan que estos mismos avances tecnológicos, junto a la ecologización de las economías, también crearán millones de empleos, si se aprovechan las nuevas oportunidades.


Este tipo de diálogo social “puede contribuir a que la globalización nos beneficie a todos”, declaró el primer ministro sueco y copresidente de la Comisión Mundial, Stefan Löfven. “El mundo del trabajo experimenta grandes cambios que crean numerosas oportunidades para más y mejores empleos. Pero los gobiernos, los sindicatos y los empleadores necesitan trabajar juntos a fin de hacer que las economías y los mercados laborales sean más inclusivos”, añadió.


Todo este tufillo de las festividades del centenario de la OIT tiene mucho sabor a la conciliación de clases, cuesta aun admitir, sin tratarnos de trasnochados, que la lucha de clases es un fenómeno que se refiere al eterno conflicto entre las dos clases sociales existentes, entre los que producen y los que no producen, entre los que sin trabajar se adueñan de la producción y excluyen a los que trabajan.


Es la lucha entre explotadores y explotados; entre esos 26 multimillonarios, que destacan los informes, entre ese 1% más rico de la población mundial, que abarca la misma riqueza de 3.700 millones de seres humanos.


La lucha de clases, es decir, la lucha entre el trabajo y el capital no es en absoluto un concepto que pertenece al pasado. En un mundo de creciente desigualdad, es una realidad más pertinente que nunca.


Con la victoria del neoliberalismo, los gobiernos han dejado de actuar como mediadores entre el capital y el trabajo con el objetivo de mitigar la desigualdad. Por lo tanto, los sindicatos que todavía sólo se basan en la idea de asociación, a menudo son incapaces de librar luchas ofensivas. En el mejor de los casos, luchan por mantener el statu quo y, aun así, la mayoría de las veces no tienen éxito.


Por ello se genera un sentimiento, cuasi una necesidad urgente de que se escuchen otras voces en 2019 y puedan proporcionar a la organización con sede en Ginebra otros análisis y otras hipótesis de trabajo con el fin de enfrentar el mundo real de la informalidad, la fragmentación del empleo y el trabajo no pagado directamente, todo en un fondo de emergencia ambiental. Inteligencia Artificial si, robotización sí, …pero aquello de la justicia social, ¿dónde queda?

 

Por Eduardo Camín,  Periodista uruguayo, miembro de la Asociación de Corresponsales de prensa de la ONU. en Ginebra. Asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la
Rebelión
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Comunicado de una profesora cátedra a la opinión pública.

Max Stiner atestiguó en su texto de mediados del siglo XIX El falso principio de nuestra educación o humanismo y realismo al/la profesor/a como “aquel que se debe a una idea o una pasión teniendo en cuenta su vocación pedagógica (…) Tal vez podría explicarse así el escaso sueldo de profesores: deben sentirse ampliamente recompensados por la santidad de su misión y mirar con desprecio los deleites” (Stirner, 2003, 118). Las palabras del profesor prusiano demuestran que en 1841 el docente estaba reducido a cumplir con su misión sin esperar el reconocimiento de su tarea y del bienestar que se genera del trabajo cumplido.


En 2019 las palabras de Stirner continúan siendo acertadas para describir la vulnerabilidad laboral que se ciñe sobre el/la docente.


La vocación por la enseñanza comprendida erróneamente por el factum económico como servilismo, produce un nicho mercantil y administrativo de la educación desdeñoso e ignorante de la importancia de la investigación, la formación, la preparación de contenidos y estudios perennes de disciplinas que exigen de cada persona lo mejor de ellas en su arduo compromiso de instruirse para ser profesor/a.

Las directrices administrativas de la Universidad Tecnológica de Pereira reproducen la comprensión errónea de la vocación como servilismo al exigir a los/las profesores/as catedráticos/as retomar los cursos del semestre 2018-II durante enero y febrero sin remuneración económica al respecto. Lo anterior es justificado teniendo en cuenta que en diciembre realizaron el pago de las horas cátedras de la segunda quincena de octubre y de lo correspondiente al mes de noviembre y que no fueron pagadas oportunamente por la administración argumentando –desde el marco económico– el no cumplimiento de la cláusula contractual que obliga a la universidad a pagar “la hora cátedra efectivamente dictada” (aunque no hay refulgencia normativa que explique a qué se refiere la efectividad de lo “efectivamente” dictado).
A mediados de diciembre pagaron las horas adeudadas a profesores con un compromiso económico de por medio que acordaron con los sindicatos profesorales de la universidad.


Empero, y sin una formalidad directa, las horas pagadas significaron (para la administración) que los tiempos requeridos durante enero y febrero para la culminación del semestre 2018-II (interrumpido para demandar condiciones dignas para la educación superior en Colombia) serían horas “compensatorias” de las “horas no efectivamente dictadas” en los últimos meses del 2018-II y que fueron pagadas.

Efectivamente, la administración amparada en una perspectiva clientelista y neoliberal de la universidad no previó, ni le interesó tomar medidas humanitarias con el estamento formativo del alma mater, es decir los/as docentes. No sólo no pagaron a catedráticos/as durante la coyuntura universitaria, pese a continuar con nuestra labor docente más allá de los cursos de/formativos que dictamos cada semestre. Tampoco gozaron del carácter y la empatía de decir explícitamente cómo se trataría el tema de contratos cátedra.

La administración universitaria en gran parte del territorio nacional nunca ha mostrado disposición para generar bienestar entre el profesorado. Tal negligencia administrativa revela un desconocimiento académico y humanista del origen de la universidad pública: cuidado y formación de todos los agentes que participan del desarrollo académico, investigativo, científico y pedagógico del territorio nacional.

También, hay un desconocimiento de la ética por parte de las esferas administrativas de las IES al expresar una deficiencia moral con sus acciones solo comparada con la complicidad de quienes sabiendo que la norma está mal deciden callar o defenderla por encima de la solidaridad, lo correcto, lo bueno y lo justo, como también ha sucedido con algunos colegas que por apatía y miedo guardan silencio ante los desafueros administrativos.

Por otra parte, la administración de la UTP con sus decisiones arbitrarias omitió las garantías logradas para superar la anormalidad académica en la mesa de diálogo para la construcción de acuerdos para la educación superior pública a nivel nacional. El inciso tres de dicho acuerdo dice:

“3. El Ministerio de Educación Nacional a través de sus representantes en los Consejos Superiores de las IES públicas instará a que se brinden las garantías laborales de acuerdo con el marco legal vigente para los docentes de carrera, cátedra y ocasionales por el tiempo de la movilización y al retornar a clases, de tal forma que se respeten sus vínculos contractuales con base en las condiciones pactadas en cada caso durante el periodo académico 2018-II. De ninguna manera las movilizaciones efectuadas dentro del derecho a la protesta pueden generar afectaciones laborales y salariales a los docentes. Esta garantía tendrá la vigilancia de los entes de control y el Ministerio de Trabajo.”

Profesores/as volvimos a los cursos regulares el 16 de enero según lo determinado por los diferentes estamentos de nuestra universidad. Cabe advertir que en lo que va de enero, se han cometido un sin número de atropellos contra “los/las cátedras” al tomar medidas policivas ante nuestra labor que no es paga, pero sí se vuelve obligatoria-quizá solo “recompensados por la santidad de nuestra misión”, como diría Stirner-.

las horas pagadas en octubre y noviembre que no se dictaron “efectivamente”, seguí ejerciendo como cátedra al estar presente en las aulas de clase atendiendo a estudiantes, reuniéndome con ellos/as, dictando conferencias solicitadas por el mismo movimiento estudiantil, contestando inquietudes, y, ante todo, siempre estuve –y estoy- a disposición imprescindible del estudiantado, del programa, de la universidad, de mis cursos y mis clases.

Las medidas expresadas desde la administración demandan entonces el servilismo del/la profesor/a que no solamente debe “compensar” lo pagado en diciembre, sino mantener “la calidad” de las clases en medio de las dificultades económicas y las medidas deshumanizantes del trabajo exigido “ad honorem”.

En consecuencia, como docente cátedra hago pública que mi vinculación con la UTP está basada, ante todo, en mi vocación, amor por la enseñanza, compromiso imperativo con el estudiantado y con el programa del cual hago parte. Mis estudiantes y mis colegas más allegados siempre han apoyado y estimado mi labor, lejos de excusas económicas para no hacerlo.

Como profesora de futuros docentes deseo la vocación sea compensada y no subvalorada por la compensación del trabajo. No se puede continuar irónica y fatídicamente “esperando a Godot” In spe contra spem del trabajo re/conocido si las administraciones de las IES no muestran vocación resolutiva para hacerlo.

Enero 29 de 2019.

 

Publicado enColombia
Emmanuel Macron aumenta cien euros el salario mínimo y libera de impuestos las horas extras

Después de casi cuatro semanas de movilizaciones lideradas por los chalecos amarillos, el jefe del Estado francés rompió el silencio en un intento de responder a algunas de las demandas y reconectarse con una sociedad que se aleja de él

Con un paquete de medidas y retoques de fuerte carácter social, el presidente francés, Emmanuel Macron, salió de su silencio en una corta intervención televisada con la meta de desarticular el movimiento de los chalecos amarillos que, desde el pasado 17 de noviembre, ha puesto a Francia en vilo. Macron anunció un aumento de 100 euros del salario mínimo (SMIC, 1.184,93 euros por mes) a partir de 2019, la desfiscalización de las horas extras así como su objetivo de que las empresas paguen una prima excepcional de fin de año libre de todo impuesto. La desfiscalización de las horas extras no es una decisión nueva. El ex presidente conservador Nicolas Sarkozy la introdujo en 2007 y el ex mandatario socialista François Hollande la abolió en 2012.


Al cabo de casi cuatro semanas de movilizaciones lideradas por los chalecos amarillos, el jefe del Estado rompió el silencio en un intento de responder a algunas de las demandas y reconectarse con una sociedad que se alejaba peligrosamente de él. “Queremos una Francia donde se pueda vivir dignamente de su trabajo, un punto en el que hemos avanzado muy lentamente”, dijo el mandatario. Macron asumió como suya una realidad que le plantean constantemente desde la izquierda cuando constató que existía en Francia “un estado de urgencia económica y social”. En complemento de estas medidas el presidente también anuló el aumento de la CSG (Contribución social generalizada, impuesto pagados por todos para financiar el seguro social) en lo que atañe a las jubilaciones de menos de 2000 euros.


Todo este paquete de iniciativas deja afuera tres cosas. La primera, los gastos estarán asumidos por el Estado. Las empresas no participarán en el montaje financiero de las medidas, que costarán entre 12 y 15 mil millones de euros. Macron no introdujo ningún dispositivo mediante el cual las empresas y los millonarios contribuyan a este esfuerzo. La segunda, y ello es lo más paradójico, el presidente francés no integró una de las exigencias del país, a saber, la reintroducción del ISF, el impuesto sobre las grandes fortunas que él mismo modificó hasta sacarle todo su sentido y regalarle mucho a los ricos cuando asumió la presidencia en 2017. Esta preservación de los intereses de la alta burguesía ya cuestiona de por sí el conjunto de las medidas anunciadas. En una columna publicada por el diario Le Monde y firmada por el economista Thomas Piketty, el autor del best-seller El Capital en el siglo XXI, el intelectual francés advirtió que “si Macron quiere salvar su mandato debe restablecer inmediatamente el impuesto sobre las grandes fortunas”. Como lo demostró esta crisis, ese es, también según Piketty, una de las grandes deudas del Viejo Continente. El ensayista francés escribe: “la crisis de los chalecos amarillos le plantea a Francia y a Europa una pregunta central: la de la justicia fiscal”. Según datos de la OCDE (Organización de cooperación y desarrollo económico), dentro de este organismo Francia es el país donde la recaudación impositiva es la más alta, 46% de su PIB. Al mismo tiempo, el Estado gasta el 56% de su PIB. La tercera es el tema de las jubilaciones. El congelamiento de las jubilaciones se mantuvo tal como había sido decidido para los próximos dos años.


No había anoche una clara dirección sobre lo que podría ocurrir en las semanas siguientes. El jefe del Estado respondió segmentariamente a lo que le pedía la calles: uno, mejorar el poder adquisitivo, dos reforzar la democracia directa. A lo primero respondió con las medidas, a lo segundo con la promesa de entablar un gran “debate nacional” sobre la ecología o la fiscalidad. El cambio de perfil tanto del presidente como del Ejecutivo ha sido notorio. Se pasó de un estilo “despreciativo y centralista” (reproche permanente de los manifestantes) a algo más aperturista con la promesa de organizar un gran debate nacional sobre las jubilaciones, los transportes, la ecología o la fiscalidad. La inflexión populista se deslizó en las declaraciones del jefe del Estado. Emmanuel Macron quiere “poner a la nación en acuerdo consigo misma”. Para ello destapó una de las ideas que Nicolas Sarkozy utilizó en su mandato: la identidad nacional. Entre los temas de la gran concertación nacional figura el de “la identidad profunda” del país y el de la inmigración. Las primeras reacciones de los chalecos amarillos estaban a medio camino, aunque se percibió anoche cierta desmovilización: “levantamos el pie pero seguimos atentos, “dijo uno de sus líderes. Igual, ya le ganaron, y no sólo en los aumentos. Los gastos ocasionados por esta crisis harán que Francia se salte el 3% de déficit exigido por la Unión Europa. Un símbolo enorme, tanto como ver a un presidente joven y patriarca supremo de la globalización volver sobre los pasos de la identidad nacional.
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Martes, 07 Agosto 2018 09:01

No más fondos privados de pensiones

No más fondos privados de pensiones

Desde el pasado 17 de abril se conformó el movimiento “Con las pensiones no, y Salario mínimo digno”, el que a pesar de contar con unos pocos meses de existencia ya lo conforman una veintena de organizaciones. Ha publicado miles de boletines explicativos, llevado a cabo conferencias y cuatro plantones de varias horas con el propósito de denunciar las lesivas reformas que se fraguan al sistema pensional en los altos círculos financieros, empresariales y en los centros de estudios que les sirven de voceros. El 29 de mayo, el movimiento le dirigió una carta abierta a las confederaciones obreras para instarlas a participar, al lado de muchas otras fuerzas sindicales, cívicas y populares, en un esfuerzo mancomunado por hacer añicos el ruinoso plan que se cierne sobre los asalariados, trabajadores independientes, profesionales y clases medias.

 

El propósito de “revolcar” el sistema de jubilaciones, como sucedió a comienzos de los noventa, lleva varios años. Los ministros de Trabajo de Juan Manuel Santos, Lucho Garzón y Rafael Pardo, avanzaron una propuesta que contenía los elementos esenciales que se discuten actualmente y cuyas directrices han sido trazadas en el plano internacional por la Ocde, el FMI, el Banco Mundial, el BID, la Cepal y en el plano interno por entidades como Anif, Asofondos, Fedesarrollo, el Consejo Gremial y la Comisión del Gasto y la Inversión Pública, quienes porfían en que esta es la primera entre las múltiples urgencias del país.

 

¿Pensiones para la vejez o para el capital?

 

Con su anhelada reforma lo que pretenden es ajustar el sistema de jubilación a las exigencias de tres componentes normativos fundamentales: el Acto Legislativo 03 de 2011 de sostenibilidad fiscal, que inicialmente fue erigido en “principio” constitucional, la Ley 1473 del mismo año, conocida como Ley de Regla Fiscal y, la Ley 819 del 2003 llamada Marco Fiscal de Mediano Plazo.

 

Adecuada articulación de normas que persigue, a su vez, garantizar el estricto pago de la deuda pública, convertido en flamante mandato constitucional, al cual deben sujetarse todas las ramas del poder público, priorizando tal propósito sobre la satisfacción de las necesidades y derechos de la población, bajo el supuesto de lograr “[…] un equilibrio de las finanzas públicas y contribuir a la estabilidad macroeconómica del país […]” (Artículo 1, Ley 1473 de 2011). Con ese propósito, el gobierno nacional se trazó una ruta decreciente anual del déficit estructural en el balance fiscal, que lo obliga a cumplir unas metas de reducción desde el año 2014, y que para esta anualidad debía ser de 1.9 por ciento del PIB o menos y de 1.0 por ciento del PIB o menos en 2022. Dada la inmensa estrechez de tales metas y la imposibilidad de cumplirlas, recientemente fueron ajustadas en 0,5 por ciento.

 

El afán de pagar la deuda pública busca satisfacer las exigencias de las agencias multilaterales y los magnates de los grupos Aval y Grupo Empresarial Antioqueño, propietarios de las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP, Porvenir y Protección, empresas que concentran el 86 por ciento de los 230 billones de pesos que han acumulado desde 1994 los cuatro fondos que hoy concentran el ahorro pensional privado, cifra que equivale a una cuarta parte del PIB nacional; capital con el cual tales grupos han logrado el control de diversas ramas económicas, especulado en las bolsas colombiana y del exterior, y adquirido masivamente deuda pública, mecanismos que parasitan los dineros de los trabajadores, proceso que logran directamente y sin pagar réditos, y que antes de la privatización el Estado recaudaba y eran el soporte del régimen pensional público de prima media.

 

La privatización del sistema, mediante la tristemente célebre Ley 100 de 1993 y sus sucesivas reformas, trajo como primera consecuencia la asfixia del sistema público, pues éste, debido a la oficiosidad de la cúpula política que se prestó a toda maniobra legal o ilegal de los fondos privados, se fue quedando con la casi totalidad de los pensionados, mientras la mayoría de los cotizantes los acaparaban los privados. Hoy Colpensiones tiene a su cargo más de un millón doscientos mil pensionados y únicamente dos millones trescientos cotizantes regulares; mientras que las AFP solo responden por ciento veintiún mil pensionistas, pero apilan más de seis millones de aportantes.

 

Debido a esta extorsión de los agiotistas de la banca, el Estado se ve obligado a recurrir al fisco para cumplir con las mesadas, entonces los usufructuarios del sistema y sus acólitos ponen el grito en el cielo culpando al régimen de prima media, administrado por Colpensiones, de ser, junto con los sistemas pensionales especiales, como los del magisterio, las Fuerzas Militares y la Policía, el causante principal del desbarajuste de las finanzas públicas. Una cuenta elemental fácilmente demuestra que si los más de 6 millones de personas que cotizan a las AFP lo hicieran a Colpensiones, el Tesoro público no tendría que aportar un solo peso para las mesadas y, por el contrario, luego de pagarlas, podría hacer una reserva de varios cientos de miles de millones anuales. Con lo cual quedan sin piso las falacias sobre “bomba fiscal”, “bomba social”, “altos subsidios” mediante las que los financistas y sus “académicos” a sueldo pretenden eliminar o “marchitar” el sistema público.

 

¿Por qué y para qué la reforma pensional?

 

El afán mayor de los magnates deriva de que El Dorado prometido por las AFP ya entró en un irreversible proceso de crisis, hasta el punto de que los traslados de cotizantes hacia Colpensiones vienen creciendo geométricamente; solo en el 2017 se produjeron 133.829 y en el primer trimestre de este año sumaron 33.000. Esta especie de migración masiva permitió que al fondo público ingresaran $6,2 billones nuevos, apreciable suma con la cual se facilitó la financiación del pago de las mesadas del más de millón doscientos mil pensionados que hoy tiene este fondo.

 

Todo ello debido a que cada vez con mayor certeza asalariados, profesionales y clases medias se percatan de la realidad que se esconde detrás de la palabrería sobre grandes rendimientos obtenidos en la cuentas individuales de ahorro, pues consecutivamente sus extractos registran pérdidas cuantiosas, y en años completos (como 2011, 2013 y 2015) “los rendimientos reales reconocidos a los ahorradores afiliados en este régimen han sido negativos y la tasa de rendimiento promedio anual ha disminuido respecto a los primeros años de su funcionamiento” (Stfano Farné, 2018). Además de esto, que las mesadas no sean vitalicias, ni se puedan disfrutar a la edad que se quiera, que disminuyan abruptamente de acuerdo con la expectativa de vida del cónyuge, o si entre los eventuales beneficiarios de la pensión sustitutiva existen personas con discapacidad y, para colmo, que la pensión, en el mejor de los casos, apenas pase del 20 por ciento del último salario, y que las más de las veces no alcance a ser ni la cuarta parte de lo que se obtendría en Colpensiones, alimentan la tendencia a retirarse de las AFP.

 

Conscientes, pues, de que en corto tiempo la avalancha de traslados se hará irrefrenable, los monopolistas –contando con la atávica complicidad de cúpula política– decidieron que para finales del presente año, deben haber convertido en Ley de la República un paquete de medidas que ambientan con una insidiosa arremetida ideológica que aduce, entre otras demasías, que el gasto en pensiones es regresivo financiando a los ricos a costa de los pobres (o al “quintil más pudiente”, es decir a quienes devengan entre 1,5 y 2 salarios mínimos en adelante); que quienes logran jubilarse, luego de 30 o más años de esforzado trabajo y de cotizar regularmente, carguen sobre sus hombros la responsabilidad del déficit fiscal y la baja cobertura del sistema pensional; y de que el 76 por ciento de los mayores de 65 años no reciban ingreso alguno, como lo vienen planteando en diversos análisis, entre otros, Santiago Montenegro de Asofondos, y Leonardo Villar de Fedesarrollo. (Ver, por ejemplo, edición 352 de abril de 2018 de la revista Economía Colombiana, de la Contraloría General de la República)

 

La propaganda mediática

 

La puesta en escena de los pregoneros de la reforma pensional, la primera que se implementará entre las reformas recomendadas por la Comisión del Gasto y la Inversión Pública y la banca multilateral (entre otras como la laboral, tributaria, a la salud, la justicia, etcétera), ha sido cuidadosamente programada desde los anuncios altisonantes hasta los lamentos e invocaciones a la ancianidad desprotegida. La campaña dirigida a preparar la presentación del proyecto ante el Congreso de la República se intensifica día a día. Abundan los seminarios, encuentros, conferencias y demás eventos supuestamente de orden “académico” organizados y controlados por los promotores de la reforma. Como parte de esto, el pasado 6 de junio se llevó a cabo un foro en el cual tomaron parte como expositores, entre otros, Mariano Bosch (de la Unidad de Mercados Laborales del Banco Interamenricano de Desarrollo BID), Juan Carlos Ramírez Jaramillo (Director de la Oficina Cepal Colombia), Leonardo Villar (Director Ejecutivo de Fedesarrollo), Stefano Farné (Académico), Eduardo Lora (Consultor Internacional) y Santiago Montenegro (Presidente de Asofondos).

 

Allí, con estadísticas distorsionadas, acomodadas en el afán de dar sustento a sus premisas y afirmaciones falaces, omitieron deliberadamente dar respuesta a situaciones de orden perfectamente verificable y objetivo, como la acelerada acumulación de recursos por parte de los fondos privados de pensiones, la cual hoy alcanza la fabulosa suma de $230 billones, en contraste con el insignificante monto de las pensiones que ha reconocido, cuya cifra no llega a 50.000, pues el resto corresponde al llamado retiro programado.

 

• Que el Congreso de la República emita una Ley Marco, muy general, tanto que no se ocupe de los “detalles” como semanas de cotización, edad para jubilarse, etcétera, pues tales atribuciones serían otorgadas a un nuevo organismo institucional llamado Consejo Pensional.
• Tal Consejo sería conformado por el Ministro de Hacienda, el Ministro de Trabajo o la Presidencia de Colpensiones, los Representantes de las AFP y dos técnicos o expertos en pensiones. Este Consejo se encargaría de fijar y revisar constantemente los requisitos para obtener la jubilación, establecer de acuerdo con esos parámetros la edad, las semanas de cotización y su monto, teniendo en consideración los cambios demográficos y otros factores.
• Crear una jurisdicción especializada en pensiones, para lo cual habría que “capacitar” a jueces y demás funcionarios de ese ámbito, pues consideran que los actuales “desconocen” la materia.

 

Como se ve, estos comerciantes de la vida y de la muerte no paran mientes en calcular cada moneda de su ganancia, previendo cualquier circunstancia que les impida acrecentar su atesoramiento; la reforma que se proponen sacar adelante les asegura seguir acentuando las exigencias en cuanto su ambición así lo requiera; pues con la creación del Consejo se corre el peligro de que ya no baste con reformar, necesitan un órgano de bolsillo que ostente toda la potestad para cambiarles a los afiliados las reglas del juego. El Consejo pensional podría ser una especie de pequeño Congreso, cuestión que desborda la misma legalidad y desconoce al propio órgano legislativo, el cual por su conformación, con toda seguridad impartirá bendición al catastrófico proyecto, pero no podrá dar vía libre a que se legisle por fuera de su espectro.

 

Solo hay una senda que los colombianos deben empezar a transitar: La movilización como en otras latitudes se ha producido. El capital financiero no puede seguir desangrando la seguridad social en Colombia ni pauperizando a su población. La viabilidad del régimen de prima media y fondo público de pensiones está demostrada. Hay que crear un contrapoder que levante como eje de su lucha la abolición de los fondos privados y rompa la dinámica y la lógica existente, el cual debe incluir no solo a los actuales trabajadores que estén afiliados a cualquiera de los sistemas, sino que logre reunir a la multitud de colombianos que sobreviven en la informalidad, a los desempleados, a los contratados a destajo por labor realizada, a los temporales, porque si no, al final, todos los colombianos seremos convertidos en víctimas.

 

* Comité nacional provisional “Con las pensiones no, Salario mínimo digno”

 


 

Recuadro

 

Sus propuestas, nuestro perjuicio

 

  • Las acá relacionadas son las principales enmiendas propuestas, de las cuales, según sus apetitos o lealtades, cada grupo “académico”, financiero o político, enfatiza unas u otras.
  • Acabar con el régimen de prima media que administra Colpensiones.
  • Establecer un sistema de pilares, obligando a cotizar a los fondos privados a todo aquel que perciba un ingreso superior a un salario mínimo. Este sistema que tiene alta posibilidad de permitir los consensos entre los grupos financieros, aparece como el más idóneo para mantener compulsivamente a una alta porción de los cotizantes en las AFP, quienes recibirían la pensión básica sobre un salario mínimo, la cual sería decreciente en la medida en que con los ahorros extras en las AFP lo primero que se cubriría sería el “subsidio”, equivalente a algo así como el 65 por ciento de la mesada mínima, por lo que solo a partir de aportes basados en ingresos de entre 3,4 y 5 salarios mínimos se podría pensar en pensiones leve y progresivamente superiores al mínimo.
  • Eliminar los subsidios que supuestamente tienen las pensiones del régimen de prima media. Esto significaría el envilecimiento de la totalidad de las mismas, hasta niveles de verdadera indignidad.
  • Subir por lo menos a 65 años la edad de pensión para hombres y mujeres, y aumentarla cada cinco años. Las mujeres serían las más perjudicadas, y eso que los mismos que piden las reformas realizan densísimos estudios sobre la necesidad de realizar “discriminaciones positivas” de género, cuando con medidas como esta se desconoce el desgaste de la mujer en la crianza de los hijos y el cuidado del hogar.
  • Elevar la cotización a 18 por ciento –los dos puntos más a cargo del trabajador.
  •  Aumentar la prima y las comisiones que cobran los fondos privados; y permitir la disminución de la renta vitalicia a cualquier momento.
  • Mientras exista Colpensiones, calcular la pensión con base en el promedio de ingresos de toda la vida laboral y no de los últimos 10 años.
  • Gravar las pensiones superiores a dos salarios mínimos.
  • Permitir que haya pensiones inferiores al salario mínimo, y reducir a 75 por ciento la pensión de los sobrevivientes del pensionado fallecido.
  • Eliminar el régimen especial del magisterio; disminuir los beneficios y aumentar las cotizaciones de Fuerzas Militares y Policía.
  • Intimar a jueces y magistrados a fallar bajo la orientación de los economistas pagos por la banca y de acuerdo con las exigencias de reducir el gasto público en materia social. Santiago Montenegro viene sosteniendo que los fallos de tutela en cuanto a pensiones de sobrevivencia o por discapacidad “están debilitando y poniendo en dudad la viabilidad del sistema pensional (público y privado) e incrementando el déficit fiscal del régimen público y haciendo también inviable la existencia, por ejemplo, del mercado de rentas vitalicias” (Economía Colombiana, edición 352, abril-junio de 2018). Por su lado, la
  • Comisión del Gasto señala que las decisiones judiciales vienen afectando el equilibrio del sistema y que “se debe propender a la unificación de las decisiones jurisprudenciales alrededor del sistema pensional en temas que generan grandes costos al erario público (sic) e incertidumbre a los actores privados del sistema.” (Comisión del gasto y la Inversión Pública, Informe final. Diciembre, 2017).
  • Hacer una reforma laboral que permita contratos sin cotizar para pensión ni pagar el salario mínimo –el cual se propone bajarlo aún más- a cambio de ínfimos aportes a los Beneficios Económicos periódicos, Beps, sistema administrado por Colpensiones que inició su operación a mediados de 2015, destinado a “quienes tienen capacidad de ahorro” pero no alcanzan a cumplir los requisitos para adquirir una pensión, al que también se obligará a cotizar a quienes viven del rebusque y a los trabajadores rurales para, si acaso, obtener “pensiones” de alrededor de $150.000; disminuir los pagos de incapacidades y por recargos dominicales y festivos.
Publicado enColombia
Sábado, 28 Julio 2018 08:35

No más fondos privados de pensiones

No más fondos privados de pensiones

Desde el pasado 17 de abril se conformó el movimiento “Con las pensiones no, y Salario mínimo digno”, el que a pesar de contar con unos pocos meses de existencia ya lo conforman una veintena de organizaciones. Ha publicado miles de boletines explicativos, llevado a cabo conferencias y cuatro plantones de varias horas con el propósito de denunciar las lesivas reformas que se fraguan al sistema pensional en los altos círculos financieros, empresariales y en los centros de estudios que les sirven de voceros. El 29 de mayo, el movimiento le dirigió una carta abierta a las confederaciones obreras para instarlas a participar, al lado de muchas otras fuerzas sindicales, cívicas y populares, en un esfuerzo mancomunado por hacer añicos el ruinoso plan que se cierne sobre los asalariados, trabajadores independientes, profesionales y clases medias.

 

El propósito de “revolcar” el sistema de jubilaciones, como sucedió a comienzos de los noventa, lleva varios años. Los ministros de Trabajo de Juan Manuel Santos, Lucho Garzón y Rafael Pardo, avanzaron una propuesta que contenía los elementos esenciales que se discuten actualmente y cuyas directrices han sido trazadas en el plano internacional por la Ocde, el FMI, el Banco Mundial, el BID, la Cepal y en el plano interno por entidades como Anif, Asofondos, Fedesarrollo, el Consejo Gremial y la Comisión del Gasto y la Inversión Pública, quienes porfían en que esta es la primera entre las múltiples urgencias del país.

 

¿Pensiones para la vejez o para el capital?

 

Con su anhelada reforma lo que pretenden es ajustar el sistema de jubilación a las exigencias de tres componentes normativos fundamentales: el Acto Legislativo 03 de 2011 de sostenibilidad fiscal, que inicialmente fue erigido en “principio” constitucional, la Ley 1473 del mismo año, conocida como Ley de Regla Fiscal y, la Ley 819 del 2003 llamada Marco Fiscal de Mediano Plazo.

 

Adecuada articulación de normas que persigue, a su vez, garantizar el estricto pago de la deuda pública, convertido en flamante mandato constitucional, al cual deben sujetarse todas las ramas del poder público, priorizando tal propósito sobre la satisfacción de las necesidades y derechos de la población, bajo el supuesto de lograr “[…] un equilibrio de las finanzas públicas y contribuir a la estabilidad macroeconómica del país […]” (Artículo 1, Ley 1473 de 2011). Con ese propósito, el gobierno nacional se trazó una ruta decreciente anual del déficit estructural en el balance fiscal, que lo obliga a cumplir unas metas de reducción desde el año 2014, y que para esta anualidad debía ser de 1.9 por ciento del PIB o menos y de 1.0 por ciento del PIB o menos en 2022. Dada la inmensa estrechez de tales metas y la imposibilidad de cumplirlas, recientemente fueron ajustadas en 0,5 por ciento.

 

El afán de pagar la deuda pública busca satisfacer las exigencias de las agencias multilaterales y los magnates de los grupos Aval y Grupo Empresarial Antioqueño, propietarios de las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP, Porvenir y Protección, empresas que concentran el 86 por ciento de los 230 billones de pesos que han acumulado desde 1994 los cuatro fondos que hoy concentran el ahorro pensional privado, cifra que equivale a una cuarta parte del PIB nacional; capital con el cual tales grupos han logrado el control de diversas ramas económicas, especulado en las bolsas colombiana y del exterior, y adquirido masivamente deuda pública, mecanismos que parasitan los dineros de los trabajadores, proceso que logran directamente y sin pagar réditos, y que antes de la privatización el Estado recaudaba y eran el soporte del régimen pensional público de prima media.

 

La privatización del sistema, mediante la tristemente célebre Ley 100 de 1993 y sus sucesivas reformas, trajo como primera consecuencia la asfixia del sistema público, pues éste, debido a la oficiosidad de la cúpula política que se prestó a toda maniobra legal o ilegal de los fondos privados, se fue quedando con la casi totalidad de los pensionados, mientras la mayoría de los cotizantes los acaparaban los privados. Hoy Colpensiones tiene a su cargo más de un millón doscientos mil pensionados y únicamente dos millones trescientos cotizantes regulares; mientras que las AFP solo responden por ciento veintiún mil pensionistas, pero apilan más de seis millones de aportantes.

 

Debido a esta extorsión de los agiotistas de la banca, el Estado se ve obligado a recurrir al fisco para cumplir con las mesadas, entonces los usufructuarios del sistema y sus acólitos ponen el grito en el cielo culpando al régimen de prima media, administrado por Colpensiones, de ser, junto con los sistemas pensionales especiales, como los del magisterio, las Fuerzas Militares y la Policía, el causante principal del desbarajuste de las finanzas públicas. Una cuenta elemental fácilmente demuestra que si los más de 6 millones de personas que cotizan a las AFP lo hicieran a Colpensiones, el Tesoro público no tendría que aportar un solo peso para las mesadas y, por el contrario, luego de pagarlas, podría hacer una reserva de varios cientos de miles de millones anuales. Con lo cual quedan sin piso las falacias sobre “bomba fiscal”, “bomba social”, “altos subsidios” mediante las que los financistas y sus “académicos” a sueldo pretenden eliminar o “marchitar” el sistema público.

 

¿Por qué y para qué la reforma pensional?

 

El afán mayor de los magnates deriva de que El Dorado prometido por las AFP ya entró en un irreversible proceso de crisis, hasta el punto de que los traslados de cotizantes hacia Colpensiones vienen creciendo geométricamente; solo en el 2017 se produjeron 133.829 y en el primer trimestre de este año sumaron 33.000. Esta especie de migración masiva permitió que al fondo público ingresaran $6,2 billones nuevos, apreciable suma con la cual se facilitó la financiación del pago de las mesadas del más de millón doscientos mil pensionados que hoy tiene este fondo.

 

Todo ello debido a que cada vez con mayor certeza asalariados, profesionales y clases medias se percatan de la realidad que se esconde detrás de la palabrería sobre grandes rendimientos obtenidos en la cuentas individuales de ahorro, pues consecutivamente sus extractos registran pérdidas cuantiosas, y en años completos (como 2011, 2013 y 2015) “los rendimientos reales reconocidos a los ahorradores afiliados en este régimen han sido negativos y la tasa de rendimiento promedio anual ha disminuido respecto a los primeros años de su funcionamiento” (Stfano Farné, 2018). Además de esto, que las mesadas no sean vitalicias, ni se puedan disfrutar a la edad que se quiera, que disminuyan abruptamente de acuerdo con la expectativa de vida del cónyuge, o si entre los eventuales beneficiarios de la pensión sustitutiva existen personas con discapacidad y, para colmo, que la pensión, en el mejor de los casos, apenas pase del 20 por ciento del último salario, y que las más de las veces no alcance a ser ni la cuarta parte de lo que se obtendría en Colpensiones, alimentan la tendencia a retirarse de las AFP.

 

Conscientes, pues, de que en corto tiempo la avalancha de traslados se hará irrefrenable, los monopolistas –contando con la atávica complicidad de cúpula política– decidieron que para finales del presente año, deben haber convertido en Ley de la República un paquete de medidas que ambientan con una insidiosa arremetida ideológica que aduce, entre otras demasías, que el gasto en pensiones es regresivo financiando a los ricos a costa de los pobres (o al “quintil más pudiente”, es decir a quienes devengan entre 1,5 y 2 salarios mínimos en adelante); que quienes logran jubilarse, luego de 30 o más años de esforzado trabajo y de cotizar regularmente, carguen sobre sus hombros la responsabilidad del déficit fiscal y la baja cobertura del sistema pensional; y de que el 76 por ciento de los mayores de 65 años no reciban ingreso alguno, como lo vienen planteando en diversos análisis, entre otros, Santiago Montenegro de Asofondos, y Leonardo Villar de Fedesarrollo. (Ver, por ejemplo, edición 352 de abril de 2018 de la revista Economía Colombiana, de la Contraloría General de la República)

 

La propaganda mediática

 

La puesta en escena de los pregoneros de la reforma pensional, la primera que se implementará entre las reformas recomendadas por la Comisión del Gasto y la Inversión Pública y la banca multilateral (entre otras como la laboral, tributaria, a la salud, la justicia, etcétera), ha sido cuidadosamente programada desde los anuncios altisonantes hasta los lamentos e invocaciones a la ancianidad desprotegida. La campaña dirigida a preparar la presentación del proyecto ante el Congreso de la República se intensifica día a día. Abundan los seminarios, encuentros, conferencias y demás eventos supuestamente de orden “académico” organizados y controlados por los promotores de la reforma. Como parte de esto, el pasado 6 de junio se llevó a cabo un foro en el cual tomaron parte como expositores, entre otros, Mariano Bosch (de la Unidad de Mercados Laborales del Banco Interamenricano de Desarrollo BID), Juan Carlos Ramírez Jaramillo (Director de la Oficina Cepal Colombia), Leonardo Villar (Director Ejecutivo de Fedesarrollo), Stefano Farné (Académico), Eduardo Lora (Consultor Internacional) y Santiago Montenegro (Presidente de Asofondos).

 

Allí, con estadísticas distorsionadas, acomodadas en el afán de dar sustento a sus premisas y afirmaciones falaces, omitieron deliberadamente dar respuesta a situaciones de orden perfectamente verificable y objetivo, como la acelerada acumulación de recursos por parte de los fondos privados de pensiones, la cual hoy alcanza la fabulosa suma de $230 billones, en contraste con el insignificante monto de las pensiones que ha reconocido, cuya cifra no llega a 50.000, pues el resto corresponde al llamado retiro programado.

 

• Que el Congreso de la República emita una Ley Marco, muy general, tanto que no se ocupe de los “detalles” como semanas de cotización, edad para jubilarse, etcétera, pues tales atribuciones serían otorgadas a un nuevo organismo institucional llamado Consejo Pensional.
• Tal Consejo sería conformado por el Ministro de Hacienda, el Ministro de Trabajo o la Presidencia de Colpensiones, los Representantes de las AFP y dos técnicos o expertos en pensiones. Este Consejo se encargaría de fijar y revisar constantemente los requisitos para obtener la jubilación, establecer de acuerdo con esos parámetros la edad, las semanas de cotización y su monto, teniendo en consideración los cambios demográficos y otros factores.
• Crear una jurisdicción especializada en pensiones, para lo cual habría que “capacitar” a jueces y demás funcionarios de ese ámbito, pues consideran que los actuales “desconocen” la materia.

 

Como se ve, estos comerciantes de la vida y de la muerte no paran mientes en calcular cada moneda de su ganancia, previendo cualquier circunstancia que les impida acrecentar su atesoramiento; la reforma que se proponen sacar adelante les asegura seguir acentuando las exigencias en cuanto su ambición así lo requiera; pues con la creación del Consejo se corre el peligro de que ya no baste con reformar, necesitan un órgano de bolsillo que ostente toda la potestad para cambiarles a los afiliados las reglas del juego. El Consejo pensional podría ser una especie de pequeño Congreso, cuestión que desborda la misma legalidad y desconoce al propio órgano legislativo, el cual por su conformación, con toda seguridad impartirá bendición al catastrófico proyecto, pero no podrá dar vía libre a que se legisle por fuera de su espectro.

 

Solo hay una senda que los colombianos deben empezar a transitar: La movilización como en otras latitudes se ha producido. El capital financiero no puede seguir desangrando la seguridad social en Colombia ni pauperizando a su población. La viabilidad del régimen de prima media y fondo público de pensiones está demostrada. Hay que crear un contrapoder que levante como eje de su lucha la abolición de los fondos privados y rompa la dinámica y la lógica existente, el cual debe incluir no solo a los actuales trabajadores que estén afiliados a cualquiera de los sistemas, sino que logre reunir a la multitud de colombianos que sobreviven en la informalidad, a los desempleados, a los contratados a destajo por labor realizada, a los temporales, porque si no, al final, todos los colombianos seremos convertidos en víctimas.

 

* Comité nacional provisional “Con las pensiones no, Salario mínimo digno”

 


 

Recuadro

 

Sus propuestas, nuestro perjuicio

 

  • Las acá relacionadas son las principales enmiendas propuestas, de las cuales, según sus apetitos o lealtades, cada grupo “académico”, financiero o político, enfatiza unas u otras.
  • Acabar con el régimen de prima media que administra Colpensiones.
  • Establecer un sistema de pilares, obligando a cotizar a los fondos privados a todo aquel que perciba un ingreso superior a un salario mínimo. Este sistema que tiene alta posibilidad de permitir los consensos entre los grupos financieros, aparece como el más idóneo para mantener compulsivamente a una alta porción de los cotizantes en las AFP, quienes recibirían la pensión básica sobre un salario mínimo, la cual sería decreciente en la medida en que con los ahorros extras en las AFP lo primero que se cubriría sería el “subsidio”, equivalente a algo así como el 65 por ciento de la mesada mínima, por lo que solo a partir de aportes basados en ingresos de entre 3,4 y 5 salarios mínimos se podría pensar en pensiones leve y progresivamente superiores al mínimo.
  • Eliminar los subsidios que supuestamente tienen las pensiones del régimen de prima media. Esto significaría el envilecimiento de la totalidad de las mismas, hasta niveles de verdadera indignidad.
  • Subir por lo menos a 65 años la edad de pensión para hombres y mujeres, y aumentarla cada cinco años. Las mujeres serían las más perjudicadas, y eso que los mismos que piden las reformas realizan densísimos estudios sobre la necesidad de realizar “discriminaciones positivas” de género, cuando con medidas como esta se desconoce el desgaste de la mujer en la crianza de los hijos y el cuidado del hogar.
  • Elevar la cotización a 18 por ciento –los dos puntos más a cargo del trabajador.
  •  Aumentar la prima y las comisiones que cobran los fondos privados; y permitir la disminución de la renta vitalicia a cualquier momento.
  • Mientras exista Colpensiones, calcular la pensión con base en el promedio de ingresos de toda la vida laboral y no de los últimos 10 años.
  • Gravar las pensiones superiores a dos salarios mínimos.
  • Permitir que haya pensiones inferiores al salario mínimo, y reducir a 75 por ciento la pensión de los sobrevivientes del pensionado fallecido.
  • Eliminar el régimen especial del magisterio; disminuir los beneficios y aumentar las cotizaciones de Fuerzas Militares y Policía.
  • Intimar a jueces y magistrados a fallar bajo la orientación de los economistas pagos por la banca y de acuerdo con las exigencias de reducir el gasto público en materia social. Santiago Montenegro viene sosteniendo que los fallos de tutela en cuanto a pensiones de sobrevivencia o por discapacidad “están debilitando y poniendo en dudad la viabilidad del sistema pensional (público y privado) e incrementando el déficit fiscal del régimen público y haciendo también inviable la existencia, por ejemplo, del mercado de rentas vitalicias” (Economía Colombiana, edición 352, abril-junio de 2018). Por su lado, la
  • Comisión del Gasto señala que las decisiones judiciales vienen afectando el equilibrio del sistema y que “se debe propender a la unificación de las decisiones jurisprudenciales alrededor del sistema pensional en temas que generan grandes costos al erario público (sic) e incertidumbre a los actores privados del sistema.” (Comisión del gasto y la Inversión Pública, Informe final. Diciembre, 2017).
  • Hacer una reforma laboral que permita contratos sin cotizar para pensión ni pagar el salario mínimo –el cual se propone bajarlo aún más- a cambio de ínfimos aportes a los Beneficios Económicos periódicos, Beps, sistema administrado por Colpensiones que inició su operación a mediados de 2015, destinado a “quienes tienen capacidad de ahorro” pero no alcanzan a cumplir los requisitos para adquirir una pensión, al que también se obligará a cotizar a quienes viven del rebusque y a los trabajadores rurales para, si acaso, obtener “pensiones” de alrededor de $150.000; disminuir los pagos de incapacidades y por recargos dominicales y festivos.
Publicado enEdición Nº248
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