Lunes, 15 Abril 2019 07:26

Desempleo y salario mínimo

Desempleo y salario mínimo

El desempleo está creciendo. Y es equivocado afirmar que este aumento se debe al mayor salario mínimo.

 

 

En febrero de 2019 la tasa de desempleo fue de 11,8%. Tal y como se observa en la gráfica, es el nivel más alto de los últimos 6 años. Su evolución resalta problemas estructurales de la economía colombiana. Por tanto, la situación actual no debe interpretarse como un fenómeno pasajero.

Entre las causas que están llevando a esta agudización del desempleo, destacan tres. La primera, la creciente dependencia del petróleo y del carbón. Es decir, la consolidación de la economía extractiva. La segunda, el debilitamiento del mercado interno. Las bonanzas llevaron a un deterioro del aparato productivo nacional. La tercera, la acentuación del déficit en la cuenta corriente.

Estos tres argumentos, que son de naturaleza estructural, desvirtúan los análisis que le atribuyen los problemas del desempleo al aumento del salario mínimo, que en el 2018 fue de 6%. Se dice que al subir más que la inflación, que fue de 3,18%, el mínimo ha tenido una incidencia negativa en la generación de empleo. No es cierto que el mayor salario sea el responsable del desempleo. ¡Todo lo contrario! Cuando el salario sube la demanda aumenta, las empresas venden más y el empleo crece. El aumento del salario mínimo por encima de la inflación tiene ventajas porque permite incrementar la demanda y, sobre todo, porque mejora la capacidad de pago, y la calidad de vida de los trabajadores. Cuando le atribuyen al salario mínimo el aumento del desempleo se ocultan fenómenos complejos de la economía colombiana, que pueden ser los determinantes de la pérdida de empleos. Así que los males profundos de la economía han contrarrestado las bondades que podrían haberse derivado del aumento de los salarios.

 

Predominio de la economía extractiva

 

La economía extractiva sigue creciendo, y cada vez gana más relevancia en el PIB y en la estructura de las exportaciones. En el 2017 cerca del 80% de las exportaciones colombianas correspondían a bienes primarios: petróleo, carbón, oro, café, flores y banano. Sobre todo, la economía está sometida al comportamiento de los precios del petróleo y del carbón. Esta reprimarización tiene dos características. 1) El PIB, y el balance fiscal, terminan dependiendo de la variación de los precios del petróleo y de los minerales. Cuando su precio aumenta, las exportaciones crecen. Pero estos movimientos son nominales y no guardan relación con la producción real. Un mayor precio del petróleo eleva el PIB, sin que necesariamente se afecte el volumen de la actividad productiva. Así que altos precios del petróleo y del carbón pueden estar acompañados de mayor desempleo. Estas actividades son intensivas en capital, y por esta razón el mayor valor de las exportaciones de petróleo y carbón, no suele estar acompañado de aumentos significativos en el empleo. En el lenguaje usual se supone, de manera equivocada, que los mayores precios internacionales de los minerales e hidrocarburos siempre favorecen la economía. Se dice que son intrínsecamente buenos. Esta visión además de que es simplista, deforma la realidad.

 

 

La forma como la economía se ha ido reprimarizando se observa bien en el cuadro. En 1965, cuando apenas comenzaba el modelo de sustitución de importaciones, el 73,4% de las exportaciones eran alimentos (café, flores, banano…). Y la partición de petróleo y minerales era de 17,7%. La industria, que apenas representaba el 4,2%, llegó a su punto más alto en 1990, con 16,4%. Esta dinámica de las manufacturas fue el resultado positivo de las políticas diseñadas por la Cepal de estímulo a la industria y de sustitución de importaciones. Recientemente, en el año 2016, el peso de la industria se redujo a 6,2%, y el petróleo y los hidrocarburos subieron a 66,3%. La reprimarización es evidente. Este rubro, más el de alimentos, suma 82,3%.

 

El agotamiento del mercado interno

 

El manejo de las bonanzas del petróleo y los minerales ha sido inadecuada. No se han generado dinámicas autónomas. Los efectos multiplicadores de las economía extractiva han sido mínimos. En otras palabras, no se han sembrado las bonanzas. El país ha renunciado a la reflexión sistemática sobre la forma como los excedentes de las bonanzas se reflejan en un crecimiento de la productividad de la industria y la agricultura nacionales. En lugar de incidir de manera positiva en la producción interna, los altos precios internacionales han estado acompañados de una reducción de la capacidad productiva nacional. La industria y la agricultura se han debilitado. Si estas actividades se ahogan, el empleo no crece. Efectivamente, la bonanza no ha ido a la par con un crecimiento de la productividad de la industria y la agricultura. Sin mercado interno no hay empleo. El mayor desempleo es una expresión del debilitamiento de los sectores manufacturero y agropecuario.

 

La acentuación del déficit en la cuenta corriente

 

En contra de las expectativas del Ministerio de Hacienda, el déficit en cuenta corriente ha aumentado. En el 2018, de acuerdo con el Banco de la República, el desbalance fue de 3,8% del PIB. En el Marco Fiscal de Mediano Plazo se había dicho que este déficit sería del 2,8%. Ello significa que las importaciones continúan siendo mayores que las exportaciones. Esta relación debilita la estructura económica del país. Las bonanzas deberían haber llevado a superávit en la balanza en cuenta corriente. Ha sucedido todo lo contrario.

 

No es el aumento del salario mínimo

 

De acuerdo con los tres puntos anteriores, el desempleo puede estar ocasionado por factores estructurales de una índole muy diferente al aumento del salario mínimo, al que no le pueden atribuir tal realidad.

Frente al impacto del salario se presentan dos visiones. Una, desde la óptica del empresario, supone que los menores salarios se reflejan en una mayor ganancia, en un incremento de la inversión, y en más empleo. Esta perspectiva es rechazada por los autores que siguen a Keynes, para quien es bueno que el salario suba porque la capacidad de compra aumenta, la demanda crece y los empresarios contratan más trabajadores. Así que el aumento del salario es compatible con un crecimiento del empleo. Pero para que ello sea posible se requiere corregir los males estructurales que han debilitado la actividad económica nacional.

 

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13 de abril de 2019

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Las futbolistas colombianas desatan una revolución

Las “superpoderosas” rompen el silencio, denuncian la discriminación y ganan el pulso a los directivos para salvar la liga femenina

A las futbolistas colombianas, que en las últimas semanas desataron su propia revolución contra el machismo, las apodan desde hace años “las chicas superpoderosas”. Resultados para exhibir no les faltan. La mejor generación del fútbol femenino en Colombia estalló en la última década, un periodo en que la tricolor logró dos subcampeonatos de la Copa América en 2010 y 2014, así como sendas clasificaciones a Mundiales en 2011 y 2015 y a los Juegos Olímpicos en 2012 y 2016. Con su gesta en Canadá 2015, que incluyó una sorprendente victoria 2-0 sobre Francia, Colombia se mantiene como el único país hispanohablante que ha superado la fase de grupos de un Mundial femenino.


Con esos antecedentes, a comienzos de 2017 se disputó el primer partido profesional de la liga femenina. El Independiente Santa Fe, primer campeón del fútbol masculino en 1948, ganó también la primera final de mujeres. La ‘leonas’ se coronaron frente al Atlético Huila en su estadio, El Campín de Bogotá, ante una asistencia récord de más de 30.000 espectadores. Huila tuvo resonantes revanchas. Primero ganó la segunda edición de la liga y, el pasado diciembre, encabezado por Yoreli Rincón, la diez de Colombia, la Copa Libertadores femenina, al derrotar en penales al Santos de Brasil. Para los que solo lo seguían a la distancia, el fútbol femenino parecía encarrilado en Colombia, con recientes pero sólidas raíces. Sin embargo, debajo de la superficie, las futbolistas enfrentaban un entorno hostil en medio de condiciones laborales indignas. Y decidieron romper el silencio.


Las internacionales Isabella Echeverri y Melissa Ortiz, becadas en Estados Unidos, publicaron en sus redes sociales el pasado 18 de febrero un video que sacudió el mundo del fútbol y desató un pulso con los directivos. Denunciaban abundantes irregularidades en el manejo de la selección femenina: la federación no les pagaba, tenían que cubrir sus propios tiquetes y gastos médicos, sus uniformes eran viejos o usados y a las jugadoras que se atrevían a hablar las vetaban. Se sentían amenazadas, temían que no las volvieran a convocar, pero no estaban dispuestas a callar. “Ya no tenemos miedo”, dicen al final del video, que no tardó en hacerse viral.


Sus denuncias despertaron una oleada de solidaridad. En un país donde el movimiento del Me Too estuvo precedido por la campaña No es hora de callar, las denuncias de las ‘superpoderosas’ resonaron con fuerza. El lema Más fútbol, menos miedo se convirtió en tendencia. Y la bola de nieve se agrandó con denuncias de acoso sexual en las selecciones juveniles.


La mayor damnificada de los vetos fue Daniela Montoya, de 28 años, la primera colombiana en anotar un gol en un Mundial, precisamente en Canadá 2015. La mediocampista salió de las convocatorias por año y medio luego de reclamar los premios prometidos por clasificar a octavos de final, lo que le costó su sueño de jugar los Olímpicos de Río 2016. Un viejo rumor que se vino a comprobar con un audio que hace parte del voluminoso dossier en el que la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) documentó los abusos. Uno de los momentos más emotivos de estas semanas de polémica llegó cuando Echeverri, de 24 años, le pidió perdón a Montoya en nombre de sus compañeras por no apoyarla cuando la vetaron.


Con el argumento de la poca rentabilidad económica, los directivos del fútbol colombiano respondieron con la propuesta de convertir la liga femenina en una competencia semiprofesional, con límite de edad de 23 años, e insinuaron que las mayores de 25 no volverían a ser convocadas a la selección. El anuncio fue ampliamente considerado como discriminatorio, machista y con ánimo de represalia. Mientras se celebraba el Día Internacional de la Mujer con marchas en distintos países el pasado 8 de marzo, las futbolistas colombianas estaban sumergidas en una batalla por impedir que se diluyera su liga profesional.


Sus condiciones laborales indignas son ilustrativas. En Colombia se han dado avances en igualdad de género, pero persiste la discriminación, sin siquiera profundizar en la violencia machista. Las mujeres nunca han alcanzado la presidencia, y apenas un 12 % de los gobiernos locales están en manos de alcaldesas. La brecha salarial de género, por ejemplo, se mantiene en 19%, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).


Incluso la FIFA y la Conmebol rechazaron y condenaron los casos de acoso sexual y laboral denunciados las últimas semanas, y los futbolistas de la selección absoluta de mayores, encabezados por astros como James Rodríguez y Falcao García, se solidarizaron con sus colegas y exigieron investigaciones. Las “superpoderosas” consumieron sus maratónicas jornadas en reuniones con la Vicepresidenta de la República, Marta Lucia Ramírez; el Defensor del Pueblo, Carlos Negret; y la ministra de Trabajo, Alicia Arango. El acompañamiento terminó por rendir frutos, y la asamblea de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), tras una intervención de Echeverri como portavoz de las deportistas, anunció esta semana una comisión para hacer viable la tercera edición de la liga femenina, a disputarse desde agosto. “Le devolvimos el trabajo a muchas mujeres que lo estaban esperando, y para mí eso es lo más importante”, valora Echeverri. “Esperemos que el fútbol femenino en Colombia siga creciendo”

 


Acoso sexual


Pocos días después de las primeras denuncias sobre el entorno laboral, una fisioterapeuta y dos jugadoras de la selección femenina sub 17 señalaron por acoso sexual al entrenador, Didier Luna, y el preparador físico, Sigifredo Alonso, durante las concentraciones previas al Mundial de Uruguay, celebrado en noviembre de 2018. La fiscalía ya investiga los casos. La polémica sobre el acoso en el fútbol se avivó y extendió esta semana, cuando tres exárbitros colombianos afirmaron que sus superiores los acosaban y les pedían favores sexuales como condición para ascender en su carrera.

 

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Reconocer derechos de mujeres, esencial para el desarrollo

Desde principios del siglo XX, marzo ha sido un mes clave para las luchas por los derechos de las mujeres, quienes, a pesar de los persistentes obstáculos, han alcanzado enormes logros en la búsqueda por garantizar su autonomía física, económica y en la toma de decisiones.

En América Latina y el Caribe las mujeres han sido capaces de sobrellevar obstáculos, organizarse y construir una mirada regional, a la vez que han participado activamente en los debates globales. A pesar de todos esos esfuerzos, la desigualdad de género continúa siendo un rasgo estructural de la región.


En nuestros países, la discriminación y la violencia contra las mujeres se mantiene como problemática que se manifiesta en los hogares, en los espacios públicos, en los lugares de estudio y de trabajo y que impacta de manera decisiva en sus posibilidades de generar ingresos propios, emprender, superar la pobreza y desarrollarse profesional y personalmente.
Hoy, en nuestro continente, la pobreza tiene aún rostro de mujer: por cada 100 hombres en esa condición hay 118 mujeres que no logran traspasar la línea de las privaciones. Un tercio de las latinoamericanas (29 por ciento) no logra generar ingresos y es económicamente dependiente. Además, cerca de la mitad no tiene vínculo con el mercado laboral.


No obstante, más allá de los esfuerzos por reducir la brecha salarial en décadas recientes, las mujeres perciben salarios 16.1 por ciento menores a los de los hombres en la misma condición.


Esta brecha se acentúa en las mujeres con mayores años de estudios.


En materia de autonomía física, el fenómeno extremo del feminicidio ha sido imposible de detener en la región y tampoco muestra señales de disminución, a pesar de los importantes avances normativos y de política pública.


Al menos 2 mil 795 mujeres fueron asesinadas en 2017 por razones de género en 23 países de la región, según datos oficiales recopilados por el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la Cepal.


La tasa de fecundidad en adolescentes es una de las más altas del mundo, solamente superada en países de África subsahariana. En general, las naciones latinoamericanas y caribeñas poseen una tasa de maternidad en adolescentes que está por encima de 12 por ciento, dato que tiende a ser más expresivo en el grupo de adolescentes de menores ingresos y menor nivel educativo.


En cuanto a la autonomía en la toma de decisiones, algunos procesos electorales en la región han permitido contar con una mayor presencia de mujeres en los parlamentos. No obstante, las mujeres siguen subrepresentadas en los espacios de toma de decisión.


Los datos más recientes muestran que ellas son solamente la cuarta parte entre los ministros de Estado y que su participación en los gabinetes suele concentrarse en carteras de carácter social y cultural, más que en las referidas a la materia económica.


Además, según los indicadores para el seguimiento y monitoreo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la región cuenta con 29.2 por ciento de concejalas electas en gobiernos a escala local.


En la Cepal tenemos la convicción de que la desigualdad de género, además de ser injusta, es profundamente ineficiente y es un obstáculo que conspira para alcanzar el desarrollo sostenible.


Por ello, en esta nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer, insistimos en la urgencia de reconocer los derechos de las mujeres y la igualdad como elementos centrales y transversales de toda acción del Estado para fortalecer la democracia y para un desarrollo inclusivo y sostenible.

Por Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal

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Miércoles, 27 Febrero 2019 06:57

Mutaciones del capitalismo

Mutaciones del capitalismo

Una pregunta en la Grecia clásica, cercana al asombro de Aristóteles en su visión sobre la naturaleza de las cosas, era la siguiente: ¿qué es lo que hace que las cosas perduren en el tiempo y que no se desintegren mientras discurrimos sobre ellas? En su Metafísica, el pensador griego marcó varias importantes líneas de análisis que sería bueno recuperar. Para colocar esa interrogante en otros términos, ¿cómo podemos saber cuando un objeto ha perdido su esencia y se ha transformado en otra cosa?

Es una pregunta rica en posibilidades cuando la dirigimos al capitalismo. ¿Hasta dónde puede mutar el capitalismo sin que se convierta en un sistema social distinto? La pregunta puede parecer extraña, porque estamos acostumbrados a pensar que el capitalismo solamente es capaz de cambiar radicalmente como por una crisis o una revolución. Es menos común pensar en esos cambios graduales, de tiempo lento, que poco a poco transforman la esencia de un objeto hasta desfigurarlo y convertirlo en algo irreconocible.


El capitalismo, como todas las formaciones sociales, está siempre en evolución. Ya sabemos que las fuerzas que dieron cuerpo al capitalismo como formación social muestran que el capitalismo es una organización social de producción, distribución y consumo históricamente determinada. Y así como tuvo un origen agrario en la Inglaterra del siglo XVII, hoy el capitalismo se está transformando en algo que podría dar nacimiento a un conjunto de relaciones sociales esencialmente diferentes en el futuro cercano.


Hoy, la evolución del capitalismo está marcada por dos fuerzas de dimensiones históricas. La primera tiene que ver con la relación salarial que está en el corazón del capitalismo y es la base sobre la cual se erige el vínculo de explotación y la fórmula de su circulación monetaria.


Pero en los pasados 50 años la función del salario en el capitalismo se ha ido distorsionando. El estancamiento de los salarios en la mayor parte de las economías desarrolladas es resultado histórico de la lucha contra la tendencia a la caída de la tasa de ganancia. La lucha en contra de las instituciones que la clase trabajadora pudo erigir en defensa del salario, ya sea mediante el desmantelamiento de sindicatos o de procesos como la subcontratación, ha llevado a una profunda deformación de la relación salarial.


Desde principios de los años 1970 el estancamiento de los salarios, tanto en Estados Unidos como en Europa, trajo aparejada una transformación en la estructura del capitalismo: el salario ha dejado de ser la principal referencia para la reproducción de la fuerza de trabajo. Hoy, el crédito se ha convertido en instrumento clave para asegurar la regeneración de la clase trabajadora y para mantener su nivel de vida.


En la actualidad no sólo existe un fuerte rezago salarial y un problema de insuficiencia para la clase trabajadora. También estamos en presencia de un cambio cualitativo por el endeudamiento. Es claro que el vínculo salarial tiene un estatuto esencialmente diferente al del crédito en la reproducción social. Actualmente, debido al creciente endeudamiento el capital financiero puede apropiarse de una parte del ingreso de los trabajadores. Y así se consuma un doble golpe contra la clase trabajadora: estancamiento salarial y extracción financiera.


La expansión del sector financiero es la segunda fuerza que está dejando una profunda huella sobre las relaciones capitalistas de producción. El endeudamiento finalmente se ha convertido en un componente especialmente importante en la reproducción de todo el sistema productivo. Pero, además, la racionalidad de la esfera de las finanzas, en donde se pasa directamente de una masa de dinero a una cantidad mayor de dinero sin transitar por la producción, ha terminado por contagiar a empresas y asalariados con el virus del enriquecimiento instantáneo. La especulación y el uso de las hojas de balance para apuntalar la rentabilidad son dos resultados de este proceso.


En el contexto de una tasa de ganancia a la baja en el sector no financiero, la sed de rentabilidad es saciada cada vez con más fuerza mediante la especulación. El fenómeno de la financiarización está estirando al capitalismo y lo ha estado transformando desde hace ya más de cuatro décadas.


Es obvio que el hecho de que el capitalismo esté mutando y deformándose no necesariamente significa que estaremos pasando a una formación social más justa y benigna. La deformación del modo de producción capitalista conlleva varios peligros. La inestabilidad internacional ya es considerable debido a la lucha por la hegemonía monetaria, comercial y militar. Pero si además le agregamos la fractura que puede producirse con estas mutaciones del capitalismo, los riesgos pueden incrementarse de manera exponencial.


El capitalismo podría perder su esencia por un rompimiento del vínculo salarial o por el exceso que significa la financiarización. Las fuerzas políticas de la izquierda deben estar atentas a estas mutaciones y sus efectos.


Twitter: @anadaloficial

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La creciente rebelión popular frente al neoliberalismo: Amazon en Nueva York

Hace unos días apareció en la portada de los mayores rotativos a los dos lados del Atlántico Norte una noticia que cayó como una bomba; veamos lo que ha ocurrido y la noticia que generó. Durante varios meses, una de las principales empresas tecnológicas del mundo, Amazon (dirigida por el hombre más rico del mundo), había anunciado que abriría una nueva sede en el distrito de Queens, en la ciudad de Nueva York, prometiendo generar nada menos que 25.000 nuevos puestos de trabajo. Queens es el distrito más pobre de la ciudad (que es mucho más extensa que su distrito más rico, Manhattan, que es en general la parte de Nueva York más visitada y prácticamente la única conocida por la gran mayoría de turistas que visitan esta ciudad). La inversión de Amazon en Queens iba a renovar, cambiar y modernizar significativamente aquella parte de la mayor urbe de EEUU. El establishment político neoyorquino, incluyendo el gobernador del Estado de Nueva York, el Sr. Cuomo (que a nivel popular había pasado a conocerse, en lugar de Andrew Cuomo, como Amazon Cuomo, del Partido Demócrata) así como el nuevo alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, dirigente del ala progresista del Partido Demócrata, había ofrecido todo tipo de incentivos, incluidos incentivos fiscales (equivalente a un subsidio de más de 3 mil millones de dólares), para atraer a Amazon y que viniera a establecerse a Queens, creando empleo y reavivando aquella parte de la ciudad. Las encuestas señalaban que, aun cuando casi la mitad de los encuestados en la ciudad de Nueva York consideraban el subsidio público excesivo, estaban de acuerdo con el plan que había diseñado y promovido el Partido Demócrata de aquel Estado y de la ciudad para atraer a Amazon.


Invito al lector a pensar qué ocurriría si, en una ciudad como Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla o cualquier otra gran ciudad de España, el establishment político de dicha ciudad hubiera visto la oportunidad de atraer a Amazon a su urbe con la posibilidad de crear empleo (la frase que se utiliza más comúnmente para apoyar tales inversiones). Es más que probable que, al menos hasta hace poco, los establishments políticos y mediáticos (y sobre todo aquellos de orientación liberal) estuvieran movilizándose por tierra, mar y aire para conseguirlo. Parecería lógico, razonable y deseable que así ocurriera.


Amazon, sin embargo, se retiró. ¿Por qué?


Ahora bien, hace solo unos días, el 14 de febrero, la noticia bomba en primera página de los mayores rotativos a los dos lados del Atlántico Norte fue que Amazon anunciaba que no iba a establecer la sede ni en Queens, ni en ninguna otra parte de Nueva York, debido a la oposición que había encontrado entre la población y los representantes políticos del distrito más directamente afectado por el establecimiento de la sede de Amazon.


En realidad, hubo una gran oposición entre amplios sectores de Queens y sus representantes políticos. Y la razón es fácil de entender. La gente que actualmente vive en Queens no se habría beneficiado. Al contrario, le habría perjudicado. Así pues, los vecinos no compartieron la euforia del establishment político-mediático, debido a varias causas. Una es que Amazon es una empresa tecnológica, de las más conocidas por su resistencia y agresividad contra la sindicalización de sus trabajadores y empleados. Tal empresa es el prototipo de empresa neoliberal, citada como modelo por los economistas neoliberales. En las negociaciones con los sindicatos Amazon no solo mostró su fuerte oposición a que sus empleados se sindicalizaran (indicando que preferían tener una relación individual y personal con sus empleados), sino que insistió en que se opondría a que los sindicatos intentaran acceder a sus trabajadores, así como a que hubiera elecciones para que los empleados pudieran votar tener un sindicato, y anunció además que tomaría represalias contra sus empleados que intentaran hacerlo. Es más, al analizar otras dimensiones características de Amazon, se ve que es una empresa que está muy en contra de pagar impuestos y utiliza su gran influencia política y mediática para promover una cultura anti-impuestos (desde el de rentas personales al impuesto de sociedades), empobreciendo las arcas de la autoridad pública del barrio, distrito o Estado, como ha ocurrido en la ciudad de Seattle, donde tiene la otra sede. Por otra parte, los empleados mejor pagados de tal empresa no proceden, por lo general, del barrio o distrito donde se encuentra la sede, una zona que se gentrificaría rápidamente, lo que acabaría por expulsar a sus actuales vecinos de donde han vivido siempre. En realidad, con el anuncio de que Amazon se establecería en aquel distrito, los precios de la propiedad y del alquiler subieron espectacularmente, lo cual habría implicado un cambio profundo en las características sociales, de comercio y de política fiscal de la zona, todas ellas desfavorables a los ya residentes en él. La “renovación” y “modernización” del distrito se habrían hecho a costa de la “expulsión de la población que ahora vivía en él”. Esta situación está sucediendo ya en todas las principales ciudades a los dos lados del Atlántico Norte.
La gentrificación de los barrios obreros


Lo que es nuevo es que la población se está rebelando contra el establishment político republicano y demócrata neoliberal, que se siente amenazado por un movimiento al que demonizan denominándolo “populista” y que se está extendiendo no solo en Queens y en Nueva York, sino también a lo largo de EEUU y también de Europa. Entre sus dirigentes está la nueva congresista Alexandria Ocasio-Cortez, que representa a una parte de Queens y el Bronx en el Congreso de EEUU. Este movimiento utiliza el eslogan “sí se puede cambiar la situación”, semejante al “sí se puede” del 15-M en España. En su Twitter, Alexandria Ocasio-Cortez subrayó que “en contra de lo que ellos quieren que te creas, todo es posible”. Y en el día en el que Amazon se retiró afirmó que “hoy es el día en el que un grupo de personas normales y corrientes, gente común, ciudadanos de Nueva York y sus distritos y barrios, han derrotado la avaricia sin límites de la corporación Amazon, la explotación de sus trabajadores y el poder del hombre más rico del mundo”. Su oposición amplia y contundente (los vecinos del distrito tomaron las salas de la cámara del parlamento neoyorkino durante las sesiones en las que se discutía el caso Amazon) al establishment político-mediático le ha generado una gran simpatía popular, facilitada por la enorme arrogancia mostrada por Amazon en sus relaciones con los políticos locales de la zona, a los cuales ni siquiera quiso ver, asumiendo que serían los primeros en acogerlos cuando en realidad fueron los que más se les opusieron. Nadie tomó en serio a los vecinos del distrito hasta que se movilizaron. Uno de sus pósteres denunciaba el contraste entre, por un lado, los planes que Amazon, con la ayuda del gobierno de la ciudad, estaba desarrollando para construir pistas de aterrizaje para los helicópteros de los ejecutivos de esta empresa, –y el deterioro tan acentuado del metro de Queens, por el otro.


Algo parecido ha estado ocurriendo en las grandes ciudades de España. En Barcelona, Ada Colau y el movimiento vecinal que lideró ganaron las elecciones municipales –en contra de todas las predicciones oficiales- como resultado del enfado popular frente a los intereses financieros que estaban destruyendo los barrios populares, haciendo imposible el acceso a la vivienda por parte de la población común. Ello explica la enorme hostilidad de los medios y de las derechas (y algunas izquierdas confusas) hacia su mandato. En este sentido, es importante señalar que en la cobertura de la retirada de Amazon de Nueva York la gran mayoría de los rotativos españoles que han informado sobre ello han presentado la versión de los hechos dada por Amazon y el establishment político-mediático de la ciudad de Nueva York. En ninguna parte se ha presentado la versión de lo ocurrido por parte de las clases populares. Un ejemplo más del enorme sesgo a favor del statu quo, con falta de vocación crítica, de la cultura mediática hegemónica en España (incluyendo Catalunya). Así de claro.

febrero 25, 2019

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 De izquierda a derecha, Alex Caputo-Pearl, Austin Beutner y Eric Garcetti anuncian el acuerdo. Richard Vogel AP

El alcalde de la segunda ciudad más poblada de EE UU se presenta como facilitador de un pacto "histórico" que pone la presión en el sistema de financiación estatal de las escuelas públicas


La mayor huelga que ha visto Los Ángeles en tres décadas terminará previsiblemente este miércoles después de que el sindicato de profesores y la autoridad escolar de la ciudad anunciaran un acuerdo provisional para solucionar el conflicto. El acuerdo fue anunciado este martes por la mañana después de una última jornada de negociación que duró 21 horas y acabó pasadas las seis de la madrugada. Termina así una huelga que ha dejado sin clase a medio millón de alumnos durante seis días lectivos.


La huelga de los profesores, en defensa de la educación pública, se venía gestando desde hacía meses y se hizo efectiva el pasado lunes. El segundo distrito escolar más grande de Estados Unidos tiene un alumnado en su mayoría latino y con pocos recursos, y aun así los profesores lograron que solo el 30% de los alumnos fueran a clase el primer día. El apoyo a los profesores fue creciendo durante la semana pasada y la huelga fue presentada como un símbolo de la defensa de la educación pública en general, más allá de las reivindicaciones salariales. El distrito escolar calculó que las pérdidas fueron de 125 millones de dólares en los primeros cuatro días.


“Hemos visto a toda la ciudad salir a apoyar la educación pública”, dijo este martes por la mañana el alcalde, Eric Garcetti, al anunciar el acuerdo, que calificó de “histórico”. La ciudad estadounidense, la segunda más poblada del país, no había visto una huelga indefinida de profesores desde hacía 30 años. “Es momento de empezar un nuevo día en la educación pública de Los Ángeles”.


Garcetti se erigió el pasado sábado en mediador entre el sindicato de profesores (UTLA, que representa a 34.000 profesores) y la autoridad escolar de la ciudad (Lausd, independiente del poder político y con 900 colegios públicos). Limpió su agenda y citó a las partes en su propio despacho, donde se han llevado a cabo las negociaciones durante todo el fin de semana. El acuerdo, presentado por los firmantes como una apuesta por la educación pública sin precedentes recientes que se puede tomar como ejemplo para el resto del país, es un importante capital político para Garcetti, en un momento en que está valorando presentarse a presidente de Estados Unidos.


Los protagonistas del acuerdo dieron pocos detalles del mismo. A lo largo de la tarde iba a ser distribuido entre las asambleas de profesores para que lo ratificaran en votación. Los profesores obtienen un 6% de aumento salarial. Pero el líder del sindicato UTLA, Alex Caputo-Pearl, destacó que el punto más relevante es eliminar una provisión que permitía al distrito escolar saltarse los límites en el número de alumnos por clase. Las clases en Los Ángeles se sitúan fácilmente alrededor de los 35 alumnos. Según Caputo-Pearl, el acuerdo hará que en los próximos tres años esa cifra baje hasta 7 u 8 alumnos por clase, una de las principales demandas.


Austin Beutner, comisionado del distrito escolar, insistió en que el problema no es la defensa de la educación pública sino el presupuesto. “Siempre hemos estado de acuerdo en los objetivos, el problema es como pagarlo”. Las escuelas públicas de California se financian principalmente con presupuestos estatales que reparte Sacramento. Los Ángeles recibe 16.000 dólares por alumno al año, mientras la ciudad de Nueva York (el distrito escolar más grande del país) recibe 20.000, aseguró Beutner.


La macrohuelga indefinida iba más allá de los detalles. Se trataba de encontrar un compromiso para aumentar en general y de forma sostenida la inversión en educación pública. California tenía hace 40 años las mejores escuelas públicas del país. Existe el consenso en que la revolución antiimpuestos de finales de los años 70 destruyó el sistema impositivo y eso afectó gravemente a los colegios, que hoy están entre los últimos de Estados Unidos. Las partes agradecieron al nuevo gobernador de California, Gavin Newsom, su disposición a liberar nuevos recursos para educación y se comprometieron a aportar futuras medidas que permitan más inversión. “No podemos resolver 40 años de fala de inversión en unos pocos días”, dijo Beutner.

 

Por PABLO XIMÉNEZ DE SANDOVAL
Los Ángeles 23 ENE 2019 - 02:45 COT

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Viernes, 04 Enero 2019 06:59

Miseria y desigualdad en Colombia

Miseria y desigualdad en Colombia

Como el segundo país más desigual de América Latina aparece Colombia, donde el hambre y la miseria junto a los altos índices de criminalidad y difícil acceso a la educación y a la salud son hechos cotidianos para el grueso de su población.


Pese a ser Colombia uno de los principales aliados de Estados Unidos en la región, el dinero que le entrega la Casa Blanca va destinado al sector militar y no a resolver las necesidades de millones de ciudadanos pobres.


A Colombia las últimas administraciones norteamericanas y en especial la actual presidida por el magnate Donald Trump le han asignado la tarea de ser el principal actor contra la República Bolivariana de Venezuela, porque funcionaría como base logística y de agresión armada contra Caracas que ha decidido defender su independencia y se ha negado a instaurar un sistema neoliberal como exige Washington para la región.


Recordemos que en suelo colombiano están establecidas siete bases norteamericanas que cuentan con gran poder militar ubicadas en Apiay, Malambo, Cartagena, Palenguero, Tulemaida, Larandida y Bahía Málaga.


Después del recorrido realizado por el secretario de Estado norteamericano, Red Tillerson por México, Perú, Argentina, Colombia y Jamaica con el manifiesto propósito de incrementar las presiones económico-financieras contra Venezuela, el presidente colombiano Juan Manuel Santos inició conversaciones con el FMI, el BID y el BM para que cuando Caracas cambie o sea derrocado su gobierno, se apruebe un plan de rescate por 60 000 millones de dólares.


Esa información la ofreció el ministro de Hacienda colombiano, Mauricio Cárdenas quien agregó que a su país le gustaría tener un papel más destacado en Venezuela en caso de que se dé un cambio de gobierno tal como afirmó Tillerson en Austin, Texas antes de comenzar su periplo por América Latina.


Paradójicamente, los mismos organismos financieros con los cuales Santos quiere lograr una supuesta ayuda para Venezuela, confirman que Colombia vive una situación delicada, por ser una de las naciones más desiguales del mundo y la segunda de Latinoamérica.


Esto se debe a que el 20 % de los ingresos del país están concentrados en el 1 % de la población mientras la mitad de esas entradas la recibe solo el 10 %.
La política de expulsión de campesinos y de poblaciones indígenas bajo amenazas y asesinatos ha provocado que el 1 % de las familias ricas y empresas transnacionales sean dueñas del 81 % del territorio nacional.


Un informe presentado en la 62 sesión del Comité del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, DES, de las Naciones Unidas, denuncia que de los 43 millones de personas en el país, 22 millones sobreviven en condiciones de pobreza


El documento asevera que el despojo generado por los desplazamientos permitió que entre 1980 a 2016 más de 7.4 millones de hectáreas cambiaran de dueños, lo cual profundizó el modelo de propiedad de tierra desigual.


Una de las denuncias más importantes es que a partir del 2002 hay un incremento en el otorgamiento de títulos mineros e hidrocarburos que se elevan a 4.9 millones de hectáreas a cambio de favores a funcionarios estatales, que ha provocado el quebrantamiento de grupos indígenas y graves afectaciones medioambientales. Privatizaciones indiscriminadas bajo el régimen neoliberal.


El Fondo de Naciones Unidas para la Educación y la Infancia (UNICEF) reveló que uno de cada diez niños sufre desnutrición crónica en ese país andino, mientras el Instituto Nacional de Salud advirtió que cada semana mueren al menos cinco menores a causa de la desnutrición.


Desde enero hasta de noviembre de 2016, en la Guajira fallecieron 66 niños por hambre, pertenecientes al pueblo indígena Wayúu. En la última década, en Colombia han muerto aproximadamente 2 000 niños y niñas por este mismo motivo.


Al igual que todos los gobiernos que aplican al pie de la letra las más estrictas leyes neoliberales, los ricos en Colombia pagan menos impuestos.
En cuanto a los empleos, el 64 % de los colombianos lo hacen en la informalidad, el 18 % bajo relaciones laborales ilegales, mientras que el 89 % de los asalariados rurales carece de protección social. Además, el 47.1 % de los trabajadores ganan menos del salario mínimo legal.


Las privatizaciones se extendieron por todos los sectores: bancario, empresas inmobiliarias, servicios de agua, alcantarillado, educación, salud, seguros, minería.
Con la entrada en vigor el 15 de mayo de 2012 del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, se aceleró la fuga de capitales, la destrucción ambiental; aumentó la privatización de servicios esenciales como educación, agua, electricidad y salud; se incrementó la desigualdad y el trabajo precario; se redujo la producción alimentaria con la entrada de mercancías subsidiadas procedentes de Estados Unidos, y sobre todo, se perdió la soberanía económica y política de la nación.
A todas estas desventajas sociales y económicas, se suma una violencia histórica que ni con la firma de los acuerdos de La Habana se han podido resolver ya que continúan los asesinatos a líderes sociales, desplazamientos forzados, hechos violentos, incumplimiento de acuerdos con sindicatos y falta de garantías para las protestas pacíficas.


Aunque el presidente Santos, con toda la maquinaria de los medios de comunicación occidentales que lo apoyan, trate de que ocurra un cambio de sistema en la República Bolivariana cuyo gobierno ha beneficiado a la mayoría menos favorecida de Venezuela, los datos que ofrece Colombia son la antítesis de lo que los pueblos latinoamericanos desean: atención educacional, salud, bienestar social y paz.


Hedelberto López Blanch, periodista, escritor e investigador cubano, especialista en política internacional.

Publicado enColombia
Lunes, 10 Diciembre 2018 07:38

El salario, más que mínimo, vital

Fernando Molina

En Colombia, ¿permite el salario mínimo vivir en dignidad a quien lo devenga? La pregunta, pertinente en tanto cada año por estos días se da cita la Mesa de concertación laboral, tiene respuesta conocida: un quejido lastimero, desprendido de una vida, muchas vidas, de cientos de miles, de quienes no tienen para malvivir más que la venta de su fuerza de trabajo, cerca de 1.800.000 que en nuestro país devengan 781.242 pesos más los 88.211 de subsidio de transporte, menguado recurso del cual también se valen su núcleo familiar para pasar el día a día. Un millón de pensionados también viven al límite bajo tal ingreso, lo que obliga a muchos de ellos a proseguir por otras vías su esfuerzo laboral.


El mundo del trabajo en nuestro país es de una inmensa precariedad: integrada la población económicamente activa por 25 millones de personas, 12 millones de la misma labora en la informalidad, 6,5 millones cuentan con empleo precario y el 9,5 por ciento está desempleada (2.370.000 personas). El 85 por ciento del total de quienes trabajan gana menos de dos salarios mínimos. El 50 por ciento de este conjunto de hombres y mujeres, que cada día tienen que salir a vender su fuerza de trabajo, recibe por la misma un ingreso inferior al salario mínimo. Un 15 por ciento (3.740.000 personas), parte constitutiva de la llamada clase media, devenga más de dos salarios mínimos y debe cubrir una canasta básica familiar (CBF) que asciende a $ 3.200.000 pesos. No es casual, por tanto, que el país cuente con 13 millones de pobres por ingresos insuficientes, y que al mismo tiempo registre como el segundo más desigual de la región y el séptimo en todo el mundo (1).


Para quienes obtienen el salario mínimo, el trabajo y la remuneración correspondiente no están en equilibrio y ésta no se corresponde con el nivel de las necesidades que implican el costo de la CBF, estimada en 1.300.000 pesos, mucho menos para hacer realidad un mínimo vital, como lo estipula la propia Carta Constitucional en su artículo 53, así como el artículo 112 del Estatuto del Trabajo (2). El mínimo vital se entiende como el ingreso requerido por una persona para cubrir todas aquellas necesidades básicas que le demanda la existencia misma, y así poder vivir en dignidad, sin carencias y limitantes en techo, vestido, alimento, salud, educación, recreación, cultura, y tantos otros aspectos que todos tenemos que atender sin restricciones para no sentirnos negados o excluidos, como lo estipula la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948 (Ver informe especial).


Es claro que en el país el salario mínimo recibido por los trabajadores rasos no corresponde a este mínimo vital y escasamente alcanza para lo más básico que requiere el trabajador, a fin de reproducir su fuerza de trabajo, así como para que su cónyuge y su prole estén bajo un techo seguro y tengan un plato en la mesa que satisfaga las demandas de energía esencial que requiere su cuerpo, de modo que funcionen al límite, pero no para mucho más. En estas condiciones, la posibilidad de recreación y descanso, de asistir a una sala de cine o a una obra de teatro, a un parque a recrearse, de ir a otras partes de su país y del mundo, quedan como lujos, añoranzas, sitios y sucesos que escasamente la televisión creará como falsa ilusión de gozar y conocer.


No es extraño, por tanto, que en cada familia dos o más de sus integrantes tengan que vender su fuerza de trabajo para responder por las demandas de cada día, como tampoco que uno o varios de ellos deban laborar no 8 horas del día sino 12, 14 o más, en uno o en varios trabajos, tal vez uno de ellos estable y tras cumplir con su jornada formal salir a desplegar oficios varios por cuenta propia.


De esta manera, de ser el trabajo un derecho por ejercer libremente, entendido como espacio de realización personal y colectiva, y oportunidad para poner en práctica saberes y compartir con otros en pos de un mundo mejor, un espacio, por tanto, de satisfacción diaria ante las circunstancias en que es llevado a cabo, termina siendo todo lo contrario: un espacio que niega sueños y capacidades; una rutina diaria a la cual se asiste por obligación pero no por mucho más.


Esta realidad nos enfrenta a una de las derrotas inocultables vividas por la clase obrera, pero también por el conjunto social en la última parte del siglo XX: tener que trabajar más de 8 horas diarias. Tres ochos, y entre ellos 8 horas de trabajo, fue la divisa por la cual se batieron miles de miles en el siglo XIX, reglamentada como triunfo en 1919, luego de la Primera Guerra Mundial, en el Tratado de Versalles, presionados los poderes tradicionales de entonces para ello por las acciones de la Revolución Soviética, que la instituyó como beneficio para su población, obligando al capitalismo a copiar y así neutralizar la ofensiva obrera de la época.


Otra derrota vendría en el curso de este mismo siglo, también para el conjunto social: la idealizada liberación de la humanidad que propiciaría la tecnología, creando todas las condiciones para la reducción de la jornada de trabajo y facilitando, así, la “pereza” como derecho y espacio para la creación libre y colectiva, abriendo todas las condiciones para dejar atrás la alienación que acompaña la venta de la fuerza de trabajo.


Como lo constatan en su día a día los millones que no tienen otra opción que salir al mercado laboral a vender lo único que tienen, ahora no sólo se trabajan más de 8 horas diarias sino que, además, el nivel de productividad de quien ejecuta algún oficio es mucho mayor que lo aportado por sus pares de hace 50 o más años, generando, por consiguiente, mayor plusvalía a su patrón. No son casuales, entonces, los niveles de rentabilidad que hoy conoce la humanidad y los de concentración de la riqueza, todo ello potenciado por la especulación en los mercados y la financiarización que cruza al sistema social como un todo.


Pero esa situación de precariedad no parece aún suficiente para el capital. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, repitiendo un ‘mantra’ que lo acompaña desde las épocas en que estuvo al servicio del gobierno de Álvaro Uribe, insiste en que “el salario mínimo en Colombia es un chiste, ridículamente alto, y debe ser reducido”, para lo cual utiliza un recurso retórico con disfraz de argumento técnico, esgrimido por la Ocde: la distancia entre el salario mínimo y el promedio de los salarios del país es muy estrecha. Dado que el salario promedio está alrededor de 1.250.000 pesos, los 869.453 pesos del salario mínimo actual (salario directo más subsidio de transporte) son un valor muy cercano al 70 por ciento, mientras que en México ese porcentaje es del 29,4 por ciento, en Chile asciende hasta el 47,4 por ciento y en un país europeo como España es aproximadamente del 37 por ciento.


Bueno, sí, ¿pero eso qué significado tiene si es que puede asignársele alguno? Al esgrimir las cifras, lo que, por ejemplo, no nos cuentan es que en España menos del uno por ciento de los asalariados percibe dicho salario mínimo, pues la remuneración de la mayoría es considerablemente superior, mientras que en Colombia al menos una tercera parte de los asalariados devenga el mencionado salario mínimo.


Ahora, si en un ejercicio de lógica suponemos que todos los asalariados devengan el salario mínimo, el valor de éste sería igual al promedio; es decir, representaría el ciento por ciento de tal promedio. ¿Sería ese un dato que permita afirmar que es un salario alto? No, evidentemente, pues, si hablamos en términos de salarios relativos, tan solo podemos decir que son mayores o menores a determinado dato tomado como parámetro. Altos o bajos son adjetivos que, en el caso de las remuneraciones, únicamente empiezan a tener sentido si los medimos en términos de satisfacción de necesidades y de reproducción del conjunto material de la sociedad.


En otras palabras, afirmar que la distancia entre el salario promedio y el mínimo debe ser elevada porque sí, sin más elementos argumentales, no es más que una “trampa cazabobos” que, o bien es resultado de la perversión del entendimiento o de la intencionalidad, y en cualquiera de los casos no es más que el proceder de las lógicas convencionales del “pensamiento único”, que ha tenido como resultado el indiscutido aumento de las asimetrías sociales que hoy nadie sensato niega. En cifras, lo que propone el Ministro enriquecido con los bonos de agua, es decir, con significativas dentelladas al presupuesto de los pequeños municipios del país, es que el salario de la tercera parte de colombianos pobres sea reducido a un valor de 256.000 pesos si nos guiáramos por el porcentaje mostrado para México, o de 321.000 si lo hiciéramos por el de España.


Otros derechos al desagüe


Desde la década de los 80 del siglo pasado, la participación de los salarios en la renta nacional está en descenso en todo el mundo. En Estados Unidos, donde la participación salarial registró tradicionalmente un índice elevado, los salarios han decaído del 66 al 60 por ciento en los últimos 35 años, en una tendencia que da muestras de acelerarse. La desregulación y la flexibilización laboral han tenido un papel importante y desastroso en ese hecho. Problemas como el abaratamiento del despido, la práctica desaparición de la negociación colectiva –sustituida por la negociación individual del trabajador con la empresa– y contratos como los de “cero horas”, en los que, aunque el trabajador debe estar disponible en todo momento para trabajar, su tiempo de labor y de remuneración queda limitado a los intervalos en los cuales la empresa quiera utilizarlo, han aumentado a tal grado la volatilidad de los ingresos de las personas, hasta el punto en que hoy son muy pocos los trabajadores que tienen seguridad sobre el monto por percibir en un período.


El fin del modelo fordista, en el cual el empleo industrial y las organizaciones de trabajadores de ese sector jalonaban al conjunto de los asalariados por mejores condiciones laborales, no ha podido ser asimilado, quizá porque no ha sido lo suficientemente entendido, debilitando la correlación de fuerzas sociales en contra de los grupos subordinados. El retroceso de la sindicalización es uno de sus efectos y ha dado lugar a que, en las negociaciones, la debilidad sea una de las constantes que conducen a perder todavía más conquistas, cosechadas décadas atrás.


En este panorama, presentar el salario como hecho nefasto para el crecimiento, y el aumento de las ganancias como la cara buena y aceptable del asunto, fue un triunfo ideológico de la economía convencional que hoy es esgrimido y aceptado como si habláramos de un axioma. El principio de la respuesta está en remarcar que la fuerza de trabajo es una “mercancía ficticia” y que el salario, presentado como su “precio”, no es otra cosa que un malabarismo social para dejar a los trabajadores a merced del capital, y a la sociedad en grave riesgo de una distopía, tal como lo exponía Karl Polanyi a comienzos de la segunda mitad del siglo XX: “La supuesta mercancía llamada ‘fuerza de trabajo’ no puede ser manipulada, usada indiscriminadamente, o incluso dejarse ociosa, sin afectar también al individuo humano que sea el poseedor de esa mercancía peculiar. Al disponer de la fuerza de trabajo de un hombre, el sistema dispondría incidentalmente de la entidad física, psicológica y moral que es el ‘hombre’ al que se aplica ese título. Privados de la cobertura protectora de las instituciones culturales, los seres humanos perecerían por los efectos del desamparo social; morirían víctimas de una aguda dislocación social a través del vicio, la perversión, el crimen y la inanición” (3).


Por tanto, el salario, así se quiera velar su naturaleza, es una categoría de la distribución del ingreso social y, por más que la economía convencional insista en presentar su valor ‘ideal’ como dato técnico, lo cierto es que, como hecho social que mide la participación de los trabajadores en el producto nacional, su definición resulta ser de carácter político y refleja el poder real de los asalariados. La imposición por decreto del salario mínimo como una constante, en la que el valor fijado por el gobierno colombiano no ha hecho más que ratificar las posiciones de los empresarios, es simple reflejo del inexistente peso de los trabajadores en la estructura del Estado.


En estas condiciones, la Mesa de concertación laboral, para que no reproduzca –como hasta ahora lo hace– el ritual anual de tire y afloje de un salario mínimo que no garantiza ni el propio sentido de lo estipulado en la Carta Constitucional, y que no compromete sino a una minoría de la población económicamente activa, debiera pasar por alto la discusión concerniente al salario mínimo, y adentrarse en la realidad y la complejidad del país y del mundo del trabajo hoy realmente existente.


Es necesario, entonces, discutir otros modelos de jornada laboral por iniciativa de quienes representan a la clase trabajadora, de suerte que las 8 horas de trabajo pasen a ser cosa del pasado, dándoles paso a jornadas de 6 o menos horas, como resultado concreto de la mayor productividad que hoy se tiene en el trabajo, pero también como opción para quebrar el desempleo estructural que registra el país. Como resultado concreto, menos horas de labor sin reducción de la remuneración salarial total.


De igual modo, se impone la discusión sobre cómo avanzar hacia un modelo de país en el cual la justicia y la felicidad sean dos de sus premisas fundamentales, como crear industria urbana y rural de distinto tipo; con especificaciones por región, grupos humanos, cultura y saberes; ambientalmente amable, y con capacidad para satisfacer el mercado interno y cubrir una parte del externo.

Serían una industria y un modelo laboral por potenciar que acojan la participación directa, con voz y voto de quienes asisten a un puesto de trabajo, en forma tal que su labor no sea sólo operar una máquina o dinamizar un proceso cualquiera sino, además, participar controlando y dirigiendo la razón misma de ser de la empresa a la cual está integrado. Y, por esta vía, participar del diseño del tipo de país que requerimos.


Sería ésta una discusión con patrones y gobierno para construir modelos propios que permitan dejar atrás el desempleo estructural que afecta a Colombia, a la par de romper la informalidad laboral, el subempleo, el desempleo disfrazado, y, con todo ello, los salarios precarios e insuficientes, creando condiciones reales para que el mínimo percibido cada mes pase a ser vital.


Tal polémica tripartita, con iniciativa obrera, permitiría comprometerse en encontrar fórmulas para superar la desigualdad social que postra a millones de connacionales, excluidos, negados en un continuum de desarrollos sociales que hoy pudieran servir para que todos vivamos mejor, no sólo unos cuantos, y así realizar, por fin, el potencial de la ciencia y la tecnología como productoras y multiplicadoras de saberes para liberar a la humanidad de la esclavitud del trabajo. Como prolongación de ello, oportunidad para elevar la capacidad creadora de mujeres y hombres y –¡cómo no!– vía para la redistribución de los bienes que deben ser de todos, sentando así las bases para la justicia, la libertad y la solidaridad efectivas.


La discusión sobre el salario mínimo, como la han llevado hasta ahora, es un debate anual ritualizado, por superar. Validos de la iniciativa alternativa hay que desnudar ante el país los privilegios de que gozan los más ricos a todo nivel, como efecto directo del control que ejercen del poder, y de un mundo del trabajo reglamenetado de acuerdo a sus requerimientos. Hay que impedir, así, que prosiga la discusión esteril sobre el alza en uno o dos puntos más de la tasa de inflación, cerrando así el paso a propuestas como las de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) el pasado 26 de octubre, al aprovechar la instalación de la Mesa de concertación de política salariales y laborales, y sentar de una en el 4 por ciento su apuesta de reajuste del salario mínimo para 2019 (4), dejando claro que, a pesar de ser el sector que más gana en el país, nada quieren saber de salario vital y de posibilidad de vida digna para las mayorías, mucho menos de redistribuir riqueza ni de construir un país de todos y para todos.


Es una iniciativa y un debate pertinente que exigiría adelantarse en el curso, por lo menos durante todo un año, con mesas y submesas desplegadas por todo el país, en que sindicalizados y no sindicalizados, trabajadores por contrato a término indefinido y reglados por otro tipo de éste, subempleados y desempleados, deliberen y dibujen el país que realmente requerimos, presentando ante su contraparte el debate sobre la justicia social como imperativo para el futuro y para el ahora.


Sería una saludable confrontación de modelos de país por llevarse a cabo, además, en barrios y veredas, allí donde millones tienen hoy sus pequeños talleres y negocios de mercadeo, quebrando por esa vía la estructura sindical tradicional, dinamizando y dándole sentido de actualidad a esa histórica forma organizativa que en Colombia, por diferentes motivos, nunca ha logrado representar a las mayorías.


Temas, todos ellos, y otros más, sobre los que no habrá concertación ni cercanía de ningún tipo, pero vitales de encarar para diseñar entre los de abajo el país que deseamos. Debate y acción necesarios para retomar la iniciativa obrera y tejer una bandera de múltiples colores bajo la cual arropar a los 25 millones que conforman la población económicamente activa del país (con beneficio extendido para el total de quienes habitan este territorio, parte del sistema mundial), fuerza suficiente para hacer realidad el sueño de que el trabajo no sea factor de opresión sino de libertad.

 

1. La República, 16 de noviembre de 2017, https://www.larepublica.co/economia/segun-el-banco-mundial-colombia-es-el-segundo-pais-mas-desigual-de-america-latina-2570469.
2. Art. 112. Salario mínimo vital y móvil. Salario mínimo vital es aquel que percibe el trabajador como contraprestación y será el adecuado para atender las necesidades del trabajador y las de su familia en el orden material, moral y cultural; y móvil para proteger su poder adquisitivo frente a las fluctuaciones de la economía. Con todo, la remuneración mínima, vital y móvil aumentará en consideración a la cantidad y calidad del trabajo.
3. Polanyi Karl, La gran transformación: los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo, F.CE., México, D.F, 2003. p. 123.
4. “Presidente Duque busca una concertación laboral”, en Mintrabajo es noticia, http://www.mintrabajo.gov.co/prensa/mintrabajo-es-noticia/2018/-/asset_publisher/nMorWd1x7tv1/content/presidente-duque-busca-una-concertacion-laboral.

Asumió López Obrador con la promesa de cambio

Propuso bajar el precio de los combustibles, subir el salario mínimo, otorgar diez millones de becas a estudiantes y crear cien universidades públicas. También, contratar a 2,3 millones de jóvenes como aprendices pagos en empresas.

 

El nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, asumió ayer el enorme desafío de impulsar un cambio radical en el país que acabe con la corrupción, la impunidad y la inseguridad al tiempo que aplicaría costosas medidas sociales en beneficio de las clases más desfavorecidas. La magnitud del reto es descomunal por los graves problemas que arrastra México con un 43 por ciento de la población en situación de pobreza a lo que se une un sistema de corrupción público y privado que atenaza el crecimiento y desarrollo del país.
La ceremonia se realizó en la sede de la Cámara de Diputados, donde el diputado Porfirio Muñoz Ledo colocó la banda presidencial que antes el mandatario saliente, Enrique Peña Nieto, le había entregado al legislador y ex alcalde de la Ciudad de México, al igual que su amigo López Obrador. “No tengo derecho a fallar”, afirmó el nuevo presidente en su discurso, en el que prometió además trabajar 16 horas, reunirse con su gabinete a partir de las seis de la mañana y trabajar sin descanso. “El poder político y económico se han nutrido mutuamente y se ha implantado como modus operandi el robo de los bienes del pueblo y de la nación”, afirmó.


López Obrador, de 65 años, prometió también someterse a una consulta de revocación dentro de dos años y medio para que el pueblo decida si prosigue su mandato o se vuelve a casa. Entre las promesas se incluyen, por ejemplo, bajar el precio de los combustibles, construir una nueva refinería de petróleo, otorgar diez millones de becas a estudiantes y crear cien universidades públicas. También, contratar 2,3 millones de jóvenes como aprendices remunerados en empresas, aumentar la pensión de adultos mayores al doble y con carácter universal, dar un millón de pensiones por discapacidad y ayudas sociales a las clases más necesitadas y sin intermediarios. También prometió aumentar el salario mínimo y dijo que no volverá a fijarse por debajo de la inflación.


López Obrador apuesta que todo ello lo conseguirá con un trabajo desmedido y la confianza absoluta en el pueblo mexicano. A ello se suma acabar con la violencia en un país con casi doscientos mil asesinatos en los últimos seis años y un poder de los carteles del narcotráfico cuyos tentáculos llegan a todo el país. El nuevo mandatario se comprometió a crear una nueva Guardia Nacional para combatir la inseguridad y la violencia en México.


“A partir de ahora se llevará a cabo una transformación pacífica y ordenada, pero al mismo tiempo profunda y radical, porque se acabará con la corrupción y la impunidad que impiden el renacimiento de México”, subrayó ante un pletórico Congreso, dominado por su partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).En su discurso de investidura, López Obrador prometió resolver los males del país comenzando por la corrupción y la impunidad, además de hacer inversiones millonarias en proyectos de infraestructuras y aplicar programas sociales para los jóvenes y las clases más desfavorecidas.


Todo ello, además, con la promesa de no aumentar la deuda pública del país, que se ha multiplicado de manera exponencial en los últimos 18 años.


López Obrador arremetió en su discurso contra las políticas neoliberales de las ultimas décadas que han provocado, aseguró, “un desastre y una calamidad” para el país, causal de una “inmunda corrupción pública y privada”. Las recetas del nuevo presidente para tamaña empresa se basan en una mezcla de medidas distributivas y la apuesta de imponer la decencia en la toma de decisiones para acabar con la corrupción.


La austeridad es parte de la marca política de López Obrador: desde vender el avión presidencial para viajar en vuelos regulares a la rebaja de un 40 por ciento en su sueldo o garantizar que será castigado de inmediato cualquiera de su Gobierno, comenzando por su familia, que comenta la mínima felonía.


El entusiasmo y la fe de sus seguidores era palpable ayer durante la ceremonia de cambio de mando. Frente a ello permanece el escepticismo de la población que no votó por su partido, Morena, que propugna políticas de izquierdas y de beneficio a los más desfavorecidos. Frente a la reserva de empresarios y una parte de la población, López Obrador recibió ayer el enorme respaldo internacional al acudir a la ceremonia de investidura la mayor representación internacional que ha asistido a la toma de posesión de un presidente mexicano.
Desde el vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, la hija del presidente Donald Trump, Ivanka, al rey Felipe VI de España y los presidentes de Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Cuba y otros representantes de más de 50 países, incluyendo la vicepresidenta argentina Gabriela Michetti, le dieron a López Obrador un fuerte respaldo.


También acudió a la ceremonia el poderoso e influyente empresario mexicano Carlos Slim, considerado uno de los hombres más ricos del mundo. Cuando López Obrador agradeció la presencia de los representantes extranjeros y nombró al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (quien no se encontraba en el recinto), varios personas presentes en la sala empezaron a gritar “dictador, dictador”.


López Obrador se mostró convencido del éxito de su gestión. “Nos vamos a convertir en una potencia económica mundial y, sobre todo, en un país modelo que habrá de demostrar al mundo que acabar con la corrupción es posible”, concluyó.

 

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El Partido Comunista Chino contra las leyes laborales chinas

Xi Jinping inicia su visita a España mientras en China 32 obreros y activistas permanecen arrestados, incomunicados o desaparecidos por organizar un sindicato independiente en su centro de trabajo, una figura reconocida en las leyes de este país asiático.

 

Xi Jinping se presenta a sí mismo como un hombre del pueblo, en sintonía con las necesidades y aspiraciones de quienes se han quedado fuera del milagro económico chino. En el XIX Congreso del Partido, celebrado en 2017, habló de la “principal contradicción” en la sociedad china como aquella entre “el desarrollo inadecuado y desequilibrado y las necesidades siempre crecientes de una vida mejor”. Sin embargo, el presidente ha ido concentrado un poder creciente en sus manos y derribado límites para el mandato presidencial. El acuerdo implícito se basaba en que usaría esta autoridad aumentada para romper el poder de los grupos de interés arraigados en beneficio de la gente común. 

Pero los recientes desarrollos en la provincia de Guangdong sugieren que puede haber otra contradicción más profunda: aquella entre un Gobierno cada vez más dictatorial de Xi y su deseo de mejorar la vida de la gente pobre.


En mayo de 2018, un grupo de trabajadores de Shenzhen Jasic Technology Co (Jasic) comenzó a responder a los diversos esfuerzos de la compañía para engañarlos sobre su debida compensación, mediante el establecimiento de un sindicato de empresa, un derecho que garantiza la ley china. Pero en lugar de recibir apoyo del Gobierno, los trabajadores y sus aliados se han encontrado con el desprecio oficial, despidos, represión violenta, detenciones policiales y cargos legales espurios.


El Gobierno chino siempre ha recelado del sindicalismo independiente, un temor que se ha intensificado en los últimos años. Las centrales unidas a la federación de sindicatos de toda China, vinculada al Gobierno (ACFTU, por sus siglas en inglés), son las únicas autorizados por el Estado. Los sindicatos independientes han sido suprimidos hace mucho. Además, tras una severa represión, en diciembre de 2015, las ONG laborales independientes se han visto gravemente afectadas y sus trabajadores se han quedado sin recursos organizativos.
Ante el conflicto en Jasic, los trabajadores se quejaron ante la federación sindical del distrito, que inicialmente respondió que los trabajadores podían organizar una unidad de nivel empresarial para ayudar a abordar sus preocupaciones. Siguiendo el consejo de la federación sindical, los trabajadores decidieron establecer un sindicato en el lugar de trabajo y recogieron las firmas de 89 trabajadores para apoyar este esfuerzo.


Estas acciones fueron coherentes con la ley sindical de China. El artículo 10 de la ley establece que los sindicatos en el lugar de trabajo deben establecerse en las empresas, mientras que el artículo 11 estipula que el establecimiento de sindicatos en el lugar de trabajo “se presentará a la organización sindical en el siguiente nivel superior para su aprobación”.
Sin embargo, en lugar de ayudar y guiar a los trabajadores a formar un sindicato, en julio, la federación sindical hizo un requiebro y, en virtud de un deber especificado por la Ley de Sindicatos, afirmó que el esfuerzo de los trabajadores era ilegal. Jasic también denunció el intento de sindicalización y despidió a seis obreros en represalia.


A medida que el caso recibía mayor atención nacional, la campaña obtuvo el apoyo de los trabajadores de fábricas cercanas y estudiantes universitarios de todo el país. Sin dejarse intimidar por la hostilidad oficial, los trabajadores de Jasic continuaron protestando contra la fábrica, exigiendo su derecho a formar un sindicato. En lugar de responder a sus solicitudes legítimas, el 27 de julio, el Gobierno arrestó a 29 activistas, incluyendo a trabajadores de Jasic, trabajadores solidarios de otras fábricas y estudiantes, acusándolos de “problemáticos y buscapleitos”, un cargo delictivo que a menudo utiliza el Gobierno para reprimir las protestas.


Aunque fue un movimiento iniciado por los trabajadores, algunas ONG se vieron envueltas en la represión. Un empleado y el representante legal de Dagongzhe, una ONG laboral con sede en Shenzhen, fueron arrestados y detenidos por la policía bajo la misma acusación. Sin ninguna evidencia, la agencia de noticias Xinhua, controlada por el Estado, utilizó como cabeza de turco a Dagongzhe y a la ONG de Hong Kong Empoderamiento Obrero como responsables de las acciones colectivas de los trabajadores de Jasic. Finalmente, el 24 de agosto, el Gobierno desplegó a la policía antidisturbios para reprimir a los trabajadores y sus partidarios, y arrestó a más de 50 personas.


Algunos de ellos fueron liberados, pero a partir del 4 de septiembre, cuatro trabajadores de Jasic fueron acusados oficialmente. Otros once trabajadores y estudiantes de apoyo estaban bajo vigilancia, encarcelados o habían desaparecido.


Sin duda, los trabajadores de Jasic no son los primeros que han tratado de formar sindicatos en el lugar de trabajo de acuerdo con la ley laboral y se han topado con represalias del Gobierno y la patronal. Basándonos en nuestras investigaciones previas en China, desde 2010 trabajadores de numerosas fábricas en la provincia de Guangdong han solicitado la ayuda de federaciones sindicales de nivel superior cuando intentan establecer sindicatos de empresa.


Sin embargo, los sindicatos de nivel superior generalmente se han aliado con las empresas y no han apoyado a los trabajadores. Solo ante las incesantes exigencias de los trabajadores, algunos sindicatos de distrito han apoyado la solicitud de los trabajadores de formar sindicatos. Las quejas de los trabajadores sobre la intromisión de la patronal en la sindicalización han sido tomadas con indiferencia u hostilidad por parte de los altos mandos del sindicato.


Como en el caso de Jasic, muchas compañías han tenido manga ancha para llevar a cabo acciones en represalia contra los esfuerzos de los trabajadores por organizarse, tales como asignarles la tareas menos deseables, suspenderles de sus funciones o degradarles.


Esta imposibilidad del sistema para permitir a los trabajadores asegurar sus derechos legales en un sindicato es particularmente problemática dados los innumerables conflictos laborales del país. El Gobierno chino parece estar al tanto de que una reforma sindical puede ayudar a estabilizar las relaciones laborales. Para hacer a la federación ACFTU y a sus afiliados más responsables de las quejas de los trabajadores, durante el año 2000, el Gobierno apoyó la sindicalización en los centros de trabajo, especialmente entre las más grandes empresas extranjeras. Después de la ola de huelgas en 2010, el Gobierno trató de fortalecer la organización de sindicatos de empresa, junto con la implementación de unas elecciones sindicales piloto en el lugar de trabajo y convenios colectivos.


El intento de los trabajadores de Jasic de establecer un sindicato simplemente reflejó lo que el propio Gobierno ha estado defendiendo. Si los trabajadores toman la iniciativa de mejorar su bienestar de manera compatible con la ley, no hay razón para reprimirlos y los funcionarios deben trabajar activamente para hacer cumplir un entorno laboral legal.


Sin embargo, en el entorno político cada vez más represivo iniciado por el mandato de Xi, cualquier esfuerzo dirigido por los trabajadores se considera potencialmente desestabilizador. Si hacemos caso a las palabras a Xi, garantizar salarios y prestaciones decentes es un aspecto importante para abordar el “desarrollo desequilibrado” que tanto le preocupa.


Sin embargo, sin algún tipo de organización dentro del lugar de trabajo, los empleadores probablemente se sentirán capacitados para seguir engañando a los trabajadores sobre sus salarios y prestaciones, poniendo en cuestión su búsqueda de una mejor vida. Como lo reconoce la ley china, los trabajadores necesitarán cierta capacidad organizativa para perseguir sus propios intereses, ni siquiera el dictador más poderoso puede llegar a todos los lugares de trabajo en un país de 1.400 millones.

La lista de los 32 activistas represaliados


• Mi Jiuping, trabajador de Jasic, acusado de delito penal y a la espera de juicio desde julio.
• Yu Juncong, acusado de delito penal y a la espera de juicio desde julio.
• Liu Penghua, acusado de delito penal y a la espera de juicio desde julio.
• Li Zhan, acusado de delito penal y a la espera de juicio desde julio.
• Shen Mengyu, graduado en la Universidad Sun Yat-sen, desaparecido forzoso desde agosto.
• Yue Xin, graduada de la Universidad de Peking, desaparecida forzoso desde agosto.
• Gu Jiayue, graduado de la Universidad Peking, en arresto domiciliario desde agosto.
• Xu Zhongliang, graduado de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Beijing, en arresto domiciliario desde agosto.
• Zheng Yongming, graduado de la Universidad Agrónoma de Nanjing, en arresto domiciliario desde agosto.
• Shang Kai, editor del medio de izquierdas HongSeCanKao, detenido en agosto.
• Fu Changguo, empleado del centro de los trabajadores “Da Gong Zhe”, detenido desde agosto
• Yang Shaoqiang, graduado de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Beijing, en arresto domiciliario desde agosto.
• Tang Jialiang, estudiante de posgrado del Instituto de Tecnología de Beijing, detenido a principios de septiembre
• Wu Lijie, editor del medio izquierdista HongQi, detenido el 24 de octubre.
• Zhang Shengye, graduado de la Universidad de Peking, detenido el 9 de noviembre en Beijing.
• Sun Min, graduado de la Universidad de Peking, detenido el 9 de noviembre en Guangzhou.
• Zong Yang, graduado de la Universidad de Peking, detenido el 9 de noviembre en Beijing.
• Liang Xiaogang, trabajador solidario, detenido en Shanghai el 9 de noviembre.
• Tang Xiangwei, trabajador solidario, detenido en Wuhan el 11 de noviembre.
• Zheng Shiyou, trabajador solidario, detenido en Wuhan el 11 de noviembre.
• Zheng Yiran, graduado de la Universidad de Peking, detenido el 9 de noviembre en Beijing.
• Lu Daxing, graduado de la Universidad de Ciencias y Tecnologías de Nanjing, detenido el 9 de noviembre en Beijing.
• Li Xiaoxian, graduada en Medicina China en la Universidad de Nanjing, detenida el 9 de noviembre en Beijing.
• He Pengchao, graduado de la Universidad de Peking, fundador del Centro Social Obrero Qing Ying Dreamworks, detenido el 9 de noviembre en Beijing.
• Wang Xiangyi, graduada de la Universidad de Peking, fundadora del Centro Social Obrero Qing Ying Dreamworks, detenida el 9 de noviembre en Shenzhen.
• Jian Xiaowei, graduado en la Universidad de Remin, personal del Centro Social Obrero Qing Ying Dreamworks, detenido el 9 de noviembre en Shenzhen.
• Kang Yanyan, graduado de la Universidad de Ciencias y Tecnologías de Beijing, personal del Centro Social Obrero Qing Ying Dreamworks, detenido el 9 de noviembre en Shenzhen.
• Hou Changshan, graduado en la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, personal del Centro Social Obrero Qing Ying Dreamworks, detenido el 9 de noviembre en Shenzhen.
• Wang Xiaomei, graduada en la Universidad de Ciencias de la Información y Tecnología de Nanjing, personal del Centro Social Obrero Qing Ying Dreamworks, detenida el 9 de noviembre en Shenzhen.
• He Xiumei, simpatizante del Centro Social Obrero Qing Ying Dreamworks, detenida el 9 de noviembre en Shenzhen.
• Zou Liping, miembro de un sindicato local, detenido el 9 de noviembre en Shenzhen.
• Li Ao, miembro de un sindicato local, detenido el 9 de noviembre en Shenzhen.

 

Revista Jacobin

Traducido por Luisa Cervantes

publicado
2018-11-27 13:16:00

Artículo original: Jacobin Magazine

Publicado enInternacional
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