Ecuador recortará 4 mil mdd al gasto fiscal por la pandemia del Covid-19

Quito. Ecuador, en crisis económica por la pandemia de coronavirus, recortará 4 mil millones de dólares en el gasto fiscal mediante la reducción de la jornada laboral de los empleados públicos, la eliminación de ministerios, entidades estatales, embajadas y consulados, pero ofrecerá mil millones de dólares para la reactivación privada, anunció ayer el presidente Lenín Moreno.

Agregó que son medidas "para evitar el derrumbe de la economía nacional... el país jamás ha enfrentado una situación tan grave: Ecuador dejará de recibir 8 mil millones de dólares por los estragos de la emergencia, además de los 4 mil millones de déficit del presupuesto general del Estado".

Destacó que sumadas todas las guerras y desastres naturales que ha sufrido el país en toda su historia "nunca llegaríamos a las pérdidas humanas y económicas que hoy vivimos".

Con estas medidas la masa salarial bajará 980 millones de dólares y los bienes y servicios otros 400 millones. Los empleados públicos trabajarán seis horas diarias en lugar de ocho y recibirán un pago por la jornada reducida. Médicos, militares y policías seguirán trabajando ocho horas y en el sector educativo se laborará siete horas.

Moreno explicó que desde que empezó la crisis sanitaria, 150 mil personas han perdido su empleo. Al detallar su plan mencionó que desaparecerán o se fusionarán 10 ministerios, siete empresas públicas, como ferrocarriles, medios de comunicación y correos, y algunas embajadas. Las entidades que no cierran deberán reducir su presupuesto entre 10 y 15 por ciento.

En el caso de la aerolínea Tame, que ha perdido más de 400 millones de dólares en los últimos cinco años, Moreno indicó que entrará en proceso de liquidación.

Durante la gestión de Moreno, que comenzó en 2017 y concluye en 2021, más de 40 ministerios e instituciones públicas han sido eliminadas. El mandatario, quien se desempeñó como vicepresidente del pasado gobierno, ha desarticulado los principales programas sociales creados por su antecesor Rafael Correa.

La difícil situación económica de Ecuador, por el alto endeudamiento de 65 mil millones de dólares (con un PIB de 110 mil millones de dólares) y su dependencia del petróleo como principal producto de exportación en un contexto de caída de precios, se agravó con la pandemia del coronavirus.

El ministro de Finanzas, Richard Martínez, aseguró que las decisiones adoptadas por el gobierno tienen "un claro enfoque de sacrificio y esfuerzo en el sector público... estamos actuando con la mayor responsabilidad posible y protegiendo a sectores prioritarios como salud y seguridad".

Moreno ofreció más de mil millones de dólares para el sector privado con el fin de reactivar la economía y dispuso una reducción en el precio de la gasolina de 1.85 1.75 dólares el galón.

Ante este panorama, el lunes se reportaron protestas de miles de trabajadores de diversos sectores sociales en Quito, Guayaquil y Cuenca, contra la nueva Ley Humanitaria, que flexibiliza el régimen laboral, ya que favorece a los patrones, pues podrán descontar hasta 45 por ciento del salario a sus empleados, denunció Mesías Tatamuez, presidente del Frente Unitario de Trabajadores de Ecuador.

Por otra parte, Guayaquil, epicentro de la pandemia en el país, entrará hoy en una nueva fase que le permitirá relajar las medidas de confinamiento, anunció la alcaldesa Cynthia Viteri

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Tensión en Haití por un enfrentamiento entre policías y militares que dejó al menos dos muertos

Un grupo de oficiales ataca un cuartel en exigencia de mejores condiciones laborales y las autoridades hablan de “una situación de guerra

La tensión vuelve a reinar en Haití tras un enfrentamiento el domingo entre policías y militares después de que un grupo de oficiales de la policía local intentara asaltar un cuartel del Ejército en el centro de Puerto Príncipe, cerca del Palacio de la Presidencia, en demanda de mejoras laborales. El tiroteo entre las dos fuerzas de seguridad ha dejado al menos dos muertos y una docena de heridos. La tensión se mantiene el lunes en la capital, con barricadas levantadas en las principales arterias y la actividad comercial paralizada, por lo que el Gobierno calificó los hechos como “una situación de guerra” y decidió suspender el carnaval local, cuyo inicio estaba previsto para el martes, “para evitar un baño de sangre”. El Ejecutivo que encabeza el polémico presidente Jovenel Moïse acusó a los oficiales rebeldes de rechazar el diálogo para encontrar una solución a la crisis.

“Estamos bajo asalto. Estamos bajo fuego de todo tipo de armas, rifles automáticos, cócteles molotov, gases lacrimógenos. Debido a que somos atacados, ha habido respuesta”, justificó Jodel Lessage, general de las Fuerzas Armadas, en declaraciones difundidas por France Presse. El cuartel atacado está cerca de la céntrica Place du Champs de Mars, localizada a pocos metros del Palacio Nacional. “A pesar de los ataques, las autoridades militares mantuvieron una postura defensiva para evitar un baño de sangre”, agregó el Ministerio de Defensa en un comunicado. La tarde del domingo también fue atacada la sede de Radio Television Caraibes, en lo que el Ejecutivo ha tildado de ataques “contrarios a los ideales democráticos”.

Los policías han encabezado varias protestas desde inicio del año en exigencia de mejoras laborales y la creación de un sindicato para garantizar sus derechos frente a la jerarquía policial. Hasta ahora el Gobierno no ha hecho caso a estas demandas, lo que ha llevado a los oficiales a tomar medidas drásticas, como quemar los escenarios en los que se realizaría el carnaval. El sábado Moïse anunció una serie de medidas para evitar una escalada de la crisis, que incluían nuevos beneficios como préstamos hipotecarios a tasas bajas, seguros de vida y la creación de un fondo para beneficiar a las familias de policías muertos en el ejercicio de sus funciones, informó la prensa local. Los policías, sin embargo, consideraron estas medidas insuficientes y convocaron a una protesta que terminó el domingo con el ataque al cuartel del Ejército.

El Gobierno de Moïse estalló en cólera. “¿Por qué rechazar el diálogo y la mano tendida para resolver los problemas difíciles que enfrenta la patria, preferir el camino de la anarquía y ofrecer a la población más dolor y lágrimas que tal situación no dejará de causar?”, afirmó en un comunicado difundido por EFE. La Policía de Haití cuenta con al menos 15.000 oficiales, frente a los 500 soldados del Ejército formado en 2017, después de que el expresidente Jean-Bertrand Aristide decidiera disolver las Fuerzas Armadas en 1995, aduciendo que estas organizaban golpes de Estado, controlaban el 40% del miserable presupuesto del país y violentaban los derechos humanos.

Haití es un país en perpetua crisis. Desde el terremoto que devastó a la nación caribeña hace 10 años y dejó 300.000 muertos, la economía del país es de miseria, con 3,6 millones de personas de sus 11.000.000 de habitantes viviendo en situación de emergencia alimentaria, ha afirmado a EFE Dominique Burgeon, director de Emergencia y Resiliencia de la FAO. "Esto significa que el 40% de los haitianos necesitarán asistencia", ha dicho. A esto se unen tragedias como el incendio ocurrido el pasado 14 de febrero en un orfanato en Kenscoff, al sur de la capital, que dejó 15 niños muertos. El año pasado estallaron nuevas propuestas contra el Gobierno, que fue señalado de corrupción. Los haitianos han demostrado su hartazgo ante la incapacidad de su mandatario de atajar la fuerte crisis económica, crear empleos y mejores condiciones de vida. Las protestas, reprimidas con violencia, dejaron al menos 77 muertos y decenas de heridos, según estadísticas de Naciones Unidas. Acorralado por el descontento social, el mandatario ha sido incapaz de nombrar un primer ministro y las elecciones legislativas previstas para octubre no se han podido celebrar debido a la inestabilidad política. La semana pasada la ONU instó al Gobierno y la oposición a resolver este callejón sin aparente salida y evitar un mayor deterioro político en el país caribeño.

México 24 FEB 2020 - 22:05 COT

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Empleados en una oficina bancaria. E.P.

Un estudio sobre el "estado del poder" analiza la naturaleza cambiante de las corporaciones y pregunta cómo se podría enfrentar mejor su poder y construir alternativas.

Con el fin de minimizar su responsabilidad, 50 de las empresas con más ganancias en el mundo emplean únicamente a un 6% de los trabajadores de forma directa. A estas conclusiones ha llegado el informe State Of Power 2020, elaborado por The Transnational Institute (TNI). El estudio analiza cómo las corporaciones dominan la economía, distorsionan la política y remodelan la sociedad.

En esta línea, la investigación hace hincapié en cómo las empresas se han ayudado entre sí para construir una estructura legal internacional que actúe en su beneficio. Así, los estados han firmado 2.658 acuerdos de inversión internacional para proteger a las grandes empresas y estas han utilizado los derechos adquiridos mediante estos acuerdos para demandar a los estados hasta 942 veces.

En los diferentes ensayos se analizan también los cambios que se han dado en las grandes corporaciones. Por ejemplo, uno de los textos analiza cómo se han incorporado a los planes de empresa los compromisos de responsabilidad corporativa, en la línea de la sostenibilidad y de lo social. Ante este supuesto, el profesor Joe Bakan sostiene que la "nueva corporación" es "probablemente aún más peligrosa" que su predecesora.

El informe también analiza cómo las grandes empresas convierten los datos en capital. Dada esta situación, las autoras Anita Gurumurthy y Nandini Chami inciden en la necesidad de que los movimientos sociales comprendan el poder de "los datos en red" para cambiar de marcha en sus luchas. Además, siete de las empresas más valiosas del mundo son corporaciones tecnológicas y algunas de ellas son más grandes que algunos estados en lo que a términos económicos se refiere. 

Sobre la localización de estas, tradicionalmente ubicadas en Estados Unidos y Europa y la situación en cambio actual con el crecimiento del mercado chino, también habla el estudio. En concreto, el informe trata de explicar en qué se diferencia una transnacional china de una occidental y cuáles son las implicaciones para los movimientos a los que afectan sus movimientos.

Por último, el informe se detiene a analizar en qué manos se encuentran estas empresas y concluye en que las firmas privadas son propiedad de una pequeña élite de bancos e inversores: 147 compañías controlan el 40% del negocio global.

madrid

27/01/2020 17:57

público

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Los países nórdicos no quieren un salario mínimo común para toda Europa porque sería demasiado bajo para ellos

- La Comisión Europea quiere implantar un conjunto de criterios comunes en cuanto al salario mínimo para frenar "la fuga de cerebros" del este al oeste de la UE

- El objetivo de la Comisión es garantizar que los Estados miembros establezcan un salario mínimo equivalente al 60% del salario medio en ese país

- En los países nórdicos, los trabajadores no tienen salario mínimo pero están cubiertos por convenios colectivos que los empresarios podrían cuestionar a la baja

 

Los países nórdicos con un buen nivel salarial, entre ellos Dinamarca y Suecia, han mostrado su desacuerdo con los planes encaminados a implantar unos criterios únicos para todos los Estados miembros de la UE que permitan fijar el salario mínimo, ya que temen que esta medida pueda perjudicar unos modelos de negociación colectiva con más de un siglo de antigüedad.

La Comisión Europea dará este martes el primer paso hacia unos criterios comunes para todos los países de la UE el como parte de la promesa de su nueva presidenta, Ursula von der Leyen, de frenar la "fuga de cerebros" del este de Europa hacia el oeste. Sin embargo, los países nórdicos en los que los salarios mínimos son fruto de una negociación entre los empresarios y los trabajadores han cuestionado esta iniciativa. Los principales sindicatos respaldan la posición de los políticos escandinavos, que argumentan que en última instancia la propuesta de Bruselas podría comportar que los salarios de sus trabajadores se reduzcan.

En declaraciones a The Guardian, el ministro de trabajo de Dinamarca, Peter Hummelgaard, ha señalado que está a favor de que los trabajadores de los países de la UE con peores políticas salariales cobren más, pero que "los medios para lograr este objetivo deben respetar las tradiciones nacionales y los modelos que están funcionando". En este sentido, ha recordado que "en Dinamarca, son los patronatos y los sindicatos los que negocian los salarios y así lo hemos hecho desde hace más de un siglo".

De los 28 Estados miembros, sólo Dinamarca, Italia, Chipre, Austria, Finlandia y Suecia no tienen un salario mínimo establecido por ley. Los trabajadores de los países nórdicos disfrutan de unos salarios medios comparativamente altos. En 2018, los empresarios daneses pagaron unos 43,50 euros por hora por trabajador; la remuneración por hora más alta de la UE.

Incluso aquellos daneses que tienen un salario considerado bajo cobran cerca de 15 libras esterlinas por hora. Los trabajadores suecos y finlandeses también obtienen una buena remuneración en base a sus modelos de negociación colectiva.

En los países nórdicos, los trabajadores que no están sindicados suelen quedar cubiertos por los convenios colectivos. Es por este motivo que los políticos de estos países han señalado que un criterio europeo para fijar los salarios podría tener como consecuencia que los empresarios cuestionaran los acuerdos colectivos, argumentando que el salario mínimo de la directiva no necesita ser mejorado y que ya lo consideran razonable.

Esta semana la comisión inicia la fase de consultas. El gobierno danés quiere que se le den garantías por escrito de que su sistema de negociación colectiva quedará exento del cumplimiento de una futura directiva europea. Los gobiernos de Finlandia y de Suecia se han expresado en similares términos.

Hummelgaard ha señalado que si bien Nicolas Schmit, el nuevo comisario europeo de empleo y derechos sociales, le había dado garantías de palabra, sigue preocupando por las consecuencias de esta medida.

"Leeremos la propuesta con atención, ya que el peligro suele esconderse en la letra pequeña y todavía me preocupa que nuestro modelo pueda verse perjudicado por esta iniciativa", ha indicado. "No cabe duda de que el gobierno danés está haciendo todo lo que está en sus manos para evitar que modelos como los nórdicos se vean perjudicados por la regulación de la UE, que es también la razón por la que discuto el asunto con mis colegas europeos cada vez que tengo la ocasión".

Henri Lindholm, un líder sindical finlandés que también es un destacado miembro de la Nordiska Unionen, un sindicato pan-nórdico que representa a los trabajadores de la industria alimentaria, ha puntualizado que no se opone a que los trabajadores de los países del este de Europa mejoren sus salarios, sino a un único acuerdo para toda la UE que no tenga en cuenta las especificidades de cada país.

En este sentido, Lizette Risgaard, presidenta de la confederación sindical danesa, ha afirmado que "en el llamado modelo danés los salarios se fijan en el marco de una negociación colectiva fruto del diálogo entre las partes, y la productividad y la innovación son elementos clave del proceso".

"La premisa del modelo danés es que cuenta con un amplio apoyo tanto de los trabajadores como de los empresarios, y las estadísticas salariales muestran que en términos generales el modelo danés garantiza que la mayoría de los trabajadores de Dinamarca reciban un salario que sea a la vez decente y pueda proporcionar un buen nivel de vida", ha señalado.

"Un sistema paralelo basado en un salario mínimo único o en la cobertura universal de los convenios colectivos no garantiza que todos los trabajadores reciban un salario que asegure un nivel de vida decente. Por lo tanto, la Confederación Danesa de Sindicatos teme que un salario mínimo europeo establecido por una directiva pueda debilitar la eficacia del modelo danés".

Un nivel de vida decente

La Comisión no determinará un nivel salarial, pero quiere llegar a un acuerdo sobre un conjunto de criterios que se deben cumplir cuando los gobiernos fijen sus salarios mínimos. El salario mínimo actual de Bulgaria para un trabajador a tiempo completo es de 286 euros al mes, en comparación con los 2.071 euros mensuales de un trabajador luxemburgués. El objetivo de la comisión es garantizar que los Estados miembros establezcan un salario mínimo equivalente al 60% del salario medio en ese país.

Schmit, exministro de Trabajo de Luxemburgo, ha indicado que la propuesta de la comisión sobre el salario mínimo permitiría reducir la brecha de la desigualdad salarial en la UE. En declaraciones a The Guardian, ha afirmado que "la cifra de personas con empleo en la UE está en un nivel récord. Pero muchos trabajadores siguen luchando por llegar a fin de mes e incluso para salir de la pobreza". "Es esencial que los trabajadores tengan un salario justo que les proporcione un nivel de vida decente, un principio clave consagrado en el pilar europeo de los derechos sociales", ha puntualizado.

"Algunos Estados miembros han sido capaces de desarrollar una serie de leyes en materia de fijación de salarios, que ahora forman una parte integral de su tejido social, algunas incluso a través de un intenso debate social y de la negociación colectiva", señala. "La promoción de unos estándares elevados en cuanto a un mínimo salarial nos permite avanzar hacia la convergencia económica y social de todos los países de la UE, y reducir la brecha con una mejora para los que ahora tienen un salario mínimo más bajo, y dar un impulso a la economía social de mercado de la UE".

"El hecho de que la UE establezca un marco para fijar el salario mínimo podría ayudar a combatir las desigualdades y a prevenir que el salario mínimo se iguale hacia abajo. Al mismo tiempo, puede ayudar a corregir alguna de las causas de la fuga de cerebros y la contratación de trabajadores con peores condiciones salariales que viven en el otro lado de la frontera, algo que es motivo de gran preocupación en algunos Estados miembros", concluye.

Traducido por Emma Reverter

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Francia paró en contra de la reforma jubilatoria

Hasta un millón y medio de personas protestaron en 60 ciudades 

La huelga fue contundente en los trenes, el metro y la educación nacional. También se sintió en hospitales, la policía y la aeronáutica civil. Sigue hasta el viernes.

 

Francia se quedó de a pie, en el doble sentido del término: caminando por la huelga de los transportes lanzada por los sindicatos contra la reforma de las jubilaciones: y caminando en las multitudinarias manifestaciones que tuvieron lugar en todo el país, con un punto muy fuerte en París, cuyas cifras todavía se desconocen. Según proyecciones del ministerio de Interior, más de 800 mil personas acudieron a las 242 manifestaciones organizadas en 60 ciudades. Para la CGT, la participación subió a más de un millón y medio. La huelga fue contundente en los trenes, el metro y la educación nacional. A ella se sumaron sin embargo varios otros gremios que van desde los hospitales, la policía o la aeronáutica civil con un 20% de los vuelos anulados. Sectores público y privado respondieron masivamente a lo que se espera será sólo el comienzo de una protesta que, al menos en la empresa nacional de ferrocarriles, se prolongará en los próximos días. El Ejecutivo calcula que la huelga se extenderá hasta el viernes e incluso que perdure más allá del fin de semana. El paro golpeó el corazón del sistema. Aunque no es una huelga general, la parálisis de los transportes públicos perturbó a todo el país. Sin posibilidad de desplazarse, la gente se movió como pudo o permaneció en casa. Los sindicados, con la excepción de la CFDT, buscan forzar al gobierno a una negociación con el manual de las huelgas de 1995 en la mano. En aquel entonces, la oposición a una reforma similar de las jubilaciones dejó a Francia sin actividad durante tres semanas, hasta que el proyecto fue retirado. Si los paros importantes persisten el lunes, entonces la batalla social tendrá otro perfil. Y como recién el próximo 12 de diciembre se conocerá realmente el contenido preciso de la reforma, es muy probable que de aquí a entonces los sindicatos mantengan la presión social.

La controversia surgió cuando empezaron a trascender algunos detalles del texto prometido por el presidente Emmanuel Macron durante la campaña electoral para las elecciones de 2017. La idea inicial consistió en terminar con los 42 regímenes de pensiones que están en curso y reemplazarlos por otro a través del cual todos los sectores tendrían los mismos derechos. La ausencia notoria de una pedagogía clara por parte del gobierno, las divisiones en la propia mayoría, la presión de la derecha presidencial que introdujo varias modificaciones a la idea inicial, los rumores y la confusión que el Ejecutivo no se ocupó de neutralizar plantearon la perspectiva de que habría que cotizar más años e, incluso, extender la edad legal de la jubilación, hoy fijada a los 62 anos. El líder de la CGT, Philippe Martinez, hizo campaña contra la reforma con el argumento de que, una vez aplicada, esta equivaldría a trabajar más tiempo y cobrar menos. La huelga está determinada por dos paradojas: una, el movimiento social se lanzó sin que se sepa con claridad qué contiene la reforma: dos, la opinión pública respalda tanto a la huelga como la necesidad de una reforma de las pensiones. Ayer, una encuesta realizada por la consultora Odoxa-Dentsu Consulting para el diario Le Figaro y la Radio Franceinfo, mostró que el 68 por ciento de los encuestados respaldaban a los huelguistas al tiempo que 76 considera que una reforma es necesaria. El porcentaje de apoyo a la huelga era menor hace una semana, pero fue creciendo ante la ausencia de explicaciones del Ejecutivo. El tema fue tanto más mal tratado por el gobierno cuanto que, en Francia, tocar la jubilación equivale a trastornar el pasado –lo adquirido--, el presente –lo que se puede formular cara al futuro—y el mismo futuro. Ante la perspectiva de un endurecimiento de la rebelión social, el Primer Ministro, Edouard Philippe, tiene previsto una serie de concesiones cuyo contenido es, igualmente, vagamente misterioso. De allí la sensación global de que el “gobierno esconde el texto porque su único objetivo es engañarnos y hacernos trabar mucho más, ganar mucho menos mientras sus amiguitos liberales se llenan los bolsillos con nuestra pobreza”, según decía iracundo Michel, uno de los manifestantes -educación nacional—que ayer salió a las marchas de París pese al frío. En las calles de la capital francesa había una sinfonía de reclamos, muchos jóvenes, profesiones de todo tipo y una triple inquietud: la jubilación, el planeta y el liberalismo. Un hombre de unos 40 años llevaba una pancarta que decía:” mejor reformemos el sistema de los accionarios”. ”Viva una reforma social del liberalismo”, clamaba una señora recién jubilada. Una pareja de empleados de la educación nacional declaraba:” llegó el momento de que demos vuelta el flujo. Llevamos décadas y décadas pagando por los ricos y ahora que se preparan para exprimirnos hasta en la vejez y es hora de que les digamos basta. ¡Que empiecen a pagar ellos por nosotros !”. Más adelante, un grupo nutrido de ferroviarios con disfraces de Macron con los atuendos del Rey Luis XVI decía: «No queremos a un monarca del liberalismo. Queremos a un hombre que sienta lo que es una vida de trabajo común y que no liquide aquello por lo cual trabajamos toda la vida”.

Había en París bronca por el presente, las privatizaciones de los aeropuertos y la lotería nacional (La Française des Jeux) y miedo por un futuro de privaciones. ”El liberalismo de Macron nos lleva a la exclusión. No les importa lo que suframos, es una aristocracia egoísta y especuladora. Ninguno de esos reyes que aboga por la reforma sabe lo que es vivir con mil euros por mes. Y ni eso nos van a dejar en los bolsillos”, explicaba una empleada del correo francés. ”Fíjese a dónde llegamos. A fuerza de ajustes, desempleo y precariedad hicieron que nuestro presente sea inestable y apretado. Y ahora quieren que nuestra vejez sea una miseria”, decía una pareja del sector bancario privado. En un año, de noviembre de 2018 a diciembre de 2019, el presidente Macron fomentó dos conflictos mayores: el de los chalecos amarillos y, hoy, el de las jubilaciones. En ambos casos se confrontó a una variable que parece desconocer: la voz y el protagonismo del pueblo y su adhesión a la preservación de sus derechos. Francia es un país más bien conservador, pero no liberal. El jefe del Estado tiene una visión financiera de las relaciones y ello choca fuertemente con una sociedad que atraviesa un “malestar democrático” (Luc Rouban, Centro de Investigaciones políticas de Siences-Po) que se fue forjando a través de múltiples decepciones sociales. La reforma de las jubilaciones terminó por aunarlas a todas.

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El "éxito" del modelo: endeudar a los chilenos

Había una vez un papá que tenía un montón de plata guardada bajo el colchón, pero que mandaba a sus hijos con los zapatos rotos al colegio. Según la ortodoxia de los economistas que han manejado el Estado hasta hoy en Chile, ese es un papá ejemplar y responsable porque ahorra y no gasta. Había también una mamá que no tenía plata bajo el colchón, pero que necesitaba comprar un remedio para su hijo enfermo, y que decidió comprar ese remedio con su tarjeta de crédito. Según esos mismos economistas, esa mamá es una populista irresponsable. Santificar el ahorro y demonizar el gasto público tiene estos absurdos.

Por eso mi propuesta es heterodoxa. Dado el contexto de la urgencia social destapada en esta fiesta de la democracia que es la manifestación social -otros ven en ella barbarie y la reprimen-, la propuesta de "Agenda Social" del Gobierno es absolutamente mezquina. Es necesario multiplicar por 5 ese paquete fiscal propuesto, de apenas 1200 millones de dólares -que en realidad son 600 millones, porque la otra mitad son simplemente reasignaciones presupuestarias, vale decir, desvisten un programa del Estado para vestir a otro- y para eso debemos romper la regla fiscal del 3%, tomando deuda pública de manera responsable.

Chile tiene una deuda fiscal pública baja, de menos del 40%. Hay economías sanas que deben 100%, 170%. Luego, Sebastián Piñera puede perfectamente, por un tiempo, endeudar conservadoramente al Estado, porque, igual que los padres que deben comprar zapatos, o las madres que deben comprar remedios, los chilenos y chilenas están viviendo un sufrimiento que es inaplazable.

Por lo demás, no es verdad que Chile no esté endeudado. Lo que pasa es que el modelo neoliberal chileno consistió en quitar sus deberes al Estado (salud, educación, pensiones, fiscalización de derechos, etc.), y trasladar esos deberes privadamente a las personas, quienes, para cumplirlos, han debido endeudarse hasta más arriba de la coronilla, y pagar de su bolsillo -y no a través de sus impuestos- por esos derechos que el Estado tiene el deber de administrar y solventar. Las élites achicaron el Estado e hicieron crecer la economía con las tarjetas de crédito de los chilenos y chilenas.

Por eso, un Estado como el chileno pudo soportar que se privatizaran casi todas sus empresas y jibarizarse tanto. Por eso pudieron enriquecerse tanto unos pocos y debieron endeudarse tanto todo el resto. Porque este es un modelo astuto, no inteligente. Tal vez siquiera es un modelo neoliberal, probablemente es simplemente un modelo oligárquico. Se hicieron más ricos no solo privatizando en dictadura las empresas del Estado, sino que, al mismo tiempo, cargaron su fortuna a las tarjetas de crédito de todos los chilenos y chilenas

Pero no basta con esto. Los chilenos y las chilenas me conocen. Fui candidato presidencial 3 veces, por primera vez en 2009, y en todos mis programas mis compromisos fueron: impuesto específico a los súper ricos, nacionalización de las riquezas naturales, descentralización, transformación al sistema de pensiones, de salud y de educación por sistemas públicos, y un largo etcétera, que es ese mismo etcétera está hoy en la calle.

Hoy, más que nunca creo que esas medidas son necesarias, pero también, creo que hay que aprovechar esta coyuntura -de politización de la sociedad- para reordenar las reglas de este juego donde siempre ganan los mismos. Por eso, en paralelo a la reestructuración del gasto público, debemos comenzar también, por otro de los pregones a los que me sumé con fuerza el 2010: La escritura de una Nueva Constitución. El mecanismo es simple y Sebastián Piñera puede empezar ahora mismo si quisiera: a través de un proyecto de ley con discusión inmediata, que reforme la constitución, que deberá ser aprobado en pocas horas por ambas cámaras, y que permita la realización de un plebiscito, que deberá realizarse dentro de los 6 meses siguientes. Para entonces, una asamblea constituyente habrá redactado una Nueva Constitución que será, por fin y sobre todo, legítima. Una constitución política ilegítima, que no representa a nadie es inútil, porque se convierte en un sistema de reglas al que deberás someter al pueblo a través del terror y no de la razón. Y ya basta de terror en las calles de Chile. 

Marco Enríquez-Ominami es ex candidato presidencial por el Partido Progresista en Chile. Grupo de Puebla.  

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Chile: rechazo popular a las medidas de Piñera y a la represión

La manifestación fue tan imponente en su masividad y en el modo de habitar la calle que no quedaron dudas sobre el rechazo al paquete de propuestas que anunció el mandatario de derecha, en un contexto de violencia institucional. 

No fue una respuesta planificada a las medidas del presidente de Chile, Sebastián Piñera, pero la manifestación convocada desde el espacio Unidad Social fue tan imponente en su masividad y en el modo de habitar la calle que no quedaron dudas sobre el rechazo popular a un paquete de propuestas que eludió lo primero que se demandaba y se demanda: basta de represión. Al contrario, las fuerzas armadas y de seguridad disputaron el espacio público con les manifestantes que convivían entre banderas sindicales, pertenencias barriales o de lugares de trabajo con quienes llevaban sus consignas pintadas sobre cartón o sobre el cuerpo, haciendo una lectura política espontánea y potente de las relaciones de poder entre la población y las elites que se ha tensado hasta quedar inocua como el elástico de un calzón apolillado. Contra los gases, la acción coordinada y espontánea de limpiarse unos a otras con agua y bicarbonato. Contra los perdigones, los grupos auto organizados para brindar primeros auxilios. Contra el marrón de los uniformes, una diversidad de colores que le disputó brillo a un sol radiante sólo opacado por el humo de los disparos.

 “Este pueblo entendió de qué se trata la palabra ‘abuso’ y de eso no se vuelve, es descriptivo de lo que sucede y cuando te das cuenta decir ‘basta’ es una necesidad. Abuso cuando nos disparan, abuso cuando privatizan el agua, abuso porque nos ofrecen medidas que encima se van a financiar con nuestros propios aportes, porque a las empresas no las tocan”, decía Alejandra Ruiz, socióloga, la cara pintada de verde y con una convicción que se apura en enunciar porque quiere que quede escrita: “En esta plaza hay más alegría que ira porque estamos recuperando la dignidad de decidir entre todos nuevas formas de convivencia”.

Esa palabra, abuso, que igual que “Evade”, está en todas las paredes tenía un peso específico ayer a la mañana en plaza Italia, ahí mismo donde está la estación Baquedano. El Instituto Nacional de Derechos Humanos había comprobado la noche anterior una denuncia por torturas de las Fuerzas Armadas en esa parada del metro: rastros de sangre, amarras y otros elementos permitieron presentar una denuncia contra el Estado. Y las querellas formales por violencia sexual contra el despliegue represivo subieron de 3 a 8 en un día.

“Aquí se torturó”, decía sobre el pecho de un centenar de mujeres, lesbianas y trans de edades muy diversas y vestidas de negro. “Cuando hay conflicto siempre se aplica sobre nuestros cuerpos una violencia sexualizada”, explicó Valentina Mora cubriendo a otra compañera que tiene en el cuerpo la memoria de la represión en los años ’70, “pero también pasó con mapuches, con hortaliceras, con estudiantes en 2011...”. Esa acción era por ellas y por todas las que, dice, ahora mismo están reviviendo el trauma de haber sido abusadas cuando las Fuerzas Armadas tomaron el poder. Y ahora otra vez, los mismos uniformes en las mismas calles.

Cerca de ellas, esperando a sus compañeros y compañeras, el dirigente del sindicato de trabajadores y trabajadoras de Wallmart, se cubría la cara con el pañuelo amarillo que distingue la lucha contra las AFP. Está preparado para resistir la asfixia de los gases igual que se prepararon los 15 mil que están sindicalizados en su espacio: “Somos conscientes de que no es lo mismo la movilización en el centro de la ciudad que en las periferias y por eso aunque estamos de huelga decidimos mantener la asistencia a algunos lugares de trabajo para que no haya pánico frente a los rumores de desabastecimiento. Porque esta crisis política no puede desarticularse por el miedo, porque no le vamos a hacer el juego a los montajes -puestas en escena- que ponen al pueblo como responsable de los incendios en supermercados”.

La preocupación del dirigente no es menor. Constanza Schonhaut Soto, militante del Frente Amplio y de Derechos Humanos pudo constatar, en una recorrida por diferentes comisarías de las comunas más vulnerables de la zona metropolitana como Puente Alto o Maipú que además de las detenciones ilegales, de menores que pasan horas sin que se avise a sus familias y muchos otros abusos cometidos en el marco de la represión, se repiten testimonios idénticos en distintos puntos geográficos: “Refieren que los militares les habían dicho que podían buscar comida en los supermercados sin hacer desmanes, que invitaban a pasar y una vez adentro eran detenidas y acusadas de saqueos”. La crisis política es también una crisis de Derechos Humanos a esta altura de los hechos y sin embargo, ni el ministro de interior, Andrés Chadwick, fue interpelado por estos hechos aun ni hay muestras de retirar los efectivos de la calle. Al contrario, ayer se llamó a los reservistas para que se sumen a la represión.

“¿El pueblo dónde está? ¡El pueblo está en la calle pidiendo dignidad!” se escucha de una columna del sindicato de Correos y el coro se amplifica, toma una cuadra entera, se replica entre las trabajadoras del inmenso Centro Cultural Gabriela Mistral, rebota en las gargantas de funcionarios y funcionarias del Ministerio de Medioambiente que reclaman contra la privatización del agua y por el fin de las “zonas de sacrificio”, esos territorios empobrecidos donde las empresas pueden contaminar sin restricciones. Y también la corean les jóvenes que andan en patineta y las miles de bicicletas que atraviesan la marcha y traen noticias desde el frente y los laterales para que nadie quede encerrado entre “milicos o pacos”.

La cantidad de gente en el centro de la ciudad de Santiago se quintuplicó desde el martes al miércoles. Las calles, además, se poblaron desde más temprano y la Alameda estaba completamente abigarrada inmediatamente después de ese momento de fuga, cerca de las diez, cuando todos los comercios que habían levantado sus persianas las cerraron casi al mismo tiempo. Nadie supo exactamente cuándo la masa de gente empezó a desandar el recorrido pautado porque la marcha no tenía una cabecera. Al frente fueron ayer, durante largo rato, tres maricas orgullosas con camisas animal print y perritos de sus correas portando la consigna que dice “Basta de abuso”. Detrás, la bandera del sindicato de excavadores alcantarilleros, a su lado, gremios de salud. Entre ellas, varios dirigentes y dirigentas de la CUT, la principal central obrera.

A la altura de la avenida Santa Rosa la marcha se detuvo. El grito entonces trocó en un llamado: “sin violencia”. Las manos arriba y abiertas, les manifestantes avanzaron para enfrentar los tanques y los camiones hidrantes, los efectivos que sostenían sus armas largas, las vallas de metal que se corrieron por pura prepotencia de quienes querían completar el recorrido propuesto hacia la estación Los Héroes, pasando por la Casa de la Moneda, sede del Poder Ejecutivo. Los gases lo nublaron todo inmediatamente, en su forma tradicional y en forma de agua, un método perverso por lo que cuesta secarse la irritación que genera.

De inmediato se accionaron los cuidados colectivos, quienes podían ver le limpiaban la cara con limón y bicarbonato a quienes no podían. Pasta de dientes bajo los ojos, barbijos blancos que se repartían como caramelos; una ráfaga de perdigones convirtió el canto de “Chile despertó” o “Piñera ya se fue” en un pedido a voz en cuello llamando médicos. Pero ni siquiera así hubo dispersión: había quienes volvían a avanzar, persistentes, con las manos en alto. Y cuando tenían que protegerse de la agresión uniformada, venían más, con sus remeras de sindicatos, con las banderas mapuches, con las denuncias que recorrían un arco de demandas que van desde el acceso a la salud, la educación, el hartazgo por el endeudamiento colectivo y el abuso; siempre el abuso, esa demanda moral que se fraguó en la calle.

Lo que siguió fueron horas de gases y disparos contra barricadas y baile callejero. Porque es verdad, no es la rabia frente a la ruptura de un estado de cosas en las que las elites mandan y el pueblo aguanta lo que agita a las cacerolas, las consignas, los cantos, la rebelión. Es sobre todo la fuerza de estar inventado otras formas de convivencia que hasta ahora no pudo ser domesticada por el miedo. “Este carnaval rebelde no se va a apagar”, decía un hombre que bailaba con la música que salía de las ventanas de la sede del sindicato de la industria, sobre la avenida Santa Rosa.

Sin embargo, el tiempo corre y lo cierto es que no hay información oficial sobre las cifras de la represión. Desde el INDH hablan de 35 desaparecidos y desaparecidas, más de 200 personas heridas, 18 muertes. El gobierno, a la mañana, había declarado 2500 detenciones. El toque de queda cae otra vez sobre la mayor parte de Chile. En Santiago empezó anoche a las 22. Diez minutos después de esa hora, mientras se cierra esta crónica, el sonido de las cacerolas se sigue escuchando, muy lejos del centro, muy cerca de una crisis que todavía no tiene salida a la vista.

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Casi 50.000 trabajadores de General Motors van a la huelga

Más de 49.000 trabajadores automotrices sindicalizados estallaron una huelga nacional suspendiendo labores en 55 plantas manufactureras y almacenes de General Motors en Estados Unidos en su primera huelga nacional desde 2007, al fracasar negaciones para un nuevo contrato colectivo, acción que afectará rápidamente las operaciones de la empresa en México y Canadá.

El sindicato automotriz United Auto Workers (UAW) declaró que después de meses, la principal empresa automotriz del país y la más próspera, rehusó negociar mejores salarios, reducir la brecha salarial entre nuevos y viejos empleados, límites a la contratación de mano de obra temporal y el cierre programado de cuatro plantas manufactureras.

El UAW indicó que General Motors (GM) ha gozado de altas ganancias -con más de 30.000 millones de utilidades- durante los últimos seis años después de ser rescatada de la bancarrota con 50.000 millones en fondos públicos en 2009 bajo el gobierno de Barack Obama, junto con sacrificios de sus trabajadores de congelar alzas y mayores beneficios, y que ahora exigen que cumpla con sus promesas de recompensar a sus empleados.

Por ejemplo, señaló el UAW, por cada dólar que gano un empleado promedio de GM, la ejecutiva en jefe de la empresa, Mary Barra, gana 281.

La empresa insiste en enfrenta una reducción de ventas a nivel mundial, desea reducir la diferencia entre los salarios y beneficios que paga a sus empleados comparado con las de empresas extranjeras con plantas en Estados Unidos, y una reducción de lo que aporta para los seguros de salud de sus empleados. Más aún, indicó que está dispuesta a invertir miles de millones más para generar empleos, incluyendo mantener abiertas un par de las plantas que pensaba cerrar.

Hoy trabajadores colocaron mantas y realizaron “piquetes” frente a las 33 fábricas en nueve estados y 22 almacenes de distribución de autopartes donde se unieron en solidaridad trabajadores del UAW de Ford y Fiat Chrysler, junto con otros sindicalistas de varias ramas.

El UAW extendió indefinidamente los contratos colectivos que también están por renovarse en esas otras dos empresas ya que el sindicato seleccionó a GM entre los tres grandes fabricantes automotrices nacionales para la negociación de contratos colectivos de cuatro años. Lo que se acuerde con GM será usado como modelo para la negociación con las otras empresas.

La huelga estalla en un contexto en que el régimen de Donald Trump y sus aliados en diversos estados han impulsado medidas para debilitar aún más las leyes y normas laborales del país, parte de un ataque sostenido contra sindicatos desde los años ochenta bajo Ronald Reagan que ha logrado reducir, y hasta anular en algunos sectores, el poder político y social sindical.

Hoy día, sólo el 10.5 por ciento de trabajadores asalariados en Estados Unidos (y sólo 6.4 por ciento del sector privado) están sindicalizados -la mitad de los que estaban sindicalizados en 1983, y menos de un tercio de los niveles en los cincuenta.

Esto ha sido acompañado con una concentración de riqueza acelerada llevando a nivel de desigualdad económica entre trabajadores y el 10 por ciento más rico no visto desde poco antes de la Gran Depresión, hace 90 años.

Durante los últimos dos años, huelgas masivas encabezadas por maestros, otras por enfermeras y por trabajadores de comunicación han logrado resucitar lo que algunos consideraban un movimiento sindical moribundo.

“Más huelgas son urgentemente necesarias para revertir el incremento peligroso de la desigualdad estadunidense”, señala la estratega sindical y analista Jane McAlevey, escribiendo hoy en The Nation.

Pero señala que muchas de las huelgas recientes -a diferencia de ésta- “han sido encabezadas por movimientos de las filas de abajo, y en gran medida, por mujeres”. A pesar de que esta huelga de los automotrices no fue suficientemente organizada y consultada con las bases, McAlevey concluye que, “todos necesitamos que triunfen los trabajadores en esta huelga”.

Por David Brooks

La Jornada

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El fantasma de una nueva quiebra acecha a Argentina

Alberto Fernández, gran favorito para ganar la presidencia argentina en octubre, rompió la baraja. “Argentina está en una suspensión de pagos virtual y oculta”, declaró en una entrevista. “No hay quien quiera comprar deuda argentina, y no hay quien pueda pagarla”, añadió. El peronista Fernández se desvinculó del plan de emergencia lanzado por el presidente Mauricio Macri, basado en un aplazamiento de pagos en la deuda pública, y opinó que los mercados “saben ya cómo va a acabar esto”. También calificó al FMI de “corresponsable” del desastre. Sin un mínimo consenso político y con una tormenta financiera que no amaina, el fantasma del colapso de 2001 sobrevuela el país.

Las medidas de emergencia de Macri no funcionan, al menos hasta ahora. El aplazamiento en el pago de las deudas públicas, dirigido a calmar el nerviosismo financiero, ha logrado más bien lo contrario. El presidente, fragilizado por su derrota en las primarias, intenta mantener una apariencia de normalidad y se había negado hasta ahora a imponer controles sobre la compraventa de divisas. Pero finalmente ha tenido que ceder. El Banco Central dispuso este viernes que las entidades financieras deberán pedirle autorización antes de enviar a sus casas matrices las ganancias en dólares que generen en el país.

Por ahora se trata de un control limitado a los bancos y no afecta a empresas o particulares que quieran depositar sus dólares fuera del país. Pero la medida es radicalmente contraria al ideario liberal del presidente argentino. Hace poco la criticó el propio Fernández, diciendo que cualquier control impedía que salieran dólares, pero también que entraran.

La realidad es que el peso sigue depreciándose (el viernes rebasó las 61 unidades por dólar), haciendo más difícil el pago de la deuda en dólares y agravando la inflación (estimada en un 65% anual por diversos analistas), y cada vez se alzan más voces que reclaman controles para contener la hemorragia. Argentina es un hervidero de rumores y temores.

En la Casa Rosada se esperaba algún tipo de respaldo por parte de Alberto Fernández para ganar credibilidad ante los inversores internacionales, pero lo que llegó fue una dura descalificación del dirigente peronista. Con sus declaraciones a The Wall Street Journal, Fernández cargó sobre las espaldas de Macri, y sobre el FMI, “que prestó dinero a un gastador compulsivo”, toda la responsabilidad. Afirmó que su política, si como parece resulta vencedor el 27 de octubre, se basaría en “un plan para estimular el consumo” interno y que no pediría permiso al FMI para aplicarlo. Las palabras de Fernández solo pueden, a corto plazo, agravar la crisis.

El actual mandato de Macri se aproxima a su conclusión bajo las circunstancias más sombrías. Todos los indicadores están en rojo. Se extiende la sensación de que los antiguos valedores internacionales de Macri le han abandonado. Su amigo Donald Trump guarda silencio. Y el Fondo Monetario Internacional, que hace un año concedió a Argentina el mayor préstamo en la historia de la institución, por un total de 57.000 millones de dólares, no parece dispuesto a seguir desembolsando la ayuda al menos hasta que las elecciones despejen el panorama político.

El FMI ya no es dirigido por Christine Lagarde, que respaldó rotundamente la gestión de Macri. Lagarde está en tránsito hacia el Banco Central Europeo, y la opinión en la institución de Washington sobre las perspectivas de la economía argentina tiende a lo negativo. El directorio del Fondo se reunió el viernes de forma informal para “evaluar la nueva situación”, sin dar a conocer conclusión alguna. La calificación de “default selectivo” con que la agencia Standard&Poor´s etiquetó el jueves la deuda argentina, aunque fuera provisional, contribuyó a atemorizar a los inversores grandes y pequeños.

El Banco Central tuvo que efectuar el viernes tres nuevas subastas de dólares, por un importe superior a 300 millones, y subir los tipos de interés de las Letras de Liquidez hasta el 85% anual. Pero el peso siguió flaqueando. La deuda argentina en dólares, incluyendo el bono a un siglo que logró un gran éxito cuando se emitió en 2017, se cotiza casi a precio de default. Y muchos analistas subrayan que ocurre un fenómeno nunca visto: un Gobierno, el de Macri, ha incumplido sus compromisos de pago en pesos, y no solo en dólares, por una deuda contraída por ese mismo Gobierno. Ambas cosas son novedad.

Los políticos cercanos a Macri tratan de ser prudentes. El senador radical Julio Cobos, integrado en la alianza macrista, expresó su confianza en que las reservas del Banco Central (56.000 millones de dólares, 10.000 menos que a principios de agosto y en descenso) y el aplazamiento del pago de las deudas fueran suficientes para capear el temporal. Muy duro fue, sin embargo, el empresario Claudio Belocopitt, una de las mayores fortunas de Argentina. Beolocopitt descalificó con dureza la gestión de Macri: “Baten todos los récords de locura extrema, todas las medidas que tomaron son horribles”.

El agravamiento de la crisis tiene como efecto la profundización de la “grieta” que divide al país. Unos culpan del desastre a Fernández y a su compañera de candidatura, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con el argumento de que el posible retorno del kirchnerismo al poder atemoriza a los inversores. Olvidan que la deuda y la inflación disparada son producto de la gestión de Macri. Otros culpan de todo a Macri. Olvidan que el actual presidente heredó un país sin reservas, con una alta inflación encubierta y un tipo de cambio artificial, y que el temor al kirchnerismo es real entre los inversores.

Por Enric González

Buenos Aires 706

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Domingo, 25 Agosto 2019 06:20

Cuestión de precios

El gobierno cubano contrarresta la escasez de alimentos haciendo compras contingentes con recursos de otras partidas presupuestarias / Foto: Afp, Yamil Lage

En las últimas semanas el gobierno cubano emprendió una amplia reforma salarial. La decisión le ha dado un importante rédito político al presidente, aunque se trata de una apuesta riesgosa y abre un espacio de conflicto entre las autoridades y una parte del emergente sector privado.

 

A finales de junio, el presidente Miguel Díaz-Canel anunció un inesperado aumento de salarios para los trabajadores del “sector presupuestado” en Cuba. Un tercio de la población laboral del país (1,5 millones de personas) fue beneficiado por la medida, que elevó el salario medio mensual desde 634 Cup1(poco más de 26 dólares) hasta 1.056 Cup. Para algunas profesiones, el “salto” fue incluso más acentuado: los maestros de primera enseñanza, por ejemplo, vieron duplicarse sus nóminas, en tanto que para muchos titulares de especialidades médicas se triplicaron.

Nadie consiguió anticipar tan importante decisión, que según rumores se acordó en secreto entre Díaz-Canel y el primer secretario del Partido Comunista, Raúl Castro. Su implementación inicial corrió a cargo de un limitado grupo de burócratas de alto nivel, entre los que predominaron figuras vinculadas al mandatario actual.

Dos meses antes del anuncio, había sesionado en La Habana el XXI Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba. El secreto con el que se cocinaba la elevación de pagos colocó a sus dirigentes en una posición equívoca, pues debieron mantenerse defendiendo la que hasta entonces constituía la premisa del discurso oficial sobre el tema: “Sin más productividad, no pueden incrementarse los ingresos de la población”.

“Si se reparte salario sin respaldo productivo, prepárense para la subida de los precios”, había alertado en julio de 2015 el todopoderoso titular de Economía y Planificación y vicepresidente del Consejo de Ministros, Marino Murillo. Durante el tiempo transcurrido no sólo se verificó la caída de ese jerarca (los dominios del antiguo “zar de las reformas” se limitan hoy a la presidencia de una anodina comisión partidista), sino también un cambio en la filosofía de Estado.

A tono con las nuevas circunstancias, el presidente Díaz-Canel ha considerado fundamental poner orden en la política financiera de la isla. El mencionado incremento de jornales y de las pensiones más pequeñas y el traspaso de facultades de la administración gubernamental a las empresas públicas constituyen los primeros pasos de un proceso mucho mayor, señaló en las últimas semanas.

UNA APUESTA ARRIESGADA. 

Entre mediados de julio y comienzos de este mes, los trabajadores de entidades presupuestadas recibieron sus nuevos pagos. En paralelo, el gobierno desplegó una amplia operación logística orientada a surtir las tiendas con productos de primera necesidad, que desde el año anterior venían escaseando.

Cuba inició 2019 en medio de una crisis de desabastecimiento motivada por la falta de liquidez y la persecución del gobierno estadounidense contra sus operaciones comerciales. La situación resultaba tan compleja que en abril, al promulgar la nueva Constitución, Raúl Castro le dedicó buena parte de su intervención ante la Asamblea Nacional del Poder Popular. Sus referencias al Período Especial, la debacle provocada por el derrumbe de la Unión Soviética, motivaron una intensa inquietud (véase “Como un déjà vu”, Brecha, 26-IV-19).

Como para alimentarla, a mediados de julio se sucedieron prolongadas interrupciones del servicio eléctrico. Sólo la capital y los balnearios destinados al turismo internacional escaparon a la oleada de apagones, que según la explicación oficial se debieron a roturas en las plantas generadoras. Otra versión, difundida entre el funcionariado, atribuyó los hechos a la carencia de combustible, consecuencia directa de las presiones de la Casa Blanca sobre navieras de terceros países contratadas para trasladar el crudo desde Venezuela (véase “Tres horas y tres minutos”, Brecha, 19-VII-19).

Las cuentas nacionales arrojan un sombrío balance. El año pasado el Pbi cerró el ejercicio con un magro 1,2 por ciento de crecimiento, que en julio fue revisado para agregarle un entero porcentual; aun así, el indicador se mantiene lejos del 7 por ciento que años atrás se presentaba como imprescindible para generar desarrollo. La Comisión Económica para América Latina ha estimado que Cuba completará el calendario en curso “sin decrecer” (como resaltó, a comienzos de este mes, un titular de Granma, el diario oficial del Partido Comunista), pero sus proyecciones no bastan para sostener el optimismo (la estimación es del 0,5 por ciento).

“El propósito (de Donald Trump y su gabinete) es asfixiarnos económicamente, provocando mayores carencias que irriten y desmovilicen a nuestro pueblo”, resaltó Díaz-Canel al clausurar el período parlamentario de julio. Por esos días el mandatario contrapuso la difícil coyuntura económica a la necesidad de elevar los salarios. A su juicio, la medida se traduciría en mayor eficiencia del aparato estatal. Por lo pronto, el retorno a las aulas de más de 8 mil maestros que habían solicitado la baja a causa de los pobres ingresos del sector indica que no andaba desencaminado.

 

¿POPULISMO O SENTIDO DE LA OPORTUNIDAD? 

Durante su primer año en el cargo, Díaz-Canel cargó con el sambenito de ser considerado sólo una figura de paja tras las que se ocultaban Raúl Castro y el Grupo de Administración Empresarial, el holding de compañías gestionadas por ex oficiales de los ministerios del Interior y las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Bajo ese punto de vista, se especulaba que el nuevo presidente tendría poco margen para desarrollar sus propias estrategias de gobierno.

La decisión de alterar la política salarial fijada en los tiempos de Fidel Castro constituye la primera jugada de peso emprendida bajo su conducción y se pondrá a prueba en los próximos meses. La cuestión es tan “simple” como lograr que no se traduzca en inflación el gigantesco volumen de efectivo que se distribuirá entre la ciudadanía. Datos oficiales han cifrado el costo de los incrementos salariales y de pensiones en alrededor de 7.700 millones de Cup, sólo durante los meses que restan de 2019. Para tener una idea de la magnitud de la erogación, basta apuntar que los ingresos planificados del Estado, en todo el año, rondan los 60 mil millones de Cup.

En su empeño por alterar las variables del juego, La Habana ha conseguido hasta ahora un éxito parcial. Por un lado, la red comercial bajo su control no ha colapsado ante la demanda acrecentada de millones de consumidores, pero, por otro, queda la duda de si las autoridades estarán en condiciones de sostener el ritmo actual de abastecimientos (en su mayoría, a partir de importaciones). Otro aspecto que ha cobrado particular preeminencia es el de las relaciones con los cuentapropistas, quienes en junio sumaron –por primera vez– más de 600 mil personas. Su labor resulta fundamental en servicios como los del transporte y la comercialización de productos alimenticios, pero casi siempre ha estado marcada por una tensa relación con las autoridades.

Anticipando que ahora no sería diferente, desde principios de julio numerosos funcionarios se apresuraron a aclarar que, para ser “exitoso y sostenible”, el aumento salarial debía ir acompañado por “el no incremento de precios”. Así lo señaló la ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños, al recordar que “no ha existido un incremento de los costos o impuestos; por tanto, no puede ser la subjetividad del incremento salarial la que lo motive. (…) Se trata, sobre todo, de que no se sigan estableciendo precios abusivos”.

La de “precios abusivos” es una de las expresiones más repetidas por la prensa oficial en las últimas semanas. Para enfrentarlos, se han topeado los importes de numerosos productos y servicios, y se han habilitado líneas telefónicas y direcciones de correo para que la población denuncie a quienes violen lo establecido. A nivel nacional, el proceso es supervisado por un observatorio gestionado por el ministerio de ese ramo.

No es una estrategia nueva. A finales de 2015, a raíz de otra crisis alcista, un diputado demandó en la Asamblea Nacional el fin de la política de “oferta y demanda” que defendían el vicepresidente Murillo y otros dirigentes. Consciente del malestar que generaba la situación, Raúl Castro secundó el reclamo y durante los meses siguientes se ensayó en la isla un primer intento de control centralizado de precios, que terminó con más penas que glorias. Durante los años transcurridos otros “experimentos” (como se les conoce en la jerga burocrática local) pretendieron ordenar la comercialización de materiales de construcción y el transporte de pasajeros, siempre sin éxito.

El de los taxis “almendrones” (los autos particulares estadounidenses de la década del 50) de La Habana se contó entre los fracasos más rotundos, recuerda el periodista José Jasán Nieves, del sitio alternativo El Toque“Fue una iniciativa cuyo resultado debería estar tallado sobre las paredes de los ministerios de Transporte y de Finanzas y Precios: 4.359 vehículos menos sirviendo, oficialmente, a los pasajeros en la capital y los precios aumentados el doble y hasta dos veces y media en las rutas que sobrevivieron”.

Para Díaz-Canel, esa es una referencia preocupante y cercana a la vez (el “experimento”’ fue abandonado recién en abril pasado). Con todo y las buenas intenciones, ni siquiera el respaldo de la población garantiza el éxito de medidas tan radicales. En especial, en un país con sus finanzas en permanente estado de contingencia.

  1.   Peso cubano, principal moneda de cambio en Cuba; 25 Cup equivalen a 1 Cuc (peso cubano convertible).

Por Amaury Valdivia

23 agosto, 2019

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