Cuba, primer lugar en AL en bienestar materno: informe de Save the Children

Cuba es el mejor país de América Latina y el Caribe para que las mujeres se conviertan en madres, indicó hoy el informe Estado de las Madres del Mundo 2013, de la organización de derechos de los niños Save the Children con sede en Londres.

 

El informe anual compara la vida de las madres en 176 países. Se valora la salud materna, la mortalidad infantil, la educación y los ingresos, así como la situación socio-política de las mujeres.

 

Finlandia ocupa el primer lugar en bienestar y el último es República Democrática de Congo. Los otros países nórdicos como Suecia, Noruega e Islandia están en los primeros puestos, mientras los 10 últimos los ocupan países del África subsahariana.

 

En cuanto a América Latina y el Caribe, Cuba es el primer país en aparecer,en el puesto 33, por delante de Argentina (36), Costa Rica (41), México (49) y Chile (51), en contraste con Haití, en el último sitio (164). Otras naciones con puestos relativamente bajos son Honduras (111), Paraguay (114) y Guatemala (128).

 

Cuba fue capaz de colocarse en la cima en América Latina, no obstante el bloqueo comercial impuesto por Estados Unidos, que limita el acceso a medicamentos en la isla. Este embargo es el más largo en la historia moderna.

 

“En América Latina existen enormes disparidades”, dijo el director de Save the Children para la región, Beat Rohr. “Cuando las mujeres tienen educación, representación política y una atención materna e infantil de calidad, ellas y sus bebés tienen mucho más probabilidades de sobrevivir y prosperar, al igual que la sociedad en la que viven”, agregó el funcionario.

 

“Aunque se han logrado enormes avances en América Latina, podemos hacer más para salvar y mejorar la vida de millones de madres y recién nacidos que se encuentran en situación de pobreza”, aconsejó el especialista.

 


En América Latina, las muertes neonatales (ocurridas durante el primer mes de vida), constituyen más de la mitad del total de las muertes de menores de cinco años. Según Save the Children, las principales causas de esas muertes incluyen nacimientos prematuros, infecciones graves y complicaciones durante el parto. No obstante, la mortalidad neonatal en la región disminuyó 58 por ciento en las últimas dos décadas, aunque existe una gran diferencia en la atención disponible para las personas ricas y las de menos recursos, apuntó la organización. En Brasil, Guatemala, México y Perú “se detectan los mayores progresos”, de acuerdo con el informe.

 

Save the Children informó que cada minuto mueren dos bebés en el mundo, lo que aumenta a un millón de recién nacidos por año los que no sobreviven en las primeras 24 horas. La mayoría de esos bebés fallecen de males prevenibles y tratables. Al menos 98 por ciento de las muertes neonatales ocurren en países en desarrollo.

 

En la República Democrática de Congo, el riesgo de morir durante el embarazo o por complicaciones en el parto es de una por cada 30, en Finlandia es una por cada 12 mil 200.

 

“Los gobiernos invierten en la salud materna e infantil, al mismo tiempo que invierten en su futuro. Mientras tanto, podemos identificar medidas que son baratas y versátiles para hacer frente a las causas de muerte en los recién nacidos. Por desgracia, todavía hacen falta mayor voluntad política y financiamiento”, comentó Kathrin Wieland, vocera de Save the Children.

 

Por Xinhua

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Vacunación falsa de la CIA en Pakistán pone en peligro a la humanidad

Un daño colateral del operativo realizado por la CIA en la ciudad pakistaní de Abbottabad para neutralizar a Osama bin Laden en 2011, podría afectar a toda la humanidad, según un artículo publicado en la revista ‘Scientific American’.

 

Los periodistas advierten sobre el riesgo de una nueva propagación de algunas enfermedades contagiosas casi vencidas tras décadas de distribución de distintas vacunas entre los niños. Todo puede revertir bajo el efecto del abuso de la propia idea de la vacunación realizada por la CIA en las semanas previas a la incursión final al paradero del líder máximo de Al Qaeda.

 

El servicio especial estadounidense autorizó una campaña de vacunación falsa en distintas regiones de Pakistán para obtener el ADN de alguno de los hijos del ‘terrorista número uno’ y así detectar dónde se escondía. Las autoridades pakistaníes condenaron el uso malintencionado de los servicios sanitarios por parte de la agencia norteamericana. Un médico que ayudó a la CIA a encontrar pistas sobre Bin Laden fue condenado a 33 años de cárcel, tras ser declarado culpable de traición a la Patria.

 

La desaprobación popular de esas prácticas fue aún mayor. Con el tiempo, el recelo ante los supuestos agentes con bata blanca solo iba creciendo y llevó a varios actos de agresión contra los médicos (verdaderos), tanto en Pakistán como en otros países islámicos.

 

En diciembre pasado nueve trabajadores de una campaña de vacunación fueron linchados en territorio pakistaní: hecho que precipitó la decisión de la ONU de retirar a todos sus médicos de la región. Dos meses más tarde unos grupos armados asesinaron a diez participantes de la vacunación contra la poliomielitis en Nigeria: otro triste episodio que puede evidenciar la propagación de la violencia contra los galenos.

 

Esos ataques coincidieron con la etapa decisoria en la lucha contra la poliomielitis, reseña la editorial de ‘Scientific American’. El número de los casos nuevos de la enfermedad se redujo de 350.000 a 650 entre 1988 y 2011. Solo en tres países —Afganistán, Pakistán y Nigeria— la infección sigue difundiéndose por medio de contagio entre personas. Y el cierre de la campaña puede llevar al resurgimiento de la enfermedad, casi vencida en todo el mundo.

 

Actualmente varios organismos internacionales están reduciendo o cancelando los programas de vacunación por las amenazas a la integridad física que corren los médicos. Así, los efectos colaterales de un solo operativo estadounidense han afectado de un modo directo y fatal a decenas de personas e indirectamente a miles de millones de víctimas potenciales de las epidemias en todo el mundo.

 

“Debe haber una línea roja entre los esfuerzos humanitarios y la maquinación de la guerra, por muy inconformista que sea”, sugiere la revista. “El precio de lo contrario para los empeños humanitarios del futuro, la estabilidad global y la seguridad nacional de EE.UU. es demasiado grande: incluso en comparación con la liquidación de uno de los más aterradores enemigos de EE.UU. e incluso si no hay otra opción disponible”, agregan los periodistas.

 

4 mayo 2013

(Texto completo en: http://actualidad.rt.com/actualidad/view/93532-vacunacion-falsa-cia-pakistan-epidemia)

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Paula Sofía: otra víctima del sistema de salud

De nuevo, por falta de una autorización oportuna de una EPS, esta semana ha muerto otro ser humano en el país, en este caso la bebe Paula Sofía que tenía tan solo 9 meses de vida.

 

Paula Sofía nació con Síndrome de Down, una alteración cardiaca e hipotiroidismo. Es común que las personas con Síndrome de Down tengan cardiopatías asociadas, pero estas son totalmente manejables quirúrgica y medicamente, lo que les da una sobrevida importante y les permite realizar un proyecto de vida.

 

Desde el día 6 de febrero a Paula Sofía le fue ordenada con urgencia la cirugía cardiaca, es decir casi 3 meses antes de su deceso. Lo que relatan sus progenitores es que la EPS Solsalud no autorizó el procedimiento quirúrgico con diversos argumentos, razón por la cual interpusieron el día 4 de marzo una acción de tutela para que la niña fuese operada. Un juez falló a favor de la niña y ordenó a la EPS el procedimiento, pero es solo en sus últimos días de vida (24 de abril) que es internada en el hospital de segundo nivel San Blas, por un cuadro de bronquiolitis aguda, desde donde se buscó la remisión a una institución que practicará la alta cirugía requerida por la niña, sin lograr encontrarla. Finalmente, la niña llegó el día 29 de abril al hospital de tercer nivel Santa Clara, con unas condiciones clínicas complicadas por una neumonía, sumada a su cuadro cardiológico, que condujeron a su falleciendo esa misma noche del 29.

 

A la hora de las explicaciones. la EPS Solsalud, argumenta que sí autorizaron la cirugía, solo que ¡por falta de camas en hospitales públicos y privados!, el tratamiento requerido no fue posible.

 

Como se observa se dio toda una cadena de acontecimientos de carácter administrativo y asistencial, que determinaron la muerte de Paula Sofía, la cual era totalmente evitable, en tanto hoy en día se cuenta con el desarrollo técnico-científico para el manejo de estas situaciones clínicas.

 

¿Qué es lo que hay detrás de esta nueva muerte?

 

Seguimos repitiendo la historia de hace más de una década. El itinerario burocrático, antihumano y con sentido de contención de costos que hace, de un lado, que las EPS le saquen el cuerpo a este tipo de procedimientos con altos costos, porque no son costo-efectivos y, de otro, que propicia que los prestadores de servicios de salud, públicos o privados, no los atiendan si no hay quien pague por ellos. Primero el dinero que la vida de una persona.

 

No hay duda. En el fondo de esta problemática está la racionalidad económica impuesta por la Ley 100, la misma que por cerca de 20 años ha determinado el rumbo de la salud en nuestro país, generando dinámicas antiética, antihumanas y por fuera de toda lógica pública, como el conocido “paseo de la muerte” y otras dinámicas similares, producto de las cuales centenares de personas –por lo general de pocos recursos– han perdido la vida, o padeciendo el agravamiento de su salud producto de enfermedades mal tratadas. Una lógica al servicio del lucro, del negocio, de la acumulación de dinero, con la tiranía de las razones burocrático-administrativas, en contra del bienestar, la salud y la vida de la gente.

 

Ya es claro que mientras se mantenga como aspecto central del sistema de salud la lógica económica que: 1) estimula el lucro de las EPS con su labor de intermediación que hacen entre los dineros públicos del sector salud con las IPS y ESE, 2) impone el acento en la sostenibilidad financiera de las instituciones prestadoras de servicios de salud y 3) obliga a la gente a demostrar capacidad de pago para ser atendida, es evidente que esta situación de muerte como la de la bebe Paula Sofía, se seguirá repitiendo indefinidamente.

 

En este caso, además, surgen preguntas como, ¿cuál fue el papel de la EPS Solsalud para resolver el caso de Paula Sofía? ¿Para qué se requería esta intermediación de Solsalud, si existen dineros más que suficientes en el Fosyga que podrían contratar directamente a la IPS o ESE para que atendiera a Paula y no tener que estar sometidos a la autorización de una EPS?

 

Asi las cosas, esta tragedia que enluta a otra familia de nuestro país por realidades, circunstancias y problemáticas totalmente controlables, revela de nuevo, la inutilidad de las EPS, lo que nos recuerda que su presencia en el país sigue condenando a la muerte a muchos de nuestros compatriotas.

 

¿Cuántas muertes más se requieren para abolir este sistema de salud perverso?

 

Problemática y realidad que no ve el Gobierno nacional, y tipo de preguntas que no se realiza, como queda claro en el reciente proyecto de ley 210 que ha presentado para reformar el sistema de salud, en el cual, aunque acaba las EPS, mantiene la maldita intermediación, ahora por condcuto de las llamadas Gestoras de Servicios de Salud, con las cuales –de ser aprobado– se mantendrá intacto el espíritu de intermediación y lucro, al conservar la figura de Unidad de Pago por Capitación –UPC– por cada afiliado asegurado a estas Gestoras y sostener que contratan y autorizan los servicios de atención con las prestadoras de servicios de salud. No cambia en absoluto la raíz del problema.

 

La muerte de Paula Sofía debe constituirse en un intolerable ético y contribuir a incrementar la indignación de la sociedad contra un sistema de salud totalmente deshumanizado, sosteniendo la consigna de ¡NO MÁS EPS! hasta que realmente estas desaparezcan.

 

Si la sociedad no se mueve con fuerza, si no se indigna, no se emberraca, si no presiona más, si no se moviliza más, junto a propuestas alternativas (que de hecho existen y son viables), tendremos que seguir lamentando más muertes de este tipo.

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“Sin prohibición, habría menos muertes”

Captada la atención del auditorio de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), Eugenio Zaffaroni se permitió contar una anécdota, que ilustra el pensamiento mágico del poder punitivo. Ocurrió durante un encuentro internacional de magistrados, recordó el ministro de la Corte Suprema de la Nación, “cuando estaba a punto de caer el muro de Berlín”. Por curiosidad entró a una conferencia en la que se hablaba de penalizar los delitos nucleares. “Le dije a una compañera, una socióloga canadiense ya fallecida, Ruth Morris, que si existía un crimen nuclear, si alguien tiraba una bomba atómica, no iba a quedar ninguno para juzgarlo. Ella me contestó que el poder punitivo es una religión porque parece resolver todos los problemas. Un falso Dios”, dijo. La represión y persecución del usuario, explicó en su disertación de cierre para las primeras jornadas universitarias sobre drogas, es otro abordaje “fundamentalista”, “absurdo” y “trágico” de los adoradores del poder punitivo mundial.

 

Durante las dos jornadas del flamante Centro de Estudios de la Cultura Cannabica (Cecca) y la UNQ, se analizó el prohibicionismo y los intereses que lo sostienen; también las incipientes políticas soberanas y democráticas en torno a la marihuana y la hoja de coca, en distintos países de la región y en España. La nutrida concurrencia, integrada por activistas y estudiantes mayormente, se sorprendió con retratos de famosos fumones, de plantas incautadas y perejiles detenidos en allanamientos, que instaló la revista THC en los pasillos, donde Zaffaroni sería recibido como un héroe.

 

“La prohibición del cannabis, en Estados Unidos, fue antes que la del opio y está rodeada de una fuerte simbología social. Estuvo a cargo de los puritanos y apuntaban a estigmatizar a los inmigrantes y braseros mexicanos que fumaban. Era su formas de mostrar su supuesta superioridad cultural”, explicó el magistrado. En ese país, principal sostén del prohibicionismo en los foros mundiales, ya se había probado sin éxito criminalizar el uso del alcohol, agregó, “para perseguir a polacos, alemanes, irlandeses, protestantes y luteranos, todos con cultura de fonda”.

 

Y lo que dejó la ley seca, dijo Zaffaroni, fue un tendal de muertos y personas que se quedaron ciegas por beber alcohol metílico, productos de la fabricación clandestina. Con la cocaína, aclaró luego, ocurren cuestiones similares por su impureza y peor aún con el paco, “el tóxico de la miseria”, como lo definió el magistrado. Sin embargo hay algo más dañino para salud que las drogas mal cortadas. Basta imaginar el cálculo que propuso Zaffaroni: “¿Cuántos años se hubieran necesitado para que se mueran por sobredosis de cocaína las 50 mil personas que murieron en las guerras a las drogas que en los últimos seis años en México?”.

 

El magistrado aseguró que existe un “proteccionismo insólito del poder punitivo”, que se asocia con los que se benefician de la plusvalía de la venta de drogas y les aleja la competencia. “Los narcos financian elecciones o seleccionan candidatos, a nivel municipal o provincial, pudren la fuerza política desde las bases. Y la guerra no termina porque la plusvalía sigue. Creo que si no hubiese prohibición, habría menos muertes. El tema es cómo legalizar y hay que debatirlo porque ya es demasiado obvia la irracionalidad de la prohibición”, aseguró Zaffaroni.

 

“Las políticas de drogas en la región son diseñadas directamente por la DEA (el Departamento Antinarcóticos Estadounidense), no se da espacio a otras propuestas reguladoras. Y la intromisión es peligrosa: en Bolivia echaron a la DEA porque tenían bases de datos de los movimientos sociales”, alertó el diputado bonaerense, Marcelo Sain, en un primer panel sobre “el nuevo paradigma soberano” en Latinoamérica, el lunes pasado. A su lado, asentía el juez federal platense César Alvarez. “No debe haber una regulación penal de la marihuana. Es ilegal porque lo dice el legislador en la ley, pero no hay un fundamento moral que lo sea”, dijo el magistrado.

 

En la mesa siguiente el fiscal federal de Lomas de Zamora, Adrián García Lois, trazó el diagnóstico local: “En 2012, entre el 20 y 25 por ciento de la detenciones de la Policía Federal en todo el país es por infracción a la ley de drogas. La mitad por actitud sospechosa, que es una categoría que oculta la estigmatización policial, el 38 por fumar en la vía pública, el 6 por llamados anónimos y solo el 2 por ciento por orden judicial”. Los datos provienen del Ministerio de Seguridad Nacional. “Y no menciono los extorsionados por la policía, que no llegan a ser detenidos”, aclaró.

 

La propagación de causas judiciales, dijo el penalista Mariano Silvestroni, responde también a una “inflación penal” que azota a muchos países del mundo. “Debemos sumar la confusión entre moral y Derecho, que muchas veces afecta derechos individuales, como el consumir sustancias, el aborto o la eutanasia”, detalló este profesor de Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires. El fallo Arriola de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que declaró inconstitucional penar la tenencia de drogas para uso personal, es “muy tímido” como para detener la inflación punitiva, afirmó.

 

La situación carcelaria de la prohibición fue analizada por Liliana Martínez, de la Procuración Penitenciaria. “Los que pretenden hacer un tratamiento dentro de las cárceles federales tienen muchos problemas de acceso. O sufren traslados o pasan a comunidades terapéuticas con enfoques moralistas y conductistas. La atención ambulatoria todavía es pequeña”, estimó. Alberto Calabrese, responsable del sector de Adicciones del Ministerio de Salud Nacional, afirmó: “Si se busca cuidar la salud, debe entenderse que la salud no se impone con prisión”.

 

Raquel Peyraube, una especialista uruguaya en tratamiento de usuarios problemáticos, reclamó que se extienda los programas de sustitución de drogas. “¿Si le damos metadona a los heroinómanos, por qué no darle anfetaminas a quien sufre la abstinencia de la cocaína? ¿Por qué la respuesta médica es que los usuarios dejen de consumir para tratarse o que se mueran? ¿Es ético esto? No podemos pensar en mejorar la calidad de vida. Es importante que los médicos entiendan que la medicina se nutre de la ciencia, pero es esencialmente un arte”, subrayó.


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AL enfrentará azote de cáncer si gobiernos no actúan

América Latina enfrentará una epidemia de cáncer a menos que los gobiernos actúen rápidamente para mejorar los sistemas de salud y traten a los pobres, alertaron científicos en un informe publicado el viernes en la revista The Lancet Oncology.

 

El informe, lanzado en la conferencia Grupo de Cooperación en Oncología Latinoamerciano (LACOG) 2013 en Sao Paulo, señala 13 muertes por cada 22 casos de cáncer en la región, contra 13 muertes cada 37 casos en Estados Unidos y 13 muertes cada 30 casos en Europa.

 

La razón principal, según los autores, es que demasiada gente es diagnosticada con cáncer de manera tardía, cuando ya es mucho más difícil de tratar y es más posible que lleve a la muerte del paciente.

 

“Los investigadores estiman que para 2030, un millón 700 mil casos de cáncer serán diagnosticados en Latinoamérica y el Caribe, y habría más de un millón de muertes debido al cáncer anualmente”, según el informe.


Pérdidas, costos...

 

La enfermedad representa actualmente pérdidas por unos 4 mil millones de dólares por año para la región, incluso no sólo el costo del tratamiento y medicamentos, sino también el impacto en la economía y en la pérdida de vidas de forma prematura debido al cáncer.

 

“Estos costos aumentarán sustancialmente si los gobiernos no adoptan acciones coordinadas para frenar el creciente impacto del cáncer en la región”, advirtió el informe.

 

“Mucha gente a través de la región, especialmente en comunidades pobres, indígenas o rurales, tienen poco o ningún acceso a servicios de lucha contra el cáncer, problema exacerbado por una inversión en salud baja y altamente desigual en la mayoría de los países latinoamericanos”, sostuvo.

 

Otro factor es que más de la mitad de los latinoamericanos carecen de sistema de salud, o el que poseen es inadecuado, según los autores.

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Nueva reforma a la salud, lo que oculta y lo que demanda*

El gobierno nacional presentó el proyecto de ley ordinaria 210 con el intento de ajustar la Ley 100. Diversos sectores sociales, académicos, gremiales y políticos, articulados en la Alianza Nacional por un Nuevo Modelo de Salud-Ansa, presentaron el proyecto de ley ordinario 233 para generar un cambio de fondo a la Ley 100 y establecer un nuevo modelo de salud para el país. Colombia vivirá un tercer round de reforma al sistema de salud, toda vez que la Ley 1122 de 2007 y la 1438 de 2012 no han resuelto la crisis del sector. El país requiere una Ley estatutaria que defina con claridad qué es el derecho a la salud, cuál es su carácter, para orientar el sentido y la manera como se debe estructurar este sistema y sus políticas públicas; la ley ordinaria debe ser consistente con la estatuaria.

¿Será que esta vez los sectores inclinados al derecho a la salud noquean o al menos desestabilizan los intereses mercantilistas que ahora la controlan?

 

A la memoria del profesor Edgar Mendoza Villalobos, Médico Salubrista Público

 

Bajo una orientación mercantil, Colombia lleva 20 años con un modelo de aseguramiento que estableció la ley 100 que ya bastan. Un modelo que mostró una y otra vez sus restricciones y limitación para garantizar el derecho a la salud, por cuanto implica que sus usuarios estén asegurados, que paguen o demuestren capacidad de pago para recibir un paquete de servicios, relacionados con las contingencias y albures que le pueden pasar a un paciente. Por tanto, es posible pensar en sistemas distintos –no todos con esquemas de aseguramiento–, como por ejemplo los sistemas de salud en Canadá, Inglaterra, España, Cuba o Brasil, que son sistemas públicos únicos de salud, financiados con impuestos generales progresivos, que han demostrado que son sistemas con mayor capacidad de garantía del derecho en cuestión.

 

Considerar que el contenido del derecho a la salud es un plan único de servicios, es no conocer ni entender que este derecho va mucho más allá de un paquete de servicios de promoción, prevención, atención y rehabilitación. Los desarrollos de Naciones Unidas en esta materia, evidencian que el derecho a la salud está relacionado con un conjunto de determinantes de la salud que incluyen aspectos de educación, condiciones de vida y trabajo, saneamiento básico, ambiente saludable, atención sanitaria, participación de las comunidades, que demandan una acción intersectorial e interdisciplinaria.

 

De esta manera, reconocer la salud como un derecho humano implica que el Estado lo garantiza, protege y respeta, con su papel central en la toma de decisiones, control del sistema y orientación de las políticas del sector salud, recuperando el control público del sistema.

 

¿Cambio de fondo o cambio de lenguaje?

 

En la mira de una ley estatutaria en salud, y en una hábil jugada política, el gobierno nacional presentó con mensaje de urgencia el proyecto de ley 209 al Congreso de la República que fue elaborado por la Gran Junta Médica.1 De este modo, dio un paso para conseguir la simpatía y el respaldo de sectores gremiales de los médicos, con los cuales hay tensiones por sus críticas a la situación de salud impuesta por la Ley 100.

 

El proyecto de ley 209 plantea concebir la salud como un derecho fundamental. Sin embargo, declararla como derecho humano implica establecer la responsabilidad estatal de su garantía y, reconocer que es para todos los seres humanos sin ningún tipo de discriminación, ni de barreras de orden económico, administrativo, de género, cultural, geográfico, religioso o político. Desde este enfoque, dicho proyecto tiene dos inconvenientes. Uno: que establece un Sistema Único de Salud, con aseguramiento de carácter social. Dos: que equipara al derecho a la salud con un plan único de salud.

 

Por su parte, la iniciativa de reforma al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), proyecto de ley ordinaria 210 que también presentó en simultaneo el gobierno nacional, tiene una incoherencia e inconsistencia con el proyecto de ley estatutaria. Este proyecto de ley ordinaria solo hace una serie de ajustes al modelo de ley 100, con la misma matriz de aseguramiento e intermediación. Así, continuamos en lo mismo, solo cambia el lenguaje.

 

La habilidad política de Santos y el ministro Gaviria

 

El alto gobierno mediante la cooptación de las demandas de los sectores sociales, y de parte del sector médico, saca a relucir con engaño, que con su iniciativa de ley ordinaria desaparecen las EPS. En verdad, ni las eliminan ni tienen en cuenta la salud como derecho humano fundamental. Apenas intentan un cambio de forma y no de fondo. maquillaje gramatical: Gestoras de Servicios de Salud en vez de EPS, de Mi Plan en vez de POS, Salud Mía en vez de Fosyga, valor per capita ajustado por riesgo en vez de UPC, prestadores de servicios de salud en vez de IPS y órgano colegiado de gestores de servicios de salud en vez de Acemi. En los hechos mantienen los dos regímenes de aseguramiento sin enfrentar las inequidades características entre los afiliados al régimen contributivo y los afiliados al régimen subsidiado.

 

Más que desaparecer las EPS les cambian su denominación. En el fondo, aumentan su potestad en aspectos que son centrales en el sistema de salud como: 1. Crear y direccionar las redes prestadoras de servicios de salud. 2. Mantener la contratación, vigilancia y pago a las prestadoras de servicios de salud. 3. Mantener el rol de autorizadores de servicios. 4. Contratar con su propia red en la prestación primaria de servicios de salud sin ningún límite de porcentaje. 5. Continuar con la potestad de realizar acciones de salud individuales y colectivas. 6. Mantener el negocio de la medicina prepaga. Entonces, ¿dónde y cuál es el cambio de las EPS?

 

La iniciativa del gobierno con respecto al POS (Mi Salud) tendrá como base las exclusiones y no las inclusiones (el asunto es cómo y qué se excluye), elimina los recobros (vía por la cual están descubiertos procesos de corrupción y desfalco a los dineros públicos de salud) y privilegia la contratación de las gestoras de servicios de salud con las ESE, con una medida que limita al régimen subsidiado.

 

Ante el jugoso negocio y todos los eventos de corrupción y vínculos delictivos (paramilitar) conocidos, el proyecto de ley busca una depuración de las EPS con el objeto de un descreme del negocio, que deje solo un conjunto de aseguradoras fuertes en finanzas, en vía del oligopolio que han querido concretar desde hace años.

 

Para así facilitarlo, conservan la separación entre acciones colectivas manejadas por lo público –en tanto no son rentables– y las individuales, privadas, en donde está el negocio.

 

No definen la posibilidad de la administración directa del régimen subsidiado por parte de los Entes Territoriales, como admitió el Ministerio de Salud producto de la iniciativa del gobierno de Bogotá, con lo cual, un aspecto que podría ser un cambio sustancial, fue dejado de lado. Quita potencia al papel de autoridad sanitaria territorial y función central de los Entes Territoriales en la inspección, vigilancia y control, que diseña e implementa políticas y programas de salud y que puede establecer gestiones desde una acción intersectorial. Asimismo, deja de lado el tema de la Atención Primaria de Salud –APS– y la creación de las redes de prestadoras de servicios de salud no se organiza desde el enfoque de necesidades de salud de las poblaciones en sus territorios (lógica territorial-poblacional fundamental para la salud pública y la APS), sino en la lógica mercantil dada la distribución geográfica de las prestadoras de servicios de salud para configurar las Áreas de gestión sanitaria.

 

La inspección, vigilancia y control que admiten es con un enfoque predominantemente administrativo y financiero, que abre el juego a varias de las superintendencias, sin poner como centro la vigilancia y control para garantizar que el sistema de salud cumpla y contribuya a generar resultados positivos de bienestar y salud. Es caso, que la entidad Supersalud continúa sin dientes y mecanismos para su función.

 

El tema de participación no avanza, queda en el escenario de las asociaciones de usuarios de los prestadores de servicios de salud, sin brindarles mayores recursos de poder para que tengan capacidad de decisión.

 

Tampoco elimina la barrera que impide o dificulta el acceso económico a los servicios de salud, como son los copagos y las cuotas moderadoras, a pesar de la experiencia de Bogotá, una demostración palpable de que pueden desmontarse.

 

Preocupa también, que el principio de inembargabilidad de los recursos de salud, ya que dejan de ser recursos públicos una vez salen para la prestación individual, desde el fondo Salud Mía hacia los Gestores de Servicios de Salud. Un sesgo que amarran con impedimentos para denunciar, en tanto, si una autoridad judicial no admite esa disposición por el perjuicio a pacientes, dicho funcionario judicial queda incurso en falta disciplinaria gravísima que genera responsabilidad fiscal. Una jugada concebida para quebrar la acción de tutela, el mecanismo judicial y constitucional a través del cual la gente busca protección. Como si fuera poco, el gobierno busca proteger a los Gestores de Servicios de Salud y, además, autoriza que los recursos públicos de salud se puedan invertir en la actividad que a los privados guste, desde infraestructura de servicios de atención hasta canchas de golf.

 

En favor de la desigualdad, la reforma deja en cabeza del Presidente temas como el de las condiciones laborales de quienes trabajan en el sector salud y de aspectos relacionados con los grupos étnicos, con lo cual podrían retroceder aspectos de reivindicación en su perspectiva de salud, ganados por los pueblos indígenas.

 

Sí es posible el derecho a la salud en Colombia

 

Los sectores sociales, comunitarios, académicos y gremiales que luchan por el derecho a la salud, articulados en la Alianza Nacional por un Nuevo Modelo de Salud - Ansa, han construido una propuesta de nuevo modelo de salud para el país. Para el efecto presentaron el proyecto de ley ordinario 233 en contraposición al proyecto de ley 209 del gobierno nacional. Este proyecto cuenta con el respaldo de 21 parlamentarios de los partidos Polo Democrático, Verde, Liberal, Mira y Aico.

 

El proyecto de ley ordinaria 233 crea el Sistema Único Descentralizado de Seguridad Social en Salud, distinto al Sistema General de Seguridad Social en Salud, distante del actual modelo del negocio con la enfermedad y que deroga la ley 100 en sus componentes de salud y riesgos profesionales, y las leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2011, que intentaron ajustes sin salir de ese modelo2 (Ver recuadro: Contenidos del proyecto alterno).

 

De este proyecto hay aspectos que requieren más profundización como el de la participación ciudadana, articulada a una perspectiva de mayores recursos de poder de la gente, por ejemplo, la planeación y presupuestación participativa del sistema de salud; y el tema de inspección, control y vigilancia más articulado con los procesos de control ciudadano y social. Para mejorar esta iniciativa se debe proceder de manera amplia con la gente, tanto para que la conozca y la comprenda, como para que la enriquezca.

 

Movilizarse para tener posibilidad

 

En la pelea por el control y orientación del sistema de salud, es necesario desde los sectores sociales, políticos e institucionales con interés en el derecho a la salud y en general de la sociedad, tomar una posición en defensa del proyecto de ley alterno que elimina la matriz de intermediación y negocio que es el eje de la iniciativa del Gobierno y base del modelo de la Ley 100.

 

Es necesario enfatizar. Solo será posible construir un real sistema de salud garante del derecho a la salud en el país, si en efecto se da una confluencia política de los sectores al derecho a la salud, que genere acciones políticas de movilización social y presión al Congreso para cerrar el camino a los sectores favorables a la mercantilización de este derecho. De lo contrario vamos a sufrir una tercera noqueada, padeciendo más de lo mismo por mucho más tiempo.

 

* Este artículo retoma algunos aspectos del aparecido en el edición No. 346 del Semanario Virtual Caja de Herramientas titulado "Cero y van tres".

** Médico, Salubrista Público. Profesor de Posgrados en Salud, Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Presidente de la Asociación Internacional de Políticas de Salud.

1 La Gran Junta Médica está integrada por la Academia Nacional de Medicina, la Federación Médica Colombiana, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, Asociación Médica Sindical Colombiana - ASMEDAS, Colegio Médico Colombiano y la Asociación Nacional de Internos y Residentes – ANIR.

2 Hernández, Mario. Un sistema universal para enfrentar la crisis de la salud. Alianza Nacional por un Nuevo Modelo de Salud (ANSA). Comisión de Seguimiento de la Sentencia T-760/08 y de Reforma Estructural del Sistema de Salud y Seguridad Social (CSR). Bogotá, abril 10 de 2013.

 


 

Recuadro 1

 

 


 

Recuadro 2

 

Contenido del proyecto alterno Sistema Único Descentralizado de Seguridad Social en Salud*:

 

Objeto y principios: Crea el Sistema Único Descentralizado de Seguridad Social en Salud y entiende la salud como un derecho fundamental. Un sistema de seguro nacional de salud, con carácter universal, solidario, de financiación pública, por cotización y por impuestos, de administración estatal descentralizada y prestación mixta, público-privada, orientado por una visión de salud pública hacia el logro de metas de salud y calidad de vida de la población y de disminución de inequidades en salud, con amplia participación y control social.

 

Organización: La rectoría del sistema consiste en el conjunto de políticas públicas que orientan a las instituciones y actores del sistema hacia la garantía y el goce efectivo del derecho a la salud. El Sistema Único... tendrá instancias de rectoría en los ámbitos nacional y territorial. En el nacional, la rectoría será ejercida por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. En el territorial, la rectoría será ejercida por los Consejos Territoriales de Seguridad Social en Salud de cada territorio de salud, que es una unidad de organización administrativa, la cual operara en zonas geográficas, socioeconómica y socio-demográficamente delimitadas para la solución y atención integral de las necesidades en salud de la población con criterio de equidad social.

 

Financiamiento: El financiamiento del sistema integra los recursos parafiscales provenientes de las cotizaciones a la seguridad social en salud, riesgos laborales y accidentes de tránsito con los recursos fiscales del orden nacional y territorial, que conforman un fondo publico único para la utilización directa en la contratación de servicios de salud, sin ningún tipo de intermediarios (razón para que desaparezcan las EPS), recursos por supuesto públicos, de principio a fin, que deben ser invertidos exclusivamente en temas de salud; con una Central Única de Recaudo para la Seguridad Social en Salud. Parte integrante del Fondo, cuya función es recaudar todos los aportes.

 

El Fondo Único Público para la Salud hará la distribución de los recursos disponibles, (con un criterio de universalidad de la atención integral en salud, que considere las necesidades y especificidades detectadas en los territorios de salud), a cada una de las subcuentas en los Fondos territoriales de seguridad social en salud, administrados por las unidades territoriales de salud (entidades administrativas públicas descentralizadas, responsables del diseño, gestión, control, seguimiento y evaluación de la gestión en salud en el territorio, mediante asociaciones que de forma autónoma los departamentos, distritos, municipios, entidades territoriales indígenas, zonas de reserva campesina y/o resguardos reconocidos acuerden, según regiones especiales de interés en salud pública y/o que compartan particularidades étnicas o socioculturales).

 

Prestación de los servicios: El acceso a servicios se hace directamente en el lugar donde reside o trabaja la gente. No requiere de un carnet sino solo el documento de identidad para ser atendido. Las instituciones prestadoras de servicios de salud serán únicamente de dos tipos: pública y privada sin ánimo de lucro. Estas instituciones configuran Redes Integradas de Servicios de Salud como conjuntos ordenados de servicios, ubicadas en los territorios de salud, relacionadas según líneas de atención y niveles tecnológicos, que son de Atención Primaria Integral en Salud (general y de salud ocupacional), de servicios especializados ambulatorios (general y de salud ocupacional); Red de servicios de hospitalización (general y de salud ocupacional), de urgencias médicas, y de apoyo (vigilancia en salud pública, servicios diagnósticos, farmacéuticos y de rehabilitación).

 

Modelo de atención: Los bienes y servicios de salud que se requieren con necesidad, para el goce efectivo del derecho fundamental autónomo a la atención en salud, sin importar la capacidad de pago de las personas y con enfoque diferencial por género, especificidad cultural o étnica, ciclo vital o situación de discapacidad o vulnerabilidad, y según las necesidades de las personas, familias y comunidades, son de cinco tipos: 1. Atención primaria integral en salud, 2. Servicios ambulatorios y hospitalarios especializados, 3. Servicios especializados de salud ocupacional, 4. Programas de control de problemas y enfermedades de interés en salud pública, y 5. Prestaciones económicas.

 

En las unidades territoriales de salud, de carácter público y con participación y control social a través de consejos territoriales, se integra los recursos de la Nación con los de los entes territoriales, y organiza la atención individual, la salud pública, los riesgos laborales, los accidentes de tránsito y las prestaciones económicas. Estas unidades territoriales son las encargadas de planear la salud de su territorio, junto con las familias y las comunidades, y tienen que articularse a otros sectores del Estado y de la sociedad para lograr unas condiciones de vida saludables. Integrarán los servicios de atención por medio de la estrategia de Atención Primaria Integral en Salud (APIS), cerca de la gente y con capacidad para resolver los principales problemas de salud de las comunidades, y organizan las redes de servicios que se requieran1.

 

Participación ciudadana y social: Entendida como un derecho y un deber fundamental con materialización en la intervención consciente, activa y vinculante de las personas en los procesos de atención y de toma de decisiones, individuales y colectivos en todo el sistema de salud. La participación vinculante de las personas y de las comunidades organizadas tiene su ejercicio en los siguientes ámbitos: en los procesos cotidianos de atención integral en salud, en la exigibilidad del derecho, en las políticas públicas en salud, consulta previa a comunidades étnicas y en inspección, vigilancia y control.

 

Inspección, vigilancia y control: Las funciones de inspección, vigilancia y control del Sistema Único Descentralizado de Seguridad Social en Salud las ejerce la Superintendencia Nacional de Salud, de manera desconcentrada y con el apoyo de una red de control social que define el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud para cada territorio de salud, con base en una propuesta de reglamentación del Ministerio de Salud y Protección Social.

 

* Proyecto de Ley N° 233. "Por la cual se crea el Sistema Único Descentralizado de Seguridad Social en Salud".

1 Hernández, Mario. Un sistema universal para enfrentar la crisis de la salud. Alianza Nacional por un Nuevo Modelo de Salud (ANSA). Comisión de Seguimiento de la Sentencia T-760/08 y de Reforma Estructural del Sistema de Salud y Seguridad Social (CSR). Bogotá, abril 10 de 2013.

 

Publicado enEdición No. 190
Obama apuesta por la prevención en su estrategia contra las drogas

La nueva estrategia de la Administración Obama para la lucha contra las drogas da preeminencia a las políticas de prevención y rehabilitación sobre las policiales y de seguridad. Durante la presentación del Plan para 2013, Gil Kerlikowske, el director de Política Nacional para el Control de Droga, ha defendido la apuesta de Estados Unidos como la más adecuada para combatir el narcotráfico, al guardar un equilibrio entre la legalización y la guerra directa, las dos corrientes que, con ligeros matices, se defienden en este país y en América Latina para erradicar el problema de las drogas.


 
“Una política contra las drogas basada exclusivamente en la represión se ha demostrado contraproducente, ineficaz y costosa. Pero el extremo contrario, el de la legalización, es perjudicial desde el punto de vista de la salud pública”, ha señalado Kerlokowske. El plan de este año no difiere demasiado del de 2012, que también puso el énfasis en la prevención, pero el envite de Obama se ha reflejado de manera notable en su nuevo presupuesto, mucho más equilibrado entre seguridad y prevención que el del ejercicio anterior.

 


Aunque la proporción de la inversión de la Casa Blanca destinada a seguridad sigue siendo superior, la cantidad fijada en las cuentas de 2014 para la lucha contra la droga en ese apartado se reduce del 62% al 58%, respecto de 2013, mientras que la dedicada a políticas de salud pública y educación aumenta del 38% al 42%. -El presupuesto indica que la cantidad destinada al tratamiento es de 10.700 millones de dólares, frente a los 9.600 millones invertidos en política policial y de prisiones, pero en las cuentas se omiten los 3.700 millones dedicados a la interceptación de alijos y los 1.400 millones para el control del narcotráfico fuera de EE UU, que se incluyen en otra partida-.


 
Aunque Kerlikowske ha rechazado que la legalización del consumo de drogas sea la mejor respuesta para erradicar el problema del narcotráfico, el asesor de Obama en esta materia no ha hecho ninguna alusión a la legalización de la producción, la venta y el consumo de marihuana aprobada en los Estados de Washington y Colorado. “Puede cambiar la legislación estatal, pero sigue siendo un problema de salud pública”, se ha limitado a decir Kerlikowske, que ha remitido al Departamento de Justicia para que explique la respuesta del Gobierno federal ante dos leyes que regularizan un producto que está prohibido por el Gobierno federal -de momento el Fiscal General no se ha pronunciado al respecto-.


 
El plan para 2013 potencia la educación, la asistencia sanitaria y la reforma del sistema judicial como herramientas para reducir el abuso del consumo y las consecuencias de la adicción. “El encarcelamiento no puede ser la solución a la cuestión de las drogas”, ha reconocido. De los 2,2 millones de personas encarceladas en EE UU, poco más de la mitad está en prisión por delitos relacionados con drogas, según el Censo de 2010. El plan de Obama ha incorporado programas para destinar a 100.000 de esos presos a programas de rehabilitación en lugar de mantenerlos entre rejas, prevé crear juzgados especializados y potenciar las condenas a tratamiento de desintoxicación sobre las penas de cárcel en el caso de faltas y delitos menores.

 


Aunque la nueva estrategia de la Casa Blanca sintoniza con la emprendida por varios países de América Latina que han optado por potenciar las políticas de tratamiento y prevención frente a las de seguridad y represión, Kerlikowske ha preferido guardar una distancia prudencial antes que equiparar las iniciativas. “Nuestro plan es el más inteligente y es un término medio a lo que propone América Latina”, ha indicado.


 
En la Cumbre de las Américas del año pasado, varios líderes de la región pidieron a Obama que reconsiderara la legalización como una potencial respuesta para acabar con la violencia relacionada con el narcotráfico que atenaza a varios de los países de la zona. El presidente estadounidense insistió en que él no cree en la legalización como solución. El fracaso de las políticas de represión ha llevado a varios Estados americanos, como Colombia, Uruguay, México o Guatemala -con una de las mayores tasas de homicidios relacionados con drogas- a variar su estrategia contra las drogas, potenciando políticas integrales y apostando por la regularización de determinados cultivos. Otros países, como Chile, Cuba o Paraguay, insisten en mantener políticas de tolerancia cero.

 

Por Eva Saiz Washington 24 ABR 2013 - 22:30 CET

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Alto a la investigación con virus de gripe aviar, exigen científicos a Obama

Un grupo de destacados científicos afirma que es “moral y éticamente incorrecto” continuar creando cepas altamente infecciosas de virus de gripe aviar que pueden ser transmitidas con facilidad entre humanos.

 

Los científicos, entre ellos un ex jefe científico del gobierno del Reino Unido y un premio Nobel, han apremiado al presidente estadunidense Barack Obama a investigar las implicaciones técnicas de la decisión de crear en el laboratorio un nuevo virus de influenza que es más letal y transmisible que los existentes en la naturaleza.

 

Dos equipos científicos –encabezados por Ron Fouchier, del Centro Médico Erasmo, en Rotterdam, y Yoshihiro Kawaoka, de la Universidad de Wisconsin-Madison– anunciaron en 2011 que lograron mutar el virus de la gripe aviar H5N1 de modo que pudiera en teoría ser transmitido entre personas por vía aérea.

 

Suspendieron la investigación el año pasado, como parte de una moratoria voluntaria ante la indignación pública por su trabajo. Pero a principios de este año anunciaron el fin de la moratoria, e incluso una expansión hacia nuevas áreas, con otros virus y enfermedades.

 

En una carta escrita en términos enérgicos, enviada a la Comisión Presidencial para el Estudio de Temas Bioéticos del gobierno estadunidense, opositores a la investigación advierten que no se ha debatido lo suficiente sobre las amenazas planteadas por la cancelación de la moratoria.

 

Señalaron que la tasa de mortalidad del virus H5N1, en las raras ocasiones en que ha infectado a humanos, lo ponen en una “clase por sí mismo”, y que intentar volverlo más transmisible mediante experimentos de laboratorio equivale a correr el riesgo de desatar una pandemia de efectos devastadores.

 

“La liberación accidental en la comunidad de un virus artificial de H5N1, transferible a humanos, tiene el potencial de causar una pandemia global de proporciones épicas que empequeñecería la pandemia de gripe española de 1918, que provocó la muerte de más de 50 millones de personas”, sostienen los científicos.

 


“La mayoría (de científicos) considera que la creación en laboratorio de un patógeno más letal de uno que existe en la naturaleza es moral y éticamente incorrecto. De hecho, la opinión mayoritaria es que no existe justificación científica que compense los problemas morales y éticos”, afirman.

 

La carta fue promovida por la Fundación para la Investigación de Vacunas, organismo privado con sede en Washington. Fue enviada a la comisión presidencial para dar la vuelta a los poderosos Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, que han financiado los dos proyectos de investigación sobre la transmisibilidad del H5N1 y controlado gran parte del debate en la materia.

 

Firmantes

 

Entre los 17 firmantes de la carta están los británicos Robert May, ex jefe científico del primer ministro británico y experto en transmisión de enfermedades; Marc Lipsitch, especialista en enfermedades comunicables de la Universidad Harvard, y Richard Roberts, quien ganó el Premio Nobel de Medicina en 1993 por sus investigaciones precursoras en genética.

 

Los científicos se preocupan en particular de que los intentos de crear formas más letales de H5N1 sean sólo el principio de mayores trabajos con otros virus potencialmente letales, en lo que denominan estudios de “ganancia de función”, que estimulen mutaciones virales más peligrosas.

 

El profesor Simon Wain-Hobson, eminente virólogo del Instituto Pasteur de París, quien fue el primero en firmar la carta, afirmó que la Organización Mundial de la Salud debió haber tomado la iniciativa: “La reciente cancelación de la moratoria por 40 investigadores de influenza –no financiadores, gobiernos ni organismos internacionales– lo dice todo. La comunidad de la influenza no ha entendido que este es un tema candente que no desaparecerá”.

 

Steve Connor
The Independent

Traducción: Jorge Anaya

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Obama blinda a las empresas de alimentos transgénicos

El Gobierno estadounidense ha aprobado la disposición de la ley financiera de plazo restringido HR 933 donde se incluye una legislación que protege a las compañías de transgénicos en los juicios que se generen por la venta de sus productos. Esta circunstancia, unida a la sospecha de haber sido elaborada conjuntamente con Monsanto, ha llevado a sus opositores a definirla como 'Ley de Protección de Monsanto' (Monsanto Protection Act), en alusión a la mayor compañía de semillas del mundo.  

 

El apartado legislativo aprobado se conoce como ley de Seguridad Agraria (Farmer Assurance Provision), "niega autoridad a las cortes federales para cesar inmediatamente la plantación y venta de cosechas transgénicas" y fue promovida por el senador Roy Blunt, un antiguo colaborador de aquella empresa al que la web Money Monocle definió como “el principal político republicano receptor de financiación de Monsanto en los últimos tiempos”. De hecho, según The Center for Responsive Politics, Blunt recibió de aquélla 64.250 dólares entre 2008 y 2012.

 

De esta manera, empresas biotecnológicas como Monsanto, DuPonto o Syngenta, no necesitarán el consentimiento judicial para investigar con cultivos; por el contrario, podrán plantar sus semillas transgénicas sin el consentimiento del Departamento Estadounidense de Agricultura (USDA), e incluso estarán habilitados para vender estos productos.

 

Una senadora se disculpa...

 

Barbara A. Mikulski, senadora de Maryland que se opuso a la aprobación de la norma, emitió un comunicado en su página web ofrenciendo sus disculpas por la promulgación de la misma. Mikulski, que desde diciembre ocupa la presidencia del Comité de Asignaciones del Senado, se había visto obligada a "dejar de lado muchas de sus propias prioridades para conseguir que un proyecto de ley se aprobara en el Senado", circunstancia que le ha llevado a mostrar su "enojo causado por esta disposición" debido a que la senadora estaba de manos "atadas por las negociaciones que se habían celebrado previamente" en lo que respecta a la ley HR 933.  


... mientras Monsanto prevé récords este año


 Monsanto elevó el miércoles sus expectativas de ganancias para todo el año tras reportar un resultado mejor al esperado en el segundo trimestre, debido en gran parte a la fortaleza de su negocio del maíz. Las acciones de la empresa subieron un 1,18 por ciento hasta llegar a los 104,8 dólares a lo largo de los últimos días.

 

La firma líder en el desarrollo de maíz, soja y otros cultivos transgénicos dijo que espera ventas récord de maíz este año, mientras expande sus ofertas de productos y profundiza su penetración en Latinoamérica. Monsanto indicó que las fuertes ventas de maíz en Brasil y en Estados Unidos, donde los agricultores se preparan para la siembra de la primavera boreal, impulsaron los resultados del segundo trimestre.

 

"No hay dudas de que nuestro negocio de maíz está teniendo un año extremadamente fuerte", dijo en una teleconferencia el presidente de Monsanto, Brett Begemann.

 

Por PUBLICO / AGENCIASMadrid04/04/2013 19:41 Actualizado:

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Jueves, 04 Abril 2013 06:30

La guerra darwiniana del sida

La guerra darwiniana del sida

Darwin no pudo llegar a saber lo mucho que sus ideas iban a iluminar una materia para la que no habían sido concebidas: la inmunología. Lo que ocurre dentro del cuerpo tras la infección con un virus como el VIH no es muy diferente, en realidad, de las guerras evolutivas que conducen tanto a los depredadores como a las presas a correr cada vez más para que todo siga igual. Idealmente, igual que antes de la infección. La vanguardia de la investigación sobre la vacuna del sida está explorando a fondo esos jardines darwinianos de senderos que se bifurcan dentro del cuerpo.


 
Los inmunólogos saben que una pequeña fracción de pacientes con VIH desarrolla anticuerpos neutralizantes de amplio espectro contra el virus. Se llaman neutralizantes porque son capaces de bloquear (neutralizar) al virus en ensayos de laboratorio con células humanas; y son de amplio espectro porque neutralizan también a otros virus del sida distintos del que indujo su producción en el cuerpo del paciente. Son, por tanto, un tipo de anticuerpo muy interesante para explorar su aplicación clínica.


 
Científicos de las universidades de Duke y Rockefeller han analizado a uno de las raras personas que desarrollan esos anticuerpos neutralizantes, un paciente africano detectado en los primerísimos momentos tras la infección. Los científicos se han concentrado en averiguar cómo coevolucionan el virus VIH y los anticuerpos que el paciente desarrolla contra él.
 


Sus resultados, presentados en Nature, demuestran que los anticuerpos neutralizantes no son el producto de una larga coexistencia del sistema inmune con el virus, sino que eran ya detectables a las 14 semanas de la infección, y también que se crearon en respuesta a una proteína mutante del VIH. El virus es rápido, pero –en estos raros pacientes— también lo son los anticuerpos.


 
“La mayoría de las vacunas funcionan induciendo una respuesta de anticuerpos de este tipo”, dicen Barton Haynes, director del Instituto de Vacunas Humanas de la Universidad de Duke, y sus colegas; “pero el VIH ha demostrado una diana dificultosa para generar una vacuna”. Tras sufrir la infección, todos los pacientes generan una respuesta de anticuerpos contra el VIH, pero su espectro es tan limitado que las formas mutantes del virus se escapan de su ataque enseguida. Es el comienzo de una carrera de armas darwiniana que, en la mayoría de los casos, gana el VIH a menos que los fármacos antivirales carguen la báscula en el sentido contrario.


 
El paciente africano objeto del estudio fue detectado tan tempranamente que el VIH aislado de su sangre no había tenido tiempo de acumular ni una sola mutación respecto al virus circulante. Unido a esta afortunada circunstancia, el hecho percibido después de que el paciente pertenecía a la minoría (tal vez un 20%) de personas que producen contra el virus anticuerpos neutralizantes de amplio espectro persuadió a los investigadores a volcarse en su estudio.


 
El resultado más alentador del trabajo es la caracterización a fondo de esos anticuerpos tan deseables. Son moléculas especializadas en atacar los sitios vulnerables (epitopos en la jerga) en la principal proteína de la cubierta del virus (env) que tienden a permanecer estables por mucho que mute ese gen. Son anticuerpos mucho más malvados que la inmensa mayoría de sus colegas: como el buen jugador de ajedrez, parecen pensar a varias jugadas de distancia. Haga lo que haga en la evolución subsiguiente, el virus está fastidiado.
 


Esta es justo la clase de arma que se merece ese enemigo correoso y escurridizo. Y ofrece una diana bien concreta para centrar los esfuerzos por una vacuna basada en anticuerpos.

 

Por Javier Sampedro Madrid 3 ABR 2013 - 18:58 CET

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