Jueves, 26 Julio 2012 06:38

Son las armas, pero no sólo las armas

Son las armas, pero no sólo las armas
Amigos:


Desde que Caín enloqueció y mató a Abel, siempre ha habido humanos que por una razón u otra pierden la cabeza en forma temporal o definitiva y cometen indecibles actos de violencia. Durante el primer siglo de nuestra era, el emperador romano Tiberio gozaba despeñando a sus víctimas desde un risco en la isla de Capri, en el Mediterráneo. Gilles de Rais, caballero francés aliado de Juana de Arco en la Edad Media, se volvió loco un día y acabó asesinando a cientos de niños. Apenas unas décadas después Vlad el Empalador, en Transilvania, tenía innumerables modos horripilantes de acabar con sus víctimas; en él se inspiró el personaje de Drácula.


En tiempos modernos, casi en toda nación hay un sicópata o dos que cometen homicidios en masa, por estrictas que sean sus leyes en materia de armas: el demente supremacista blanco cuyos atentados en Noruega cumplieron un año este domingo; el carnicero del patio escolar en Dunblane, Escocia; el asesino de la Escuela Politécnica de Montreal, el aniquilador en masa de Erfurt, Alemania… la lista parece interminable. Y ahora el tirador de Aurora, el viernes pasado. Siempre ha habido orates y siempre los habrá.


Pero he aquí la diferencia entre el resto del mundo y nosotros: ¡aquí ocurren DOS Auroras cada día de cada año! Por lo menos 24 estadunidenses mueren cada día (de 8 a 9 mil por año) a manos de gente armada, y esa cifra no incluye los que pierden la vida en accidentes con armas de fuego o los que se suicidan con una. Si los contáramos, la cifra se triplicaría a unos 25 mil.


Eso significa que Estados Unidos es responsable de más de 80 por ciento de todas las muertes por armas de fuego en los 23 países más ricos del mundo combinados. Considerando que las personas de esos países, como seres humanos, no son mejores o peores que cualquiera de nosotros, entonces, ¿por qué nosotros?


Tanto conservadores como liberales en Estados Unidos operan con creencias firmes con respecto al “porqué” de este problema. Y la razón por la cual ni unos ni otros pueden encontrar una solución es porque, de hecho, cada uno tiene la mitad de la razón.


La derecha cree que los fundadores de esta nación, por alguna suerte de decreto divino, les garantizaron el derecho absoluto a poseer tantas armas de fuego como deseen. Y nos recuerdan sin cesar que un arma no puede dispararse sola; que “no son las armas, sino las personas, las que matan”.


Por supuesto, saben que están cometiendo una deshonestidad intelectual (si es que puedo usar esa palabra) al sostener tal cosa acerca de la Segunda Enmienda porque saben que las personas que escribieron la Constitución únicamente querían asegurarse de que se pudiera convocar con rapidez una milicia entre granjeros y comerciantes en caso de que los británicos decidieran regresar a sembrar un poco de caos.


Pero tienen la mitad de la razón cuando afirman que “las armas no matan: los estadunidenses matan”. Porque somos los únicos en el primer mundo que cometemos crímenes en masa. Y escuchamos a estadunidenses de toda condición aducir toda clase de razones para no tener que lidiar con lo que está detrás de todas esas matanzas y actos de violencia.


Unos culpan a las películas y videojuegos violentos. La última vez que revisé, las cintas y videojuegos de Japón son más violentos que los nuestros, y sin embargo menos de 20 personas al año mueren por armas de fuego allá, ¡y en 2006 el total fue de dos! Otros dirán que es el número de hogares destrozados lo que causa tantas muertes. Detesto darles esta noticia, pero en Gran Bretaña hay casi tantos hogares de un solo padre como acá, y sin embargo, por lo común allá los crímenes con arma de fuego son menos de 40 al año.


Personas como yo dirán que todo esto es resultado de tener una historia y una cultura de hombres armados, “indios y vaqueros”, “dispara ahora y pregunta después”. Y si bien es cierto que el genocidio de indígenas americanos sentó un modelo bastante feo de fundar una nación, me parece más seguro decir que no somos los únicos con un pasado violento o una marca genocida.


¡Hola, Alemania! Hablo de ti y de tu historia, desde los hunos hasta los nazis, todos los cuales amaban una buena carnicería (al igual que los japoneses, y los británicos que dominaron el mundo cientos de años, cosa que no lograron plantando margaritas). Y sin embargo en Alemania, nación de 80 millones de habitantes, se cometen apenas unos 200 asesinatos con armas de fuego al año.
Así que esos países (y muchos otros) son iguales que nosotros, excepto que aquí más personas creen en Dios y van a la iglesia que en cualquier otra nación occidental.


Mis compatriotas liberales dirán que si tuviéramos menos armas de fuego habría menos muertes por esa causa. Y, en términos matemáticos, sería cierto. Si tenemos menos arsénico en la reserva de agua, matará menos gente. Menos de cualquier cosa mala –calorías, tabaco, reality shows– significará menos muertes. Y si tuviéramos leyes estrictas en materia de armas, que prohibieran las armas automáticas y semiautomáticas y proscribieran la venta de grandes magazines capaces de portar millones de balas, tiradores como el de Aurora no podrían dar muerte a tantas personas en unos cuantos minutos.


Pero también en eso hay un problema. Existen montones de armas en Canadá (la mayoría rifles de caza), y sin embargo la cuenta de homicidios es de unos 200 al año. De hecho, por su proximidad, la cultura canadiense es muy similar a la nuestra: los chicos tienen los mismos videojuegos, ven las mismas películas y programas de televisión, y sin embargo no crecen con el deseo de matarse unos a otros. Suiza ocupa el tercer lugar mundial en posesión de armas por persona, pero su tasa de criminalidad es baja.


Entonces, ¿por qué nosotros? Formulé esa pregunta hace una década en mi película Masacre en Columbine, y esta semana tuve poco que decir porque me parecía haber dicho hace 10 años lo que tenía que decir, y no parece haber servido de mucho, excepto ser una especie de bola de cristal en forma de película.


Esto es lo que dije entonces y lo que volveré a decir hoy:


1. Los estadunidenses somos increíblemente buenos para matar. Creemos en matar como forma de conseguir nuestros objetivos. Tres cuartas partes de nuestros estados ejecutan criminales, pese a que los estados que tienen las tasas más bajas de homicidios son por lo regular los que no aplican la pena de muerte.


Nuestra tendencia a matar no es sólo histórica (el asesinato de indios, de esclavos y de unos a otros en una guerra “civil”): es nuestra forma actual de resolver cualquier cosa que nos inspira temor. Es la invasión como política exterior. Sí, allí están Irak y Afganistán, pero hemos sido invasores desde que “conquistamos el salvaje oeste” y ahora estamos tan enganchados que ya no sabemos qué invadir (Bin Laden no se ocultaba en Afganistán, sino en Pakistán) ni por qué invadir (Saddam no tenía armas de destrucción masiva ni nada que ver con el 11-S). Enviamos a nuestras clases bajas a hacer las matanzas, y los que no tenemos un ser querido allá no gastamos un solo minuto de un solo día determinado en pensar en la carnicería. Y ahora enviamos aviones sin pilotos a matar, aviones controlados por hombres sin rostro en un lujoso estudio con aire acondicionado en un suburbio de Las Vegas. Es la locura.


2. Somos un pueblo que se asusta con facilidad y es fácil manipularnos con el miedo. ¿De qué tenemos tanto miedo que necesitamos tener 300 millones de armas de fuego en nuestros hogares? ¿Quién creemos que va a lastimarnos? ¿Por qué la mayoría de esas armas están en hogares de blancos, en los suburbios y en el campo? Tal vez si resolviéramos nuestro problema racial y nuestro problema de pobreza (una vez más, número uno en el mundo industrializado) habría menos personas frustradas, atemorizadas y encolerizadas extendiendo la mano hacia el arma que guardan en el cajón. Tal vez nos cuidaríamos más unos a otros (he aquí un buen ejemplo de esto).


Eso es lo que pienso acerca de Aurora y del violento país del cual soy ciudadano. Como mencioné, lo dije todo en esa cinta y si gustan pueden verla aquí y compartirla sin costo con otros. Y lo que nos hace falta, amigos míos, es el valor y la determinación. Si ustedes están listos, yo también.


Traducción: Jorge Anaya

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ONU: una de cada 200 personas es adicta a las drogas
Nueva York, 26 de junio. Una de cada 200 personas es adicta a los estupefacientes, según el informe mundial presentado hoy en Nueva York por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), el cual destaca también el auge de las sustancias sintéticas y el aumento del consumo en países emergentes.


En total, 230 millones han usado drogas prohibidas alguna vez, mientras 27 millones –una de cada 200– son adictas.


Según pronostica el informe, a finales de este siglo el número de adictos podría elevarse a 300 millones.


El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, destacó que los crímenes relacionados con los estupefacientes amenazan los objetivos más importantes del planeta: garantizar un desarrollo global sostenible y luchar contra el hambre y la pobreza.


En declaraciones durante la presentación del documento ante la Asamblea General del organismo global, expresó: "No podemos permitirnos ceder terreno ante quienes se benefician de la anarquía y utilizan a los países como trampolines para suministrar drogas ilegales".


"Ninguna región, ninguna nación por poderosa que sea, quedará exenta de ello", comentó el director de la Unodc, Yuri Fedotov. "Las bandas internacionales actúan como empresas globales, mueven miles de millones de dólares y tienen enorme influencia en la política", apuntó.


Pero también son devastadoras las consecuencias directas por el consumo de drogas y sustancias permitidas. "Cada año mueren 200 mil personas a consecuencia del uso de estupefacientes ilícitos, por alcoholismo 2.3 millones y 5.1 millones por tabaquismo", subrayó.


A este órgano de la ONU le preocupa el aumento del consumo de drogas en países emergentes, como China. Pekín estima que un millón de chinos usan heroína, y la Unodc calcula la cifra de dependientes a los estupefacientes en 2.4 millones.


También se extiende el consumo por África central y occidental, así como por Afganistán e Irán, naciones que han dejado de ser únicamente productoras. "En muchos países los adictos a la heroína mueren en la calle", añadió Fedotov.


En Afganistán, el mayor productor de opio, la produción creció 61 por ciento, a 5 mil 800 toneladas en 2011, después de que una plaga destruyó casi la mitad de la cosecha el año anterior, lo cual encareció la droga no sólo en ese país, sino en todo el sureste asiático. En Myanmar el cultivo de opio se incrementó 14 por ciento.


Por otro lado, el informe destaca el auge de las drogas sintéticas, como las anfetaminas o el éxtasis, sobre todo en naciones como Estados Unidos. En estos casos "la tasa de mortalidad es superior a la de la heroína y la cocaína juntas", explicó Fedotov antes de la presentación del documento.


Aun así, el organismo internacional rechaza el debate sobre la posible legalización de las drogas prohibidas.


Dpa

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Un pulso con la industria farmacéutica multinacional
Los recobros al Fosyga por medicamentos, entre el 2005 y el 2010, pasaron de 207 mil millones a 2,4 billones de pesos. Desde el año pasado salió a flote la forma como las EPS se lucran. El Fosyga les pagó casi un billón de pesos por más de 100 tipos de medicamentos incluidos en el POS, que debían cubrir estas*. Ocho de los 10 medicamentos más recobrados son biotecnológicos. Fármacos básicos que hacen parte del POS, como acetaminofén, diacepam, loratadina y omeprazol, negados en principio por las EPS, después eran recobrados al Fosyga, por lo cual las EPS recibieron $889.180 millones**. Con estos manejos no es posible un sistema de salud sin generar exclusiones e inequidades en el acceso a los medicamentos, con sus consecuencias de enfermedad y muerte para las personas.

Los genéricos no violan la propiedad intelectual y
nuestra obligación es garantizar  la seguridad de los
pacientes y no proteger intereses comerciales.

Vocero de la delegación de Unasur
en la Asamblea Mundial de la Salud. Mayo 2012

El asunto con las multinacionales en el recobro y la producción de medicamentos biotecnológicos es candente. En el país, están presentes de por medio inmensos recursos que pueden llegar a 1.000 millones de dólares por año. Por fortuna, sectores de la industria nacional de medicamentos, la Federación Médica Colombiana, organizaciones sociales y de pacientes, y sectores académicos levantan varias demandas en relación con el paciente y la salud: es primordial que los medicamentos biotecnológicos puedan ser producidos por más empresas, para terminar con el monopolio, bajar precios, y estimular el desarrollo científico e industrial del país, como una garantía en el avance del derecho a la salud en Colombia1. Sin embargo, varios intereses irrumpen en contravía.

Por una parte, las multinacionales farmacéuticas, a la par con algunos gremios médicos del país (sectores de la Academia Nacional de Medicina y de la Asociación Colombiana de Reumatología) que hacen lobby y propuestas técnicas para impedir que los medicamentos biotecnológicos2, una vez sus patentes expiren, puedan ser replicados con medicamentos genéricos (biosimilares3). Traen a cuento que la seguridad, la eficacia y la calidad de los medicamentos “deben primar sobre el estímulo a la competencia”.

En este discurso de calidad seduce a algunos médicos y pacientes, y “esconde el más crudo interés comercial de actores que sin moral desangraron el sistema de salud, vendieron sus productos a precios bastante superiores al precio internacional y se beneficiaron con las prácticas perversas que precipitaron la crisis que atraviesa la salud”, en palabras del doctor Sergio Isaza, presidente de la Federación Médica Colombiana4. Mantener o poner trabas a la comercialización de biosimilares “ocasionará la fuga de cuantiosos recursos públicos”, dijo el senador Luis Carlos Avellaneda5. Un estudio de Fedesarrollo muestra que el 87 por ciento de los recobros realizados al Fosyga en 2009 correspondieron a medicamentos biotecnológicos que no cuentan con competencia en el país.

Ante la magnitud de los hechos y las presiones, en enero de este año el Ministerio de Salud y Seguridad Social presentó un borrador de decreto para reglamentar el régimen del registro sanitario de los medicamentos de origen biotecnológico6. El decreto permitiría que empresas nacionales puedan producir o importar este tipo de medicamentos y que haya competencia en el país. En la actualidad, las empresas multinacionales que imponen precios descomunales para el público que los necesita son las únicas que comercializan los medicamentos biotecnológicos. La deliberación y la sanción del proyecto están congeladas en el contexto del Tlc entre Colombia y Estados Unidos.

Aquel proyecto tiene componentes importantes de propiedad intelectual en el área de medicamentos. Con este aplazamiento en su aprobación, ¿volvieron a ganar el pulso en este tipo de decisiones las multinacionales de la industria farmacéutica? En el debate, el senador Robledo denunció que Colombia tiene “los medicamentos de marca (que venden las multinacionales) más caros de la región andina”7. En el caso de las drogas biotecnológicas, las diferencias de precios llegan a ser de 200, mil o más de 3.000 por ciento en comparación con países como Inglaterra y Estados Unidos. Por la vía actual de la firma del Tlc, Estados Unidos busca imponerle a Colombia el desmonte del incipiente régimen de control de precios de medicamentos, un control que establezca una normatividad de patentes para los productos biotecnológicos y de “segundo uso” (ver dos subtítulos adelante), y que extienda la protección de datos de los productos de las multinacionales farmacéuticas estadounidenses8. Con esta supresión, el Tlc le impide al país la reproducción de productos biotecnológicos y preserva el monopolio de las multinacionales.

Luto y lucro con los medicamentos a expensas de la salud de la gente


No uno sino múltiples los ejemplos para demostrar que hay un enorme lucro con los medicamentos en el país, tanto porque el monopolio de su producción lleva a imponer precios exagerados como por el mecanismo de recobro9 que le hacen las EPS al Fosyga. El recobro de los medicamentos los eleva a precios desmesurados. Es el caso de medicamentos para el tratamiento del cáncer: el trastuzumab resulta 150 por ciento más costoso que en Costa Rica, y el bortezomib, que, aunque en el mercado tiene un precio de $3.295, registra distintos valores de recobro por las EPS, llegando hasta $6.55710. El rituximab, que el país adquirió por US$3.500 la unidad, en Chile tiene un precio cercano a los US$2.000.

Al respecto, según el observatorio de medicamentos de la Federación Médica Colombiana, el sobreprecio calculado de este medicamento, con precios de referencia de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de 2011, alcanza la suma de $135.873 millones en el período 2008-2010 (las EPS privadas lo recobraron con sobrecostos de más de 70.000 millones pesos). Y constatamos un ejemplo más. El humira, para el tratamiento de la artritis reumatoidea, uno de los más recobrados al Fosyga y sin competidores en el mercado local, en cifras de un informe de Fedesarrollo se comercializa en Colombia 173 por ciento más caro que en el Reino Unido11. Además, como señala el profesor José López, del Departamento de Farmacia de la Universidad Nacional de Colombia, sin cuestionar la eficacia o la seguridad de los siguientes fármacos, la introducción de la mayoría de nuevos remedios (en el POS) obedeció a criterios económicos y no a uno epidemiológico, como, por ejemplo, el bosentán (para hipertensión pulmonar) y el etanercept (producto de tercera línea para la artritis reumatoidea)12. Por consiguiente, dados sus altos precios, beneficiarán a algunos pacientes pero no a la mayoría.


Algo más: Tlc, patentes y propiedad intelectual


Las garantías para una producción exclusiva en los próximos 20 años, junto con los derechos de propiedad intelectual, fortalecen a las multinacionales de medicamentos y permiten el monopolio de su producción y comercialización, encareciendo sus precios. Veamos un ejemplo: un tratamiento anual para el sida con medicamentos antirretrovirales patentados puede costar hasta 30 veces más que un tratamiento con medicamentos genéricos (sobre los que ya no hay patentes). Mediante los tratados de libre comercio (Tlc), estas multinacionales buscan reforzar sus recursos de poder. Como emporios, pretenden ir más allá de los acuerdos en este tema, definidos en la Organización Mundial del Comercio (OMC) a través de conseguir y establecer diferentes patentes por más de dos décadas.

Como ejemplos de lo anterior, tenemos los casos de unas patentes de segundo uso (es decir, cuando a un medicamento se le descubre otra propiedad farmacológica, puede obtener otro período de patente), patentes espurias (cuando hay cambios en la forma de presentación del medicamento, por ejemplo, de tableta a la de ampolla), la protección exclusiva de datos (las autoridades sanitarias nacionales no podrían sustentarse en un registro previo para aprobar un producto farmacéutico similar, durante cinco, ocho o 10 años) y el impedimento de importaciones paralelas13.

De este modo, con el Tlc se hace un ajuste de tuercas a la regulación de la producción de medicamentos que favorece a las industrias multinacionales, fortalece el monopolio y evita la competencia, con el resultado de imponer costos exagerados a los medicamentos, e impedir el desarrollo de procesos nacionales de investigación y tecnología para la producción de medicamentos según las necesidades de los contextos sociales y de salud específicos.

Hace falta que el país establezca una política nacional de medicamentos que: 1) estimule el uso de medicamentos esenciales14 y genéricos, en contra de los medicamentos de marca y superespecializados; 2) desarrolle una línea de investigación, ciencia y tecnología en medicamentos, que le permita a Colombia producir medicinas según sus propias necesidades, camino que han transitado países de la región como Cuba, Brasil, Argentina, y otros como Mozambique e India15 (ver recuadro: Ejemplos por seguir) que los tiene enfrentados con la industria multinacional farmacéutica –un anticancerígeno que Bayer vende por el equivalente a 4.000 euros por mes de tratamiento, la farmacéutica India Natco lo venderá por 134 euros–; y 3) una línea de educación que lleve tanto a los médicos como a los pacientes a comprender el valor de formular y demandar medicamentos esenciales y genéricos y no los de marca. Las Guías de Práctica Clínica, que aún no están desarrolladas en nuestro país, no constituyen un dispositivo de control adecuado.

*    Redacción salud. EPS ganaron casi un billón por drogas que no debían cobrar. Diario El Tiempo, edición 7 de mayo del 2011.
**    ídem.
1    Robledo, Jorge. Que cese el monopolio de los medicamentos biotecnológicos. Bogotá, 23 de febrero de 2012. http://www.moir.org.co/Que-cese-el-monopolio-de-los.html.
2    El borrador del decreto plantea que los medicamentos de origen biotecnológico son productos cuyo ingrediente farmacéutico activo se ha obtenido mediante el empleo de microorganismos o células vivas por la tecnología del ADN recombinante y/o técnicas de hibridoma, entre otros. Actualmente, un 20 por ciento de este tipo de fármacos está en el mercado, pero rápidamente puede llegar a ser el 50 por ciento debido a procesos de investigación clínica que se desarrollan (Centro de Información de Medicamentos de Cataluña). http://www.cedimcat.info/html/es/dir2471/doc26677.html).
3    Medicamentos biosimilares son aquellos productos medicinales de origen biotecnológico, similares a otros fármacos innovadores cuya patente ha expirado, producidos por un fabricante diferente (Centro de Información de Medicamentos de Cataluña).
4    http://www.observamed.org/.
5    http://www.luiscarlosavellaneda.com/home/index.php?option=com_content&view=article&id=185.
6    Decreto borrador “Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 677 de 1995, se reglamenta el régimen del registro sanitario de los medicamentos de origen biológico para uso humano y se dictan otras disposiciones”.http://www.minproteccionsocial.gov.co/Normatividad/PROYECTO%20DECRETO%20BIOLOGICOS%20_BIOTECNOLOGICOS.pdf.
7    http://www.moir.org.co/Que-cese-el-monopolio-de-los.html.
8    Lara Rodrigo. El TLC y el sistema de salud. El Espectador, Edición 21 de febrero de 2012.
9    Los recobros son el dinero que el Sistema General de Seguridad Social en Salud les reembolsa a las EPS a través del Fosyga por la prestación de servicios por fuera del POS (NO POS) a sus afiliados, sean procedimientos asistenciales o medicamentos.
10    Rodríguez, Óscar. Política de seguridad social no toca fondo. UN Periódico, edición 139, noviembre de 2010.
11    Fedesarrollo. Pertinencia de incentivar la competencia en el mercado de medicamentos biotecnológicos en Colombia y su impacto sobre las finanzas del sector de la salud. Bogotá, 2012.
12    http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/los-medicamentos-inutiles-del-pos/index.html.
13    Torres- Tovar M. El impacto de los acuerdos de libre comercio sobre el derecho a la salud. Revista Cubana Salud Pública, vol. 32, número 3, septiembre de 2006.
14    La Organización Mundial de la Salud establece que los medicamentos esenciales son los que “cubren las necesidades de atención de salud prioritarias de la población. Su selección se hace atendiendo a la prevalencia de las enfermedades y a su seguridad, eficacia y costo-eficacia comparativa”.
    http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs325/es/index.html.
15    Durante los últimos seis años, la multinacional farmacéutica Novartis ha llevado a India ante los tribunales en varias ocasiones. La compañía ha atacado las leyes indias que permiten la producción de medicamentos genéricos y el caso ha llegado al Tribunal Supremo de India (fuente http://www.msf.es/stopnovartis/).



Recuadro 1

Política farmacéutica y desarrollo de una industria nacional de medicamentos


Colombia no cuenta con un adecuado desarrollo normativo ni institucional en materia farmacéutica para enfrentar el desafío de garantizar seguridad, eficacia y calidad de los medicamentos (fármaco-químicos y biotecnológicos) y acceso equitativo y pertinente a la población.

Tanto el decreto en debate como la generación de un documento Conpes de política farmacéutica en el que también está interesado el gobierno nacional. Deben ser instrumentos útiles para fortalecer la regulación estatal en materia de producción y venta de medicamentos; deben reconocer que estos bienes son de carácter público y componentes del derecho a la salud. Por tanto, están por encima los intereses de salud de la población y no los intereses de los mercaderes de la salud.

Un instrumento útil para avanzar en este camino es lograr que el decreto elimine la protección de la información (datos) para los medicamentos a los cuales se les vence el tiempo de patente. Si la eficacia de la molécula para tratar cierta enfermedad ya fue demostrada con estudios clínicos previos, la obligación de los fabricantes es probar que utilizan las técnicas adecuadas de manufactura y que su molécula es igual a la original, y no volver a realizar investigaciones de la efectividad clínica de la molécula, dado que cada estudio clínico puede costar más de un millón de dólares1.

A la vez, es necesario que la lista de medicamentos del POS saque un conjunto de éstos que son inútiles, por no constituir ni medicamentos esenciales ni tener referencia a las necesidades de salud de la gente de acuerdo al perfil epidemiológico2, y por desangrar las finanzas públicas del sistema de salud y aumentar los gastos de bolsillo de la gente.

En el país, los sectores favorables a la salud y las medicinas como bienes públicos y derechos debemos articular las demandas y las acciones, así como presionar al gobierno nacional para que, de un lado, sancione el decreto en su propuesta inicial, y además, avance en el establecimiento de una política para la salud de la gente y no para el lucro. Al parecer, se trata de una pelea de burro amarrado con tigre suelto, dado que las multinacionales son un actor muy potente que tal vez logró congelar la decisión contenida en el decreto. Por la vida de un sinnúmero de compatriotas, debemos ir en otra dirección.

1    Correa, Pablo. La guerra por los medicamentos biotecnológicos en Colombia. El Espectador, edición 12 de febrero de 2012.
2    López, JJ. Los medicamentos inútiles del POS. UN Periódico, edición febrero 11 de 2012.
    http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/los-medicamentos-inutiles-del-pos/index.html.


Recuadro 2

Ejemplos por seguir


Mozambique produce sus propios medicamentos antirretrovirales. Es el primer país de África en producirlos para frenar el virus del VIH que causa el sida. Un total de 10,6 millones de personas en el África subsahariana están en la necesidad de tratamiento antirretroviral, pero sólo el 37 por ciento en la actualidad puede acceder a él. Hará asociación con Brasil, país que ya transita por el camino de producir sus propios medicamentos para el tratamiento del sida.

Fuente: http://www.telegraph.co.uk/health/healthnews/8980651/Mozambique-to-produce-its-own-antiretroviral-drugs.html.



India desafía al gigante Bayer


Nexavar es un medicamento para el cáncer de riñón e hígado patentado por Bayer y ahora se comercializará por Natco Pharma con el nombre de Sorafenat. Este es un caso sin producción hasta ahora y que sienta precedentes en India, nación considerada como “la farmacia del mundo en desarrollo” por la producción de genéricos de calidad a bajo costo. De acuerdo a las leyes indias de patentes, esta medida tiene aplicación cuando un fármaco no está disponible para el público a “un precio accesible” después de tres años de otorgarle la patente (en este caso, fue en 2008). Para compensar los gastos de desarrollo, el fabricante del genérico tendrá que pagar regalías por el 6 por ciento de las ventas netas a Bayer, que seguirá con la patente.

Al respecto, Médicos Sin Fronteras asume que en el sistema actual las nuevas medicinas son patentadas y las compañías defienden agresivamente sus monopolios, a expensas de los pacientes que no pueden pagar tan altos precios. Es imperativo pasar a un sistema más equitativo en el cual las nuevas medicinas tengan varios productores que paguen regalías al dueño de la patente, para que recupere sus gastos de desarrollo del producto, pero también para que la gente del mundo en desarrollo tenga acceso a los medicamentos*.

*    http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/03/12/actualidad/1331567998_292489.html.
Publicado enEdición 181
Jueves, 21 Junio 2012 16:31

La salud en la vitrina

La tecnología posibilitó muchos nuevos alimentos, materias primas orgánicas para la industria y la medicina; enfermedades antes incurables pudieron ser tratadas, diezmadas y erradicadas. Se atacaron las causas de taras y deficiencias genéticas; en los países desarrollados se mejoró la salud física pero los pobres siguen sufriendo y muriendo por dolencias de fácil curación (dengue, hambre), mientras en el Norte la gente se enferma por exceso de comida chatarra y por gaseosa.
 

El uso instrumental de las transnacionales de laboratorios farmacéuticos, plantas de agroquímicos, transgénicos, semillas, alimentos (Singenta, Monsanto, Dupont, Novartis, Adventis, Bayer-Basf, Agrobitech, Limagrain, Downchemical, Astrazeneca, etcétera), convirtió en tragedia para el planeta la utilización irracional de tales descubrimientos y creaciones, en pro de una minoría plutócrata del mundo desarrollado. Es un proceso contra la soberanía alimentaria y las posibilidades de autodesarrollo de los países empobrecidos, mientras intoxica a la humanidad, multiplica el cáncer, y destruye digestiva y cardiovascularmente al consumidor de alimentos y medicamentos.
 

Luego de adueñarse de los bancos genéticos, y robar y patentar el conocimiento aborigen de los cinco continentes, las transnacionales de la genética y la biotecnología (las ciencias, la ‘industria’ de la vida) del Norte asaltan la información genética, haciendo de la vida una simple mercancía, negando la producción en los países empobrecidos y la distribución a costos razonables de medios esenciales para tratar enfermedades letales (sida, hepatitis B, degenerativas como alzhaimer y parkinson).


La salud se promueve por doquier, creando dilemas entre sanos y enfermos, y pánico existencial, haciendo del ciudadano un hipocondríaco, para venderle medicamentos. Nadie está seguro de cuántas patologías padece, si tiene la talla o el peso perfectos, o un buen estado físico. Los negociantes quieren que el mundo ande enguantado y con tapabocas; que nadie salude de mano o de beso; que cada uno cargue agua y jabón para las manos; que estemos indagando en EPS, IPS y clínicas sobre cómo funciona cada órgano. Quieren convertirnos en maniáticos del aseo y los fármacos. A este paso, llevaremos una droguería en el bolsillo, haciendo el amor con medios cibernéticos, engendrando por inseminación artificial para no adquirir virus de pareja. Es como si la gripe aviar o porcina, y el VIH, fueran inventados para separar y aislar a la gente.


Se ofrecen elixires para la eterna juventud, medicamentos para cada dolencia, medios para la figura perfecta; la clínica que quita, pone, cambia o vende el órgano deseado, sin profundizar en las causas fisiológicas o sociales de las patologías. Y así con la mayoría de enfermedades: sólo son tratables metiendo antibióticos sintéticos, con quimioterapia o amputación de órganos, únicas opciones aceptadas como científicas, frente a terapias y disciplinas no occidentales. Asimismo, vitaminas, proteínas y minerales esenciales para la salud se pueden adquirir sólo con productos sintéticos de los elementos naturales, porque para los traficantes de la salud lo natural es deficiente, sucio e inocuo.


La medicina comercial no proviene de investigaciones científicas de las transnacionales de la farmacéutica y la tecnología clínica quirúrgica, desarrolladas en laboratorios de las metrópolis; resulta de expropiar saberes, especies, procedimientos multiculturales y pueblos del mundo durante años, que Occidente acumula aislando y sintetizando los componentes activos de las especies utilizadas. Las terapias o medicinas alternativas y tradicionales de la periferia también son objeto de expropiación transnacional, como en lo agroalimentario: aquí lo limpio, orgánico, natural, pasó a ser comercializado, patentado por las trans de la genética, la farmacéutica y la biotecnología.

 
Hablan de salud física, “mente sana en cuerpo sano”. Para la salud mental hay que obedecer los mandamientos de la religión del mercado, ser copia de estereotipos de gimnasio (violentos, ostentosos, superficiales, egoístas, indiferentes ante la tragedia humana), fabricados en la metrópolis por expertos de glamur, estética, moda; siempre enaltecidos. Todos debemos ser deportistas, bonitos y jóvenes para ser saludables.

 
Ninguna de las sociedades anteriores generó tantas enfermedades mentales, frustraciones, sufrimientos, incertidumbres, infelicidad para la humanidad, que el capitalismo, pues el consumismo es en sí una pandemia multisintomática que se interpreta como virtud: el egoísmo es autoestima; pasar sobre los demás, arrollándolos y destruyéndolos en busca de objetivos, pragmatismo; la psicopática avaricia capitalista le dicen éxito emprendedor; la depresión, la soledad (en medio de la multitud anónima), la angustia existencial, el alcoholismo, la drogadicción, producto de la dinámica, la violencia y la injusticia del capitalismo, son simples daños colaterales, como la destrucción de los ecosistemas, el hambre y la miseria.

 

Profesionales y capitalismo


 
Psiquiatras, psicólogos, sociólogos, sexólogos… con visión occidental) buscan explicar el comportamiento criminal y ‘anormal’ del individuo; devolver al redil capitalista al inadaptado, traumatizado, degenerado, demente, violador y abusador sexual, atracador, vendedor callejero de estupefacientes, sicario y secuestrador, rebeldes sociales. Se debate sobre la degradación de esta gente, que curiosamente es pobre. Diagnostican patologías que se tornan, según ellos, en taras genéticas no corregibles, haciendo de padres, hermanos, tíos, abuelos, amigos, vecinos, en potenciales criminales, insanos, y asimismo, a los pobres en culpables de su propia situación de violencia y abandono.
 

Esos profesionales no prescriben terapias ni medicamentos sociales para tratar los males, porque no les interesa profundizar en lo causal, ni en la responsabilidad estatal para prevenirlos y combatirlos. Al Estado y al capital privado no les importa la impunidad de los crímenes de lesa humanidad del gran capital nacional y transnacional, legal e ilegal, verdaderos genocidas (expoliadores, corruptos, pedófilos, misóginos); destructores de pueblos, culturas y vida, promotores y financiadores de las guerras: los genocidios; envenenadores de la humanidad. Lucrativo negocio capitalista es la guerra, y con ella la construcción de cárceles, útiles de control y represión que sólo ataca los efectos (como la medicina occidental) de su criminal modelo económico destructor de lo bello que hay en la naturaleza y la humanidad; cárceles adonde nunca llegan los más grandes criminales, que hacen las leyes que los protegen y condenan al inocente.


Toda deficiencia psicológica o mental del adaptado-alienado a esta sociedad se llena con consumismo, entretenimiento mediático, trabajo extenuante, droga (ahí están el fanatismo religioso, el deporte comercial), pero no todos acceden: los marginados no productores ni consumidores, prescindibles que nada poseen de lo que el capitalismo ofrece y define como bienestar de una sociedad físico-mentalmente enferma.


El espíritu violento, competitivo, del capitalismo obliga al individuo a buscar objetivos extremos, absurdos (el hombre más gordo, el que más come, la mujer más flaca, el más feo, la más bonita, la más baja, el más alto, el que conduce más rápido, el más rico, el más cruel, el más vendedor, quien más compra, el más criminal), casi siempre atentando contra su propia humanidad y la de los demás. Un estado patológico mental depresivo, obsesivo, que contagia a la sociedad, llevando al individuo a la esquizofrenia, el crimen o la total indiferencia de lo que pasa en el mundo y su propia vida, cuando se alcanzan o se pierden las metas, cuando se pierden la dignidad y la esperanza. Para los dueños del capital, todos existimos como competidores-consumidores. Para sobrevivir, el individuo debe destacarse en una actividad que ordene la sacrosanta iglesia del mercado.
 

En Colombia vivimos la deshumanización de la vida, propiciada por la avaricia del sector financiero que privatizó la salud y elevó los costos de los medicamentos como joyas preciosas; que impide que el pobre acceda a la salud, subsidiada, contributiva o prepagada; que lleva a la ignominia llamada paseo de la muerte, en que el paciente pobre recorre la ciudad por clínicas y hospitales, tras atención médica o medicamentos, muriendo con frecuencia en el intento. Tal hecho sintetiza la tragedia del pueblo.


Por la salud nos la jugamos, aunque los dueños de la medicina crean que la tenemos perdida. Para los sectores populares, la salud debe volver a ser pública y gratuita, como deben serlo la educación, derechos que debemos exigir del Estado. La salud debe ser dirigida, administrada, por la comunidad local y regional, con aporte nacional. Luchar por la salud popular es luchar por la vida; la soberanía alimentaria, presente y futuro de los nuestros; por la autonomía de una democracia popular capaz de investigar y producir medicinas gratuitas, acabando con el monopolio trasnacional de las farmacéuticas, respetando, promoviendo, el desarrollo de la medicina popular alternativa, acabando con la guerra y la injusticia social, generadoras del 90 por ciento de las enfermedades.

 
Ni las vacunas ni la propaganda de las farmacéuticas ni los programas mediáticos sobre salud pueden cambiar la condición de salud de la población. La mejor prevención está en una alimentación-nutrición sana y suficiente, adecuada a la edad y la actividad física, que incluye el bienestar emocional, mental y social; mejor dicho: la salud para el pueblo es la comida bien repartida, con educación, en una democracia participativa y decisoria.
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Bogotá se movió por la defensa de sus hospitales públicos
Con una convocatoria hecha por los trabajadores del sector de la salud –Salvo mi hospital– respaldada plenamente por la Secretaría Distrital del ramo, el 7 de junio salieron de nuevo a las calles de Bogotá miles de personas para exigir que los hospitales públicos sean preservados y para expresar nuevamente su rechazo a la Ley 100, responsable de la situación actual en que está sumida la salud y los hospitales públicos.
 
De esta movilización se deben resaltar dos hechos. De un lado, que la sociedad se movilice en defensa y recuperación de lo público, entendiendo que los hospitales son un patrimonio colectivo que hay que preservar, y que no se puede permitir que sean destruidos por los intereses privados. El segundo, como un hecho inédito en la ciudad y el país, la declaración expresa del alcalde Gustavo Petro y del Secretario de Salud, Guillermo Jaramillo, solicitándole a la Corte Constitucional que declare el estado inconstitucional de cosas en materia de salud, que permita acabar con la Ley 100 y establezca un sistema que efectivamente garantice éste preciado derecho.
 
Como la primera autoridad de la urbe lo planteó, es necesario continuar con las marchas. Sin lugar a dudas, la única posibilidad para que no se pierda el patrimonio histórico de la red hospitalaria pública, para que se reabra el Hospital San Juan de Dios (San Juan de Todos/as) y para que haya un nuevo sistema de salud en Colombia, se requiere sostener y ampliar la movilización social por este importante y fundamental derecho, tanto en Bogotá como en el conjunto del país.
 

“Solicitud respetuosa a la Corte Constitucional para que salga en defensa de la Constitución […] del derecho de los humildes a vivir […] del derecho del pueblo a cambiar un modelo de salud absolutamente ineficaz, inequitativo, que ya ha demostrado su colapso”.

 





 






"Que se entienda bien claro: hoy, los 22 gerentes de la Red Hospitalaria pública no son sólo contadores, administradores sino además activistas por el derecho a la salud pública en la ciudad de Bogotá".










“Un objetivo: la Bogotá popular se levanta pacíficamente para no dejar perder sus hospitales, para reabrir el que nos robaron –el San Juan de Dios–, y para cambiarle a toda Colombia el modelo de salud de los mercaderes e instaurar el modelo de la salud del Derecho”.













“Una marcha blanca permanente hasta que cambie el modelo de salud en Colombia, hasta que las EPS paguen los 251 mil millones de pesos que le deben a la red pública de la ciudad, hasta que se abra el Hospital San Juan de Dios, hasta que se dignifique la relación laboral de los trabajadores de la salud; hasta que el derecho a la salud sea una realidad para el bebé, para la niña popular, para el niño, para el vendedor ambulante”.
 


 

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Uruguay, en el camino de la legalización
El gobierno uruguayo decidió ayer legalizar la marihuana para combatir el narcotráfico y alejar a los usuarios de las bocas de expendio de pasta base de cocaína. Por este motivo enviará al Parlamento un proyecto de ley que otorga al Estado el monopolio de la producción, distribución y venta del cannabis. “La prohibición crea a la sociedad uruguaya más problemas que la droga misma, algo que vemos en países cercanos y no tanto”, observó el ministro de Defensa uruguayo, Eleuterio Fernández Huidobro, en una conferencia de prensa en la que también se anunciaron otras medidas tendientes a mejorar la convivencia social y la seguridad ciudadana. De esta forma, Uruguay podría convertirse en el primer país de América en legalizar la marihuana con fines que exceden lo terapéutico, como ocurre en Canadá y en varios estados norteamericanos.


“Tuvimos en cuenta los tratados internacionales, las relaciones con países vecinos y los problemas diplomáticos para dar un paso de esta naturaleza. Para que el país no se convierta en un centro de fabricación de drogas es que planteamos tener el control total sobre la producción. Al menos hasta que se legalice en otros países, algo por lo que vamos a luchar en América latina”, prometió Huidobro, bastón en mano y acompañado por el ministro del Interior, Eduardo Bonomi; su par de Desarrollo Social, Daniel Olesker, y el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia.


Según informaron los ministros, en Uruguay 300 mil personas declararon haber probado marihuana al menos una vez, es decir, el 10 por ciento de la población. La mitad de estos usuarios fuman entre uno y dos porros diarios. “Por la venta ilegal de esta droga se recaudan 75 millones de dólares anuales. Esa plata se lava a través de servicios financieros y va a parar a los bancos. Esta combinación trágica de corrupción está afectando a gran escala a México, Honduras, Guatemala y ahora a Ecuador y a Brasil. No queremos que nos pase lo mismo”, aseguró Huidobro.


El ministro de Defensa explicó que la iniciativa del Ejecutivo se asemeja a la propuesta de legalización que estuvo muy cerca de aprobarse en el estado de California. “El Estado va a tener un control estricto de la producción agrícola para que no haya contrabando”, dijo el ministro, quien no confirmó la versión lanzada el día anterior de que habrá que anotarse en un registro para poder comprar. Tampoco mencionó la cantidad que podría comprarse, ya que había trascendido que serían 40 dosis por mes, ni la inclusión de un impuesto en la venta destinado a los tratamientos.


“Estas medidas apuntan a tratar el consumo problemático de sustancias. Es un objetivo mundialmente conocido el de separar la marihuana de otras drogas y tiene buenos efectos. Nuestra tesis de la legalización es que vaya acompañada de una regulación pública de los mercados. La separación de mercados es una clave”, dijo el ministro de Desarrollo Social. Según explicó Olesker, se busca preservar al usuario de marihuana de entrar en contacto con los vendedores y por ende de la ofertas de sustancias como la cocaína o la pasta base, conocida como “paco” en Argentina.


El proyecto será enviado al Parlamento, donde ya existen otras iniciativas que despenalizan el autocultivo de marihuana e incluso plantean la posibilidad de clubes de cultivos, a cargo de usuarios. Sin embargo, ayer los ministros presentes advirtieron que lo que se busca es una solución estatal, al menos hasta que cambie el panorama regional. “La Cancillería va a tomar este tema y va a impulsarlo en América latina para ponerle fin a una política que inició (el presidente Richard) Nixon en 1971 y que solo benefició al narcotráfico”, dijo el ministro Huidobro.


En lo que concierne a la lucha contra el tráfico de pasta base, el plan incluye el fortalecimiento investigativo a través de “dispositivos especializados en el narcomenudeo”, aseguró Eduardo “El Bicho” Bonomi, funcionario de confianza de Mujica. “También vamos a abrir un nuevo laboratorio para análisis de drogas. Hoy la pasta base nos da que es clorhidrato de cocaína, pero en otro análisis se probó la presencia de talio, un metal pesado usado para fabricar veneno para ratas. La pasta base viene con elementos más perjudiciales que la propia droga”, dijo este ministro.


El rebaje de la pasta base o de la cocaína, en caso de ser perjudicial para la salud, será tomado como agravante a la hora de imponer penas que irían de 4 a 15 años de prisión. “También habrá un agravamiento de las penas en caso de corrupción policial”, comentó Bonomi, quien recordó que las fuerzas recibieron aumentos de salario y mejoras de equipamiento y tecnología. “Queremos atacar el tráfico y reducir el consumo de pasta base, que es la sustancia ilegal menos consumida. Además no es droga, se trata de un veneno. Y está científicamente comprobado”, agregó Huidobro.


El ministro de Desarrollo Social no se refirió a las versiones sobre la internación coactiva de los usuarios de pasta base, algo que desaconsejan los especialistas de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay. En cambio, enumeró una serie de medidas para un abordaje integral de los usuarios de distintas sustancias. “En total van a trabajar en esto 1970 personas: 520 en unidades de proximidad y de urgencia, 780 en centros de día, 120 con las personas privadas de libertad y 550 con internados en plazas médicas.” Luego se refirió a las críticas opositoras por la supuesta ambigüedad de luchar contra el tabaquismo y producir marihuana.


“Es una barbaridad, la separación de mercados es una clave para que funcione la atención de usuarios problemáticos”, contestó Olesker, luego de que varios diputados de la oposición plantearon vía Twitter su oposición a la legalización, antes de su anuncio formal. “Es una tomadura de pelo”, dijo Javier García, del Partido Blanco. El colorado Pedro Bordaberry señaló: “Lo que más preocupa es que uno estaba esperando medidas para combatir la inseguridad”. Otros diputados plantearon que la iniciativa no hará bajar el consumo de pasta base sino que lo elevará.

Ante este previsible revuelo, el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, hizo un pedido, “un ruego casi”, al terminar su exposición: “No banalicemos la discusión. Escuchemos, analicemos, discutamos y estudiemos. Es una buena oportunidad de dar una discusión profunda sobre estos temas en la sociedad uruguaya”.


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Viernes, 01 Junio 2012 06:30

¿Enfermedad o delito?

¿Enfermedad o delito?
El ex ministro de Justicia y Derechos Humanos y actual senador de la Nación, Aníbal Fernández, llevó al encuentro de Ginebra la posición del Estado Argentino: la despenalización del consumo individual de sustancias psicoactivas, cuestión que presentó como Proyecto de despenalización en el Senado de la Nación.


Es una decisión de enorme valentía intelectual que se constituye en el punto de partida para abrir la discusión y la acción de un verdadero plan estratégico para la prevención y atención primaria en salud respecto del gravísimo problema del consumo.


Se trata de un problema de salud psicosocial, inmerso en la marginalidad y la exclusión de las capas más vulnerables –los más jóvenes– y extendida hacia otros sectores sociales. Forma parte de una profunda crisis axiológica y una patología emergente donde lo social es parte de la clínica individual, familiar y colectiva. En cambio, el tráfico y la venta son un problema penal.


Los funcionarios de la Sedronar de las últimas décadas han fracasado pues han sido el instrumento de una política del modelo del unilateralismo hegemónico y de la guerra contra las drogas, sin autonomía política, empeorando el grave problema del consumo. La locura consiste en hacer siempre lo mismo y esperar un resultado distinto. No producir un cambio de paradigma atenta contra el sentido común y es sencillamente un disparate ante tan grave problema social. La designación de Rafael Bielsa es la esperanza cierta de un cambio de paradigma que se concrete de manera eficaz en el desarrollo de las políticas públicas de promoción de la salud, prevención primaria del consumo y abuso de sustancias.


Las políticas oficiales –policiales– de lucha contra las drogas en América latina reflejadas en la penalización del consumo, la llamada guerra contra las drogas, las penas sin delito, la penalización y el castigo de la enfermedad han fracasado. Más aún, potenciaron un dispositivo de criminalización secundaria fundado en el encierro, con prácticas y saberes médicos funcionales a un modelo de conservación y perpetuación de la violencia.


Para la psiquiatría moderna –las neurociencias– no hay más sujeto individual y colectivo, sólo mediadores químicos e imágenes, y como tratamiento, medicación y encierro.


¿No hay más preguntas sobre las condiciones generadoras de la violencia, sobre el consumo, las formas de dependencia y pérdida de autonomía?


Dice M. Ponty: “Para conocer y juzgar una sociedad es preciso llegar hasta su sustancia profunda, el lazo humano del cual está hecha y que depende sin duda de las relaciones jurídicas, pero también de las formas de trabajo, de la manera de amar, de vivir y de morir”.


¿Es que al mercado no le importa un sujeto autónomo y autolegislador? No, no le importa.


Más aún, lo produce y lo construye para el mero consumo; la violencia se ha convertido en una técnica puramente racional, y el eterno retorno del discurso de la guerra, la búsqueda desesperada del enemigo que siempre es el más débil y el más vulnerable.


Todo el dispositivo de criminalización primaria fundado en la Ley 23.737 transforma a la agencia penal en un instrumento de altísima selectividad sobre los sectores juveniles más vulnerables y promueve un derecho penal selectivo.


El discurso de las políticas criminalizantes es el de la guerra contra las drogas, del que resulta la criminalización de la pobreza y el conflicto social, y el joven excluido como drogadicto –delincuente, peligroso– fundado en etiquetamientos y concepciones claramente racistas y discriminatorias.


¿Es posible entender que si la violencia juvenil es un problema de la salud pública en América latina, y si la OPS ha planteado como una prioridad en las políticas de salud el lenguaje de prevención y promoción de la salud, éstos estén ausentes y que el conflicto social que padecen millones de jóvenes excluidos tenga sólo como respuesta políticas de persecución policial y encierro?


La Ley 23.737 impone la pena de seis años de prisión a quien tenga estupefacientes, y a 15 años de aprobada la ley el consumo se incrementó, el narcotráfico corrompe policías y gobiernos, para asegurar el lavado de activos financieros que surgen del negocio del narcotráfico.


En la Argentina hace ya varias décadas el poder concentrado trafica influencias, corrompe la vida democrática construyendo poder mafioso y la representación política pierde autonomía. En tanto, en Uruguay no se penaliza la tenencia de droga para consumo personal; en Brasil se aprueba una ley que elimina la privación de la libertad para los consumidores y aumenta la persecución y el castigo para el narcotráfico.


Es decir que mientras Brasil y Uruguay diferencian en su legislación claramente entre enfermedad y delito, aquí, en la Argentina, castigamos y penalizamos la enfermedad profundizando el sentimiento de inseguridad e incertidumbre de miles de jóvenes que en tiempos de sida y exclusión circulan entre policías y jueces, sin futuro y sin destino.


Lo primero que debería decir es que el discurso oficial no acepta el fracaso de las políticas que incrementan de modo sistemático; la violencia institucional y las experiencias concentratarias promueven las tecnologías de la mano dura y la idea de la prevención general absoluta como una nueva racionalidad del fundamentalismo del mercado.


Destruido el Estado de Derecho con el terrorismo de Estado y después el Estado de Bienestar con las políticas neoliberales, el Estado, que en la Argentina era un factor de inclusión y progreso social, se transformó por el contrario en un factor de exclusión y discriminación. Se trata de tener en cuenta el primer párrafo del artículo 19 de la Constitución nacional, que consagra el más importante de los límites materiales que impone la Carta Magna a la injerencia coercitiva del Estado. Es decir: el Estado no puede establecer una moral, debe garantizar el ámbito de libertad individual y las penas no pueden caer sobre actos que son ejercicio de esa libertad individual. “De cara a los adolescentes o jóvenes con problemas de conducta, frecuentemente afectados por vivencias de exclusión y estimulados por fantasías autodestructivas, obligarlos a una terapia con el telón de fondo de la cárcel parece una tentativa más del prohibicionismo destinadas al fracaso.” (Luis Niño, Encrucijadas - UBA).


Es claro que la ley 23.737 es inconstitucional pues rompe con el principio de lesividad. El bien jurídico afectado es la “seguridad nacional” y constituye un “peligro social”, construcción ideológica paradigmática del terrorismo de Estado y del Estado autoritario que produce la idea de tutela para confiscar el conflicto y seleccionar a la víctima más débil del sistema, joven, excluido y enfermo.


La llamada guerra contra las drogas como parte de las políticas de mano dura necesita difundir el miedo y el pánico como gran argumento de las políticas de seguridad y control social. Pánico y miedo son las categorías del poder hegemónico que ha pasado de la guerra fría al frío cálculo de un nuevo fascismo para administrar y dominar el espacio urbano, la ciudad, donde funcionan sus negocios. Ante la magnitud del problema del consumo, síntoma psicosocial de tres décadas de devastación social, la emergencia es un eufemismo que encubre la catástrofe social y el drama de miles de jóvenes sin proyecto.


Propuesta:


1. Políticas keynesianas en salud, gran inversión en recursos económicos y recursos humanos.

2. No esperar la demanda, atender la necesidad.

3. Políticas de Estado de promoción, formación de la salud, prevención y asistencia.

4. Políticas en salud, con políticas sociales integradas de carácter interdisciplinario, interinstitucional e intersectorial.

5. Instalación de las políticas y los recursos humanos y económicos en el territorio, en el lugar donde anida el conflicto. Atender la necesidad: el equipo de salud psicosocial debe estar en la escuela, en el barrio, en las poblaciones precarias, en los clubes y en todo lugar donde esté planteada la necesidad de atención y prevención.

6. El cambio de paradigma de una política asistencial que siempre llega tarde a una política de atención de la necesidad con fuerte participación comunitaria y actores sociales concretos, movimientos sociales, clubes, sociedades de fomento, organizaciones barriales, ong y la escuela como un lugar central en la construcción de valores y de jóvenes liderazgos para un proceso de cambio social.

7. Concentrar el plan en trastornos y conflictos sociales combinados que se producen en un mismo espacio, fortaleciendo recursos y objetivos: drogas, violencia social e interpersonal, sobre todo en los jóvenes, armas, violencia de género, embarazos adolescentes y sexualidad en tiempos del sida, el deporte, sobre todo el fútbol, como herramienta de promoción de la salud y prevención de la violencia, políticas focalizadas en los jóvenes varones que son en un 95 por ciento los actores de delitos, violencia personal y de género, una audaz política de reparación de daño para afrontar la epidemia de consumo de “paco” en las poblaciones de jóvenes excluidos y marginales.


Por  Luis Ohman, Médico Psiquiatra. Egresado de la Escuela de Salud Pública. Presidente del Capítulo de Criminología y Psiquiatría de APSA.
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Viernes, 18 Mayo 2012 16:14

Cuídate, compa

Cuídate, compa

Abanico de opiniones nutricionales

Por Eneko Landaburo


La mayoría de la población se alimenta bajo la influencia de la tradición familiar, la educación escolar, los impulsos inconscientes y la publicidad de la industria alimentaria.

Si mejoramos nuestra alimentación, mejorará el funcionamiento de nuestro cuerpo (mente incluida). Esto hará menos probable el enfermar y favorecerá la decisión del instinto de conservación de curarnos.

Hay opiniones muy diversas que critican la alimentación actual. Voy a presentarte algunas de ellas y además a darte pistas para que conozcas con detalle sus propuestas.

Medicina convencional: En 1985, los 12 gobiernos europeos, asustados por el aumento del cáncer y queriendo encontrar su relación con la forma de alimentarnos, pusieron en marcha el programa Europa contra el cáncer, que recomienda aumentar el consumo de verduras y frutas frescas, comer a menudo cereales integrales y limitar el de alimentos ricos en grasas (sobre todo de origen animal). Llama la atención el hecho de que nuestros abuelos comían carne una o dos veces por semana, mientras que en la actualidad se consume diariamente, lo que contribuye al aumento del cáncer.

Macrobiótica. Basándose en la filosofía oriental del yin-yang, propone un tipo de dieta en la cual el 50 por ciento sea cereal integral; el 30, verdura cocida, y el resto pequeñas cantidades de carne, pescado, huevos y frutas, evitando azúcares refinados, leche y derivados. Hace hincapié en que los alimentos sean biológicos (que en su producción y conservación no entren productos químicos).

Alternativa vegetariana. Nos advierte que nuestro aparato digestivo no está preparado para el consumo de carne y pescado. Es una intuición antiquísima de la que ya hablaba el filósofo Pitágoras (siglo VI a.C.), a quien siguieron Sócrates, Platón, Ovidio y Plutarco. Posteriormente, personajes como Leonardo da Vinci, Einstein y Gandhi defendieron la idea vegetariana.

Corriente vegana. No sólo rechaza la carne y el pescado sino también los lácteos, los huevos y la miel. Afirma que podemos estar bien alimentados sin necesidad de explotar a los animales. Acepta alimentos vegetales cocinados, como verduras, cereales y legumbres.

Tienen información impresionante sobre las torturas que aplicamos los humanos a los animales en la explotación ganadera, la experimentación, la industria de la piel, la lana, etcétera.

Instintoterapia. Plantea que sólo nuestro instinto sabe qué necesitamos comer, en qué cantidad y cuándo, pero que esto sólo funciona con los alimentos originales que nos preparó la naturaleza durante siglos. Por tanto, rechaza todos los alimentos transformados por la mano humana en formas diversas: por selección artificial de plantas (como los cereales), por el calor (lo cocinado), mecánicamente (prensado, triturado, mezclado), químicamente (abonos, insecticidas y aditivos), y últimamente por la manipulación genética. Propone, entonces, consumir solamente alimentos crudos de producción biológica, incluyendo carne, pescado, huevos y miel, quedando excluida la leche y sus derivados.
Crudivorismo. Nos llama la atención al afirmar cómo el fuego estropea la calidad de los alimentos, perdiendo vitaminas, minerales y enzimas. Llegan a la conclusión de que la alimentación adecuada para el ser humano es a base de alimentos vegetales que puedan ser consumidos sin tratar con fuego. Hay crudívoros que aceptan crudos la leche, el huevo y la miel. Y están los veganos, que se alimentan solamente de frutas, verduras, semillas oleaginosas (nuez, avellana, almendra, coco, pepita de girasol, etcétera), leguminosas tiernas y semillas germinadas.

Para saber más:

Aguilar Miguel. La dieta vegetariana, Temas de Hoy, Madrid, 1995.
Ans, Marc. El crudivorismo puede salvar tu vida, autor-editor, Barcelona, 1985.
Burger, Guy-Claude, Apuntes de instintoterapia, Sumendi, Bilbao, 1975.
Casado, José Manuel. Las frutas, nuestro alimento ideal, Higea, Madrid, 1994.
Casado, Natividad. Recetas sanas para vivir Feliz, Higea, Madrid, 1995 (crudas y veganas).
Masson, Robert. Mitos y falsedades de los regímenes clásicos y de las dietéticas naturales, Paidotribo, Barcelona, 1996.
Matix, José. Nutrición para educadores, Díaz de Santos, Madrid, 1995.
Susman, Vic. La alternativa vegetariana, RBA, Barcelona, 1993.
Via Dalla, Gudrum. El arte de la cocina cruda, Ibis, Sant Boi de Llobregat, 1995.




Función exponencial*


Por Mario Mejía Gutiérrez

Introducción. Los mass media acostumbran darnos noticias numéricas. Cuando te digan que algo creció al 7 por ciento (por ejemplo), tal vez te están disfrazando una mala noticia. El crecimiento es un dogma (sobre todo si es económico) que alcanza el pináculo si es ‘sostenido’. Entendamos que lo de sostenido implica un ritmo compuesto, es decir, exponencial, calculable aritméticamente mediante logaritmos.

Las aritméticas les causan pavor a algunos, tanto que a veces se escoge carrera universitaria por su contenido aritmético o de física. Frecuente en los casos de bilogía y humanidades.

Pero hoy día es imposible escapar a la función exponencial, como lo enfatiza en un video el profesor Albert Bartlet, emérito del departamento de Física de la Universidad de Colorado. Veamos algunas cifras. Cada duplicación implica una cantidad mayor a toda la suma de las anteriores.

1. Ritmos. Se repetirá todo el año que la economía del país creció al 3, al 5 o al 7 por ciento; y cada cifra superior causa mayor júbilo. Crecer al 7 por ciento significa duplicarse en 10 años; al 5 son 14 años; al 3 son 25 años. Pero los políticos y sus agentes de los mass media te ocultan que para esos crecimientos hubo que consumir recursos. Con la ‘buena’ noticia te tapan la mala y te manipulan. Los crecimientos expresados en porcentajes son anestésicos.

También pueden darse los datos en exponenciales múltiples. Si te dicen que el consumo creció al 7 por ciento anual, preocúpate, porque a la vez ha crecido la población de consumidores, también exponencialmente. Si yo consumo al ritmo creciente de 7 por ciento anual, en 70 años consumiré 128 veces más.

2. Población. En julio 7 de 1986 se calculó que en la Tierra habitaban 5.000 millones de personas. Supongamos que los adelantos en calidad de vida permitirían crecer al 1,7 por ciento anual, ritmo aparentemente aceptable. Si hubiera sido así, la población se hubiera duplicado en 41 años, en 600 años habría una persona por metro cuadrado; y en 1.800 años la masa humana pesaría tanto como la Tierra misma. Pero se han dado ritmos más lentos y eventos retardantes.

3. Excretas. Si las excretas de una comunidad crecen al 2 por ciento anual, en 70 años se necesitarán facilidades sanitarias 35 veces mayores. El dato lo deben conocer bien las municipalidades, especialmente cuando la violencia en los campos desplaza masas de población a las ciudades. ¿El caso fue previsto en la “ley de víctimas”?
4. Ajedrez. El inventor del ajedrez le pidió a su rey como premio un grano de trigo que se duplicaría por cada casilla del tablero: 263 granos; Algo así como 400 veces la producción mundial en 1990. El rey estaría pagándole todavía.

5. Ahorros. Si usted colocara un peso al 7 por ciento de interés compuesto, en 300 años sus descendientes podrían cobrar 1,7 billones. Pero si dejan la platica en depósito, seguirán ganando $2,38 por segundo. Tengamos cuidado con la plata que nos prestan a interés, aunque digan que a interés simple: paguémosla cuanto antes.

Si los indios que vendieron a Manhattan por US$24 en 1626 los hubieran colocado al 6 por ciento compuesto, en 2010 hubieran podido comprar a Nueva York entera.

6. Los recursos del planeta Tierra. Supongamos que hasta el momento la Humanidad ha consumido ‘sólo’ la mitad de los recursos del planeta.

Pongamos una botella como ejemplo. En la hora cero ponemos en la botella unas bacterias que dupliquen su espacio cada minuto a partir de un 0,8 por ciento, que apenas ocupen el 1,6 de la botella en el primer minuto. Ocuparan 3,2 por ciento en el minuto 2; y en el minuto 59 apenas habrán llenado el 50 por ciento de la botella. Pero en el minuto 60 la habrán llenado toda. Entonces, en el minuto 60 conseguimos tres botellas (planetas) más, es decir, cuadruplicamos los recursos iniciales, pero esas tres botellas más se demorarán únicamente dos minutos en estar llenas también.

7. Por la libertad, la democracia y los derechos humanos. Frecuentemente los países industrializados invaden a países productores de petróleo, invocando la libertad, la democracia y los derechos humanos.

Esta operación es clara en el caso de los países árabes de Oriente Medio y África. Cuando se complete esta tarea, le tocará a Sudamérica, aunque no sea árabe. Los países industrializados son ávidos de energía. El consumo de petróleo en Estados Unidos creció al 7 por ciento anual entre 1880 y 1970. A partir de marzo 18 de 1976, las importaciones de petróleo a ese país empezaron a superar la producción de ese mismo país.
Cueste lo que cueste toca multiplicar los Urrás, Quimbos, Sogamosos, Agrocombustibles, aunque haya que atropellar derechos humanos, o invocar libertad y democracia, desarrollo y prosperidad.

8. Preguntas.

8.1. ¿En qué sentido orientar la educación? ¿Hacia más crecimiento, más desarrollo?

8.2. ¿Todo lo resuelve el esquema de tecnología más voluntad política?

8.3. ¿Realmente el sistema alopático de salud resuelve los problemas de salud?

8.4. ¿Al servicio de quién están los mass media? ¿Quiénes son los dueños de éstos?

8.5. ¿Se puede meter a la cárcel a una transnacional?

8.6. ¿Qué democracia apoyar: representativa, participativa, parlamentaria, constitucional, restringida? ¿Otras formas?

8.7. ¿Qué consecuencias te ha traído expresar tu opinión? ¿Te ha tocado vivir en un sistema de no ver, no oír, no hablar, no me dí cuenta?

8.8. ¿Qué es el dinero? ¿Cómo funciona?

8.9. ¿Cuál es el objeto de las religiones?

9. Conclusión. Los ejemplos de crecimiento exponencial son infinitos, así como las preguntas vivenciales. Haga usted, si le place, algunos ejercicios al respecto.

* Notas de una tertulia dirigida por el Ing. Miguel Vera en abril de 2012, en Cali.

Abril de 2012
Publicado enEdición 180
Sábado, 21 Abril 2012 10:28

Justa diatriba contra las EPS

Justa diatriba contra las EPS
Un supuesto nuevo rico, honorable sin duda, navega entre dudas que busca despejar. Le ha llegado una inesperada herencia y no sabe en qué invertir su cuantiosa fortuna: ¿Establecer una red de narcotráfico? ¿Dedicarse a la trata de blancas de nivel? ¿Negociar con armas? ¿Montar una EPS?

Las cuatro posibilidades ofrecen la expectativa de grandes rendimientos económicos, pero todas presentan aspectos que un hombre decente se resiste a aceptar. El narcotráfico, se sabe, ha creado grandes fortunas pero como actividad tiene ribetes inaceptables para el personaje de marras. La trata de blancas implica explotar sexualmente a las víctimas de virtual secuestro, como mercancía, sin escrúpulos ni miramientos hacia el respeto por el cuerpo. El negocio de fierros para la muerte, por debajo de la legislación, tampoco parece propio de gente que por su condición rechaza un mundillo tan sórdido como ese. Pero el negocio de la salud ‘le suena’ al ahora potentado hombre que busca establecerse bien en el mundo de la actividad económica.

En las tres primeras opciones el rico encuentra factores de riesgo, fuera de que no cuadran con su concepción de vida y su temperamento: ¿Y si pillan los eslabones del tráfico y me encanan? ¿Y si me agarran y me acusan de prostituir y secuestrar a los jóvenes, muchachas y muchachos sometidos? ¿Y si me vinculan con las redes guerrilleras o del paramilitarismo? Pero también le repugnan las implicaciones éticas consustanciales a las tres. Quedan por analizar los peligros de participar en las lucrativas EPS: ¡pero si no hay riesgos! ¡Todo es legal! ¡Qué chévere! Y además protegido y amparado por el Estado, por las leyes de los países envueltos en el neoliberalismo, sin más esfuerzo que esperar dividendos y atractivas alzas en el valor de las acciones. Sin embargo, el hombre se desconcierta al percatarse de cosas que para él habían pasado inadvertidas.

¿Qué ocurre con las EPS como negocio? El nuevo hombre “del billete” revisa balances empresariales para precisar los niveles de utilidad, y encuentra que hace unos tres años los resultados para el sector salud fueron más jugosos, porcentualmente, que los del sistema financiero. Y entonces se dice que esto no puede ser un camino abierto para un hombre escrupuloso. Porque en cualquiera de las tres formas de negocio a uno le pueden madrugar con un tiro o un carcelazo, pero esto de traficar con la salud no es para él, que se considera una persona de buenas costumbres.

Incidentalmente, el feliz heredero se entera de ciertos detalles que considera monstruosos cuando se trata de la salud de la gente que cotiza y espera y requiere y no adquiere una atención que se le birla y se le niega mediante los protocolos propios del “negocio”. Porque esto, el negocio, no es una forma de beneficencia sino una actividad que al accionista, a los dueños de las EPS, debe darles rendimientos en sus cuentas bancarias. Aunque los médicos no siempre pueden escapar de las culpas de la desatención, lo cierto es que la estructura de las EPS está concebida para ganar, negar servicios mediante la racionalización de los mismos, con auditoría y todo, con estímulos y castigos velados y todo, mientras vemos el horrendo paseo de la muerte, peor que el paseo millonario, en que los pícaros exponen el pellejo; peor que la dinámica del paramilitarismo, que para sus actores ofrece innegables peligros, ausentes en el caso de los mercaderes de la salud.

Mostremos un caso concreto, entre miles, entre millones. Llega una joven con dolencias en su estómago, vomitando sin parar, arrojando todo “por entrambos canales”, y el médico le toma la temperatura y ordena unos exámenes de laboratorio. Nada de dejar en observación en una camilla: ¡ni un mejoral! O sí, un calmante, como la golosina para el niño que molesta, mientras el galeno suelta un juicio duro e irresponsable: “¡Es que la joven es sobona y quejumbrosa!”. El facultativo está amparado por su blusa, pero también, es justo decirlo, vive acosado por el ordenamiento de su oficio, dictado no por médicos sino por comerciantes, actuarios gélidos, gente avara, ingenieros de los tiempos y movimientos, y bajo los preceptos de un implacable vademécum al que se encuentra atado sin remedio.

La joven del paseo de la muerte, luego de insistente búsqueda de atención, no aguanta más, y con el ánimo de no dejarse sacar de allí va a parar con su madre y su hermano a una clínica donde los médicos la atienden de inmediato y sin indiferencia, con preocupación por lo que consideran que puede ser un caso difícil. “Si esta joven hubiera llegado aquí unas tres horas más tarde, ¡adiós vida!”, dice el cirujano, que ordena alistar el quirófano para intervenirla y explorarla a medianoche y encontrar un estado grave de infección generado por oclusión intestinal. Las secuelas no faltan: que los riñones, que los pulmones, que la neumonía… todo en medio de una galopante deshidratación y un debilitamiento general.

Agreguémosle a esto la anécdota de una médica que ejerce en Pereira para una EPS. Es un hecho que debiera tener otro nombre, porque las anécdotas suelen ser inofensivas, ligeras, insólitas sí pero inocentes. La médica risaraldense viene recetando un medicamento contenido en el POS pero de cierto costo, lo cual no les hace gracia a los dueños de la tienda, digo… del negocio de la salud. Entonces la profesional de la medicina recibe una carta amenazante, indecente, grosera, según la cual ella deberá abstenerse de prescribir tal remedio dentro de determinado período, so pena de no sabemos qué cosa, y cuando decimos “so pena” no estamos ante algo bueno.

Rematamos la anterior referencia con una manifestación puntual: el mal está básicamente en la estructura concebida para una actividad social que debiera funcionar bajo parámetros humanos, para seres humanos, para necesidades humanas, cosa imposible cuando el objeto de tal actividad se ejerce desde los conceptos de fríos negociantes. Mejor dicho, la salud debe estar en manos del Estado. En defensa de este principio, observemos el comportamiento comparativo de las cifras en una salud pública y una salud privada. Hoy son mayores los recursos destinados a la salud pero ésta ha perdido calidad. ¿Cómo explicar este absurdo? Pues, sencillamente, que esos recursos se quedan en la intermediación, o sea, en el patrimonio personal de los accionistas. Todo por efecto de la Ley 100, que privatizó un sector tan especial.

¿Qué hacer, entonces, se pregunta el nuevo rico, que adicionalmente a sus fajos de billete tiene una conciencia que no compagina con ciertas formas toscas moralmente de ganar plata? Está inclinado por dejar su dinero debajo del colchón o en una cuenta cuyos intereses, así sean poco atractivos, le aseguren al menos mantener un nivel de fortuna que le permita pasarla bien durante el resto de sus días. “¡Pero con el alma tranquila!”.

No obstante los repetidos estragos que se van conociendo, los sucesivos gobiernos carecen de la ideología y el valor necesarios para ponerle coto a esta situación aberrante. Todo se reduce a pañitos de agua, aflojando hoy, apretando mañana, tolerando siempre: ‘cambiando’ para que todo siga igual.

Nuestro hombre imaginario del billete fácil se salva por su rechazo a lo inmoral, a lo canalla, a lo sucio de los balances popochos y pulpitos, mientras los negociantes de la salud deben seguir siendo señalados con el dedo acusador de una sociedad que habrá de continuar luchando contra esta monstruosidad en que unos se lucran mientras la contraparte, los pacientes, los enfermos, los usuarios, ¡que se mueran pero que antes coticen y paguen bonos y se ejerciten en el paseo de la muerte!

Por Mario Méndez, Sociólogo egresado UN.

 
Publicado enEdición 179
Implantes PIP: Mujeres exigen reconstrucción, no mutilación
El 8 de marzo mujeres de Colombia y otros países conmemoraron el día de sus derechos. Este año, a las múltiples razones que tienen para reclamar un trato digno y equitativo en la sociedad, se sumaron los estragos causados por los implantes mamarios PIP, de los cuales la empresa francesa que los fabricó –con silicona industrial– vendió cerca de 100.000, en su gran mayoría en Suramérica.


“Reconstrucción, no mutilación” fue el lema de la protesta que realizaron en Cali, varias mujeres afectadas por implantes PIP, promovida por la recién creada Corporación H2O, una organización conformada por cerca de 500 mujeres de Colombia y otros países, quienes además presentaron una Acción Popular para exigir al Estado colombiano que asuma los costos de los nuevos implantes que necesitan 15.000 mujeres afectadas por PIP, según estadísticas oficiales.

La afectación de estos implantes de mala calidad no sólo es un asunto de mujeres, aunque ellas son el 80% de pacientes de estas cirugías y las abanderadas de la lucha por sus derechos. Así como en Colombia, en España, Argentina, Reino Unido, Venezuela y otros países, existen asociaciones de afectadas que reclaman lo mismo: nuevos implantes y de buena calidad a cargo del Estado.

A medida que se ha desplegado la información sobre los implantes PIP se ha puesto de relieve que los hombres que se practicaron cirugías de pectorales, pantorrillas o nalgas con este tipo de implantes también están en riesgo. De igual manera, las personas transexuales que usaron prótesis PIP para modificar su cuerpo.

La alarma internacional por el caso se disparó cuando los implantes empezaron a romperse a los 2 ó 3 años de la cirugía, cuando la vida prometida de una prótesis de este tipo era de 10 años. En marzo de 2010, la Agencia Francesa de Seguridad Sanitaria de Productos de Salud, Afssaps, decidió suspender la manufactura y el uso de estos implantes así como ordenar su retiro del mercado. En Colombia, siete meses después, en octubre del mismo año, el Instituto para la Vigilancia y Control de los Medicamentos, Invima, creado por la Ley 100 de 1993, canceló el Registro Sanitario a estos implantes. En otros países, como Estados Unidos, nunca se llegaron a vender.

En enero pasado fue capturado en Francia Jean-Claude Mas, fabricante de dichos implantes y presidente de la compañía PIP. El diario Francés “Liberation”, reveló que las primeras señales de alarma sobre los implantes PIP fueron lanzadas en 1996, cuando las autoridades sanitarias de ese país habrían recibido varios correos electrónicos informando sobre la existencia de prótesis elaboradas en este tipo de silicona industrial.

La papa caliente

Las mujeres afectadas por los implantes PIP en varios países del mundo, reclaman la responsabilidad estatal ya que la privada se ha diluido con la desaparición de la empresa PIP, desde 2010, y de varias de las compañías importadoras.

En Colombia, la empresa Colmedical importadora de los implantes cerró en el 2010, cuando el Invima retiró el registro sanitario, mientras que la compañía francesa PIP se declaró en quiebra en marzo de 2010, y reportó pérdidas por 9 millones de euros.

Para Gladys Arcila, directora de la Corporación H2O que agrupa a las afectadas, tanto los cirujanos plásticos como el Invima y el Ministerio de la Protección Social, a través del Viceministerio de Salud, que asumió la vocería en el caso PIP, tratan de “lavarse las manos” cuando les dicen a las mujeres que son ellas quienes deben asumir el costo de unos nuevos implantes.

La Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, SCCP, emitió un comunicado el pasado 23 de febrero de 2012, en el cual señala: “Sobre este punto específico la SCCP rechaza cualquier responsabilidad de sus miembros en la colocación de dichos dispositivos ya que estos tuvieron el aval de la Comunidad Europea, la autoridad sanitaria francesa y el Invima, adicionando también que, en su momento, fueron unos de los implantes con más prestigio en el mercado de dichos dispositivos”.

Al respecto, un portal español de Internet, sobre cirugía plástica llamado La Revista de Cirugía Estética publica una columna titulada “PIP El escándalo silenciado” donde señala una actitud condescendiente con la industria de la cirugía plástica frente al caso, y advierte que los médicos cirujanos sí estaban en capacidad de detectar la calidad de estos implantes: “¿Estos cirujanos no palpaban que eran prótesis de mala calidad?; porque diferenciar al tacto el gel cohesivo de la silicona industrial semi-líquida es relativamente fácil”, y concluye “es difícil encontrar cirujanos que asuman que han cometido errores y sobre todo es difícil encontrar cirujanos que asuman el coste económico de sus errores”.

A su turno, el Invima argumenta que tomó su decisión con base en las certificaciones expedidas por las autoridades sanitarias francesas a la marca PIP. Pero este requisito resultó insuficiente para determinar la calidad del producto y evidenció que en Colombia no se aplican pruebas de laboratorio a este tipo de implantes.

La Universidad Nacional de Colombia anunció en febrero pasado que desarrollará un método para analizar la composición química de los implantes mamarios en el país. César Augusto Sierra, profesor del Departamento de Química y director del Grupo de Investigación en Macromoléculas, explicó en la emisora radial de la Universidad que “después del escándalo, varios cirujanos se acercaron al Departamento de Química preguntando si podíamos determinar su composición, y tras una búsqueda en varias bases no hay un soportes para ese análisis”.

Por otra parte, durante los 7 meses que transcurrieron desde la prohibición de los implantes y la orden de retiro en Francia hasta la prohibición en Colombia, se habrían practicado muchas cirugías para implantar estas prótesis. Aunque no existen estadísticas oficiales recientes, la directora de la Corporación H2O ha podido constatar esta situación entre sus asociadas, revisando las fechas en que se realizaron las cirugías. “Ya que se trataba de un negocio millonario de importación, la compañía tenía que salir de todas las existencias”, señala.

desdeabajo envió un cuestionario al Invima preguntando sobre las razones por las cuales en Colombia la medida de prohibir y retirar los implantes se tomó siete meses después, así como las medidas de control de la circulación de los implantes PIP, desde la primera alarma en Francia hasta la cancelación del registro sanitario y después. El cuestionario no había sido respondido al cierre de esta edición.

Desde el punto de vista de sus derechos como consumidoras, las afectadas reclaman la garantía que debe tener cualquier producto. Gladys, una de ellas, recuerda que: “Hace unos meses, una empresa de automóviles reconoció que sus carros estaban saliendo con los frenos en mal estado. A los compradores se les dijo que se acercaran a los concesionarios y se los cambiaron. No entendemos por qué no podemos tener garantía de un producto que compramos de manera legal, y más aún cuando es algo tan delicado como una prótesis que tenemos dentro de nuestro cuerpo”.

Desde el punto de vista de los derechos ciudadanos, aunque las cirugías plásticas sólo están contempladas en el Plan Obligatorio de Salud, POS, cobijado por el régimen contributivo de salud de las Empresas Prestadoras de Salud, EPS, cuando se trata de procedimientos reconstructivos, las cirugías con fines estéticos, cuyo costo es asumido por cada paciente, también están bajo el control y vigilancia de las autoridades sanitarias y contempladas dentro del derecho a la salud.

La Corte Constitucional en la Sentencia T-548 de 2011 señala:

“El único propósito de una cirugía plástica o estética no es el embellecimiento asociado sólo a aspectos cosméticos o superfluos, sobre todo si se tiene en cuenta que la salud no equivale únicamente a disponer de un estado de bienestar físico o funcional, ya que hay otros aspectos como el bienestar emocional, social y psíquico que deben ser garantizados tanto por el Estado como por los particulares encargados de prestar servicios en salud, a fin de procurar a las personas una vida en condiciones de dignidad y calidad”.

En el caso de los insumos médicos para dichas cirugías, como los implantes, es el Invima, según lo contempla la Ley 100 de 1993, el ente responsable de las políticas en materia de “vigilancia sanitaria y de control de calidad de medicamentos, productos biológicos, alimentos, bebidas, cosméticos, dispositivos y elementos médico-quirúrgicos, odontológicos, productos naturales homeopáticos y los generados por biotecnología, reactivos de diagnóstico, y otros que puedan tener impacto en la salud individual y colectiva”

Surany Arboleda, representante de otro grupo de afectadas en Medellín dijo en una entrevista radial que va a demandar al Invima, a la Superintendencia de Salud y al Ministerio de la Protección Social, responsables del registro sanitario del producto, otorgado en dos ocasiones por periodos de 10 años, en 1999 y en 2009.

Ni comprueban ni descartan relación con cáncer

Las consecuencias en la salud de los implantes PIP son la principal preocupación de las personas operadas con PIP. Aunque en Francia los síntomas presentados en 8 mujeres que portaban estos implantes fueron otra de las razones para la prohibición, y varias de las afectadas en los países a donde llegaron los implantes han manifestado haber desarrollado cáncer, no hay manera de probar esto pero tampoco la total ausencia de relación entre el cáncer de mama y la rotura de los implantes PIP u otros implantes mamarios, porque nadie asume los costos de este tipo de investigaciones.

Lo que sí ha sido evidente para las mujeres que ya han recurrido a retirarse los implantes es la aparición de hongos, siliconomas (tumores de silicona) y necrosis (muerte localizada) de tejidos en el pecho.

Las autoridades sanitarias y la Sociedad de Cirujanos Plásticos le han dicho a las personas afectadas que sólo es necesario retirar las prótesis si están rotas, aunque ha sido evidente a lo largo de todo el debate que estos implantes están fabricados en un material que presentan riesgos para la salud humana.”¿Para qué esperar que estén rotas si se puede prevenir un daño mayor a las mujeres?” señala Gladys.

Respuestas a medias

A raíz de las exigencias de las afectadas y de la magnitud del problema a nivel internacional, el Ministerio de la Protección Social, a través del Viceministerio de Salud, anunció que asumiría el costo del retiro de los implantes en 24 hospitales públicos a nivel nacional, donde se realizará el procedimiento con cargo al FOSYGA. Para las afectadas esto es sólo una parte del problema, ya que el retiro implica la exploración total para remover o descartar la existencia de residuos de silicona en los tejidos y la implantación de nuevas prótesis.

Si el Estado o las clínicas privadas de cirugías plásticas no asumen el costo de nuevas prótesis, y las mujeres no tienen recursos, eso sólo significa una cosa: una mutilación permanente, como lo reconoce el cirujano Juan Santamaría director de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, SCCP. “Es muy importante y creo que los hospitales implementarán algunos programas de bajo costo para que los pacientes puedan acceder a una reimplantación en forma inmediata, ya que desafortunadamente al retirar el implante la mama pierde su forma y queda estéticamente muy afectada”. Aún así, tampoco la SCCP asume los costos de nuevos implantes y se limita a ofrecer descuentos con los cuales el reimplante queda costando entre 3 y 5 millones de pesos.

La cirugía estética es un negocio multimillonario del que se lucran fabricantes de implantes y otros productos de belleza asociados, importadores, cirujanos. Según la revista Dinero, en el año 2007, cuando se realizaron unas 230.000 cirugías plásticas, era un negocio que llegaba a los 300 millones de dólares.



Recuadro 1

Debate moral, discriminación jurídica

Mientras que para las afectadas las respuestas estatales son insuficientes, en los sitios de internet con informes y notas de prensa sobre el tema, abundan expresiones de rechazo a que el Estado asuma las consecuencias de una cirugía estética, algunos con marcados argumentos sexistas, machistas, moralistas y agresivos, dirigidos mayoritariamente contra las mujeres, y expresan las contradicciones de una cultura que estandariza la belleza femenina y a la vez condena la cirugía estética.

Para Gladys, estas son manifestaciones de falta de humanidad. “Lo que vivimos las mujeres afectadas sólo lo sabemos nosotras. Las personas no saben lo que significa una tragedia como esta hasta que no la viven”.

En América Latina, el auge de implantes mamarios, liposucciones y otras intervenciones estéticas también suele asociarse con el contexto que escritores como la colombiana Laura Restrepo y el mexicano José Manuel Valenzuela, han llamado la “narcocultura”, donde las mujeres son vistas como parte de los objetos de ostentación del modo de vida del narcotraficante o “traqueto”, para lo cual deben ser voluptuosas y deseables. “Sin tetas no hay paraíso” la novela colombiana del escritor Gustavo Bolívar, llevada a la Televisión en 2006, recoge esa parte de la realidad.

Sin embargo, para la abogada y feminista, Laura Rangel, estas visiones simplifican la magnitud del tema y “tienden a convertir a las mujeres en víctimas de la vanidad, la ambición o los estereotipos”, lo que, en cierta modo, acaba culpándolas por las tragedias asociadas a malas prácticas médicas o a insumos de mala calidad como es el caso de estos implantes. “Cuestionar moralmente sus motivos personales las discrimina jurídicamente”.




Recuadro 2

El precio de la irresponsabilidad

Margarita se operó en junio de 2005, porque su esposo la convenció. Entonces, ella no estaba muy segura de hacerse la cirugía pero accedió y quedó satisfecha con el resultado. En diciembre, cuando estalló el escándalo de los implantes, ella visitó a su cirujano plástico y comprobó que tenía sus prótesis eran PIP. El cirujano le dijo que el retiro no tenía ningún costo pero que el resto del procedimiento y unos nuevos implantes sí debía pagarlos y ella tomó la decisión convencida de que no tenía otra alternativa. Sin contar con recursos de sobra, Margarita decidió adquirir una deuda para pagar la cirugía que le costó $3’800.000, que incluyen los gastos de la sala de cirugía, anestesiología y nuevos implantes. Los días previos a la cirugía fueron de mucho nerviosismo y expectativa. Sobre todo antes de conocer la resonancia y comprobar que no había roturas en el implante ni evidencias de cáncer. Hoy se recupera satisfactoriamente y por eso se siente más afortunada que muchas mujeres que no cuentan con la posibilidad de hacerse la cirugía, aunque haya tenido que endeudarse para salir de la zozobra. Las mujeres de la Corporación H2O señalan que en casos como el suyo también reclamarán al Estado para que le reintegre, a quienes ya los pagaron, los gastos de la nueva cirugía y de los nuevos implantes.

 
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