El debate para legalizar las drogas alza vuelo en América Latina
Algo increíble pasa en América Latina. Después de ser brutalizados por décadas por la fallida prohibición de las drogas, impuesta por el gobierno estadunidense, líderes latinoamericanos están diciendo "basta ya". Están exigiendo alternativas políticas que puedan reducir la delincuencia, la violencia y la corrupción en sus países, e insistiendo que la despenalización y la regulación de las drogas sean puestas sobre la mesa.

El nuevo presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina, está aportando un liderazgo muy importante. Como político conservador y ex general de ejército, tiene una credibilidad con que otros no cuentan. Cuando comenzó a hablar públicamente sobre la necesidad de pensar en nuevas políticas sobre drogas, incluyendo la legalización, muchos pensaron que era sólo una táctica para conseguir más apoyo económico y militar de Estados Unidos (EU). Pero ha mostrado un compromiso tal que ha convencido a sus homólogos en la región que su llamado es verdadero. Dentro de Guatemala, su propuesta ha sido elogiada por diversas voces, como líderes empresariales, el arzobispo Óscar Julio Vian y el director de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Francisco Dall’Anese.

El presidente Pérez Molina envió a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, a un recorrido por los países vecinos en busca del apoyo de los demás presidentes centroamericanos para iniciar una discusión sobre políticas de drogas alternativas para la región. La mayoría manifestó estar de acuerdo con unirse al diálogo (asimismo ayudó que la secretaria de Seguridad Nacional de EU estuviera de gira también por la región intentando persuadir a los líderes con infundados alegatos de que la guerra contra las drogas está funcionando). Ahora los presidentes han acordado reunirse en Guatemala el 24 de marzo para debatir ampliamente el tema.

Mientras, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, quien había intentado iniciar el debate, y que vio frustrado su interés por la falta de apoyo de los líderes de la región, parece estar reanimado por la iniciativa del presidente guatemalteco. Se reunió recientemente con los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso (Brasil), Ricardo Lagos (Chile) y Felipe González (España) para discutir la mejor manera de plantear el tema durante la Cumbre de las Américas, que tendrá lugar en Cartagena, durante abril.

El presidente mexicano, Felipe Calderón, también parece estar más dispuesto a involucrarse en el creciente debate. Tras haber batallado durante toda su presidencia contra las organizaciones criminales, cuya fuente principal de ingresos es el narcotráfico a EU, tiene mayor autoridad moral que nadie para proponer que se tome un nuevo camino. Y nadie conoce mejor la dificultad de alcanzar la victoria en una guerra contra lo que es esencialmente un dinámico mercado global, especialmente cuando se tiene de vecino al consumidor más grande del mundo. Calderón inició el debate cuando comentó que EU debía considerar "alternativas de mercado" si no puede reducir su demanda de drogas. Poco después se unió con los gobiernos de América Central y los presidentes de Colombia, República Dominicana y Chile para emitir la Declaración de Tuxtla, que dice que si no se puede disminuir la demanda de las drogas ilegales, "las autoridades de los países consumidores deben entonces explorar las alternativas posibles para eliminar las ganancias exorbitantes de los criminales, incluyendo opciones regulatorias o de mercado, orientadas a ese propósito".

Los llamados para una reforma a las políticas de drogas están proliferando rápidamente en México. El predecesor de Calderón, Vicente Fox, no tiene problema en decir que la legalización es la mejor forma de afrontarlo. El predecesor de Fox, Ernesto Zedillo, se unió al ex presidente brasileño Cardoso y al ex presidente colombiano César Gaviria en organizar, en primer lugar, una comisión sobre políticas de las drogas en América Latina y posteriormente una a escala mundial, ambas abogando por grandes reformas en las políticas de drogas, incluyendo una regulación efectiva de la mariguana, y también por "romper el tabú" de considerar todas las opciones para políticas de drogas, incluida la regulación legal.

Ahora los líderes empresariales de Monterrey y la ciudad de México, conscientes del creciente poder de las organizaciones criminales, están uniéndose al debate, con recursos y apoyo a la legalización de alguna u otra forma. Y, desde la izquierda, Javier Sicilia, el influyente poeta convertido en líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, está diciendo prácticamente lo mismo.

No es entonces sorpresa que la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Patricia Espinosa, anunciara en una reunión de la asamblea parlamentaria europea-latinoamericana el pasado febrero que su gobierno ahora apoya un debate sobre la legalización.

El presidente hondureño, Porfirio Lobo, anunció este viernes que los presidentes Calderón y Santos habían sido invitados a una reunión este 24 de marzo en Guatemala, a la cual pretenden asistir.

Todo esto representa un gran dilema para el gobierno estadunidense. Cuando el vicepresidente Biden visitó la región hace poco, aclaró que el presidente Obama se opone firmemente la legalización, pero también reconoció, como Obama en 2011, que es un tema legítimo para ser debatido. Esta declaración fue modesta pero importante, al menos porque envía un mensaje claro a otros funcionarios estadunidenses, de que el rechazo total a cualquier discusión sobre el tema, como se ha hecho hasta ahora, ya no es necesario. Eso fue evidenciado recientemente cuando el secretario asistente de Relaciones Públicas del Departamento de Estado, Mike Hammer, afirmó que "estamos dispuestos a discutir el tema para expresar nuestra opinión en tanto no la vemos como la mejor manera de solucionar el problema. Es un tema serio y no nos negamos a discutirlo. Nuestra posición, sin embargo, es muy clara". Los medios latinoamericanos rápidamente notaron el cambio de tono de Washington.

Esto representa un giro dramático en el debate regional, y potencialmente global, sobre las políticas sobre drogas. En América Latina, los actuales presidentes están tomando la batuta de los ex presidentes en el llamado a debatir una nueva política con todas las opciones sobre la mesa. Respetados intelectuales como Carlos Fuentes y Enrique Krauze, en México; Sergio Ramírez, en Nicaragua, y Mario Vargas Llosa, en Perú, están manifestándose en favor. De igual forma lo están haciendo distinguidos ex funcionarios de gobierno, líderes de negocios, medios y de las artes.

El desafío político inmediato para los latinoamericanos es mantener su impulso frente a los esfuerzos vigorosos de EU –tras bastidores– de silenciar el debate, aunque haya dicho públicamente que está en favor de ello. El desafío más importante es dar sustento a sus propuestas de políticas alternativas. Los presidentes latinoamericanos saben que ningún país puede legalizar las drogas unilateralmente, que cualquier cambio significativo tiene que ser multilateral, y que las grandes reformas necesarias al régimen prohibicionista tomarán varios años o incluso décadas. Tanto los gobiernos como las organizaciones no gubernamentales en la región están comenzando apenas a considerar seriamente políticas alternativas, reclutando académicos y otros expertos.

Afortunadamente el consenso sobre las drogas dentro de EU también se está debilitando. George Shultz, el ex secretario de Estado (y del Tesoro), y Paul Volcker, ex presidente de la Reserva Federal, están entre los miembros de la Comisión Global sobre Políticas de Drogas, cuyas recomendaciones en junio pasado abrieron un debate mundial. El ex presidente Jimmy Carter apoyó las recomendaciones de la comisión y el ex presidente Bill Clinton ha externado en repetidas ocasiones que lamenta los excesos en la guerra contra las drogas que libró cuando estaba en la Casa Blanca. Líderes afroestadunidenses que han apoyado la guerra contra las drogas están llegando a la conclusión de que la lucha contra los estupefacientes no reduce la adicción en sus comunidades, pero sí contribuye a encarcelar un extraordinario número de jóvenes.

El apoyo público para legalizar la mariguana entre los estadunidenses crece rápidamente –de 36 por ciento en favor en 2006 a 50 por ciento en 2011, según una encuesta de Gallup. Recientemente, el líder conservador evangélico Pat Robertson sorprendió a gran cantidad de personas afirmando que la mariguana debería legalizarse y ser regulada como el alcohol, y manifestó su apoyo a las iniciativas en los estados de Colorado y Washington, tendientes a la legalización de la mariguana.

El mayor obstáculo por ahora es la resistencia de la administración Obama y el Congreso a cualquier discusión real sobre políticas alternativas. La censura y la autocensura sobre el tema en el gobierno federal es endémica, impulsada por el temor de que cualquier memorando interno, o incluso discusiones verbales, que contengan recomendaciones políticamente inconvenientes, no sólo son poco bienvenidas, sino peligrosas para las carreras de muchos funcionarios. Un resultado de esto será que los representantes del gobierno de EU verán cada vez más reducida su participación en la discusión del tema, en Cartagena y en más foros, armados únicamente con la defensa de las fallidas políticas de EU y privados de cualquier análisis de fondo de las vías que plantearán los demás gobiernos.

La peor prohibición, dicho sea de paso, es la prohibición a pensar, y de eso, lamentablemente, es de lo que es culpable el gobierno de EU hoy día.


Por Ethan Nadelmann, Director ejecutivo de la Drug Policy Alliance (DPA)
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Lunes, 20 Febrero 2012 08:26

El negocio de la salud

 El negocio de la salud
La salud en Colombia tiene en su corazón y en su cerebro varios tumores cancerosos, cuya patología se halla en la lucha de intereses que genera todo negocio mercantil. La Constitución Política prescribe (art. 49) toda una serie de declaraciones, que de cumplirse harían de nuestra salud el servicio más eficiente y solidario del planeta. En primer lugar, la atención a la salud es un servicio público a cargo del Estado; en segundo lugar, se le garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud; y, en tercer lugar, al Estado corresponde organizar, dirigir y reglamentar la prestación del servicio de salud a todos los habitantes, conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. Pero la Constitución también agrega en este apartado dos cosas más: por una parte, el deber de establecer las políticas para la prestación de los servicios de salud por entidades privadas; y por la otra, la obligación de ejercer vigilancia y control. 

Con la expedición de la ley 100 de 1993 se desfiguraron por completo los principios constitucionales, pues hizo del servicio público de salud el más prosaico y mundano de los negocios, entregándose como cualquier mercancía a los particulares. De ahí se derivan todos sus vicios y dolencias, que son innumerables. Con la creación de las EPS se estableció la intermediación financiera entre el Estado que provee los recursos y el paciente. Existe un Plan Obligatorio de Salud –POS–, en el que se incluyen los medicamentos que deben estar al alcance de los pacientes, pero este ha desatado una guerra entre los laboratorios, en la que el campo de batalla somos los usuarios o clientes del negocio. Supuestamente las partes legitimadas en la discusión del POS son: los laboratorios, los pacientes y el Estado. Pero yendo a la realidad, todo queda en manos de los monopolios, porque las asociaciones de usuarios no tienen ninguna independencia, pues son las propias multinacionales de las drogas las que sostienen a esas asociaciones, mediante donaciones. Y, los organismos del Estado que deben hacer la lista del POS están infiltrados por los laboratorios. Por eso, hay mensajes como este: “Estimado Philippe, lo convenido”. Lo convenido es aquello que se negoció con quien redacta el decreto, o le habla al oído a quien lo redacta. 
 
Y, de la infinita lista de llagas que carcomen la salud, el especio sólo permite mencionar dos más. Afiliar al sistema a una empleada del servicio doméstico o a un trabajador independiente se ha convertido un calvario: debe recurrirse a tres o más organismos, ubicados, en el caso de Bogotá, en distintos lugares de la ciudad, porque el negocio es tan rentable que alcanza para que haya una distribución amigable entre sus dueños: salud, riesgos profesionales, pensión y cesantías. Cuando existía el Seguro Social, todo se hacía en este organismo, sin tanta traba y dificultad. La otra dolencia es la ética médica. El sistema quebrantó el juramento de Hipócrates, porque el profesional de la medicina ya no está al servicio de sus pacientes sino de las EPS y –otra vez– de los laboratorios. Esto trae consecuencias nefastas para el paciente: el médico carece del tiempo suficiente para atenderlo, y como no recibe un salario digno, tiene que completar sus ingresos enviando al paciente a que compre medicamentos distribuidos exclusivamente por determinado laboratorio. En suma, el Estado ha privatizado la salud, y ha sido ineficaz en la ejecución de sus deberes constitucionales de vigilancia y control. No de otra manera se explica el robo del dinero de la salud por los intermediarios financieros, los administradores del negocio, y, los grupos paramilitares, en los departamentos y municipios.  
 
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Tres razones de peso para no tomar refrescos gaseados

A estas alturas, es probable que sea justo decir que una gran parte de la población sabe que los refrescos carbonatados no son bebidas que promuevan la salud. Durante años han sido culpados por la epidemia de obesidad y el aumento de los costos de salud.

 
Algunos expertos en salud pública incluso han llamado para un impuesto a los refrescos para ayudar a disuadir a las personas por beber tanto de ella. Mientras que algunas enfermedades como por ejemplo la diabetes son problemas evidentes asociados a la gaseosa, beber refrescos gaseados alberga también amenazas ocultas.

 
Si eres de los que acostumbra a tomar un refresco al día, en el aperitivo, con la comida e incluso nada más levantarte, deberías conocer algunas de las cosas que no sólo se dicen, sino que se han demostrado científicamente, de estos elixiris casi “mágicos” que prometen la felicidad.
 

La grasa se adosa a tus órganos. Un estudio danés reciente reveló que beber soda de manera regular conduce a un aumento espectacular de las grasas peligrosas y difíciles de detectar. Los investigadores pidieron a los participantes que bebieran soda o leche, que contiene la misma cantidad de calorías, o cola de dieta todos los días durante seis meses.

 
¿Los resultados? La masa grasa total es la misma en todos los casos, pero los que tomaron soda experimentaron un aumento espectacular en las grasas nocivas (ocultas en el hígado) y en el colesterol.

 
Los edulcorantes artificiales y colorantes alimentarios se han relacionado con daños en las células del cerebro y la hiperactividad. Además, la investigación ha demostrado que las personas que beben refrescos de dieta tienen un mayor riesgo de desarrollar diabetes.

 
Contiene retardantes de llama. Algunas de las marcas de refrescos más populares utilizan aceite vegetal bromado -un tóxico retardante- para mantener el aroma artificial. Un ingrediente peligroso que suele aparecer etiquetado como BVO en refrescos y bebidas isotónicas, y que puede causar síntomas de envenenamiento por bromuro, como lesiones en la piel y pérdida de memoria, así como trastornos nerviosos.
 

Beber refrescos gaseados te convierte en una rata de laboratorio. Muchas marcas endulzan sus refrescos con jarabe de maíz alto en fructosa, un compuesto genéticamente modificado que desde la década de los 90 forma parte de nuestra cadena alimentaria.

 
El problema es que no sabemos cuáles serán sus efectos sobre la salud a largo plazo porque las empresas que desarrollaron estos cultivos no tenían que probar la seguridad a largo plazo. La cuestión es que algunos resultados recientes sugieren que los cultivos genéticamente modificados están vinculados a daños en el tracto digestivo, al envejecimiento acelerado e incluso son una causa probable de infertilidad.

 
Ya sabes, a partir de ahora cuando te pregunten qué quieres para beber, acuérdate de responder: “Sólo agua por favor”.


 9 Febrero 2012 
 
(Con información de Rodale.com)
 

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El primer virus creado y censurado por el hombre

Hace unos meses, en un laboratorio científico de alta seguridad de Rotterdam (Holanda), sucedió algo tan temible como esperado. Un hurón al que le habían inyectado el virus de la gripe aviar H5N1 le pasó la enfermedad a un congénere por el aire, a través de una tos o un estornudo. La cadena de contagios continuó, y más hurones sufrieron fiebre, moqueo y estornudos característicos de la enfermedad.

Los investigadores que los observaban al otro lado del cristal supieron en ese momento que tenían algo grande entre manos. Por primera vez, una variante del H5N1 había evolucionado para transmitirse entre mamíferos.


Por el momento la gripe aviar H5N1, que según la OMS ha matado a 340 personas, no se transmite entre personas, sino sólo de aves a humanos. El valor del virus de Rotterdam era por ello incalculable. Su estructura genética permitía averiguar qué mutaciones son necesarias para que la gripe aviar salte la barrera entre especies y comience a transmitirse entre mamíferos.

Como si se tratase de la fotografía de un criminal, los investigadores del Erasmus Medical Center, con Ron Fouchier a la cabeza, detallaron las características del virus para difundirlas por laboratorios de todo el mundo a través de una revista científica. A su vez, los laboratorios de referencia que vigilan la expansión de la gripe aviar podrían haber usado ese retrato para dar la alerta temprana ante mutaciones "sospechosas" y desarrollar nuevas vacunas.

Pero nada de esto sucedió. El pasado diciembre, en un hecho sin precedentes, un panel científico de bioseguridad del Gobierno de EEUU, el NSABB, recomendó que aquel estudio no se publicase. Lo mismo dijo sobre otro trabajo realizado en EEUU por Yoshihiro Kawaoka y que también contenía detalles sobre variantes del H5N1 transmisibles entre mamíferos.


Los 22 investigadores que respaldaban la decisión advertían de que, si el virus escapaba del laboratorio o si supuestos terroristas lograban replicarlo, sucedería una "catástrofe inimaginable". En un artículo publicado en la revista Nature, una de las dos que debían publicar los estudios del H5N1, compararon la situación con la que existía en la década de 1940 con el desarrollo de las primeras bombas nucleares.

Poco después, Science y Nature acordaron no publicar los estudios. Los autores de los dos trabajos criticaron la censura y relativizaron el riesgo que la publicación supondría en términos de bioterrorismo. Pero, empujados por la creciente publicidad del caso y sus implicaciones, acordaron firmar una moratoria de 60 días en las que se comprometían a parar en seco sus estudios sobre el H5N1. Junto a ellos firmaron decenas de expertos en gripe de todo el mundo que apoyaban su decisión de cara a la galería.

El virus de Rotterdam ha desencadenado una de las mayores polémicas científicas de las últimas décadas. La censura ha dividido a la comunidad científica entre defensores en virtud de la seguridad y críticos que ven una zancadilla innecesaria a los esfuerzos de vigilancia contra la gripe aviar. Por el momento, el asunto no tiene solución.

"El escape de este virus presenta un peligro enorme", opina Juan Ortín, investigador del Centro Nacional de Biotecnología (CNB) y uno de los mayores expertos en gripe de España.

Como ejemplo del riesgo cita un rebrote del síndrome respiratorio agudo severo SARS que sucedió en China en 2004. Su origen fue una muestra del patógeno que escapó de un laboratorio gubernamental de alta seguridad en Pekín debido a una negligencia, y que mató a una persona e infectó a nueve. Ortín defiende que se retengan los estudios, ya que la información que contienen "no permitiría parar una pandemia ni es útil para el desarrollo de vacunas". Las mutaciones que hacen transmisible al virus de Rotterdam han sido provocadas y, por tanto, el virus salvaje podría adoptar otras diferentes, argumenta. "Hay que esperar", opina, y cree que el virus debería almacenarse en "un solo laboratorio de contención" o ser destruido. "Yo lo eliminaría, ya que con la información disponible se podría recuperar cuando se desee", opina. La clave, dice, es que en este caso los pros de publicar los estudios son mucho menores que los contras.

Justo lo contrario piensa Luis Enjuanes, compañero de edificio de Ortín y uno de los mayores especialistas del mundo en SARS. "Muchos laboratorios públicos y privados podrían empezar a desarrollar vacunas para variantes peligrosas gracias a estos estudios. No se debe prohibir su publicación", asegura.

Enjuanes estuvo en una situación similar a la de Fouchier. Ahora la usa como moraleja de los beneficios de no poner trabas a la investigación. El Gobierno de EEUU se planteó declarar el SARS como "patógeno clasificado". "Cuando un virus entra en esa lista, el trabajo se complica porque hace falta un laboratorio con vigilancia las 24 horas, cámaras de televisión, inspecciones del FBI, es decir, una inversión muy alta". Declarar el SARS patógeno clasificado hubiera sacado a Enjuanes de la investigación con ese virus. "La prohibición hubiera sido un desastre", reconoce. Finalmente EEUU reculó y Enjuanes ha logrado la primera vacuna efectiva contra el virus que, de momento, es capaz de proteger al 100% a modelos animales.

Muchas preguntas siguen sin respuesta. ¿Es la nueva variante contagiosa para humanos? ¿Podría un terrorista ensamblar el virus y usarlo para expandir la enfermedad? ¿Es lícito retener información científica financiada con fondos públicos por razones de seguridad?

Estas y otras preguntas han sido respondidas de forma vehemente por Peter Palese desde que comenzó la polémica. El jefe de Microbiología del Hospital Monte Sinaí de Nueva York ha tenido acceso al estudio de Fouchier. En un artículo publicado en PNAS, Palese dice que "muchos" otros colegas también han visto el trabajo. ¿Podrían los datos usarse para crear un arma biológica? "La respuesta es simplemente no". El experto argumenta que ya hay fármacos que han demostrado efectividad contra las gripes H5. Por otro lado, crear ese arma biológica requeriría complejos laboratorios, conocimientos muy avanzados en biología molecular y experiencia en recomponer genéticamente virus de la gripe. "No es realista pensar que estos virus de hurón se pudieran usar contra humanos", asegura.

Sin coordinación

Si en algo están de acuerdo la mayoría de investigadores es que esta polémica sólo la puede solucionar un pacto internacional. La idea es reproducir la Conferencia de Asilomar, que en 1975 desatascó el uso de la técnica conocida como ADN recombinante que permite unir fragmentos de ADN de distintos organismos. Unas 140 personas entre biólogos, médicos y abogados se reunieron en California para pactar un código ético sobre el uso de la técnica. El pacto se hizo realidad y permitió la difusión de una práctica sin la que no existirían la insulina que usan los diabéticos, algunas vacunas y la inmensa mayoría de estudios y empresas biotecnológicas actuales.

"Se ha actuado correctamente con la moratoria", explica Mariano Esteban, investigador del CNB que dirige la vacuna española contra el HIV. "La Organización Mundial de la Salud es la que debe decidir ahora qué hacer", añade.

Pero esta vez la comunidad internacional duda. Organismos claves como la Organización Mundial de la Salud (OMS) no se han pronunciado sobre el tema. La agencia sanitaria de la ONU ha organizado el jueves y el viernes una "pequeña" reunión de expertos que "establecerán los hechos e identificarán los asuntos más urgentes respecto a los estudios de Fouchier y Kawaoka", según explicó a este diario un portavoz de la OMS. El Centro Europeo para el Control de Enfermedades también sigue el asunto de cerca y se plantea "revisar la evaluación de riesgos para virus A (H5N1) y en especial los transmisibles", explican desde el organismo de la UE.

En EEUU, la Academia de Ciencias de Nueva York o la Asociación de Microbiología de EEUU han organizado encuentros con expertos y representantes de agencias federales de salud. ¿Se puede esperar de estos encuentros otro Asilomar? Tajantemente "no", según Mike Osterholm, uno de los miembros del NSABB que pidió la censura de los estudios. Por ahora, el pacto internacional no tiene ni fecha, ni texto, ni lugar.
 

Por NUÑO DOMÍNGUEZ MADRID06/02/2012 10:13 Actualizado: 06/02/2012 10:13

 

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Científicos hallan signos de daño cerebral en adictos a Internet
Por primera vez se ha vinculado la adicción a Internet con cambios en el cerebro similares a los observados en adictos al alcohol, la cocaína y la cannabis. Investigadores usaron resonancia magnética para revelar anormalidades en el cerebro de adolescentes que pasan varias horas en Internet, en detrimento de su vida social y personal. Los hallazgos podrían arrojar luz sobre otros problemas de conducta y llevar al desarrollo de nuevos métodos de tratamiento, comentaron los científicos.

Se calcula que de 5 a 10 por ciento de los usuarios de la red son adictos, es decir, incapaces de controlar su uso. La mayoría son jugadores tan absortos en su actividad que pasan largos periodos sin comer ni dormir, con efectos negativos para su educación, su trabajo y sus relaciones.

Henrietta Bowden Jones, consultora siquiátrica en el Colegio Imperial de Londres, quien dirige la única clínica del sistema de salud pública de Gran Bretaña para adictos a Internet y jugadores compulsivos, señaló: "La mayoría de las personas que observamos con adicción seria a Internet son jugadores: personas que pasan largas horas desempeñando papeles en diversos juegos y desatienden sus obligaciones. He visto personas que dejaron de ir a clases en la universidad, no completaron sus estudios o fracasaron en su matrimonio porque fueron incapaces de conectarse emocionalmente con cualquier cosa que no fuera el juego".

Si bien la mayor parte de la población pasa más tiempo hoy frente a la computadora, eso no significa adicción, añadió. “Es diferente. Lo hacemos porque la vida moderna requiere que nos conectemos en la red por motivos de trabajo, relaciones profesionales y sociales, pero no de modo obsesivo. Cuando alguien viene y dice que no durmió la noche anterior porque pasó 14 horas jugando en la red, y que lo mismo ocurrió una noche antes, y que trató de parar pero no pudo… sabemos que hay un problema. En particular son los juegos los que tienden a atrapar a las personas.”

Investigadores en China escanearon el cerebro de 17 adolescentes diagnosticados con "trastorno de adicción a Internet", referidos al Centro de Salud Mental de Shanghai, y compararon los resultados con los observados en 16 personas de la misma edad.

Los resultados mostraron atrofia severa en las fibras de materia blanca que conectan regiones vinculadas al procesamiento emocional, la atención, la toma de decisiones y el control cognitivo. Se han observado cambios similares en la materia blanca en otras formas de adicción, en el caso de sustancias como el alcohol o la cocaína.

"Los hallazgos sugieren que la integridad de la materia blanca podría ser un nuevo objetivo de tratamiento en el trastorno de adicción a Internet", escriben en el periódico en línea Public Library of Science One. Los autores reconocen que no pueden precisar si los cambios en el cerebro son la causa o la consecuencia de la adicción a Internet. Podría ocurrir que los jóvenes que presentan los cambios cerebrales observados sean más propensos a la adicción.

El profesor Michael Farrell, director del Centro de Investigación sobre Alcohol y Drogas de la Universidad de Nueva Gales del Sur, en Australia, comentó: “Las limitaciones del estudio son que no fue controlado, y es posible que las drogas ilícitas, el alcohol u otros estimulantes basados en la cafeína hayan causado las alteraciones. También es cuestionable la especificidad del ‘trastorno de adicción a Internet’”.


Jeremy Laurence
The Independent

Traducción: Jorge Anaya

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Lunes, 18 Julio 2011 15:21

Italia. Un ajuste con la salud

Italia. Un ajuste con la salud
A partir de ahora, los italianos deberán pagar el servicio de urgencia sobre patologías no graves. Ticket sanitario, nuevos impuestos, recortes: la maniobra económica se vive en los hogares.

Desde Roma

La maniobra económica por valor de casi 79 mil millones de euros para equilibrar las cuentas del Estado en 2014, aprobada en tiempo record la semana por el Parlamento de Italia, dará mucho que hablar –y que sufrir– a los italianos en los próximos días y en los próximos años. El plan económico de ajuste fue publicado el sábado en la Gaceta Oficial, y en consecuencia empezó a regir desde ayer. Y el primer efecto es el ticket sanitario aplicado a los pacientes no graves que se dirijan a las guardias de los hospitales. La mayor parte de los hospitales públicos no hacía pagar el servicio de urgencia sobre patologías no graves, pero el paciente a menudo debía esperar horas para ser atendido. Ahora no sólo deberá esperar sino, además, pagar nada menos que 25 euros. Y a partir de hoy, por otra parte, la atención de un especialista del servicio público le costará 10 euros.

El rubro sanitario dentro de la maniobra económica es el que más críticas ha desatado, incluso dentro de la coalición de centroderecha. Y hasta los gobiernos de las regiones –varios de centroderecha– han comenzado a dar batalla, como Toscana y Emilia Romania, que rehúsan aplicar los tickets mientras otras regiones dicen que lo están estudiando. Está previsto que niños, ancianos y personas de escasos recursos estén exentos del pago. Pero al final de cuentas, según los críticos, las familias de ingresos bajos y medios serán las que mayormente pagarán el pato. Según cálculos publicados por la prensa local, el plan de ajuste costará entre 500 y 1000 euros a cada familia por año en calidad de tickets sanitarios, nuevos y mayores impuestos, aumento de la edad de jubilación, restricciones en materia de contribuciones estatales a las familias, etcétera.

Algunos se preguntan ahora, pero muchos más se lo preguntarán en los próximos días cuando el ticket sanitario y los primeros impuestos toquen verdaderamente el propio bolsillo, por qué el gobierno de Silvio Berlusconi, que había prometido reducir los impuestos, ahora los aumenta; y por qué la oposición no cumplió su rol de oposición. Es decir, por qué el Partido Democrático e Italia de los Valores, principalmente, permitieron que pasara esta maniobra, que ellos mismos denunciaron como que afectará a los sectores menos pudientes. En el Parlamento, la oposición votó en contra de los ajustes, pero no obstruyó la votación final, como habría hecho en otro momento. También la oposición deberá explicar a sus electores por qué no han podido cambiar con antelación, mediante un debate constructivo que tenga presente sobre todo las necesidades de los ciudadanos, algunas de las medidas que fueron incluidas en los recortes.

Italia, es cierto, está inmersa en un contexto internacional (Europa) que no la favorece, porque todavía no ha logrado superar los efectos de la crisis mundial de 2008 y –peor aún– ha tenido entre el año pasado y 2011 una recaída. Los ejemplos de Grecia, España, Irlanda y Portugal no ayudan a mantener la tranquilidad de los mercados. Pero por su parte Italia –con una deuda pública que equivale al 120 por ciento de su PIB, con un crecimiento de apenas el 1 por ciento, con los vaivenes de su clase política y los escándalos en los que se ha visto sumido su primer ministro– no ha hecho más que complicar el panorama.

Por eso, el presidente de la república –que en Italia tiene normalmente una función bastante formal– ha asumido un rol activo como nunca. Viejo comunista, parlamentario durante varias legislaturas, hombre de gran rectitud, Giorgio Napolitano ha pasado a ocupar un rol protagónico en los últimos meses, llamando a la cordura a todos los sectores políticos, sumidos a menudo en inútiles debates e insultos cotidianos que no les permiten ver el bosque, el bosque-Italia, a riesgo de hundirse como el Titanic, según la imagen usada por el ministro de Economía, Giulio Tremonti. Napolitano hizo su último e insistente llamado la semana pasada, luego del ataque de los especuladores contra la Bolsa de Milán. Es necesario, pidió en sustancia, que gobierno y oposición dejen de lado las disputas y aprueben la maniobra económica para dar a entender a los mercados que Italia es una economía fuerte y que honrará todos sus compromisos. Y así fue. Aunque el costo elevadísimo de las medidas lo deberán pagar las familias y no los políticos que lo aprobaron.

Tal vez por esto también Berlusconi desapareció de la circulación todos estos días, reapareciendo recién el viernes para el voto en la Cámara de Diputados y diciendo a sus allegados que se había caído en el baño de su casa y le habían tenido que hacer una TAC a causa de un golpe en la cabeza. Otros suponen en cambio que sus aliados le sugirieron que se quedara callado para no complicar una situación ya bastante delicada.
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La propuesta de reforma a la Ley 30 de 1992, presentada por el gobierno de Juan Manuel Santos con el propósito explícito de abrir un debate sobre las transformaciones que requiere la educación superior colombiana y de construir los consensos básicos alrededor de sus lineamientos fundamentales –no tanto de su articulado específico–, encierra una estrategia de legitimación que se apoya sobre la necesidad de ampliar la cobertura, vincular el capital privado al negocio de los servicios educativos superiores, y fortalecer el control y la vigilancia estatal para asegurar la calidad.

El objetivo de ampliar la cobertura en el país es en general compartido por cualquiera que, con un mínimo sentido igualitario y de justicia social, busque incrementar el acceso a las instituciones de educación superior, que ha sido estructuralmente restringido en Colombia. No obstante, el mecanismo que se propone para tal efecto, la confianza irracional en la iniciativa privada y la apertura indiscriminada del mercado de los servicios educativos superiores parecen ser los menos apropiados de acuerdo con la experiencia nacional e internacional. Además, va en contravía de la pretensión de asegurar la calidad, que, como lo han afirmado los representantes de las instituciones públicas y privadas con los mejores indicadores de calidad en el país, implica una alta inversión por parte del Estado o, en menor medida, de fondos privados sin ánimo de lucro1. Finalmente, los mecanismos de control y vigilancia diseñados en la reforma y las disposiciones sobre el gobierno universitario adquieren todas las características de formas de intervención, que en lo relacionado con las universidades conducirían a la paradoja de una autonomía heterónoma que es contraria a la Constitución de 1991, de un principio jurídico negado en la práctica.



1. Cobertura y espejismo del mercado libre en la educación superior

En Colombia, la ampliación de la cobertura en la educación superior a partir de la segunda década del siglo XX viajó por dos canales que condujeron a resultados precarios, y al predominio de instituciones de mediana y baja calidad: una débil inversión en la educación pública y la proliferación descontrolada en la educación privada de fundaciones o asociaciones sin ánimo de lucro, de acuerdo con la ley pero inspiradas en la obtención de pingües beneficios económicos para sus propietarios.

En lo relacionado con la inversión estatal, las cifras son elocuentes. En 2002, el gasto público total en educación superior en el país representaba el 0,71 por ciento del PIB, por debajo del promedio del 0,95 de los 14 países latinoamericanos analizados en el informe 2000-2005 de la Unesco‑IESALC (Rodríguez Oróstegui, 2006: 71-78). Mientras el promedio de los países del OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) se mantenía cercano al 1,52.

Esta baja inversión estatal deterioró el peso relativo de la matricula pública con respecto a la privada. En 1999 se matriculaba en las instituciones estatales aproximadamente el 30 por ciento de los alumnos de pregrado y posgrado que cursaban programas de educación superior en el país. Sin embargo, la crisis económica de los años 90 llevó a una migración desde las instituciones privadas hacia las públicas, de tal manera que en 2010 la matrícula en las estatales, incluido el Sena –que tiende a distorsionar las estadísticas, pues la mayor parte de su oferta educativa no cumple los requisitos para ser considerada educación superior–, llegó al 55,4 por ciento y en las privadas bajó al 44,6. En parte por el esfuerzo propio de las universidades públicas, como la Universidad Nacional y la Universidad Antioquia, y en parte debido a la presión gubernamental. Sin embargo, el gasto público en la educación estatal no aumentó de modo proporcional sino simplemente en forma inercial, de acuerdo con lo establecido por la Ley 30 de 1992, y a partir de 2002 se fue deteriorando como porcentaje del PIB, pues pasó de representar un 0,292 a un 0,112 por ciento (Garzón, 2010: 134). La ampliación de la cobertura sin mayor inversión terminó incidiendo negativamente en la calidad de la educación superior pública, tanto en la formación como en la investigación y la interacción con la sociedad (cf. Múnera Ruiz, 2008).

Por estos dos canales, baja inversión pública y proliferación de instituciones privadas con poco control y baja calidad, la cobertura se expandió muy poco. Respecto a las personas en edad de acceder a la educación superior, sólo llegó al 37 por ciento si se incluye al Sena, y al 30 por ciento sin esta institución. En 2008, el promedio en América Latina estaba en el 36,7, y en países como Argentina, Chile, Uruguay, Venezuela, Cuba y Costa Rica por encima del 45. Con un máximo de 74 por ciento en Argentina y 49,2 en Cuba.

Por consiguiente, por el camino de la baja inversión pública y la expansión privada sin mayores controles, Colombia no tuvo un aumento significativo de cobertura y desarrolló un sistema dual, con unas pocas instituciones de buena calidad y un buen número, mayoritario, de baja calidad. No obstante, los problemas en términos de cobertura no se detienen en este punto. Al menos se deben considerar dos aspectos adicionales: las áreas de conocimiento preponderantes no fueron las más pertinentes para el país sino las que requieren menor inversión, pública o privada, y la oferta de educación técnica y tecnológica de calidad nunca llegó a materializarse.

En el segundo semestre de 2008, de acuerdo con el SNIES (Sistema Nacional de Información para la Educación Superior), los programas de economía, administración y contabilidad representaban el 17,36 por ciento de la matrícula; los de ingeniería, arquitectura y urbanismo el 18,97, y los de ciencias sociales y humanas (donde Derecho tiene un gran peso) el 11,77. Entre las tres áreas, el 48,10 por ciento. Mientras las ciencias de las salud sólo llegaba al 6,25, las ciencias de la educación al 7,26, las matemáticas y las ciencias básicas y naturales al 1,54, agronomía y veterinaria al 1,05 y Bellas Artes (nombre caprichoso asignado por el Ministerio de Educación) al 2,71. Entre las cinco, al 18,81. En las estadísticas oficiales queda un misterioso 33 por ciento sin clasificar. ¿Será esta la estructura del conocimiento por áreas en educación superior que necesita el país o corresponde al resultado azaroso de un mercado desregulado y donde, sin embargo, todavía no hay instituciones con ánimo de lucro declarado? ¿Esta sobresaturación en ciertas áreas que requieren baja inversión es la conveniente para el país y para quienes han hecho de la educación superior un negocio rentable?

Adicionalmente, la educación técnica y tecnológica de calidad tampoco se incrementó o se diversificó por esta senda, como bien lo anota Víctor Manuel Gómez, profesor de la Universidad Nacional de Colombia (Gómez, 2011) (Ver pág. 21). Por el contrario, se concentró también en áreas de poca inversión: “en contaduría, administración financiera, sistemas, ventas, mercadeo y afines” (ibíd.), que no permiten innovación o pensar en una mínima autonomía tecnológica. En tal medida, los bachilleres recién graduados tampoco tienen la posibilidad de optar por una formación técnica o tecnológica de calidad sino por programas que les ofrecen la cualificación mínima para trabajar en empleos mal remunerados.

La reforma de la Ley 30 nos propone seguir por el mismo camino, pero ampliando los dos canales:
  •  
  • La inversión social en las universidades públicas (artículos 103 a 106) seguirá perdiendo peso relativo dentro de las finanzas públicas, pues en el mejor de los casos, que es muy improbable, su incremento representará el 50 por ciento del crecimiento del PIB, y cualquier porcentaje adicional estará orientado por criterios ajenos a la autonomía de las instituciones y del prácticamente inexistente SUP (Sistema de Universidades Públicas)3. Adicionalmente, los recursos que necesitan las universidades públicas para su funcionamiento, por encima de lo estipulado en la Ley 30 de 1992 –que en junio de 2009 habían sido cuantificados en más de 460.000 millones de pesos sólo en gastos de personal y que no fueron atendidos por el gobierno nacional sino en una mínima proporción–, seguirán pesando como déficit presupuestal que crecerá año a año hasta hacerlas inviables u obligarlas a convertirse en instituciones mixtas4.
  • El mercado de servicios en educación superior se abre totalmente a las instituciones con ánimo de lucro (artículo 13) sin regulación, que, por su propia naturaleza, van a fomentar las actividades más rentables para el capital privado y no las más pertinentes para el país5. Las transnacionales de la educación superior, las instituciones por franquicia y las universidades corporativas entrarán en el ámbito nacional de la mano del TLC para agudizar la sobresaturación en las áreas de conocimiento que les producen más beneficios económicos a los mercaderes de la educación superior y la formación técnica y tecnológica de baja calidad. Las exigencias que trae la ley para que las instituciones se mantengan como universidades convertirán a los centros educativos de mediana y baja calidad en un apetecible mercado universitario para inversionistas que no quieran pasar por todos los trámites para la aprobación de una nueva institución.
  • La introducción de las instituciones mixtas (artículo 13), que pueden ser un horizonte de las públicas, pues nada lo impide dentro del texto de la reforma, profundizará la lógica privada y mercantil en las instituciones estatales e irá desnaturalizando las que por la escasa inversión estatal entren en crisis. Los concejos municipales, las asambleas departamentales o el Congreso de la República pueden inclinarse a cambiar su naturaleza ante problemas financieros que el gobierno nacional no resuelva, siempre y cuando haya capital privado dispuesto a participar en el negocio.
  • Adicionalmente, los escasos recursos públicos frescos serán reorientados a las instituciones privadas sin ánimo de lucro (artículo 108), lo que puede dar lugar a una especie de ‘ingreso seguro para la educación superior’, o, más sorprendente todavía, a formar un fondo mixto de inversiones (Fominvest, artículo 111) para ayudarle al capital privado a invertir en uno de los negocios más prósperos en el mundo: el del mercado en el servicio de la educación superior, que por esta senda deja de ser un derecho.

¿Tenemos alguna posibilidad de llegar por estos canales a ampliar la cobertura con calidad? ¿Mediante el espejismo del mercado de la educación superior no terminará el gobierno agravando las deformidades creadas en tantos años de desinterés estatal?

2. Paradoja de la autonomía heterónoma

El principal órgano colegiado de las comunidades universitarias, el Consejo Académico, era reconocido explícitamente por el artículo 62 de la Ley 30 de 1992. El artículo 69 le asignaba las siguientes funciones:
“a. Decidir sobre el desarrollo académico de la institución en lo relativo a docencia, especialmente en cuanto se refiere a programas académicos, a investigación, extensión y bienestar universitario.
“b. Diseñar las políticas académicas en lo referente al personal docente y estudiantil.
“c. Considerar el presupuesto preparado por las unidades académicas y recomendarlo al Consejo Superior Universitario.
“d. Rendirles informes periódicos al Consejo Superior Universitario.
“e. Las demás que le señalen los estatutos”.
 
Aunque estas funciones eran muy limitadas, dentro de la autonomía truncada que hay en Colombia al menos implicaban un reconocimiento expreso a la participación de los miembros y representantes de las diferentes unidades académicas en la dirección de las universidades. En la propuesta de reforma de la Ley 30 de 1992 (artículo 42) se suprimen los consejos académicos como órganos de dirección universitaria y simplemente se les otorga antitécnicamente a los consejos superiores la competencia de establecer sus funciones, lo cual haría sospechar que se mantienen como uno de los posibles cuerpos colegiados pero también permitiría interpretar que su existencia depende de los estatutos generales de la institución respectiva. Tal desconocimiento simbólico e institucional implica dejar todo el peso de la autonomía en el consejo superior y en el rector nombrado por éste.

Pero, como sucede bajo el imperio de la Ley 30, el consejo superior está conformado en un 33 por ciento por delegados del gobierno, en un 11 por un delegado del sector productivo, en un 11 por un delegado de las directivas, en un 11 por un ex rector que no fue escogido mediante una consulta vinculante de la comunidad y en un 33 por representantes de la comunidad universitaria. Desde luego, también, por el rector, con voz pero sin voto. ¿Cómo se puede hablar de autonomía cuando la comunidad universitaria es minoritaria en los consejos superiores? ¿Cómo se le puede exigir a una institución que responda ante la sociedad por sus objetivos misionales si su dirección está mayoritariamente en cabeza de personas ajenas a la misma? ¿Cómo se puede hablar de participación decisoria, como lo hace la ley, cuando ésta es negada de manera sistemática?

Desde luego los problemas de la autonomía no se limitan a los órganos de gobierno. Ésta también se altera con la financiación, con la inexistencia de un SUP (Sistema de Universidades Públicas) que participe en la definición del rumbo de la educación superior, con el desconocimiento de la extensión como función universitaria, y con los mecanismos invasivos de control y vigilancia que llegan hasta los acuerdos de cumplimiento por parte del gobierno, y asimismo a la intervención directa y preventiva en las instituciones. En la reforma, la paradoja de la autonomía heterónoma encuentra su realización plena como el símbolo de una educación superior que se entrega al arbitrio de fuerzas totalmente extrañas a ella. ν

Bogotá, 23 de abril de 2011.

*    Profesor Asociado de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia.
  1. Desde el punto de vista económico, Edna Bonilla y Jorge Iván González analizan así la imposibilidad de ampliar la cobertura con calidad si al mismo tiempo no se incrementan los recursos de las instituciones, debido a los crecientes costos marginales que tiene la educación superior: “Ni este gobierno y mucho menos los de Uribe I y II han entendido que la educación y la salud de calidad tienen costos marginales crecientes. Esta realidad va en contravía del diagnóstico subyacente al proyecto de ley. El costo marginal creciente significa que se tiene que incurrir en un costo mayor a medida que se va avanzando en la innovación, en los descubrimientos en ciencia y tecnología, y en la calidad de los doctorados. En la formación de doctores no hay economías de escala. Todo lo contrario. Una tesis de excelencia, por ejemplo, requiere más dedicación a medida que el conocimiento se hace más complejo. En salud sucede más o menos lo mismo. Aumentar la esperanza de vida de 78 a 79 años es muchísimo más costoso que subirla de 30 a 40.” (Bonilla y González, 2011).
  2. Carmen García Guadilla (2005 y 2010) realiza un amplio análisis comparado de la educación superior en América Latina que incluye los datos sobre la financiación pública.
  3. Así lo entienden Gabriel Misas, Edna Bonilla y Jorge Iván González: “Los artículos 105, 106 y 107 no se diferencian sustancialmente de lo consignado en la reglamentación vigente. Eso sí, se agrava la situación financiera de las universidades públicas al mantener constantes sus asignaciones en términos reales y otorgarles un plus de un 1/3 del crecimiento del PIB, al mismo tiempo que se elevan las exigencias en términos de investigación, programas de posgrado, calidad y docentes de mayor grado de calificación (Misas, 2011)./ El artículo 105 del proyecto asocia el financiamiento de la educación superior con el ciclo económico, es decir, con la tasa de crecimiento del PIB. Este es otro error de diagnóstico: la ciencia y la innovación no dependen del ciclo de la economía. Además, la financiación resultante se queda corta, aun en el mejor de los escenarios de crecimiento./ Supongamos con optimismo que el PIB crece 7,5 por ciento. En tal hipótesis, dice el artículo 105, el presupuesto de las IES públicas aumentaría el 50 por ciento de la tasa de crecimiento, es decir, 3,75 por ciento. Esta mayor financiación a duras penas compensaría los cambios en cobertura. Si el año siguiente el PIB crece 4 por ciento, las IES públicas aumentarían sus ingresos en 30 por ciento de la tasa de crecimiento del PIB, es decir, 1,2 por ciento./ Repitamos que estos recursos adicionales son claramente insuficientes frente a los buenos propósitos de los artículos 147 y 148. Pero, además, como son cíclicos, las universidades no podrían montar proyectos de lago plazo, porque nunca sabrán cuál será el comportamiento del PIB en los años siguientes” (Bonilla y González, 2011).
  4. Según la comisión de siete vicerrectores financieros de universidades públicas, los gastos por encima de lo estipulado en la Ley 30 de 1992 están relacionados con normas expedidas por el mismo gobierno o con sentencias de la Corte Constitucional en lo atinente a: puntos por productividad académica de los docentes, trato igualitario en materia prestacional para los docentes ocasionales, aumento en los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud y en Pensiones, incrementos en el régimen prestacional, descuentos de matrículas a los sufragantes, procesos de acreditación y certificación, y crecimiento de los gastos generales por encima del IPC. (Comisión de Vicerrectores Financieros de siete Universidades Públicas, 2009)
  5. 5    En 2006 la rentabilidad de la Laureate Education Incorporation, dedicada al negocio de la educación logró ganancias netas de 105’620.000 dólares, aproximadamente $211.240’000.000. Su rentabilidad entre 2003 y 2006 dobló el promedio del índice Nasdaq (mercado electrónico de acciones en Estados Unidos) (Rodríguez Gómez, Roberto, 2007)
Textos de referencia

Comisión de Vicerrectores Financieros de siete Universidades Públicas (2009), “Revisión de la financiación con recursos de la nación para universidades públicas”, Dactilografiado.
García Guadilla, Carmen (2005), Tensiones y transiciones. Educación superior latinoamericana en los albores del tercer milenio, Caracas, Cendes-Nueva Sociedad.
García Guadilla, Carmen (2010), Educación superior comparada. El protagonismo de la internacionalización, Caracas, Unesco/IESALC-Cendes/UCV-BID&Co.
Garzón, Carlos (2010), “Educación superior pública en Colombia. ¿Escasez de recursos o de voluntad política?”, en: Ascun, Pensamiento Universitario N° 20. Estudios de base sobre la Ley 30 de 1992, Bogotá, 2010, pp. 129-151.
Gómez, Víctor Manuel (2011), “Los olvidados en la reforma a la Ley 30”, en: http://www.humanas.unal.edu.co/sociologia/index.php/download_file/view/308/1/.
González, Jorge Iván y Bonilla Cebá, Edna, “Sin recursos públicos no hay investigación de calidad ni hay investigación”, en: http://www.razonpublica.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1906:educacion-superior-sin-recursos-publicos-no-hay-alta-calidad-&catid=167:articulos-recientes-, consultado el 21 de abril de 2011.
Misas, Gabriel (2011), “Educación superior para pobres”, en: http://www.razonpublica.com/index.php?option=com_content&view=arti...cacion-superior-para-pobres&catid=20:economia-y-sociedad&Itemid=29, consultado el 19 de abril de 2011.
Múnera Ruiz, Leopoldo (2008), “Financiación y calidad académica”, en: http://firgoa.usc.es/drupal/node/39956.
Rodríguez Gómez, Roberto (2007), “Presente y futuro de la Universidad Transnacional en México”, en: Campus Milenio, N°s 235, 236 y 237, México, 9, 16 y 23 de agosto.
Rodríguez Oróstegui, Francisco (2006), “El financiamiento de la educación superior en América Latina: Una visión panorámica”, en: Unesco/IESALC, Informe sobre la Educación Superior en América Latina y el Caribe 2000‑2005. La metamorfosis de la educación superior, Caracas, Unesco/IESALC, pp. 71-78.

I. La calidad que se vuelve cantidad


Las leyes no sólo expresan la sociedad de las que emergen, su condición de referentes, de nomos, de norma; también moldean la vida cotidiana en su implementación. Por lo mismo, una nueva Ley de Educación Superior para Colombia, como política pública, definirá, además de un horizonte de sentido, formas prácticas de ejercer la docencia, caminos y temas para la investigación y habitus en la relación entre las universidades y la sociedad.

Preguntarse, entonces, por el modelo que subyace en la propuesta que hoy discutimos es, más que una perspectiva retórica, un deber ético de los académicos con el país y las futuras generaciones de bachilleres. Entrando en materia de la reflexión sobre la propuesta de Reforma a la Ley 30, podemos señalar que en todas las sustentaciones al proyecto que se han formulado desde el Gobierno, en el articulado en discusión y las declaraciones de la ministra Campo y el viceministro Botero, aparece como comienzo de la argumentación un principio (comienzo es principio, decía Hegel) que enfatiza la prioridad: “En primer lugar, tenemos que garantizar una educación superior de altísima calidad, para competir a nivel mundial”1 y “El gran objetivo de la Reforma es la calidad como condición para avanzar en competitividad”2. Así, calidad y competitividad se equiparan y aparecen como concomitantes, como si cada una fuera adjetivo de la otra.

¿Cuál es, entonces, la calidad que se hará efectiva en la implementación de la ley? La de la eficacia y la eficiencia según queda confirmado en el artículo 4 de la propuesta: “La Educación Superior será accesible a quienes demuestren poseer las capacidades requeridas y cumplan con las condiciones académicas exigidas en cada caso”3. Así, los indicadores son claramente cuantitativos, medidos en costos anuales por estudiante, en número de funcionarios, en salarios de los profesores.

No planteamos que esto sea de suyo inadecuado. Un Estado responsable debe planificar; lo que ponemos de presente es que la cualidad con que se acompaña la calidad sea privilegiadamente la competitividad, que trae asociadas otros componentes producto de su lógica, que se reiteran a lo largo del articulado: Rentabilidad, acciones, emprendimiento, productividad, sociedad anónima, dividendo, inversión, utilidad, lucro, negocio. Parafraseando a César Giraldo, diría que es el camino del estudiante al cliente4.

Un país como Colombia, con 20 millones de pobres y cuatro millones de desplazados, un país con 31 millones de bachilleres que no ingresaron a la educación superior en la última década, un país con 6.600.000 hectáreas perdidas para la agricultura, podría colocarle a la calidad prioritariamente otras connotaciones: Equidad, solidaridad, derechos, democracia, ciudadanía, sentido de lo público, integración latinoamericana (es diciente que la integración con nuestros vecinos latinoamericanos, que puede reportar importantes avances académicos, no aparezca registrada en ningún artículo de la propuesta).



Es compresible, por tanto, que, pretendiendo implementar el primer modelo mencionado, la Extensión universitaria sea concebida como una función subsidiaria, para la consolidación académica y muy importante para la financiación de las IES. La Extensión se menciona una única vez en la propuesta (artículo 69). En la Ley 30 aparece tres veces (artículos 29, 69 y 120). Así, la función secundaria para la academia es particularmente significativa para la celebración de “contratos de asociación y el mejoramiento del servicio educativo y el desarrollo de proyectos de investigación y proyectos productivos”5, que además insiste la propuesta: “Las partes estarán obligadas a llevar una contabilidad separada a la propia del giro ordinario de sus negocios u operaciones en la que se registren los ingresos de los costos y las deducciones correspondientes a cada una de ellas, así como los activos y pasivos que asignen a la ejecución del contrato. Estos contratos se seguirán por el derecho privado” agrega el artículo 296.

El lenguaje contable es, entonces, el nuevo lenguaje de la academia. La lógica empresarial la sustituye en el discurso. Ahora bien, la Ley 30 (sin ser la mejor y más consistente de las leyes) expresa en sus objetivos que la educación superior debe tener como horizonte una postura que podemos calificar como nacionalista. Veamos, por ejemplo, el capítulo II, artículo 6:

“Son objetivos de la Educación Superior:
  • a)    Profundizar en la formación integral de los colombianos dentro de las modalidades y calidades de la Educación Superior, capacitándolos para cumplir las funciones profesionales, investigativas y de servicio social que requiere el país.
  • b)    Trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento en todas sus formas y expresiones, y promover su utilización en todos los campos para solucionar las necesidades del país.
  • c)    Prestarle a la comunidad un servicio con calidad, en el cual hace referencia a los resultados académicos, a los medios y procesos empleados, a la infraestructura institucional, a las dimensiones cualitativas y cuantitativas del mismo, y a las condiciones en que se desarrolla cada institución.
  • d)    Ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, político y ético, a nivel nacional y regional.
  • e)    Promover la unidad nacional, la descentralización, la integración regional y la cooperación interinstitucional con miras a que las diversas zonas del país dispongan de los recursos humanos y de las tecnologías apropiadas que les permitirán atender adecuadamente sus necesidades.
  • f)    Fomentar y conservar el patrimonio cultural del país”.
  • En artículo reciente, el profesor Víctor Manuel Gómez (Pág. 21) declaraba a los jóvenes pobres como los excluidos de la propuesta de reforma. Creo que no son sólo ellos; quien se invisibiliza es el país, y esto queda plasmado en el epistemicidio que en ella se expresa al cercenar la realidad nacional, reduciéndola a créditos, subsidios e intereses, o al ánimo de lucro.

Si el actor en la propuesta es el estudiante individual que asciende en su carrera, compitiendo con sus pares, y no el alumno solidario que conoce la realidad nacional, investiga para ella y se compromete como ciudadano trabajando en equipo; que hace prácticas en los municipios, protege el medio ambiente o participa en proyectos de investigación que permitan sacar la producción nacional de su atraso.

Es claro que el país necesita ciencia y tecnología, y es indiscutible que debe integrarse funcionalmente con carreteras no deleznables e infraestructura consistente7. Pero es, además, indispensable señalar que esa integración funcional no es suficiente si no va acompañada de una integración ética y simbólica que considere a los dos millones de niños desplazados, a los desamparados de los desastres naturales, a las tantas madres de cabeza de familia que deja la guerra, no con el paternalismo proveniente de las instituciones de beneficencia sino con el argumento cualificado de la ciencia que resignifique qué es calidad de vida, que promueva la producción y la democratización del conocimiento, que incida en las políticas públicas con enfoque diferencial, que construya viviendas dignas y hermosas. ¿O también hay que renunciar al derecho estético?

Es claro asimismo que, en el articulado propuesto, la cualidad de la educación superior como derecho queda notificada, al igual que en la Ley 30, como servicio, pero ahora con consecuencias previsibles, ajenas a las lógicas académicas. Cualidades como calidad, al ser expresadas cuantitativamente, se transformarán en nuevas cualidades que ahora pueden asignarse sin vergüenza a las instituciones de educación superior: competitivas, financiarizadas y focalizadas.

II. De la extensión a la integración


El concepto de extensión no es afortunado; supone que las élites universitarias que tienen el privilegio del saber extienden su conocimiento para alcanzar e iluminar a los marginados de la ciencia. Así nació el concepto en las universidades inglesas a finales del siglo XIX y así lo recogimos las universidades latinoamericanas.

El cambio en la ley de educación superior en Colombia es una buena oportunidad para modificar la expresión de una función universitaria que se pudiera denominar “integración”, para resignificar con este término la articulación insoslayable de la universidad pública y privada con la nación. Este es un sentido recogido ya en varias universidades públicas latinoamericanas, como lo hemos confirmado recientemente en la investigación adelantada en la Universidad Nacional de Colombia, sobre Autonomía y Legitimidad de estas instituciones, en un proyecto financiado por Colciencias.
Integración supone que el país tiene algo que decirle también a la universidad con su sector productivo, con los otros miembros del sistema educativo, con los Planes de Desarrollo municipales, con los Programas de reinserción, con las Escuelas de música, con los Proyectos de desarrollo regional. Es verdad que la Universidad, por su carácter, debe ir más allá de la mera descripción de la realidad y plantear qué se esconde detrás de la inmediatez de los datos o los noticieros del telediario. Es claro que, por vocación, debe crear conocimiento y ésta es su ontología. Pero no puede hacerlo al margen de su álter más significativo, que es el país.

En la propuesta de Reforma, por ejemplo, en el artículo 137, en el cual se propone una Comisión de aseguramiento de la calidad, ¿por qué al lado del representante del sector productivo no puede sentarse un representante de la Sociedad Civil? ¿Al igual que en otros Comités propuestos?

Por fortuna, hay evidencias de que la voz nacional no ha sido silenciada completamente por el miedo, y que las regiones y los municipios expresan formas nuevas de planeación y caminos de inclusión social. La Universidad tiene que vincularse a ellos, rompiendo el falso dilema entre la extensión solidaria y remunerada. Si la función de integración, como la hemos llamado, es universitaria, debe crear conocimiento, y por ende el mero asistencialismo no es su tarea.

Tampoco el lucro es oficio de la educación superior, aunque las cifras de la última década evidencien que la llamada función de Extensión les reporta a las universidades públicas del país el 27 por ciento de sus ingresos, según lo presentado en la prensa del domingo pasado8 sí interpreté bien las gráficas allí expuestas.

Todos sabemos que la extensión se ha convertido en fuente de recursos para las universidades, con la educación continuada, las consultorías y asesorías, los cursos y seminarios, sin que evidentemente éstos hayan reportado un incremento del capital simbólico y académico de las instituciones universitarias. El recurso al que recurren las universidades públicas y privadas para su funcionamiento es convertir el conocimiento en mercancía, sin guardar en algunos casos las normas mínimas del decoro profesional (economistas que hacen programas de nutrición, sociólogos que dictan cursos de sistemas, por ejemplo).

La mano ya no invisible del mercado nos cooptó a todos, y en la necesidad de supervivencia institucional todo es posible y permitido. Tal vez esta postura, que pudiéramos llamar epistemológica, sea el preámbulo, para que en la propuesta de reforma se lea lo siguiente en el artículo 103: “Los presupuestos para funcionamiento e inversión de las instituciones de Educación Superior Públicas estarán constituidas por los aportes del presupuesto general de la nación, por aportes de los entes territoriales, y por recursos y rentas propias de cada institución”9.

Esto significa que el cuidado que han tenido, por ejemplo, las universidades públicas para la contratación docente, con recursos del presupuesto nacional, queda liberada en la propuesta de ley, pues de su interpretación se puede deducir que para el funcionamiento institucional se pudieran emplear recursos propios, generados muy seguramente por los proyectos de extensión.

Ahora bien, en la reglamentación para el mejoramiento de la calidad, la propuesta insiste en los procesos de acreditación (artículos 75, 76, 77), entre otros. Para nada su menciona en ellos que una condición primigenia de la calidad de una institución de educación superior es precisamente su vínculo con la sociedad que la sustenta, desconociendo de manera paradójica que en la labor actual de los pares evaluadores para la acreditación institucional o de programas académicos, el desarrollo de programas en extensión es uno de los puntos importantes, tenidos en cuenta para una evaluación positiva, y no es simplemente el cumplimiento de un requisito formal, ya que de la extensión depende una connotación especial de la calidad de la formación universitaria, aquella que exige su articulación con la vida nacional.

Cabe señalar también que el artículo 69 de la Reforma, como señalábamos, el único que menciona la función, dice que “las instituciones de educación superior, en el marco de la función de extensión [función que no ha sido definida] podrán desarrollar programas de educación permanente, cursos, seminarios, y llevar a cabo proyectos de servicio social, destinados a la difusión de conocimientos, al bienestar general de la comunidad y a la satisfacción de las necesidades de la sociedad”10.

Como vemos, la postura es claramente extensivista y difusionista, sin revertir académicamente a la universidad, sin crear conocimiento (función universitaria) y definiendo sólo las modalidades de:

–Educación permanente
–Cursos y seminarios
–Servicio social

Se queda corta la propuesta en su propia lógica. ¿Dónde están las asesorías y consultorías? ¿Qué serán la fuente de financiación? ¿Ya no hacen parte de la extensión las prácticas estudiantiles y las pasantías? ¿Los proyectos de investigación conjunta, con sectores sociales, quedan prohibidos, por ejemplo, los procesos de formación docente que varias universidades actualmente adelantan? ¿Qué harán las carreras de la salud para prestar los servicios médicos? ¿Para las universidades no son importantes los proyectos de creación artística? ¿Tampoco los de cooperación internacional en esta época de globalización exacerbada? Cabe señalar que todos ellos quedan subsumidos en el “servicio social”, la “difusión del conocimiento”, el “bienestar de la comunidad” y las “necesidades de la sociedad”. Sin embargo, no bastan estas menciones para que la ley haga factible su implementación. ¿Cómo puede reglamentarse el servicio social como prácticas y pasantías? ¿Qué es el bienestar de la comunidad? ¿Así, en abstracto? ¿De cuál comunidad hablamos? ¿De la urbana, la rural, la afrodescendiente, la indígena? ¿Hay alguna jerarquía en las “necesidades de la sociedad”?

Por otro lado, considero que el artículo 81 de la propuesta abre una interesante perspectiva. Este artículo hace referencia al fomento de la educación superior y plantea que estará orientando, entre otros objetivos, a:
  • a.    Integrar el sistema de educación superior con la sociedad, el sector productivo, la comunidad científica y los demás actores del sector educativo.
  • b.    Crear incentivos para que las instituciones desarrollen y fomenten la técnica, la investigación, la ciencia, la tecnología, las humanidades, la filosofía y las artes.
  • f.    Diseñar e implementar programas de apoyo, e identificar experiencias significativas tendientes a promover la pertinencia y el aprovechamiento de los recursos públicos invertidos en el sector11.

Decíamos que una de las tareas de la Universidad es adelantarse en el análisis y las propuestas para la solución de los problemas nacionales. Ir a la saga, resolviendo preguntas puntuales, puede ayudar en cosas individuales, pero el crecimiento y el desarrollo de este país, requiere programas estratégicos y de gran alcance que prevean los acontecimientos, que indaguen a profundidad por las causas, que articulen efectivamente las funciones universitarias. Nos preguntamos entonces, ¿Por qué el aliado privilegiado concitado por la Propuesta de reforma es el sector privado? ¿Por qué no puede serlo el sector público? ¿Por qué no plantear unos Programas de Iniciativa Universitaria de lucha contra la pobreza, de hábitat saludable, de conservación de recursos naturales, de protección en salud, de ampliación en la red vial, de articulación internacional en este mundo globalizado?

¿Qué impide las alianzas entre ministerios, alcaldías, entidades privadas y universidades? ¿Acaso los programas de extensión que se han adelantado ya no dan prueba de muchos proyectos exitosos y de “experiencias significativas”, como lo pide el artículo 81 de la propuesta? ¿Qué impide formar estas redes con el capital público, para preservar el capital público?

La mencionada investigación sobre las universidades públicas latinoamericanas, en el plano de la extensión universitaria, señala en la actualidad tres tendencias simultáneas que vale la pena tener en cuenta en la Reforma:
  • a.    Las universidades se han abierto a proyectos múltiples de inserción en la sociedad. Son proyectos productivos tanto con el sector público como con el sector privado.
  • b.    Las universidades públicas latinoamericanas están conformando Redes nacionales e internacionales con comunidades académicas pares en diferentes campos, una importante forma de integración (extensión) universitaria para proyectos de docencia e investigación.
  • c.    Las universidades públicas latinoamericanas están formulando Programas de Iniciativa Universitaria para solucionar problemas significativos del país, articulados a las prácticas de ciencia y tecnología, según podemos verlo en el cuadro 1.
  •  

Insistiríamos, para rematar este punto, que la reforma de la Ley 30 es una oportunidad para profundizar en el sentido de lo público, para fortalecer el horizonte de ciudadanía, para cualificar la relación entre las funciones universitarias, y para reconceptualizar la idea de extensión y su función de articulación de las universidades y la Nación, aspecto del que nada dice el proyecto.

Por otro lado, se debiera insistirse en la generación de pensamiento nacional propio y la vinculación del conocimiento, a su más alto nivel, con comunidades latinoamericanas, pensando en las Redes de conocimiento que ya funcionan, y como una manera de integrar regionalmente los procesos de apropiación y transformación de las complejas circunstancias que describíamos arriba, comunes a la región.

Nos preguntamos, además, respecto a la creación de Redes, ¿qué pasará entonces con el Sistema de universidades estatales? ¿Queda reducida su función a la competencia por recursos, o pudiera ser un importante espacio para la generación de políticas públicas?

Si la autonomía se entiende como autoconciencia, los Programas de iniciativa universitaria serán un camino para implementarla, más si se tiene en cuenta que, a la par de la generación de riqueza, con el conocimiento cualificado tanto la Universidad como la Sociedad recrean capital cultural, social y simbólico. Así, la Extensión, entendida como “responsabilidad social”, pudiera superar la connotación empresarial que tiene el término, para concentrarse en Responsabilidad pública.

III. De la cantidad masculina a la comunidad académica


No quiero terminar la interversión sin señalar brevemente tres aspectos que me parecen preocupantes en la Propuesta de reforma a la Ley 30.   

El primero es el desconocimiento que hace la ley de una perspectiva de género, con una postura contraevidente y que muestra el desconocimiento de la presencia femenina en la universidad, y su franca mayoría en muchas carreras y posgrados. El articulado propuesto sólo habla de Rectores, profesores y estudiantes. ¿Dónde están las rectoras, las profesoras y las estudiantes? En una época en que el movimiento social de mujeres ha mostrado con suficientes argumentos la importancia de un lenguaje incluyente, ésta debiera ser una importante innovación en la propuesta.

En segundo lugar, ¿dónde están las poblaciones tradicionalmente ignoradas, los y las afrodescendientes, los y las indígenas, y los y las discapacitadas? No será el momento de una discriminación positiva.

En tercer lugar, sobre el Bienestar universitario como calidad debida y calidad de vida, pareciera que fue agregado en el último momento como “saludo formal a la bandera” en el que interesa sólo el monto del 2 por ciento del presupuesto que tendrá este fin ¿Dónde quedan las condiciones del bienestar profesoral, ahora que los profesores de cátedra pierden su condición de vínculo laboral estable, según lo propone el artículo 21? Los estudiantes se quejan con razón de ello y de la necesidad de una reflexión adecuada sobre su condición estamental que sólo se menciona para el pago diferido a futuro de su matrícula. Igualmente, argumentan con razón el desconocimiento de su reflexión en la discusión de la propuesta.

Por último, debo señalar que el lenguaje me pareció punitivo, con la insistencia en la sanción, la norma, el control y el seguimiento. Es verdad que el Ministerio debe cumplir una función de control y vigilancia que debe quedar expreso en la ley, pero también su función debe ser de estímulo. Presento disculpas por lo que voy a decir, pero me pareció más un “código de policía”.

Vistas así las cosas, en general la propuesta es contradictoria en no pocas partes, insuficiente en muchas, y dicotómica en otras tantas. Desconoció los aportes sustantivos que sectores de la comunidad académica hicimos a versiones preliminares; por ello puede buscar coherencia legal pero legítimamente sigue dejando de lado la Educación Superior como derecho, y asimismo a los estamentos universitarios como autoconscientes y deliberativos, mostrando desconfianza de su papel en un proceso que debiera ser consistente y democrático.

No se puede olvidar que una norma, además de precisar los aspectos legales, crea en la realidad política pública, y por lo mismo no podrá eximirse de ser coherente e integral para permitir la consolidación de Universidad, como institución con vigencia en una época axial globalizada, de múltiples cambios y crisis. La norma que la reglamenta debe fortalecer los nexos entre la Sociedad Civil y el Estado, como política de largo plazo y que promueva en las universidades su capacidad anticipatoria, a la par que genere en la comunidad académica espacios de reflexividad sobre su quehacer, más que con un carácter inquisidor, con una postura de autocrítica autoconsciente y de renovación institucional.

Ahora bien, desmembradas como aparecen en la propuesta, de docencia, la investigación y la extensión, flaco servicio le harán al fortalecimiento de las relaciones entre la academia y la sociedad. En esta conclusión, no sobra reiterar el papel que les compete a las universidades en la integración ética y simbólica de nuestro multidiverso país, en un marco de equidad que exigirá superar el talante individualista de la propuesta.
No cabe duda de que el reto al que estamos abocados es el de una profunda Revolución científico-técnica que permita integrar funcionalmente el país, y para ello es menester priorizar los procesos de inclusión social, como tarea de primer orden, que no puede resolverse dando respuesta a soluciones coyunturales. Esta es una tarea conjunta de las universidades públicas y las privadas.

En el fondo de esta propuesta de Reforma a la ley está un modelo de intelectual y de Universidad, cuyo perfil se parece más –y valga la analogía– a una carrera de obstáculos en la cual los participantes van sorteando escollo tras escollo por un único carril, sin establecer con sus pares más que la relación de la competencia y en la que los jueces apostados a lo largo del recorrido van sacando tarjetas amarillas y rojas para señalar las faltas. El proceso del cambio será tortuoso y no sería raro que abortara su objetivo más buscado, el de la calidad. De esta manera, se puede obtener el resultado más evadido en él, los sobrecostos, pues cada institución debe tener todos los medios y todos los recursos.

Finalmente, señalemos que a las posturas individualistas se puede oponer una Comunidad abstracta e inane. Esta, así concebida, será la negación de la universitas, resultado de la circulación de las diferencias y las contradicciones. Abogamos por colectivos deliberantes que procesen sus contradicciones e instalen en su cosmovisión una Universidad integrada a la Nación y también la Comunidad académica internacional, como mínimos compartidos.

*    Profesora titular Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Colombia. Miembro del grupo Autonomía y Legitimidad en las Universidades Públicas Latinoamericanas
  1. Campo, María Fernanda. El Tiempo, domingo 3 de abril de 2011.
  2. Campo, María Fernanda. Entrevista Yamid Amat. El Tiempo, 13 de marzo de 2011. El subrayado es mío.
  3. Propuesta de reforma a la Ley 30, artículo 4.
  4. Giraldo, César. Del ciudadano al cliente. ESAP, Bogotá, noviembre de 2007.
  5. Propuesta de reforma a la Ley 30, artículo 10.
  6. Propuesta de reforma a la Ley 30. Artículo 29.
  7. Ver Beriain, Josetxo. La integración de las sociedades modernas. Editorial Antrhopos, Barcelona, 1996.
  8. El Tiempo, 10 de abril de 2011.
  9. Propuesta de reforma del artículo 103. El subrayado es mío.
  10. Propuesta de reforma, artículo 69. El subrayado es mío.
  11. Propuesta de reforma, artículo 81. El subrayado es mío.
  12. Gómez de Mantilla. Figueroa, Sandra. ALESAL. Universidad Nacional de Colombia, 2011.

Bibliografía
  • Giraldo, César. Del ciudadano al cliente. ESAP, Bogotá, noviembre 2007.
  • Gómez de Mantilla. Figueroa, Sandra. Proyecto de investigación autonomía y legitimidad de las universidades públicas latinoamericanas. Universidad Nacional de Colombia-Colciencias, 2011.
  • Gómez, Víctor Manuel. Los olvidados de la reforma de la Ley 30. Universidad Nacional, abril 4 de 2011.
  • Propuesta Reforma a la Ley 30.
  • Propuesta Reforma Ley 30.
Lunes, 04 Julio 2011 09:14

Una declaración brillante y valiente

La atención a otros asuntos ahora prioritarios, me apartaron momentáneamente de la frecuencia con que elaboré reflexiones durante el año 2010, sin embargo, la proclama del líder revolucionario Hugo Chávez Frías el pasado jueves 30 me obliga a escribir estas líneas.

El presidente de Venezuela es uno de los hombres que más ha hecho por la salud y educación de su pueblo; como son temas en los que mayor experiencia ha acumulado la Revolución cubana, gustosamente colaboramos al máximo en ambos campos con este hermano país.

No se trata en absoluto de que ese país careciera de médicos, por el contrario, los poseía en abundancia e incluso entre ellos profesionales de calidad, como en otros países de América Latina. Se trata de una cuestión social. Los mejores médicos y los más sofisticados equipos podrían estar, como en todos los países capitalistas, al servicio de la medicina privada. A veces ni siquiera eso, porque en el capitalismo subdesarrollado, como el que existía en Venezuela, la clase rica contaba con medios suficientes para acudir a los mejores hospitales de Estados Unidos o Europa, algo que era y es habitual sin que nadie pueda negarlo.

Peor aún, Estados Unidos y Europa se han caracterizado por seducir a los mejores especialistas de cualquier país explotado del Tercer Mundo para que abandonen su patria y emigren a las sociedades de consumo. Formar médicos para ese mundo en los países desarrollados implica fabulosas sumas que millones de familias pobres de América Latina y el Caribe, no podrían pagar nunca. En Cuba sucedía eso hasta que la Revolución aceptó el reto, no solo de formar médicos capaces de servir a nuestro país, sino a otros pueblos de América Latina, el Caribe o del mundo.

Jamás hemos arrebatado las inteligencias a otros pueblos. En cambio en Cuba se han formado gratuitamente decenas de miles de médicos y otros profesionales de alto nivel para devolverlos a sus propios países.

Gracias a sus profundas revoluciones bolivarianas y martianas, Venezuela y Cuba son países donde la salud y la educación se han desarrollado extraordinariamente. Todos los ciudadanos tienen derecho real a recibir gratuitamente educación general y formación profesional, algo que Estados Unidos no ha podido ni podrá garantizar a todos sus habitantes. Lo real es que el gobierno de ese país invierte cada año un millón de millones de dólares en su aparato militar y sus aventuras bélicas. Es además el mayor exportador de armas e instrumentos de muerte y el mayor mercado de drogas del mundo. Debido a ese tráfico, decenas de miles de latinoamericanos pierden la vida cada año.

Es algo tan real y tan conocido, que hace más de 50 años, un Presidente de origen militar denunció, con tono amargo, el poder decisivo acumulado por el complejo militar industrial en ese país.

Estas palabras estarían de más si no mediara la odiosa y repugnante campaña desatada por los medios de difusión masiva de la oligarquía venezolana, al servicio de ese imperio, utilizando las dificultades de salud que atraviesa el Presidente bolivariano. A este nos une una estrecha e indestructible amistad, surgida desde que visitó por primera vez nuestra patria, el 13 de diciembre de 1994.

A algunos les extrañó la coincidencia de su visita a Cuba con la necesidad de atención médica que se produjo. El Presidente venezolano visitó a nuestro país con el mismo objetivo que lo llevó a Brasil y Ecuador. No traía intención alguna de recibir servicios médicos en nuestra patria.

Como se conoce un grupo de especialistas cubanos de la salud prestan, desde hace años, sus servicios al Presidente venezolano, que fiel a sus principios bolivarianos, jamás vio en ellos extranjeros indeseables, sino hijos de la gran Patria Latinoamericana por la cual luchó el Libertador hasta el último aliento de su vida.

El primer contingente de médicos cubanos partió hacia Venezuela cuando se produjo la tragedia en el estado de Vargas, que costó miles de vidas a ese noble pueblo. Esta acción de solidaridad no era nueva, constituía una tradición arraigada en nuestra patria desde los primeros años de la Revolución; desde que hace casi medio siglo médicos cubanos fueron enviados a la recién independizada Argelia. Esa tradición se profundizó a medida que la Revolución cubana, en medio de un cruel bloqueo, formaba médicos internacionalistas. Países como Perú, la Nicaragua de Somoza y otros del hemisferio y el Tercer Mundo, sufrieron tragedias por terremotos u otras causas que requirieron la solidaridad de Cuba. Así nuestra patria se convirtió en la nación del mundo con más alto índice de médicos y personal especializado en salud, con elevados niveles de experiencia y capacidad profesional.

El Presidente Chávez se esmeró en la atención de nuestro personal de salud. Así nació y se desarrolló el vínculo de confianza y amistad entre él y los médicos cubanos que fueron siempre muy sensibles al trato del líder venezolano, el cual por su parte, fue capaz de crear miles de centros de salud y dotarlos de los equipos necesarios para prestar servicios gratuitos a todos los venezolanos. Ningún gobierno del mundo hizo tanto, en tan breve tiempo, por la salud de su pueblo.

Un elevado porcentaje de personal cubano de la salud prestó servicios en Venezuela y muchos de ellos actuaron además como docentes en determinadas materias impartidas para la formación de más de 20 mil jóvenes venezolanos que comienzan a graduarse como médicos. Muchos de ellos comenzaron sus estudios en nuestro propio país. Los médicos internacionalistas integrantes del Batallón 51, graduados en la Escuela Latinoamericana de Medicina, han ganado un sólido prestigio en el cumplimiento de complejas y difíciles misiones. Sobre esas bases se desarrollaron mis relaciones en ese campo con el presidente Hugo Chávez.

Debo añadir que a lo largo de más de doce años desde el 2 de febrero del año 1999, el Presidente y líder de la Revolución venezolana no ha descansado un solo día, y en eso ocupa un lugar único en la historia de este hemisferio. Todas sus energías, las ha consagrado a la Revolución.

Podría afirmarse que por cada hora extra que Chávez dedica a su trabajo, un Presidente de Estados Unidos, descansa dos.

Era difícil, casi imposible, que su salud no sufriera algún quebranto y eso sucedió en los últimos meses.

Persona habituada a los rigores de la vida militar, soportaba estoicamente los dolores y molestias que con frecuencia creciente lo afectaban. Dadas las relaciones de amistad desarrolladas y los intercambios constantes entre Cuba y Venezuela, sumado a mi experiencia personal con relación a la salud, que viví desde la proclama del 30 de julio del año 2006, no es raro que me percatara de la necesidad de un chequeo riguroso de la salud del Presidente. Es demasiado generoso de su parte, atribuirme algún mérito especial en este asunto.

Admito, desde luego, que no fue fácil la tarea que me impuse. No era para mí difícil percatarme de que su salud no andaba bien. Habían transcurrido 7 meses desde que se realizó su última visita a Cuba. El equipo médico dedicado a la atención de su salud me había rogado que hiciera esa gestión. Desde el primer momento la actitud del Presidente era informar al pueblo, con absoluta claridad, su estado de salud. Por ello, estando a punto ya de regresar, a través de su Ministro de Relaciones Exteriores, informó al pueblo sobre su salud hasta ese instante y prometió mantenerlo detalladamente informado.

Cada cura iba acompañada por rigurosos análisis celulares y de laboratorio, que en tales circunstancias se realizan.

Uno de los exámenes, varios días posteriores a la primera intervención, arrojó resultados que determinaron una medida quirúrgica más radical y el tratamiento especial del paciente.

En su digno mensaje del 30 de junio, el Presidente notablemente recuperado habla de su estado de salud con toda claridad.

Admito que para mí no fue fácil la tarea de informar al amigo de la nueva situación. Pude apreciar la dignidad con que recibió la noticia que -para él con tantas tareas importantes que llevaba en la mente, entre ellas el acto conmemorativo del Bicentenario y la formalización del acuerdo sobre la unidad de América Latina y el Caribe- mucho más que los sufrimientos físicos que implicaba una cirugía radical, significa una prueba que como expresó la hizo comparar con los momentos duros que le tocó enfrentar en su vida de combatiente indoblegable.

Junto a él, el equipo de personas que lo atienden y que él calificó de sublimes, han librado la magnífica batalla de la que he sido testigo.

Sin vacilación afirmo que los resultados son impresionantes y que el paciente ha librado una batalla decisiva que lo conducirá y con él a Venezuela, a una gran victoria.

Hay que hacer que su alegato se comunique al pie de la letra en todas las lenguas, pero sobre todo que sea traducido y subtitulado al inglés, un idioma que pueda entenderse, en esta Torre de Babel en que el imperialismo ha convertido al mundo.

Ahora los enemigos externos e internos de Hugo Chávez están a merced de sus palabras y sus iniciativas. Habrá sin dudas sorpresas para ellos. Brindémosle el más firme apoyo y confianza. Las mentiras del imperio y la traición de los vendepatrias serán derrotadas. Hoy hay millones de venezolanos combativos y conscientes, que la oligarquía y el imperio no podrán volver a someter jamás.

Julio 3 de 2011

4 y 12 p.m.
 

Fidel Castro Ruz

 

Publicado enInternacional
Domingo, 05 Junio 2011 09:09

La venganza de los gérmenes

La OMS acaba de lanzar un fuerte llamado contra el mal uso y el abuso de los antibióticos. La consecuencia, particularmente grave en Argentina y el resto de América latina, es una creciente inmunidad de los microbios. Las advertencias son apocalípticas: aseguran que, de seguir en este camino, los antibióticos pronto dejarán de servir. Ya hay algunos que están fallando. Los usos incorrectos. Las responsabilidades individuales y del sistema de salud.

Los antibióticos ya no sirven más; no existe ya cura para la neumonía ni para la meningitis ni para la tuberculosis; cualquier infección, cualquier lastimadura puede llevar a la muerte. Esta grave noticia está a punto de ser verdadera: la OMS hizo un llamado de último minuto a fin de “despertar antes de que sea demasiado tarde” para tomar medidas ante el hecho de que, por el mal uso de antibióticos y otros antimicrobianos, los gérmenes patógenos, cada vez más, se han hecho inmunes. En las causas de la resistencia a los antimicrobianos –particularmente grave en la Argentina y el resto de América latina– se eslabonan escenas desdichadas de la salud pública: el empleado de farmacia que, sin receta, le vende un antibiótico a quien no lo necesita; el médico que –apurado, para que no lo sancione el dueño de la clínica por tardar en la consulta– prefiere recetar un antibiótico antes que usar tiempo en explicar por qué no es necesario; los padres que interrumpen el tratamiento de su nene porque, total, ya le bajó la fiebre. Pero, también, el hospital o la clínica privada que –aun por falta de medidas elementales como el lavado de manos– permiten el desarrollo de cepas de bacterias multirresistentes. Y, todavía, están los mayores usuarios de antibióticos del mundo: los pollos y chanchos de criadero, que, consumidos por humanos, transmiten estas bacterias. Por último, cuando la situación exige desarrollar nuevos medicamentos para reemplazar los que ya no son efectivos, las empresas farmacéuticas no investigan en el área porque no les es rentable.

¿Cómo es eso de que, en la Argentina, cualquier empleado de farmacia “receta” un antibiótico? “Si bien en casi todos los países de América latina está prohibido dispensar antibióticos sin prescripción médica, la aplicación y fiscalización de la norma no es nada fácil”, señaló José Luis Castro, asesor en uso racional de medicamentos de la OPS. Por su parte, Marcelo Galas –jefe del departamento de bacteriología del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de la Anlis, Ministerio de Salud de la Nación– observó que “en Estados Unidos o Europa es imposible comprar un antibiótico en farmacia sin receta médica” y destacó el papel del periodismo: “En Chile, sólo cuando el tema salió a los medios de comunicación el gobierno logró hacer cumplir la norma de venta de antibióticos sólo bajo receta archivada”.

Sin embargo, el hecho de que el antibiótico lo recete un médico no es garantía de buen uso. Alcides Troncoso –profesor titular de microbiología en la UBA y miembro del comité de infecciones intrahospitalarias del Hospital Muñiz– enumeró “usos incorrectos” de los antibióticos: ante todo, “el antibiótico se usa como sedante –metaforizó—, tanto para el médico como para la familia del paciente: ‘Yo me quedaría más tranquila, doctor, si le diera un antibiótico al nene’. Y, para el médico, hacer una receta toma menos de un minuto, mientras que explicar por qué ese antibiótico no hace falta llevaría mucho más tiempo”. ¿Y por qué no tiene tiempo el médico?: “Especialmente en clínicas privadas se controla cuánto está el médico con cada paciente y, si tarda ‘demasiado’, se le aplica una sanción”, contestó el profesor de la UBA, revelando que una de las causas ocultas del incremento en la resistencia bacteriana a los antibióticos es la sobreexplotación laboral en el ejercicio de la medicina.

Pero hay más usos incorrectos: “Se usa el antibiótico como ‘antitérmico’, simplemente porque un paciente tiene fiebre, en lugar de dar paracetamol o ibuprofeno y estudiar la causa de la temperatura”, agregó Troncoso, y dijo más: “Se lo usa para tratar infecciones virales, pero los antibióticos no curan ni el resfrío ni la gripe ni la tos. Está bien, sí, que el médico los recete para una faringitis con placas de pus, pero no para la mayoría de las infecciones respiratorias habituales. Tampoco deberían usarse indiscriminadamente para procesos de inflamación de ganglios, que en general son de origen viral”, ejemplificó.

Eduardo López –presidente de la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica y jefe del Departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez– corroboró que “en pediatría hay un uso abusivo de antibióticos en infecciones de vías aéreas superiores”. La entidad que preside López denunció hace unos meses la presencia de cepas resistentes de Staphylococcus aureus en la población infantil
(www.pagina12.com.ar, 8 de octubre de 2010).

Además, suele olvidarse que, para saber qué antibiótico es el adecuado, hay que hacer pruebas de laboratorio: “No existe urgencia en infectología que impida tomar una muestra de sangre o de orina”, advirtió Troncoso, y dio un ejemplo habitual: “Si hay síntomas de infección urinaria, no se justifica empezar tratamiento sin haber tomado una muestra para determinar qué antibiótico corresponde”.

Y el uso irresponsable de antimicrobianos también puede perjudicar, silenciosamente, a la persona que cree haberse curado gracias al medicamento. Liliana Clara, pionera en la Argentina de la Alianza para el Uso Prudente de los Antimicrobianos (APUA) y titular del Comité de Control de Infecciones del Hospital Italiano de Buenos Aires, explicó que “aunque clínicamente el paciente se cure, si tiene alguna predisposición, por ejemplo en el pulmón o en el aparato urinario, quedarán acantonadas cepas de bacterias resistentes, dispuestas para el siguiente ataque”. La OMS advirtió que el problema concierne no sólo a los antibióticos sino también a los antimicrobianos destinados al paludismo o al VIH-sida.

Hospital que enferma

Aun cuando se resolvieran todos los problemas en la administración de antibióticos en la comunidad, subsistiría la principal fuente de resistencia bacteriana: las infecciones intrahospitalarias. “En hospitales y clínicas se han desarrollado especies de bacterias muy resistentes, especialmente en las unidades de terapia intensiva –advirtió Pilar Ramón, asesora en resistencia a los antimicrobianos de la OPS—. Ahora mismo hay un problema con la aparición de una cepa resistente de la bacteria Klebsiella: apareció primero en Europa, después se extendió a Estados Unidos y empieza a detectarse, en forma alarmante, en América latina; la Argentina, que tiene una red de vigilancia de resistencias muy bien organizada, fue uno de los países que, hace un año, dieron el alerta. La Klebsiella es agente de la neumonía, que se presenta sobre todo en unidades de cuidados intensivos por contaminación del instrumental utilizado para respiración asistida. La mortalidad por esta cepa de Klebsiella está por encima del 50 por ciento de los pacientes.”

¿Por qué pasa esto en los hospitales? Marcelo Galas contesta: “En los hospitales se emplean cantidades impresionantes de antibióticos por falta de adecuados procedimientos de control de infecciones: porque los pacientes se infectan”. Por ejemplo, “el año pasado en la Argentina, nuestro Instituto dio un alerta nacional sobre resistencia, en muchos hospitales, al carbapenem y otros antibióticos de la misma familia: las alternativas de tratamiento llegaron a ser prácticamente nulas. Ante situaciones tan extremas, ante esa sensación de que ya no queda nada, los médicos se asustan mucho: se reforzó fuertemente el control, y en general se logró controlar la emergencia de cepas resistentes; algunos hospitales directamente erradicaron el germen, aunque a un costo enorme. La inversión hubiera debido hacerse antes, para prevenir”.

Desde la OPS, Castro destacó que “la multirresistencia en los hospitales no es inevitable: a veces no se tiene muy en cuenta algo muy simple pero de alta efectividad: el lavado de manos de los médicos”. El especialista de OPS destacó “la importancia de que en los hospitales haya comités de infecciones”.

Troncoso –desde el comité de infecciones intrahospitalarias del Muñiz– precisó que “cada hospital y cada clínica privada deben tener un comité de control de infecciones con al menos un médico infectólogo y una enfermera epidemiológica: no sólo para ejercer la vigilancia que prevenga infecciones intrahospitalarias, sino también para verificar que cada prescripción de antibióticos sea la adecuada. Hoy estos comités existen en algunos hospitales pero son más raros en las clínicas privadas, donde suelen considerarlos ‘demasiado gasto’”.
Por todo esto, la OMS requirió una “acción urgente”, ya que “el mundo está a punto de perder las curas milagrosas” que brindan los antimicrobianos. Margaret Chan, directora general de la entidad mundial, advirtió que “más y más fármacos esenciales están fallando; el arsenal se reduce; la velocidad con la que se pierden medicamentos supera el desarrollo de drogas de reemplazo”. Mirta Roses, titular de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), advirtió sobre “la amenaza de hacer retroceder al mundo a la era preantimicrobiana, cuando no existía tratamiento eficaz para la neumonía, la meningitis, la malaria o la tuberculosis”; pidió “despertar antes de que sea demasiado tarde” y advirtió que “la resistencia a los medicamentos no está en el horizonte futuro: se encuentra en nuestra realidad cotidiana”.

Por Pedro Lipcovich
Publicado enInternacional