Estantes con medicamentos en una farmacia. REUTERS

 

Casos de sobornos a médicos, acusaciones de lucrarse de la investigación ajena y de lanzar algunos medicamentos que apenas aportan nada, precios desorbitados… extienden una sombra de sospecha sobre el sector farmacéutico

07/05/2020 07:13

VICENTE CLAVERO

La victoria sobre el coronavirus, mediante un medicamento que cure la enfermedad o una vacuna que la evite, involucra a diversos colectivos, entre ellos los laboratorios farmacéuticos, cuyo papel en la producción y comercialización del remedio será sin duda determinante.

Hay mucho dinero en juego, dado el alcance mundial del problema, y todo invita a pensar que esta industria hará cuanto esté en su mano para ganarlo, como hace cada vez que se le ha presentado la oportunidad, no siempre con prácticas irreprochables.

Una de sus principales estrategias de venta es presionar sobre quienes deciden el consumo en una parte fundamental del mercado, el de prescripción (productos que sólo se expiden con receta), desplegando acciones que a veces pueden tener la apariencia de ayuda a la formación continua de los médicos (suministro insistente de información sobre nuevos fármacos, aportaciones para la organización o asistencia a congresos), pero otras son ajenas a la más mínima exigencia ética.

Entre esas acciones figuran los sobornos, que durante décadas fueron un secreto a voces, siempre negado por la industria, si bien algunos acontecimientos relativamente recientes han demostrado su existencia.

La multinacional Novartis tuvo que afrontar en 2015 una multa de 390 millones de dólares (357,8 millones de euros) por haber pagado viajes, banquetes y dinero a médicos estadounidenses para que recomendasen sus medicamentos. Ese mismo año, otro gigante farmacéutico, Pfizer, zanjó una denuncia por incumplimientos de su propio código ético con el despido de 30 de sus directivos en España.

Las compañías suelen rebajar estos casos a la condición de hechos aislados, aunque algunos estudios muestran que no lo son tanto. Uno de 2014, patrocinado por la Fundación de Bill y Melinda Gates, con el concurso del Departamento Británico para el Desarrollo Internacional y el Ministerio de Asuntos Exteriores holandés, sostiene que 18 de las 20 multinacionales farmacéuticas analizadas habían sido objeto de sanción en algún momento por motivos tan poco edificantes como el soborno o la violación de las leyes de la competencia.

El importe de los pagos directos o indirectos a los médicos es uno de los secretos mejor guardados de la industria, aunque en España el proyecto Medicamentalia, de la Fundación Ciudadana Civio, aportó en 2018 alguna luz sobre el asunto. Según este organismo independiente, que trabaja por la transparencia de las instituciones, dichos pagos habían ascendido el año anterior a 182,5 millones. Dieciocho médicos, adscritos a la sanidad pública y privada, fueron agraciados con más de 50.000 euros por cabeza.

Otra acusación frecuente a los laboratorios es que se lucran con medicamentos cuya investigación y ensayos clínicos son posibles gracias, en buena medida, a la inversión ajena. Un informe dado a conocer en 2018, dentro de la campaña No Es Sano, respaldada por instituciones como la Organización Médica Colegial de España, ponía ejemplos concretos al respecto. El producto estrella de Roche contra el cáncer de mama, el Trastuzumab, que para entonces le había proporcionado más de 60.000 millones de euros de ingresos en todo el mundo, se obtuvo con financiación procedente de universidades, centros de investigación y fundaciones sin ánimo de lucro.

Esa circunstancia no impide que los laboratorios fijen precios muy altos para sus productos, sobre todo en el ámbito de las nuevas inmunoterapias. Es el caso del Kymriah, de Novartis, indicado contra ciertos tipos de leucemia, y del Yescarta, de Gilea, que sirve para tratar algunos linfomas no Hodgkyn. Sus precios de salida en el mercado estadounidense fueron de nada menos que 475 .000 y 373.000 dólares (438.600 y 344.400 euros), respectivamente, pese a ser fruto de investigaciones sufragadas en gran parte con dinero público.

La respuesta de la industria a las afirmaciones del estudio de No Es Sano fue que su actividad entraña gran riesgo, ya que sólo una de cada 10.000 moléculas investigadas llega a convertirse finalmente en un medicamento, lo que requiere de fuertes inversiones, que las farmacéuticas pagan con sus propios recursos. De ahí que el precio de cada producto, según el sector, no deba reflejar sólo el coste de su investigación, sino de alguna manera también el de aquellas que han fracasado, porque en caso contrario el negocio sería inviable.

Otras voces recuerdan, sin embargo, que el gasto en I+D y en producción sólo supone el 13% del coste de un medicamento, mientras que el gasto asociado a la comercialización y promoción (estudios de mercado, análisis de la competencia, publicidad, deferencias con los médicos) oscila entre el 30% y el 35%. Con la particularidad, además, de que sólo uno de cada cuatro fármacos que salen al mercado son realmente innovadores o mejoran los resultados de otros ya existentes pero más baratos.

Como quiera que sea, el hecho cierto es que el precio de los medicamentos, en particular el de los más modernos, es una de las mayores amenazas que penden sobre los sistemas nacionales de salud, sobre todo aquellos que contemplan su financiación pública total o parcial, como ocurre en España.

Pese a la extensión de los genéricos (productos cuya patente ya ha expirado) y a los mecanismos de control introducidos en los últimos años, el gasto público en medicamentos supera en nuestro país los 16.000 millones de euros anuales, de los que dos tercios corresponden a recetas y el resto, a hospitales.

Publicado enSociedad
Miércoles, 06 Mayo 2020 06:11

Capitalismo y coronavirus

Capitalismo y coronavirus

El confinamiento en casa decretado en Estados Unidos (EU) y en muchos países del mundo para enfrentar el Covid-19 ha paralizado la economía capitalista y, por tanto, ha demolido el proceso de la acumulación de capital. Que esta parálisis económica arroje decenas de millones de trabajadores en una crisis de sobrevivencia es totalmente fortuito a la preocupación de la clase capitalista trasnacional (CCT) de reanudar ya la maquinaria lucrativa, pues el capital no puede permanecer ocioso sin dejar de ser capital.

El impulso para reavivar la acumulación explica que haya habido en muchos lugares de EU manifestaciones de la ultraderecha para exigir el levantamiento de la cuarentena, al igual que los sectores más reaccionarios del capital promovieron el Tea Party a raíz del colapso financiero de 2008, movimiento que a su vez se activó en apoyo al trumpismo.

Si bien las protestas parecen espontáneas, han sido organizadas por las agrupaciones conservadoras, entre ellas, la Fundación Heritage, FreedomWorks (Obras de Libertad), y el Consejo Estadunidense de Intercambio Legislativo (ALEC, por su siglas en inglés), que reúne a los directores ejecutivos de las grandes corporaciones junto con los legisladores derechistas locales en EU. El mismo presidente Trump enardeció a los manifestantes mediante tuits, entre ellos uno que rezaba "liberar a Virginia, y proteger su gran Segunda Enmienda, que está bajo asedio". El llamado a defender dicha enmienda de la Constitución, que garantiza el derecho a portar armas, casi constituyó un llamado a insurrección armada. Días atrás, Trump adujo tener poder "total" –la clásica definición de totalitarismo– para levantar la cuarentena.

Pese a su retórica populista, el trumpismo ha servido bien a los intereses de la CCT en implementar un programa de neoliberalismo en esteroides que va desde la reforma impositiva regresiva y la amplia desregulación y privatización, hasta una expansión de subsidios al capital, recortes al gasto social y represión sindical. Trump –él mismo miembro de la CCT– retomó donde dejó el Tea Party a raíz del colapso financiero de 2008, forjando una base social entre los sectores de la clase obrera mayoritariamente blancos que gozaron antes de privilegios, tales como empleo estable y bien remunerado, que en años recientes han experimentado una aguda desestabilización socioeconómica y movilidad descendente ante la globalización capitalista. Al igual que el Tea Party que le precedió, Trump ha sabido desviar la cada vez mayor ansiedad social que sienten estos sectores, desde una crítica radical al sistema capitalista hacia una movilización racista y jingoísta contra los chivos expiatorios, como los inmigrantes.

La cada vez mayor crisis del capitalismo ha acarreado una rápida polarización política en la sociedad global entre una izquierda insurgente y fuerzas ultraderechistas y neofascistas que han logrado adeptos en muchos países. Ambas fuerzas recurren a la base social de los millones que han sido devastados por la austeridad neoliberal, el empobrecimiento, el empleo precario y relegación a las filas de la humanidad superflua.

El nivel de polarización social global y desigualdad es ahora sin precedente. El 1% más rico de la humanidad controla más de la mitad de la riqueza del planeta mientras el 80 por ciento más bajo tiene que conformarse con apenas 4.5 por ciento de esa riqueza. Mientras se extiende el descontento popular contra esta desigualdad, la movilización ultra-derechista y neofascista juega un papel crítico en el esfuerzo de los grupos dominantes de canalizar dicho descontento hacia el apoyo a la agenda de la CCT, disfrazada en una retórica populista.

Es en este contexto que los grupos conservadores en EU se han empeñado en organizar una respuesta ultraderechista a la emergencia sanitaria y la crisis económica, abarcando una mayor dosis de subterfugio ideológico y una renovada movilización de sus fuerzas de choque que ahora exigen el levantamiento del confinamiento. La movilización de masas desde abajo bien podría exigir que el Estado proporcione socorro en gran escala para los millones de trabajadores y familias pobres en lugar de insistir en la inmediata reapertura de la economía. Pero la CCT y sus agentes políticos buscan a toda costa evitar que las masas demanden un Estado de bienestar social como respuesta a la crisis. Es por eso que promueven la revuelta reaccionaria contra el confinamiento avivada por Trump y la ultraderecha.

La CCT se ha empeñado en trasladar la carga de la crisis y el sacrificio que impone la pandemia a las clases trabajadoras y populares. Para este fin ha podido contar con el poder del Estado capitalista. Los gobiernos en el mundo han aprobado nuevos rescates masivos para el capital, mientras se escurren de esta piñata unas migajas para las clases trabajadoras. Los gobiernos estadunidense y europeos prometieron al menos 8 billones de dólares en préstamos y subsidios a las corporaciones privadas, aproximadamente equivalente a todas sus ganancias en los últimos dos años.

Se trata de la lucha de clase desde arriba. Mientras estos billones de dólares se acumulan en la parte más superior de la pirámide social, la crisis desa­tada por la pandemia dejará a su paso más desigualdad, tensión política, militarismo y autoritarismo. La Organización Internacional de Trabajo advirtió que centenares de millones de personas podrían perder su empleo, en tanto la agencia internacional Oxfam calculó que hasta 500 millones están en riesgo de caer en la pobreza. Aún más ominoso, el Programa Mundial de Alimentos advirtió sobre "hambruna de proporciones bíblicas," calculando que hasta 130 millones de personas podrían morir de hambre por el posible colapso de las cadenas de abastecimiento de alimentos.

El carácter clasista de la pandemia queda al desnudo. Al virus no le importa la clase, etnicidad o nacionalidad de sus portadores humanos, pero son los pobres, los marginados y las clases trabajadoras quienes no gozan de las condiciones para protegerse ni pueden asegurar la atención médica en caso de contagio. Millones podrán morir, no tanto por la infección, sino por la falta de acceso a los servicios y recursos vitales. Las clases dominantes utilizarán la pandemia como cortina de humo para consolidar un estado policiaco global. En fin, la crisis capitalista desatada por el coronavirus será más mortal para los trabajadores empobrecidos que el mismo virus.

Por William I. Robinson, profesor de sociología, Universidad de California en Santa Bárbara

Publicado enSociedad
Miércoles, 06 Mayo 2020 05:55

¿Qué hace Estados Unidos con sus presos?

¿Qué hace Estados Unidos con sus presos?

Mientras se instala en la Argentina una absurda discusión sobre qué hacer con el riesgo de que el coronavirus estalle en las cárceles, el resto del mundo ya lo tiene resuelto. Se pierde el tiempo aterrorizando a la población con la liberación de asesinos y violadores, algo a lo que obviamente todos se oponen, y no se toman medidas básicas con los que no cometieron delitos graves y son los que llenan los penales.

 

La insólita polémica sobre las cárceles, desatada en la Argentina por la oposición, no se repite en la mayor parte del mundo, ni siquiera en los que siempre hicieron bandera con la mano dura penitenciaria. Los presos disminuyen en la totalidad de los países. Estados Unidos, con una tradición punitiva extrema, produjo decenas de miles de morigeraciones. Los datos surgen de revisar los diarios y sitios de internet de los distintos estados. 

Lo que se percibe es un temor a que explote un contagio masivo y eso contacte con el resto de la sociedad. Un ejemplo es la cárcel del condado de Cook, en Chicago, que se considera el mayor foco de virus en esa ciudad. Sucede que en una cárcel como la de Cook entran y salen centenares de personas por día: penitenciarios, médicos, enfermeros, cocineros, personal administrativo, de limpieza. Una explosión del Covid--19 en un penal, tarde o temprano repercute afuera. Y la cantidad de camas de terapia intensiva y de respiradores es una sola. Y es escasa.

* California llevaba 3.500 prisiones domiciliares o excarcelaciones. Esta semana, la cifra subió, sólo en Los Angeles, a 5.000, según informó públicamente el Defensor Oficial del Condado, Ricardo García. La medida benefició a presos en edad de riesgo y de baja peligrosidad. Los Angeles tenía 17.000 presos y ahora bajó a menos de 12.000.

* Pero las morigeraciones se dan en casi todos los condados de California. En Marin County, una prisión que suele tener unos 280 reclusos, el viernes tenía 158, tras haber enviado a sus casas a 43 ese mismo día. De la San Diego County Jail salieron 300 internos y se le negó el beneficio a otros 200, según el San Diego Union Tribune.

* La revista The Lancet, una de las más prestigiosas publicaciones científicas a nivel mundial, publicó que en el penal Marion, de Ohio, dieron positivo 2.000 del total de 2.500 presos. La revista Alive, de Ohio, afirma que la cantidad de internos bajó en un 30 por ciento por las excarcelaciones.

* En la prisión de Maricopa, en Arizona, la cantidad de presos bajó de 7.500 a 5.306. Pero además, el penal resolvió no exponer más a todos los penitenciarios, por lo tanto decidió que 700 penitenciarios no concurran hasta nuevo aviso.

* El canal KCBY de Oregón informa que la prisión llamada Washington Jail tomó una decisión que va al revés de lo habitual: fijó un número de presos con los que se puede mantener cierto nivel de prevención del virus y mandó a casa a todo el resto, siempre de los presos considerados de bajo riesgo. De esa manera redujo la población carcelaria a la mitad: la cifra normal eran 573 presos y ahora hay 280.

* En Denver, Colorado, la población carcelaria bajó un 41 por ciento por la libertad dictada a todos los mayores de 60 años; los que tenían problemas de salud, los que tenían fianzas relativamente bajas y no pudieron pagarlas y todos los que tenían por delante pocos meses de pena. El sitio Denverite dice que aún así hay peligro de contagios en las cárceles.

* En Nueva York, las oleadas de liberaciones en el penal de Rikers Island son casi diarias. Primero fueron 1.100 presos, luego, 51, 200, 175. Según el New York Post, en el estado hay en la actualidad 4.906 y es la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que hay menos de 5.000 presos.

* Los medios informan sobre reducción en la cantidad de internos en Virginia, Maryland, Florida, Tennessee, Pensylvania, Minnesota, Nevada, Hawai, Alabama, Texas, Maine, Massachusets, Georgia, Michigan y otros.

La totalidad de los estados registran descensos en la cantidad de presos, muy en línea con lo que impulsan la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas. Ambas entidades quieren evitar una catástrofe humanitaria y en el servicio de salud.

El ejemplo en la Argentina sería el siguiente. En la cárcel de Devoto hay 1.800 presos. Si se produce un contagio de envergadura, una pequeña parte de los contagiados, sobre todo los que ya venían con enfermedades, necesitarán ser hospitalizados y requerirán de camas y respiradores. El hospital más cercano es el Zubizarreta, que tiene ocho camas en terapia intensiva con respirador. Parece obvio que todas esas camas y respiradores estarían ocupadas por personas contagiadas en el penal, dado que ahí las condiciones de aislamiento son imposibles. Los vecinos de la zona, tendrían que ser alojados en otros hospitales.

Eso es justamente lo que tratan de evitar en los estados norteamericanos: que les estalle una crisis que terminé produciendo gran cantidad de fallecidos en los penales y una catástrofe en el sistema sanitario.  

Una conducta que se repite en todo el mundo, sin grandes discusiones, siguiendo las recomendaciones de la OMS y la ONU. 

Publicado enInternacional
Los futbolistas tendrán a su disposición exámenes médicos diarios, mientras el colectivo profesional más azotado por el coronavirus, el personal sanitario sigue a la espera en la mayoría de los casos de las pruebas diagnósticas. (EFE)

Nada simboliza con más fuerza la polémica sobre el acceso a las pruebas diagnósticas que las diferencias entre el personal sanitario y los futbolistas: mientras que los primeros aún esperan en muchos casos la realización del test, los segundos se incorporan a unos entrenamientos individualizados con todas las garantías, incluso con controles médicos diarios.

 

Ahora que el Gobierno ha trazado una hoja de ruta para salir del confinamiento, son muchas las personas, sobre todo las que vuelven a su lugar de trabajo, que demandan garantías, la certeza en definitiva, de saber si aquellos individuos con las que van a relacionarse o incluso ellas mismas tienen la covid-19. 

Hay un temor que comparten ciudadanos y autoridades en esta nueva fase de la desescalada: la posibilidad de que se produzca un rebrote. Ahí van a jugar un papel fundamental las pruebas diagnósticas, los PCR y los test serológicos. Pero la desescalada arranca sin test masivos: sólo una minoría sabrá a ciencia cierta si está contagiada o no por el coronavirus. Y además será una selecta minoría: futbolistas que vuelven estos días a los entrenamientos y todos aquellos que puedan pagarlo o cuya empresa quiera hacerlo. 

La CEOE, por ejemplo, ya ha pedido este lunes al Gobierno que autorice a las empresas a realizar test a sus trabajadores para poder detectar contagios, y que elabore un plan para las restricciones a la movilidad ante la probabilidad de un rebrote. La patronal propone llevar a cabo protocolos de vuelta que incluyan test serológicos con registro y seguimiento de estatus de infección, utilizar la geolocalización con datos anonimizados o poner puestos de control móviles en las ciudades para verificar contagios.

El Gobierno asegura que en España ya se ha practicado más de dos millones de pruebas diagnósticas. Esas pruebas, sin embargo, no llegarán a toda la población: el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ya dijo la semana pasada que el Gobierno no era partidario de hacer test masivos. Para saber qué porcentaje de la población puede estar infectada el Ejecutivo anunció un estudio cualitativo a 36.000 familias del que poco más se ha sabido hasta ahora.

Las prioridades del Gobierno: la detección rápida

Los tests masivos no son necesarios, viene a decir el Gobierno, que prefiere poner el acento en la detección rápida de los casos sospechosos. Sanidad quiere reducir a un máximo de 48 horas el plazo para identificar un posible positivo de coronavirus, en lugar de los hasta 15 días que se tarda actualmente entre que una persona desarrolla síntomas y recibe el diagnóstico de la enfermedad.

El objetivo del Gobierno es que toda persona con síntomas de coronavirus pueda hacerse un test. Además, quiere priorizar la identificación de nuevos casos y el seguimiento de las personas con las que el enfermo ha estado en contacto. Para ello, Sanidad se está planteando utilizar una aplicación en teléfonos móviles para rastrear los contactos de los nuevos contagiados de covid-19, aunque Simón ha puntualizado que hay que valorar que no infringen la Ley de Protección de Datos y que tienen un "valor añadido" al sistema de rastreo de contactos ya establecido en el sistema sanitario.

Esta decisión de no hacer test masivos abre las puertas al mercado: ya hay laboratorios privados que ofrecen en sus páginas web la posibilidad de hacer varios tipos de pruebas para detectar el virus, a pesar de anteriores resoluciones del Ministerio de Sanidad en las que se indicaba que debían poner a disposición de las autoridades públicas su capacidad de análisis. De hecho, este pasado lunes en el centro de Barcelona se podían ver colas de personas que esperaban, en su mayoría, poder someterse a las pruebas de detección del coronavirus.

La inevitable comparación

No todo el mundo va a ser sometido a los test del coronavirus, es cierto, pero eso no es lo más relevante. El foco de la polémica está en otro punto: el personal sanitario. Y es que el colectivo profesional más azotado por el coronavirus, que lleva casi dos meses en primera línea intentando contener la pandemia, sigue a la espera, en la mayoría de los casos, de las pruebas. 

La situación de los sanitarios es una evidencia palpable de que la realidad nunca es del todo justa, que el mercado a veces tiene otros intereses, sobre todo si se compara con la situación de otro colectivo profesional que esta semana vuelve al trabajo después de casi dos meses de parón: los futbolistas.

Los expertos ya han advertido hace tiempo de que existe una relación entre el nivel de renta y la afectación del coronavirus. A mediados de abril Pablo Iglesias pronunció unas palabras que fueron muy criticadas por la derecha, pero que de hecho ahora vuelven a cobrar actualidad: "Todos sabemos que este virus no entiende de territorios pero sí entiende de clases sociales". Trasladado al acceso a las pruebas, las preguntas surgen solas: ¿Por qué los futbolistas, los políticos o más recientemente Pedro Almodóvar pueden hacerse las pruebas del coronavirus mientras miles de ciudadanos y en especial muchos sanitarios están a la espera de una? ¿Hay también diferencia de clases para acceder a un test?

Nada simboliza con más fuerza esa polémica que las diferencias entre el personal sanitario y los futbolistas: un pálido reflejo de la desigualdad que impera en la sociedad actual. Los primeros llevan tiempo escuchando las promesas del Gobierno sobre la realización de una pruebas que en muchos casos no terminan de llegar mientras trabajan en unas condiciones precarias –no hay país en el mundo con más sanitarios infectados que España, unos 36.000–; los segundos van a incorporarse a unos entrenamientos individualizados con todas las garantías y con una prueba que certifique su buen estado de salud por delante.

"Una temeridad"

Eso, sin embargo, no aplaca la preocupación entre los sanitarios, especialmente entre los profesionales de la atención primaria que serán los que en esta nueva fase van a tener que atender a buena parte de los enfermos y asumir las altas que se están produciendo en los hospitales. Necesitan protección. Las sociedades médicas de España ven "primordial" facilitar a los médicos de familia y atención hospitalaria el acceso "inmediato" a las pruebas diagnósticas y así promover la detección temprana de los casos posibles y proceder a su confinamiento y cuarentena. 

Las reclamaciones llegan desde todos los rincones de España: este mismo lunes el sindicato SATSE de Madrid ha exigido pruebas PCR  y test serológicos para todos los profesionales de atención primaria, al tiempo que ha recordado que en muy pocos centros de salud de la Comunidad de Madrid se están realizando. 

SATSE considera una "temeridad" que haya profesionales sanitarios que desconocen si son positivo o no y, "lo que es peor, sin saber sin son vectores de contagio", asegura su secretario de Acción Sindical, Jesús García . "No se puede permitir que profesionales que tienen que cuidar no sólo a pacientes con covid-19 sino también pacientes crónicos y vulnerables, desconozcan su propio estado de salud. Es una bomba de relojería que podría echar abajo la ingente labor realizada hasta ahora".

También en Galicia denuncian "la precariedad y la falta de medios"​ del Servicio Gallego de Salud (Sergas), aunque la Xunta ha prometido que se "van a hacer 50.000 test a profesionales".  Esa conjugación en futuro contrasta con la conjugación en pasado que hacen muchos equipos de fútbol, que ya han realizado las pruebas a sus jugadores.

En Castilla y León, sin embargo, conjugan en presente: allí acaban de empezar a realizar las pruebas a los sanitarios, según explica Cristina, enfermera del hospital Río Ortega en Valladolid: "Han empezado estos días a hacer las pruebas. A mí me han dicho que me la harán la semana que viene". 

Pero tampoco vale cualquier test. El secretario de Acción Sindical de SATSE Madrid, Jesús García, a través de un comunicado, afirma que los test rápidos tienen una sensibilidad o especificidad "controvertida".  "Hay que recordar que no son pruebas diagnósticas para saber si el profesional está infectado de covid-19 y su valor predictivo es escaso", advierte García, quien exige pruebas de serología mediante test Elisa e inmunoquimioluminiscencia "para todos los profesionales".

Mientras tanto, otros profesionales, los futbolistas, no tienen que preocuparse de nada. Tanto es así que el Consejo Superior de Deportes (CSD) recomienda incluso que los clubes hagan controles médicos diarios dentro de dos semanas solamente si algún deportista o miembro del cuerpo técnico o del equipo dan positivo.

madrid

04/05/2020 22:49 Actualizado: 05/05/2020 10:35

jorgeotero99

Publicado enSociedad
Ecuador, entre el coronavirus y el neoliberalismo

La pandemia llegó al país en medio de la crisis económica

El epicentro de la enfermedad está en Guayaquil, que tiene la tasa de contagio más alta de Latinoamérica. El gobierno de Lenín Moreno está siendo fuertemente criticado por la falta de credibilidad en sus estadísticas.

 

El coronavirus llegó a Ecuador en medio de una profunda crisis económica. El epicentro de la enfermedad se dio en la ciudad de Guayaquil que tiene la tasa de contagio más alta de Latinoamérica. En medio de enormes críticas al gobierno por la falta de credibilidad en las estadísticas, el mismo presidente Lenín Moreno reconoció que las cifras no eran precisas. 

Hasta este domingo se informaron de 30 mil casos positivos y 1.564 muertes. Sin embargo, hace algunos días la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, informó que allí hubo siete mil muertes más que en abril del año pasado. Moreno planteó una salida del aislamiento para este lunes 4 de mayo, pero Guayaquil y Quito seguirán en cuarentena hasta el 31 de mayo. Desde las organizaciones indígenas anunciaron que no van a seguir la medida. “Sin datos reales es imposible hacer una planificación seria. Vamos a mantener el aislamiento”, dijo Leónidas Iza, presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, que integra la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

El Estado ausente

Desde su llegada al gobierno, Moreno fue limitando la capacidad del Estado para intervenir en la economía. De esa manera el país entró en un laberinto del cual parece difícil divisar el final. Y llegó el coronavirus. Sólo en la provincia de Guayas, a la que pertenece Guayaquil, el número de contagios asciende a 13.053, el 62 por ciento del total nacional. Hace algunas semanas el sistema sanitario de la ciudad colapsó ante el creciente número de muertes. La alcaldía demoró entre tres y cuatro días en retirar los cuerpos de las casas, por lo que las familias tuvieron a dejarlos en las calles. En respuesta, la titular de Gobierno, María Paula Romo, reconoció que la situación era alarmante. Sin embargo, dijo que aún no podían saber si la causa de las muertes era por coronavirus. Las cifras oficiales están en el centro del debate.

El gobierno tomó una serie de medidas para contener el contagio. El 16 de marzo declaró el estado de excepción que limitó el tráfico de vehículos y la actividad comercial. También ordenó el trabajo a distancia y cerró todas las escuelas del país. Tres días después decretó un toque de queda que rige entre las 2 de la tarde y las 5 de la mañana. En Ecuador viven 17 millones de personas. El 60 por ciento de la mano de obra es informal, por lo que el aislamiento dejó a millones de familias sin su principal fuente de dinero. Moreno lanzó un Bono Familiar de 60 dólares que se entregará durante los meses de abril y mayo a las personas con ingresos por debajo del salario básico, fijado en 400 dólares. El gobierno estima que 950 mil ecuatorianos recibirán el bono.

En paralelo el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de "Ley de Apoyo Humanitario”. El mismo propone grabar con un impuesto los salarios que superen los 500 dólares. El porcentaje de aporte será progresivo, incrementándose para los sueldos más altos. Por otro lado las empresas que hayan facturado más de un millón de dólares, entregarán el cinco por ciento de esa utilidad en tres pagos mensuales. Al presentar la medida Moreno dijo que la crisis económica se debía a la deuda dejada por el expresidente Rafael Correa. “Esta crisis (...) nos golpeó sin un centavo en las cuentas del Estado y con una deuda histórica de más de 65 mil millones de dólares", se justificó el presidente. 

Desde el partido al que pertenece Correa, Revolución Ciudadana (RC), sostienen que tal monto no es real. “Ante cada crisis política Moreno apela al mismo discurso. Ya no es creíble. Los datos oficiales que maneja el ministerio de Economía y Finanzas no reflejan lo que él sostiene. La deuda real al momento que Correa dejó el gobierno rondaba los 38 mil millones”, sostuvo Pabel Muñoz, asambleísta de RC. Muñoz recalcó que la ley tal como está planteada sólo volcará sobre los trabajadores la mayor parte de la carga impositiva. “Con ella esperan recaudar 1.400 millones de dólares. De ese total 900 millones vendrían de las personas y sólo 500 millones de las empresas. El gobierno no quiere poner impuestos al gran capital por que son su principal base de sustento”, dijo el asambleísta. Desde RC propusieron crear un impuesto a bancos y telefónicas que obtuvieron ganancias extraordinarias mientras la economía se derrumbaba. También una contribución del 0,9 por ciento a los patrimonios individuales de más de un millón de dólares.

A contramano del mundo

Además, la "Ley Humanitaria" estipula un recorte en los salarios públicos, según denunció el sociólogo económico Andrés Chiriboga, miembro del Observatorio de la Dolarización. “Aprovechan este contexto para continuar aplicando las medidas que exige el FMI. El gobierno planteó un recorte salarial del 10 por ciento que no se aplicará sólo durante la crisis sino de forma permanente. Para el FMI y Moreno, el sector público es el grande culpable de esta crisis económica”, remarcó Chiriboga. El académico sostuvo que con estas medidas el gobierno va a contramano de lo que está haciendo el mundo para enfrentar la pandemia. 

En paralelo, durante el mes abril hubo una enorme fuga de capitales. “Siguiendo las estadísticas que publicó el Servicio de Rentas Internas, que se encarga del cobro de impuestos, advertimos que hubo al menos 829 millones de dólares se fugaron. Esto afecta gravemente a nuestra economía, dolarizada, ya que el gobierno necesita de esa moneda y no puede emitirla”, sostuvo el sociólogo económico. Además resaltó que la estructura primarizada de la economía es otro componente fundamental de esta crisis. El país depende de la exportación de petróleo, entre otros insumos básicos, y su precio está por el piso. Para Muñoz este caldo de cultivo esta llevando a la implosión del modelo ecuatoriano. “La dolarización termina funcionando como una camisa de fuerza. Uno no elige salir de ella sino que te expulsa y deja a la economía en un estado muy vulnerable. Hoy debemos sostenerla, pero las herramientas con las que contamos cada vez son menos”, sostuvo el economista de RC.

Publicado enInternacional
¿La falta de vitamina D aumenta el riesgo de morir por coronavirus?

Los resultados de una investigación realizada en el Reino Unido

De acuerdo con una investiación realizada por científicos de la Queen Elizabeth Hospital Foundation Trust y la Universidad de East Anglia del Reino Unido, la deficiencia de vitamina D podría estar relacionada con un mayor riesgo de morir a causa del coronavirus.

Los investigadores centraron el estudio en países europeos como España, Suiza, Italia, entre otros, donde analizaron los niveles de dicha vitamina y su relación con la mortalidad a causa del virus.

A pesar de que el análisis tuvo limitaciones, consideraron que en la mortalidad a causa del coronavirus tuvo incidencia la deficiencia de vitamina D, y entre la población más vulnerable se encuentran las mujeres mayores de 70 años, quienes reportaron una deficiencia severa de la vitamina.

El resultado -aún no validado por la comunidad científica- surge del cruce entre lo niveles promedio de vitamina D en cada uno de los países europeos, con su tasa de mortalidad relativa por el covid-19. Con esta prueba estadística sencilla se demostró que existía una relación entre ambas cifras, y que aquellos países con mejores niveles de vitamina D registraron un promedio menor de cantidad de muertes por el virus.

Además, señalaron que la población más vulnerable es la de personas de edad avanzada, y agregaron que la vitamina D protege contra las infecciones respiratorias agudas, por lo que es importante ingerirla ya sea a través de los alimentos o en suplementos.

Algunos alimentos ricos en esta vitamina son sardina, atún, salmón, mariscos, hígado de pollo o vaca, algunos lácteos, setas y germen de trigo, entre otros.

Otra forma de obtener vitamina D es a través de la exposición al sol, dado que el organismo es capaz de sintetizarla naturalmente, por lo que los especialistas recomiendan estar al sol al menos 10 minutos al día.

COVID-19: ¿Y si la vacuna pagada con dinero público acabara en monopolio de una empresa privada?

En 2016, el doctor Peter Hotez, presidente de la Escuela Nacional de Medicina Tropical en Houston y codirector del Centro para el desarrollo de vacunas del Texas Children's Hospital, estaba trabajando en una vacuna contra el coronavirus. El siguiente paso serían los ensayos con humanos, pero ningún inversor al que se acercó estaba interesado en financiar el proyecto.

Según Massimo Florio, Profesor de Ciencias Financieras de la Universidad de Milán, la historia de Peter Hotez, que testificó en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, cuenta cómo "a pesar de que hace casi veinte años desde la aparición del SARS Co-V (Coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave), la industria farmacéutica no ha considerado desde entonces como una prioridad invertir en estas enfermedades infecciosas".

El coronavirus no mata, es el sistema inmunológico del paciente el que daña los órganos vitales

Un análisis de inteligencia de Bloomberg ha demostrado que en el último año las 20 compañías farmacéuticas más grandes del mundo han lanzado alrededor de 400 nuevos ensayos de medicamentos: casi la mitad de éstos son anti-tumorales, y sólo 65 están destinados a tratar enfermedades infecciosas que se definen como menos gratificantes que las terapias a largo plazo, como las de la diabetes o el colesterol. De las 20 compañías farmacéuticas más grandes, sólo cuatro tienen una unidad de investigación de vacunas.

Según Florio, estas cifras se explican por el reconocimiento de que "el sistema de investigación actual es víctima de una contradicción incurable entre las prioridades de la ciencia para la salud y de la ciencia para el beneficio".

Para el profesor, "la emergencia que estamos experimentando debe ser una oportunidad para repensar las reglas que han definido el mercado farmacéutico en las últimas décadas".

 

¿Una vacuna al COVID-19 accesible a todos?

 

Según un informe de la OMS, actualmente se están llevando a cabo 62 programas de investigación en laboratorios de todo el mundo para encontrar una vacuna para el COVID-19, y aunque todavía no se sabe cuándo y quién tendrá éxito primero, muchas ONG y políticos se han adelantado pidiendo, con diferentes métodos, lo mismo: que el precio de la vacuna sea, de ahora en adelante, accesible a todos los servicios nacionales de salud.

A principios de marzo, por ejemplo, el Partido Demócrata de los Estados Unidos propuso incluir en el plan de emergencia para el COVID-19 un mecanismo para controlar el precio de una posible vacuna obtenida por una empresa farmacéutica gracias también a fondos públicos.

Recientemente, Costa Rica también ha hecho una propuesta a la OMS para crear un fondo común mundial para el COVID-19 en el que se puedan reunir todos los proyectos de propiedad intelectual e investigación. Posteriormente, la OMS puso en marcha un proyecto mundial denominado "Acceso al acelerador de herramientas COVID-19" para asegurar el intercambio de descubrimientos científicos para combatir el virus, aunque todavía no se ha especificado nada sobre la propiedad intelectual de las empresas farmacéuticas.

 

Para el Parlamento Europeo, la vacuna financiada públicamente debe permanecer en el dominio público

 

Mientras que en el Congreso de los Estados Unidos se rechazó la enmienda de los demócratas, el Parlamento Europeo aprobó el 17 de abril una resolución en la que se pedía que "toda investigación financiada con fondos públicos siguiera siendo de dominio público" en relación con la vacuna para el COVID-19. Antes de la votación, un grupo de diputados había escrito una carta a la Comisión Europea.

"Observamos con gran preocupación que, aunque la Comisión invierte más del doble que cualquier otro socio privado en los proyectos de investigación de la Unión para el COVID-19, no se han tomado medidas para garantizar que los resultados sean asequibles para todos los sistemas de salud", dice la carta. El texto advierte a la Comisión que no adopte, una vez más, el modelo de negocio de los años anteriores.

De hecho, en Europa, aunque existe una oficina central encargada de expedir patentes - la Oficina Europea de Patentes - es cada país el que individualmente, a través de sus organismos nacionales, como Aifa para Italia, se encarga de fijar el precio de un nuevo medicamento con la empresa. Por consiguiente, el resultado de las negociaciones puede variar de un Estado a otro y los países no están obligados a revelar el precio acordado con la empresa. Gracias a la patente -normalmente por un período de 20 años- la empresa tiene el monopolio del medicamento y puede pedir el precio que prefiera.

Algunos países han enmendado recientemente sus leyes pertinentes para facilitar el acceso a la vacuna cuando entre en el mercado. Alemania, por ejemplo, ha estipulado que el Ministro de Salud puede, en caso de que se declare una emergencia nacional, ejercer medidas de control sobre las patentes de medicamentos.

Canadá ha enmendado sus leyes para facilitar el uso de una licencia obligatoria. Este tipo de licencia permite al gobierno utilizar una patente sin obtener primero el consentimiento del titular de la patente - en este caso la compañía farmacéutica - mientras paga dinero.

En el pasado, algunos países han utilizado estrategias similares para tratar a sus ciudadanos. En 1997, por ejemplo, Sudáfrica aprobó una Ley de Medicamentos para importar medicinas para el VIH de los países que los producían al precio más bajo. En ese momento algunas de las mayores compañías farmacéuticas demandaron al gobierno pero luego, bajo presión pública, se echaron atrás.

Entre los firmantes de la carta a la Comisión Europea se encuentra Petra De Sutter, eurodiputada belga de los Verdes y presidenta de la Comisión de Mercado Interior, que explica: "No se trata de ignorar la necesidad de que las empresas obtengan beneficios, sino de repensar el papel del público, poniendo en primer lugar la necesidad del paciente y no la de la industria farmacéutica".

Según De Sutter, es poco probable que la vacuna, una vez desarrollada, se ponga en el mercado a precios exorbitantes. "Entonces los gobiernos recurrirían a las licencias obligatorias, lo que siempre es una posibilidad cuando la salud pública está realmente en peligro. Además, se trata de vacunar a casi todo el mundo, por lo que el beneficio sería muy alto en cualquier caso".

Sin embargo, es importante que De Sutter hable de estos temas ahora, "porque una vez que la emergencia del coronavirus haya terminado, los problemas de nuestro mercado farmacéutico permanecerán".

Las grandes farmacéuticas invierten más en la compra de empresas de "bajo riesgo" que en la investigación.

Entre los problemas que destaca De Sutter está el uso de fondos públicos para la investigación.

Varias encuestas han demostrado que en los últimos años las empresas farmacéuticas tienden a invertir sólo en las etapas finales de la investigación, es decir, cuando parece estar asegurado el beneficio, mientras que las etapas iniciales se llevan a cabo gracias a los recursos de las universidades o asociaciones.

El resultado es que "el sector público financia la investigación de alto riesgo en las fases iniciales, mientras que los beneficios en las fases posteriores van de forma desproporcionada al sector privado", como se explica en un informe del UCL Institute for Innovation and Public Purpose por Mariana Mazzucato y Henry Lishi Li.

Una encuesta realizada por la Radio y Televisión de Suiza a principios de este año mostró que las grandes empresas farmacéuticas invierten mucho más en la compra de pequeñas empresas con medicamentos en una fase avanzada de desarrollo que en la investigación real.

El año pasado, el fármaco para la atrofia espinal Zolgensma, producido por Novartis y comercializado en los Estados Unidos, fue descrito por Forbes como el "fármaco más caro del mercado" con un precio de alrededor de dos millones de dólares por paciente. El precio exorbitante también había causado controversia debido a que el fármaco fue, en las fases iniciales, financiado por un laboratorio sin fines de lucro de la asociación francesa Telethon, que luego vendió la patente a una empresa incipiente comprada por Novartis.
El caso de Reino Unido

También en las últimas semanas en el Reino Unido, más de 20 asociaciones han escrito una carta al gobierno pidiendo que cualquier vacuna obtenida con fondos públicos no se convierta en un monopolio de una empresa privada.

"Sin las precauciones adecuadas, veríamos un acceso diferenciado a los nuevos tratamientos para el COVID-19, como fue el caso de la gripe porcina en 2009, cuando los países más ricos fueron los primeros en conseguir la vacuna", dice el documento. La carta está firmada, entre otros, por Médicos sin Fronteras, que lleva semanas vigilando de cerca las implicaciones éticas del desarrollo de la nueva vacuna.

"Sabemos muy bien lo que significa no poder curar a la gente porque la medicina necesaria es demasiado cara", dijo la ONG en un comunicado.

Hace apenas un año, la asociación, junto con otras que trabajan en campos de refugiados en Grecia, utilizó por primera vez en Europa un mecanismo humanitario que le permitió vacunar a los niños contra la neumonía a un precio de 9 dólares por niño. A modo de comparación, el precio acordado por Grecia con Pfizer y GSK - los dos únicos fabricantes de la vacuna - para un tratamiento normal habría costado 168 dólares por niño.

Médicos sin Fronteras aprovechó la oportunidad para recordar que "alrededor de un tercio de los países del mundo no pueden permitirse incluir la neumonía entre sus vacunas estándar debido al precio demasiado alto que exigen las empresas farmacéuticas".

La firma de la carta dirigida al gobierno británico fue, entre otras, la ONG Just treatment (Tratamiento Justo). "Estamos asistiendo a una oleada de nuevos medicamentos, especialmente antitumorales, protegidos por patentes y con precios inalcanzables, y los signos actuales indican que la situación no puede sino empeorar", explica Diarmaid McDonald, portavoz de la asociación.

A lo largo de los años, la ONG ha apoyado varias batallas por el acceso a los medicamentos, la última hace apenas un año, cuando el sistema de salud británico no quiso pagar el precio de 104.000 libras esterlinas por paciente y año por Orkambi, un medicamento para la fibrosis quística producido por Vertex. El estancamiento de las negociaciones - ahora resuelto - había llevado a algunos padres de niños con la enfermedad a organizar un club de compradores y comprar el medicamento en Argentina, que había negado la patente a Vertex y organizado la producción de un Orkambi genérico al precio de 24 mil libras esterlinas.

"Just treatment también hizo campaña para el acceso al Sofosbuvir, el medicamento para la hepatitis c producido por Gilead", que en 2015 se pondrá en el mercado a un precio de hasta 40.000 euros por tratamiento, dice McDonald. En esa época, muchos servicios de salud europeos racionaron la medicina para mantener bajos los costos, poniéndola a disposición de los pacientes sólo en las últimas etapas de la enfermedad. Los otros no tuvieron más remedio que esperar.

Por ello, antes de que las agencias de medicamentos ampliaran el abanico de beneficiarios, muchas personas recurrieron a agencias de viajes que permitían a los pacientes ir a la India o a Egipto - un turismo de salud que publicitaba nada menos que el futbolista Lionel Messi - donde se le negaba el monopolio a Gilead y el medicamento genérico se producía a un precio mucho más asequible.

"Recuerdo bien cuando me examinaron para decidir si era apto para el tratamiento", dice Simon Brasch, uno de los pacientes de hepatitis C que tuvo que esperar para conseguir un medicamento que ya estaba disponible en el mercado. "Me revisaron el hígado y me dijeron: estás bien por ahora, tendrás que esperar hasta que estés peor para recibir tratamiento. Salí de allí y me pregunté: ¿qué tengo que hacer, beber dos vodkas al día para que mi hígado se degrade, para que finalmente pueda mejorar? Nunca hablamos de una sola medicina. Es todo el sistema el que necesita ser repensado", dice.
"La actual pandemia ha mostrado un espectacular fracaso de la investigación de la industria farmacéutica"

Según el profesor Massimo Florio "la actual pandemia ha mostrado un fracaso espectacular de la investigación de la industria farmacéutica. Por eso necesitamos una estructura pública europea que produzca medicamentos que no interesen al sector privado o que sólo existan en el mercado a precios exorbitantes".

La propuesta del profesor de una estructura pública europea para los medicamentos que vaya más allá del oligopolio farmacéutico se publicó en el Foro sobre Desigualdades y Diversidad.

En el siglo XIX el paludismo causó miles de muertes en Italia. Así que en Turín se abrió la planta química farmacéutica militar para producir, bajo la dirección de un coronel químico, la quinina, la única droga conocida entonces para combatir la enfermedad. Más tarde, con el desastre de Chernóbil, la planta - trasladada de Turín a Florencia - pudo producir 500.000 tabletas de yoduro de potasio, el fármaco para el cáncer de tiroides, en 24 horas.

Hoy en día la planta sigue activa y puede producir, entre otras cosas, cloroquina, una droga "descendiente" de la quinina. "Si, por ejemplo, se descubre hoy que la cloroquina se utiliza para combatir el coronavirus, estaríamos listos para producirla en grandes cantidades. Historias como la de la planta de Florio nos recuerdan que Italia no es ajena, por tradición, a la protección del derecho a la salud, pero en los últimos años la política ha eliminado estos temas de la agenda", recuerda Florio, y cierra con una advertencia.

"Hoy nos preguntamos cómo pudo suceder que economías aparentemente evolucionadas se hayan despertado no sólo sin vacunas y medicamentos, sino incluso sin respiradores y mascarillas. No debe volver a ocurrir nunca más".

1 mayo 2020 |

(Tomado de Euronews)

“Presidente Duque, los que van a morir te saludan”.

El 14 de abril de 2020, en medio de un panorama desolador y de desesperanza, fue expedido el Decreto No. 546 de 2020 por el Gobierno, con el cual se adoptaron medidas transitorias para que a algunas personas privadas de la libertad se les sustituyera la pena y detención preventiva por prisión y detención domiciliaria. Pero para ese entonces, los diferentes sitios de reclusión del país ya resonaban en los noticieros y en los diarios por los diversos motines de algunas personas privadas de la libertad, quienes en medio de la impotencia y la desesperación no encontraban otras formas de llamar la atención de un Estado que siempre les había dado la espalda, y que aun conociendo sus condiciones no se había pronunciado.

El 22 de marzo del año en curso, a causa de la reacción a las protestas murieron al menos 23 personas en Bogotá, y hubo varias personas heridas en otros lugares del país, y a la fecha las protestas pacíficas continúan, a través de mensajes como, por ejemplo, “Presidente Duque los que van a morir te saludan”. En Colombia, desde 1998 se decretó un estado de cosas inconstitucional en materia carcelaria, y el panorama que se tenía para ese entonces no ha mejorado, sino que a 2020, sin duda alguna ha empeorado. La Corte Constitucional incluso ha afirmado en reiteradas ocasiones que la gravedad de la vulneración sistemática de derechos que se presenta en los establecimientos de reclusión, es tal que no se respetan siquiera algunos mínimos asegurables para “vivir libre de humillaciones” en las cárceles colombianas, esto lo retrata una parte de la sentencia T - 762 de 2015: “se probó que la situación de salud se agrava porque el hacinamiento propicia riesgos epidemiológicos y de enfermedades para los reclusos que inician el periodo de privación de la libertad en buen estado de salud. Como se explicó en la sentencia T-388 de 2013, esa situación es propiciada, permitida y tolerada por el Estado, lo que agrava la vulneración de los derechos y la crisis humanitaria en las prisiones”.

Es por esto que, si bien nadie pronosticaba la crisis que vivimos hoy, generada por el Covid-19, sí se anunciaba el genocidio carcelario, como lo han llamado los académicos, al cual se ven sometidas las personas privadas de la libertad. En el Decreto 546 de 2020, la lista de los que no pueden acceder al beneficio es extensa y serán pocos los que lograrán escapar de un foco de contagio que en estos establecimientos será catastrófico, si nos fijamos en las tasas de hacinamiento (para que no hubiera hacinamiento se requeriría que salieran de prisión 40.000 personas y se estima que con el decreto sólo irán a domiciliaria unas 1.000). Al día de hoy se han presentado de acuerdo con el Ministerio de Salud: “12 casos registrados en el departamento de Amazonas, en Villavicencio han sido diagnosticadas, con COVID-19, más de 100 personas entre internos, guardianes y auxiliares. En la cárcel La Picota se reportan cinco internos que presentan el virus. Mientras tanto, se registra un caso en las Heliconias en Florencia (Caquetá) y otro en Guaduas (Cundinamarca). Además, se han registrado tres muertes relacionadas por coronavirus, de personas privadas de la libertad, mientras que un interno falleció pocos días después de haber quedado libre” (Recuperado de https://www.lafm.com.co/colombia/cinco-carceles-de-colombia-tienen-contagio-de-coronavirus el 24/04/2020).

Las medidas adoptadas por el Decreto No. 546 de 2020 se establecieron por un término de seis meses, es decir, no son medidas definitivas y estas personas deberán continuar cumpliendo su detención preventiva o pena como había sido establecido antes de la pandemia; razón por la cual se hace necesario hacer un llamado a los jueces a realizar un control difuso de constitucionalidad e inaplicar algunas de las exclusiones allí consagradas, por considerarse excesivas y contrarias a la Constitución, entendiendo que son violatorias de derechos humanos y fundamentales por cuanto las personas en prisión no cuentan con acceso a agua potable, insumos para protegerse del virus, ni la infraestructura para evitar su propagación, poniendo en riesgo tanto a los reclusos, como a los guardias y aquellos que necesariamente ingresan a estos centros.

Hemos conocido de la interposición de siete tutelas (los formatos para presentarlas se pueden obtener en este link:https://www.desdeabajo.info/colombia/item/39416-tutela-para-solicitar-casa-por-carcel-para-personas-condenadas-por-cualquier-delito-que-se-encuentren-privadas-de-la-libertad-con-medida-intramural-por-cualquier-delito-que-no-entre-en-los-requisitos-del-decreto-expedido-por-el-gobierno.html) que piden esto, en todas ellas se solicitaba como medida provisional la prisión la prisión domiciliaria y en todas fue negada, desconociendo el peligro real que corre la vida de estas personas, y no dejando muchas esperanzas acerca de que vaya a ser concedido el amparo constitucional.

Este control constitucional sólo tendrá efecto en el caso concreto y permitirá que más personas, cumpliendo con otras condiciones, puedan acceder a este beneficio y desde la casa cumplan con las medidas necesarias para su cuidado y el de la sociedad. Además el confinamiento, el control del Inpec, la posibilidad de usar vigilancia electrónica y el control policial a las medidas de aislamiento social en el país, podrán asegurar el orden público, por lo que esto no puede ser un argumento para apelar a la aplicación literal del decreto.

Consideremos esta hipótesis: usted es Guillermo, sufre de hipertensión y diabetes y se encuentra detenido en una estación de policía por tráfico de estupefacientes (dicen que vendía drogas porque lo detuvieron con 10 papeletas de bazuco). Se ha enterado de la llegada del coronavirus y sabe que hace parte de la población de alto riesgo, teniendo altas probabilidades de morir, lo que ha hecho que esté más estresado y preocupado que antes. En su diario vivir, debido al hacinamiento en la estación, ya lidia con estar las 24 horas encerrado en una celda de donde cada persona cuenta con 40 cm² de baldosa para tratar de estar de pie, y en donde solo hay 2 baños que no funcionan bien, ni tienen agua corriente, soportando altas temperaturas por falta de ventilación. Pasa 18 horas sin comer hasta que por fin llega la comida podrida con agua que no es potable. No cuenta con jabón y mucho menos con gel antibacterial para estar lavándose las manos todo el día como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud. No hay cómo lavar la ropa.. Sumado a todo esto, le es imposible dormir, no hay espacio suficiente y le toca esperar un turno para que otro se levante y pueda descansar en el piso, por tan solo 2 horas o menos. Hace muchos domingos (la primera y casi única medida tomada por el gobierno ante el COVID en las prisiones fue suspender todas las visitas) no ve a su familia, no sabe si se encuentran bien y ellos tampoco saben de él. Tiene miedo, ansiedad, ha pensado en quitarse la vida, su presión no ha estado bien un solo día y tampoco hay medicamentos para su tratamiento y mucho menos atención médica.

Muchos y muchas, al igual que Guillermo, han entrado en pánico. Si bien tienen enfermedades graves o son personas mayores de 60 años, no podrán ser beneficiarios de la prisión domiciliaria porque su delito está en la extensa lista de exclusiones del decreto y saben que en las condiciones en que se encuentran solo les espera morir. Día a día se levantan pensando en cuándo llegará el virus al centro de reclusión, en dónde los meterán cuando se contagien, y en cómo pasarán los pocos días de vida que probablemente les quedan.

En el centro de reclusión el distanciamiento obligatorio es imposible. Hay tantas personas que no podrían estar ni siquiera a 10 cm de distancia. El uso del tapabocas (que tampoco se ha suministrado en cantidades adecuadas) sumado a las “recomendaciones” que les dan, sólo dan la impresión de que se hace algo. Es imposible no contagiarse, y no solo del coronavirus, pues otras enfermedades amenazan con matarlos, sin que tengan lo mínimo ni básico para sobrevivir.

Como Guillermo, un sinnúmero de personas presas luego de ser contagiadas empeorarán en cuestión de días, entrando en estado crítico, contagiando al resto de personas recluidas, al personal de guardia, y a quienes entran y salen: Policías, INPEC, proveedores, etc. Finalmente los enfermos serán todos, y las personas muertas muchas.

Lo único que podrán tener las familias, es recibir una llamada o un correo electrónico con la noticia de la muerte de sus familiares, pero no podrán despedirse ya que no es posible entregar los cuerpos contagiados por el virus. Para estas familias no murió un recluso, murió un padre o una madre, abuelo/a, hijo/a o hermano/a y pensarán que si el Estado y las autoridades hubieran cumplido su deber la historia sería completamente diferente.

A las juezas y a los jueces colombianos, todos ellos y ellas con poder de efectuar control de constitucionalidad difuso sobre la ley, les queremos recordar que también la legalidad formal dice que la vida es el derecho más importante, y que acudir al argumento del principio de legalidad para negar su protección, como en otras épocas de la historia, puede traer resultados horrendos.

Así, Hanna Arendt, en su libro El juicio contra Eichmann en Jerusalén, narra cómo este teniente coronel del Servicio Secreto Alemán (SS) y sujeto activo de la orden implícita en la “solución final” durante la Segunda Guerra Mundial, expuso como defensa que estos crímenes estaban amparados en el cumplimiento de la Ley:

“Eichmann, mucho menos inteligente y prácticamente carente de educación, vislumbraba, por lo menos, de un modo vago, que no fue una orden sino una ley lo que los estaba convirtiendo a todos en criminales. […] Esta es también la razón en cuya virtud la orden dada por el Führer de que se llevara a cabo la “solución final” fue seguida por un diluvio de reglamentos y ordenanzas, documentos todos redactados por expertos juristas y no por funcionarios administrativos, la orden de Hitler, a diferencia de las órdenes corrientes, recibió el tratamiento propio de una ley. No es necesario añadir que los consecuentes formalismos jurídicos, lejos de ser una simple manifestación de pedantería o perfeccionismo alemán, cumplieron muy eficazmente la función externa de dar apariencia de legalidad a la situación existente. (Arendt, 2013, p. 219).

Por Semillero de Estudios Dogmáticos y Sistema Penal de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia / .

Colectivo abolicionista contra el castigo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicado enColombia
La Universidad de Oxford aspira a tener lista su vacuna en septiembre tras los ensayos en humanos 

El instituto Jenner de Reino Unido ha sido el primer centro europeo en comenzar a probar en personas su candidata a vacuna y planean que sea testada en más de 6.000 personas para finales de mayo. 

 

La carrera científica por detener la covid-19 sigue acelerándose. El instituto Jenner de la Universidad de Oxford, en Reino Unido, ha sido el primer centro europeo en comenzar a probar en humanos su candidata a vacuna. 

Ahora, los científicos dicen que con una aprobación de emergencia de los reguladores, los primeros millones de dosis de su vacuna podrían estar disponibles para septiembre, si resulta ser efectiva. 

El plan, según reporta el diario estadounidense The New York Times, aspira a probar la vacuna en más de 6.000 personas para finales de mayo, pero para que los datos sobre del ensayo sean efectivos, los participantes deberán mostrar que no contrajeron el coronavirus de su entorno. 

No son los únicos en vislumbrar los avances de esta cura, expertos del Laboratorio Rocky Mountain de los Institutos Nacionales de la Salud en Montana inocularon el mes pasado a seis monos con dosis únicas de la vacuna Oxford.

Los animales fueron expuestos a grandes cantidades del coronavirus con las que enfermaron y 28 días después, los seis estaban sanos, según narran los investigadores. 

Aunque los resultados en estos macacos, usados como conejillos de indias, no garanticen que la vacuna proporcione el mismo grado de protección para los humanos, son los avances más exitosos en las investigaciones hacia una vacuna. 

Primeros pacientes en probar la vacuna

El experimento ya ha comenzado a probarse en humanos. Elisa Granato, de 32 años, ha sido una de las dos primeras personas, de las 800 que en las que testará, en someterse a esta vacuna experimental. 

Granato, una de las dos primeras personas de las 800 que en las que testará la vacuna, declaró a la BBC  el pasado 23 de abril que, como científica, que "quería tratar de apoyar el proceso científico siempre que pueda" y que tenía un alto grado de confianza en la vacuna. 

Este proyecto, dirigido por la doctora y profesora de vacunología en el Instituto Jenner, Sarah Gilbert, se ha desarrollado en menos de tres meses. Aunque en anteriores ocasiones Gilbert afirmó que la vacuna funcionaría  "en un 80%", ahora prefiere no poner números a la esperanza.

29/04/2020 11:31

 

Laboratorio en la Universidad Complutense. Álvaro Minguito

La emergencia sanitaria está aflorando la incertidumbre a niveles que hacen tambalear los cimientos de la civilización moderna. Se buscan respuestas rápidas a cuestiones complejas o hasta ahora inexploradas. La sociedad se abraza a la ciencia como en otro tiempo lo hacía a la fe. Pero, ¿realmente está la ciencia preparada para soportar tal desafío?

 

Tras una respuesta dubitativa y la generación de una alarma de consecuencias impredecibles, asistimos a una carrera científica frenética. Las crónicas hacen cábalas acerca de qué laboratorio lleva la delantera sobre la vacuna o qué tratamiento será más efectivo en una enfermedad de certezas exiguas. Ante la amalgama de pronósticos, no se contempla un único plan de choque. Las advertencias de los epidemiólogos, atenuadas antes por la arrogancia, señalan la posibilidad de nuevos rebrotes y confinamientos. Sin embargo, estas consideraciones no tienen cabida en las predicciones económicas e incluso algunos expertos se decantan por atizar a los científicos. Ante tal cantidad de información, el ciudadano no sabe a qué atenerse mientras los defensores de las teorías de la conspiración se frotan las manos.

¿Hay que desconfiar de la ciencia en estos momentos críticos? Más que desconfiar, cabría agarrarse a ella para comprender posibles paradojas en su interpretación y convertirlas en certezas. A pesar de que la emergencia apremia, el espíritu crítico, la prudencia y el rigor fortalecen el análisis. Por el momento la realidad apunta a una tesis: los valores de la sociedad moderna han corrompido una parte del sistema encargado de hacer ciencia. Por suerte, así como el covid-19 está desnudando sus carencias, también está generando multitud de motivos para atisbar un futuro de esperanza.

UNA CIENCIA DESHUMANIZADA

Durante los últimos tiempos, hemos asumido un sistema científico que replica valores nocivos. Aunque la ciencia sea un ente perfecto en su concepción abstracta, los científicos no dejan de ser seres humanos con sus consabidas imperfecciones. Algunos invierten en casas para especular, otros tienen familias a las que apenas conocen o compran objetos que no se han parado a pensar si necesitan. No es de extrañar que el individualismo, la falta de solidaridad, la acumulación de bienes y capital, la inmediatez y la superficialidad a la hora de dar respuestas a problemas complejos tengan su análogo en la ciencia.

Aunque ha sido cuestionado y criticado, hemos asumido que si uno pretende prosperar en el mundo de la academia ha de pasar por el filtro de la publicología. Los artículos son instrumentos que permiten constatar y compartir un avance científico. Sin embargo, el sistema ha invertido el proceso y el descubrimiento científico se ha convertido en un intermediario para otro fin: mejorar el estatus. Entre otras, las consecuencias son la publicación de cantidades ingentes de artículos, el descenso de la calidad y relevancia y la proliferación de prácticas deshonestas.

En una entrevista reciente, Ha-Joon Chang, rostro visible de la economía del desarrollo, bromeaba diciendo que “la forma más segura de destruir el conocimiento es publicarlo en revistas científicas”. Para hacernos una idea, de los dos millones y medio de artículos publicados cada año, se estima que cerca de la mitad no ha sido citado tras cinco años. Entre un 10-20% de los citados, lo han sido únicamente por los mismos autores en otros artículos. Además de publicaciones, la acumulación se extiende a citas, congresos, estancias o proyectos reflejados en currículum vitaes de varias decenas de páginas. En algún momento los investigadores dejamos de ser personas para convertirnos en números que comparar.

Otro de los males de la ciencia moderna es la competición sin límites. Aunque la competición pueda ser un estímulo para la consecución de descubrimientos relevantes —y así pueda ser entendida mediante algunas rivalidades clásicas o frente a emergencias—, la ansiedad por dejar huella puede resultar contraproducente. Tal y como sostiene un estudio de los microbiólogos Fang y Casadevall, la competición científica —entre otras consecuencias— tiene efectos negativos en la creatividad, la salud mental, duplica esfuerzos, reduce la tendencia de los investigadores a compartir información. Además, la hipercompetitividad agranda la brecha existente entre hombres y mujeres. En contraposición, logros como la detección de ondas gravitatorias o la vacuna del ébola apuntan a un modelo cooperativo.

La competición y el afán por publicar están íntimamente ligadas con la precarización de las condiciones laborales, sujetas a las deficiencias en materia de inversión. Sin grandes atisbos de estabilización para los jóvenes, se ha interiorizado la supervivencia mediante sueldos escasos, contratos que más allá de realizar una tesis doctoral no pasan de los dos o tres años. Entendiendo que objetivos y esfuerzos han de ser maleables, se ha normalizado la omnipresencia como método de trabajo, propiciando un estilo de vida diseñado para producir. Sería discutible si esta es una estrategia óptima para atraer talento, teniendo en cuenta que la precariedad se ha estandarizado más allá de las fronteras de la investigación.

Otra de las características que azotan a la ciencia es el cortoplacismo, avivado por la breve duración de los proyectos. La consecución de resultados rápidos ha mermado su rigor, profundidad y originalidad, abonando el terreno para la superficialidad, el inmovilismo y la falta de perspectiva. Precisamente, el aumento de la carga de conocimiento se relaciona con la proliferación de la especialización. Del pensamiento del filósofo Karl Popper subyace la idea de que la especialización implica una desconexión de la realidad, provocando una pérdida de contacto con la gente y su gradual irrelevancia cultural. En estos momentos, donde los conocimientos parecen conectarse con un fin común, las tesis de Popper cobran especial relevancia.

Ante una sociedad que clamaba transparencia, una de las respuestas fue la implementación de una burocratización asfixiante. A pesar de los tímidos avances, nos hemos acostumbrado a que todo el peso burocrático recaiga sobre los investigadores; entregar centenares de documentos para evaluaciones y solicitudes de trabajo o financiación. Mientras tanto, en otros países la tarea se descarga agilizando trámites o mediante secretarías.

La presencia y la valoración de la ciencia en una sociedad hiperestimulada siguen siendo minoritarias. Por fortuna, parte de la comunidad ha entendido la necesidad de manifestarse y comunicarse de forma clara. A pesar de loables esfuerzos en materia de divulgación y la entrada de científicos en las redacciones de medios de comunicación, sigue existiendo una fisura a la hora de explicar el papel de la ciencia. Titulares como “Las matemáticas ayudan a operar el cáncer con éxito” ilustran la desconexión. Ante la falta de liderazgo e influencia social, dicha disociación se acentúa en el ámbito político. Una pequeña intuición: en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso de los Diputados, los científicos son minoría en detrimento de los formados en derecho.

Todos estos factores, junto a la arrogancia y la falta de honestidad para asumir errores, han establecido un caldo de cultivo peligroso para afrontar con garantías los efectos de la epidemia. A modo de estéril consuelo, desde otros países también entonan  discursos de autocrítica, sugiriendo que las miserias del sistema científico puedan ser globales. Varios de los factores mencionados anteriormente tienen su análogo en el sistema económico, tal y como señalaba Noelia Sánchez en un brillante artículo. La transversalidad de los diferentes análisis apuntan a la misma raíz del problema: un sistema que ha devorado al ser humano.

EL COVID19 DESNUDA LA REALIDAD DE LA CIENCIA

La aparición del virus ha removido los cimientos de la ciencia, así como su impacto. Mientras algunos investigadores han preferido instalarse en la posición del “yo ya dije” o seguir con sus rutinas de trabajo con la única novedad de hacerlo desde casa, otros han orientado o intensificado sus esfuerzos hacia los diferentes retos que supone la crisis. En esta última tesitura los compañeros de La Paradoja de Jevons señalaban recientemente el aumento de la presión hacia los investigadores, además de la proliferación de la necesidad de dejar huella en forma de publicología o fotografías.

Esa necesidad se acentuó durante los primeros días de cuarentena. Los medios y los expertos se lanzaban a arrojar luz, induciendo mayor confusión en algunos casos. Entre las informaciones que se hicieron viral, sorprendió una: “Un estudio de matemáticos valencianos sitúa el pico de la pandemia a finales de mayo con 800.000 infectados”, contradiciendo la lógica de haber endurecido el aislamiento. La estimación, basada en un modelo teórico, contaba con una dificultad insuperable: predecir el comportamiento humano. Los titulares y su difusión fueron objeto de amplio consumo, comprometiendo la posterior confianza en el trabajo científico. También quedarán para el recuerdo las directrices del Colegio Oficial de Biólogos de Canarias del 9 de marzo, que apuntaban a que la emergencia eran frutos de la “alarma desmedida y el miedo injustificado”.

La competición tampoco ha faltado a su cita con el covid-19. Distintas administraciones públicas y fundaciones privadas destinaron varios fondos para investigación. Dicha oportunidad no pasó desapercibida, suscitando la atención de propios y extraños. Solo en la Región de Murcia, solicitaron proyecto más de 40 grupos; mientras que el programa CaixaImpulse ha recibido 349 solicitudes para un total de quince proyectos disponibles, diez veces más que en otras convocatorias. La decisión de escoger las mejores propuestas no se antoja sencilla, levantando recelos entre los expertos.

Mientras tanto, la población se muestra expectante ante la llegada de un milagro que convierta a la emergencia en una pesadilla pasada. Hace poco, el escritor Juanjo Millás y el periodista Javier Del Pino se lamentaban por el pesimismo de las novedades científicas, en referencia a la influencia de las condiciones climatológicas sobre el virus. Esta insignificante anécdota ilustra el salto entre esperanza y realidad, acrecentado por un fenómeno tan complejo. Los ciudadanos están en su derecho de desesperar por desconocer los tiempos o frustrarse al constatar que el conocimiento humano puede ser insuficiente para ofrecer respuestas. De nuevo, emerge la necesidad de colaboración entre medios y ciencia con el objeto de llegar a todos los rincones de la sociedad. 

Otra de las carencias desnudadas es la falta de sintonía entre científicos y políticos, debido en parte a los insuficientes mecanismos de asesoramiento. En este sentido, la viróloga Margarita del Val se quejaba de la actitud de los asesores designados por el Gobierno: “Se ha formado un comité de expertos, pero en España hay especialistas de todo tipo y la ciencia puede aportar mucho más de lo que puedan decir un grupo concreto de personas”. Si tenemos en cuenta que según el sector científico las prioridades varían y las respuestas divergen, parece complicado que los gobernantes puedan tomar decisiones consensuadas y, mucho menos, que estas cuenten con el suficiente respaldo.

MOTIVOS PARA LA ESPERANZA

A pesar de la incertidumbre y de la complejidad de la crisis, cada día hay más razones para albergar esperanza. No en vano, Albert Einstein sostenía que “la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos”.

En pocos días hemos constatado como los resultados de los laboratorios se aplican en centros sanitarios o en las medidas de prevención. De entre los cientos de avances, se han establecido protocolos que optimizan tiempo y recursos en la detección; un árbol genealógico de la propagación del virus a través de la plataforma colaborativa Nextstrain; o los proyectos internacionales Covid Human Genetic Effort (COVIDHGE) y The Covid-19 Host Genetics Initiative, que tratan de identificar variantes genéticas influyentes en el desarrollo de la enfermedad.

Desde el CSIC se ha lanzado una apuesta por la colaboración y la trasmisión de conocimiento bajo la plataforma Salud Global, que engloba a más de 150 grupos. Por su parte, la OMS ha encabezado el ensayo clínico Solidaridad, el cual aglutina equipos de setenta países con el fin de lograr un tratamiento. Ana María Henao, responsable de Solidaridad, destacaba en una entrevista que “la colaboración está siendo clave. Se están intercambiando información de los progresos, de los errores y de las estrategias más efectivas”. También el covid-19 ha intensificado la cooperación entre el sector público y el privado, aunque falta saber en qué se traducirá. “Desde la vacuna de la viruela nunca ha habido tanta colaboración”, declaraba Luis Jodar, director del área de vacunas de Pfizer.

Además de Margarita del Val o Ana María Henao, cada vez son más familiares los nombres de científicos como Luis Enjuanes, Salvador Macip, Oriol Mitjà, Antoni Trilla, en detrimento de la popularidad de futbolistas, famosos de realities o instagramers. La ciencia se ha convertido en la fuente principal de noticias y se encuentra en un momento histórico para recuperar su prestigio y trascendencia social.

EL FUTURO PASA POR UNA CIENCIA MEJOR

Además de terapias y vacunas, a corto plazo gran parte de los esfuerzos se destinarán a temas relacionados con el covid-19: estudios genéticos, mejora de equipamientos sanitarios, desarrollo de sistemas de prevención y detección, predicción de propagaciones y consecuencias, inclusión de sistemas tecnológicos…

Sin embargo, los retos que se atisban en el horizonte van más allá. La ciencia no sólo ha de centrarse en problemas puntuales, sino que en su discusión deberá afrontar retos más globales y transversales. Uno de ellos es el equilibrio entre el humano y su entorno natural, dejar de hablar de salud humana para hacerlo de salud planetaria. En este sentido, contener el cambio climático y ofrecer vías para un desarrollo sostenible que encauce el sistema económico se antoja el mayor de los desafíos. Ninguna disciplina quedará al margen, desde las ciencias más básicas hasta las sociales, incluyendo en la ecuación a la digitalización. La concienciación y valoración de una ciencia solidaria y amplia será imprescindible, situando al conocimiento como verdadero motor de cambio.

El lector que haya llegado hasta aquí habrá advertido que este artículo apenas habla de ciencia, centrándose en los humanos que la rigen. Por supuesto, el autor no está exento de los males que aquí señala, pudiendo incurrir en generalidades, vaguedades o contradicciones. Ningún ser humano puede ofrecer toda la perspectiva, pero sí ayudar a construir perspectivas comunes. Sería recomendable ser escéptico con las conclusiones sin un riguroso y cauto debate. Es así como se han levantado las teorías más sólidas.

Se repite el mantra de que la cuarentena es idónea para parar y replantearse todo, empezando por nosotros y siguiendo por nuestro entorno. Quizá sea momento de asumir errores y renfocar carreras, ampliar las miras para reconectarnos con la realidad. Volver a la senda del debate colectivo y la solidaridad, de ser honestos con nuestros esfuerzos y resultados, de pensar en grande en lugar de aislarnos en nuestras burbujas. Sólo así volveremos a orientar la ciencia hacia su fin: comprender el mundo para dar respuestas.

Por Rafalé Guadalmedina

29 abr 2020 05:00