El exministro de Energía y Petróleo Rafael Ramírez (primero por la izquierda) y el expresidente de Venezuela Hugo Chávez en una visita a los trabajadores de PDVSA en Caracas en octubre de 2008.AFP PHOTO / THOMAS COEX

La fiscalía define por primera vez al cabecilla del saqueo de 2.000 millones de euros de la petrolera estatal como “socio" del exministro

Rafael Ramírez

Se llamaban “empresas de maletín, carecían de actividad y sirvieron para ocultar un emporio inmobiliario en Venezuela fraguado con los más de 2.000 millones de euros expoliados por una red de exministros del Gobierno de Hugo Chávez (1999-2013) de la joya de la corona del país, la estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).

El empresario Diego Salazar, presunto cerebro de la trama que saqueó PDVSA, controló un tinglado de 100 compañías fantasma en Venezuela para ocultar la adquisición de propiedades en el país latinoamericano, según los documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS.

Por primera vez, el ministerio público venezolano sitúa a Salazar como “socio” de Rafael Ramírez, el que fuera presidente de PDVSA, ministro de Energía y Petróleo y hombre fuerte de los Gobiernos de Chávez.

La telaraña mercantil de Salazar se constituyó entre 2004 y 2016 y controló directamente 28 propiedades. Un apartamento junto a la paradisíaca playa de Tucacas, en el Estado de Falcón, brillaba en el emporio.

La maraña societaria tenía un denominador común: la mayoría de firmas compartían domicilio fiscal. Y 39 de ellas se encontraban en el centro de negocios de Salazar, un acristalado enjambre de oficinas en la Torre Edicampo del municipio de Chacao. Solo una de las compañías, Inversiones CS, cuyo accionista era Luis Mariano Rodríguez, primo de Salazar, tenía 11 locales comerciales a su nombre.

“La finalidad [de las empresas] era ocultar los bienes y la fortuna de los verdaderos propietarios”, indica la Fiscalía de Venezuela en un escrito de acusación contra Salazar y su primo José Enrique Luondo. El documento atribuye a los investigados los delitos de corrupción, tráfico de influencias, legitimación de capitales (blanqueo) y asociación.

Los investigadores descubrieron el tinglado empresarial ficticio durante las indagaciones del saqueo de la petrolera pública. Tirando del hilo, hallaron al registrar decenas de domicilios que las supuestas compañías ocupaban locales vacíos. Así lo reveló en 2017 una inspección policial a dos presuntas firmas controladas por Salazar en la Torre JWM El Rosal de Caracas.

Junto a Salazar y Luondo, las sociedades instrumentales tenían en sus órganos sociales a otros dos miembros del denominado clan Salazar, Rosycela Díaz Gil y Luis Mariano Rodríguez Cabello.

La Fiscalía de Venezuela sitúa a Salazar en el epicentro de una trama de cobro de comisiones a empresas entre 2007 y 2012. Su red se valía para hacer caja de la relación con su primo Rafael Ramírez, que dirigió 12 años PDVSA. Durante este periodo, la petrolera estatal pagó 4,5 millones de euros por informes inexistentes a Alejo Morodo, hijo del exembajador de España en Caracas, Raúl Morodo.

La organización de Salazar blanqueó en Andorra –según la Fiscalía- un total de 1.347 millones entre 2011 y 2012. El dinero procedía de presuntas comisiones abonadas por compañías, principalmente chinas, a cambio de adjudicaciones del Estado de Venezuela. La red pagaba millonarias comisiones a los directivos de PDVSA y sus filiales con capacidad para otorgar contratos.

Contrato verbal de 10 millones

Los documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS revelan que otro de los miembros de la trama, el que fuera viceministro de Energía del Gobierno de Hugo Chávez entre 2004 y 2006, Nervis Villalobos, abonó en la Banca Privada d’Andorra (BPA) 5,2 millones a José Luis Parada, exdirector de Producción de PDVSA. Villalobos ordenó el pago a través de una de sus sociedades panameñas, Tristaina Trading, en virtud de un “acuerdo verbal” en enero de 2010. El exviceministro se comprometía en el acuerdo hablado a retribuir al directivo de la petrolera con hasta 10 millones. Parada solo cobró en la BPA 5,2 en un traspaso interno, un mecanismo que no deja rastro, según un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIFAND) del pasado octubre. Un juzgado del principado pirenaico procesó en 2018 a Villalobos junto a otras 27 personas por el saqueo de la petrolera.

A través de otra sociedad instrumental panameña, Josland Investments, Villalobos también transfirió 440.000 euros a Alonso Javier Rodríguez, ex responsable de Proyectos de Corpolec, filial eléctrica de petrolera. Rodríguez justificó ante la BPA sus ingresos como honorarios por unos supuestos servicios de asesoría. Como él, otros altos funcionarios del conglomerado energético venezolano esgrimieron este argumento para burlar los controles de prevención de blanqueo del banco. Una justificación que no convence a los investigadores.

Las pesquisas enmarcan estos pagos en un mecanismo de sobornos a cambio de adjudicación de obras. En esta línea, la trama desembolsó en la BPA 3,5 millones en febrero de 2012 a Carmelo Urdaneta, exabogado del Ministerio de Petróleo del Ejecutivo de Chávez.

Un préstamo bajo sospecha

Las indagaciones también han aflorado sospechosas operaciones que tienen como protagonista a Mariela Matheus Baptista, ex supervisora de pagos de PDVSA y PDVIC. La antigua empleada de la petrolera cobró 250.000 dólares en marzo de 2011 como supuesta devolución de un préstamo que le concedió a una de las sociedades de la trama, High Advisory Consulting. Los investigadores consideran que no existió tal préstamo, ya que la firma receptora del dinero tenía una liquidez de 5,8 millones. Las pesquisas conectan la transacción con un soborno. Matheus Baptista fue arrestada en España el pasado julio por su presunta conexión con la trama que saqueó la petrolera.

Por otra parte, la juez instructora del caso en Andorra ha ordenado rastrear el patrimonio en el principado pirenaico del que fuera directivo de la filial de PDVSA Corporación Eléctrica Nacional (CADAFE), Carlos Enrique Luongo. El exdirectivo manejó una cuenta en la BPA donde cobró 172.544 euros entre 2013 y 2014 por supuestos servicios de asesoría. La magistrada también quiere cuantificar el supuesto botín en Andorra del que fuera primer secretario de la Embajada de Venezuela en Pekín Luis Enrique Tenorio. La red de Salazar cobró presuntamente comisiones a empresas chinas para “facilitar” contratos en Venezuela.

La misteriosa caja fuerte de Salazar

Salazar fue arrestado en diciembre de 2017 en la cocina de una de sus tres oficinas de 600 metros de la Torre Edicampo de Chacao. Los investigadores encontraron en la caja fuerte de su dormitorio un documento de 14 páginas de un juzgado de Andorra del 30 de noviembre de 2012, cuando arrancó en el país pirenaico la investigación del expolio de la petrolera. Otro de los papeles revelaba que Salazar dio poderes en 2015 a Carlos Enrique Luongo para comprar el 80% de la firma de ingeniería de San Sebastián de los Reyes (Madrid) RLG Asociados.

A golpe de transferencias invisibles, la red de Salazar movió su botín a través de un enjambre de 40 empresas. De Andorra, un pequeño Estado en Europa blindado hasta 2017 por el secreto bancario, el dinero viajó a los paraísos fiscales de Belice, Panamá e Islas Vírgenes Británicas.

Por Joaquín Gil

José María Irujo

Madrid - 12 jun 2020 - 12:47 COT

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Martes, 04 Junio 2019 09:18

Desventuras de un país extraditado

Desventuras de un país extraditado

No hay por qué sorprenderse de las actitudes del gobierno de los Estados Unidos ni de las actividades de su embajada en Colombia. Los últimos acontecimientos –el retiro de las visas a congresistas y magistrados– no son más que expresiones de la imposición de sus intereses imperiales. Y en este momento, lo que más les interesa del Estado colombiano es su contribución a la llamada “guerra contra las drogas”. No es este país, pese a la retórica, que repiten políticos y periodistas nativos, acerca del “mejor aliado”, un actor importante para ellos; ni en lo diplomático, ni en lo político, ni mucho menos en lo económico. Más bien debería sorprendernos la ausencia de respuesta de parte de los colombianos, incluida la mayoría de los propios afectados.

Esta es la hora en que el Presidente continúa guardando un elocuente silencio. Las Cortes, en sus cuidadosas declaraciones, solamente se atrevieron a dejar en claro su compromiso con la independencia judicial, más para dar tranquilidad a sus conciudadanos que para expresar una verdadera protesta. Poco se podía esperar. En la JEP, por ejemplo, ya dos magistradas se habían anticipado a salvar el voto en la decisión de solicitar pruebas al tribunal de los Estados Unidos en el caso Santrich, lo cual simplemente buscaba verificar la fecha de ocurrencia del presunto delito, con el argumento de que sería una “invasión de la autonomía judicial de los Estados Unidos” y pondría en peligro la cooperación. Entre los políticos, e intelectuales varios, hemos escuchado apenas refunfuñar. Y entre los medios periodísticos, solamente las reseñas noticiosas y una que otra columna de opinión sobre el tema, siendo las más contundentes, por cierto, aquellas dedicadas a justificar las medidas como un simple requisito de inmigración al que no valía la pena buscarle significados ocultos. Pero ya deberíamos estar acostumbrados. Es apenas un episodio más de una larga historia de imposiciones y humillaciones.

El significado de las medidas es bastante sencillo y ya había sido exteriorizado, sin ninguna cortesía, por el embajador Whitaker en su labor de presión en favor de las objeciones de Duque a la Ley estatutaria de la JEP, labor cuya denuncia fue precisamente la motivación inmediata del retiro de la visa del representante Cárdenas. No se necesita, en efecto, mucha astucia para entender que esta medida es utilizada sistemáticamente para sancionar, ejercer presión o infundir miedo. Recordemos, para no ir más lejos, que le fue aplicada, en su momento, al presidente Samper. A él no le afectó mucho, pero sí produjo cambios significativos en el interior del país político. A la medida le debemos, además de la obsecuencia de este patricio liberal, la elección subsiguiente de Pastrana, obediente como el que más, y la imposición del famoso Plan Colombia. En la presente coyuntura, es evidente que está en juego el buen funcionamiento del mecanismo de extradición de nacionales colombianos a los Estados Unidos. No se trata principalmente de Santrich, que parece interesar más a la derecha uribista colombiana, como lo fue en el caso de Simón Trinidad, sino del mecanismo en sí. Se trata, en pocas palabras, de asegurar que en la legislación, incluso en la que se puede derivar de los acuerdos de La Habana, se preserve, sin ambigüedad alguna, el procedimiento de extradición, tal como lo interpretan hasta ahora, una de cuyas características es la mínima justificación o sea que basta la solicitud de una instancia judicial en los Estados Unidos para llevar a cabo el procedimiento. Mayor subordinación judicial no puede concebirse.

Es cierto que la extradición está convertida en una de las armas favoritas para la ejecución de la venganza uribista en contra de los principales dirigentes de la Farc, pero coincide en un todo con la actual política de Trump. Y qué mejor que el servilismo largamente comprobado de las elites colombianas. Es en ese sentido que Duque y su vicepresidenta insisten así mismo en retomar la fumigación aérea con glifosato sobre los cultivos de coca, sin importar la certeza hace tiempo existente acerca de los efectos perjudiciales de este químico sobre los ecosistemas y la salud de los seres humanos y los animales.

Pero a un mandatario como Trump, que niega incluso el cambio climático, le tienen sin cuidado tales minucias científicas y, bien es sabido, órdenes son órdenes. Órdenes cuyo carácter perentorio, dicho sea de paso, no es directamente proporcional a lo auténtico de su compromiso contra el narcotráfico sino a la magnitud de su arrogancia. Cuestión de estilo, que ya lo ha hecho famoso, y tan temido como aquel Roosevelt del gran garrote. El imperialismo en su agonía busca parecerse al recién nacido. Pues bien, en el colmo del envilecimiento, Duque no hace otra cosa que doblarse ante el amo quien no contento con someterlo y sacarle provecho se complace en humillarlo. Es esto lo más grave, la actitud de quien dice representar a Colombia. Ya lo hemos visto desde que asumió la presidencia, en primera línea de combate verbal y diplomático en contra del gobierno de Venezuela.

En estos tiempos de bicentenarios, del diez o del diecinueve que para el efecto es lo mismo, bueno es hacer conciencia que la verdadera independencia no es sencillamente aquella que se logró dentro y contra el imperio español, sino la que hubiera podido construirse frente a las sucesivas potencias mundiales del capitalismo. Pero vanos han sido los esfuerzos, y la explicación es muy simple: la preservación de este orden nacional edificado sobre la segregación racial, la expoliación de la economía campesina, el saqueo de los recursos y la explotación del trabajo, sólo ha sido posible con el apoyo de la política y las armas extranjeras. Nuestras oligarquías tradicionales y nuestras burguesías modernas han sido siempre tan serviles hacia el exterior como inescrupulosas y despiadadas en la opresión doméstica. Bien se dice que el único placer que han tenido estos pueblos de Latinoamérica es el de cambiar de amo y es casi automático mencionar, después de España, a Gran Bretaña y Estados Unidos. Y si algún atraso tiene Colombia es el de permanecer todavía en la órbita del planeta yanqui cuando el resto de países ya miran hacia el Pacífico.

Una ilustración, nada más que eso, es el asunto de la extradición que, como dijimos, es lo que parece estar en juego, en esta deshonrosa coyuntura. Su definición es de por sí estigma del sometimiento. Equivale a una confesión: los propios colombianos descreen de la justicia doméstica. Es tan cobarde, tan poco transparente y tan deshonesta, que para enfrentar a los grandes criminales es preciso pedir ayuda a otra justicia, la extranjera, que sí posee las virtudes y los méritos de los que acá se carece. En tales circunstancias, ¡cómo podemos esperar una actitud digna del poder judicial! Nada de extraño tendría que, después de gritar a los cuatro vientos su independencia, y una vez devueltas las visas a los agraviados, decidieran, supuestamente “superados los riesgos de indebida presión”, extraditar a Santrich y dar curso a las objeciones presidenciales. Pero nadie, ni siquiera en la izquierda, se atreve a hablar mal de la extradición, ante el temor de ser acusado de amigo de los narcotraficantes. Y pensar que es en la derecha en donde abundan.

Poca autoridad moral tienen, pues, estos políticos de traspatio para andar celebrando bicentenarios. Quizá por ello, en un arranque de bufonería, y para cortejar al amo, a Iván Duque se le ocurrió agradecer nuestra independencia de España a los “padres fundadores” de los Estados Unidos. ¿Qué podemos hacer si es el propio guardián quien les abre las puertas de la casa a los asaltantes? Cambiar de guardián, por supuesto. La única independencia genuina sería pues aquella que surgiera de una radical transformación interna. Por lo pronto, frente a tanta ruindad, donde la bajeza se cruza con la imbecilidad, lo único que podemos hacer, y nos referimos a la parte sana de la nación, es enrojecer de vergüenza.

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Lunes, 03 Junio 2019 10:04

Desventuras de un país extraditado

Desventuras de un país extraditado

No hay por qué sorprenderse de las actitudes del gobierno de los Estados Unidos ni de las actividades de su embajada en Colombia. Los últimos acontecimientos –el retiro de las visas a congresistas y magistrados– no son más que expresiones de la imposición de sus intereses imperiales. Y en este momento, lo que más les interesa del Estado colombiano es su contribución a la llamada “guerra contra las drogas”. No es este país, pese a la retórica, que repiten políticos y periodistas nativos, acerca del “mejor aliado”, un actor importante para ellos; ni en lo diplomático, ni en lo político, ni mucho menos en lo económico. Más bien debería sorprendernos la ausencia de respuesta de parte de los colombianos, incluida la mayoría de los propios afectados.

Esta es la hora en que el Presidente continúa guardando un elocuente silencio. Las Cortes, en sus cuidadosas declaraciones, solamente se atrevieron a dejar en claro su compromiso con la independencia judicial, más para dar tranquilidad a sus conciudadanos que para expresar una verdadera protesta. Poco se podía esperar. En la JEP, por ejemplo, ya dos magistradas se habían anticipado a salvar el voto en la decisión de solicitar pruebas al tribunal de los Estados Unidos en el caso Santrich, lo cual simplemente buscaba verificar la fecha de ocurrencia del presunto delito, con el argumento de que sería una “invasión de la autonomía judicial de los Estados Unidos” y pondría en peligro la cooperación. Entre los políticos, e intelectuales varios, hemos escuchado apenas refunfuñar. Y entre los medios periodísticos, solamente las reseñas noticiosas y una que otra columna de opinión sobre el tema, siendo las más contundentes, por cierto, aquellas dedicadas a justificar las medidas como un simple requisito de inmigración al que no valía la pena buscarle significados ocultos. Pero ya deberíamos estar acostumbrados. Es apenas un episodio más de una larga historia de imposiciones y humillaciones.

El significado de las medidas es bastante sencillo y ya había sido exteriorizado, sin ninguna cortesía, por el embajador Whitaker en su labor de presión en favor de las objeciones de Duque a la Ley estatutaria de la JEP, labor cuya denuncia fue precisamente la motivación inmediata del retiro de la visa del representante Cárdenas. No se necesita, en efecto, mucha astucia para entender que esta medida es utilizada sistemáticamente para sancionar, ejercer presión o infundir miedo. Recordemos, para no ir más lejos, que le fue aplicada, en su momento, al presidente Samper. A él no le afectó mucho, pero sí produjo cambios significativos en el interior del país político. A la medida le debemos, además de la obsecuencia de este patricio liberal, la elección subsiguiente de Pastrana, obediente como el que más, y la imposición del famoso Plan Colombia. En la presente coyuntura, es evidente que está en juego el buen funcionamiento del mecanismo de extradición de nacionales colombianos a los Estados Unidos. No se trata principalmente de Santrich, que parece interesar más a la derecha uribista colombiana, como lo fue en el caso de Simón Trinidad, sino del mecanismo en sí. Se trata, en pocas palabras, de asegurar que en la legislación, incluso en la que se puede derivar de los acuerdos de La Habana, se preserve, sin ambigüedad alguna, el procedimiento de extradición, tal como lo interpretan hasta ahora, una de cuyas características es la mínima justificación o sea que basta la solicitud de una instancia judicial en los Estados Unidos para llevar a cabo el procedimiento. Mayor subordinación judicial no puede concebirse.

Es cierto que la extradición está convertida en una de las armas favoritas para la ejecución de la venganza uribista en contra de los principales dirigentes de la Farc, pero coincide en un todo con la actual política de Trump. Y qué mejor que el servilismo largamente comprobado de las elites colombianas. Es en ese sentido que Duque y su vicepresidenta insisten así mismo en retomar la fumigación aérea con glifosato sobre los cultivos de coca, sin importar la certeza hace tiempo existente acerca de los efectos perjudiciales de este químico sobre los ecosistemas y la salud de los seres humanos y los animales.

Pero a un mandatario como Trump, que niega incluso el cambio climático, le tienen sin cuidado tales minucias científicas y, bien es sabido, órdenes son órdenes. Órdenes cuyo carácter perentorio, dicho sea de paso, no es directamente proporcional a lo auténtico de su compromiso contra el narcotráfico sino a la magnitud de su arrogancia. Cuestión de estilo, que ya lo ha hecho famoso, y tan temido como aquel Roosevelt del gran garrote. El imperialismo en su agonía busca parecerse al recién nacido. Pues bien, en el colmo del envilecimiento, Duque no hace otra cosa que doblarse ante el amo quien no contento con someterlo y sacarle provecho se complace en humillarlo. Es esto lo más grave, la actitud de quien dice representar a Colombia. Ya lo hemos visto desde que asumió la presidencia, en primera línea de combate verbal y diplomático en contra del gobierno de Venezuela.

En estos tiempos de bicentenarios, del diez o del diecinueve que para el efecto es lo mismo, bueno es hacer conciencia que la verdadera independencia no es sencillamente aquella que se logró dentro y contra el imperio español, sino la que hubiera podido construirse frente a las sucesivas potencias mundiales del capitalismo. Pero vanos han sido los esfuerzos, y la explicación es muy simple: la preservación de este orden nacional edificado sobre la segregación racial, la expoliación de la economía campesina, el saqueo de los recursos y la explotación del trabajo, sólo ha sido posible con el apoyo de la política y las armas extranjeras. Nuestras oligarquías tradicionales y nuestras burguesías modernas han sido siempre tan serviles hacia el exterior como inescrupulosas y despiadadas en la opresión doméstica. Bien se dice que el único placer que han tenido estos pueblos de Latinoamérica es el de cambiar de amo y es casi automático mencionar, después de España, a Gran Bretaña y Estados Unidos. Y si algún atraso tiene Colombia es el de permanecer todavía en la órbita del planeta yanqui cuando el resto de países ya miran hacia el Pacífico.

Una ilustración, nada más que eso, es el asunto de la extradición que, como dijimos, es lo que parece estar en juego, en esta deshonrosa coyuntura. Su definición es de por sí estigma del sometimiento. Equivale a una confesión: los propios colombianos descreen de la justicia doméstica. Es tan cobarde, tan poco transparente y tan deshonesta, que para enfrentar a los grandes criminales es preciso pedir ayuda a otra justicia, la extranjera, que sí posee las virtudes y los méritos de los que acá se carece. En tales circunstancias, ¡cómo podemos esperar una actitud digna del poder judicial! Nada de extraño tendría que, después de gritar a los cuatro vientos su independencia, y una vez devueltas las visas a los agraviados, decidieran, supuestamente “superados los riesgos de indebida presión”, extraditar a Santrich y dar curso a las objeciones presidenciales. Pero nadie, ni siquiera en la izquierda, se atreve a hablar mal de la extradición, ante el temor de ser acusado de amigo de los narcotraficantes. Y pensar que es en la derecha en donde abundan.

Poca autoridad moral tienen, pues, estos políticos de traspatio para andar celebrando bicentenarios. Quizá por ello, en un arranque de bufonería, y para cortejar al amo, a Iván Duque se le ocurrió agradecer nuestra independencia de España a los “padres fundadores” de los Estados Unidos. ¿Qué podemos hacer si es el propio guardián quien les abre las puertas de la casa a los asaltantes? Cambiar de guardián, por supuesto. La única independencia genuina sería pues aquella que surgiera de una radical transformación interna. Por lo pronto, frente a tanta ruindad, donde la bajeza se cruza con la imbecilidad, lo único que podemos hacer, y nos referimos a la parte sana de la nación, es enrojecer de vergüenza.

Publicado enEdición Nº257
Domingo, 02 Julio 2017 05:55

El gran sueño africano

El gran sueño africano

Con la llegada del verano, volvemos a asistir a los repetidos y a veces trágicos asaltos contra las murallas alambradas de Melilla, llevados a cabo –con sofisticadas técnicas y artimañas de asedio medieval– por disciplinadas columnas de jóvenes subsaharianos. En otras zonas (Canarias, la isla italiana de Lampedusa, las costas de Sicilia, de Grecia, de Chipre, de Malta y la isla francesa de Mayotte, cerca de Madagascar), los “invasores” llegan casi siempre a las playas de noche –cuando no zozobran–, en silenciosas embarcaciones, como antaño lo hacían sin duda vikingos, normandos o sarracenos.


En Europa y en otras partes del mundo rico, muchos (entre ellos el presidente estadounidense Donald Trump) tienden a considerar a esos “asaltantes” como agresores, delincuentes y hasta criminales. La extrema derecha europea reclama más mano dura para repeler a los intrusos, menos miramientos, y la adopción urgente de medidas más radicales. Más vigilancia, más policía, más ejército, más expulsiones... Y no siempre se pregunta: ¿por qué causas están dispuestas esas personas a correr tantos riesgos para, en definitiva, poner, por precio vil, al servicio de nuestro confort y nuestro alto nivel de vida, su fuerza de trabajo?
El África Subsahariana es una de las regiones más empobrecidas del planeta.


Con una pobreza extrema que se explica por diversos factores. En primer lugar: la trata de esclavos, crimen y genocidio que vació durante siglos el subcontinente de millones de sus hombres y mujeres más jóvenes, sanos y fornidos, obligando a comunidades enteras a vivir escondidas y aisladas en las profundidades de la jungla, sin contacto alguno con los progresos de la técnica y de la ciencia.


Rememorarse también que África ha sido, hasta hace apenas unos decenios, tierra de colonización. De una colonización impuesta por las potencias europeas a sangre y fuego, a base de guerras, exterminios y deportaciones. Todos los poderes locales que osaron oponerse y resistir a los conquistadores –portugueses, holandeses, británicos, franceses, alemanes, italianos o españoles– fueron aplastados.


En el aspecto económico, las potencias coloniales establecieron, de modo autoritario, una economía fundada en la exportación de materias primas hacia la “metrópoli” y en el consumo obligatorio de productos manufacturados producidos en Europa. De esa manera, África perdió en los dos tableros. Y esa doble explotación, por lo esencial, no se ha modificado.


Por ejemplo, Costa de Marfil, primer productor mundial de cacao (el 40% del volumen mundial) nunca ha podido desarrollar una industria chocolatera exportadora. Lo mismo se puede afirmar de Malí o Níger, dos de los principales productores de algodón, quienes se han hallado en la imposibilidad de montar una verdadera industria textil. Y eso porque, en general, las excesivas tarifas aduaneras impuestas por los países importadores ricos a los eventuales productos elaborados en el Sur arruinan toda posible competencia con los productos fabricados en el Norte.


Los países desarrollados quieren conservar la exclusividad de la transformación de las materias primas, o, en el marco de la globalización liberal, aceptan deslocalizar sus fábricas hacia China o Bangladesh, donde la mano de obra es hábil, dócil y sobre todo barata, pero no están en absoluto dispuestas a invertir en África, ni en desarrollar en este continente un sector industrial importante.


La división internacional del trabajo, efectuada en favor de los intereses de los países del Norte, atribuye a África un papel subalterno, marginal, lo cual impide a este continente entrar en la espiral virtuosa del desarrollo.


Las fabulosas riquezas mineras y forestales del continente africano son vendidas a precios de saldo, para el mayor enriquecimiento de las empresas importadoras y transformadoras del Norte. De ese modo, no se crean empleos ni siquiera en las industrias agroalimentarias, que es el sector básico a partir del cual se puede edificar un verdadero desarrollo agrícola, y más tarde industrial. Por eso también, África es el último continente que aún conoce con regularidad crisis alimentarias y hasta hambrunas.


Esta región del mundo, tan a menudo calificada por los medios dominantes del Norte de “subdesarrollada”, “violenta”, “caótica” e “infernal”, no habría conocido tal inestabilidad política – golpes de Estado militares, insurrecciones, masacres, genocidios, guerras civiles, terrorismo yihadista–, si los países ricos del Norte (empezando por las antiguas potencias coloniales) le hubiesen ofrecido posibilidades de desarrollo reales en lugar de seguir explotándola. La pobreza creciente se ha convertido en causa de desorden político, de corrupción, de nepotismo y de inestabilidad crónica. Y esta misma inestabilidad desalienta a los inversores, tanto locales como internacionales. Con lo cual se cierra el círculo vicioso del laberinto de la pobreza.


Todo esto explica por qué hoy un (o una) joven del sur del Sahara, en plena salud y a menudo con buena formación educativa, no desea seguir viviendo en lo que es el calabozo del mundo. Decenas de miles, en este momento, están marchando hacia los vados que conducen a Europa, con la esperanza de poder vivir, por fin, una vida normal. Y quizá también con la reivindicación inconsciente de que algo les debemos de nuestra riqueza actual.


Esto es solo el comienzo, y no se sabe qué tipo de muros habrá que construir para desalentar el flujo. Porque el Banco Mundial acaba de advertir de que la bomba demográfica ya ha estallado, y que ya hay en los países pobres unos 2.500 millones de jóvenes menores de 22 años que no encuentran trabajo en sus países. Y cuya única perspectiva es correr al asalto de las murallas de Europa...


Para algunos países africanos del Sahel, que están entre los Estados más pobres del mundo, como Malí, Burkina Faso, Níger y Chad, el algodón, “oro blanco”, representa entre un 30% y un 40% del valor de sus exportaciones. Es, por consiguiente, un producto vital del que, en estos Estados, viven directamente tres millones de agricultores e indirectamente más de quince millones de personas... “El algodón está ligado a la historia de África y a la penosa historia de la esclavitud –dice Aminata Traoré, exministra de Cultura de Malí–, pero hoy queremos que nos ayude a liberarnos y no que nos esclavice de nuevo”.


Estos países pobres, en los últimos decenios, han sacrificado otras infraestructuras y han hecho esfuerzos considerables (construcción de embalses, canales de riego) para aumentar las superficies dedicadas al cultivo del algodón. Y hoy se encuentran en una situación dramática porque, a pesar del bajísimo coste de una producción realizada por campesinos pobres, el algodón africano se vende mal a la exportación y resulta más caro que el que producen algunos países ricos como Estados Unidos, que controla el 30% de las exportaciones mundiales de la fibra blanca.


¿Cómo es posible que el algodón producido a precio de oro en Norteamérica resulte más barato que el que se cultiva a coste infrahumano en África? Sencillamente porque Washington vierte a sus productores de algodón unas subvenciones anuales de unos 3.000 millones de dólares... Por eso el algodón estadounidense puede venderse en el mercado internacional a un precio inferior al de su coste y hasta más bajo que el precio del “oro blanco” africano.


Consecuencia: si esas subvenciones se mantienen, se producirá una catástrofe económica de gran envergadura en esos países africanos del Sahel que ya se encuentran entre los menos avanzados del planeta. Millones de agricultores seguirán abandonando el campo para ir a enrolarse en los ejércitos yihadistas que controlan gran parte del Sahel; o irán a hacinarse en los barrios de chabolas de las periferias urbanas desde donde la miseria y el hambre empujarán a los más atrevidos a tratar de emigrar a Europa. A bordo de cayucos hasta Canarias, o atravesando el desierto del Sahara hasta Libia intentando después cruzar a Italia.


Del algodón a la patera solo hay un paso. Y aunque parezca que una cosa no tiene que ver con la otra, los países de la Unión Europea, y entre estos los más expuestos a la entrada de los inmigrantes clandestinos subsaharianos, deberían insistir para que se supriman las subvenciones a las exportaciones agrícolas, y en particular a las del algodón, que solo benefician a unos miles de agricultores norteamericanos mientras arruinan a millones de africanos.


Recordemos que la actividad principal, a escala planetaria, sigue siendo la agricultura. De todos los campesinos del mundo, apenas unos 30 millones disponen de un tractor, 250 millones trabajan con instrumentos de tracción animal y 1.300 millones usan herramientas manuales... Esa es la dramática realidad de la agricultura de hoy.
En junio de 2005, para tratar la situación de África y como coartada en dirección a la opinión pública mundial, los jefes de Estado del G-8 invitaron a los presidentes de Sudáfrica, Argelia, Etiopía, Ghana, Senegal y Tanzania, además de a Kofi Annan, entonces secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La idea de Tony Blair, primer ministro británico en aquel momento y que presidía ese G-8, era reducir la deuda externa de los países intermediarios, después de haber reducido la de trece países pobres de África. También proponía aumentar la ayuda pública al desarrollo (APD) unos 25.000 millones de dólares al año durante un lustro hasta alcanzar el 0,75% del producto nacional bruto (PNB). El presidente estadounidense George W. Bush se opuso a ello bajo el pretexto de que África no sería capaz de absorber tal cantidad de capitales... Sin embargo, la ayuda propuesta por Tony Blair era inferior a lo que estaba costando entonces la guerra de Irak. Otros observadores recordaron que Estados Unidos consintió consagrar, después de la Segunda Guerra Mundial, no el 0,75% de su PNB, sino el 1% durante cuatro años para ayudar a reconstruir Europa con el Plan Marshall...


Si de verdad quisieran ayudar a África, los países ricos tendrían que tomar, con urgencia, cinco sencillas medidas:


— Primera, suprimir definitivamente la deuda externa africana (por cada dólar prestado, África ya ha devuelto 1,3 dólares solo en intereses).
— Segunda, suprimir las subvenciones a las exportaciones agrícolas que inundan, a precios de saldo, los mercados de los países en desarrollo y destruyen la agricultura local.
— Tercera, abrir los mercados agrícolas de Norteamérica, de la Unión Europea y de Japón a los productos africanos.
— Cuarta, aceptar que los países africanos establezcan una política proteccionista en favor de sus producciones locales tanto agrícolas como industriales, sin que el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial los sancione.
— Y quinta, reorientar la investigación farmacéutica para curar las epidemias endémicas de África (cuando hoy, el 90% de la investigación farmacéutica está orientada a mejorar la vida del 10% de la población rica mundial).


Los recursos abundan y existen soluciones para erradicar la pobreza en África y en el resto del planeta; falta voluntad política. ¿Cuándo se acabará de admitir que suprimiendo la pobreza y las injusticias, se suprimen las principales causas del terrorismo en el mundo?

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Sábado, 15 Abril 2017 08:40

Ley de biodiversidad legaliza el saqueo

Ley de biodiversidad legaliza el saqueo


La propuesta de Ley General de Biodiversidad presentada en octubre de 2016 por una senadora del Partido Verde Ecologista de México plantea un mecanismo de privatización de los recursos genéticos del país y de los conocimientos indígenas asociados a éstos. Según la propuesta, el gobierno tendría la potestad de autorizar la privatización, incluso sin consentimiento real de los pueblos indígenas, o con opiniones contrarias de otras instituciones, ya que éstas quedan reducidas a meras opiniones. El "consentimiento fundamentado previo" que se cita en dicha propuesta de ley es mero discurso, ya que puede ser cumplido si una empresa encuentra una persona o una sola comunidad que esté dispuesta a firmar un contrato, aunque se trate de recursos y conocimientos colectivos de pueblos enteros, que en muchos casos están en varios países.

 

La propuesta se está discutiendo en el Senado y ha sido criticada por muchas organizaciones, principalmente ambientalistas y conservacionistas, porque además de no haber sido consultada, deja muchos huecos en otros temas relativos a la biodiversidad, como bosques, áreas naturales protegidas, conservación de especies amenazadas, incluso violando convenciones internacionales de las que México es firmante.

 

Esto porque pretende convertirse en una "superley", que abroga y/o subsume varias otras: elimina la Ley General de Vida Silvestre y estipula que las leyes General de Desarrollo Forestal Sustentable, General de Pesca y Acuacultura Sustentables y la de Desarrollo Rural Sustentable, se deben atener a ésta, al tiempo que deroga una parte de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y "todas las disposiciones jurídicas que se opongan a la presente ley".

 

Greenpeace México llamó a esta propuesta un "monstruo creado con parches de otras leyes que sólo logra contradicciones, incongruencias, lagunas jurídicas y confusiones, que de ser aprobada será un retroceso en la conservación de la biodiversidad" (...) algo que sólo se puede entender si se considera que uno de los autores de dicha ley es un ex funcionario que fue denunciado por el propio Partido Verde por tráfico de especies.” ( http://tinyurl.com/k6abqhl )

 

El único tema "nuevo" de esta propuesta, es que se propone legislar sobre el uso, acceso y reparto de beneficios derivados de la utilización de recursos genéticos, para incorporar en una ley nacional el contenido del Protocolo de Nagoya, del Convenio de Diversidad Biológica (CDB).

 

El Protocolo de Nagoya es, entre otras cosas, un canal para legalizar la biopiratería. Para éste, la privatización de un recurso o conocimiento colectivo sólo se considera biopiratería si no está legalizada. Biopiratería es lo que las trasnacionales farmacéuticas, agrícolas, cosméticas y otras instituciones han hecho por décadas, con las semillas, plantas, hierbas medicinales, microbios, hongos. Pero exactamente el mismo acto se convertiría en legal si existe un contrato con supuestos "dueños" de esos recursos o conocimientos, con alguna mínima compensación. Así las empresas puede asegurar legalmente su monopolio e impedir el acceso a todos los demás. Esa privatización de bienes colectivos, no la objeta el Protocolo de Nagoya ni esta propuesta.

 

El capítulo III de la propuesta de ley afirma: "El acceso a los recursos genéticos para su uso sustentable estará sujeto al consentimiento fundamentado previo de la nación, otorgado a través de una autorización por la Secretaría [Semarnat] considerando las opiniones de otras autoridades competentes y de la Comisión [Conabio], así como del consentimiento fundamentado previo y participación de los propietarios o poseedores legítimos de los predios o instalaciones en los que se realice el acceso..."

 

Esto significa que la Semarnat será la que autorice el acceso, mientras todo lo demás son opiniones, que pueden o no ser tomadas en cuenta. Además, legaliza que el propietario o poseedor de un solo predio (!) puede firmar un contrato que da el monopolio a una trasnacional sobre recursos genéticos que son colectivos y ancestrales de pueblos indígenas y comunidades campesinas, incluso que pueden estar en varios países.

 

Igualmente, en el capítulo IV, sobre acceso de conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos, afirma que este acceso estará sujeto al "consentimiento fundamentado previo" de pueblos indígenas y comunidades locales, pero admite que si varias comunidades tienen el mismo conocimiento (que es lo que suceden en casi todos los casos), la Semarnat solamente debe "procurar" la inclusión de éstas, pero si no lo consigue, podrá autorizar el acceso con la participación de una sola comunidad o a quien designe como "propietario".

 

En la COP 13 del CBD, realizada en México en diciembre 2016, las y los delegados de pueblos indígenas allí presentes reclamaron la inclusión de "consentimiento previo, libre [de coerciones] y fundamentado" y la "participación y aprobación" de los pueblos indígenas –no de comunidades o individuos–, tanto sobre los recursos genéticos como los conocimientos asociados a éstos. La propuesta del PVEM los limita seriamente y elimina el concepto de efectiva aprobación o negación al acceso de parte de los pueblos.

 

Tanto Costa Rica como Guatemala negaron la aplicación del Protocolo de Nagoya en leyes nacionales, debido a la denuncia de organizaciones indígenas y civiles sobre estos temas y a la falta de consulta. (http://tinyurl.com/kv7j3m9). Este "monstruo" de propuesta de ley debería ser descartado en totalidad.

 

*Investigadora del Grupo ETC

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Las transnacionales le robaron a África 6 mil millones en un año por evasión fiscal

Empresas e inversores con sede en el Grupo de los 7 (G-7) países más ricos del mundo le robaron a África aproximadamente 6.000 millones de dólares en un año por concepto de evasión fiscal, denunció este martes 2 un nuevo informe de la organización humanitaria Oxfam.


Según el informe "El dinero habla: África en el G-7" esa cifra equivale a tres veces más de lo que necesitan los sistemas sanitarios de los países africanos afectados por el ébola, Sierra Leona, Liberia, Guinea y Guinea Bissau.


En un informe anterior, Oxfam calculó en abril de este año que se necesitan 1.700 millones de dólares para mejorar los sistemas de salud, peligrosamente inadecuados, en esos países. La cifra se basa en el gasto de 86 dólares por habitante que recomienda la Organización Mundial de la Salud para cubrir un paquete mínimo de servicios esenciales.


El nuevo informe de Oxfam se conoce cuando los líderes políticos del G-7, integrado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia y Japón, se preparan para reunirse con sus homólogos africanos en la cumbre anual celebrada en Baviera, Alemania, los días 8 y 9 de este mes.


La delegación africana estará representada por el primer ministro de Etiopía, Hailemariam Desalegn, y los respectivos presidentes de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, Nigeria, Muhammadu Buhari, y Senegal, Macky Sall, quienes se sumarán a la sesión ampliada del 8 de este mes.


Oxfam solicitó a los países del G-7 que incluyan medidas para una ambiciosa reforma fiscal en las discusiones acerca de cómo el grupo puede apoyar el crecimiento económico y el desarrollo sostenible del continente africano.


En Gran Bretaña, Oxfam integra una alianza de la sociedad civil que solicitó al gobierno británico, de reciente elección, que presente un proyecto de ley contra la evasión fiscal, lo cual dificultaría la evasión de las empresas británicas en los países donde operen, una práctica que actualmente les cuestan miles de millones de dólares por año a algunos de los países más pobres del mundo.


Con este fin, la alianza, que además de Oxfam incluye a las organizaciones ActionAid y Christian Aid, lleva a cabo una campaña por el Proyecto de Ley de Evasión Fiscal.


Oxfam sostiene que una ley bien ideada contra la evasión fiscal también evitaría que las grandes empresas dejen de pagar sus impuestos en Gran Bretaña, y podría generar al fisco británico un mínimo de 5.400 millones de dólares por año, equivalente a 910 dólares por cada hogar que vive por debajo del umbral de la pobreza en este país.


"Las empresas transnacionales, muchas de ellas con sede en Gran Bretaña y otros países del G 7, están estafando a los países africanos por miles de millones de dólares en ingresos fiscales vitales que podrían ayudar a la población vulnerable a recibir asistencia sanitaria digna y a enviar a sus hijos a la escuela", aseguró Nick Brye, jefe de campañas de Oxfam en este país.


"Para financiar la lucha contra la pobreza y lidiar con el agravamiento de la desigualdad extrema, necesitamos medidas paragarantizar que las grandes empresas paguen la parte que les corresponda, aquí y en las naciones más pobres del mundo", exhortó en Londres.


Oxfam también recordó que las medidas internacionales existentes para hacer frente a la evasión fiscal de las empresas, tales como el proceso de Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios (BEPS, en inglés), dirigido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico para el Grupo de las 20 mayores economías del mundo, dejan la posibilidad de recurrir a lagunas legales para evitar el pago de impuestos.


La organización advierte que las empresas transnacionales pueden aprovechar esas lagunas en sus operaciones en el Sur en desarrollo y que muchos países africanos fueron excluidos de las negociaciones sobre la reforma del BEPS y, por tanto, no se beneficiarán del mismo.


Oxfam también solicitó al ministro de Hacienda británico, George Osbourne, que asista en julio a la Conferencia de Financiación para el Desarrollo que se realizará en Etiopía, con la presencia de jefes de Estado y ministros de Economía de todo el mundo.


La conferencia, que tratará sobre la forma en que la comunidad internacional financiará el desarrollo en los próximos 20 años, es una oportunidad para que los gobiernos colaboren en darle forma a un sistema fiscal mundial más democrático y justo.


Según Oxfam, en 2010, el último año del que se dispone de datos, las empresas y los inversores con sede en los países del G-7 evadieron el pago de impuestos sobre 20.000 millones de dólares de ingresos mediante una práctica conocida como facturación fraudulenta, por la cual una empresa fija artificialmente los precios de los productos o servicios vendidos entre sus filiales para evitar los impuestos.


Los impuestos empresariales en África tienen un promedio de 28 por ciento, lo que equivale a casi 6.000 millones de dólares perdidos. Además, los países en desarrollo en su conjunto pierden unos 100.000 millones de dólares al año a través de planes de evasión fiscal que implican a los paraísos fiscales, según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.


"La reforma de las normas internacionales que rigen los impuestos empresariales para que los gobiernos africanos pueden reclamar el dinero que se les adeuda es vital para combatir la pobreza extrema y la desigualdad y fomentar el crecimiento económico", destacó Brye.


(Tomado de IPS)

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Sábado, 22 Diciembre 2012 05:49

Había una vez

Había una vez

Saqueos eran los de antes, los de ahora dicen otra cosa porque está claro que no son espontáneos y que les cuesta mucho extenderse por fuera de los grupos influenciados por los organizadores. Estos saqueos quieren construir un relato, como se dice ahora, aunque la palabra relato se usa para cualquier cosa, en especial para desacreditar. Se equipara relato con ficción. En realidad el relato es la forma en que cada quien describe la realidad y relata lo que sucede. Y esa forma es esencialmente política, ideológica, social, étnica, clasista o profesionalista, pero sobre todo, política. El relato es político y se construye a partir de los valores que prioriza quien lo construye, por eso puede haber más de uno sobre el mismo suceso.

 

¿Cuál es el relato que sugieren los saqueos? Hay uno que quiere subrayar la descripción de una situación de hambruna similar a la del 2001. Y hay otro que enumera la Asignación Universal por Hijo que reciben millones de personas, la incorporación de tres millones de jubilados que habían quedado fuera del sistema previsional y la creación de cinco millones de puestos de trabajo, y dice que, con esas medidas, la situación no puede equipararse a la de 2001. Los primeros saqueos en el 2001 no fueron espontáneos, como tampoco lo son éstos. Pero en el 2001 se combinaron con una situación económica explosiva y se extendieron. Los saqueos de estos días muestran más la intención de desgastar y desestabilizar que de resolver un problema de hambre, y además quedan focalizados. En el 2001 se podía ver a familias llevando bolsas de arroz y cajas de fideos. El jueves, en Bariloche, los muchachos se llevaban televisores y equipos musicales y quemaban los automóviles de los empleados del súper. En Campana hay detenidos de la barra brava de Villa Dálmine y del Sindicato de Camioneros. En Neuquén hay un detenido de ATE. El Gobierno acusa a estos sectores de la oposición de inducir a estas acciones. Y estos sectores acusan al Gobierno. Son dos relatos muy antagonizados porque están referidos a un punto límite. Pero en ningún tema, hasta en los más insospechados, hay unanimidad.

 

Por ejemplo, cuando la Fragata Libertad fue retenida y embargada en el puerto de Tema, en Ghana, a partir del reclamo judicial de un fondo buitre, hubo dos formas de contar el suceso. Los grandes medios y los caceroleros responsabilizaron al gobierno nacional por la situación del buque escuela. Pero desde el kirchnerismo se apuntó contra los fondos buitre.

 

El relato de los grandes medios y de los caceroleros no solamente estaba interesado en llamar la atención sobre la responsabilidad del Gobierno. Esa fue la actitud más consciente en la construcción de ese relato. La parte menos visible fue la que evitó responsabilizar a los fondos buitre. Tiene una lógica, porque desde este mismo sector se planteó que había que pagarles y se convocó a crear un fondo patriótico con esta finalidad. Si el que tiene la culpa es el Gobierno según este relato, los fondos buitre tienen razón. Y si tienen razón hay que pagarles, por lo menos para que suelten la fragata. Si se va más atrás en esta lógica: si estos fondos tienen razón, no la tuvo el Gobierno cuando negoció una quita del 70 por ciento de la deuda y tendría que haberla pagado completa.

 

En este relato, que se asienta en una reivindicación patriótica por el simbolismo del buque, está latente el respaldo a la forma en que se generó la vieja deuda y, en general, el diseño de esa lógica es similar al discurso patriótico de las dictaduras militares que lo formulaban al mismo tiempo que condenaban al país a una dependencia cada vez más estrecha de los organismos financieros internacionales.

 

El relato del kirchnerismo se ató más a la lógica de repudio al proceso de endeudamiento, a los fundamentos de la negociación que llevó adelante Néstor Kirchner y a su disputa con los fondos buitre, a los que ve como una consecuencia perversa de ese proceso. Por eso rechazó cualquier posibilidad de pagarles y prefirió la vía judicial ante el Tribunal del Mar, que finalmente dictaminó a favor de la Argentina, lo que obligó al gobierno de Ghana a liberar la fragata.

 

Al relato de los grandes medios le interesa destacar que esto les pasa a los argentinos por el gobierno que tienen. Lo cual es cierto. Pero ese breve enunciado implica todo lo demás en relación con la deuda externa, e inclusive en relación con el concepto de patriotismo. Si se gobernara con los criterios del relato cacerolero granmediático, es probable que a la fragata no le hubiera pasado nada, pero la Argentina estaría enterrada en la crisis infernal de la deuda externa, con miseria, exclusión y dependencia.

 

Hay una disputa también en el relato periodístico y lo mismo sucede en el plano judicial donde, de alguna manera, fallos y dictámenes se convierten en relatos donde el juez hilvana su visión de los sucesos. En este caso tienen parámetros, valores preestablecidos que tratan de limitar esa posible diversificación. Sin embargo, la larguísima batalla judicial por la ley de medios es una demostración de que puede haber relatos diferentes en la Justicia. Esa posibilidad también quedó expuesta en el controvertido fallo del tribunal de Tucumán que absolvió a todos los acusados en el caso de Marita Verón.

 

En el primer ejemplo, hay relatos diferentes: la Cámara Civil y Comercial y el juez Eduardo Carbone –que concedió la cautelar por tiempo indefinido a Clarín y después se jubiló–, por un lado. Y el juez Horacio Alfonso y la Corte, por el otro.

 

Aun dejando de lado cualquier sospecha de connivencias y otras situaciones irregulares, es evidente que el único mecanismo que puede explicar las decisiones de Carbone y de la Cámara es la idea de que la ley atenta contra la propiedad privada o contra la libertad de expresión. Pero en esa conclusión hay una carga política muy fuerte porque es imposible que eso se desprenda del texto en sí de una ley que ha sido estudiada y muy elogiada por los organismos especializados de la OEA y la ONU. Por lo tanto esos fallos contrarios a la ley surgirían necesariamente de una valoración del Gobierno. Algo así como que esta ley con otro gobierno sería correcta, pero con éste hasta el más cristiano se vuelve hereje. Por lo menos éste es el planteo de complicidad implícita que esos fallos tratan de buscar en esa parte de la sociedad que funciona con ese axioma. Es la parte de la sociedad de la que, desde el punto de vista social y cultural, también forman parte estos jueces. Hay un relato construido según esos valores que, de hecho y por el argumento que sea, termina favoreciendo a la falsa idea de mercados desregulados y con preeminencia de grupos económicos concentrados, o sea, el poder económico.

 

Es claro que ese relato se monta en esos implícitos porque el texto de la ley ha sido rigurosamente estudiado por organismos internacionales y porque es imposible negar que el Grupo Clarín ocupa una situación dominante en el mercado. La Corte, que la semana próxima se hará cargo del tema, ya se ha expedido contra las cautelares interminables y ha señalado que la ley no atenta contra la libertad de expresión, con lo cual apunta a un relato diferente al de Carbone y la Cámara.

 

Otro relato subyace en los fundamentos de la absolución de los acusados en el caso de Marita Verón. En el fallo se subestiman los testimonios de otras víctimas de trata y se los pone fuera del contexto que estaban sufriendo esas mujeres. En realidad, hay un menosprecio por esos testimonios porque no se las acepta como víctimas. Por el contrario: no hay nada menos valorado en una sociedad conservadora, que mujeres en situación de prostitución. Los jueces construyen su relato en el fallo desde esa valoración de hechos, circunstancias y protagonistas. El relato cambia si esas mujeres fueran consideradas como víctimas y por lo tanto testigos importantes del delito de trata que ellas mismas sufrieron.

 

Desde la oposición se critica al relato kirchnerista porque pinta que todo está bien, lo cual no es cierto. Desde el kirchnerismo se critica el relato de la oposición porque no reconoce nada de lo que se hizo en una gran cantidad de temas en los que ningún gobierno en varias décadas se había atrevido a intervenir. Lo cual también es cierto. En este punto, aunque los relatos son antagónicos, las críticas que se cruzan tienen razón. Hay coincidencia en esas críticas porque ambos están reconociendo que esos relatos no son ingenuos ni neutrales y constituyen visiones y argumentos políticos. Pero cuanto más se agudiza la disputa, esos relatos tienden a simplificarse y se esquematizan. En ese punto pierden los dos porque el relato, cualquiera de ellos, es atractivo en la medida en que explica lo que pasa y, si no lo hace, va perdiendo sustento. El relato es comunicación, cuenta algo, y para eso requiere una coherencia y un correlato con lo que sucede. Es más eficiente comunicar con simpleza, pero hay un punto en que la simplificación extrema empieza a destruir el relato.

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Miércoles, 08 Agosto 2012 06:46

Saqueos para nutrir comedores sociales

Saqueos para nutrir comedores sociales
España cada vez se parece más a la Argentina de fin de siglo. A los cortes de ruta organizados por los mineros asturianos ahora se suma un nuevo condimento: desocupados y sindicalistas se llevaron ayer sin pagar casi tres toneladas de alimentos de primera necesidad de dos supermercados en Andalucía, en el sur de España. El destino de las mercaderías fueron comedores sociales; el saqueo se produjo en una acción de protesta para advertir al gobierno de Mariano Rajoy sobre las consecuencias del ajuste que ahoga a los españoles. La iniciativa, tolerada a regañadientes por los comerciantes y la policía, fue organizada por el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), liderado por el diputado de Izquierda Unida (IU) Juan Manuel Sánchez Gordillo, y tuvo lugar en Ecija, Sevilla, y Arcos de la Frontera, Cádiz, en el Sur, donde la crisis hace estragos. En Ecija, una treintena de miembros del sindicato, en su mayoría desocupados del sector agrícola, entraron poco antes del mediodía en un supermercado Mercadona y lograron salir con nueve changos cargados con alimentos básicos como aceite, leche, azúcar, arroz y legumbres.


En la salida del supermercado se produjeron forcejeos entre los empleados del comercio y los manifestantes, que lograron salir con unos 1500 kilos de alimentos sin que la policía los detuviera. Así lo afirmó José Caballero, responsable de la organización del sindicato andaluz de izquierda y anticapitalista. “Los alimentos fueron entregados en comedores sociales de la zona”, especificó el gremialista. Según la prensa española, Caballero dijo que con esta acción se pretende “expropiar a los expropiadores, es decir, terratenientes, bancos y grandes superficies, que están ganando dinero en plena crisis económica”.


El referente sindical advirtió que la situación en Andalucía es alarmante, ya que muchas familias tienen a todos sus miembros desocupados y no cobran ningún subsidio y, por lo tanto, no tienen ni para comer. “También los comedores sociales se encuentran sin alimentos, por eso fuimos a las grandes superficies y los expropiamos”, remarcó. En Arcos de la Frontera, los empleados del supermercado, un Carrefour, cerraron las puertas y no dejaron salir a los militantes.


Sin embargo, después de negociar con los responsables y la policía, el sindicato logró sacar quince changos repletos de alimentos que fueron repartidos en municipios cercanos para entregarlos a las personas más necesitadas, muchos de ellos inmigrantes, explicó el sindicalista. “Me imagino que habrá denuncias”, agregó. Mercadona, por su parte, anunció que demandará al sindicato. “Tenemos claro que en la actual situación en la que estamos debemos hacer algo”, subrayó Caballero, quien dijo que la acción permitió entregar 3000 kilos de alimentos a familias que los necesitan.


“Son muchas las familias que no cuentan con ninguna ayuda económica, por eso reclamamos una renta básica para todos”, explicó el líder sindical, quien denunció que, con sus políticas de ajuste, el gobierno de Mariano Rajoy está haciendo pagar la crisis a los que menos tienen. “En el campo la situación es especialmente dura, no hay trabajo y no se pueden renovar los subsidios de de-sempleo porque los jornaleros necesitan demostrar que trabajaron como mínimo 35 días al año y no pueden hacerlo”, denunció.


“El desempleo alcanza al 40 por ciento de la población activa en la zona rural, y en general es del 32 por ciento, una de las cifras más altas de España”, calculó. Un video de la protesta en los supermercados, subido por los activistas, puede verse eb YouTube youtube.com/watch?v=YuVVAOjOw8.


Pero la malaria no sólo es sureña. En el nordeste de España, la ciudad de Girona decidió poner candados a los contenedores de basura de los supermercados para evitar que las personas necesitadas recojan comida vencida o en mal estado con el consecuente riesgo para la salud. El ayuntamiento tomó esa medida, en colaboración con los propietarios de los comercios, ante el riesgo para la salud que provoca consumir alimentos lanzados a los contenedores y la alarma social que eso provoca.


La práctica de recuperar restos de comida o alimentos caducados arrojados a los contenedores por los supermercados crece a medida que se agrava la crisis económica que sacude a España. Junto con esa medida, el ayuntamiento de Girona estableció un sistema de información “in situ” que dirigirá a las personas que lo necesiten a un centro de distribución de alimentos para que les faciliten una cesta de alimentos básicos de manera urgente.


También se dio a conocer que agentes sociales informarán a quienes acudan a los contenedores que no se puede seguir recogiendo los restos y que podrán acceder directamente, con un vale que se les suministrará, a los distribuidores de alimentos municipales. Esta singular iniciativa comenzó cuando se llegó a un acuerdo entre tres grandes supermercados. Lejos de quedar supeditada a esa región, el portavoz de Girona señaló que se están preparando para extender esa distribución de comestibles a otras grandes ciudades.

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Basora, 22 de diciembre. Tesoros antiguos robados de museos en la anárquica secuela de la invasión encabezada por Estados Unidos a Irak, hace cinco años, han sido encontrados en Basora, en una de las más grandes recuperaciones de bienes saqueados, pudo saber The Independent.

Los inapreciables artefactos, unos 230, fueron rescatados cuando se les iba a enviar de contrabando al extranjero, en una operación de engaño organizada por investigadores.

Siete miembros de una banda que se había especializado en traficar antigüedades robadas en el país han sido detenidos y se les somete a interrogatorio. Se sospecha que también están implicados en el sistemático pillaje de sitios arqueológicos.

Durante la investigación, realizada por fuerzas de seguridad iraquíes y británicas, objetos antiguos destinados a coleccionistas privados en Medio Oriente y en Occidente se hallaron ocultos en jardines y bajo pisos de casas en los suburbios de Basora. Según autoridades iraquíes, había esculturas sumerias y babilonias, intrincadas joyas de oro, objetos decorativos de plata y cerámica. Los artefactos han sido enviados a Bagdad para analizarlos y confirmar su origen.

Los museos y sitios arqueológicos de Irak –entre ellos el Museo Nacional de Bagdad, fundado por la viajera, escritora, politóloga y administradora británica Gertrude Bell, y abierto poco después de su muerte, en 1926– fueron saqueados cuando el país se hundió en el caos.

Más de 20 mil artículos, algunas de las antigüedades más preciosas del mundo, se perdieron entonces.

En ese tiempo el doctor Donny George, director de investigación del Consejo de Antigüedades de Irak, fue al hotel Palestina, donde los marines estadunidenses habían establecido su cuartel, para implorarles que protegieran el museo. Pasaron tres días sin que enviaran ninguno.

Posteriormente Donald Rumsfeld, secretario de Defensa, describió como “desaseo” esos días de pillaje y de incendios intencionales, y comentó sobre el saqueo del Museo Nacional: “tratar de hacer pasar esa infortunada actividad como un déficit del plan de guerra me parece una exageración”. También fueron saqueados museos de Basora y Mosul, segunda y tercera ciudades del país en tamaño.

Gran parte de la herencia de Mesopotomia, cuna de la civilización, desapareció cuando los ladrones volvieron su atención a los sitios arqueológicos.

Algunos de los artefactos robados fueron recobrados tanto en Irak como fuera del país.

El Museo Nacional ha recobrado unos 3 mil 500 de los 15 mil objetos robados. Pero la feroz violencia en Irak significó que las fuerzas de ocupación y sus aliados iraquíes no tuvieran tiempo o personal suficiente para investigar los robos. Ahora el gobierno iraquí realiza esfuerzos por recobrar la herencia nacional y ofrece recompensa a quien proporcione información.

La investigación en Basora comenzó luego que las fuerzas de seguridad recibieron informes de que había llegado a la ciudad un cargamento de tesoros en ruta hacia Kuwait.

Un informante presentó a dos agentes encubiertos de la fuerza de respuesta rápida del ejército iraquí –normalmente una agencia de contrainteligencia– al grupo del bajo mundo como si fueran agentes de compradores extranjeros.

Los hampones mostraron a los agentes artefactos envueltos en papel periódico y guardados en cajas de cartón. Los agentes convencieron a la banda de que sus clientes necesitaban ver fotografías de algunos artículos.

El teniente Munir Khalid, una de los investigadores, relató: “Los criminales debían de saber que corrían un riesgo al permitir fotografiar los objetos, pero la codicia los venció y los agentes usaron sus teléfonos móviles para tomar las fotos. Ya después fue cuestión de preparar la operación y asegurarnos de que estuvieran todos los miembros de la banda y no sólo los primeros que conocimos”.

Un cateo llevado a cabo la semana pasada en la zona de Abi al-Hassan condujo a la captura de cinco hombres y al descubrimiento de 160 objetos enterrados en el jardín y bajo losas en la cocina. Una búsqueda en otra casa en Al-Ayaqub produjo el hallazgo de más artefactos enterrados en el jardín y la detención de otros dos hombres.

El coronel Ali Sabah, quien dirigió la operación, se dijo “muy feliz porque es mi civilización... Y hemos salvado parte de su historia”. Levantando un pequeño y delicado amuleto, añadió: “Me dicen que tiene más de 6 mil años de antigüedad y que no tiene precio. Estamos muy orgullosos. Cuando mis soldados vayan a los museos con su familia podrán decir: ‘nosotros los recuperamos para nuestra patria”.

También soldados británicos participaron en la operación. El capitán Laurence Roche, de la 20 brigada blindada, señaló: “fue como estar en la cueva de Ali Baba con todas esas joyas maravillosas. Fue un privilegio estar ahí y verlo todo. Hace que uno se dé cuenta de lo rica que es la herencia de Irak y la historia de la humanidad ligada a este lugar”.

Kim Sengupta (The Independent)

Traducción: Jorge Anaya

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