La justicia ecuatoriana llama a juicio a Rafael Correa por el secuestro de un opositor

El expresidente enfrentaba desde julio una orden de prisión preventiva, que no cumplió, por un caso considerado como crimen de Estado por la Fiscalía

 La Corte Nacional de Ecuador tiene elementos de convicción suficientes para acusar al expresidente Rafael Correa del secuestro de un exasambleísta de oposición. La jueza Daniella Camacho decidió este miércoles hacer el llamado oficial a juicio contra el exmandatario y contra los policías que ejecutaron la orden de secuestrar en 2012 al político de oposición Fernando Balda. Desde un inicio, el caso fue considerado por la Fiscalía como un crimen de Estado al haberse utilizado dinero público para cometer el delito. En cambio, Correa siempre ha defendido ser víctima de persecución política y ha montado en los últimos meses una campaña paralela para desacreditar la decisión judicial.


El conocido como caso Balda, por el nombre del legislador secuestrado, es la primera acusación que enfrenta el ex mandatario ecuatoriano, aunque tiene otras causas abiertas en fase de investigación. Pese al llamamiento oficial, Correa no irá a juicio ya que la normativa penal ecuatoriana no permite, salvo excepciones, que el proceso judicial avance en ausencia del acusado. Al tratarse de un delito de secuestro, el juicio quedará suspendido para Correa a menos que se entregue voluntariamente o sea detenido. El Código Penal castiga este tipo de delito con penas de cárcel de cinco a siete años.


La Corte Nacional dictó en julio una orden de prisión preventiva, que el expresidente se negó a cumplir, refugiándose en Bélgica, donde reside desde que dejó la presidencia de Ecuador. También se solicitó la detención internacional a Interpol, pero el organismo policial aún no ha informado si aprueba o rechaza la petición de la Justicia ecuatoriana.
Antes de conocer la decisión de la Corte y de irse “a dormir” —la acusación se concretó pasada la medianoche en Europa debido a la diferencia horaria con Ecuador—, Correa publicó un último mensaje en el que insistía en la teoría del montaje: “El caso Balda es una farsa y todo es persecución política, porque no pueden derrotarnos en las urnas. No se preocupen por mí preocúpense por la patria”.


El proceso judicial sí continuará contra los dos policías implicados: los agentes Diana Falcón y Raúl Chicaiza. Están en prisión preventiva y, tras declarar en contra de Correa, fueron incluidos en el programa de protección de testigos. El otro implicado que fue llamado a juicio, el jefe del servicio de Inteligencia durante el Gobierno correísta, Pablo Romero, tampoco podrá ser juzgado, pues fue detenido y después liberado en junio en España.


Según la investigación, la implicación de Correa en el intento de rapto de Balda se justifica en que el expresidente estaba en la cúspide de una cadena de mando que ordenó secuestrar al político de oposición en Bogotá, hace seis años, utilizando dinero público como pago. Balda había sido previamente condenado por calumnias contra el ex mandatario ecuatoriano y estaba prófugo de la justicia en Colombia.


La jueza Daniella Camacho tomó en cuenta, para hacer el llamado a juicio, las declaraciones de los policías procesados que aseguraban haber seguido órdenes del jefe de Inteligencia para contratar el secuestro en Colombia con dinero público y que éste obedecía al entonces presidente de Ecuador.


Fernando Balda, acusador particular, anunció a la salida de la audiencia que presentará una nueva denuncia contra Correa por peculado —malversación de fondos públicos— al haberse utilizado recursos del Estado para perpetrar su secuestro. “Es un momento muy emotivo después del sufrimiento que hemos vivido muchos años que hoy, al fin, el poder político, las mafias que han gobernado el país no hayan podido tener injerencia en la decisión judicial”, declaró tras conocer que Correa pasaba formalmente a ser acusado.

Por Sara España
Guayaquil 8 NOV 2018 - 02:30 COT

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Mesa pública de diálogo entre Colombia y ELN comenzará el 7 de febrero

Las delegaciones del Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunciaron este miércoles que se acordó iniciar la fase pública de las negociaciones de paz el próximo 7 de febrero.


En un comunicado conjunto leído en un acto en la cancillería de Ecuador, en la capital Quito, se indicó que el 2 de febrero el ELN liberará a Odín Sánchez Montes de Oca, una de las exigencias del Gobierno colombiano para iniciar la fase pública. Además, ese mismo día se harán efectivos los indultos a dos miembros del grupo insurgente. El texto detalla que ambas acciones serán acompañadas por comisiones humanitarias.


“Los protocolos de liberación ya fueron acordados y para su desarrollo se ha solicitado la participación al Comité Internacional de la cruz Roja”, indica el comunicado.


Asimismo, los gestores de paz se habilitarán “de acuerdo a la fecha y los protocolos establecidos”.


Hoy es con alegría que acogemos el acuerdo humanitario para dar inicio a fase pública de negociaciones entre el gobierno de Colombia y el ELN”, expresó el canciller de Ecuador, Guillaume Long, quien fue el primero en hablar durante el acto realizado en Quito.


Long reiteró el compromiso de su gobierno, del presidente Rafael Correa y de todo el pueblo ecuatoriano “para seguir acompañando esta causa, la causa de la paz, desde Quito volvemos a afirmar que la paz de Colombia es la paz de Ecuador, es la paz de nuestra región”.


El jefe de la delegación del ELN, Pablo Beltrán, dijo esperar que “este acuerdo sea útil para Colombia. Para hacer del continente una zona de paz, y para que los pueblos hermanos como Ecuador dejen de recibir las consecuencias de la guerra”. Además, ratificó que el acuerdo “pertenece a los sectores populares y democráticos de Colombia”.


Beltrán precisó que la fase pública del diálogo iniciará el próximo 7 de febrero “bajo el auspicio del Gobierno ecuatoriano, el presidente Correa y todos los señores garantes”.

 

18 enero 2017|
(Tomado de Telesur)

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Sobre la suspensión por parte del presidente Santos de la instalación de la Mesa pública en la ciudad de Quito

El Comando Central del Ejército de Liberación Nacional considera muy necesario expresar sus puntos de vista ante Colombia y la Comunidad Internacional sobre la suspensión por parte del presidente Santos de la instalación de la Mesa pública en la ciudad de Quito, en la hermana república de Ecuador, acordada para el pasado 27 de Octubre.


Hemos sido insistentes en el compromiso de cumplir la palabra empeñada y en hacer méritos a la verdad, por encima de las diferencias o intereses políticos, como parte de la ética que debe caracterizar a los revolucionarios.


Es falso que el ELN haya incumplido lo acordado con el gobierno, para llegar a la instalación de la Mesa Pública.


Para sustentar esta afirmación consignamos a continuación apartes de los acuerdos firmados, por las delegaciones del ELN y el Gobierno en Caracas, Venezuela, el pasado 6 de Octubre, en presencia de los garantes de Venezuela, Cuba, Noruega, Brasil y Chile.

Acuerdos:


Extracto del documento #2


“4. En el marco de las dinámicas y acciones humanitarias de las partes, el ELN iniciará el proceso de liberación de los secuestrados/retenidos con 2 casos antes del 27 de octubre”.

Extracto del Documento #3


“En el marco de las dinámicas y acciones humanitarias de las Partes:


1- El ELN hará una liberación de un secuestrado/retenido en el transcurso de la primera ronda de conversaciones.
2- A solicitud del ELN, y conforme a la ley, el Gobierno Nacional nombrara dos (2) gestores de paz antes de iniciar en Quito, y una vez instalada la Mesa se procederá a desarrollar el trámite correspondiente para conceder dos (2) indultos en un plazo de 30 días”.

Conforme a lo acordado en el Documento número 2, el ELN el mismo día 6 de Octubre procedió a liberar al exalcalde de Charalá (Santander) señor Fabio León Ardila y en los días posteriores liberó al último arrocero que tenía en su poder. Estas dos personas fueron entregadas a comisiones humanitarias en presencia de medios de comunicación.


De esa manera, el ELN cumplió lo acordado en el documento número 2.


Para el caso de la liberación de un tercer retenido conforme a lo acordado en el Documento número 3:


“1- El ELN hará una liberación de un secuestrado/retenido en el transcurso de la primera ronda de conversaciones”.
Tenemos toda la disposición de cumplir este acuerdo cuando se inicie la primera ronda tal como fue acordado “en el transcurso de la primera ronda”.


Estamos a la expectativa para que el gobierno se disponga a cumplir lo que le corresponde consignado en el acuerdo del documento número 3, numeral 2.


El Comando Central del ELN tiene bien claro que la divulgación de estos documentos no es lo procedimental; sin embargo, es el único recurso que el presidente Santos nos ha dejado, al suspender la instalación de la Mesa en Quito, bajo el argumento de que el ELN está incumpliendo lo acordado.


Como queda demostrado, el ELN no está incumpliendo nada, al contrario, ha cumplido cabalmente lo definido, razón por la cual afirmamos que la negativa del presidente Santos para instalar la Mesa Pública en Quito, el pasado 27 de Octubre, no es otra cosa que una presión arbitraria e indebida, violatoria de lo acordado entre las dos delegaciones el pasado 6 de Octubre, en presencia de los 5 Garantes representantes del mismo número de países.


Aún en medio de estas dificultades, el ELN le ratifica a Colombia y a la Comunidad Internacional, su disposición a continuar buscando la paz de Colombia y tiene toda la voluntad de aportar soluciones dialogadas con el gobierno colombiano, para resolver este delicado impasse.

Comando Central del ELN

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Jueves, 27 Marzo 2014 07:55

Así se fabrican guerrilleros muertos

Así se fabrican guerrilleros muertos

 

Los soldados colombianos que asesinaron a Leonardo Porras cometieron errores flagrantes al disfrazar su crimen. Gracias al empeño de Luz Marina Bernal, madre de Leonardo, el caso sirvió para destapar un negocio siniestro dentro del Ejército: los falsos positivos. Secuestraban a jóvenes para asesinarlos, luego los vestían como guerrilleros y así cobraban recompensas secretas del Gobierno de Álvaro Uribe. La Fiscalía ha registrado 4.716 casos de homicidios presuntamente cometidos por agentes de las fuerzas públicas. Bernal y las otras Madres de Soacha (el primer municipio donde se supo de esto) luchan desde entonces contra la impunidad. Los observadores internacionales denuncian la dejadez, incluso la complicidad del Estado en estos crímenes masivos.

 

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-Así que es usted la madre del comandante narcoguerrillero -le dijo el fiscal de la ciudad de Ocaña.

-No, señor. Yo soy la madre de Fair Leonardo Porras Bernal.

-Eso mismo, pues. Su hijo dirigía un grupo armado. Se enfrentaron a tiros con la Brigada Móvil número 15 y él murió en el combate. Vestía de camuflaje y llevaba una pistola de 9 milímetros en la mano derecha. Las pruebas indican que disparó el arma.

 

Luz Marina Bernal respondió que su hijo Leonardo, de 26 años, tenía limitaciones mentales de nacimiento, que su capacidad intelectual equivalía a la de un niño de 8 años, que no sabía leer ni escribir, que le habían certificado una discapacidad del 53%. Que tenía la parte derecha del cuerpo paralizada, incluida esa mano con la que decían que manejaba una pistola. Que desapareció de casa el 8 de enero y lo mataron el 12, a setecientos kilómetros. ¿Cómo iba a ser comandante de un grupo guerrillero?

 

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-Yo no sé, señora, es lo que dice el reporte del Ejército.

 

A Luz Marina no le dejaron ver el cuerpo de su hijo en la fosa común. Unos veinte militares vigilaban la exhumación y le entregaron un ataúd sellado. Un año y medio más tarde, cuando lo abrieron para las investigaciones del caso, descubrieron que allí solo había un torso humano con seis vértebras y un cráneo relleno con una camiseta en el lugar del cerebro. Correspondían, efectivamente, a Leonardo Porras.

 

Este fue uno de los casos que destapó el escándalo de los falsos positivos: miembros del Ejército colombiano secuestraban a jóvenes de barriadas marginales, los trasladaban a cientos de kilómetros de sus casas, allí los asesinaban y los hacían pasar por guerrilleros muertos en combate, para cobrar así las recompensas establecidas en secreto por el Gobierno de Álvaro Uribe. De ahí el término "falsos positivos", en referencia a la fabricación de las pruebas.

 

Diecinueve mujeres, cuyos hijos fueron secuestrados y asesinados por el Ejército a principios de 2008, fundaron el grupo de las Madres de Soacha para exigir justicia. A mediados de 2013, la Fiscalía General contaba 4.716 denuncias por homicidios presuntamente cometidos por agentes públicos (entre ellos, 3.925 correspondían a falsos positivos). Navanethem Pillay, alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, denuncia que las investigaciones son muy escasas y muy lentas, que los militares vinculados a los crímenes continúan en activo, que incluso reciben ascensos, y que sus delitos gozan de una "impunidad sistémica".

 

"Escogíamos a los más chirretes"

 

Leonardo Porras desapareció el 8 de enero de 2008 en Soacha, prácticamente un suburbio de Bogotá, una ciudad de aluvión en la que se apiñan miles de desplazados por el conflicto colombiano, miles de inmigrantes de todo el país, una población que en los últimos veinte años pasó de 200.000 a 500.000 habitantes, muchos de ellos apiñados en casetas de ladrillo y tejado de chapa, estancados en asentamientos ilegales, divididos por las fronteras invisibles entre bandas de paramilitares y narcotraficantes.

 

El mediodía del 8 de enero alguien llamó por teléfono a Leonardo. Él solo respondió "sí, patroncito, voy para allá", colgó y le dijo a su hermano John Smith que le acababan de ofrecer un trabajo. Salió de casa y nunca más lo vieron.

 

En Soacha todos conocían a Leonardo, el chico "de educación especial" que se apuntaba siempre a los trabajos comunitarios, a limpiar calles y parques, a trabajar en la iglesia, y que hacía recados a los vecinos a cambio de propinas. Algunos abusaban de su entusiasmo: le tenían acarreando ladrillos o mezclando cemento en las obras y al final de la jornada le daban un billete de mil pesos (38 céntimos de euro).

 

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-Él no distinguía el valor del dinero -dice Luz Marina Bernal- pero le gustaba mucho ayudar a la gente, era muy trabajador, muy sociable, muy cariñoso. Cuando ganaba unos pesos, me traía una rosa roja y una chocolatina, y me decía: 'Mira, mamá, me acordé de ti'.

 

Alexánder Carretero Díaz sí distinguía el valor del dinero: aceptó doscientos mil pesos colombianos (unos 75 euros) a cambio de engañar a Leonardo y entregárselo a los militares. Carretero vivía en Soacha, a pocas calles de la familia Porras Bernal, y llevaba varias semanas prometiéndole a Leonardo un trabajo como sembrador de palma en una finca agrícola. El 8 de enero le llamó por teléfono, se reunió con él y al día siguiente viajaron juntos en autobús unos 600 kilómetros, hasta la ciudad de Aguachica, en el departamento de Norte de Santander. Allí dejó a Leonardo en manos del soldado Dairo Palomino, de la Brigada Móvil número 15, quien lo llevó otros 150 kilómetros hasta Ábrego. "El muchacho no era normal, hablaba muy poco, miraba muy raro", dijo Carretero ante el juez, casi cuatro años más tarde. A Leonardo los soldados lo llamaban "el bobito", explicó.

 

Carretero era uno de los reclutadores que surtía de víctimas a los militares. Otro de los reclutadores, un joven de 21 años, testigo protegido durante uno de los juicios, explicó que engañaban a chicos desempleados, drogadictos, pequeños delincuentes: "Escogíamos a los más chirretes, a los que estuvieran vagando por la calle y dispuestos a irse a otras regiones a ganar plata en trabajos raros". Confesó haber engañado y entregado a más de treinta jóvenes a los militares, por cada uno de los cuales cobraba 75 euros, la tarifa habitual. También hizo negocio revendiendo pistolas y balas del mercado negro a los soldados del Batallón 15, que luego se las colocaban a sus víctimas para hacerlas pasar así por guerrilleros.

 

El reclutador Carretero entregó a Leonardo a los militares el 10 de enero. Le quitaron la documentación y su nombre desapareció. A partir de entonces aquel chico ya solo fue uno de los cadáveres indocumentados de los supuestos guerrilleros que la Brigada Móvil 15 afirmó haber matado en combate, a las 2.24 de la mañana del 12 de enero de 2008, en el municipio de Ábrego. Ya solo fue uno de los cuerpos acribillados, guardados en bolsas de plástico y arrojados a una fosa común. No existió nadie llamado Fair Leonardo Porras Bernal, ni vivo ni muerto, en los siguientes 252 días.

 

Esos 252 días los pasó Luz Marina Bernal buscando a su hijo en comisarías, hospitales, juzgados y morgues, levantándose a las cinco de la mañana para recorrer los barrios de Soacha y Bogotá, por si su hijo había perdido la memoria y dormía en la calle. Su hijo estará de fiesta, le decían los funcionarios, se habrá escapado con alguna muchacha. En agosto empezaron a identificar algunos cadáveres hallados en una fosa común de la ciudad de Ocaña, departamento de Norte de Santander: pertenecían a otros chicos de Soacha, desaparecidos en la misma época que Leonardo Porras. El 16 de septiembre una doctora forense enseñó a Luz Marina Bernal una fotografía.

 

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-Era mi hijo. Fue espantoso verlo. La cara estaba desfigurada por varios balazos pero lo reconocí.

 

Le pedían unos cinco mil euros por exhumar y transportar el cadáver, una cantidad desorbitada para una familia pobre de Soacha. Durante ocho días reunió dinero, pidió préstamos y al fin alquiló una furgoneta en la que viajó hasta Ocaña con su marido y su hijo John Smith. Allí el fiscal le dijo que Leonardo era un comandante narcoguerrillero y que había muerto en combate.

 

Uribe: "No fueron a coger café"

 

Luz Marina Bernal, 54 años, es una mujer de gestos pausados, con un discurso tranquilo del que brotan verdades punzantes; parece que ha amasado el dolor hasta cuajarlo en una firmeza granítica. Vive en una de las pequeñas casas de ladrillo de Soacha. El dormitorio de Leonardo es ahora un santuario en memoria del hijo asesinado, un pequeño museo con fotografías, recortes de prensa y velas. Luz Marina muestra un retrato enmarcado de su hijo: un joven de hombros anchos y porte elegante, vestido con chaqueta negra, camisa blanca y corbata celeste, que mira a la cámara con la mandíbula prieta y unos ojos claros deslumbrantes. Son los mismos ojos claros de Luz Marina, que acerca mucho el retrato a su cara.

 

Desde la cocina se extiende el olor de las arepas que está cocinando John Smith Porras, hermano de Leonardo, para desayunar. John Smith viene a casa de vez en cuando pero tuvo que marcharse a vivir a otro lado porque recibió amenazas de muerte. Y porque ya asesinaron al familiar de otra víctima de Soacha, "por no cerrar la boca". Ante la pasividad judicial, John Nilson Gómez decidió averiguar por su cuenta quiénes habían sido los reclutadores y los asesinos de su hermano Víctor. Recibió amenazas telefónicas, le conminaron a marcharse de la ciudad y al final alguien se le acercó en una moto y le pegó un tiro en la cara. La familia Porras Bernal ha recibido amenazas por teléfono, por debajo de la puerta y en plena calle. Para que cierren la boca.

 

Luz Marina abre un álbum. Colecciona las portadas que publicaron los periódicos en aquellos días de septiembre de 2008, cuando iban apareciendo los cadáveres de los chicos de Soacha. Clava el dedo índice sobre uno de los titulares: "Hallan fosa de 14 jóvenes reclutas de las Farc".

 

El presidente Álvaro Uribe compareció ante los medios para ratificar que los chicos de Soacha habían muerto en combate: "No fueron a coger café. Iban con propósitos delincuenciales". Luz Marina Bernal mastica despacio esa frase, con una media sonrisa dolorida: "No fueron a coger café. No fueron a coger café. Fue terrible escuchar de la boca del presidente que nuestros hijos eran delincuentes".

 

Luis Fernando Escobar, personero de Soacha, defensor de la comunidad ante la administración, denunció las sospechosas irregularidades de estas muertes. Tres semanas más tarde el escándalo era ya indisimulable. Se demostró que los chicos habían sido asesinados muy lejos de sus casas a los dos o tres días de su desaparición (y no al cabo de un mes, como afirmó Uribe para defender la idea de que habían organizado una banda) y se encontraron diversas chapuzas en los montajes de los crímenes: algunas víctimas llevaban botas de distinto tamaño en cada pie; otras aparecieron con disparos en el cuerpo pero les habían puesto unas ropas de guerrillero en las que no había un solo orificio; incluso aparecieron cadáveres acribillados en terrenos donde no había ni una sola huella de disparos. El caso del discapacitado mental al que los militares presentaron como comandante colmó el vaso.

 

Ante la avalancha de pruebas, Uribe no tuvo más remedio que comparecer de nuevo, esta vez acompañado por generales y por el ministro de Defensa Juan Manuel Santos, actual presidente de Colombia. Y dijo: "En algunas instancias del Ejército ha habido negligencia, falta de cuidado en los procedimientos, y eso ha permitido que algunas personas puedan estar incursas en crímenes". Luego anunció la destitución de 27 militares.

 

Las destituciones fueron un mero gesto administrativo. No se emprendieron investigaciones sobre las denuncias por ejecuciones extrajudiciales, que se iban acumulando por cientos, sino todo lo contrario: el Estado las obstaculizó de mil maneras. Y cuando el general Mario Montoya, comandante del Ejército, dejó su cargo por el escándalo de Soacha, Uribe lo nombró embajador en la República Dominicana.

 

Ante la proliferación de casos denunciados y documentados, Philip Alston, relator especial de las Naciones Unidas para ejecuciones extrajudiciales, viajó a Colombia en junio de 2009. "Las matanzas de Soacha fueron flagrantes y obscenas", declaró al final de su estancia, "pero mis investigaciones demuestran que son simplemente la punta del iceberg". El término "falsos positivos", según Alston, "da una apariencia técnica a una práctica que en realidad es el asesinato premeditado y a sangre fría de civiles inocentes, con fines de lucro". Describió de manera detallada los reclutamientos con engaños, los asesinatos y los montajes. Afirmó que los familiares de las víctimas sufrían amenazas cuando se atrevían a denunciar. Y rechazó que se tratara de crímenes aislados, cometidos "por algunas manzanas podridas dentro del Ejército", como defendía el Gobierno de Uribe. La gran cantidad de casos, su reparto geográfico por todo el país y la diversidad de unidades militares implicadas indicaban "una estrategia sistemática", ejecutada por "una cantidad significativa de elementos del Ejército".

 

Se sucedieron las denuncias de observadores internacionales y asociaciones colombianas de derechos humanos: las desapariciones forzosas y las ejecuciones extrajudiciales eran una práctica frecuente dentro de las fuerzas públicas y el Estado obstaculizaba las investigaciones y hasta homenajeaba a los agresores. En palabras de la Fundación para la Educación y el Desarrollo (FEDES), de Bogotá: en Colombia la impunidad es una política de Estado.

 

El presidente Uribe respondió que "la mayoría" de las acusaciones eran falsas. Que venían de "un cúmulo de abogados pagados por organizaciones internacionales", cargados "de odio y de sesgos ideológicos". Y salió una y otra vez a defender a los militares: "Nosotros sufrimos la pena de ver cómo llevan a la cárcel a nuestros hombres, que no ofrecen ninguna amenaza de huida, simplemente para que sean indagados. Tenemos que asumir la defensa de nuestros hombres contra las falsas acusaciones".

 

Mientras el presidente desplegaba los recursos públicos para defender a los militares imputados en los asesinatos, los familiares de las víctimas solo recibían portazos de las instituciones. Cuando las Madres de Soacha decidieron manifestarse un viernes al mes para reclamar el apoyo de las autoridades, cuando contaron sus historias en los medios, empezaron las amenazas. El 7 de marzo de 2009, María Sanabria caminaba por una calle angosta cuando se le acercaron dos hombres en una moto. El que iba detrás, sin quitarse el casco, se bajó, agarró a Sanabria del pelo y la empujó contra la pared: "Vieja hijueputa, a usted la queremos calladita. Nosotros no jugamos. Siga abriendo la boca y va a acabar como su hijo, con la cara llena de moscas".

 

El hijo de María, Jaime Estiven Valencia Sanabria, tenía 16 años y estudiaba el bachillerato en Soacha cuando lo secuestraron, lo llevaron al Norte de Santander y lo asesinaron. Cuando su madre empezó a buscarlo, un fiscal le dijo que su hijo estaría de farra con alguna novia mientras ella lloraba "como una boba". Cuando llegó a Ocaña, a sacarlo de la fosa común, le dijeron que su hijo era un guerrillero. Cuando se van a cumplir seis años del asesinato, ni siquiera se ha abierto una investigación judicial, María ni siquiera sabe si el caso está en los juzgados de Cúcuta o de Bogotá, porque en la Fiscalía nadie le responde.

 

"Sabemos que a nuestros hijos los mataron a cambio de una medalla", dice Sanabria, "a cambio de un ascenso, a cambio del dinero que les pagaba el Estado".

 

A 1.400 euros el muerto

 

El Estado pagaba recompensas a los asesinos. A los pocos días de que Uribe alegara "negligencia" y "falta de cuidado en los procedimientos" del Ejército, el periodista Félix de Bedout reveló una directiva secreta del ministerio de Defensa. La directiva 029, del 17 de noviembre de 2005, establecía recompensas por la "captura o el abatimiento en combate" de miembros de organizaciones armadas ilegales. Se contemplaban cinco escalas: desde los 1.400 euros por un combatiente raso, hasta 1,8 millones de euros por los máximos dirigentes. También incluía una tabla exhaustiva de seis páginas con las recompensas por el material incautado a los combatientes, material que iba desde aviones hasta pantalones de camuflaje, pasando por ametralladoras, misiles, minas, balas, discos duros, teléfonos o marmitas.

 

En enero de 2008, en las mismas fechas en que los soldados de la Brigada 15 estaban secuestrando y asesinando a los chicos de Soacha, uno de los antiguos miembros de esa brigada reveló en la prensa la práctica de los falsos positivos. El sargento Alexánder Rodríguez ya había denunciado los asesinatos y los montajes en diciembre ante sus superiores militares. A los tres días lo retiraron de su puesto. Entonces acudió a la revista Semana y contó cómo sus compañeros de la Brigada 15 habían asesinado a un campesino, cómo habían puesto un dinero común para comprar la pistola que después le colocaron a la víctima y cómo a cambio de su colaboración en el crimen obtuvieron cinco días de descanso. Las denuncias del sargento Rodríguez fueron acalladas por los altos mandos y así no hubo ningún problema para que en las siguientes semanas secuestraran y asesinaran a los chicos de Soacha.

 

Las recompensas alentaron un negocio siniestro dentro del Ejército: la fabricación de cadáveres de guerrilleros. A raíz de la directiva 029, las denuncias por ejecuciones extrajudiciales se multiplicaron: en 2007 ya eran más del triple que en 2005 (de 73 pasaron a 245, según la Fiscalía colombiana). Y aún no había llegado la oleada de denuncias tras el escándalo de Soacha en 2008. Los dedos empezaron a señalar las políticas del presidente Uribe.

 

Álvaro Uribe estableció como eje de sus mandatos entre 2002 y 2010 la llamada Política de Seguridad Democrática: una ofensiva del Estado, principalmente militar, para imponerse a las guerrillas (que sufrieron grandes derrotas pero aún cuentan con más de nueve mil miembros), a los paramilitares (que pactaron una desmovilización pero que en realidad mutaron en nuevas bandas) y al narcotráfico (un fenómeno que sigue envolviendo como una hiedra al conflicto colombiano).

 

Uribe multiplicó el presupuesto y la actividad del Ejército. Con la bandera de la "lucha contra el terrorismo", empezaron las detenciones masivas y arbitrarias de civiles. En los dos primeros años arrestaron a siete mil personas de forma ilegal, según denunciaron asociaciones de derechos humanos y las Naciones Unidas. Los agentes llegaban a un pueblo y detenían a montones de personas, con una acusación genérica de colaborar con las guerrillas, sin indicios ni fundamentos. Arrestaban a pueblos enteros y luego los investigaban, para ver si descubrían alguna conexión con los guerrilleros.

 

En la madrugada del 18 de agosto de 2003, la Policía detuvo a 128 personas en Montes de María, acusadas de rebelión. El fiscal Orlando Pacheco vio que no había ninguna prueba, que los informes policiales estaban plagados de disparates, y ordenó liberar a todos los detenidos. Entonces el fiscal general de Colombia destituyó inmediatamente al fiscal Pacheco y lo tuvo dos años y medio bajo arresto domiciliario. Al cabo de tres años, tras las denuncias de asociaciones jurídicas internacionales, la Corte Suprema dio la razón al fiscal Pacheco. Pero nadie fue castigado por las detenciones ilegales multitudinarias.

 

En Arauca, una de las zonas con mayor presencia de las guerrillas, el presidente Uribe hizo esta declaración el 10 de diciembre de 2003: "Le dije al general Castro que en esa zona no podíamos seguir con capturas de cuarenta o cincuenta personas todos los domingos, sino de doscientos, para acelerar el encarcelamiento de los terroristas". Miles de personas fueron detenidas sin pruebas ni garantías, pasaron temporadas largas en la cárcel y salieron absueltas pero con un estigma social muy grave. "La política de seguridad democrática de Uribe ha vulnerado masiva, sistemática y permanentemente el derecho a la libertad", denunció la misión de observadores internacionales CCEEUU (Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos).

 

También se desató una persecución sistemática a los opositores políticos. La revista Semana reveló en 2009 abundantes casos de espionajes ilegales, grabaciones, pinchazos de teléfonos, acosos y criminalizaciones contra periodistas, jueces, políticos, abogados y defensores de derechos humanos, persecuciones montadas por el DAS, los servicios secretos directamente dependientes de Uribe. El DAS ya había protagonizado otro escándalo en 2006, cuando su director Jorge Noguera, hombre de confianza de Uribe, fue acusado de colaborar con grupos paramilitares y de facilitarles información sobre sindicalistas y defensores de derechos humanos que luego fueron asesinados. En plena tormenta, Noguera dejó la dirección del DAS. Pero Uribe afirmó que ponía la mano en el fuego por él y lo nombró cónsul en Milán. Cuando en 2011 condenaron a Noguera a 25 años de cárcel por homicidio, concierto para delinquir, revelación de secretos y destrucción de documentos públicos, Uribe publicó este mensaje en Twitter: "Si Noguera hubiera delinquido, me duele y ofrezco disculpas a la ciudadanía". Algunos de los delitos, como el espionaje a periodistas y jueces, se fueron extinguiendo por la lentitud de los procesos judiciales y prescribieron.

 

Al final de sus ocho años de mandato, la Oficina de la Presidencia de Uribe dio estas cifras para mostrar la eficacia de sus políticas: 19.405 combatientes fueron "abatidos" (un eufemismo para no decir "muertos"), 63.747 fueron capturados y 44.954 fueron desmovilizados.

 

La suma alcanza 128.106 personas y resulta asombrosa. La fundación FEDES calcula que en el año 2002 había unos 32.000 miembros armados ilegales en Colombia, entre guerrilleros y paramilitares. Es decir: o cayeron todos y se renovaron por completo cuatro veces seguidas o en realidad "la llamada Política de Seguridad Democrática no estaba exclusivamente dirigida contra miembros de estos grupos sino en contra de un amplio espectro de la población civil, que fue víctima constante de crímenes como los falsos positivos".

 

Con la necesidad de presentar cifras de bajas y con el estímulo de las recompensas secretas fijadas en 2005, en los años de Uribe se multiplicaron las ejecuciones extrajudiciales. La misión de observadores internacionales CCEEUU documentó 3.796 ejecuciones extrajudiciales entre 1994 y 2009, de las cuales 3.084 ocurrieron en la segunda mitad de este periodo, durante la Política de Seguridad Democrática.

 

Una grieta en la impunidad

 

La familia Porras Bernal no tenía dinero suficiente para una tumba en Soacha. Un amigo les dejó un espacio en el cementerio de La Inmaculada, una extensa pradera con pequeñas lápidas dispersas, en el extremo norte de Bogotá. Desde Soacha, en el extremo sur, Luz Marina tarda dos horas en autobús cada vez que va a visitar la tumba de Leonardo.

 

A la entrada del cementerio compra tres ramos de claveles y margaritas. Camina por la hierba mullida, coloca las flores en el lugar donde reposan los restos de Leonardo, se sienta en el césped y acaricia la tierra. Llora en silencio y habla en susurros, mirando al suelo.

 

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-Le doy las noticias de la familia. Le explico cómo estamos, qué hacemos, cuánto le echamos de menos. Y le cuento cómo va la lucha de las Madres de Soacha. Le digo que los diecinueve muchachos asesinados tienen que pedirle a Diosito que nos dé fuerzas, que estamos luchando por ellos, para que les hagan justicia. Se lo cuento todo a Leonardo y vuelvo a casa más tranquila y más fuerte.

 

Luz Marina cumple otra cita con Leonardo y los muchachos asesinados: las concentraciones de las madres en un parque de Soacha, el último viernes de cada mes. María Sanabria le ayuda a llevar una gran pancarta en la que denuncian casos de tortura, desapariciones forzadas, montajes, fosas comunes, y en las que acusan a los presidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos de ser responsables de más de 4.700 crímenes de lesa humanidad. Las Madres de Soacha visten túnicas blancas, llevan al cuello las fotos de sus hijos asesinados y despliegan pancartas.

 

Cuando empezaron a reunirse y a reclamar la verdad, llegaron las amenazas, las persecuciones, los ataques. Pero ellas nunca callaron. Y sus gritos y sus cantos quebraron el silencio: los medios relataron sus historias; Amnistía Internacional les envió 5.500 rosas y 25.000 mensajes de todo el planeta y les organizó una gira por Europa en 2010 para denunciar sus casos; y en marzo de 2013, a propuesta de Oxfam-Intermón, recibieron el premio Constructoras de Paz en el parlamento de Cataluña.

 

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-Nos siguen acosando -dice Luz Marina Bernal- pero la comunidad internacional vigila y esa es nuestra protección. Si nos ocurre algo, nosotras señalamos al Estado.

 

La Corte Penal Internacional (CPI) tiene a Colombia en la lista de los países en observación, desde 2005, por la sospecha de que no investiga ni juzga debidamente los crímenes de lesa humanidad cometidos por las Farc, los paramilitares y los agentes de las fuerzas públicas. Uno de los casos bajo la lupa es precisamente el de los falsos positivos. En un informe de noviembre de 2012, la CPI afirmó que había "bases razonables" para creer que estos crímenes corresponden a una política estatal, conocida desde hace años por altos mandos militares y como mínimo "maquillada" o "tolerada" por los niveles superiores del Estado.

 

El empeño de Luz Marina Bernal y las Madres de Soacha consiguió un triunfo mayúsculo el 31 de julio de 2013. El Tribunal Superior de Cundinamarca (departamento al que pertenece Soacha) aumentó la condena a los seis militares culpables de la muerte de Leonardo: de los 35 y 51 años de prisión con los que fueron castigados en primera instancia, pasaron todos a 53 o 54 años. Y lo más importante: además de considerarlos culpables de desaparición forzada, falsificación de documentos públicos y homicidio, como se estableció en el primer juicio, el Tribunal Superior añadió que se trataba de un plan criminal sistemático de los militares, ejercido contra población civil, y que por tanto debía considerarse como crimen de lesa humanidad. Y que así debían considerarse todos los casos de falsos positivos.

 

Como crímenes contra la humanidad

 

Esta sentencia fue un terremoto: los crímenes contra la humanidad no prescriben y pueden juzgarse en cualquier país. Así se abrieron las primeras grietas en la impunidad. Los 4.716 casos de ejecuciones extrajudiciales denunciados ante la Fiscalía colombiana, muchos de ellos encerrados en un sarcófago de olvido, podrían recibir alguna luz a través de esas grietas.

 

Pero no será fácil. Los abogados recurrieron la sentencia, que tardará en ser firme. Los observadores internacionales insisten en que las investigaciones son escasas y lentas. Y el asesinato de Leonardo Porras fue el más flagrante pero aún quedan muchas muertes que no han recibido ninguna atención. Como la de Jaime Estiven Valencia, el estudiante de 16 años, el chico que quería ser cantante y veterinario, el hijo de María Sanabria.

 

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-A mi niño me lo asesinaron el 8 de febrero de 2008, va para seis años, y no se ha dado ni una orden de investigación –dice-. A mi niño me lo mataron y a nadie le importa. La impunidad me enferma. Me muero de tristeza. Pero sigo viviendo para que nuestros hijos no hayan muerto en vano. Porque al denunciar sus casos conseguimos salvar muchas otras vidas.

 

-Necesitamos la verdad para seguir viviendo -dice Luz Marina Bernal-. Y no nos basta con saber quiénes apretaron el gatillo. Solo están condenando a los soldados, a los rangos bajos, pero queremos saber quiénes lo organizaron todo, quiénes dieron órdenes y quiénes pagaron los asesinatos con dinero del Estado.

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Trampas a la verdad e intento por reconstruir la historia oficial
Atribuir a las guerrillas más acciones contra la población civil de las que comete y maquillar la actuación de la Fuerza Pública o de los grupos paramilitares sólo puede tener un propósito: negar la verdad de lo ocurrido y configurar otra historia, una historia oficial.


Al mejor estilo del segundo de los 10 preceptos de la propaganda de guerra, “el enemigo es el único responsable de la guerra” (ver recuadro) el país ha sido testigo de reiterados intentos oficiales por manipular la realidad. Desde el sonado caso del collar bomba hace más de una década hasta el reciente fallo sobre los hechos de Santo Domingo (Arauca), una sombra de duda se cierne sobre las acciones que ocurren y de inmediato, a través de declaraciones públicas de autoridades civiles o de la fuerza pública, son atribuidas a las guerrillas (farc y eln) para luego rectificar en voz baja, silenciar o desviar las investigaciones cuando éstas comprometen al Estado o a los grupos armados que actúan bajo la connivencia de agentes oficiales.

Las manipulaciones son dicientes. En marzo de 2012, un fallo judicial intentó contradecir actuaciones previas de la justicia nacional e internacional, que ya habían confirmado la responsabilidad de la Fuerza Aérea Colombiana en la masacre de Santo Domingo, ocurrida el 13 de diciembre de 1998, en la cual murieron 17 campesinos víctimas de un bombardeo. En una actuación poco clara, el juzgado especializado de Arauca había condenado a Germán Suárez Briceño, alias “Granobles”, comandante del décimo frente de las farc, por este hecho. El juez incluyó a civiles víctimas del bombardeo de la fuerza aérea dentro del caso que en realidad estaba investigando: la muerte de nueve soldados durante un enfrentamiento con las farc, ocurrido días antes del bombardeo. Finalmente, el Tribunal Superior de Arauca anuló este fallo, dejando al descubierto el intento de falsear la verdad sobre los hechos.

Este intento de manipulación no es aislado. En febrero de 2012 el país entero volvió su mirada sobre la población de Tumaco a raíz de los atentados que le costaron la vida a más de una decena de civiles y dejaron heridos a más de 70. La tragedia dejó al descubierto la situación de pobreza y abandono estatal, y el dominio de las estructuras armadas ilegales de esta zona del país. El atentado, según el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, fue el producto de una actuación conjunta entre las farc y la banda criminal “los rastrojos”, heredera de los grupos paramilitares. La respuesta estatal fue aumentar el pie de fuerza, innecesario según la comunidad, la misma que denuncia que la carga explosiva de 40 kilos salió del barrio Viento Libre de donde sólo se sale pasando por un control de la Armada y otro de la Policía.

En 2005, el atentado contra el hoy ministro de Gobierno Germán Vargas Lleras fue atribuido casi de inmediato a las farc por el entonces director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Años después, en 2011, los mismos archivos de la entidad revelaron que tanto los explosivos como la información para el atentado comprometían al DAS y no a las farc.

Cinco años antes, en mayo de 2000, y en medio del proceso de paz con la guerrilla de las farc, la señora Elvia Cortés fue víctima de un hecho atroz: un delincuente le sujetó un collar-bomba al cuello y exigía 15 millones de pesos para retirárselo. La mujer y uno de los agentes murieron cuando intentaban desactivar el artefacto. El hecho fue atribuido a esta guerrilla, pero días después el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), de la Fiscalía, señalaba que no había certeza sobre la identidad de los autores. Un mes más tarde, la Fiscalía General de la Nación dictó medida de aseguramiento contra José Miguel Suárez, integrante de una banda de delincuencia común de la zona. Once años después la Fiscalía solicitó condena por este caso.


La paz perdida entre la propaganda


Estos montajes mediáticos, con componentes judiciales y de inteligencia, buscan grabar en el imaginario colectivo la idea de un “enemigo execrable […] que tiene el rostro del diablo”, tercer principio del decálogo de la propaganda de guerra.

Como lo señala el investigador Óscar Fernando Sánchez, quien analiza los 10 preceptos de la propaganda de guerra a la luz de la realidad colombiana en su libro La fábrica del consentimiento uribista, “esto deriva en la legitimación de un lenguaje y unos calificativos que van en el sentido contrario a un camino de paz que, paradójicamente, reclaman todos los que lo usan”. La población civil ha sido la principal víctima de esta lógica. Es el triste saldo de un conflicto armado que no encuentra salida por la vía de la guerra.

El reto se va haciendo claro. Para avanzar por el camino de la paz y hacia un escenario de auténtico posconflicto, es necesario reconocer que el Estado, garante de los derechos humanos, los ha violado de manera sistemática durante más de cinco décadas. Negarlo implica retrasar o impedir procesos históricos de verdad, justicia y reparación que permitan sanar las heridas, entender las causas y las lógicas que le dieron base al conflicto armado en Colombia, y que lo mantienen vivo, lejos de un posconflicto.

Recuadro

Los diez preceptos de la propaganda de guerra

 

  1. “Nosotros no queremos la guerra”
  2. “El enemigo es el único responsable de la guerra”
  3. “El enemigo es un ser execrable… tiene el rostro del Diablo”
  4. “Pretendemos nobles fines” (ocúltense los verdaderos objetivos de la guerra)
  5. “El enemigo comete atrocidades voluntariamente. Lo nuestro son errores involuntarios”.
  6. El enemigo utiliza armas no autorizadas”
  7. “Nosotros sufrimos pocas pérdidas. Las del enemigo son enormes”
  8. “Los artistas y los intelectuales apoyan nuestra causa”
  9. “Nuestra causa tiene un carácter sagrado, divino o sublime”
  10.  “Quienes ponen en duda la propaganda de guerra son unos traidores”


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Lunes, 27 Febrero 2012 06:34

Las Farc anuncian el fin del secuestro

Las Farc anuncian el fin del secuestro

Tras 47 años de lucha, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se comprometieron a renunciar a la “retención de personas” con fines financieros. Ahora se espera que los últimos diez militares que mantenían en condición de rehenes sean puestos en libertad. El grupo rebelde hizo el anuncio durante una declaración pública del secretariado o mando central rebelde, divulgada en su sitio de Internet, y que el gobierno de Juan Manuel Santos no dejó pasar por alto. “Valoramos el anuncio de las FARC de renunciar al secuestro como un paso importante y necesario, pero no suficiente en la dirección correcta”, afirmó el presidente desde su cuenta de Twitter. La organización le devolvió gentilezas al responsabilizar a su gobierno de ser quien “frustró un feliz final” de la situación de al menos seis rehenes, cuya liberación fue anunciada varias veces y otras tantas dejada sin efecto desde noviembre. El secuestro con fines extorsivos ha sido una de las fuentes de ingreso de la guerrilla más antigua del continente, en actividad desde 1964.
 

La renuncia al uso de los secuestros se había convertido en un pedido constante del gobierno y la sociedad civil a los guerrilleros colombianos. Desde la dependencia que tiene a su cargo la política antisecuestro se atribuye a las FARC el 26 por ciento de los 298 secuestros cometidos en 2011 en el país. Entre sus argumentos, los rebeldes reconocen, de manera tácita, el hecho de haber escuchado el clamor popular al anunciar que “a partir de la fecha proscribimos la práctica de ellas (las retenciones de personas) en nuestra actuación revolucionaria”.
 

“Es un anuncio que considero trascendental, no solamente porque pone punto final al secuestro, que es una exigencia que le habíamos hecho desde mucho tiempo atrás y que se esperaba como un paso cierto en el camino hacia la paz”, señaló desde Bogotá el representante a la Cámara y activista Iván Cepeda. El legislador, perteneciente al partido de izquierda Polo Democrático Alternativo (PDA), recibió esa decisión como “una noticia alentadora en términos de voluntad de paz”. “Creo que, con este anuncio, las FARC están dando un paso significativo hacia la búsqueda de la paz en Colombia”, afirmó Cepeda, quien conforma el colectivo Colombianos y Colombianas por la Paz (CCP), al que los insurgentes le han entregado en los años recientes una veintena de prisioneros, entre políticos y uniformados.
 

Entre las misiones que obraron en este sentido se encuentran las facilitadas por los gobiernos de Venezuela y Brasil. “La de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, es una disposición generosa que aceptamos sin vacilación”, escribieron los rebeldes en el comunicado difundido ayer. Con la ex congresista Piedad Córdoba a la cabeza, al CCP le toca intervenir en la anunciada liberación de los últimos diez militares y policías en manos del grupo guerrillero, detenidos por las FARC entre 1998 y 1999, durante distintas acciones y en diferentes regiones, junto a otro uniformado que, según parece, perdió la vida estando en cautiverio.
 

Hasta antes de esta declaración, los rebeldes se habían comprometido a dejar en libertad a seis de esos detenidos, incluido Carlos José Duarte, intendente de la policía y padre de la adolescente Natalia Andrea, quien la semana pasada marchó 64 kilómetros para exigir su entrega y la de los demás cautivos. “Creo que de algo sirvió la caminata que hice (de la localidad de Fusagasugó) a Bogotá”, dijo la chica, quien tenía 4 años cuando su padre fue apresado por los rebeldes.
 

La adolescente confió en que ahora sí pueda tenerlo de nuevo a su lado; ésa es la misma esperanza que abrigan las familias de quienes, al igual que Duarte, continúan siendo rehenes de la guerrilla colombiana. Ellos son los militares Luis Alfonso Beltrán Franco, Luis Arturo Arcía, Robinson Salcedo Guarín y Luis Alfredo Moreno Chagüeza, y los policías César Augusto Lasso Monsalve, Jorge Trujillo Solarte, Jorge Humberto Romero, José Libardo Forero y Wilson Rojas Medina. No obstante, Natalia Andrea también confesó: “Hasta que no lo vea bajar de un helicóptero, no lo creeré”.
 

Otro colectivo, la Asociación Colombiana de Familiares de Miembros de la Fuerza Pública Retenidos y Liberados por Grupos Guerrilleros (Asfamipaz), representa a las familias del intendente Duarte y de los demás rehenes. “Ahora lloramos de alegría y no de dolor”, declaró la presidenta de esta organización, Marleny Orjuela, al aludir a la decisión de las FARC de entregarlos a los presos de manera conjunta. La activista fue convocada por los rebeldes a que “acuda a recibirlos en la fecha acordada”. Sin embargo, hasta el momento no se conoce cuál será el cronograma final de liberación. “Nos alegramos mucho por ellos, los diez secuestrados, que van a ser liberados, y por sus familias. El gobierno dará garantías sin circo mediado”, escribió también en su cuenta de Twitter el presidente colombiano.

 

El comunicado

Declaración pública sobre prisioneros y retenciones 

 
Cada vez que las FARC-EP hablamos de paz, de soluciones políticas a la confrontación, de la necesidad de conversar para hallar una salida civilizada a los graves problemas sociales y políticos que originan el conflicto armado en Colombia, se levanta enardecido el coro de los amantes de la guerra a descalificar nuestros propósitos de reconciliación. De inmediato se nos endilgan las más perversas intenciones, sólo para insistir en que lo único que cabe con nosotros es el exterminio. Por lo general, los mencionados incendiarios nunca van a la guerra, ni les permiten ir a sus hijos.

Son casi 48 años en lo mismo. Cada intentona ensayada ha redundado en un subsiguiente fortalecimiento nuestro, frente al cual vuelve a agrandarse la embestida y a reiniciarse el círculo. El fortalecimiento militar de las FARC de hoy se levanta en las narices de quienes proclamaron el fin del fin y los incita a proclamar la necesidad de acrecentar el terror y la violencia. Por nuestra parte consideramos que no caben más largas a la posibilidad de entablar conversaciones.

Por eso queremos comunicar nuestra decisión de sumar a la anunciada liberación de los seis prisioneros de guerra, la de los cuatro restantes en nuestro poder. Al agradecer la disposición generosa del gobierno que preside Dilma Rousseff y que aceptamos sin vacilación, queremos manifestar nuestros sentimientos de admiración para con los familiares de los soldados y policías en nuestro poder. Jamás perdieron la fe en que los suyos recobrarían la libertad, aún en medio del desprecio y la indiferencia de los distintos gobiernos y mandos militares y policiales.

En atención a ellos, quisiéramos solicitar a la señora Marleny Orjuela, esa incansable y valiente mujer dirigente de ASFAMIPAZ, que acuda a recibirlos en la fecha acordada. A tal efecto, anunciamos al grupo de mujeres del continente que trabajan al lado de Colombianas y Colombianos por la Paz, que estamos listos a concretar lo que sea necesario para agilizar este propósito. Colombia entera y la comunidad internacional serán testigos de la voluntad demostrada por el gobierno de Juan Manuel Santos que ya frustró un feliz final en noviembre pasado.

Mucho se ha hablado acerca de las retenciones de personas, hombres o mujeres de la población civil, que con fines financieros efectuamos las FARC a objeto de sostener nuestra lucha. Con la misma voluntad indicada arriba, anunciamos también que a partir de la fecha proscribimos la práctica de ellas en nuestra actuación revolucionaria. La parte pertinente de la ley 002 expedida por nuestro Pleno de Estado Mayor del año 2000 queda por consiguiente derogada. Es hora de que se comience a aclarar quiénes y con qué propósitos secuestran hoy en Colombia.

Serios obstáculos se interponen a la concreción de una paz concertada en nuestro país. La arrogante decisión gubernamental de incrementar el gasto militar, el pie de fuerza y las operaciones, indica la prolongación indefinida de la guerra. Ella traerá consigo más muerte y destrucción, más heridas, más prisioneros de guerra de ambas partes, más civiles encarcelados injustamente. Y la necesidad de recurrir a otras formas de financiación o presión política por parte nuestra. Es hora de que el régimen piense seriamente en una salida distinta, que empiece al menos por un acuerdo de regularización de la confrontación y de liberación de prisioneros políticos.

Deseamos finalmente expresar nuestra satisfacción por los pasos que se vienen dando hacia la conformación de la comisión internacional que verificará las denuncias sobre las condiciones infrahumanas de reclusión y el desconocimiento de los derechos humanos y de defensa jurídica, que afrontan los prisioneros de guerra, los prisioneros de conciencia y los presos sociales en las cárceles del país. Esperamos que el gobierno colombiano no tema y no obstruya esta legítima labor humanitaria propulsada por la comisión de mujeres del continente.

Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP
Montañas de Colombia, 26 de febrero de 2012



 

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La protesta de policías en Ecuador por la reducción de sus beneficios salariales ha llevado el caos al país y ha puesto en jaque al Gobierno del país, que ha decretado el estado de excepción y denunciado un intento de golpe de Estado. El presidente Rafael Correa se encuentra retenido por los amotinados, que le impiden salir del hospital militar adonde acudió tras hacerse daño en una pierna recién operada y por aspirar gases lacrimógenos durante la revuelta. El mandatario asegura que no negociará mientras esté atrapado. "Olvídese de cualquier acuerdo o cualquier diálogo mientras no pueda salir", ha declarado en una conexión telefónica con Ecuador TV, cuya señal es emitida en todos los canales de televisión del país. "Saldré de aquí como presidente o con los pies por delante", sentencia.
  
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha acusado a la oposición de intentar derrocarle con un golpe de Estado y ha confirmado que está estudiando la posibilidad de disolver el Parlamento en medio de protestas policiales.El mandatario ha dicho que los manifestantes, a los que ha acusado de traición y conspiración, intentaron agredirlo y necesitó de atención médica.Un grupo de soldados ha tomado el control del principal aeropuerto de Quito y cientos de policías están protestando en las calles mientras el presidente estudia disolver el Congreso por el bloqueo a una ley de austeridad que alcanza a las fuerzas de seguridad. - AGENCIA ATLAS
 
El ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño, por su parte, ha sido también hospitalidado al ser golpeado en la cabeza por policías sublevados. En el momento de ingresar en el hospital Metropolitano, Patiño presentaba una herida y manchas de sangre en su camisa.
 
El Gobierno ha confirmado que una persona ha fallecido y varias han resultado heridas como consecuencia de los enfrentamientos entre los sublevados y los seguidores del presidente. En una rueda de prensa junto a otros ministros en la sede de la Presidencia, el ministro de Seguridad Interna, Miguel Carvajal, informó de la muerte de un civil en Guayaquil, una docena de heridos en esa localidad y otros dos heridos con perdigones en Quito. También precisó que el Ejecutivo solo negociará si los policías renuncian a la violencia. "Deseamos que esto se resuelva por los mecanismos de diálogo, sin que ese diálogo signifique una imposición de ninguna naturaleza", recalcó.
 
Antes de ingresar en el hospital, el presidente se enfrentó a los rebeldes en la sede del Regimiento 1 de Quito. "Señores, si quieren matar al presidente, aquí está: mátenme si les da la gana, mátenme si tienen valor, en vez de estar en la muchedumbre, cobardemente escondidos", dijo visiblemente exaltado. Poco después, en declaraciones a un canal de televisión ecuatoriano, proclamó: "Es un intento del golpe de Estado de la oposición", ha asegurado Correa. "Me siento traicionado, no por todos, pero habrá que depurar", añadió.
 
Estado de excepción
 
El Gobierno ha declarado el estado de excepción en el país durante una semana y anunciado que el Ejército tomará en sus manos la seguridad del país. El ministro de Exteriores, Ricardo Patiño, instó a los cientos de partidarios de Correa congregados fuera del Palacio de Gobierno de Carandolet, en el centro de Quito, a que acudieran al hospital a rescatar al presidente. Los amotinados han lanzado gases lacrimógenos a los grupos que lo han intentado, pero unos 2.000 han conseguido llegar hasta las inmediaciones del edificio y se están enfrentando con los agentes, a los que triplican en número.
 
El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, Ernesto González, rodeado de otros altos mandos militares, ha manifestado el apoyo del Ejército al presidente y su respeto por las instituciones democráticas, y ha aclarado que Correa es su "máxima autoridad". No obstante, ha pedido "encarecidamente" la revisión de la ley que ha provocado la protesta. Algunos soldados se sumaron en los primeros momentos a la protesta y tomaron la pista del aeropuerto de Quito, sede también de la base aérea militar más importante del país, que ha reabierto tras permanecer cerrado durante varias horas.
 
Los policías han tomado la Asamblea Nacional, cuarteles y calles principales en diversos puntos del país. Quito se ha convertido en una ciudad fantasma. Las escuelas e institutos han enviado a los estudiantes a sus casas. En las entidades públicas se ha dado la orden de que el personal se retire a sus hogares. A esta hora la mayoría de la población de la capital permanece en sus casas, a la espera de que las Fuerzas Armadas inicien los controles en la vía pública. Sin embargo, aún no se ha visto a ningún miembro del Ejército en las calles.
 
Los comercios han cerrado las puertas tanto en Quito como en las ciudades de Ibarra, Esmeraldas, Cuenca, Ambato, Loja y Guayaquil. En esta última se han registrado hace pocos minutos un nuevo saqueo a un centro comercial. El temor es generalizado en la población, tanto a ataques de la delincuencia como al enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad. Además, la ciudadanía ha criticado que la única vía de información sean los canales gubernamentales.
 
Imágenes de televisión han mostrado a los policías en uniforme de tropa quemando neumáticos en varios puntos de Quito. Los uniformados han dicho que no cederán en su protesta. Todos los vuelos desde y hacia ese aeropuerto han sido suspendidos.
 
Comisión para poner fin a la crisis
 
Como salida a la crisis, el Gobierno y los policías sublevados intentan crear una comisión de negociación para poner fin a los conflictos y que estaría conformada por cinco miembros de la cúpula policial y cinco representantes de mandos inferiores, según afirma una periodista que se encuentra en el hospital donde permanece Correa.
 
Los amotinados exigen la restitución de varios beneficios, entre ellos un bono de la policía, los años previstos de ascensos, las condecoraciones, eliminados con una nueva Ley de Servicios Públicos aprobada anoche. Todo ello supone alrededor de 30 millones de dólares (22 millones de euros), de los que los policías solicitarán que la mitad sea destinada a la construcción de viviendas para agentes.
 
Poco después de los primeros disturbios, el presidente Correa se dirigió junto el ministro del Interior, Gustavo Jalkh, a decenas de policías de tropa en el Regimiento 1 en Quito y desde una ventana de una oficina del edificio intentó dialogar con los manifestantes, que le abuchearon y lanzaron objetos y gases lacrimógenos.
 
"No daré ni un paso atrás, si quieren tomarse los cuarteles, si quieren dejar a la ciudadanía indefensa y si quieren traicionar su misión de policías, traiciónenlos", exclamó Correa en un encendido discurso. "Señores, si quieren matar al presidente, aquí está: mátenme si les da la gana, mátenme si tienen valor, en vez de estar en la muchedumbre, cobardemente escondidos", dijo y agregó que su Gobierno seguirá "con una sola política de justicia, dignidad".
 
"Si quieren destruir la patria, destrúyanla, pero este presidente no da ni un paso atrás, ¡viva la patria!", ha finalizado Correa. Los policías lanzaron gases lacrimógenos al mandatario, que tuvo que retirarse rápidamente de la ventana desde la que hablaba. Correa fue operado recientemente de su rodilla derecha, que se ha vuelto a lastimar al salir de prisa del regimiento.
 
La revuelta se produce en momentos en que el presidente Correa considera disolver el Congreso ante el estancamiento que existe en la aprobación de varias leyes de reducción de gastos estatales. Incluso varios parlamentarios de su partido se oponen a estas leyes. La disolución le permitiría legislar por decreto y convocar elecciones anticipadas.
 
El ministro coordinador de Seguridad Interna y Externa de Ecuador, Miguel Carvajal, ha reconocido que su país está ante una situación "delicada" y frente a un proceso de "desestabilización del Gobierno y la democracia". Los Gobiernos latinoamericanos y España han mostrado su apoyo al Gobierno de Correa y esperan que la situación se solucione de forma pacífica.
 
Otra vez turbulencias
 
Ecuador tiene una larga historia reciente de golpes de Estado y revueltas. Desde 1997 hasta 2007 ha habido ocho presidentes en Ecuador. "Lo triste es que aparentemente habíamos superado ese ritmo cíclico de golpes de Estado y alzamientos", afirma Rubén Dario Buitrón, editor del diario El Comercio, al que la situación en las calles de Ecuador le recuerda "a los peores momentos de 2000, cuando el golpe que acabó con el poder de Jamil Mahuad". Y añade que estos acontecimientos marcan "un punto de inflexión en la supuesta idílica relación que mantenía Correa con el pueblo"
 
"Es la primera vez en sus años de gobierno que la población se le levanta a un presidente que tiene una gran popularidad", agrega Buitrón, quien considera que la salida al conflicto es que la Asamblea se reúna y derogue la ley, aunque, a su juicio, no cree que Correa vaya a dar marcha atrás en su decisión. La situación de Ecuador ha tomado posición en la lista de Trending Topics de Twitter.
 

La OEA repudia "cualquier intento de alterar la institucionalidad democrática"
 
La Organización de Estados Americanos (OEA) ha aprobado por aclamación una resolución que respalda "unánimamente al Gobierno Constitucional de Rafael Correa" y repudia "cualquier intento de alterar la institucionalidad democrática" en Ecuador. En una reunión extraordinaria convocada de urgencia tras la revuelta policial de este jueves en ese país, los representantes de los países miembros pidieron al secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, "que brinde toda la cooperación de la Organización a solicitud del Gobierno de Ecuador". El proyecto de resolución fue presentado por Perú y apoyado por por las delegaciones de todos los países miembros, que calificaron los hechos de intento de golpe de Estado contra el Gobierno.
 
La embajadora de Estados Unidos ante la OEA, Carmen Lomallin, destacó que EEUU hace una "condena tajante de los hechos" provocados por los policías y militares que protestan por un proyecto de ley para eliminar incentivos salariales. "Apoyamos al Gobierno democrático de Ecuador e instamos al secretario general a expeditar la resolución de este conflicto en la forma más democrtica posible", dijo Lomallin, en términos muy similares a los que se pronunciaron sus colegas del continente.
 
El documento aprobado después de una reunión de apenas una hora y media, solicita al Gobierno de Correa que continúe informando sobre el desarrollo de los hechos y hace "un enérgico llamado a la fuerza pública de Ecuador y a los sectores políticos y sociales a evitar todo acto de violencia que pueda generar una situación de inestabilidad política".
 
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, que habló por teléfono con el presidente Correa tras la intentona golpista, mostró su voluntad de apoyar en todo lo necesario al Gobierno ecuatoriano en estos difíciles momentos.
 

Unasur convoca una reunión de urgencia

 

Los presidentes de los países miembros de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) se reunirán en las próximas horas en Buenos Aires para analizar la crisis creada en Ecuador y repudiar la sublevación contra el presidente Correa, según ha confirmado la presidenta argentina, Cristina Fernández. Hasta ahora han confirmado su asistencia los mandatarios de Venezuela, Hugo Chávez, y Bolivia, Evo Morales, mientras que el peruano Alan García ha solicitado permiso al Congreso para viajar. Desde Colombia, una alta fuente oficial dijo a Efe que el presidente Juan Manuel Santos "canceló un desplazamiento hoy a la costa norte y esta misma tarde viajará a la capital argentina".
 
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Irán ha dado un nuevo impulso al caso de un científico nuclear cuyo paradero se ignora desde junio, cuando hizo una peregrinación a La Meca. Las autoridades reconocieron la misteriosa desaparición de Shahram Amiri el pasado octubre, pero ahora acusan a EE UU de haberle secuestrado y tenerle preso junto a otros 10 iraníes. Este giro ha coincidido hoy con el anuncio en la prensa iraní de la liberación de tres ciudadanos belgas, sobre cuyo encarcelamiento por "entrar ilegalmente en una zona prohibida", no se tenía constancia.

"No es la primera vez que Estados Unidos actúa así. Está claro que fue una operación americana, llevada a cabo por los conspiradores saudíes", ha denunciado hoy el presidente del Parlamento, Ali Lariyaní, en declaraciones recogidas por PressTV. Lariyaní respondía a preguntas de periodistas locales después de que el martes el ministro de Exteriores, Manuchehr Mottaki, acusara a EE UU de haber secuestrado a Amirí durante su peregrinaje a La Meca y responsabilizara también a Arabia Saudí por su papel en el asunto.

El portavoz de Exteriores, Rahmin Mehmanparast, fue incluso más lejos al asegurar que Amirí había sido "entregado por Riad a Washington".Un portavoz saudí desmintió que su país tuviera nada que ver y lamentó las acusaciones de Teherán. El Departamento de Estado norteamericano, por su parte, dijo "no tener información" sobre el científico.

Mehmanparast también reveló, por primera vez, lo que todo el mundo sospechaba, que Amirí es "un científico nuclear". Hasta ahora los medios iraníes le identificaban como investigador de la Universidad Politécnica Malek-Ashtar. El diario conservador Javan acusó en su día a la CIA de la desaparición de Amirí, pero desmintió las afirmaciones divulgadas en la prensa árabe que le atribuían haber informado a EE UU de la existencia de la planta de enriquecimiento de uranio de Qom.

Amirí es, según Mehmanparast, uno de los "11 iraníes detenidos en cárceles estadounidenses". Aunque el portavoz no dio más detalles sobre este punto, hoy la agencia Mehr daba sus nombres, entre los que destacan b>el ex viceministro de Defensa Alí Reza Asgarí/b>, a quien se perdió el rastro en Turquía en 2007, y un antiguo embajador en Jordania. En el caso de Asgarí la prensa local también mencionó la implicación de los servicios secretos, pero fuentes de la oposición en el exterior apuntan a una deserción, algo que su familia ha negado.

Entre tanto, el fiscal de Teherán, Abbas Yafarí Dulatabadí, ordenó el martes la puesta en libertad de los tres belgas, que fueron entregados a la Embajada de Bélgica, según los medios iraníes. La representación diplomática no hizo ningún comentario ni había mencionado antes el caso. La detención se produjo, según la televisión estatal, el pasado septiembre, aunque ninguna fuente explica ni el lugar ni la naturaleza del mismo. Tampoco hay detalles sobre los detenidos, a los que la agencia semioficial Fars identificó como Van de Bosch, Vincent Binfleur y Diego Gomatio, de acuerdo con la transliteración del persa.

A finales de noviembre, cinco navegantes británicos que entraron inadvertidamente en aguas territoriales iraníes en el golfo Pérsico estuvieron detenidos durante una semana. Sin embargo, tres senderistas estadounidenses que cruzaron la frontera desde el Kurdistán iraquí a finales de julio siguen encarcelados acusados de espionaje.

ÁNGELES ESPINOSA - Teherán - 09/12/2009
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Lunes, 09 Noviembre 2009 10:05

La lógica de la tortura sigue en pie

“Rendición extraordinaria”, o entrega extrajudicial, es el eufemismo que utiliza la Casa Blanca para referirse a un secuestro. Si no lo cree, pregúntele a Maher Arar, un ciudadano canadiense que fue “extraditado” por Estados Unidos a Siria, donde fue sometido a torturas durante casi un año.

Esta semana, el Tribunal Federal de Apelaciones de Estados Unidos del Segundo Circuito Judicial, en la Ciudad de Nueva York, desestimó una causa entablada por Arar contra las autoridades gubernamentales (incluido el Director del FBI, Robert Mueller, el ex Secretario de Seguridad Nacional, Tom Ridge, y el ex Fiscal General, John Ashcroft) que presuntamente habrían conspirado para secuestrarlo y someterlo a torturas.

Arar se encuentra hoy a salvo en Canadá, recuperándose junto a su familia. Pero con esta decisión el Poder Judicial está enviando una señal al gobierno de Obama de que no intervendrá para detener los brutales excesos de la “Guerra Mundial contra el Terrorismo” iniciada en la era Bush. Deja así intactas prácticas tales como la entrega extrajudicial, la tortura y el empleo del ‘privilegio del secreto de Estado’ para ocultar estos crímenes.

La trágica odisea que protagonizó Maher Arar es uno de los casos más conocidos y el que más a fondo se ha investigado de las víctimas de la “rendición extraordinaria” practicada por Estados Unidos. En el año 2002, Arar fue de vacaciones a Túnez junto a su familia. El 26 de septiembre, cuando viajaban de regreso a Canadá, al hacer escala en el aeropuerto internacional JFK, en la ciudad de Nueva York, Arar fue interceptado antes de que pudiera abordar su avión y quedó detenido por averiguaciones. Le tomaron las huellas digitales y fue registrado tanto por oficiales del FBI como del Departamento de Policía de Nueva York. Cuando solicitó un abogado, le dijeron que no tenía ningún derecho. Luego fue trasladado a otro lugar, donde se lo mantuvo incomunicado, sin comida ni asesoramiento jurídico, y se lo sometió durante dos días a interrogatorios agresivos. En los interrogatorios se le preguntó sobre su supuesta afiliación a diversos grupos terroristas, y sobre Osama bin Laden, Irak y Palestina, entre otras cuestiones. Al cabo de esos dos días fue llevado encadenado a un centro de detención federal de máxima seguridad de Brooklyn, ciudad de Nueva York, donde fue sometido a un cacheo al desnudo y amenazado con ser deportado a Siria.

Arar pidió que no lo deportaran a Siria, su país de origen, porque allí seguramente sería torturado. Pero, tal como argumentarían posteriormente los abogados de Arar, eso era precisamente lo que sus captores esperaban que pasara. Finalmente se le permitió a Arar hacer una llamada y pudo comunicarse con su suegra, que le consiguió una abogada y la visita de un funcionario del Consulado canadiense. Durante casi dos semanas las autoridades estadounidenses lo amenazaron con la expulsión a Siria si no confesaba sus vínculos con el terrorismo. Pero no lograron obtener la confesión que buscaban. Arar negó una y otra vez tener algún tipo de relación con el terrorismo. Hasta que un fin de semana, en medio de la noche fue llevado a la fuerza y encadenado a un jet privado contratado por la CIA y, sin ningún tipo de trámite migratorio ni una llamada a su abogada o al Consulado canadiense, fue trasladado a Jordania, donde fue entregado a las autoridades sirias.

Durante 10 meses y 10 días, Arar permaneció encerrado en una oscura, húmeda y fría celda del tamaño de una tumba. Fue azotado con gruesos cables eléctricos y golpeado reiteradamente; lo obligaron a escuchar las torturas a otros prisioneros; lo mantuvieron sin comida; y lo amenazaron con choques eléctricos y otras atrocidades. Cuando ya no aguantó más la tortura, mintió y confesó que había sido entrenado como terrorista en Afganistán. Un buen día, después de casi un año, fue liberado de repente y entregado a Canadá, con casi 20 kilos menos y emocionalmente quebrado.

El gobierno canadiense, bajo la conducción del Primer Ministro conservador Stephen Harper, realizó una investigación, en la que determinó su propia culpabilidad por haber entregado información inexacta al FBI, y llegó a un acuerdo con Arar, que consistió en una disculpa y una compensación de 10 millones de dólares. El gobierno estadounidense, por su parte, no ofreció disculpa alguna. Ni siquiera eliminó a Arar de la lista de sospechosos de terrorismo. Arar tiene prohibido el ingreso a Estados Unidos y hace dos años tuvo que prestar un testimonio ante el Congreso a través de una videoconferencia.

Arar dijo: “Estos últimos años han sido una pesadilla. Poco a poco, desde que volví a Canadá, mis heridas físicas han ido sanando; pero sigo sufriendo a diario las secuelas mentales y psicológicas que me dejó esa terrible experiencia. Sigo sufriendo de pesadillas y revivo constantemente lo que padecí. No soy la misma persona que era antes. Mi deseo es poder trasmitir al mundo lo frágil que se han vuelto nuestros derechos humanos y cuán fácilmente los mismos gobiernos que han jurado protegerlos nos los pueden usurpar.”

Dados los excesos del gobierno de Bush y las promesas de cambio de Barack Obama, muchos se han sorprendido de que estas políticas continúen en pie y que el Congreso y el Poder Judicial no hayan cerrado este capítulo de la historia estadounidense. El Presidente Obama no ha condenado en ninguna oportunidad la práctica de rendición extraordinaria. La abogada de Arar, Maria LaHood, del Centro por los Derechos Constitucionales, calificó de “escándalo” la decisión judicial contra Arar: “Esta decisión es de una amplitud tal que nos afecta a todos. Básicamente, lo que implica es que si el gobierno federal decide tomar acciones con el argumento de proteger la seguridad nacional, podría torturarnos y hasta matarnos y los tribunales federales no nos ampararían.”

En su opinión disidente, el juez Guido Calabresi afirmó: “Cuando se escriban los anales de este distinguido tribunal, la decisión mayoritaria adoptada hoy será evaluada con pesar.”

Considerando los tormentos que sufrió Arar, es admirable la calma con la que ha recibido la decisión. “Por sobre todo, esta decisión significa una pérdida para todos los ciudadanos y para el estado de derecho,” dijo Arar.

Publicado el 4 de noviembre de 2009

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La fiscalía de Colombia ordenó el pasado viernes la apertura de una investigación disciplinaria formal contra tres congresistas de la oposición: el representante de la Cámara Wilson Borja y las senadoras Gloria Inés Ramírez y Piedad Córdoba, cabeza visible de las controvertidas negociaciones entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (farc) y el Gobierno de Álvaro Uribe para la liberación de rehenes en poder de la guerrilla. Se les investiga porque, según el fiscal general, Alejandro Ordóñez, en la revisión de los inagotables ordenadores de Raúl Reyes -el jefe guerrillero abatido el 1 de marzo del año pasado por las fuerzas colombianas-, se descubrieron correos que mencionan o hacen referencia a Córdoba, Ramírez y Borja. Días después del anuncio, la senadora Córdoba viajó a España, donde esta semana mantendrá reuniones con representantes del Congreso, de partidos políticos y de Gobiernos y Parlamentos autonómicos.

En entrevista con EL PAÍS, Piedad Córdoba (Medellín, 1955) admite que se someterá al proceso iniciado en su país -"no tengo nada que ocultar"-, pero recuerda que éste "forma parte de la lucha política colombiana, descompuesta éticamente".

Pregunta. ¿Realmente aparece en los más famosos ordenadores guerrilleros de la historia?
Respuesta. Lo he dicho repetidamente: no tengo nada que ver con los computadores, no creo en ellos. Es un montaje político, una campaña de desprestigio. Por eso, estamos trabajando para pedir la observación internacional en este proceso.

P. El Gobierno les acusa de connivencia con la guerrilla en sus negociaciones para la liberación de secuestrados. ¿Hay algo de verdad? ¿Hasta dónde han llegado realmente esos contactos? ¿Dónde está la línea que separa la mediación de la complicidad?
R. Yo actué por mandato del propio presidente Uribe. Lo extraño es que, para poder abrirme una investigación, aparezca ahora un correo. Precisamente, después de la mediación. Estoy segura de que esta persecución tiene que ver con mi labor como mediadora. Pero ésta ha sido siempre transparente: presidí la Comisión de Paz del Senado y formo parte de su Comisión de Derechos Humanos.

P. Lo cierto es que ahora, además de la parapolítica, que investiga supuestas relaciones de políticos con paramilitares, en Colombia ya se habla de la farcpolítica, con usted como protagonista.
R. Yo veo al presidente muy preocupado, porque ya hay 100 personas investigadas por la parapolítica. De hecho, formo parte de una comisión oficial del Senado que sigue los procesos a los paramilitares procesados en EE UU. Y creo que esto tiene que ver con que no se sepa lo que estamos haciendo allá y también para hacer creer que parapolítica y farcpolítica son la misma cosa.

P. ¿Y no son igual de escandalosas?
R. ¡Es que la farcpolítica no existe! Eso es lo que dice el Gobierno, pero no existe. Yo, personalmente, ni siquiera tengo una militancia de izquierdas, pertenezco al Partido Liberal. Lo que sí hago es luchar por los derechos humanos y por el fin del conflicto armado. Pero eso no nos debe llevar a ser juzgados como delincuentes o terroristas. En mi caso, el presidente incluso ha desplegado una acción diplomática ante muchos Gobiernos de Europa y Suramérica, a cuyos presidentes advierte que a mí me financia la guerrilla, que soy la portavoz internacional de las FARC y la tesorera del ELN Ejército de Liberación Nacional]... Curiosamente, son los mismos argumentos por los que me secuestró [el ex jefe paramilitar Carlos] Castaño [en 1999]. Sin embargo, hoy esta persecución la lleva a cabo un Gobierno muy poderoso, con prácticas que ya todo el país conoce: interceptaciones telefónicas, ejecuciones extrajudiciales... Uribe no va a parar hasta que nos maten o nos encarcelen.

P. Esa acusación es muy dura, muy comprometedora...
R. ...y muy delicada, lo sé. Pero sí, es cierta. Un presidente no puede preguntar públicamente por qué nadie me mete en la cárcel si soy una terrorista, amiga de las FARC. Dice que es una injusticia que yo ande suelta, mientras los demás están en la cárcel; ha hecho públicas todas mis reuniones y ha desplegado una estrategia mediática para minar mi imagen. Todo eso puede terminar en cualquier momento en un atentado. Es una campaña de desprestigio impresionante, que me coloca en una situación muy peligrosa.

P. ¿Y no sería mejor romper la ambigüedad y explicar cuál y cómo ha sido su verdadera relación con las farc?
R. ¡Si es que jamás lo he ocultado! Sólo tuve relación cuando el presidente Uribe autorizó mi mediación. Entonces hablé con Raúl Reyes en la selva y más tarde con el comandante Iván Márquez, durante su visita a Caracas con conocimiento del Gobierno. Jamás había hablado antes con los guerrilleros. Lo que ocurrió fue que, después de mis conversaciones, me negué a dar información para que mataran a nadie. Yo sólo quería facilitar las liberaciones y abrir un proceso de diálogo para una salida política al conflicto.

P. ¿Cree que la liberación de Ingrid Betancourt por la vía militar ha deslegitimado de algún modo su labor ante la opinión pública?
R. Recuerde que, desde entonces, hemos conseguido otras liberaciones. Y fue una tarea muy difícil, porque lo logramos en medio de una euforia enorme por la operación que liberó a Ingrid y un apoyo desmedido a la solución militar. Aun así, conseguimos liberaciones unilaterales. Lo que ocurre es que una parte del país no quiere que el resto se dé cuenta de que sí es posible la negociación. Lo fácil sería creer lo que dice el Gobierno: que en la guerrilla son todos unos delincuentes, unos hampones, que hay que ir a por ellos, y no plantear un debate ético, especialmente sobre el derecho a la vida, que no existe en Colombia.

P. ¿Y cree que, en este clima, será posible la liberación del cabo Pablo Emilio Moncayo, cautivo desde hace 11 años, el rehén más veterano en manos de las farc?
R. Sí, pero Uribe no me deja mediar. Ni a mí y ni siquiera al papá de Moncayo... Hemos estado a punto de liberarle, pero no ha podido ser; hemos estado a punto de liberar a los 22 rehenes [considerados canjeables por guerrilleros presos], pero no ha podido ser... Y todo, porque el Gobierno no quiere. Mire, lo que nosotros pretendemos es que entreguen a Moncayo, pero también a los otros 22. Que haya una sola entrega y se acabe de una vez este show. Si ha durado, es porque el presidente lo ha mantenido.

P. Usted también habla regularmente con paramilitares desmovilizados. La tercera vez, la semana pasada, en EE UU, con los ex jefes extraditados allí.

R. Sí, hemos sostenido reuniones muy importantes y delicadas, que nos van a permitir que realmente lleguemos a conocer la verdad del paramilitarismo. Yo, que he sido una de sus más duras contradictoras, me he sentado a hablar con ellos. Pero esto ha enfurecido al Gobierno, que no entiende cómo puedo generar la confianza del ELN o las farc, y al mismo tiempo la de quienes me secuestraron. ¡Ahora dirán que soy paramilitar también...!
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