“En Colombia no hay derecho a la huelga, ni al debido proceso, ni derecho a la defensa, ni a la contradicción”

“No solo somos nosotros los perjudicados con la decisión de la Corte Suprema de Justicia, ni con los despidos realizados por Avianca. Somos todos los colombianos”: fueron las palabras del capitán Jaime Hernández, presidente de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) en entrevista con desdeabajo, quien comentó los detalles de las audiencias realizadas durante el mes de marzo, y que han implicado el despido de más de cien pilotos. A continuación el diálogo sostenido”.

 

desdeabajo (da): Las primeras audiencias ya dejan como resultado 109 pilotos despedidos, ¿cuál es la posición de Acdac frente al proceso adelantado por parte de Avianca?


Jaime Hernández (JH): El 70 por ciento de los pilotos que se presentaron fueron despedidos en primera instancia, a través de procesos disciplinarios que no contaron con la presencia de la Asociación ni de sus abogados defensores, pues hemos tenido días con 21 procesos disciplinarios simultáneos, lo que imposibilita atender la defensa de todos al mismo tiempo.

 

El lunes 5 de marzo estuvo una delegada de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, presenciando todo lo que estaba pasando. Así mismo, el senador Alexander López como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso también estuvo el martes 6 de marzo y Avianca no le permitió la entrada, precisamente en el momento en el que estaban dictándoles fallo a 16 pilotos, de los cuales 13 estaban solos, pues nosotros solo tenemos capacidad para defender a 3 pilotos de manera simultánea.

 

da. Es la misma ley nacional la que ha llevado al movimiento al sitio en el que está, ¿piensan acudir a alguna instancia internacional para denunciar lo sucedido?

JH. Por supuesto. La OIT ya tiene conocimiento y ya enviamos documentación, y ahora estamos esperando un pronunciamiento de su parte. La Comisión Interamericana también tiene conocimiento. El abogado de Avianca, el doctor López, precisó que el pronunciamiento de la OIT no afectaría en nada el fallo, lo cual nos indica que la OIT se pronunciará aclarando que la huelga fue legal, pues si él está demeritando a la OIT, es por algo.

 

da. ¿Es verdad que la empresa tomó como materiales de prueba contra ustedes las fotos y videos subidas a redes sociales durante el paro?

JH. Es correcto, pero ojalá apareciera la gente en los videos. La mayoría de los disciplinados ni siquiera aparece allí, usan fotos posteriores a la huelga. Por ejemplo, tenemos una capitán que es copiloto de 787, avión que solo hace vuelos hacia Europa y Norte América, pero durante la huelga le programaron vuelos a Pasto y a Popayán como copiloto de Atlas20. Esa programación está en contra del reglamento colombiano, y fue despedida por no haber hecho tales vuelos. Entonces, aquí no hay debido proceso, ni derecho a la defensa ni a la contradicción.

 

da. ¿Qué piensan hacer jurídicamente ante estos despidos?

JH. Ante la constatación no solamente nuestra, ni de nuestros pilotos, sino de instituciones como la Defensoría del Pueblo y la Comisión de Derechos Humanos del Senado, cada vez es más evidente que no hay ninguna garantía de defensa y replica; jurídicamente las opciones que tenemos son las acciones de tutela para que respeten el derecho de ser juzgados de manera transparente.

Al mismo tiempo, continuaremos buscando jurídicamente la legalidad de nuestra huelga, porque fue legal; la OIT establece que no somos un servicio público esencial, no tenemos porque ser calificados y juzgados por haber hecho algo que está reconocido dentro del ordenamiento jurídico nacional e internacional. A nosotros nos respaldaba la ley: la huelga fue declarada ilegal el 9 de febrero, fecha para la cual ya estábamos volando.

 

da. ¿Cuándo presentarán tales recursos?

JH. Tenemos que esperar a que termine la segunda instancia, ya estamos instaurando las apelaciones. Apenas se repita el ejercicio en esta instancia, y una vez queden ratificadas las medidas, acudiremos a los jueces de tutela para que detengan esta barbaridad, ya que el Estado y el Gobierno como tal lo único que han sido, no es ni siquiera testigos mudos, sino partícipes activos. El Gobierno no hizo presencia ni para garantizar, ni para constatar nada, los ministerios no aparecen. De hecho, lo que sí han hecho los ministerios es jugar a favor de Avianca. El número de despedidos será proporcional al de pilotos extranjeros que el Ministro de Transporte le autorice contratar a Avianca, lo cual vemos como un claro matrimonio entre la administración de Avianca, el Ministerio de Transporte y, el Gobierno.

 

da. Conocimos una publicación editada en Estados Unidos con respecto a este caso, también sabemos que a ustedes le llegó, ¿qué comentarios tienen frente a esta publicación?
JH. Bueno pues ahí hablan de masacres de las Farc, masacres del Eln, masacres de líderes sociales y masacres de Avianca; es lo que está pasando acá. Creemos que la denuncia está acorde, la asociación de pilotos de EU ya está contactando al Senado porque el cumplimiento del TLC firmado por Obama y Santos contempla garantías laborales para procesos como el nuestro, entre ellos el derecho a la huelga, que no puede desaparecer por el hecho de que Avianca sea amiga del gobierno. Hemos estado ya en Washington, nos reunimos con varios senadores y las investigaciones están andando, seguramente a partir de la tercera semana de marzo, cuando terminen los procesos disciplinarios, nos volveremos a reunir allá y tendremos nuevas audiencias.

 

da. A propósito de las dificultades de asistencia jurídica que usted a relatado, ¿están recibiendo apoyo jurídico de las centrales obreras?
JH Por supuesto. La CUT está encima, la USO nos ha ayudado, otros sindicatos también. La verdad es que el movimiento sindical colombiano está respaldando a nivel nacional e internacional todo lo que está pasando.

 

Esto es buen resaltarlo, pues no solo somos nosotros los perjudicados con la decisión de la Corte Suprema de Justicia, ni con los despidos ordenados por Avianca, no, somos todos los colombianos que en un momento dado, cuando tengan que protestar por los abusos que están sufriendo, van a terminar judicializados, señalados como ilegales, embargados, demandados en todos sus bienes para responder por las protestas llevadas a cabo. Ese es el mensaje que quiere mandar el gobierno al respaldar y felicitar a Avianca por el comportamiento asumido.


da. ¿Además de la manipulación de pruebas que usted ya mencionó, que otro tipo de manipulaciones evidenciaron en este proceso?
JH. Existe un caso vergonzoso, por resaltar: de 8 mujeres disciplinadas, 7 terminaron despedidas. Mujeres que estaban en maternidad durante el cese de actividades y que Avianca las despide por haber participado en la huelga, con fotos y videos donde no aparecen, mujeres con licencias de maternidad, capitanes que fueron suspendidas 8 días por estar en vacaciones durante la huelga. Siempre hemos tenido problemas con nuestras copilotos, pero sabemos que no pueden volar embarazadas, y para Avianca ello significa un costo, por eso aprovecharon esta oportunidad para poder deshacerse de todas las mujeres que pudieran.

 

da. ¿Pueden verse afectadas las hojas de vida de las personas que han sido despedidas y que quieren buscar trabajo en otros países?
JH. Lo que pasa en Avianca no es un secreto para los colombianos ni para el mundo. Pero en el mes de marzo vendrán aquí a contratar a los pilotos que Avianca está despidiendo. De Europa están llamando, y todos saben que se hizo una huelga en Colombia, que participamos la mitad de los pilotos de Avianca, que la huelga duró 54 días, y están viniendo por nosotros porque saben la magnitud del crimen que están perpetrando. Entonces, creemos que más que una sanción, será como un mérito, que somos responsables con lo que hacemos, que exigimos que la seguridad aérea se cumpla, que cumplimos las normas y que somos pilotos valorados a nivel mundial, no solamente profesional, sino también éticamente.

 

da. ¿Qué le ha dicho la Defensoría del Pueblo específicamente al grupo de Acdac?
JH. Ellos simplemente van y realizan una función de verificación de cómo se están dando las cosas, pero en ningún momento han tomado partido, nos gustaría que lo hicieran pero no lo han hecho. Han sido muy imparciales, pero esperamos que todas las constancias de lo que ellos vieron queden plasmadas en los documentos que van a apoyar las demandas de rigor.

da. Hace unos años la OIT dio orden de reintegro de trabajadores de la USO que habían sufrido un despido masivo por parte de Ecopetrol, ¿eso es lo que están contemplando al mirar instancias internacionales?
JH. Sí, porque el origen de todo esto, y el final, todo lo hecho, es legal. Entonces, nosotros confiamos no solamente en la Comisión Interamericana sino también en la OIT, desde la misma legalidad de la huelga realizada, pues es falso que somos servicio público esencial, y lo que están cometiendo para poder ajusticiar a quienes nos atrevimos a denunciar la administración actual, todo esto es una clara violación de los derechos humanos.

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“En Colombia no hay derecho a la huelga, ni al debido proceso, ni derecho a la defensa, ni a la contradicción”

“No solo somos nosotros los perjudicados con la decisión de la Corte Suprema de Justicia, ni con los despidos realizados por Avianca. Somos todos los colombianos”: fueron las palabras del capitán Jaime Hernández, presidente de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) en entrevista con desdeabajo, quien comentó los detalles de las audiencias realizadas durante el mes de marzo, y que han implicado el despido de más de cien pilotos. A continuación el diálogo sostenido”.

 

desdeabajo (da): Las primeras audiencias ya dejan como resultado 109 pilotos despedidos, ¿cuál es la posición de Acdac frente al proceso adelantado por parte de Avianca?


Jaime Hernández (JH): El 70 por ciento de los pilotos que se presentaron fueron despedidos en primera instancia, a través de procesos disciplinarios que no contaron con la presencia de la Asociación ni de sus abogados defensores, pues hemos tenido días con 21 procesos disciplinarios simultáneos, lo que imposibilita atender la defensa de todos al mismo tiempo.

 

El lunes 5 de marzo estuvo una delegada de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, presenciando todo lo que estaba pasando. Así mismo, el senador Alexander López como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso también estuvo el martes 6 de marzo y Avianca no le permitió la entrada, precisamente en el momento en el que estaban dictándoles fallo a 16 pilotos, de los cuales 13 estaban solos, pues nosotros solo tenemos capacidad para defender a 3 pilotos de manera simultánea.

 

da. Es la misma ley nacional la que ha llevado al movimiento al sitio en el que está, ¿piensan acudir a alguna instancia internacional para denunciar lo sucedido?

JH. Por supuesto. La OIT ya tiene conocimiento y ya enviamos documentación, y ahora estamos esperando un pronunciamiento de su parte. La Comisión Interamericana también tiene conocimiento. El abogado de Avianca, el doctor López, precisó que el pronunciamiento de la OIT no afectaría en nada el fallo, lo cual nos indica que la OIT se pronunciará aclarando que la huelga fue legal, pues si él está demeritando a la OIT, es por algo.

 

da. ¿Es verdad que la empresa tomó como materiales de prueba contra ustedes las fotos y videos subidas a redes sociales durante el paro?

JH. Es correcto, pero ojalá apareciera la gente en los videos. La mayoría de los disciplinados ni siquiera aparece allí, usan fotos posteriores a la huelga. Por ejemplo, tenemos una capitán que es copiloto de 787, avión que solo hace vuelos hacia Europa y Norte América, pero durante la huelga le programaron vuelos a Pasto y a Popayán como copiloto de Atlas20. Esa programación está en contra del reglamento colombiano, y fue despedida por no haber hecho tales vuelos. Entonces, aquí no hay debido proceso, ni derecho a la defensa ni a la contradicción.

 

da. ¿Qué piensan hacer jurídicamente ante estos despidos?

JH. Ante la constatación no solamente nuestra, ni de nuestros pilotos, sino de instituciones como la Defensoría del Pueblo y la Comisión de Derechos Humanos del Senado, cada vez es más evidente que no hay ninguna garantía de defensa y replica; jurídicamente las opciones que tenemos son las acciones de tutela para que respeten el derecho de ser juzgados de manera transparente.

Al mismo tiempo, continuaremos buscando jurídicamente la legalidad de nuestra huelga, porque fue legal; la OIT establece que no somos un servicio público esencial, no tenemos porque ser calificados y juzgados por haber hecho algo que está reconocido dentro del ordenamiento jurídico nacional e internacional. A nosotros nos respaldaba la ley: la huelga fue declarada ilegal el 9 de febrero, fecha para la cual ya estábamos volando.

 

da. ¿Cuándo presentarán tales recursos?

JH. Tenemos que esperar a que termine la segunda instancia, ya estamos instaurando las apelaciones. Apenas se repita el ejercicio en esta instancia, y una vez queden ratificadas las medidas, acudiremos a los jueces de tutela para que detengan esta barbaridad, ya que el Estado y el Gobierno como tal lo único que han sido, no es ni siquiera testigos mudos, sino partícipes activos. El Gobierno no hizo presencia ni para garantizar, ni para constatar nada, los ministerios no aparecen. De hecho, lo que sí han hecho los ministerios es jugar a favor de Avianca. El número de despedidos será proporcional al de pilotos extranjeros que el Ministro de Transporte le autorice contratar a Avianca, lo cual vemos como un claro matrimonio entre la administración de Avianca, el Ministerio de Transporte y, el Gobierno.

 

da. Conocimos una publicación editada en Estados Unidos con respecto a este caso, también sabemos que a ustedes le llegó, ¿qué comentarios tienen frente a esta publicación?
JH. Bueno pues ahí hablan de masacres de las Farc, masacres del Eln, masacres de líderes sociales y masacres de Avianca; es lo que está pasando acá. Creemos que la denuncia está acorde, la asociación de pilotos de EU ya está contactando al Senado porque el cumplimiento del TLC firmado por Obama y Santos contempla garantías laborales para procesos como el nuestro, entre ellos el derecho a la huelga, que no puede desaparecer por el hecho de que Avianca sea amiga del gobierno. Hemos estado ya en Washington, nos reunimos con varios senadores y las investigaciones están andando, seguramente a partir de la tercera semana de marzo, cuando terminen los procesos disciplinarios, nos volveremos a reunir allá y tendremos nuevas audiencias.

 

da. A propósito de las dificultades de asistencia jurídica que usted a relatado, ¿están recibiendo apoyo jurídico de las centrales obreras?
JH Por supuesto. La CUT está encima, la USO nos ha ayudado, otros sindicatos también. La verdad es que el movimiento sindical colombiano está respaldando a nivel nacional e internacional todo lo que está pasando.

 

Esto es buen resaltarlo, pues no solo somos nosotros los perjudicados con la decisión de la Corte Suprema de Justicia, ni con los despidos ordenados por Avianca, no, somos todos los colombianos que en un momento dado, cuando tengan que protestar por los abusos que están sufriendo, van a terminar judicializados, señalados como ilegales, embargados, demandados en todos sus bienes para responder por las protestas llevadas a cabo. Ese es el mensaje que quiere mandar el gobierno al respaldar y felicitar a Avianca por el comportamiento asumido.


da. ¿Además de la manipulación de pruebas que usted ya mencionó, que otro tipo de manipulaciones evidenciaron en este proceso?
JH. Existe un caso vergonzoso, por resaltar: de 8 mujeres disciplinadas, 7 terminaron despedidas. Mujeres que estaban en maternidad durante el cese de actividades y que Avianca las despide por haber participado en la huelga, con fotos y videos donde no aparecen, mujeres con licencias de maternidad, capitanes que fueron suspendidas 8 días por estar en vacaciones durante la huelga. Siempre hemos tenido problemas con nuestras copilotos, pero sabemos que no pueden volar embarazadas, y para Avianca ello significa un costo, por eso aprovecharon esta oportunidad para poder deshacerse de todas las mujeres que pudieran.

 

da. ¿Pueden verse afectadas las hojas de vida de las personas que han sido despedidas y que quieren buscar trabajo en otros países?
JH. Lo que pasa en Avianca no es un secreto para los colombianos ni para el mundo. Pero en el mes de marzo vendrán aquí a contratar a los pilotos que Avianca está despidiendo. De Europa están llamando, y todos saben que se hizo una huelga en Colombia, que participamos la mitad de los pilotos de Avianca, que la huelga duró 54 días, y están viniendo por nosotros porque saben la magnitud del crimen que están perpetrando. Entonces, creemos que más que una sanción, será como un mérito, que somos responsables con lo que hacemos, que exigimos que la seguridad aérea se cumpla, que cumplimos las normas y que somos pilotos valorados a nivel mundial, no solamente profesional, sino también éticamente.

 

da. ¿Qué le ha dicho la Defensoría del Pueblo específicamente al grupo de Acdac?
JH. Ellos simplemente van y realizan una función de verificación de cómo se están dando las cosas, pero en ningún momento han tomado partido, nos gustaría que lo hicieran pero no lo han hecho. Han sido muy imparciales, pero esperamos que todas las constancias de lo que ellos vieron queden plasmadas en los documentos que van a apoyar las demandas de rigor.

da. Hace unos años la OIT dio orden de reintegro de trabajadores de la USO que habían sufrido un despido masivo por parte de Ecopetrol, ¿eso es lo que están contemplando al mirar instancias internacionales?
JH. Sí, porque el origen de todo esto, y el final, todo lo hecho, es legal. Entonces, nosotros confiamos no solamente en la Comisión Interamericana sino también en la OIT, desde la misma legalidad de la huelga realizada, pues es falso que somos servicio público esencial, y lo que están cometiendo para poder ajusticiar a quienes nos atrevimos a denunciar la administración actual, todo esto es una clara violación de los derechos humanos.

Publicado enEdición Nº244
Sábado, 31 Marzo 2018 09:49

Aires de renovación sindical

Aires de renovación sindical

Desde el 28 de febrero, las diferentes organizaciones sindicales del sector público, a lo largo y ancho del país, presentaron sus pliegos de exigencias regionales y municipales ante la respectiva administración de sus entidades, en cumplimiento de los Decretos 1092 de 2012 y 160 de 2014, que regulan los procedimientos de la negociación colectiva al interior de las entidades del Estado. Estas negociaciones no solo tienen el fin de mejorar sus condiciones laborales, sino que también buscan posicionar temas de la agenda social, ante el reiterativo incumplimiento del Gobierno sobre los acuerdos pactados años anteriores.

 

En este marco la Federación nacional de trabajadores del estado, los servicios públicos y la comunidad (Únete) en alianza con el periódico desdeabajo y la campaña “otra democracia es posible”, están consolidando espacios de reflexión al interior del sindicato y sus afiliados, quienes discuten en colectivo sobre las herramientas conceptuales que podrían ayudar a caracterizar mejor las estrategias, análisis y oportunidades que debe tomar la organización a la hora de plantear el trámite de sus demandas y, por tanto, la administración de sus conquistas. Aquí algunos de los ejes hasta ahora abordados:

 

Estructura de oportunidad política

 

Esta categoría hace parte, junto con la dimensión subjetiva, y la estructura organizativa, de las tres dimensiones que propone la “agenda clásica” de estudio sobre los movimientos sociales (McAdam, Tarrow, Tilly, 2005). La EOP se refiere a las características catalizadoras del contexto en que tiene lugar la acción colectiva y designa las dimensiones que la promueven o la inhiben. Comprende tanto la estructura política institucional como las relaciones informales de poder en un sistema político y puede usarse como una serie de variables independientes para explicar el origen, la forma o el impacto de actores sociales en disputa.

 

Para autores como McAdam* sería parte de la EOP: “1. El grado de apertura política del sistema político institucionalizado. 2. La estabilidad o inestabilidad de la alineación entre las élites 3. La presencia o ausencia de aliados entre las élites, 4. La capacidad de cooptación del estado y su propensión a la represión.” dichos elementos son importantes a tener en cuenta a la hora de caracterizar los actores en una negociación, pues conocer sus intenciones, su fuerza y la orientación de sus propuestas se hace crucial para poder navegar por el tablero de las relaciones de poder entre las condiciones laborales de los trabajadores y los intereses de los empleadores. Por ejemplo para el caso de los trabajadores estatales que deben negociar con gerentes y administradores puestos a titulo de cumplir con la agenda de ciertos partidos políticos.

 

El análisis de coyuntura y la identificación de alternativas

 

Partimos de la premisa de que la realidad social es todo un conjunto de fenómenos que versan entre la colaboración y el conflicto –de los cuales nuestra propia acción forma parte–. Conocer estos fenómenos es posible, y de ellos se deriva una fuerza material en la sociedad que permite actuar con mayor eficacia en momentos determinados. A estos momentos marcados por acontecimientos significativos es a lo que llamamos coyuntura.

 

El objetivo del análisis de coyuntura es el de ser un instrumento de trabajo que permita conocer de mejor manera cuál es la correlación de las fuerzas sociales y cómo se expresan. De esta manera se pueden orientar mejor visiones y planes de acción que contribuyan con el desarrollo de los intereses del movimiento popular, suponiendo al menos un manejo pormenorizado de la historia específica de nuestro país (económico-social, política y cultural) la cual ha moldeado lo que llamamos estructura, y de las instancias en que se juegan dicha historia en el presente, lo que llamamos coyuntura.

 

Las acciones a desarrollar en el análisis de coyuntura radican en hacer un estudio de la situación actual, donde se determinen los actores en escena, los protagonistas, su proyecto, sus aliados, sus opositores y los dispositivos o prácticas que ponen en juego; así se pueden mostrar las distintas alternativas que pueden ofrecer las tendencias de su desarrollo, con el animo de que se puedan definir tareas políticas específicas al interior de estas coyunturas.

 

Vale la pena aclarar lo que implica la identificación de alternativas, ya que lo alternativo es un concepto que sirve de herramienta para organizar el trabajo de proyección y delimitar un campo problemático. Las alternativas son la lupa y la brújula que hace posible el reconocimiento de hechos, problemáticas, actores que no serían visibles sin esta categoría y se definen en torno a aquellos elementos potenciales de ser activados en el marco de las luchas contra prácticas y discursos hegemónicos.

 


Por ejemplo: como expresó una compañera del taller, en el pliego de exigencias de la secretaria de planeación distrital, puede incluirse un punto que favorezca la lucha por un plan de ordenamiento territorial (POT) alternativo, formulado y organizado entre el sindicato de la entidad y organizaciones sociales o instituciones de la sociedad civil que trabajen el tema, de tal forma que se pueda trascender del pliego laboral al pliego político y aprovechar las instancias de negociación colectiva para posicionar al sindicato frente a la sociedad, así como articularse con otros actores sociales, en una visión de renovación sindical. Por esto el análisis de coyuntura y la identificación de alternativas a potenciar son herramientas complementarias a la negociación colectiva y en muchos sentidos colaboran con aumentar su eficacia.

 

Negociación colectiva y autonomía

 

La negociación colectiva, junto con la huelga y la organización sindical, son instrumentos de los trabajadores en la consecución y gestión de sus intereses. Puede ser que en determinados momentos colabore en la conquista de derechos por mejores condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores, pero también puede significar pérdidas, gracias a que depende de la correlación de fuerzas en que se de la negociación. La negociación colectiva puede ser una herramienta artífice de justicia social, siempre y cuando sea asumida en el marco de una lucha más general, proyectada y en solidaridad con otros actores, hecho que implica una reflexión sobre los contenidos de la negociación, sus limites, sus potencialidades y el ámbito social al cual puede ampliar su cobertura.

 

Para esto, autores como Gianibelli, (2013) caracterizan dos sistemas generales de negociación colectiva, según el grado o las maneras de formalización que alcanzan tanto los procedimientos de la negociación, como los acuerdos producidos. Por un lado los sistemas dinámicos donde el proceso de negociación se hace de manera cotidiana y permanente, con muy poca intervención estatal, dejando el efecto y los diseños del acuerdo a las partes en conflicto, donde el rol del sujeto sindical parte en gran medida sobre la base de la propia administración de las demandas y las condiciones laborales. Algunos ejemplos de este sistema son el modelo británico de abstención legislativa o el italiano de ordenamiento intersindical.

 

Los sistemas estáticos –más comunes en América Latina– en donde la negociación colectiva está fuertemente permeada en su alcance normativo por el régimen estatal y en el que existe una fuerte separación entre el tiempo de la negociación y el de la administración de los acuerdos, por lo regular delegando la gestión al aparato legislativo y dando primacía a la fuerte normativa extensa al convenio colectivo. Este modelo intervencionista trae profundos efectos en la autonomía colectiva de la organización sindical que entrega la efectividad de lo acordado a la norma.

 

A partir de estos sistemas es preciso distinguir cuatro elementos a tener en cuenta a la hora de actuar en la negociación colectiva. 1. La estructura 2. Los sujetos 3. La vigencia y 4. Los efectos. La primera hace referencia a las reglas que ordenan la negociación y los niveles en que se distribuyen las competencias de negociación, el grado de centralización sectorial o de rama, las relaciones de poder que conllevan, así como la conexión entre ellos que determinan las condiciones favorables o desfavorables del armazón sobre el que se sostiene la negociación. La segunda que hace referencia a los sujetos que están facultados para la negociación, los cuales deben de pasar por un test de representatividad, la mayoría de las veces condicionados por la legislación estatal, o por los estatutos de la organización sindical.

 

Con respecto a la vigencia es de resaltar que una intervención heterónoma en el caso latinoamericano también es de aprovechar, pues la norma también puede garantizar ciertos derechos, habilitando ciclos de expansión para sumar conquistas y/o resguardando en momentos de retracción en una correlación de fuerzas desfavorable. Por ultimo, los efectos que pueden ser medidos a través de la eficacia que tanga la organización de tramitar y administrar las conquistas alcanzadas, de manera que se logren extender los alcances del convenio.

 

Vale decir que en Colombia existen tres tipos de acuerdos en la negociación colectiva: la convención colectiva de trabajo (art. 467 de la Constitución), el pacto colectivo (art. 481) y el contrato sindical (art. 482). A los trabajadores del estado les corresponde la primera, y en este sentido son un sujeto privilegiado dentro de las disputas económico-laborales en el país; ser conscientes de estos privilegios hace imperiosa la necesidad de la lucha y la solidaridad con otros sectores. Una lucha que puede sacar el máximo provecho de sus herramientas de disputa, la negociación colectiva y el análisis de coyuntura.

 

* 1999, citado por Edwin Cruz 2016, 1999, p. 14.

 

Publicado enEdición Nº244
Balance parcial de la huelga de pilotos más larga de la historia

Un nuevo golpe para el sindicalismo colombiano

En fallo proferido el 29 de noviembre de 2017, la Corte Suprema de Justicia declara ilegal la huelga de los pilotos afiliados a la Acdac, quienes se declararon en cese de actividades entre el 20 de septiembre y el 10 de noviembre. Este fallo trae consigo el beneficio para la empresa Avianca, quienes ahora pueden tomar represalías y, seguramente, despedir a muchos de los afiliados al sindicato, como una medida para atemorizar, desmoralizar y mandar el mensaje de que “organizarse no paga”.

Los argumentos que dio la Corte Suprema son los mismos que estableció el Tribunal Superior de Bogotá el pasado 20 de septiembre, donde consideran ilegal la huelga porque, supuestamente, el servicio que prestan los pilotos es de carácter público esencial y por ley este no puede ser paralizado por ningún sindicato.

Encrucijada. Este fallo legitima el accionar manipulador de empresariado y establecimiento, que torciendo el sentido real de sus propias normas declaran ilegal la huelga que como lo dijimos en nuestros artículos, debía involucrar a todo el sindicalismo colombiano. Ahora cualquier paro en el sector de transporte público tendrá una piedra en el camino: podrá ser declarado ilegal, con el precedente que deja la victoria de Avianca. 

 

Tras 52 días de huelga, los pilotos de la compañía Avianca agrupadas en la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) mayoritaria entre los aeronavegantes de la empresa (1), han decidido terminar su cese laboral según lo votado en su asamblearia realizada el pasado 9 de noviembre, y reintegrarse a sus laborales desde la medianoche del lunes 13 del mismo mes. Esto bajo el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, entidad que se ofreció para mediar y acompañar la reintegración a labores de los trabajadores, pese al rechazo de su intervención por parte de la compañía (2).


La huelga que termina ha sido referenciada por la prensa colombiana como el cese laboral de pilotos comerciales más largo en la historia a nivel mundial (3)(4), constituyendo una de las más importantes luchas laborales desarrolladas en los últimos años en el país y la región.

 

La hora cero


El paro inició en la madrugada del pasado 20 de septiembre, cuando 702 pilotos agremiados en Acdac (5), una organización sindical de oficio fundada en 1949 que reclama agrupar a más de 650 trabajadores y 70 por ciento de los pilotos de 15 compañías (6) de aviación comercial (7), fueron al cese de actividades tras una votación realizada en una asamblea extraordinaria el 15 de septiembre en la que el 97 por ciento de los afiliados, provenientes de regiones como Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali y Medellín se pronunció por el paro (8), ante la negativa de la empresa de cumplir su pliego de exigencias radicado desde el 8 de agosto de este año (9), en un movimiento que se esperaba durara 2 semanas y terminó prolongándose por 6 semanas más (10).


La Acdac, que estableció su convención colectiva con la compañía en 1952, no había podido renovar este compromiso desde 2013 ante la oposición empresarial, que alegaba diferentes limitaciones financieras (11). El sindicato había desarrollado medidas de lucha desde el mes de abril de este mismo año, cuando impulsó la llamada Operación Dignidad en la que los pilotos se negaban a realizar ciertas actividades exigidas por la compañía pero contrarias a los protocolos de seguridad del reglamento aeronáutico (12).


La prensa pro empresarial calcula que la operación del gigante aeronáutico se redujo en un 50 por ciento durante los primeros días del conflicto, hasta llegar a una cierta regularización de operaciones de hasta el 80 por ciento de su capacidad. Según sus propias cifras, Avianca perdió 2,5 millones de dólares por cada día de conflicto, por lo que acumularía 130 millones de dólares de pérdida en el mes y medio de cese de actividades laborales. La gran prensa apunta que durante el conflicto se cancelaron 14 mil vuelos, lo que habría afectado a 420 mil pasajeros (13). Según la patronal hotelera agrupada en Cotelco, el paro representó pérdidas económicas para el sector hotelero por 13.000 millones de pesos y mostró la necesidad de que el gobierno refuerce la normatividad represiva contra las huelgas en el sector transporte (14).


Durante el desarrollo del cese de actividades Avianca empleó, lo que en las acertadas palabras de la publicación empresarial Dinero se conoce como la formula de “todas las formas de lucha” (15) incluyendo una vasta campaña publicitaria en los medios de comunicación, la contratación de pilotos y aviones extranjeros con la función de romper la huelga. Al tiempo, hizo poco por modificar la venta de pasajes en sus vuelos habituales, por lo que muchas personas vieron sus vuelos largamente demorados, cancelados o aplazados, aprovechando para responsabilizar al sindicato de la situación e incrementar la presión pública contra el movimiento laboral. En este contexto, con el curso del tiempo 140 pilotos agremiados abandonaron el conflicto y 200 huelguistas fueron citadas por la compañía con el fin de iniciar procesos disciplinarios en su contra (16).


Aún tras el cese de la huelga, el accionista mayoritario de la compañía desde 2004 y presidente de su junta directiva, el magnate boliviano-brasileño Germán Efromovich dueño del gigante Synergy Group, con varios procesos abiertos por corrupción en Brasil y Argentina (17), y cómplice probado del paramilitarismo en la apropiación de tierras de campesinos desplazados en el sur del Cesar (18), afirmó que todos los participantes del movimiento serán sujetos a procesos disciplinarios que podría conducir a eventuales despidos, al tiempo que continuaba el proceso de inscripción en la compañía de nuevos pilotos no sindicalizados (19). En la misma línea actuaba el Ministerio de Trabajo, a la cabeza de la política liberal Griselada Janeth Restrepo, que aclaraba que la entidad no podría evitar eventuales despidos masivos en la compañía si la posición de Avianca era avalada por la justicia, y que: “Colombia debe reflexionar sobre si las relaciones laborales entre un sindicato y una empresa pueden ponerla en jaque (20)”. Las represalias empresariales pueden llegar hasta la suspensión del fuero sindical de todos los líderes gremiales, así como la cancelación de la personería jurídica del sindicato (21).


Durante el conflicto se desarrollaron 3 grandes procesos judiciales (22). En el primero la compañía demandó y ganó en el Tribunal Superior de Bogotá la declaración de ilegalidad de la huelga, pues esta instancia judicial se plegó a las tesis de la compañía de que por un lado la huelga había iniciado con procedimientos irregulares pues no había sido votada por los trabajadores no sindicalizados y por otro que el transporte aeronáutico era una servicio esencial que no podía verse atravesado por interrupciones voluntarias por parte de sus trabajadores, lo que contradice explícitamente los acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de las Naciones Unidas sobre este tema (23). Este fallo antisindical, fue apelado por los pilotos ante la Sala Laboral de la hoy muy desprestigiada Corte Suprema de Justicia.


En el segundo, la irregular convocatoria a tribunal de arbitramiento realizada por el gobierno desde el 28 de septiembre para dirimir al conflicto laboral, que ha sido rechazado por los huelguistas por no adaptarse a los tiempos legales establecidos en la ya de por sí muy restrictiva legislación laboral colombiana y debería realizar un dictamen en 10 días hábiles. Y el tercero, la tutela contra el despido de 8 pilotos que la compañía realizó de forma encubierta bajo el mecanismo de reconocimiento de pensión, situación que fue demanda por Acdac y fallada a su favor por un Tribunal Civil de Bogotá el pasado 7 de noviembre (24).


Nuestra visión


Tristemente para la clase trabajadora, la que aparentemente fue la huelga de pilotos más larga de la historia a nivel mundial, hasta ahora traduce una derrotada para quienes estaban en huelga. La patronal de la segunda compañía más grande del país y de la segunda aerolínea de mayor peso en América Latina, ha logrado imponer su fuerza y mostrar la eficacia de sus políticas antisindicales, que han aumentado la división del colectivo de pilotos, y profundizado la separación entre estos y el resto de los trabajadores de la compañía, muchos de los cuales se han solidarizado con el reclamo, pero no han podido entrar a coordinar un plan de lucha unificado con los huelguistas, lo que muestra que 600 pilotos –aunque vitales– no son suficientes para paralizar una compañía de 21.000 trabajadores. En ese sentido, la conocida resistencia de Avianca a la negociación de pliegos de exigencias con sindicatos, pudo haber advertido a los huelguistas de la necesidad de prepararse para una lucha más dura y más larga.


En la situación de relativo aislamiento del conflicto, también jugó un papel la gran fragmentación sindical y el modelo de sindicatos por oficios y empresas, muy presente en todo el sector aeronáutico a nivel global pero especialmente crítica en el caso colombiano, donde en nuestro recuento de la movilización del pasado 25 de septiembre, registrábamos la existencia de al menos 8 organizaciones sindicales de trabajadores aeronáuticos solidarias con la protesta.


Claramente el cese afectó un sector estratégico de la economía nacional, el transporte aeronáutico de pasajeros, que pese a su masificación en los últimos años, se mantiene como un servicio de lujo, con el que la burguesía siente una cercanía especial y explica en parte importante su fuerte crítica a un movimiento laboral, que la más de las veces se vio arrinconado y a la defensiva.


El movimiento se desarrolló, como la inmensa mayoría de las protestas populares en el país, en el filo de la legalidad, pues la muy restrictiva legislación laboral nacional suponía de entrada un marco adverso para el desarrollo de cualquier cese de actividades con garantías. También fue relevante el papel más discreto en el caso de la institucionalidad estatal y más abierta en el de la prensa comercial, a favor de los empresarios aeronáuticos, que coordinados establecieron una posición contraria a un paro cuyo valor simbólico fue pronto advertido por sus adversarios. Así, el gobierno y los empresarios, buscan que las consecuencias de la derrota resulten aleccionadoras para el conjunto de la clase obrera, lo que les abre el espacio para desarrollar nuevos proyectos de reformas antisindicales, que pueden incluir la generalización de la declaratoria de servicio esencial a un creciente número de sectores de la economía nacional, la virtual ilegalización de las huelgas obreras en los sectores estratégicos y un cierre institucional que desincentiva la acción directa de los trabajadores.


Ahora es preciso redoblar la solidaridad con los trabajadores de Avianca, que se exponen a una posible situación de despidos masivos y aún de liquidación de una de sus más importantes herramientas sindicales. Como planteábamos con anterioridad, en este escenario de derrota es posible que la patronal no solo descargue sus políticas sobre los pilotos sino sobre los trabajadores más precarizados que acompañaron la movilización y vienen desarrollando sus propios procesos de lucha.


¡Solidaridad con los pilotos y trabajadores de Avianca!


Grupo Libertario Vía Libre
Noviembre 16 de 2017

1 Semana. El posconflicto de Avianca. Revista Semana. Edición No. 1854. 12 al 19 de noviembre de 2017. Pág. 26.
2 Portafolio. Se levanta el paro de ACDAC, este lunes festivo los pilotos retomarán labores. Noviembre 10 de 2017. En portafolio.co.  http://www.portafolio.co/negocios/empresas/se-levanta-el-paro-de-acdac-este-lunes-festivo-los-pilotos-retomaran-labores-511527 Consultado 10/11/2017
3 Cindy A. Morales. Huelga de pilotos de Avianca, la más larga del gremio en la historia. El Tiempo, 20 de octubre de 2017. En eltiempo.com.  http://www.eltiempo.com/economia/sectores/huelga-de-pilotos-de-avianca-su-historia-consecuencias-y-legalidad-143082 Consultado 10/11/2017
4 Caracol Radio. Es irreversible la huelga de pilotos de Acdac llegará a los 60 días. Noviembre 7 de 2017. En caracol.com. http://caracol.com.co/radio/2017/11/07/nacional/1510088487_044462.htmlConsultado 15/10/2017
5 Martha Morales Manchego. El piloto que tiene a media marcha la aviación del país. El Tiempo, 22 de octubre 2017. En eltiempo.com.  http://www.eltiempo.com/economia/empresas/entrevista-con-jaime-hernandez-presidente-de-acdac-143502Consultado 15/11/2017
6 En su página la Asociación tiene secciones informativas sobre 11 compañías: 1) Avianca, 2) Lan-Latam, 3) Copa Airlines, 4) Easyfly, 5) Helicol, 6) Avianca Cargo, 7) Sarpa, 8) Vertical de Aviación, 9) Viva Colombia, 10) Horizontal de Aviación y 11) Satena. En el mismo medio virtual tiene una sección que sostiene “Nuestro pilotos vuelan con” y una lista de 12 compañías, a las que se suma a las anteriores Líneas Aéreas Suramericanas (LAS Cargo).
7 ACDAC. Historia, ¿Quiénes somos? En Acdac.org.com. Link: http://www.acdac.org.co/quienes-somos/historia Consultado 10/11/2017
8 El Tiempo. Sindicato de pilotos de Avianca voto por ir a huelga. 15 de septiembre de 2017. En eltiempo.com.  http://www.eltiempo.com/economia/empresas/pilotos-de-avianca-se-van-a-huelga-2017-131200 Consultado 15/11/2017
9 ACDAC. ¡Negociación al día! Comunicado 11 de septiembre de 2017. En Acdac.org.com.  http://www.acdac.org.co/soy-acdac/pilotos-avianca/item/3804-avianca-negociacion  Consultado 10/11/2017
10 El Espectador. Pilotos votan sobre la huelga en Avianca. Noviembre 10 de 2017. Pág. 8.
11 Martha Morales Manchego. El piloto que tiene a media marcha la aviación del país. El Tiempo, 22 de octubre 2017. En Eltiemo.com.  http://www.eltiempo.com/economia/empresas/entrevista-con-jaime-hernandez-presidente-de-acdac-143502Consultado 15/11/2017
12 RCN Radio. Pilotos de Avianca denuncia discriminación laboral por parte de la aerolínea. Agosto 8 de 2017. En rcnradio.com.  http://www.rcnradio.com/nacional/pilotos-avianca-denuncian-discriminacion-laboral-parte-la-aerolinea/Consultado 15/11/2017
13 Semana. El posconflicto de Avianca. Revista Semana. Edición No. 1854. 12 al 19 de noviembre de 2017. Pág. 27
14 Portafolio. Por paro de Pilotos, sector hotelero tuvo pérdidas de 13.000 millones de pesos. Noviembre 10 de 2017. En portafolio.co.  http://www.portafolio.co/economia/por-paro-de-pilotos-sector-hotelero-tuvo-perdidas-de-13-000-millones-511538 Consultado 10/11/2017
15 Dinero. Pilotos de Avianca deciden terminar su huelga después de 51 días. Noviembre 9 de 2017. En Dinero.com. http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/acdac-levantaria-huelga-de-pilotos-y-avianca-toma-medidas/252158 Consultado 10/11/2017
16 Dinero. Pilotos de Avianca deciden terminar su huelga después de 51 días. Noviembre 9 de 2017.
17 El Espectador. Acusan a Germán Efromovich de supuestos sobornos en Brasil. Junio 16 de 2017. En elespectador.com. https://www.elespectador.com/noticias/economia/acusan-german-efromovich-de-supuestos-sobornos-brasil-articulo-638126Consultado 15/10/2017
18 Semana. Desplazados ganan pulso por tierras de Germán Efromovich. Diciembre 5 de 2016. En semana.com.  http://www.semana.com/nacion/articulo/corte-otorga-a-desplazados-tierras-de-efromovich/473294 Consultado 15/11/2017
19 Portafolio. “No habrá ningún tipo de retaliación contra los pilotos que vuelvan”, Efromovich. Noviembre 10 de 2017. En portafolio.co. http://www.portafolio.co/negocios/empresas/declaraciones-de-efromovich-sobre-levantamiento-de-paro-de-avianca-511531  Consultado 10/11/2017
20 Semana. El posconflicto de Avianca. Revista Semana. Edición No. 1854. 12 al 19 de noviembre de 2017. Pág. 27
21 Cindy A. Morales. Huelga de pilotos de Avianca, la más larga del gremio en la historia. El Tiempo, 20 de octubre de 2017.
22 Dinero. Pilotos de Avianca deciden terminar su huelga después de 51 días. Noviembre 9 de 2017.
23 Cindy A. Morales. Huelga de pilotos de Avianca, la más larga del gremio en la historia. El Tiempo, 20 de octubre de 2017.
24 Portafolio. Asamblea de ACDAC voto a favor del levantamiento del paro de pilotos. Noviembre 9 de 2017. En portafolio.co. http://www.portafolio.co/negocios/empresas/asamblea-de-acdac-voto-a-favor-del-levantamiento-del-paro-de-pilotos-511505  Consultado 10/11/2017

 

Publicado enColombia
El director general de la OIT, Guy Ryder, dialoga con EL PAÍS en Buenos Aires.

 

El exsindicalista británico destaca el progreso regional contra el trabajo infantil, pero advierte que sólo el consenso de todos los países permitirá soluciones de fondo

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) aspira a llegar a 2025 con un mundo sin trabajo infantil. Su director general, el exsindicalista británico Guy Ryder (Liverpool, 1956) cree que es posible si los Estados hacen cumplir las leyes y garantizan el acceso a la educación de calidad para todos los niños y al trabajo decente para los adultos. En Buenos Aires, donde se ha celebrado la IV Conferencia Mundial Sobre la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil, Ryder destaca el progreso regional, pero, a su vez, pide voluntad política para combatir la informalidad y también la creciente desigualdad mundial generada por los cambios en el mercado de trabajo.

 

Pregunta. Hace décadas que se lucha contra el trabajo infantil. ¿Por qué cuesta tanto erradicarlo?

Respuesta. Porque es un tema complejo. En muchos países el trabajo infantil está integrado como parte de la realidad nacional. Hay mucho por hacer, quedan 152 millones, pero hay que reconocer que en los últimos 20 años esta cifra se ha reducido en 100 millones, así que gran reto hacia delante, pero gran avance por detrás, y también aprendizaje, porque ahora ya sabemos qué funciona y que no.

 

P. ¿Qué funciona?

R. Se necesita un enfoque integral. Primero, legislación conforme a las normas de la OIT y la inspección que pueda hacerla efectiva. Segundo, protección social. América Latina ha hecho programas de transferencia económica muy eficaces. El tercero, acceso a la educación de calidad. Cuando existe la posibilidad de que un niño o niña vaya al colegio, se reduce de forma muy importante la vulnerabilidad al trabajo infantil. El cuarto elemento son políticas del mercado de trabajo para promover buenas condiciones para adultos en los sectores donde el trabajo infantil es más presente. Por ejemplo, el trabajo rural, que concentra el 70% del trabajo infantil, la informalidad y los países en condiciones de conflicto y crisis.

 

P. ¿Cómo ve la situación en América Latina?

R. La región ha progresado mucho en la lucha contra el trabajo infantil, la cifra se ha reducido de 20 millones a 11, pero el punto débil es la informalidad, que también es un cultivo para el trabajo infantil. Es el tema en el que queremos concentrar nuestros esfuerzos.

 

P. En los últimos años ha habido debates en varios países, como Bolivia, donde incluso el presidente Evo Morales defendió el valor de que los niños trabajaran. ¿Todo el trabajo infantil es explotación?

R. No. Las normas de la OIT son muy claras al respecto. Algunas actividades no se pueden calificar de trabajo infantil, como los niños que ayudan en casa o en el contexto rural hay actividades que se pueden aceptar, pero no se pueden aceptar actividades que obstruyen el desarrollo normal del niño, ni el trabajo que impide la educación de un niño ni su integración social. Ningún país puede decir que culturalmente es distinto, no, las leyes son universales.

 

P. En la apertura habló también de la incertidumbre del mercado laboral actual por los cambios en curso. A medida que avance la robotización y la automatización, ¿dónde se va a generar empleo?

R. Cuando hablamos del futuro del trabajo, la gente de forma automática piensa en la tecnología. Y es cierto, la tecnología importa, pero no se puede reducir el debate del futuro del trabajo a si la tecnología va a destruir o crear empleo. Todo depende de cómo usemos la innovación tecnológica, de si somos capaces de fijarnos objetivos de desarrollo y usar la tecnología para alcanzarlos. Esa es nuestra responsabilidad política, porque nos puede proteger de trabajos peligrosos y tediosos. Pero hay otro tema, porque la tecnología en la cuarta revolución industrial tiene la capacidad de transformar la manera en que se organiza el trabajo.

 

P. ¿Cómo cambia las relaciones laborales?

R. Ahora la mayoría de las personas tiene un empleador, pero en la economía de las plataformas, como Uber, uno no tiene empleador, entonces la relación laboral se convierte en una relación comercial. Porque yo voy a una plataforma y busco a alguien que me puede ofrecer un bien o un servicio y encuentro a alguien que ofrece un bien o un servicio. Es una relación comercial de corta duración. Creo que tenemos que asumir esta posible transformación y si es así repensar, hacer un nuevo marco regulatorio, porque todos nuestros sistemas laborales y sociales están construidos sobre la idea de una relación laboral.

 

P. Esa precarización, sumada a la globalización, trae asociada salarios cada vez más bajos.

R. Es una preocupación que no es nueva. Hemos visto durante 30 años que los ingresos nacionales que van a los salarios han disminuido en todos los países del mundo y han aumentado los del capital.

 

P. ¿Es posible parar esa rueda que gira a favor del capital?

R. Sí. Para mí es casi la preocupación más importante cuando vemos el futuro del trabajo, parar el crecimiento de la desigualdad. Si el mundo sigue creciendo en los próximos 30 años y la desigualdad crece al mismo ritmo creo que vamos a llegar a una situación completamente catastrófica. Estamos atrapados en la idea de que la desigualdad es el precio que tenemos que pagar para ser competitivos. Pero conocemos muy bien las políticas que pueden reducirla: políticas fiscales de redistribución, salarios mínimos, negociaciones colectivas. Hay instrumentos, lo que falta en este momento voluntad política para utilizarlos.

 

 

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Jueves, 26 Octubre 2017 06:24

La unidad nos da poder

La unidad nos da poder

La lucha de clases es un proceso interminable y se manifiesta cada vez con más claridad en la sociedad cuando se agudizan los conflictos económicos derivados de la competencia, pero también de la ambición y la avaricia desmedidas. Hoy los trabajadores están enfrentando un ataque como nunca antes había sucedido y no es el momento para ignorarlo ni para desarrollar sus actividades de manera normal. Durante mucho tiempo han estado a la defensiva, pero la situación actual requiere replantearse y analizar qué merecen en esta vida y cuál es la visión sobre su futuro.

De ahí que durante la 28 Convención Constitucional de la AFL-CIO (Federación Estadunidense del Trabajo-Congreso de Organizaciones Industriales), la más poderosa de Estados Unidos, con más de 13 millones de trabajadores afiliados, celebrada esta semana en San Luis, Misuri, se reafirmó que cada uno tiene derecho a una participación justa y a una posición segura, con un trabajo decente y elevados salarios y prestaciones. Además, cada persona que presta sus servicios merece contar con la libertad para afiliarse a un sindicato y negociar una compensación digna por su trabajo. Y ésta precisamente es la columna vertebral del movimiento obrero.

En esta ocasión se seleccionó el lema de la convención como "Unirse, pelear y ganar juntos", porque no hay nada mejor, y así lo manifestó el presidente de esta gran organización, Richard Trumka, ya que "esta es la mejor oportunidad de arremangarse la camisa y trabajar juntos y unidos, con una gran fortaleza como la del acero". Una nueva visión de prosperidad es urgente y necesaria para que nadie se queda fuera de estos grandes objetivos, porque es la mejor manera de defenderse ante las amenazas e intimidaciones que suceden todos los días en contra de la clase trabajadora.

Con la presencia de los líderes más importantes de los sindicatos de Norteamérica, de algunos congresistas y senadores, así como de un número destacado de dirigentes internacionales que fuimos invitados a participar e intercambiar experiencias e impresiones sobre la situación actual, durante las reuniones se destacó que un nuevo sistema político y de gobierno se atravesó en el camino ascendente del sector laboral, que ha provocado confusión y temor entre la población. Este es uno de los temas centrales, así se afirmó durante la convención, que actualmente prevalecen en Estados Unidos y en muchos otros países del mundo entero.

El dilema es estar unidos o divididos, porque debe quedar claro que en éste, como en cualquier otro sector, la unidad da la fuerza y la fuerza el poder para enfrentar a los enemigos y obtener el triunfo de los ideales y de los objetivos políticos, económicos y sociales. Trumka afirmó que el sindicalismo es tan patriota como la bandera estadunidense o la Estatua de la Libertad, y ratificó que a un gobierno no se le puede llamar democrático cuando reprime los derechos de los trabajadores.

Este es el mejor tiempo para fortalecer el diálogo y mantener la comunicación entre todos los sindicatos de trabajadores, y así garantizar el poder de la contratación colectiva y de la libertad de asociación. Muchas veces se toman decisiones entre las personas que son correctas o equivocadas, pero todos debemos también darnos el tiempo de corregir, porque ser más fuertes es una alternativa. Fue emotivo escuchar el lema del sindicato de los bomberos, ahora que los fuegos desatados han destruido cientos de miles de hectáreas en Estados Unidos, y que establece lo siguiente: "Cuando las cosas se ponen más difíciles, nosotros nos hacemos más fuertes".

Muchos de los temas analizados fueron expuestos en un seminario interno de discusión sobre las alternativas para construir más poder y solidaridad desde el lugar de trabajo hasta las cadenas de producción globales. Igualmente, se cuestionó si los tratados de libre comercio están muertos porque representan un proceso creciente de desigualdad y pérdida de soberanía, o bien, si existen otras estrategias para crear una globalización más justa que trascienda las fronteras.

Despertó gran interés la participación de líderes poderosos, como Leo Gerard, presidente internacional de los USW; James Hoffa, presidente de la Hermandad Internacional de los Transportistas (Teamsters); Guy Ryder, director general de la Organización Internacional del Trabajo, OIT; Sharan Burrow, secretaria general de la Confederación Sindical Internacional, CSI; Bob Martínez, presidente de la Asociación Internacional de Trabajadores Maquinistas y Aeroespaciales; Dennis Williams, presidente internacional del Sindicato de la Industria Automotriz; Randi Weingarten, presidenta de la Federación Estadunidense de Maestros, y de muchos otros dirigentes sindicales que durante cuatro días trabajamos intensamente en una agenda de solidaridad global, que seguramente se traducirá en nuevas estrategias de lucha unificada para alcanzar mayor justicia, equidad, respeto y dignidad.

La convención concluyó con un merecido reconocimiento y la relección de Richard Trumka por un periodo más de cuatro años al frente de la AFL-CIO, con una cena de honor y la ceremonia de entrega del prestigiado Premio Internacional 2017 George Meany-Lane Kirkland en Derechos Humanos a Han Sang-gyun, presidente de la Confederación de Sindicatos de Corea, el mismo galardón que tengo el honor de haber recibido durante la convención de 2011.

Publicado enInternacional
Lunes, 25 Abril 2016 15:10

Sintraisa y la unidad de empresa

Sintraisa y la unidad de empresa

“Durante años no pudimos hablar de otra cosa. Nuestra conducta diaria, dominada hasta entonces por tantos hábitos lineales, había empezado a girar de golpe en torno de una misma ansiedad común. Nos sorprendían los gallos del amanecer tratando de ordenar las numerosas casualidades encadenadas que habían hecho posible el absurdo, y era evidente que no lo hacíamos por un anhelo de esclarecer misterios, sino porque ninguno de nosotros podía seguir viviendo sin saber con exactitud cuál era el sitio y la misión que le había asignado a la fatalidad.
[…]
Pero la mayoría de quienes pudieron hacer algo por impedir el crimen y sin embargo no lo hicieron, se consolaron con el pretexto de que los asuntos de honor son estancos sagrados a los cuales sólo tienen acceso los dueños del drama”

Gabriel García Márquez
Crónica de una muerte anunciada (1981) pp.126-127.

 

El relato de las luchas sindicales de Sintraisa tiene el aire melancólico de un movimiento que se resiste a desaparecer bajo la intimidación constante que los procesos de la globalización neoliberal imprimen a los derechos sociales, económicos y culturales y dentro de estos, a las reivindicaciones sindicales. Al igual que en la historia tan bellamente relatada por Gabriel García Márquez, todos saben que se amenaza de muerte. Su existencia como organización sindical tiene una fecha y hora determinada, si atendemos a los planes estratégicos y de gobernabilidad corporativa que viene fortaleciendo ISA. S.A. a través de su transformación en Grupo Empresarial; en virtud de ellos, una estructura como Sintraisa cuya historia ha estado determinada por la búsqueda de condiciones laborales dignas y justas, no resulta ser hoy deseable para ISA, aunque la toleran porque no tienen otra alternativa, al menos por el momento.

El conflicto que enfrenta este sindicato, surgido en torno a la estrategia empresarial 2020 de ISA S.A. E.S.P., suscita varios interrogantes que vale la pena intentar responder: ¿Cómo ha influido el contexto global en la generación del conflicto entre Sintraisa e ISA?, ¿Cuáles han sido las principales estrategias empresariales para golpear al sindicato y a sus trabajadores?, ¿Cuáles han sido las más trascendentales consecuencias sobre los trabajadores y su organización sindical, derivadas de las decisiones empresariales?. ¿Cuáles han sido sus principales estrategias de resistencia? ¿Qué decidió el Ministerio de Trabajo frente a la solicitud de Sintraisa de declaratoria de Unidad de Empresa?

 

Presagio de una muerte anunciada

 

Sintraisa es una organización sindical que agrupa a los trabajadores que prestan servicios en Interconexión Eléctrica S.A, sus filiales y subsidiarias, reconocida desde 1977 por ocuparse de la defensa y representación de los intereses individuales y colectivos de los trabajadores, pensionados y sus familias, que lucha por la defensa del patrimonio nacional en pro del desarrollo social de la comunidad1.


La historia de la última disputa que enfrenta Sintraisa es una más de las estrategias empresariales que a lo largo de su existencia ha tenido que sortear como organización, no solo porque se mantengan y respeten los derechos de los trabajadores amparados por la Convención colectiva suscrita con ISA S.A., el 6 de diciembre de 1977 sino, sobre todo, porque se garantice su pervivencia como organización sindical.

A diferencia de otros conflictos anteriores, del que nos vamos a ocupar tiene como particularidad el hecho de estar inscrita dentro de unas prácticas y tendencias propias del modelo neoliberal, que amenazan la pervivencia de los sindicatos en el marco de la globalización, y que han estado antecedidas por la crisis del Estado intervencionista, con su correlativa apuesta por un Estado mínimo, desregulado y con el predominio del mercado sobre el desarrollo del Estado social. Transformaciones que han impactado intensamente el ámbito de los derechos de los trabajadores, desembocando en la conocida y denunciada flexibilización laboral.

En efecto, una de las consecuencias que el proceso de globalización propició en el plano de las políticas sociales y laborales es, sin duda alguna, el reflejado en el ámbito de la acción sindical y de los movimientos obreros, respecto a los cuales se advierte hoy, desde diferentes análisis, su situación de crisis generalizada, como quiera que se ha opacado su papel como agentes de cambio social, con ocasión de la transformación del mercado del trabajo y como consecuencia de la liberalización comercial, la privatización de empresas estatales y la desregulación de la institucionalidad laboral (Zapata, p. 4). (Ver recuadro).

Estos aspectos colorean un entorno teñido de un fatalismo macondiano, terminal y aparentemente irreversible, el futuro de sindicatos que como Sintraisa deben funcionar dentro de un modelo constitucional, previsto en 1991 para los servicios públicos domiciliarios, auténticamente neoliberal; éste es definido a partir de un esquema de liberalización y competencia2 que ha servido como pretexto per se, en el caso concreto que nos ocupa, para toda una serie de acciones que a la postre han restringido la participación de Sintraisa en las decisiones empresariales.
Derechos en tensión

La secuencia de hechos que dan pie a este relato datan del año 2005, época en que fue creada la compañía XM, y encuentran un punto de inflexión en junio de 2013, momento en el cual Sintraisa conoce la nueva estrategia 2020 diseñada por ISA S.A. E.S.P. con una perspectiva hacia el año 2020, y que fija como misión: “ISA tiene como misión el desarrollo y operación altamente eficiente de sistemas de infraestructura lineal donde posee capacidades o ventajas diferenciales basadas en el desarrollo de su talento humano ycapacidad de innovación para crear valor a sus accionistas y demás grupos de interés y contribuir al desarrollo sostenible de las sociedades donde tiene presencia”3; y como visión que “ […] ISA habrá multiplicado x 3 sus utilidades, por medio de la captura de las oportunidades de crecimiento más rentables en sus negocios actuales en Latinoamérica, del impulso de la eficiencia operativa y de la optimización de su portafolio de negocios4”.

La puesta en marcha de tales lineamientos para lograr una mayor competitividad empresarial, la conquista de nuevos mercados y un crecimiento y rentabilidad superiores, presuponen una transformación empresarial en la que si bien ISA S.A.E.S.P. no parece desligarse por completo del objeto social dispuesto en las leyes especiales de servicios públicos domiciliarios, sí comporta su irrupción definitiva en prácticas empresariales como la desregulación, la flexibilización y la descentralización productiva, utilizadas como alternativas para reconfigurar las formas tradicionales de organización del trabajo y con ello reducir los costos de transacción5.

La materialización de esta misión y visión empresarial se reflejó en su reestructuración como Grupo Empresarial encargado de orientar y definir las directrices para el funcionamiento de sus filiales y, particularmente para el caso de los intereses de Sintraisa como organización sindical, con la creación de XM Compañía de Expertos en Mercados S.A E.S.P (en adelante XM) e InterColombia; a estas dos filiales les trasladaron el desarrollo de partes de su objeto social, como es el caso de XM a quien le corresponde desde su creación la prestación de los servicios que originalmente prestaba ISA S.A.6, y en el caso de InterColombia, a quien curiosamente le trasladaron tanto el desarrollo de actividades antes ejecutadas directamente por ISA. S.A.E.S.P. como la administración del personal, que hasta ese momento tenía una relación directa con ésta como empresa matriz; esta última, por lo demás, mantiene bajo su titularidad y entera administración los activos: terrenos, subestaciones, líneas, equipos y edificios. En síntesis, mantiene la administración de su patrimonio, pero transfiere la prestación del servicio público y la administración del personal, mediante el uso de procesos económicos y jurídicos de naturaleza comercial, como la fusión, la escisión y la celebración de contratos de servicios y de cuentas en participación.

 

Efectos de la nueva realidad empresarial

 

El uso de esas estrategias empresariales ha dado lugar a una nueva realidad empresarial que ha implicado para los trabajadores la negación por parte de ISA S.A.E.S.P. de la existencia en su empresa de trabajadores sindicalizados, bajo el argumento de que se ha verificado una sustitución patronal, y con ello, el desconocimiento no solo de la relación con Sintraisa sino de todos aquellos beneficios y derechos reconocidos por la Convención Colectiva de Trabajo. Desde la creación de InterColombia, ISA S.A. niega cualquier obligación con Sintraisa por no tener a su cargo, según la empresa, ningún trabajador sindicalizado e InterColombia por orden de ISA reconoce unos derechos convencionales y desconoce otros por no haber suscrito con Sintraisa ninguna Convención. En esta lógica del absurdo ha llegado incluso a negar, mediante respuestas a derechos de petición presentados por trabajadores de Sintraisa, la existencia de cualquier conflicto colectivo7.

Paralelo a esto, InterColombia ha delineado toda una estrategia para desestimular la afiliación de trabajadores a Sintraisa a través de la figura de los pactos colectivos con los nuevos trabajadores y en 2014 instauró una demanda ordinaria, actualmente en curso, con la cual pretende se declare la nulidad de los artículos de los estatutos de Sintraisa que prevén la posibilidad de que el sindicato esté conformado por trabajadores que presten sus servicios en las filiales y subsidiarias de la empresa en jurisdicción de todo el territorio nacional. De conformidad con la demanda interpuesta por la empresa, la posibilidad de afiliación de trabajadores de las filiales al sindicato solo está reservada para los sindicatos de industria y gremio y no para los sindicatos de empresa como es el caso de Sintraisa y semestralmente, de manera periódica, denuncia la convención que Sintraisa tiene firmada con ISA, sin ser titular ni ostentar poder de ISA para denunciarla.

En medio de esta disputa jurídica, mediada por un entorno global en el que los sindicatos anticipan una marcha hacia su desaparición, nos encontramos como espectadoras de su progresivo aniquilamiento, en el que paradójicamente, el derecho y los usos que de este vienen haciendo los grandes grupos económicos resulta ser el arma más poderosa y el eslabón más importante a través del cual se han soportado todas las estrategias empresariales aplicadas en su ofensiva hacia la desarticulación de las organizaciones sindicales, hoy día poco convenientes para el modelo de desarrollo neoliberal.

Sin embargo, paradójicamente frente a tal contexto, el marco jurídico del derecho de asociación sindical se ha ampliado de cuenta de la protección internacional alcanzada por la vía de instrumentos internacionales de derechos humanos, reconocido como parte del bloque de constitucionalidad por tratarse de normas que consagran derechos que no pueden ser limitados en estados de excepción y de disposiciones como las contenidas en los convenios 87 y 98 de la OIT (Sentencia T-568 de 1999, entre otras). Esta afirmación nos da pie para delinear ante el lector un mapa más completo, que dé cuenta de la complejidad del mundo contemporáneo sin duda perceptible a través del caso de Sintraisa, por más local y particular que sea este conflicto.

Ante la globalización hegemónica se contrapone la contra-hegemónica8 y ante el uso del derecho como instrumento de aseguramiento de unos intereses con exclusión de otros, se impone el derecho como resistencia. Estamos ante una ambivalencia de los procesos globalizadores y del instrumento jurídico, expresado en todo el despliegue del derecho para garantizar la transformación empresarial en Colombia, la cual le ha dado cobertura a la mutación de ISA.S.A.E.S.P., en matriz de un grupo empresarial, con los ya descritos y consiguientes impactos negativos para los derechos laborales y sindicales. Pero al mismo tiempo encontramos unas prácticas de resistencia de la organización sindical que no se agotan en las vías jurídicas, aunque las incluyen quizás por el reconocimiento intuitivo de la capacidad performativa que en todo caso ostenta el Derecho.

Destacar aquí las estrategias de resistencia de Sintraisa para defender los derechos colectivos de los trabajadores y para asegurar el futuro de su propia existencia, tiene también el sentido político de abandonar el paso que dicta la música de la muerte para abrazar el ritmo suave pero preciso de la esperanza.

 

Las estrategias de Sintraisa

 

Aceptar los términos del Grupo Empresarial posiblemente no afectará, al menos en el corto plazo, los derechos de los trabajadores vinculados a la convención de 1977, pero es lesivo para los trabajadores de las filiales que mientras no se declare la Unidad de Empresa no pueden ampararse en una Convención que no ha sido suscrita por sus respectivas empresas. Esto podría contrarrestarse si la empresa cumple con su deber de respetar el principio de igualdad de todos los trabajadores convencionales y no convencionales que hacen parte de alguna de las empresas que conforman el grupo empresarial, pero incluso en ese caso, sí sería lesivo para los derechos de las generaciones futuras de trabajadores de las filiales, quienes no podrán vincularse a una Convención que quizás ya para esa fecha se haya extinguido, en virtud de los procesos propios de relevo generacional, y, en esa medida, posiblemente llegarán a una empresa con unas condiciones laborales de mayor precariedad. Asimismo, aceptar los términos del Grupo Empresarial de la Sustitución Patronal, supondrá para Sintraisa, al largo plazo, su extinción, al menos tal como se conciben en la actualidad.

Otras acciones de resistencia emprendidas por Sintraisa y que constituyen expresiones de globalización contra-hegemónica en las que la organización sindical ha jugado un importante papel de liderazgo, han sido: las múltiples acciones publicitarias de denuncia de las estrategias usadas por ISA para burlar el derecho a la negociación colectiva, las vías jurídicas (acciones públicas, laborales individuales y colectivas, administrativas y penales), la participación en una mesa local por la defensa de lo público y, los acercamientos de Sintraisa a organizaciones sindicales de otras filiales de ISA.S.A.E.S.P., que operan en otros países de Latinoamérica, para emprender acciones conjuntas.

 

Crónica de una negativa anunciada

 

Infortunada pero previsible es la respuesta del Ministerio del Trabajo en torno a la petición de Sintraisa, respaldada con abundante evidencia documental para que declarara la Unidad de Empresa entre ISA. S.A., XM e InterColombia. A pesar de que todo el hilo argumentativo parece conducir a dicha declaración, el Ministerio de Trabajo dice que no declarará la Unidad de Empresa, facultad que tiene en virtud del artículo 194, numeral 4 del Código Sustantivo del Trabajo, pero de dicha declaratoria no se puede concluir como lo hace en la Resolución 2497 del 15 de marzo de 2016, que NO EXISTE UNIDAD DE EMPRESA entre las sociedades ISA – Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. con InterColombia S.A. E.S.P entre ISA – Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P y la empresa XM – Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P., dado que la motivación de este acto administrativo es contraria a su parte resolutiva, con lo cual adolece de un efecto sustantivo por incongruencia entre la parte motiva y la resolutiva. Pretender negar esta realidad, es eludir la aplicación de la normativa laboral en materia de Unidad de Empresa.
Además de hacer uso de los recursos de reposición y apelación ante los organismos pertinentes, consideramos de la mayor importancia que ante la negativa del Ministerio de Trabajo de declarar la Unidad de Empresa, Sintraisa a través de cada uno de sus asociados debe solicitar dicha declaratoria por vía judicial, con fundamento en el ya citado artículo 194, numeral 4 del Código Sustantivo del Trabajo. Quizá allí pueda encontrar un juez más imparcial que aquel que depende de la Rama Ejecutiva del Poder Público, hoy comprometida con todo el despliegue del poder económico y político de las agencias neoliberales para alcanzar el objetivo de volverlo todo, incluso los servicios públicos (como el energético, el de educación y el de la salud, entre otros) un objeto expuesto a las fuerzas del mercado y accesible sólo a aquél con capacidad de comprar.

Para terminar, habrá que reconocer también que estas líneas han sido movidas por una poderosa emoción: el miedo a las semejanzas con aquellos que en la “Crónica de una muerte anunciada”, de la que nos hemos valido para nuestra narración, sabían del peligro que se cernía sobre un hombre, pero no se sintieron o no quisieron sentirse responsables de su suerte.

 


 

Al principio fue...

 

Las amenazas más latentes que rodean hoy a los sindicatos en el caso colombiano, se remontan a la época del gobierno de Alfonso López Michelsen cuando se impusieron los pactos colectivos como estrategia para desestimular la afiliación de los trabajadores no sindicalizados a los grupos sindicales (González, 2000, p. 174). Posteriormente, vendría la Ley 50 de 1990 que materializó una ola de embates que, bajo el argumento de las necesidades de modernización y competitividad, han servido no solo para flexibilizar y precarizar cada vez más las relaciones laborales, sino, además, para perseguir, estigmatizar y amenazar la pervivencia de los sindicatos en Colombia.


Los efectos de tales reformas laborales en el caso de empresas estatales o con participación estatal, se han reflejado en las políticas y estrategias de racionalización del gasto y de fusiones de compañías, lo cual ha incidido en el debilitamiento de los sindicatos que cada vez cuentan con menos afiliados y en un panorama en el que está ausente una política social, lo que lleva a concluir, con Antenas (2008), que “los sindicatos afrontan los retos del proceso de la globalización desde una posición de debilidad” (p. 37).


 

* Abogadas especialistas en Derecho Administrativo, Derecho Penal y Derecho Laboral, respectivamente; Magíster en Derecho, y Doctoras en Derecho y Economía y Gobierno y Políticas Públicas respectivamente; profesoras de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia; investigadores adscritas al Grupo de Investigación Derecho y Sociedad de la misma universidad.

 


1 En: http://www.Sintraisa.org/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=64. Fecha de consulta: marzo 19 de 2016.
2 Así se deduce de los planteamientos de autores y expertos en la materia como ATEHORTÚA ríos, c. (2008) al hacer referencia a la transformación del sector de los servicios públicos domiciliarios que se produjo con la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991. Este autor al respecto plantea: “Con la expedición de la Constitución de 1991, y muy especialmente con la expedición de las leyes 142 y 143 de 1994, se inició en Colombia un proceso de transformación sectorial en los servicios públicos domiciliarios a través del cual se ha pretendido eliminar los antiguos monopolios ineficientes y altamente politizados, para establecer un modelo moderno guiado por la eficiencia y la alta productividad.
Diferentes razones han motivado la transformación del modelo, pero ellas podrían reducirse a dos; la primera es la transformación mundial que han experimentado los mercados de bienes y servicios, con la liberalización, la apertura, la internacionalización y la globalización, lo que ha permitido que los capitales transnacionales incursionen en los países en desarrollo con el fin de explotar actividades que antes constituían monopolios estatales; la segunda razón está asociada a la crisis que ha experimentado la prestación de servicios públicos por parte del Estado, derivada de la captura de los mismos por sectores burocráticos poco interesados en su eficiencia y competitividad”. (pp. 33-34).
3 En: http://www.isa.co/es/nuestra-compania/Paginas/direccionamiento-estrategico.aspx. Fecha de consulta: marzo 22 de 2016.
4 En: http://www.isa.co/es/nuestra-compania/Paginas/direccionamiento-estrategico.aspx. Fecha de consulta: marzo 22 de 2016.
5 Ver: vid. W. Sanguineti Raymond, “Descentralización productiva”, Portal Derecho. Programa de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. En: http://www.iustel. com. Consultada el 8 de febrero de 2016.
6 Esto es, prestar los servicios de planeación y coordinación de la operación de los recursos del sistema interconectado nacional, en la administración del sistema de intercambios y comercialización de energía eléctrica en el mercado mayorista, y en la liquidación y administración de los cargos por uso de las redes del sistema interconectado nacional con sujeción a lo dispuesto en el Reglamento de Operación expedido por la Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG, los acuerdos expedidos por el Consejo Nacional de Operación (CNO) y la normatividad vigente que le sea aplicable en Colombia.
7 Ver solicitud del trabajador Julio César Ríos Rojas, Radicada con los Nro. 201566000755-3 y 201588007357-3, del 22 de octubre del 2015 y respuestas de INTERCOLOMBIA con el radicado N°201577005167-1 y de ISA con el radicado N° 201588003857-1, en las cuales el trabajador solicita, entre otros, el derecho a la igualdad con base en la Convención Colectiva suscrita entre ISA y Sintraisa y las entidades mencionadas, niegan tal derecho insistiendo en la supuesta sustitución patronal operada entre ISA e INTERCOLOMBIA.
8 Respecto a la globalización contrahegémonica Santos, 2007, pp. 31 y ss.: “La globalización contrahegemónica, como yo la entiendo, es un vasto conjunto de redes, iniciativas, organizaciones y movimientos que luchan contra los resultados económicos, sociales y políticos de la globalización hegemónica. La globalización contrahegemónica desafía las concepciones del desarrollo mundial que están detrás de la hegemónica y, a su vez, propone concepciones alternativas. La globalización contrahegemónica presta una atención primordial a las luchas contra la exclusión social. Puesto que la exclusión social es siempre el producto de relaciones de poder desiguales, la globalización contrahegemónica está animada por un logos redistributivo, en su sentido más general, que implica la redistribución de los recursos simbólicos, culturales, políticos, sociales y materiales. En este sentido, la redistribución se apoya a un tiempo en los principios de igualdad y de reconocimiento de la diferencia. En esa lucha están en juego intercambios y relaciones de autoridad igualitarios, y no tanto relaciones de poder en sí. Debido a que las relaciones de poder y los intercambios desiguales se cristalizan en el derecho y la política, la globalización contrahegemónica se muestra a través de una variedad de luchas políticas y jurídicas que están guiadas por la idea de que las estructuras y prácticas políticas y jurídicas hegemónicas pueden ser confrontadas mediante principios alternativos del derecho y la política. Estos principios alternativos y la lucha por ellos es lo que llamo legalidad y política cosmopolitas subalternas (Santos 2002). Ambas comprenden un vasto campo social de derecho y política de oposición, en el cual distingo dos procesos básicos de globalización contra hegemónica: la acción colectiva global a través de las redes transnacionales constituidas mediante vínculos locales, nacionales y globales; y las luchas nacionales o locales cuyo éxito impulsa su reproducción en otras localidades o redes que están experimentado luchas similares.” (negrillas fuera del texto original).

 

Bibliografía

Antenas Collderram, J.M. Los sindicatos ante la globalización. ¿Hacia qué nuevas formas de solidaridad internacional? Cuadernos de Relaciones Laborales, 2008, 26, núm. 1.

Atehortúa ríos, c. (2008). Régimen de los servicios públicos domiciliarios. En el contexto de la doctrina constitucional. Biblioteca Jurídica Dike- Andesco.
González, L. El sindicalismo y la globalización ¿demasiado viejos para los nuevos tiempos? Nómadas (Col), núm. 12, 2000, pp. 172-179 Universidad Central Bogotá, Colombia.
Ministerio del Trabajo, 2016, Resolución 2497 del 15 de marzo de 2016, por medio de la cual se resuelve una petición de declaratoria de Unidad de Empresa.
NOTARIA UNICA ENCARGADA DE SABANETA, 2015. Escritura 633 del 6 de mayo.
Jaramillo Delgado, Lina María, 2015. Respuesta de la Directora de Talento Organizacional de Intercolombia a la solicitud de cincuenta y 4 (54) trabajadores, radicada bajo el N° 201577005167-1 del 17 de noviembre.
Otero Prada, D.: “Hay que producir un revolcón en el sector eléctrico colombiano” edición digital de la Revista Semana -www.semana. com.-, del 28 de marzo de 2016, fecha de consulta 29 de marzo de 2016.
Posada Zapata, Diana Cristina, 2015. Respuesta de la Directora Corporativa de Talento Organizacional de ISA a la solicitud del trabajador Juan Guillermo, radicada bajo el N° 201588007440-3.
Rios Rojas, Julio César, 2015. Reclamación e Interrupción de la Prescripción de derechos laborales ciertos, indiscutibles e irrenunciables a ISA e INTERCOLOMBIA.
Sanguineti Raymond, W, “Descentralización productiva”, Portal Derecho. Programa de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. En: http://www.iustel. Com.
Santos de Sousa, B. y Rodríguez Garavito, C., 2007, “El derecho, la política y lo subalterno en la globalización contrahegemónica”, en El derecho y la globalización desde abajo. Hacia una legalidad cosmopolita, Boaventura de Sousa Santos y César A. Rodríguez Garavito (Eds.), traducción de Carlos F. Morales de Setién Ravina: Anthropos, UAM Cuajimalpa.
Santos de Sousa, B., 2007, “La ley y la construcción de una economía global para la solidaridad”, en El derecho y la globalización desde abajo. Hacia una legalidad cosmopolita, Boaventura de Sousa Santos y César A. Rodríguez Garavito (Eds.), traducción de Carlos F. Morales de Setién Ravina: Anthropos, UAM Cuajimalpa.
Zapata, F. ¿Crisis del sindicalismo en América Latina? Working Paper #302 – January 2003. Kellogg Institute for International Studies.

Publicado enEdición Nº223
Entrevista:  El profesor Néstor García Canclini habla de los jóvenes y los cambios en el mundo del trabajo

Se encuentra en Medellín el destacado antropólogo y pensador argentino, Néstor García Canclini, quien participa de varios eventos académicos en atención a una invitación que le cursó la Universidad de Antioquia y la Escuela Nacional Sindical.

 

El profesor García Canclini, también doctor en filosofía, es uno de los antropólogos que más se ha ocupado del tema de la cultura, la modernidad y la posmodernidad desde una perspectiva latinoamericana. Uno de los conceptos que ha acuñado es el de "hibridación cultural", fenómeno que se materializa en escenarios donde diversos sistemas se “intersectan e interpenetran”. Y en algunos de sus textos también ha abordado asuntos del mundo del trabajo, en especial en su relación con la empleabilidad de los jóvenes y las nuevas tecnologías.

 

Autor de 14 libros, el profesor García Canclini ha desarrollado la mayor parte de su actividad intelectual en ciudad de México, donde reside desde 1976; y donde se desempeña como investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores, dependiente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México.

 

Una de sus obras más conocidas es Consumidores y ciudadanos, en la que afirma que el consumo, producto de la globalización, ha generado una nueva concepción de ciudadano. También los libros Lectores, espectadores e internautas; Culturas híbridas, estrategias para entrar y salir de la modernidad; Diferentes, desiguales y desconectados.

 

En la entrevista que la Agencia de Información le hizo, el profesor García Canclini habla sobre el mundo del trabajo, los jóvenes y el sindicalismo en América Latina.

 

Hoy se habla mucho del emprendimiento como estrategia de inclusión laboral de los jóvenes. ¿Cómo valora usted ese fenómeno?

 

La condición de los jóvenes ha cambiado considerablemente. Las grandes transformaciones contemporáneas se manifiestan mucho más elocuentemente en la condición juvenil. Por ejemplo: la incorporación en las nuevas tecnologías, la precariedad del trabajo, la capacidad de innovación. A algunos sectores de la juventud los llaman emprendedores, o “trend settings”, que son los que se involucran con las nuevas tendencias tecnológicas, no siempre relacionadas con aparatos sino también con nuevos hábitos de vida, nuevos modos de comunicarse, de trabajar, de organizarse. El fenómeno surge por la aceleración de las innovaciones tecnológicas, pero también culturales; de la posibilidad de un mayor acceso a un caudal de información globalizada, de poder asociarse a emprendimientos más allá de lo local. Tiene lados ambivalentes. Lo positivo es que expande el horizonte y da mayor posibilidad de contrastar la información en fuentes diversas. Gracias a estos procesos los jóvenes hoy tienen más relaciones y repertorios culturales que en el pasado.

 

¿Y lo negativo?

 

Que es un fenómeno también impulsado por la precariedad e inestabilidad laboral, de la necesidad de estar pendientes de un próximo trabajo. El modelo neoliberal de flexibilización de las relaciones laborales, la pérdida de derechos laborales y de seguridad social, la desindicalización, ha generado la posibilidad de trabajar en actividades múltiples. Los jóvenes más capacitados, los que terminan carreras universitarias y manejan el inglés, pueden vincularse con un universo social, económico y cultural más extenso, y en redes que trascienden su lugar nativo, tanto para viajar físicamente o para comunicarse y viajar virtualmente.

 

Y los jóvenes que no tiene esa capacitación, ¿qué opciones tienen?

 

Tiene que ver con las nuevas formas de acceder a la información, al conocimiento, de auto-educarse. Hay muchos jóvenes que no han estudiado en la universidad, o que la abandonan sin terminar la carrera, porque encuentran otras formas de emplearse, de ganar dinero, y en oficios que los apasiona y en los que pueden innovar. La innovación es un componente clave en todos estos procesos de reconfiguración laboral y educativa. Muchos de los conocimientos no se obtienen en la universidad, se tienen con el acceso a la tecnología, a los aparatos y dispositivos, a las fuentes de información y de conocimiento que encuentran en las redes sociales. Para muchos de estos jóvenes se vuelve innecesario seguir en la universidad, se retiran porque consideran inútil ver una cantidad de materias que les dan una información sobre otros aspectos de la sociedad y cultura que no les interesa, por el contrario, no les permiten concentrarse en lo que verdaderamente les interesa. La expresión “trend settings” surgió en Estados Unidos cuando se vio que un alto porcentaje de la población trabajaba en actividades de innovación tecnológica, auto-empleados, en muchos casos desde su casa. Se creó la utopía de que todos deberían auto-emplearse, crear su propio trabajo, y desde allí generar riqueza. Pero por cada Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, o de otros iniciadores de innovaciones en redes sociales y otras aplicaciones tecnológicas, hay millones que no logran dar ese salto, y viven experiencias de desempleo y precariedad. La noción de jóvenes emprendedores, creativos, tiene mucho de ilusión. Oculta y disimula procesos de explotación.

 

¿O será que simplemente a los jóvenes les gusta saltar de un trabajo a otro? ¿Qué ha podido establecer a ese respecto?

 

Estamos en una época en que se ha pasado de las carreras profesionales que duraban toda la vida laboral, a vivir el trabajo por proyectos. Hay una dinámica de movilidad que no siempre es negativa, pero para la mayoría sí implica precariedad y dificultades de insertarse en el mercado de trabajo. Antes teníamos la convicción de que si hacíamos una carrera universitaria y nos especializábamos obteníamos buenos recursos de conocimiento y mostrábamos que éramos capaces de hacer tareas con eficiencia teníamos un futuro asegurado, podíamos llegar a ser gerentes de una empresa, dirigentes, diputados... Pero los jóvenes desde hace por lo menos dos generaciones han interiorizado la experiencia de que no se puede hacer carrera, y que aún quienes logran posicionarse en los mejores puestos tienen la tendencia a cambiar, no solo de empresa sino de oficio y profesión; de moverse a otra actividad más innovadora o que dé mejores ingresos.

 

En una conferencia usted mencionó un logro del emprendimiento en Francia...

 

En Francia desde hace muchos años se habla de esta condición laboral como de intermitentes. Comenzó aplicándose a algunos ramos de la producción artística y cultural, que por su propia naturaleza lo son. Los actores y directores teatrales que producen una obra después de varios meses de ensayo la ponen en cartelera y luego pasan un período sin trabajar, mientras logran articular, ensayar y poner otro proyecto en escena, porque tienen que seguir viviendo con sus familias. Entonces el Estado francés creó un sistema de asistencia para que esas personas recibieran beneficios básicos y tuvieran una cierta continuidad en seguro médico. Algunos de estos beneficios se han ido acabando, o no llegan a todos los que lo necesitan. Pero es otra manera de concebir una solución en un oficio que por su propio carácter es inestable. Claro que esa inestabilidad se ha acentuado para todas las profesiones.

 

¿Qué se puede esperar de los jóvenes que no logran engancharse en el conocimiento ni en la tecnología, y tampoco en el mercado laboral?

 

Hay derivaciones distintas que están por estudiarse. Hay un informe del Banco Mundial que correlaciona estadísticas de desempleo juvenil con la tasa de homicidios en México, y se ve cómo esa correlación crece, sobre todo en el norte del país, en los estados más cercanos a Estados Unidos, donde muchos no logran pasar al otro lado y se quedan del lado mexicano, agrandan el desempleo y la precariedad. Y también muchos desesperadamente recurren a ocupaciones ilegales o paralegales, a la violencia, a formas de participación en redes delictivas. Hay otros que no eligen el camino del delito, quedan en la precariedad, son sostenidos por la familia, a veces por padres que también han perdido sus trabajos y quedan al respaldo de la pensión de los abuelos. Hay quienes tratan de educarse o migrar a otros países. En fin, hay muchas salidas poco estudiadas; salidas reales, aunque signifiquen pérdidas de relaciones familiares, desarraigo de su sociedad y su cultura. Creo que una gran tarea es investigar más por parte de las universidades y los gobiernos.

 

La movilidad e inestabilidad que menciona lleva también a los jóvenes a no pensar en una jubilación, una pensión para la vejez. ¿Cómo ha cambiado en ese sentido la expectativa de los jóvenes?

 

La jubilación es la experiencia terminal, pero la experiencia de precariedad y desposesión de bienes y recursos viene desde mucho antes. Traigo al caso lo que me comentaba hace poco una artista visual mexicana, que tiene dos maestrías, sabe 3 idiomas, pero vive saltando de un trabajo a otro, y también pasa periodos desempleada. Dice que no puede acumular una estabilidad que le permita obtener con qué comprar un carro ni quedar embarazada, y menos una jubilación.

 

¿Cómo el movimiento sindical puede participar o involucrarse en los escenarios de jóvenes con esa movilidad y precariedad laboral?

 

El tema tiene varias o muchas aristas, depende de qué país miremos. Mi apreciación la baso en los países latinoamericanos que más conozco, Argentina y México. En los dos sigue habiendo una minoría de trabajadores sindicalizados. La mayor parte, sobre todo los jóvenes, no pertenecen a sindicatos, y también han interiorizado el hecho de que pertenecer a ellos es muy difícil. Están contentos si consiguen trabajo en un restaurante, en un taller, en una empresa de confecciones. Ya saben que van a ganar poco, y menos si son mujeres, y menos si son más jóvenes; saben también que ese trabajo les puede durar poco y que no tendrán seguridad social. Tienen que ingeniárselas para obtener otras satisfacciones, que no les van llegar por la vía laboral, o no directamente. Los sindicatos tienen el desafío de ampliar el espectro de sus demandas, darse cuenta de que no solo deben reclamar aumentos laborales o beneficios ligados a la empresa y al comercio en el cual laboran, sino otros beneficios complementarios que permitan obtener bienestar.

 

¿Cuál es, o debería ser, el papel de los Estados en relación con ese tema?

 

Los Estados han desmantelado el bienestar de la gente, han dejado a las empresas que manipulen con mayor libertad un conjunto de recursos, de contratos de trabajo que crean desigualdad entre los propios trabajadores, los divide y los excluye. Este desmantelamiento ha llevado a transferir la responsabilidad del Estado a los trabajadores, o a los desempleados que deben conseguir trabajo, a ver qué inventan. Hay que luchar por restablecer cierto estado de bienestar, no podemos confiar a las empresas cuyo objetivo principal es el lucro, y debemos exigirles responsabilidad a los políticos por los que votamos.

 

Una premisa de la que parte el sindicalismo es que éste es un valor de la democracia, necesario para que ésta exista. ¿Cómo ve la construcción de democracia en un contexto en el que los jóvenes no ven en la sindicalización una opción prioritaria?

 

Hay nuevas formas de ciudadanía que están surgiendo, muchas de ellas ligadas a internet, pero también que van más allá de lo digital; formas que facilitan una información más amplia, articulaciones de solidaridad que trascienden la frontera. Al mismo tiempo estos procesos relativizan las formas antiguas de sindicalización y de solidaridad.

 

Finalmente, y ya remitiéndonos a Colombia y al proceso de paz y el posconflicto, ¿podemos esperar más inclusión y oportunidades laborales? ¿Cuál es su propuesta?

 

Me da una gran esperanza que se pueda ya hablar del posconflicto en Colombia. He venido muchas veces en las últimas décadas, he acompañado a varios investigadores que han estudiado este proceso y sé de su complejidad, encuentro relatos que muestran la diversidad de situaciones del conflicto. Me atrae mucho y lo escucho con enorme interés. Lamentablemente no tengo nada para proponer, entre otras cosas porque ahora mismo la situación mexicana está mucho más rezagada, estamos en medio del conflicto, en una etapa cruel, desconcertada por parte de casi todos los actores, especialmente del gobierno y de las fuerzas que deberían contribuir a la solución. Estamos en una situación más fragmentada que la de Colombia, con más carteles, combates y disputas por el territorio entre esos carteles. Así que se me hace difícil decir algo productivo en relación con Colombia. Más bien vengo a escuchar y a entender cómo han llegado a este punto, que parece ser muy promisorio.

 

 

Publicado enColombia
Aniversario del Plan de Acción Laboral (PAL). Cinco años esperando cambios reales

El 7 abril del 2011 los presidentes Obama y Santos firmaron el Plan de Acción Laboral (PAL). Cuando éste se suscribió, la ENS afirmó que todas las medidas incorporadas en el plan eran necesarias e importantes, aunque insuficientes, y que la mayoría respondían a problemas señalados por el movimiento sindical.

Dijimos también que serían útiles para los derechos de los trabajadores sí se adoptaban de manera concertada con ellos y, sobre todo. si se acordaban y se ponían en práctica mecanismos de verificación eficaces. Y concluíamos que “...No bastan las promesas, los anuncios de medidas, se requieren hechos concretos, duraderos y verificados”.

Asimismo decíamos que el PAL en nada cambiaba el contenido, esencialmente negativo, del TLC entre Colombia y Estados Unidos, y que el incumplimiento del Plan por parte del gobierno colombiano y del empresariado no generaría ninguna consecuencia comercial o jurídica, porque una vez ratificado el TLC por el Congreso de los EE.UU y entrado en vigencia no tendrían carácter vinculante. Advertimos también que los plazos y el alcance de las medidas previstas en el PAL eran escasas para resolver una de sus mayores limitaciones: que no se modificarían las políticas públicas.

Todos nuestros temores se han cumplido. Nada se concertó y ninguna meta o indicador de cumplimiento fue establecido. No se creó un mecanismo de seguimiento con participación de las organizaciones sindicales, y lo peor: no se formuló una política pública adecuada sobre inspección laboral, formalización laboral, protección de la libertad sindical, prevención de la violencia o superación de la impunidad.

Como cada año lo hemos señalado, ha faltado voluntad política por parte del alto gobierno para aplicar efectivamente las medidas. No ha sido por falta de capacidad, ha faltado interés del gobierno para permitir el ejercicio de las libertades sindicales en Colombia, para diseñar estrategias y metodologías, para dialogar y acordar con las organizaciones sindicales, para proporcionar información de calidad sobre los avances y las dificultades.

A cinco años de la firma del PAL, vivimos en una profunda paradoja: hay una nueva regulación de las relaciones laborales del país, que prohibió la tercerización laboral en actividades misionales y permanentes (artículo 63 de Ley 1429), mejoró la capacidad sancionatoria del Ministerio de Trabajo (Ley 1610), estableció penas de prisión para la violación a la libertad sindical (artículo 200 del Código Penal), y se fortaleció la institucionalidad pública laboral: creación del Ministerio de Trabajo, ampliación de la planta y la formación de los inspectores, modernización del sistema de inspección laboral, mejora de la capacidad de investigación, más fiscales e investigadores para casos de violencia antisindical. Sin embargo, en su reglamentación e implementación (decretos, resoluciones, y decisiones), se han desvanecido todos los propósitos, y todos los problemas que se pretendían resolver con el PAL permanecen sin solución y, en algunos casos, hay retrocesos importantes.

Desde la ENS hemos emprendido un trabajo, que aún no termina, que consiste en una evaluación completa de los impactos del PAL. Le hemos solicitado información a todas las instituciones públicas comprometidas con el Plan, y aun no contamos con respuestas plenas y satisfactorias, hemos consultado la opinión de los presidentes de las centrales sindicales, entrevistado y dialogado con los trabajadores y dirigentes sindicales que hacen presencia en los cinco sectores priorizados. Un amplio equipo de profesionales de la ENS ha realizado esta evaluación, y construido propuestas, de cómo, manteniendo los objetivos del PAL, se pueden desarrollar estrategias para al fin cumplirlo, mejorar la realidad de los derechos laborales y sindicales y contribuir a la construcción de la paz.

Veamos, en cada uno de los cinco grandes propósitos del PAL, cuáles han sido los impactos.

 

Reducción de la informalidad y de la ilegalidad laboral

 

A pesar de que el actual gobierno incluyó programas y metas, en los dos últimos planes nacionales de desarrollo, para reducir la informalidad y la ilegalidad laboral, y de los cambios legales e institucionales que se han producido con ocasión de la implementación del PAL, ninguno de los dos cede significativamente.

En los últimos cinco años, se presenta un leve descenso de la informalidad laboral, pasando del 66% al 64% del total de ocupados. Pero la proporción de trabajadores sometidos a relaciones laborales ilegales es invariable (17,3%).

En términos absolutos, después de cinco años de implementación del PAL hay 14.090.880 trabajadores en situación de informalidad laboral, es decir 877.680 más de los que habían en 2011. Igual en 2015, hay 3.813.880 trabajadores en situación de relaciones laborales ilegales, 351.680 más de los que habían en 2011. (Ver tabla 1: número de trabajadores en situación de informalidad e ilegalidad laboral 2011-2015).

Se podría explicar que estos indicadores no cambian por el impacto marginal que han tenido los acuerdos de formalización laboral (AFL), según información suministrada por el Ministerio de Trabajo, a marzo de 2016, se han suscrito 160 acuerdos de formalización laboral, con los cuales se formalizaron 24.154 trabajadores, a lo que habría que descontar 3.430 trabajadores que habían sido formalizados por fuera del marco de un AFL.

También podría explicarse la pervivencia de la informalidad y la ilegalidad laboral por la ausencia absoluta de control, de parte del Ministerio de Trabajo, sobre los contratos sindicales en Colombia. A pesar de haberse advertido, el Ministerio no impidió que las Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA) en su mayoría (ante la prohibición establecida en el artículo 63 de la ley 1429 del uso de CTA para suministrar trabajadores en actividades misionales y permanentes), se convirtieran en “falsos sindicatos”, y que estos suscribieran contratos sindicales para seguir tercerizando trabajadores, en condiciones peores aun, sin derechos laborales y pervirtiendo la finalidad de las organizaciones sindicales. El fenómeno es de grandes dimensiones, entre 2011 y 2015 se han suscrito 4303 contratos sindicales. (Ver Tabla 3)

 

Reducción de actos de discriminación antisindical

 

Control al uso antisindical de los pactos colectivos:


Una manera de medir el impacto de las acciones realizadas por el Estado en esta materia es revisar la evolución de la contratación colectiva en los dos últimos quinquenios; en ella podemos apreciar que hay un crecimiento del 13% de los pactos colectivos, pasando de 932 a 1050. Sobre esta figura, tan lesiva para la existencia y desarrollo de las organizaciones sindicales, los órganos de control de la OIT han solicitado que Colombia modifique la legislación en el sentido de prohibir los pactos colectivos cuando exista o surja una organización sindical en la empresa. De igual manera la OCDE ha realizado recientemente recomendaciones en el mismo sentido. Incluso el Parlamento Europeo en la Resolución 2628 de junio de 2013, recogió este mismo compromiso. (Ver Tabla 3: Evolución de la contratación Colectiva 2006-2010 y 2011-2015)

 

Compilación y difusión de doctrina y jurisprudencia sobre servicios públicos esenciales:


Con esta medida se pretendía generar claridad y seguridad jurídica para el ejercicio del derecho de huelga, sin embargo, en la práctica, la mayoría de las huelgas han sido declaradas ilegales. Desde la vigencia de la Ley 1210 de 2008, la Corte Suprema ha expedido 33 sentencias, en 19 casos declarando la ilegalidad, en 11 la legalidad, y en tres no se pronunció. Las principales causas de ilegalidad que señala la Corte son, por tratarse de servicios público esencial (6), por no tratarse de una huelga pacífica (6), por incumplimiento de términos (5), por no contarse con las mayorías (2). La Corte Suprema revocó 10 sentencias que declaraban legales las huelgas y 2 que la declaraban ilegal, y en 21 casos la Corte confirmó la primera instancia. Esta disparidad de criterios obedece sin duda a las inmensas limitaciones que persisten en la legislación que impiden el ejercicio de la huelga.

 

Protección contra actos de discriminación antisindical - Aplicación del artículo 200 del Código Penal:


Después de 5 años de haberse consagrado como delito la violación a la libertad sindical, hasta el momento ningún empleador ha sido condenado por esta conducta a pesar de las 354 denuncias que, como afirma la Fiscalía General de la Nación, se encuentran en investigación. Solo un caso se encuentra en la etapa de juicio a los responsables (caso Atlas Transvalores). En 20 casos la Fiscalía reporta que hay “posibilidades reales de pronta resolución”.

 

La erradicación de los actos de violencia contra personas sindicalizadas

 

Las cifras de que dispone la ENS, señalan una reducción de los casos de violaciones a los derechos a la vida, integridad física y libertad personal de las personas sindicalizadas, comparando los quinquenios 2006-2010 y 2011-2015, se aprecia que esa reducción ha sido en 526 casos, un 17% menos de violaciones.

Ha sido sensible la reducción de homicidios, pasando en el quinquenio 2006-2010 de 275 homicidios (un promedio de 55 por año), a 130 homicidios en el quinquenio 2011-2015 (un promedio de 26 por año). Una reducción del 52%. Sin embargo se han duplicado los casos de hostigamiento, pasando de 113 a 269 casos (102%), y el crecimiento de los atentados, pasando de 66 a 77 casos (16%).

La violencia contra el sindicalismo, no es un hecho del pasado, es actual, y sus dimensiones y modalidades son alarmantes. Las medidas de protección que se han adoptado continúan siendo insuficientes. (Ver tabla 2: Violaciones a la vida, integridad física y libertad personal de personas afiliadas a organizaciones sindicales 2006-2010 y 2011-2015).

 

La superación de la impunidad en los crímenes cometidos contra sindicalistas

 

Con el PAL se produjo un importante fortalecimiento de la capacidad de la Fiscalía General de la Nación (FGN) para investigar los crímenes cometidos contra sindicalistas pero esta capacidad no se ha traducido en avances significativos. Con los datos disponibles hemos calculado los porcentajes de impunidad. En el delito de homicidio es del 87%. En el delito de amenazas, que constituye la violación más sufrida por los sindicalistas, tiene a su vez el más alto índice de impunidad con el 99.8%. Los delitos de desaparición forzada, desplazamiento forzado, tortura y secuestro, arrojan un porcentaje de impunidad del 91%, 98.1%, 83.3% y 70.8% respectivamente. En general, frente a delitos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos tenemos que la impunidad en casos de sindicalistas continúa siendo muy alta, promediando el 95%.

La tendencia en el número de sentencias condenatorias que informa la FGN parece mostrar avances más significativos entre 2006 y 2010, cuando se crea la subunidad para la investigación de casos de violencia contra sindicalistas con base en el Acuerdo Tripartito por el Derecho de Asociación y la Democracia y se inician los procesos judiciales en el marco de la ley 975 de 2005 conocida como Ley de Justicia y Paz. Paradójicamente entre 2011, luego de firmado el PAL y hasta 2015 disminuye el número de sentencias por año de acuerdo con la información entregada por la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en marzo de 2016, es decir el impacto del PAL ha sido nulo en el número de sentencias producidas. (Ver Tabla 4: Sentencias condenatorias anticipadas y ordinarias 1994-2015).

Sobre los casos de homicidios ocurridos entre 2011 y 2015 (según datos de la ENS se han presentado 130), la Fiscalía informa que tan solo se han abierto 82 procesos, y de estos solo 9 se encuentran en la etapa de juicio, 70 en indagación y 3 en investigación.

 

Mejoramiento en el acceso a la justicia para los trabajadores y organizaciones sindicales

 

Los impactos en este campo podrían medirse de muchas maneras, solo de forma indicativa haremos dos aproximaciones, a la espera de recibir y procesar otra información de parte del Ministerio de Trabajo.

La primera aproximación es sobre el trámite y resolución de querellas interpuestas ante el Ministerio del Trabajo, en casos referidos al uso ilegal y antisindical de pactos colectivos y tercerización ilegal, haciendo uso de las normas y procedimientos creados con ocasión del PAL. Y el resultado es el siguiente: De 150 querellas interpuestas, solo en 5 casos se ha culminado con una sanción; 15 casos han sido archivados por el Ministerio. Las restantes 130 querellas, se encuentran aún en trámite en el Ministerio, encontrándose, en averiguación preliminar 95; en la formulación de pliego de cargos, 4; en investigación preliminar, 16 querellas; en pruebas 9 casos. En 6 querellas no se tiene información alguna después de la radicación. El 94% por ciento de los casos llevan más de un año y el 73% de las querellas se encuentran apenas en la primera etapa del proceso administrativo sancionatorio.

La segunda aproximación, la hemos logrado a través de un estudio sobre acceso a la justicia en materia de libertad sindical, en donde analizamos 170 casos (Resoluciones del Ministerio de Trabajo, fallos de tutela, procesos ordinarios y proceso especial de fuero), de estos se encontró que en 111 (65%) no se protegieron los derechos de libertad sindical. Y en particular, el Ministerio del Trabajo, negó la protección en el 76% de los casos.

Finalmente, para la ENS es claro que los propósitos del PAL, sus compromisos y medidas siguen siendo pertinentes. En los mismos temas y con la misma orientación se han generado resoluciones y recomendaciones por el Parlamento Europeo (Resolución 2628 de junio de 2012), por la OCDE (Estudios de la OCDE sobre el mercado laboral y las políticas sociales: Colombia 2016. Resumen ejecutivo, evaluación y recomendaciones), y por la OIT (Conclusiones de la Misión de Alto Nivel de febrero de 2011).

La reducción de la informalidad y la ilegalidad laboral, la protección de la libertad sindical, la erradicación de la violencia antisindical, la superación de la impunidad y el mejoramiento del acceso a la justicia para los trabajadores, son y seguirán siendo necesarios y mucho más en este momento en el que el principal reto de los actores del mundo del trabajo será el de contribuir a construir la paz duradera.

 

ANEXOS:

 

 

De acuerdo con el DANE, los ocupados son las personas que durante el período de referencia se encontraban en una de las siguientes situaciones: 1) Trabajó por lo menos una hora remunerada en la semana de referencia; 2) Los que no trabajaron la semana de referencia, pero tenían un trabajo; 3) Trabajadores familiares sin remuneración que trabajaron en la semana de referencia por lo menos 1 hora.

Los ocupados con protección social (formales) asumimos que son los que cuentan con afiliación a un fondo de cesantías, lo que implica la existencia de un contrato de trabajo, y permite suponer también que cuentan con afiliación a salud, pensiones, riesgos laborales y cajas de compensación familiar. Estos ocupados con protección social, es decir, con contrato de trabajo y con los cinco mecanismos de protección social que son obligatorios por ley, los asimilamos a trabajadores formales.

Los ocupados sin protección social (informales) son el resultado de la diferencia entre en total de ocupados nacionales y el total de ocupados con protección social.

Los ocupados en relaciones laborales ilegales corresponde al número de ocupados que tienen un empleador y este no les garantiza derechos laborales ni la protección social. Este indicador lo calculamos de la siguiente manera: Del total de ocupados asalariados del país se resta el total de ocupados con protección social, dando como resultado el total de asalariados sin protección social, a este último se le suma el total de ocupados que son trabajadores sin remuneración (familiar sin remuneración + trabajador sin remuneración en otras empresas). Los ocupados asalariados son trabajadores que poseen un contrato de trabajo verbal o escrito, por el cual perciben una remuneración de manera estable o regular. Corresponde a la sumatoria de las categorías ocupacionales: empleado particular, empleado del gobierno, empleado doméstico y jornalero o peón. (En 2011 el número de asalariados fue: 9.178.000; en 2012: 9.633.000; en 2013: 9.979.000; en 2014: 10.373.000 y en 2015: 10.719.000). Los trabajadores sin remuneración como su nombre lo indica son trabajadores con un empleo sin remuneración, en el caso de los familiares sin remuneración, laboran en una empresa cuyo propietario es un familiar o pariente que generalmente vive en el mismo hogar. (En 2011 el total de ocupados sin remuneración fue de: 1.091.000; en 2012: 1.138.000; en 2013: 1.084.000; en 2014: 1.045.000 y en 2015: 1.021.000).

Los ocupados en relaciones laborales ilegales corresponde al número de ocupados que tienen un empleador y este no les garantiza derechos laborales ni la protección social. Este indicador lo calculamos también de la siguiente manera: Del total de ocupados sin protección social se resta el total de trabajadores por cuenta propia y el total de trabajadores en la categoría patrón o empleador. El trabajador por cuenta propia es una persona natural con un trabajo, profesión u oficio, cuya remuneración depende directamente de la comercialización y venta de los bienes o servicios producidos; se caracteriza por no contratar a terceros como asalariados para lograr sus metas y objetivos. (En 2011 el total de ocupados por cuenta propia fue: 8.735.000; en 2012: 8.883.000; en 2013: 9.002.000; en 2014: 9.163.000 y en 2015: 9.345.000). Por su parte el total de patronos o empleadores en 2011 fue 987.000; en 2012: 1.017.000; en 2013: 957.000; en 2014: 899.000 y en 2015: 907.000.

 

2  Se muestran los años en los que se produjeron sentencias condenatorias de acuerdo con la información de la fiscalía.

 

Fuente: información recibida de la Dirección de Fiscalía Nacional

Especializada de derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario, DFNEDDHHDIH, en marzo de 2016.

Publicado 7 de abril de 2016.

Publicado enColombia
Con la presentación del pliego petitorio al Gobierno, quedó en firme el paro y la movilización nacional este jueves

Hoy el Comando Nacional Unitario (CNU) le presentó al Gobierno Nacional una carta en la que expresa las razones por las cuales convocó al paro nacional este jueves 17 de marzo, y expone un pliego petitorio de 15 puntos, el cual se espera sea respaldado masivamente con ceses de actividades y movilizaciones en todas las ciudades del país.

También hoy las organizaciones sindicales, sociales y movimientos políticos que conforman el CNU (centrales CUT, CGT, CTC; confederaciones de pensionados CDP y CPC; dignidades agropecuarias; Cruzada Camionera; Fecode, USO, Asonal y otros grandes sindicatos estatales y de sectores eléctricos y del carbón; gremios de taxistas, movimiento estudiantil, el E-24, entre otros) ofrecieron una rueda de prensa en la que ratificaron la realización del paro y presentaron los 15 puntos del pliego petitorio entregado al gobierno.

En sus declaraciones, los líderes de la protesta fueron enfáticos en que se trata de un paro contra las políticas económicas y sociales del Gobierno Nacional, no contra el proceso de paz, que el movimiento sindical ha venido apoyando desde el principio, así como el mecanismo de refrendación que se acuerde en La Habana.

“El proceso de paz no puede ser una cortina de humo para ocultar la inconformidad de la población, ni la exigencia de políticas realmente incluyentes para la mayoría de los colombianos”, dijo al respecto Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT, quien invitó a la ciudadanía a expresar este jueves su inconformidad ante la ausencia de respuestas del gobierno a los graves problemas que padece el país.

Gómez agregó que será un día de movilizaciones y de anormalidad laboral en el sector público y privado, pero no de confrontaciones con los agentes de la fuerza pública. “Ellos también son pueblo, hijos de campesinos y trabajadores. No nos interesa agredirlos ni que nos agredan”, señaló, al insistir en el carácter pacífico que deberán tener las movilizaciones.

“Hay una inconformidad creciente en la población. Quienes no están directamente afectados por las medidas impopulares y los incumplimientos del Gobierno, están preocupados por la situación del país, por el desempleo galopante, la corrupción desbordada y el alza de la canasta familiar”, dijo por su parte Fabio Arias, Secretario General de la CUT.

“Hay muchas y suficientes razones para la protesta, por eso convocamos a todos los colombianos, no solo a los sindicalistas, a que se sumen a este paro nacional y salgan a la calle con toda la energía, pero de manera pacífica”, señaló a su vez el presidente de la CTC, Miguel Morantes.

 

Las razones de la protesta

 

En la carta dirigida al presidente Santos (ver su texto completo en el enlace http://cut.org.co/pliego-de-peticiones-paro-nacional-17-de-marzo/) se mencionan como razones para el paro, entre otras:

El fracaso en la negociación del salario mínimo en diciembre pasado, la “absurda y arbitraria” venta de ISAGEN, el escándalo de REFICAR, el anuncio de una reforma tributaria lesiva para los sectores populares, la liquidación de Caprecom y Saludcoop, el incumplimiento de una serie de promesas que el Gobierno no ha cumplido, como: restablecimiento del recargo nocturno y los dominicales y festivos, reducción de los aportes en salud del 12% al 4% a los pensionados, los acuerdos con Dignidad Agropecuaria y la Cumbre Agraria, con los camioneros y taxistas, sectores éstos que han visto burlados acuerdos firmados y por lo mismo participarán de la protesta.

La Agencia de Información también conversó con Cesar Pachón, vocero nacional de Dignidad Agropecuaria Colombiana y presidente de Dignidad Papera, quien confirmó la participación de su organización en el paro de este jueves, así como la de los sectores cacaotero, arrocero, cafetero y campesinos, entre otros.

Sobre las razones de los paperos para sumarse a la protesta, dijo que se debe básicamente al incumplimiento compromisos del gobierno relacionados con la escasea regulación de las importaciones de papa precocida, que se han duplicado en los últimos años; con la falta de recursos para proyectos ya aprobados, con problemas de mercadeo, asistencia técnica e investigación.

Pachón mencionó especialmente el problema de las deudas con el Banco Agrario, que está rematando las tierras de los campesinos, no porque éstos no quieran pagar sus deudas, sino por las difíciles condiciones en la producción y mercado de la papa, y la falta de una seria política agropecuaria. “Ahora se aprobó la llamada Ley Zidres, que entregará tierras a inversionistas extranjeros, mientras a nosotros los campesinos nos la están quitando, y eso no es justo”, puntualizó.

 

Las movilizaciones del jueves

 

El llamado del CNU es que este jueves los trabajadores del sector público y privado, y la ciudadanía en general, se declaren en anormalidad laboral y se sumen a la protesta con mítines y asambleas en sus puestos de trabajo, y asistan a las marchas y concentraciones programadas. Algunas son:

En Bogotá la concentración principal será en el Parque Nacional, desde donde, a eso de las 10 de la mañana, se iniciará una marcha hasta la Plaza de Bolívar, donde hacia el mediodía confluirán las otras marchas, por lo menos seis más, que saldrán desde diferentes sitios de la ciudad.

En Medellín la marcha también saldrá a las 10 de la mañana desde la Plaza de los Deseos, al norte de la ciudad, tomará la carrera Carabobo, luego tomará la Avenida Oriental, donde se sumará la marcha de los maestros agremiados en Adida, para terminar en la plazoleta de La Alpujarra.

En Cali la concentración está programada para las 9 de la mañana en la llamada Rotonda, de la Avenida Estación.

En Cartagena la movilización callejera se programó para las 3 de la tarde en el Colegio Departamental, Avenida Pedro de Heredia.

En Bucaramanga los líderes de la protesta invitaron a realizar mítines en las empresas en la mañana, y a una concentración a las 2 de la tarde en la plaza Luis Carlos Galán.

Sobre las garantías para realizar estas movilizaciones, Julio Roberto Gómez dijo que cuentan con la palabra del propio Presidente Santos, quien en la reunión que tuvieron con él en la Casa de Nariño la semana pasada manifestó que su gobierno respetará el derecho a la protesta siempre y cuando ésta se haga en forma pacífica.

Sin embargo, es de esperarse que haya dificultades en la movilidad, toda vez que los taxistas anunciaron paros y manifestaciones en las distintas ciudades para protestar por el servicio “ilegal” que presta Uber, que los está desplazando de su trabajo ante la indiferencia del Gobierno. Y en la misma actitud están los gremios de camioneros, que ante el incumplimiento de algunos acuerdos manifestarán su descontento con concentraciones en las carreteras.

 

Sí al Proceso de Paz

 

En vista de que el partido Centro Democrático viene promocionando para el próximo 2 de abril una jornada de protesta contra el Gobierno, y en especial contra los acuerdos con las FARC en La Habana, consultamos con los dirigentes del CNU sobre las afinidades y diferencias de esa protesta con la de este este jueves 17 de marzo.

Al respecto Fabio Arias, de la CUT, explicó: “En la carta al Señor Presidente Santos decimos que no se piense que por las contradicciones que tenemos con el Gobierno en razón a su política económica y social, nos vamos a atravesar en el proceso de paz. Ni más faltaba. En eso nos diferenciamos totalmente del uribismo. No tenemos ningún compromiso con la jornada que éste está preparando para el 2 de abril, que es para otra cosa muy distinta: es para que sigamos en guerra, y ya estamos cansados de la guerra”.

Sobre el mismo particular Julio Roberto Gómez, de la CGT, expresó: “La protesta convocada para el 2 de abril por el Centro Democrático nos merece todo el respeto, por el derecho legítimo de cada cual a manifestarse y a expresarse en la plaza pública. La diferencia es que el paro y la jornada de protesta de este 17 de marzo es una movilización del movimiento social y sindical, y la otra es de un sector político”.

 

Apoyos del sindicalismo internacional

 

La Confederación Sindical de las Américas (CSA), por intermedio de su presidente Víctor Báez Mosqueira, emitió un comunicado en el que manifiesta su total apoyo al Paro Nacional convocado y organizado por las centrales sindicales colombianas y otras organizaciones sociales y políticas.

De otro lado, las centrales sindicales finlandesas SAK, STTK, y el Centro de Solidaridad Sindical (SASK) también se solidarizó con la jornada de protesta liderada por sus pares colombianos.

“Esperamos que esta expresión pacífica, pero contundente, sirva como un insumo para que las demandas legítimas del movimiento sindical sean tomadas en consideración para las decisiones que debería tomar el Gobierno en beneficio de la población colombiana”, afirman en su comunicado las centrales finlandesas.

 

El contenido del pliego al Gobierno

 

En resumen, los 15 puntos petitorios al gobierno nacional por parte del CNU, son:

1. Desarrollar un programa estructural y medidas de emergencia para el pueblo guajiro.

2. Cumplir los acuerdos firmados con las organizaciones de trabajadores, pensionados, campesinos, afros, estudiantes, indígenas, transportadores y empresarios agrarios.

3. Alza general de salarios y del subsidio de transporte; reducción de las tarifas de los servicios públicos y del transporte urbano; disminución del costo de la canasta familiar y establecimiento de mínimos vitales.

4. Defensa del patrimonio público, especialmente de Ecopetrol y las empresas públicas territoriales como ETB, EAAB, EEB, Emcali, entre otras.

5. Evaluación y revisión de los TLC. Defensa de la producción nacional mediante mecanismos arancelarios, tributarios, financieros, condonación parcial de deudas y rebaja de intereses para los productores agropecuarios.

6. Incremento presupuestal para la salud y la educación, y no a su privatización; pago de las deudas al magisterio y dignificación del servicio de salud que reciben; reforma universitaria democrática y concertada, condonación de deudas de estudiantes con el ICETEX, y fortalecimiento presupuestal del SENA.

7. Promoción del trabajo decente, política de formalización laboral en el sector privado y ampliación de las plantas de personal en el sector público, protección del derecho al trabajo para los informales.

8. Ordenamiento territorial con base en la protección del medio ambiente, del agua como un derecho fundamental y de los ecosistemas estratégicos; moratoria minera, acatamiento a los fallos de la Corte Constitucional, consulta previa vinculante y decisoria para los proyectos mineroenergéticos.

9. Reducción de los precios de los combustibles y congelamiento de peajes, e impedir la cesión de corredores viales.

10. Eliminación de exenciones tributarias a las multinacionales, que no se aumente el IVA ni se amplié su base gravable, no se impongan cargas tributarias a la clase trabajadora y pensionados, que se elimine el 4x1.000.

11. Defensa de la tierra y los territorios para la producción agropecuaria del campesinado y el reconocimiento de sus derechos. Sustitución concertada y gradual para los pequeños productores de cultivos de uso ilícito.

12. Garantía plena de los derechos humanos, libertades sindicales y no criminalización ni judicialización de la protesta social y reparación colectiva. Desmonte del ESMAD.

13. Fortalecimiento del régimen de Prima Media y no hacer modificaciones regresivas al régimen pensional. Pleno reconocimiento de los derechos prestacionales de militares y policías en retiro.

14. Disminución de las tasas de interés y acabar con la especulación financiera, protección a la economía solidaria (cooperativas, cajas de compensación).

15. Política concertada de lucha contra la corrupción y la impunidad, que tenga en cuenta el fortalecimiento de los órganos de control y la justicia.

 

Los voceros del CNU advirtieron que si el Gobierno se niega a negociar este pliego de exigencias, se realizarán nuevos paros y otras medidas de presión hasta lograr la solución de las peticiones.

 

Publicado 14 de marzo de 2016.

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