Viernes, 12 Febrero 2016 07:41

Territorio hostil para sindicalistas

Territorio hostil para sindicalistas

El gobierno que negocia la paz con las Farc no asegura condiciones mínimas de seguridad a los sindicalistas: el 60 por ciento de las agresiones que ocurren en el mundo contra ellos sucede en Colombia.

Desde 1977, 3.089 militantes de sindicatos colombianos han sido asesinados y otros 236 desaparecieron, 6.744 han recibido amenazas y 1.890 han debido abandonar su lugar de residencia y desplazarse a otras áreas. Los datos, de la Escuela Nacional Sindical (Ens), pintan un mal panorama para los defensores de los derechos de los trabajadores. Solamente en este año los asesinatos suman ya 18, hay al menos dos desaparecidos y se han producido más de 80 amenazas.

La violencia contra los defensores de los derechos de los trabajadores es sistemática en Colombia, según revelan varios informes de esta entidad. “Es diferente a otros países de América Latina, en los que las amenazas se iniciaban y terminaban al compás de una dictadura militar. Aquí no. Aquí se han dado siempre. Y desde la década de 1980 los asesinatos de dirigentes son frecuentes”, dice Eugenio Castaño, investigador y portavoz de la Ens.

A Alexandra Bermúdez se le partió la vida en dos. Dejó atrás su país, donde se dedicaba a la defensa de los derechos de los trabajadores, y se trasladó a España bajo el amparo de Amnistía Internacional (AI).

Bermúdez se echó a la calle junto a otros compañeros para exigir que se investigara la muerte, a principios de año, de Carlos Alberto Pedraza, dirigente de movimientos de defensa de los derechos humanos. Días más tarde, 13 de sus compañeros del Congreso de los Pueblos, organización que acoge a defensores de derechos humanos, sindicalistas y líderes campesinos, fueron detenidos tras una manifestación. Los acusaron de ser miembros de la guerrilla del Eln, ya que portaban petardos y pólvora para hacer ruido durante la marcha. “Eran policías. De civil y otros con uniforme. Me seguían, y también a mi marido cuando llevaba a nuestra hija a la guardería. O dejaban que les viéramos allí delante nuestro, cuando estábamos con toda la familia en el parque. Se acercaban y nos hacían fotos. Querían que les viéramos”, relata la joven desde Logroño, España, donde vive bajo un programa de acogida a defensores de derechos humanos de AI.

 

LA INFLUENCIA DEL CONFLICTO

 

Colombia está inmersa en un conflicto a cuatro bandas desde hace décadas. Las guerrillas de las Farc y el Eln, las bandas criminales surgidas tras y por la desmovilización de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, y el Ejército, se disputan palmo a palmo la selva y los bosques, donde coexisten campamentos insurgentes, plantaciones de coca y amapola y corredores para el narcotráfico a Estados Unidos.

Domingo Tovar, responsable de Derechos Humanos y Solidaridad de la Central Unitaria de Trabajadores, añade otros frentes. “También hay lucha social, y es ahí donde el sindicalismo se ha erigido como un actor político con cada vez más posiciones. Y con cada una de esas posiciones públicas hay uno de los actores del conflicto que sale lacerado. Y luego ese actor afectado termina por atacar a los sindicalistas”, explica. Muestra de ello son las medidas coercitivas contra el movimiento social, como la ley 1.453 de seguridad ciudadana, que prohíbe las marchas y manifestaciones. “Los sindicatos, además de reivindicaciones gremiales, proponen un nuevo modelo de sociedad. Por ello nunca han sido reconocidos como un interlocutor válido por el Estado. Cuanto más reclaman más duro les dan. Porque el establishment se ve amenazado por esa nueva propuesta social”, argumenta Castaño.

No sólo del Estado o los poderes económicos viene esa violencia. El informe “Nos hacen falta”, de la Ens, observa otras amenazas. Los paramilitares atacaron no pocas veces a los sindicatos con el pretexto de que en ellos había guerrilleros infiltrados. Las Farc y el Eln llevan a cabo a su vez lo que el informe recoge como violencia en forma de “instrumento de corrección ideológica”. Las guerrillas consideran que el movimiento sindical debe moverse entre unos parámetros políticos determinados. Si no es así, asesinan al líder responsable de esa supuesta traición, señala el documento. “Es cuando se denuncia y se acusa a cierta persona u organismo que empiezan las amenazas y persecuciones”, apunta Edgar Páez, vocero del sindicato de la industria de alimentos Sinaltrainal, que alberga a trabajadores de Nestlé y Coca-Cola, entre otras empresas.

Los operarios de la planta de Nes-tlé en Bugalagrande (Valle del Cauca) llevaron a cabo una huelga de hambre en octubre de 2013 para reclamar mejoras en sus condiciones laborales. Las amenazas de Los Rastrojos, una de las bandas criminales de esa zona no tardaron en aparecer: “Declaratoria de exterminio. Guerrilleros malparidos hijos de puta sigan camuflados en Sinaltrainal como brazo ideológico de la subversión. Las protestas en la empresa Nestlé de Bugalagrande no las compartimos, como tampoco el maltrato a directivos de Nestlé y la constante calumnia a una empresa buena que brinda desarrollo social (...) de Los Comandos Urbanos de Los Rastrojos”.

Días después el trabajador miembro de Sinaltrainal Óscar López Triviño fue asesinado tras 25 años trabajando para la multinacional suiza. “Nos tuvieron que matar a 13 compañeros, dos más jubilados y la esposa de uno de ellos para que finalmente se sentaran a hablar con nosotros”, asegura Páez. “Así no es extraño que tan sólo el 3 por ciento de los trabajadores estén sindicalizados en este país”.

Nestlé ya había pasado por otro episodio similar con el asesinato de Luciano Romero, sindicalista de Si-naltrainal, en 2005. Y compañías como Coca-Cola, Chiquita Brands y la minera Anglogold Ashanti también se han visto envueltas en escándalos por vínculos con el paramilitarismo.

Javier Orozco estaba muy cansado de ver como “asesinaban a compañeros”. Formaba parte de la dirección general de la Cut en Bogotá, pero al igual que Alexandra Bermúdez decidió poner punto final a la inseguridad viajando a España. Hoy vive en Asturias, donde coordina el Programa Asturiano de Derechos Humanos. “De los más de 3 mil asesinatos, 500 se atribuyen a la policía, unos 100 a la Fiscalía... ¡A la Fiscalía! Y unos 2 mil a los paramilitares. Y de todos ellos, el 97 por ciento queda sin investigar.”

Según Alexandra Bermúdez la solución pasa por un cambio de modelo social y económico. “Hay que ir más allá de la consecución de la paz en las negociaciones de La Habana con las Farc. Hay que acabar con el conflicto armado, pero también con el conflicto social. Hay que consultar y tener en cuenta a los movimientos de base para la construcción de un nuevo modelo de país.” Y las trasnacionales europeas y estadounidenses que trabajan en Colombia deben a su vez explicar “por qué en una relación laboral normal se ha asesinado a miles de trabajadores”.

Publicado enColombia
Los grandes retos de Colombia por el Trabajo Decente
  • — Aumentó en 10% cifra de trabajadores que ganan un salario mínimo o menos—
  • — 48.6% de los trabajadores son pobres, ganan un salario mínimo o menos—
  • — 64% de trabajadores carece de alguna protección en seguridad social—
  • — 3´700.000 personas padecen de relaciones laborales ilegales—
  • — 3 millones de trabajadores del campo no tienen contrato laboral, son jornaleros—
  • — De cada 10 personas ocupadas en trabajos precarios, 7 son mujeres—
  • — 12´573.409 trabajadores no tienen protección en riesgos laborales—
  • — Desde 2010 Min-Trabajo impuso 9.048 sanciones, pero solo cobró 38—
  • — Se mantiene violencia antisindical: 15 homicidios en este 2015—

 

El mundo laboral se detiene este miércoles 7 de octubre. Y lo hace para reflexionar sobre el trabajo, su calidad y los retos que Colombia debe asumir para garantizar que el trabajo sea fuente de calidad de vida para las personas y escenario en el que la ciudadanía negocia mejores condiciones laborales en un marco de respeto y diálogo social.

Para contribuir a esta necesaria reflexión la Escuela Nacional Sindical publica el 8º Informe Nacional de Trabajo Decente, en el marco de las Jornadas Mundiales que el sindicalismo mundial y la sociedad civil celebran hoy.

La ENS ratifica su esperanza en los acuerdos que avanzan en La Habana y en su potencialidad para propiciar transformaciones profundas en estructuras y relaciones laborales todavía signadas por la precariedad, la incertidumbre de los trabajadores, la desigualdad, la discriminación y las amenazas o presiones a quienes ejercen su derecho de sindicalizarse.

Ahora que caminamos hacia el acuerdo de paz con las FARC, el país debe tener la capacidad de reconocer las carencias en Trabajo Decente y convertirlas en retos que deberán ser abordados en el Plan Nacional de Desarrollo, en los acuerdos en torno a las políticas de trabajo decente, y en las grandes reformas que se necesitan para implementar los acuerdos para terminar el conflicto armado.

Otro gran reto para la construcción de la paz será que aprendamos como sociedad a tramitar, resolver y transformar los conflictos de manera pacífica y fructífera para las personas y el bien público. Los acuerdos de paz generarán una ola modernizadora del país, y esperamos que esa ola contribuya a democratizarlo. En el mundo del trabajo la modernización y la democratización pasa por la legalidad laboral y el diálogo social.

En estos asuntos, como muestra el informe, falta mucho camino por recorrer para llegar a condiciones de trabajo decente que al menos generen empleo estable y productivo, que cese la persecución contra los trabajadores que buscan mejorar sus condiciones laborales sindicalizándose, y que el Estado tenga la capacidad de proteger los derechos de la población que trabaja.

Según los resultados de la Encuesta de Opinión Sindical que publicará la ENS a comienzos de noviembre, más del 60% del movimiento sindical colombiano respalda el proceso de negociaciones de paz, y se movilizará masivamente en su defensa buscando especialmente reparación colectiva y reconstrucción del tejido social. Por el lado empresarial, estudios contratados por la Cámara de Comercio de Bogotá sitúan en el 55% el respaldo al proceso.

 

He aquí las 7 claves para entender las dificultades y los retos para lograr el trabajo decente en Colombia:

 

Romper el cuello de la informalidad

 

Según los registros del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), en Colombia trabajan 21´503.000 personas, pero el 64% de ellas carece de alguna protección en seguridad social (salud, pensión, riesgos laborales, cesantías o afiliación a una caja de compensación), es decir, 13´750.000 personas, que es el indicador mínimo, aunque insuficiente, de formalidad y legalidad en las relaciones laborales.

Tenemos que señalar que 9´163.000 personas trabajan por cuenta propia, y es en este sector en donde se crea más empleo. El 64% de los colombianos trabajadores no tienen posibilidad de contar con un proyecto de vida a largo plazo.

La práctica de relaciones laborales ilegales es un fenómeno extendido que padecen al menos 3´700.000 personas en el país, quienes prestan sus servicios a un empleador y éste no les garantiza derechos laborales ni protección social.

La informalidad es situación que ha permanecido casi invariable durante décadas, a pesar de la transformación en las variables de ocupación y de los cambios legales para promover la formalización.

El cumplimiento de la ley laboral es el acto esencial de las obligaciones empresariales y el control a su incumplimiento el primer deber del Estado. Estas acciones son fundamentales a emprender para construir trabajo decente. Ellas pueden iniciarse en las áreas ya priorizadas en el Plan de Acción Laboral.

 

Forjar la paz en el campo con trabajo decente

 

Implementar los acuerdos de paz en el desarrollo rural implicará, sin duda, un proceso amplio de modernización de las relaciones laborales con trabajo decente, mediante la negociación colectiva con organizaciones sindicales que se reconstruyan. El impulso modernizador del campo deberá tener en el centro la vigencia del Código Sustantivo del Trabajo, y la presencia de la institucionalidad pública laboral (jueces laborales e inspectores del trabajo). Ya el Gobierno le ha pedido a la Organización del Trabajo (OIT) cooperación técnica para la implementación de las normas internacionales en el agro (inspección rural, asociación sindical).

La realización del Censo Nacional Agropecuario ha descorrido la indiferencia y los velos que le ocultaron al país las complejas realidades del trabajo rural, que se realiza en la actividad agropecuaria, la pesca, la silvicultura y la minería.

En el país hay 4.6 millones de personas trabajando en el sector rural, y de ellas 2.9 millones trabajan en la agricultura y 1.7 millones en otras actividades. El llamado cuentapropismo es alto, constituye el 50% de la población trabajadora. Así que más de 3 millones de trabajadores carecen de relación laboral alguna.

Dos datos, el de afiliación al sistema de riesgos laborales y los salarios en el sector agrícola, muestran el drama laboral en el campo: el 91% de las personas que trabajan en la agricultura carecen de protección por riesgos laborales, mientras la tasa nacional de afiliación es del 41,6%. El ingreso de los trabajadores de la agricultura es en promedio el 73% del salario mínimo ($469.333), mientras que el promedio nacional de ingresos es el 125% de un salario mínimo ($816.646). La brecha es dramática.

La precariedad del trabajo rural no se refiere únicamente a las cada vez más limitadas unidades agrícolas familiares. La precariedad está en boyantes sectores cobijados por el Plan de Acción Laboral, como el palmicultor o el floricultor, en los que 180.000 personas trabajan en situación precaria. Igualmente es histórica, y sin remedio, la informalidad en la caficultura y la ganadería. En cambio en la industria bananera existe un modelo moderno de relaciones laborales con negociación colectiva, diálogo social y contratación laboral directa. Es un ejemplo a seguir.

 

Hacer del ingreso digno un propósito de país

 

El trabajo como la fuente cierta de ingresos para tener calidad de vida y ofrecer oportunidades a las personas y a las familia, se realiza con salarios y garantías laborales suficientes. Pero eso no se da en Colombia.

La mitad de los trabajadores colombianos son pobres. Las cifras revelan que el 48,6% (10´450.000) de las personas con ingresos laborales obtienen un salario mínimo o menos cada mes. O sea que se encuentran en condiciones de pobreza. Pero eso no es lo peor, según el DANE este porcentaje subió más de 10 puntos entre 2013 y 2014, es decir los ingresos de los colombianos disminuyeron en el último año a pesar de la prosperidad o la paulatina disminución del desempleo.

Según las cotizaciones al sistema de pensiones, en el extremo superior sólo el 4,4% de los trabajadores acceden a ingresos laborales superiores a 8 salarios mínimos, que les permiten ubicarse en el decil más alto de los ingresos. Y apenas otro 4,3% de los asalariados obtiene ingresos entre 4 y 8 salarios mínimos, que les permiten disponer de alguna parte de sus ingresos para algo más que satisfacer sus necesidades básicas.

La inequidad laboral y el acceso a la propiedad de la tierra son las principales razones por las que Colombia sigue siendo uno de los países más desiguales del continente, y no ha habido una variación significativa en esta situación. El coeficiente de Gini es de 0.538, sin variación en los últimos 3 años.

 

Combatir la desigualdad de género en el trabajo

 

Para las mujeres colombianas la vida laboral sigue siendo fuente de discriminación, exclusiones y razón de pesadas cargas que llevan solas.

La tasa de desempleo sigue siendo más alta para las mujeres (12%) que para los hombres (7%). La inmensa mayoría de las mujeres (53,4%) gana por su trabajo 1 salario mínimo mensual o menos. Y las mujeres siguen sosteniendo la vida familiar. En promedio una mujer trabaja en su casa, o en las de otros, 6,3 horas diarias, realizando labores domésticas o de cuidado sin remuneración alguna.

Usando las cifras oficiales, la Escuela Nacional Sindical constató que 7 de cada 10 personas ocupadas en los trabajos más precarios (servicios sociales, comunales y personales) son mujeres, mientras que 8 de cada 10 persona ocupadas en agricultura, pesca y ganadería son hombres. También reconoció que si bien las mujeres aumentan su participación laboral, ello no significa que accedan a cargos de dirección: sólo el 25,8% de las mujeres desarrolla un cargo de dirección o autoridad, ello a pesar de que las mujeres tienen hoy niveles más altos de escolaridad que los hombres.

El Plan Nacional de Desarrollo se reduce a considerar la oferta de empleos como política para generar equidad de género en el trabajo y no apunta a resolver otro de los problemas serios de la desigualdad laboral, que es la doble jornada, como carga que todavía pesa sobre sus hombros.

 

Definir una política de salud laboral

 

En el trabajo las personas están en riesgo permanente por falta de cobertura, el 58,4% de los trabajadores no tiene protección por riesgos laborales (12´573.409 personas).

Reconociendo que solo el 41,6% de quienes trabajan están afiliados a una ARL, en el año 2014 y oficialmente se registraron en el país 568 muertes por accidentes de trabajo (2 diarias en promedio), 687.171 accidentes de trabajo no letales (1.883 diarios) y las Aseguradoras de Riesgos Laborales apenas reconocieron 9.771 casos de enfermedad laboral (27 casos diarios).

Aceptando que la informalidad y la precariedad del trabajo hacen que casi el 60% de las personas que trabajan no tengan acceso a la atención por riesgos o enfermedades laborales, y que el sistema está diseñado para evitar el reconocimiento de estos hechos, es clara la existencia de un enorme subregistro.

El Gobierno, las aseguradoras de riesgos laborales y las empresas están en mora de diseñar un sistema de seguridad laboral que se fundamente en la afiliación universal, mejorar la prevención y no simplemente atenuar los riesgos para la salud o los efectos de los accidentes en el trabajo, y estudiar a fondo los impactos que en la salud de las personas tienen el trabajo precario y desprotegido.

 

Fortalecer la inspección laboral

 

La creación del Ministerio de Trabajo no ha contribuido, como se esperaba, a fortalecer y hacer eficiente un modelo de inspección laboral que atienda los estándares del derecho internacional del trabajo y las prioridades establecidas en el Plan de Acción Laboral; un modelo que garantice el ejercicio de los derechos humanos en el trabajo, mejore las condiciones de los trabajadores y tenga capacidad de hacer valer su capacidad legal, policiva y sancionatoria.

Las cifras que prueban la ineficacia de la inspección laboral abruman y provienen del propio Ministerio de Trabajo. De cada 4 quejas que presentan trabajadores y sindicatos buscando protección a las libertades sindicales, en 3 casos los inspectores no actúan, no protegen derechos. A pesar del uso masivo de la intermediación laboral ilegal, los inspectores del trabajo solo han iniciado 261 investigaciones entre 2012 y 2014. Desde su creación en el 2010 Ministerio de Trabajo ha impuesto 9.048 sanciones y multas, pero solo se han cobrado 38, al rededor del 0,5% del total. Así que la función disuasiva de las sanciones es inexistente y el monto de las multas es irrisorio, la impunidad es casi completa.

La consolidación del modelo de inspección laboral le exige al Gobierno Nacional y al Ministerio de Trabajo generar la carrera administrativa que ofrezca estabilidad laboral a los inspectores, llevarlos al trabajo de campo y procurar que las sanciones impuestas se hagan efectivas. Una situación que no se ha conseguido hasta ahora.

 

Garantizar el diálogo social

 

El diálogo social se garantiza por los derechos a la asociación sindical, a la negociación colectiva y a la huelga. Es decir, el diálogo social es posible si los trabajadores se pueden sindicalizar, si los empresarios no usan formas ilegales de tercerización o persiguen a los trabajadores que se sindicalizan, y si el Estado protege los derechos de los trabajadores. Diálogo social hay si tenemos sindicatos fuertes y gremios empresariales representativos, y ninguna de estas cosas ocurre en el país.

En Colombia sólo 4,4 de cada 100 personas que trabaja está sindicalizada. La modificación de esta tasa impone reducir la tercerización y la persecución antisindical, aunque los sindicatos vienen dando fuertes batallas para afiliar trabajadores tercerizados, lo que ha generado un aumento del número de sindicalizados en el país, que pasaron de 830 mil en 2010 a 960 mil en 2014, cifra que no incluye a los trabajadores bajo la modalidad de contrato sindical gestionados por sindicatos ficticios. Este aumento de la sindicalización, que ocurre en medio de grandes obstáculos, quebró la tendencia a la baja que ocurría desde 1984, cuando la tasa de sindicalización alcanzó a ser del 16%.

Esta recuperación de la afiliación sindical ha sido recibida con hostilidad por el empresariado. La Encuesta de Opinión Sindical de la ENS muestra cómo para los dirigentes encuestados los principales problemas para el ejercicio de la libertad sindical son: despidos injustificados, hostigamiento, amenazas de despidos y prohibiciones para sindicalizarse.

El segundo gran derecho sindical, el de negociación colectiva, ha disminuido. En 2013 se firmaron 459 convenciones colectivas, en 2014 solo 347, mientras tanto aumentan las herramientas antisindicales que fingen ser negociación colectiva, como los pactos colectivos y los contratos sindicales. Los primeros pasan de 204 a 236 del 2013 al 2014, y los contratos sindicales se disparan y pasan de 984 a 1.925 en esos dos años. Hoy están vigentes 3.441 contratos sindicales, administrados por 141 sindicatos de papel. La inmensa mayoría de estos contratos tercerizan trabajadores del sector de la salud.

La dinámica de la movilización y protesta de los trabajadores por razones laborales se ha cuadruplicado en los últimos 5 años, en comparación a lo ocurrido entre 1990 y 2010.

En este contexto restrictivo de las libertades sindicales y de esfuerzos de las organizaciones por crecer y aumentar la sindicalización, se mantiene la violencia antisindical. El Sistema de información en derechos humanos de la ENS ha registrado 15 homicidios de sindicalistas en el transcurso del año 2015, registró 21 casos en 2014, de un total de 380 violaciones a derechos humanos de miembros de organizaciones sindicales. Y desde 1977 ha registrado 3.088 homicidios que han afectado a 450 sindicatos.

Enormes retos enfrentarán sindicatos y sociedad entera en el futuro cercano cuando operen la comisión de la verdad, la justicia especial de paz y se concrete el proceso de reparación colectiva al sindicalismo como víctima.

Alcanzar la paz duradera requiere garantizar trabajos productivos, con derechos y con protección social; libertades sindicales y diálogo social eficaz. Para lograrlo es necesario el fortalecimiento de la institucionalidad pública, porque tanto en sentido general como en el particular del mundo del trabajo, el esfuerzo mayor que deberá emprender la sociedad colombiana será fortalecer esas instituciones públicas para prevenir y solucionar los conflictos laborales, lo que sin duda requerirá de nuevos marcos legales que contribuyan a establecer relaciones laborales basadas en el respeto de los derechos laborales, en el diálogo y la negociación colectiva.

Con seguridad deben comenzar debates públicos alrededor de la política de formalización laboral, el fortalecimiento de la inspección laboral, la negociación colectiva por rama de actividad económica y el fortalecimiento de las organizaciones sindicales.

 

Cuadros con información relevante*

 

 

 

 

*Fuentes: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, Escuela Nacional Sindical (ENS), Superintendencia Financiera de Colombia, Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar (Asocajas), Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda).

 

 

Así las cosas, las mujeres dedican a actividades no remuneradas de cuidado, tres veces el tiempo que dedican los hombres. Y de manera inversa, dedican la mitad del tiempo que los hombres al trabajo remunerado.

 

Publicado 7 de octubre de 2015.

Publicado enColombia
¿Qué tanto les cuesta a las empresas sostener políticas y estrategias antisindicales?

En los últimos años han tomado fuerza iniciativas que pretenden impulsar la responsabilidad social empresarial, que buscan medir estándares laborales y la satisfacción de los trabajadores en una empresa. No obstante, cualquier esfuerzo que hagan los empresarios para medir su responsabilidad laboral son insulsos si no cumplen dos postulados mínimos: a) garantías para que los trabajadores ejerzan libremente y sin presiones el derecho de asociación, b) ejercicio efectivo de la negociación colectiva, que permita regular las relaciones laborales ya sea en un sector de la economía, en un grupo empresarial, o en una empresa.

Al analizar las 500 empresas más grandes del país se observa que 144 son adherentes al Pacto Global de Naciones Unidas y 65 no cuentan con sindicatos. Y en las 79 empresas donde existe organización sindical, sólo en 28 ésta es mayoritaria. Lo que significa que apenas el 19,44% de los sindicatos tiene capacidad para ejercer la huelga, capacidad de interlocución con los empleadores, o la convención colectiva se extiende a todos los trabajadores.

Pero el dato más preocupante son los 41 casos donde simultáneamente existen sindicatos con pactos colectivos, lo que significa que en el 51,8% de los casos hay modelos duales de relaciones laborales.

Para la OIT no hay Diálogo Social sin sindicatos. Justamente una de sus condiciones es la existencia de organizaciones sindicales fuertes, situación que en Colombia no ocurre. Nuestro país tiene una de las tasas de sindicalización más bajas del planeta: 4.0% respecto de la población económicamente activa (población ocupada más desempleada), 4.5%, respecto a la población ocupada total, y 9.3% respecto a la población asalariada (trabajadores dependientes, estatales, trabajadoras domésticas y peones o jornaleros). La siguiente tabla muestra las tasas de afiliación, el número de sindicatos y el de afiliados según la rama o actividad económica:

Aunque las anteriores son cifras preocupantes para las organizaciones sindicales, también lo deben ser para los empresarios. Las 10 razones que se esgrimen a continuación deberían hacerlos reconsiderar sus estrategias antisindicales, por lo costosas, desgastantes e insostenibles que les resulta, ya que les cierra mercados, los desacredita en diferentes escenarios y los expone en el panorama internacional como empresarios de quinta.

 

  1. Judicialización de las relaciones laborales. Un aspecto grave y frecuente en las relaciones entre sindicatos y empresas, es la tendencia de éstas a resolverlo todo a punta de demandas, querellas y acciones jurídicas. Es decir, los temas laborales los resuelven en los estrados judiciales con un juez como intermediario, o ante el inspector de trabajo. Comportamiento que en muchos casos es usado como mecanismo de debilitamiento de la estructura sindical y obstáculo para el ejercicio del derecho de asociación; o como un tema de honor. Lo que no ven es que esa estrategia no sólo desgasta al sindicato, también resiente y desgasta a las empresas, incluso a las más sólidas, pues deben destinar grandes contingentes de abogados, mientras los temas neurálgicos pasan a un segundo plano. A veces es más el dinero que gastan en la estrategia jurídica que el que destinan en beneficios para los trabajadores. Casos hay de empresas que asumen como bandera la destrucción de las organizaciones sindicales incluso a costa de su imagen, como ha ocurrido con la empresa Prosegur o Ramo.
  2. Fallos administrativos y judiciales con elevados costos políticos y económicos. Permitir que las relaciones laborales y sindicales se solucionen por la vía jurídica, es una ruleta rusa, pues aunque el empresariado tenga mayor capacidad de lobby y presión sobre jueces e inspectores, no siempre sale airoso. Prueba de ello es el reciente fallo de la Corte Constitucional (sentencia T-069 de 2015) que ordena a Avianca detener el uso antisindical del Plan de Beneficios Voluntario; fallo que le significó el desembolso de $7.720 millones a favor de los pilotos agremiados en ACDAC.
  3. Deterioro de la imagen corporativa. Por más que una empresa intente borrar su pasado antisindical, éste jamás se borra del imaginario colectivo. No hay publirreportaje ni adherencia a pacto que elimine el lastre que este comportamiento genera. Cabe recordar que hoy algunos gobiernos, asociaciones de consumidores, comercializadoras y ciudadanos son más exigentes en materia de estándares laborales. Comportarse mal en Colombia puede generar repercusiones con clientes o en nichos de mercado. Ejemplos hay varios, algunas empresas mineras, para exportar su carbón a Holanda deben cumplir algunos estándares mínimos en materia laboral.
  4. Excesivos costos en asesorías externas. Para algunas empresas las asesorías externas terminan convirtiéndose en pesadas cargas, que mes tras mes se incrementan por una razón muy simple: al asesor externo le beneficia que el conflicto se profundice. La ecuación es: a más conflicto, más tiempo de asesoría y más dinero para el bufete, asesor o abogado externo. Un caso absurdo es el de Ecopetrol, que pese a tener un equipo de 110 abogados en la Vicepresidencia Jurídica, más el equipo de abogados y asesores de la Vicepresidencia de Talento Humano, en 2013 tenía vigentes 23 asesorías jurídicas para llevar la representación judicial en primera y segunda instancia en procesos laborales, elaboración de demandas de casación y escritos de oposición dentro de los procesos ordinarios, lobby y representación ante la Corte Suprema de Justicia, emisión de conceptos en materia laboral constitucional, asesorías en negociación colectiva, entre otros aspectos. Entre las asesorías se cuentan las contratadas con ex-magistrados de la Corte Constitucional y del Consejo Superior de la Judicatura, con firmas de abogados como Pinzón Quintero, Godoy Córdoba Abogados S.A.S. y López y Asociados S.A.S. Todas a un costo de $6.392 millones, lo que casi podría considerarse como una nómina paralela.                                                                                                                                                                                                                             Sin embargo, no es este costo exagerado lo más preocupante, lo más grave son las acciones en las que incurre Ecopetrol, como la entrega periódica y constante de cartas con llamados de atención ilegal, las cuales tienen carácter disuasivo e intimidatorio; el incremento desmedido de procesos disciplinarios, aplicación diferenciada de la escala de sanciones entre trabajadores sindicalizados y no sindicalizados; solicitudes constantes de levantamiento de fueros sindicales, entre otras acciones.
  5. Destrucción de canales de diálogo. El comportamiento antisindical por parte de una empresa genera un entorno de trabajo hostil, trabajadores temerosos y sin posibilidad de hacer propuestas, no solo en temas laborales sino también en temas productivos. Asimismo, impide la interlocución entre las partes, situación que deriva en el escalamiento o profundización del conflicto, cuando hay muchos casos que fácilmente se solucionan con voluntad, especialmente del empresariado.
  6. Consolidación de sindicatos amarillos. Uno de los mayores problemas derivados de no tener relaciones laborales francas y con sindicatos fuertes, es la generación de una corriente de sindicatos denominada "amarilla o patronal", que a las empresas en muchos casos les sirven para destruir sindicatos autónomos o debilitar a los fuertes, para romper huelgas, o para usarlos como techo de negociación. No obstante, en el mediano y largo plazo estos sindicatos "amarillos" se convierten en un boomerang para las mismas empresas, puesto que carecen de autonomía, y en muchos casos los trabajadores se deslindan de ellos al no sentirse representados; se convierten en rémoras o mercenarios, toda vez que para cumplir su cometido chantajean o extorsionan a las empresas.
  7. Acumulación de problemas laborales. La inexistencia de sindicatos fuertes hace que no existan estructuras en las cuales los trabajadores puedan canalizar los problemas que quieren solucionar. Frente a ello cabe preguntarse: ¿acaso los encargados de negociar un pacto colectivo son los legítimos representantes de los trabajadores? La respuesta es no. La mayoría de delegados elegidos para negociar pactos colectivos son títeres o dóciles ante el empleador, no tienen mayor ascendencia entre los trabajadores y su capacidad de interlocución con el empleador es mínima, lo que genera acumulación de problemas, que si no son resueltos de manera efectiva se convierten en una olla a presión sin válvula de escape.
  8. Exacerbación del micro-conflicto. El comportamiento antisindical conlleva la profundización de pequeñas crisis en diferentes áreas de trabajo de las empresas. Es frecuente entonces que de manera escalonada o simultanea estallen pequeños conflictos de origen laboral, asociados a trato, productividad y cumplimiento de estándares de calidad, que hacen que los procesos de producción o generación del servicio pasen a segundo plano, ya que la dinámica del día a día se transforma en una guerra de baja intensidad que afecta a todas las partes que intervienen en una empresa. Estos micro-conflictos terminan deteriorando negociaciones colectivas que podrían haber sido exitosas, pero que terminan enfrascadas en pequeñas situaciones que afectan la voluntad de negociación de las partes, especialmente de los sindicatos, y disminuye la credibilidad del empleador.
  9. En contravía a la corriente internacional. Cada vez gana terreno, a nivel internacional, una corriente del empresariado que en materia de relaciones laborales pone el acento en los siguientes aspectos: a) Establecimiento de enfoque de diálogo e interlocución ampliados. b) Impulso a la firma de Acuerdos Marco Globales que regularicen la relación con sindicatos en todos los países donde hace presencia la empresa. c) Reconocimiento de los sindicatos como interlocutor legítimo y único de los trabajadores. d) Consultas con las organizaciones sindicales a la hora de tomar decisiones organizativas, operativas y de productividad. e) Reconocimiento de los trabajadores como actores de interés real para el empresario. Este enfoque intenta mejorar el ambiente laboral, desestimular el conflicto y profundizar la relación con los trabajadores. No obstante, un número alto del empresariado colombiano intenta nadar en contravía, incluso innova en estrategias y enfoques antisindicales.
  10. La estrategia antisindical siempre sale derrotada. En la mayoría de los casos de empresas con conductas abiertamente antisindical, el resultado de los elevados costos de fallos adversos y sanciones, el costo de las consecuencias políticas y sociales de la presión internacional, la pérdida de mercados y las modificaciones de la legislación, así como la presión y el escarnio público, sumado a la constante inestabilidad laboral, terminan por llevar a una posición de reconfiguración de la estrategia antisindical. Deben sopesar qué es más importante: la paz laboral o la guerra antisindical. Quizá el caso Fenoco es uno de los más dicientes del cambio de conducta: de una estrategia antisindical pasó a un enfoque de interlocución.

 

En conclusión, uno de los mayores retos de los empresarios es contar con entornos laborales que permitan solucionar los conflictos de manera ágil y concertada, que genere sensaciones de tranquilidad entre las partes. Pero para que ello ocurra es necesario contar con interlocutores fuertes, con herramientas para interactuar, con garantías para el ejercicio sindical y el debate.

Es frecuente que los empleadores les teman a los sindicatos fuertes, lo cual es un craso error. Las organizaciones sindicales sólidas tienen la capacidad para coadyuvar en la trasformación de procesos corporativos, concentran el micro-conflicto de los afiliados y los vuelven agenda con el empleador.

 

1 Cálculos efectuados a partir de la Base de Datos sobre empresas Multinacionales de la ENS.

2 OIT: http://www.ilo.org/ifpdial/information-resources/dialogue-data/lang--es/index.htm

3 Con cualquiera de los tres indicadores que se tome como referencia, la sindicalización en Colombia es inferior a la media de países OCDE, que para 2013 fue de 16,9%. Esto significa que la tasa de afiliación en nuestro país es inferior en 76,3% sobre la población económicamente activa, 73,3% inferior con relación a la población ocupada total, y en 44,9% menor sobre la población asalariada.

 “Alejandro Linares Cantillo: "Los activos no estratégicos de Ecopetrol se van a desinvertir en el 2015”, Ámbito Jurídico. Bogotá, 28 de febrero 2015, Tomado de: http://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/alejandro-linares-cantillo-los-activos-no-estrategicos-de-ecopetrol-se-van-a-desinvertir-en-el-2015.asp

La información sobre contratos y asesorías jurídicas laborales contratadas por Ecopetrol en 2013 se extrajeron  de la sección de procesos de compras y contratación de Ecopetrol. Se pueden consultar en el enlace: 

http://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/ecopetrol-web/informacion-para-contratistas/informacion/procesos-de-compras-y-contratacion/historicos/contratacion-a-20-de-septiembre-2014/

 

Responsable de organización ENS.

Publicado 23 de junio de 2015.

Publicado enColombia
"Construir movimiento social y poder popular para ganar la autonomía y la independencia"

Entrevista con Francesc Blanco responsable de relaciones internacionales de la Coordinadora Obrero Sindical de la izquierda independentista de los Países Catalanes, quien a su paso por Colombia brindó declaraciones acerca de la actual situación política en España, luego de la recientes elecciones municipales en las que las formaciones políticas de izquierda lograron desplazar la hegemonía que desde 1978 tenía el bipartidismo postfranquista, entre los socialistas del Psoe (Partido Socialista Obrero Español) y los conservadores del PP (Partido Popular).

 

desdeabajo (da). ¿Qué es la Coordinadora Obrero Sindical – Cos?
Francesc Blanco (FB). La COS es básicamente un sindicato clasista del ámbito de los países catalanes. Defendemos un sindicato de clase, asambleario, para liberarnos como nación, como clase trabajadora y como personas, como género. Es un sindicato antipatriarcal. Es una organización sectorial inscrita en el movimiento de la izquierda independentista, que busca estos mismo objetivos desde otros ámbitos.

 

da. Con el resultados de las recientes elecciones municipales, en la que los partidos tradicionales Psoe y PP perdieron sus amplias mayorías en las contiendas electorales; algunos plantean que ha ocurrido la ruptura y el fin del bipartidismo. ¿Cuál es la lectura de la izquierda independentista sobre estas recientes elecciones, sobre todo desde la perspectiva de la independencia de los países catalanes?
FB. La lectura general que hacemos resalta, obviamente, la apertura de una oportunidad a partir de toda esta movilización sucedida en los últimos años, movilización social en la calle, expresada ahora en las elecciones municipales autonómicas. Por una parte, hay un potencial y hay una posibilidad de utilizar todo esto para cambiar y presionar en nuestros objetivos que es la independencia de los países catalanes. Establecer una república socialista y antipatriarcal.

 

Ahora bien, tenemos que señalar que la coyuntura también tiene muchos peligros como toda aventura institucional. Que los partidos políticos utilicen como una aspiradora a toda la gente, líderes sindicales, obreros, feministas, defensores del medio ambiente, que están luchando en la calle, creando poder popular y alternativas, los absorban para ponerlos en cargos políticos y de esta manera detener la movilización callejera. Como dije, tenemos una brecha, una posibilidad de hacer un cambio.

 

Nosotros, a través de las organizaciones que trabajan día a día en la calle y a través de la Cup –Candidatura de Unidad Popular, que es nuestra expresión electoral–, incidimos en la medida de nuestras posibilidades en esta coyuntura electoral. Aun así debe ser primordial la estabilidad de las dos patas de que hablamos en la izquierda independentista: la pata institucional y la lucha en la calle. Este equilibrio deber ser básico porque no sirve de nada tener muchos regidores, parlamentarios, sin base social. Entonces, miramos con esperanza esta vía institucional, y poco a poco hay que apoyar, pero nunca, jamás, olvidarnos de la lucha en la calle, en los barrios, en los centro de trabajo, que es lo que nos da el poder y es lo que hace que seamos movimiento democrático, socialista y rupturista.

 

da. ¿Cómo leer la emergencia de una nueva organización comoPodemosen el escenario político español?
FB: El problema de Podemos es que en lo fundamental salió de un circulo de intelectuales de la Universidad de Madrid, sin un trabajo previo colectivo desde el cual pueda valorarse lo hecho y lo por hacer, experiencia que permita valorar su capacidad y consistencia política. Es la predica con el ejemplo. Como no hay este trabajo previo, es muy difícil valorar lo que pueda pasar con esta nueva organización. Es decir, cuando cualquiera de sus líderes habla en los canales institucionales y dicen, queremos hacer esto o no haremos aquello, la única razón para confiar es una cuestión, casi diría, de fe o de confianza, porque no hay un trabajo previo que lo respalde.

 

da. Endosar la confianza ciento por ciento en una organización nueva...
FB. Así debería ser, pero es difícil confiar 100 por ciento en lo que van a hacer, si van a realizar un cambio rupturista o, digamos, si van a ser una cosa tibia al principio y luego apretarán el acelerador, si por otra parte será un proyecto como muchos otros que hemos visto en la izquierda de "Cambiar todo para que no cambie nada". Es difícil hacerse una idea, porque solo tenemos declaraciones y, como mucho, un programa político.

 

da. El programa es un aspecto para toda organización alternativa, ¿han sido constante con el mismo hasta ahora?
FB. Desde que Podemos surgió, hace un año y medio, han modulado mucho su discurso. Tenían uno potente al principio, ahora lo han suavizado un poco. Una cosa importante, desde que surgieron la movilización social en todo el Estado español ya no habla de los países catalanes, sino de todo el Estado español. Hay movimiento, ¡claro!, pero ha disminuido.

 

Valga resaltar que, pese a todo el eco que han ganado, Podemos, a diferencia de lo sucedido en América Latina con los gobiernos progresistas, no surgió fruto de los movimientos sociales.

 

Podemos irrumpe con mucha soberbia, eso lo sabemos muy bien en los países catalanes, desde la izquierda independentista y otros movimientos sociales que llevamos tiempo trabajando. Después de presentar su proyecto en público, en aras de conseguir votos de nuestro calado, ha tenido actitudes poco respetuosas respecto del movimiento (independentista). No es que digamos que rechacemos la posibilidad de entendernos con ellos, pero de desconfiar como mínimo.

 

da. ¿Puede llegar un cambio radical por su conducto?
FB. Tenemos nuestras reservas. No estamos seguros que pueda ser la clave para un cambio radical, revolucionario y estructural del sistema.

 

da. Si bien existen estas dudas de lo que pueda significar Podemos para el proyecto de transformación estructural, también decías que es una ventana, una oportunidad para la lucha desde la izquierda y el movimiento social. ¿Cuál es la oportunidad que ofrecería un proyecto como Podemos para la reivindicación histórica de los países Catalanes, el Vasco, Galicia, de lograr la independencia?
FB. Sobre el tema en Podemos hay un posición ambigua. Por ejemplo, cuando lograron buenos resultados en las elecciones europeas. En aquel programa electoral, en mas de una ocasión, si bien no abogaron por la independencia, si por garantizar el derecho a la autodeterminación de los pueblos y dar la posibilidad de que el pueblo decidiera. En aquel momento, luchando por las europeas, en un contexto electoral para ganar votos de todo el Estado español, sí que hubo un cierto apoyo a las posturas independentistas.

 

Ahora, que su objetivo son las elecciones generales (presidenciales que llaman acá) y que necesitan votos de todo el Estado español, han suavizado su discurso. Ahora sostienen una idea muy neutral, desclasada, postmoderna, para llegar a la gente. En este discurso también incluyen, o no, el apoyo a los procesos de liberación nacional dentro del Estado español. Ahora tienen un discurso integracionista, reformista. Sus líderes han dicho que ellos no son independentistas, que no quieren que se rompa la unidad de España, pero hace un tiempo sostenían lo contrario.

 

Esto tiene su explicación. En Podemos toda su maquinaria se basa en las elecciones, y eso significa cuidar su discurso, su comunicación política, cuidar sus señas de identidad, sus afirmaciones, para no molestar a unos y otros, porque lo que quieren es conseguir el máximo de votos. Los medios de comunicación los están explotando muy bien, pero al mismo tiempo –desde mi punto de vista–esto hace que no tengan un discurso claro, contundente.

 

da.Hablando del contexto europeo. Tenemos una experiencia reciente con la llegada de la izquierda griega –Syriza– al gobierno, levantando cierta esperanza frente a lo que podía ser una ruptura con las medidas neoliberales impuestas por la banca y el Fondo Monetario Internacional ante la crisis económica. Pero lo que se ve es que están solos en el contexto europeo, lo que dificulta cualquier cambio. ¿Cómo se vería España en el eventual caso de que llegue la izquierda al gobierno?, ¿cuál sería su posición frente a la Unión Europea?
FB.El propósito de Podemos con la Unión Europea (UE) es reformarla, garantizando una orientación más democrática y social.

 

Dentro del Estado español, y dentro de los países catalanes, la gran mayoría apuestan por una idea de seguir dentro de la UE, reformándola desde dentro con las posiciones y fuerzas que puedan aliarse. Nosotros, como izquierda independentista, apostamos claramente por salirnos de la UE, que no es más que una cárcel de pueblos, lo mismo que a nivel estatal el Estado Español, porque en ningún caso, en todos estos 50 años de confluencia europea se ha realizado esfuerzo alguno por reconocer una reclamación nacional dentro de los países sin Estado.

 

da. ¿No se perdería mucho rompiendo la UE?
FB. No, ganamos. Mire que la UE es un proyecto absolutamente neoliberal, que desde sus inicios fue diseñada para el desarrollo de las burguesías y las oligarquías europeas, para reforzarse ellas mismas a costa de las clases populares y para competir con los Estados Unidos. Entonces, la izquierda independentista aboga por salir de la unión europea, por salir del euro y buscar otro tipo de integración. De alguna manera la estrategia es establecer un bloque desde el sur de Europa, más golpeada por la crisis capitalista, que frene las consecuencias de las medidas neoliberales dentro de la UE.

 

da. Finalmente, ¿cuál es la apuesta estrategia de la izquierda independentista en este contexto?
FB. No tenemos fórmulas mágicas, pero básicamente el proyecto estratégico es seguir creando poder popular desde los centros sociales, desde los centros de trabajo, desde la Cos, desde el sindicato de estudiantes, obviamente desde la Cup; desde nuestra humilde ayuda aportar para seguir tejiendo estas redes que son bastantes potentes y que durante estos últimos años están creciendo. Y si en algún momento vemos que hay la posibilidad de lanzarnos para obtener poder a nivel institucional, lo hacemos, pero básicamente la estrategia es seguir trabajando en esta línea de construir movimiento social y poder popular para ganar la autonomía y la independencia, desde una apuesta socialista, feminista, porque no sirve de nada un cambio de banderas si no tenemos un proyecto estratégico claro y una ase social firme.

Publicado enEdición Nº 214
Miércoles, 22 Octubre 2014 18:41

Mirando al suelo

Entre el 24 y el 26 de septiembre, en la caribeña Santa Marta, sesionó el VI Congreso de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). El magno evento de la mayor central laboral del país pasó sin pena ni gloria, permitiendo ver la languidez del movimiento sindical ante los retos del mundo del trabajo y las dinámicas y retos abiertos para los trabajadores por parte de la sociedad contemporánea.

 

Las arenas que en 1525 presenciaron la fundación de la primera ciudad en el territorio que hoy ocupa Colombia fueron de nuevo espectadoras de un lánguido evento: el VI Congreso de la Central Unitaria de Trabajadores, realizado en su entorno entre el 24 y el 26 de septiembre.

La central sindical con mayor afiliación en el país efectuó su máximo evento sin que éste le permitiera afrontar los imprescindibles cambios que demanda la transición económica y política que el país y el sistema mundo requieren. El congreso, con sus 1.200 delegados fue instalado en la última morada del Libertador Bolívar y, al parecer, también padeció de las fiebres y enfermedades crónicas que terminaron con la vida del prócer.

Realidad y paradoja. Desde la convocatoria a magno evento, en la CUT se desató una polémica que cifra sin disimulo la disputa dentro del movimiento sindical.

La preparación

La central precedió su congreso del impulso de un cuadernillo con las tesis de los tres sectores que agrupan a los miembros de su ejecutivo nacional: el sector sindical del PDA, liderado por el Moir –el partido del senador Jorge Robledo–; el llamado sector democrático, que agrupa a fuerzas liberales y del sector hoy reunido bajo la tolda del movimiento Progresistas; y la corriente sindical clasista, que agrupa al Partido Comunista, la Corriente Sindical Guillermo Marín –del Movimiento por la Constituyente Popular–, y los comités Ignacio Torres Giraldo que pertenecen al Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo –Modep–.

Otros sectores sindicales y políticos, menores pero reales, quedaron excluidos del debate, pintando un contundente corolario de la ausencia de escenarios de conexión entre las organizaciones de fábrica y unidad productiva con las directivas sindicales, que solamente representan facciones de los agremiados.

De las llamadas tesis, y de la correlación dentro del ejecutivo nacional, se impulsaron tres temas como las piedras de toque de este congreso:

 

  • - la afiliación internacional, es decir si continuar en la Central Sindical Internacional (CSI) y su filial de las Américas –Uniaméricas–, que representa una corriente global afincada en posiciones socialdemócratas y que han apoyado el pacto mundial con los patronos, a través del ex secretario general de la CSI y hoy presidente de la OIT Guy Ryder , o sí giraban hacia la Federación Sindical Mundial, que en los años de la cortina de hierro representó con fidelidad al decadente estalinismo y que al día de hoy está liderada por el eurocomunismo del sur tal, y como definen al partido comunista griego;
  • - la posición frente al segundo gobierno de Juan Manuel Santos, ya que las pasadas elecciones presidenciales generaron el escollo de que una importante fracción de la dirigencia sindical, ante la amenaza de la posible reasunción al poder del uribismo, apoyó al reelecto mandatario y, la reestructuración de la Central, que significa reabrir el debate a la propuesta de construcción de sindicatos de rama de industria, como respuesta a la disgregación de sus afiliados en micro estructuras sindicales de primer y segundo nivel (es decir, de fábrica y de industria) que solo agrupan –según la Escuela Nacional Sindical– a un promedio de 45 trabajadores por sindicato, restándoles poder de negociación.

 

Sin embargo, estos tres temas no disimularon el desprecio por dilemas estructurales y estructurantes que, al parecer de muchos otros sectores sindicales y de expertos en asuntos laborales, deberían aparecer en la agenda de la central, tales como: la desindustrialización y qué hacer frente a ella, cómo transformar la estructura sindical para que tenga rango de acción territorial, la modificación de la misma CUT para disputar la afiliación y las confrontaciones de los trabajadores tercerizados, la estructura del mercado laboral en el país, la reconstrucción de las variables que permiten planear el salario y luchar por vida digna, la respuesta frente a la caduca realidad del salario mínimo, las propuestas frente al neoextractivismo y el aprendizaje de corrientes sindicales internacionales frente a la disputa con empresas transnacionales, democracia y democratización de la vida cotidiana.

 

La composición de la Central

 

Este VI Congreso evidenció la sub-representación de sindicatos minoritarios, pues solo aquellas organizaciones que poseían más de 500 afiliados contaron con derecho para estar presentes, lo que permitió que de nuevo Fecode, la USO y los trabajadores estales fueron mayoritarios frente a las pequeñas estructuras sindicales de empresas privadas y transnacionales, las que dificultosamente realizan su labor, encontrándose disminuidos ante la arremetida patronal. De esta manera, la composición del congreso ahonda el poder de los asalariados de viejo cuño, que han estructurado sus convenciones y acuerdos con respecto al Estado, mientras los nuevos sujetos precarios de la clase quedaron excluidos de todo tipo de decisión.

De manera adicional, este congreso no cambió un ápice la correlación de fuerzas dentro del ejecutivo nacional de la Central, elegido un año antes de este evento, lo que impidió que las definiciones allí tomadas pudieran renovar los organismos de la conducción de la misma.

 

Del congreso a sus resultados en el mundo laboral

 

Solo 7 de cada 200 colombianos están sindicalizados, de estos menos de la mitad –aproximadamente 3– pertenecen a la CUT, dentro de los cuales algo más del 60% son trabajadores estatales. Si comparamos esto con la estructura laboral del país, la situación comienza a ser más que penosa.

Las conclusiones del congreso de la Cut, y su declaración política, inscrita bajo el lema "Por paz, soberanía, democracia y derechos laborales" toman postura sobre asuntos genéricos del panorama político y económico, mundial, regional y nacional –de las que valga decir se destacan las lecturas poco elaboradas de las disputa internacional, la crisis del capitalismo neoliberal y la geopolítica– pero no emana una lectura nueva, renovada, frente al mundo de la producción, la gestión y control del proceso trabajo, factores que colocan al movimiento sindical y los trabajadores muy por debajo de los gurús económicos que en gremios como la Anif y la decadente Andi que vienen proyectando y reordenando el mundo laboral .

No salir de la CSI, propiciar pero no orientar con resolución la construcción de sindicatos de rama, y asistir al fortalecimiento del sindicalismo democrático o amarillo liderado por la corriente del Progresismo, son resultados que no tienen mucho que ver con el amplio sujeto que padece y vive el trabajo. Con el anómalo resultado de colocarse en una posición que lee a Santos tanto como artífice de la paz, así como un mero continuador del clásico neoliberalismo.


A esto deben sumarse importantes petitorias referidas estrictamente al movimiento sindical "Reparación colectiva al movimiento sindical y construcción de la Mesa de Alto Nivel para la reparación y elaboración e impulso por la movilización de una propuesta de Estatuto del Trabajo"*, que los hacen converger en el reclamo por la continuidad de la mesa de La Habana, y el inicio de un proceso de paz que no solo incluya al resto de las organizaciones insurgentes, sino que obligue a la reparación de los sectores subalternos de la sociedad a través del posconflicto.

Con su congreso la Cut punza los dolores crónicos de su propia historia, sin resolver asuntos determinantes y sin darle voz a los jóvenes trabajadores y a las mayorías precarizadas que componen el mundo laboral del país. Es imposible renovar una organización que palidece ante los retos de la transformación social, en un neoliberalismo y un sistema capitalista en crisis, ante las dudas que generan las opciones de gobiernos alternativos en el continente y ante la sordera frente al renacer de sectores del movimiento obrero que en naciones como Argentina, con las corrientes sindicales de base, o Brasil, impulsan una renovación teórica de las luchas de los trabajadores.

* Declaración política VI Congreso Cut: por paz, soberanía, democracia y derechos laborales

Publicado enEdición Nº207
El enfoque de género en el fenómeno de la violencia antisindical en Colombia

Algunos casos emblemáticos

 

Se desarrolló en Cali la semana un interesante foro en el que el tema central fue el enfoque de género en el fenómeno de la violencia antisindical en Colombia y el proceso de reparación colectiva del sindicalismo. Participaron representantes de las tres centrales sindicales (CUT, CGT, CTC), Fecode, la Unidad de Víctimas y ONG acompañantes del proceso, entre ellas el Cajar y la ENS.

El propósito del evento fue analizar y evaluar las afectaciones, riesgos específicos de las mujeres frente al fenómeno de la violencia antisindical, los impactos colectivos de ésta, y hacer precisiones en cuanto a la perspectiva de género en el proceso de construcción de la memoria histórica, y en general en el proceso de reparación del sindicalismo.

Se parte de la base de que hay una lógica diferenciada de la violencia ejercida contra mujeres y hombres. En la medida en que las relaciones de género se expresan en el mundo sindical y hay un impacto diferenciado para unas y otros, y en consecuencia una forma de respuesta específica de las víctimas frente al hecho violento.

Más allá de las cifras, es necesario analizar la violencia antisindical ejercida contra las mujeres desde orillas que permitan comprender el fenómeno en su complejidad y contenido específico, en su carácter de sistematicidad y en sus dimensiones simbólica, semántica, política y cultural.

Desde 1985 a marzo de 2014 la Escuela Nacional Sindical registra 13.304 casos de violencia antisindical, 3.101 de ellos contra mujeres, discriminados así: 1.738 amenazas, 866 desplazamiento forzado, 279 homicidios, 77 hostigamientos, 51 detenciones arbitrarias, 37 atentados, 20 secuestros, 14 desapariciones, 11 allanamientos ilegales y 7 casos de tortura. Estas manifestaciones violentas se concentran principalmente en Antioquia (1.299), Valle (372), Cesar (302), Caldas (151), Arauca (144), Santander (114), Bogotá (103) y Risaralda (101).

El que sean menos los casos de violencia contra las mujeres, se debe a que existen barreras de género para participar en el mercado laboral y en espacios de carácter político, como las organizaciones sindicales. En segundo lugar existe un subregistro del fenómeno, o no existe ninguno, como sucede con la violencia sexual como instrumento de la violencia antisindical.

Y el que sean menos los casos de violencia contra mujeres suele emplearse como argumento para restarles importancia y darles lugar marginal frente al daño colectivo. Se desestiman o trivializan, e incluso se les atribuye otro tipo de móviles, de tal modo que la afectación del rol sindical ejercido por las mujeres aparezca como secundario, cuando la violencia contra ellas aparece como una de las estrategias para suprimir organizaciones sindicales y afectar sus reivindicaciones.

En el caso de las mujeres convergen dos formas históricas de discriminación: en primer lugar, las afecta una cultura machista que en el mundo del trabajo se expresa en la exclusión del mercado laboral y la asignación de roles del cuidado y segregación vertical. Y también exclusión de espacios de diálogo social como los sindicatos, bajo la idea de que las organizaciones sindicales son espacios masculinos, vetados para mujeres.

El rol de mujer sindicalista genera, pues, un escenario complejo de exclusión, en tanto se yergue como una identidad "retadora" de los imaginarios tradicionales del "ser mujer". Esto explica por qué ante el feminicidio de una mujer sindicalista se atribuye mayor importancia a otro tipo de circunstancias de tipo pasional o social, que a su rol sindical, escondiendo la connotación del hecho como instrumento para diezmar los sindicatos.

 

Casos emblemáticos

 

La siguiente es la reseña de 14 casos documentados de violaciones de derechos humanos contra mujeres víctimas de violencia antisindical, algunos en el marco del conflicto armado. Reseña que nos permite evidenciar cómo se presenta el fenómeno, sus móviles, afectaciones e impactos diferenciados para las mujeres y sus colectivos.

 

 

El caso de Isabel Toro Soler

 

Muestra cómo se da una trivialización del hecho criminal, dejando de lado el rol sindical de la víctima, encasillándolo como de delincuencia común. Es también una forma de amedrentamiento al colectivo, subrayando que las organizaciones sindicales no son espacios para las mujeres. 

Isabel era docente afiliada a la Asociación de Educadores del Putumayo. El 18 de mayo de 2004 su cadáver fue encontrado flotando en el tanque del agua del lavadero de su residencia, con huellas de tortura. Durante la investigación se estableció que fueron dos los atacantes, quienes entraron a su habitación, la sometieron e interrogaron acerca de dinero y joyas. Tras su negativa, la amordazaron y amarraron de pies, manos y cuello. Asustados por los ruidos del exterior la arrojaron al tanque y huyeron sin sustraer bien alguno. 

 

El análisis judicial se concentró en que el objetivo era el hurto, pasando por alto los detalles de una posible tortura que excede el objetivo supuesto del hurto. Se desestima el valor probatorio de varios testimonios, como de los familiares, compañeros del trabajo y alumnos de la víctima.

 

Caso documentado en: Imperceptiblemente nos encerraron: exclusión del sindicalismo y lógicas de la violencia antisindical en Colombia. 1979-2010. Bogotá. ENS y Comisión Colombiana de Juristas (2012). Pág. 153.

 

 

 

El caso de Martha Díaz 

 

Evidencia la violencia antisindical como forma de represión de la protesta e instrumento corrector de los roles de género. El líder sindical se expone a la violencia, pero es aún más vulnerable si se trata de una mujer. De otro lado, la estigmatización de las organizaciones sindicales como ligadas a la insurgencia, pone también a las mujeres en el punto de mira de los actores armados.

 

Martha Díaz, presidenta de la Asociación Santandereana de Servidores Públicos, fue víctima de amenazas en múltiples ocasiones desde el 2004. "Vamos a matar a su presidente", fue el mensaje recibido por el sindicato luego de que los trabajadores participaron en una jornada de protesta. Después la llamaron personalmente a su residencia para decirle: "vieja sindicalista […] guerrillera, o se va  o la matamos". 

 

Tres años después, en agosto de 2006, Martha fue retenida por sujetos que se presentaron como de un grupos paramilitar apoyado por los alcaldes de la región. Se la llevaron en un vehículo hacia las afueras de Bucaramanga, donde, aparte de insultarla y tacharla de subversiva, le preguntaron qué dirigentes de la CUT Santander eran guerrilleros, la golpearon, la trataron de guerrillera, le dijeron que retirarse de todo, y le mostraron fotos suyas participando en marchas y protestas legítimas organizadas por la CUT, una de ellas reprimida por la fuerza pública. Además, mientras la golpeaban le pedían que luchara, que se defendiera, “así como es machita para las protestas”. 

 

Lo que también evidencia lo que siempre se ha denunciado: la costumbre de los organismos del Estado de sacar fotos y videos a escondidas, que esta vez terminaron en manos de los agresores de Martha, quien sufrió hematomas en ambos ojos, el maxilar desviado y dos balazos que le rozaron el abdomen. 

No fue esa la primera agresión que Martha sufría. Meses antes ya había sido golpeada y amenazada cuando se desplazaba al municipio de La Mesa, a una reunión de negociación del pliego de peticiones con el alcalde de ese municipio. Como también fue víctima de amenazas a su celular y el seguimiento de un individuo que se desplazaba en moto”. 

 

Caso documentado en: Estudios sobre contenido y efecto de las amenazas contra sindicalistas y negación del acceso a la justicia. Escuela Nacional Sindical (2011). Medellín. Pag. 12.

 

 

 

El caso de Luz Amparo Castrillón

 

Ilustra cómo para una dirigente sindical los riesgos se agudizan cuando un familiar suyo es tildado de “guerrillero”, como fue tildado el hermano de Luz Amparo Castrillón, delegada de la Asociación de Institutores de Antioquia, lo que a ella le costó la vida,hecho  que dejó sin su liderazgo al sindicato.

“Era excelente docente, muy responsable, los alumnos la querían mucho. Daba inglés y aprovechaba sus clases para sembrarles pildoritas, inquietarlos sobre la situación del país. Además era sensible y humanitaria. Por ejemplo, cuando los muchachos eran muy pobres, buscaba la manera de ayudarlos”, así define a Luz Amparo Castrillón una colega de trabajo. 

 

Los días previos a su asesinato ella como que presentía algo. Decía que por el colegio rondaban personas extrañas, y temió que mataran a su hermano, sin sospechar que la primera víctima iba a ser ella. 

 

Testigos afirmaron que los paramilitares fueron a su casa por su hermano, al que tildaban de guerrillero. Ella salió en su defensa y los enfrentó porque su carácter era fuerte, no le importaba nada, se enfrentaba a cualquiera. Eso hizo que a ella también le dispararan. 

 

“Fue impresionante, ver en la misma casa los dos hermanos asesinados. Luz Amparo estaba en una pieza, él hermano en otra. Éste se resistió, lo arrastraron y lo mataron delante de la mamá. A Luz Amparo la mataron al lado del papá, en la otra pieza.

 

Caso documentado en: Tirándole libros a las balas: Memoria de la violencia antisindical contra los educadores de Adida, 1978-2008. ENS, Adida (2011). Medellín. Pag. 304.

 

 

 

Casos de Omayra, Gladys y Matilda Morales

 

Las acciones en contra de las familias de mujeres sindicalistas es uno de los más sobresalientes instrumentos de intimidación. Se evidencia en el caso de estas tres hermanas, todas docentes, puestas en riesgo por estar afiliadas a una organización sindical y tener relaciones de parentesco con un líder sindical. 

 

Omayra y Gladys, afiliadas a la Asociación de Educadores de Arauca, fueron declaradas objetivo militar por un grupo paramilitar. Un día entró una llamada al colegio de Arauquita donde ambas trabajaban. Quien contestó el teléfono escuchó que dijeron: “Díganle a las profesoras Gladys y Omayra que tienen 72 horas para abandonar el departamento, que los que sean familia del señor Samuel Morales son objeto nuestro y que deben desaparecer de Arauca”. 

 

Y ese mismo día, la profesora Matilde Morales, hermana de las dos anteriores, también fue amenazada en su lugar de trabajo: el colegio Gabriel García Márquez de Arauquita. Los paramilitares reiteraron la intención de asesinar a toda la familia del dirigente Samuel Morales, presidente  de la CUT Subdirectiva Arauca, detenido desde agosto de 2004 en la cárcel Modelo de Bogotá, acusado de pertenecer a grupos subversivos. Samuel fue detenido el día en que el Ejército asesinó a tres dirigentes sindicales de Arauca.

 

Caso documentado en: Cuaderno de derechos humanos No 16.Escuela Nacional Sindical (2006).  Medellín. Pag. 23.

 

 

 

Bertha Inés Agudelo

 

Con el asesinato de Bertha Inés no solo se suprimió un liderazgo femenino, lo que por sí ya es bastante gravoso, sino que por el rol que tenía en la Asociación de Institutores de Antioquia: secretaria de asuntos de la mujer, la agenda de las mujeres de la organización se debilitó. En este caso la violencia tuvo una carga simbólica específica, y representa una acción ejemplarizante para otras mujeres.

 

“Bertha nos acompañó mucho en actividades en beneficio de la mujer, llamaba la atención por su liderazgo, por hablar fuerte, por ser dinámica”, así la recuerda una de sus compañeras. Y en efecto así era Bertha, una mujer reconocida en el pueblo, de las poquitas que hacía valer sus derechos y no dejaba que la pisotearan. Trabajaba al máximo con tal de sacar adelante a sus alumnos, y no solo en el tiempo laboral.

 

El 19 de agosto Bertha estaba sola en su casa. Al medio día tocó a su puerta el muchacho que la proveía de queso, pero ella no abrió. Era raro porque a esa hora siempre estaba en casa, y además el balcón estaba abierto. Le marcamos al celular, y nada. Ahí sí cundió la preocupación, porque además vieron un rastro de sangre que caía al patio. En ese momento llegaron dos profesoras más, muy preocupadas. Incluso llegaron a pensar que se había suicidado, que había hecho una locura en un momento de soledad y tristeza.

 

“No sabíamos qué hacer. A las tres de la tarde pasaron unos policías y les dijimos que miraran dentro de la casa. Subieron por unas escaleras hasta el balcón y entraron. Encontraron su cuerpo en la cocina totalmente desangrado. Le dieron muchas puñaladas, en los senos, en la espalda”, recuerda su compañera.

 

Caso documentado en: Tirándole libros a las balas: Memoria de la violencia antisindical contra los educadores de Adida, 1978-2008. ENS-Adida (2011). Medellín. Pag. 299.

 

 

 

El caso de Sor María Ropero

 

El rol sindical complejo se refleja en el caso de Sor María Ropero, presidenta del Sindicato de Madres Comunitarias, toda vez que las reivindicaciones de esta organización trascienden lo meramente laboral, en el sentido de que buscan que su labor con los niños y niñas sea reconocido como un trabajo, de valor social igual a otros oficios y profesiones, y por lo tanto con derechos laborales. Además, por ser un sector feminizado, su caso  es una clara forma de violencia de género más allá de lo individual.

 

El 16 de enero de 2002, en momentos en que Sor María Ropero estaba en el antejardín de su casa en Cúcuta observando el ensayo del baile de celebración de los quince años de su sobrina, fue interceptada por dos individuos que le dispararon y la mataron de manera inmediata. Su cuñado Francisco José Montoya Herrera, quien la acompañaba, resultó también herido. Los agresores emprendieron la huida”.

 

Caso documentado en: Imperceptiblemente nos encerraron: Exclusión del sindicalismo y lógicas de la violencia antisindical en Colombia 1979-2010. ENS y Comisión Colombiana de Juristas. (2012). Bogotá. Pág. 303.

 

 

 

El caso de Adriana Francisca Padilla

 

En este caso juega un papel simbólico el hecho de que al momento de ser asesinada Adriana Francisca, afiliada a Educadores Unidos del Magdalena (Edumag), estaba en embarazo, una forma de advertencia en el sentido de los alcances desmedidos de la acción por fuera de toda ética, como si con ello quisieran decir: miren hasta dónde somos capaces de llegar.

 

Ocurrió en octubre de 2005 en Santa Marta. Tenía 8 meses de embarazo en el momento de recibir los disparos que acabaron con su vida y la de su bebé en gestación.

 

Caso documentado en: Imperceptiblemente nos encerraron: Exclusión del sindicalismo y lógicas de la violencia antisindical en Colombia 1979-2010. ENS y Comisión Colombiana de Juristas (2012). Bogotá. Pág. 148.

 

 

 

El caso de mujeres dirigentes de Anthoc Atlántico

 

De 2004 a 2008 fueron años duros para Anthoc Subdirectiva Atlántico, que debió soportar sucesivos hechos de violencia, y hacer movilizaciones en respuesta a estos eventos de violencia.

 

A raíz de ello, varias mujeres que en esta época hicían parte de la Junta Directiva de Anthoc Atlántico: Maribel Pérez, Sol Rodríguez, Enith Pérez, Lina Gamarra, Mercedes Echeverría, y Jenny Acosta, fueron víctimas de amenazas. 

 

En el caso de Lina Gamarra, el 3 de junio de 2004 se hizo circular un pasquín firmado por el Bloque Caribe de las AUC, en donde aparecían varios activistas, ella entre ellos, a quienes les daban 15 días para abandonar la ciudad. A Lina y otros compañeros del sindicato la acusaron de ser auxiliadores de la guerrilla, y de ser, además, “los causantes de la debacle en el sector de la salud”. 

 

Dos semanas después Lina, junto con otro activista de Anthoc, Genaro Sánchez, se vieron obligadas a abandonar la ciudad.

 

Caso documentado en: Fisonomías del miedo: un paulatino enmudecimiento, Recuento de Luchas y lógicas de la violencia antisindical en el departamento del Atlántico: CUT, Sintraelecol, Anthoc. 1975-2012. ENS. Medellín. Pag. 235.

 

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Miércoles, 24 Septiembre 2014 16:23

Del presente y futuro de la CUT

"Hace 28 años la clase obrera unida, la que trabaja, la que produce y la que crea logró la más valiosa conquista: la creación de la CUT", afirma el video de invitación al VI Congreso de la Central Unitaria de Trabajadores, citado para su realización en Santa Marta entre el 24-26 de septiembre.

Casi tres décadas después de esta importante conquista para la clase obrera y los movimientos sociales en general languidece ante la realidad de la transformación del mundo del trabajo. Además, de la metamorfosis política y económica del país, al tiempo que su debilidad ante la progresiva degradación del debate interno de la Central.

Las cifras reafirman esta realidad: 531.000 afiliados a finales de 2013 contrastan con los iniciales millón cincuenta mil de 1986. La CUT, junto con el resto de centrales y sindicatos independientes solo logra agrupar al 4.7 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) del país. Si se quiere contrastar aún más, habría que decir que los desempleados reconocidos por las cifras oficiales casi triplican a los trabajadores sindicalizados; y los trabajadores informales, los que padecen el rebusque, alcanzan a ser casi 13 veces más que los agrupados en las organizaciones sindicales.

Las conquistas de la clase trabajadora han sido menguadas y en no pocos casos congeladas por la sistemática violencia estatal, paramilitar y empresarial. Sin embargo, este solo factor no explica la crisis del sindicalismo colombiano. El nacimiento en 1986 de la CUT fue el parte aguas renovador del llamado sindicalismo democrático de masas, todo un concepto con el cual las izquierdas categorizan la unión de organizaciones de trabajadores socialistas, comunistas, social demócratas y liberales de izquierda y, al mismo tiempo, desde este instante los acuerdos de unidad del sindicalismo se hicieron tras las bambalinas de los ejecutivos y dirigentes nacionales de la central, repitiendo el repertorio que desde siempre ha caracterizado a las cuestionadas Central General del Trabajo y Central de Trabajadores de Colombia.

De esta manera, y a pesar de las aspiraciones,en las casi tres décadas trascurridas de existencia de la CUT hasta ahora no fue posible resolver retos como la democratización sindical, la territorialización, el diálogo con la clase trabajadora no organizada, la vinculación con la población no organizada del país, la extensión de una política activa ante los trabajadores ilustrados (el proletariado contemporáneo) y de servicios e, incluso, a pesar de haber poseído un proyecto alternativo de plan nacional de desarrollo en la década de los noventa, no llegó a realizarse una discusión profunda en torno a temas sustanciales, entre estos: cómo reaccionar frente a la crisis económica y cómo reorganizar la producción en torno a los intereses de los trabajadores y las trabajadoras. Estos cuellos de botella están trasformados hoy en irresolubles características de la mentalidad y de la subjetividad del sindicalismo en nuestro país; sus consecuencias no son pocas:

Primero, el sindicalismo colombiano anda un paso atrás del neoliberalismo, y así ha definido sus planes de lucha. Sin desmeritar que la resistencia al sindicalicidio ha sido ya en sí mismo un valiente y gran acto, es decir existir ya es un enorme logro, cabe resaltar que la CUT –y el sindicalismo en general–hasta ahora no ha realizado un balance pormenorizado que le permita adentrarse en las perspectivas del régimen productivo, económico y politico de forma tal que pueda caracterizar sus variables fundamentales, para de esta manera determinar el qué hacer más allá de las simples reacciones o del crecimiento o conservación vegetativo. No de otra manera puede la CUT proponerse en algún la iniciativa de emplazar al empresariado, y al poder en su conjunto.

Las consecuencias de esto también se revelan, no sólo en la incomprensión del presente, sino también en la incapacidad para proyectarse, lo que la ha llevado a privilegiar una vía para la confrontación, en lo fundamental, institucional. Su expresión máxima es el lobby parlamentario, y la misma 'negociación' anual del salario mínimo, breve instante durante el cual esta y las otras centrales figuran ante todo el país.

Segundo, la CUT –y el sindicalismo restante– no ha(n) afrontado los cambios organizativos que conlleva enfrentarse al neoliberalismo. Es decir, no han ocurrido los cambios estatutarios y por la base que brinden la posibilidad de que las organizaciones sindicales sean instrumentos de lucha más allá de sus afiliados, lo que ha contribuido para languidecer la vitalidad de las organizaciones de los laboriosos del país. El accionar insuficiente de la estructura frente a la tercerización, los trabajadores/as juveniles, la flexibilización, la informalidad, es decir, la débil presencia y la débil cotidianidad frente a las transformaciones del mundo de la producción,determinaron una visión en la que el sujeto de las centrales obreras –y los sindicatos en general– son sus mismos afiliados y no todo aquel que convive en el mundo del trabajo.

El sindicalismo no logró hasta ahora imponer su propia agenda al establecimiento, lo que la limita en su interlocución social. Producto de la violencia estatal y paramilitar decenas de sus vasos comunicantes con el país de abajo fueron rotos; pese a ello, y a su raquitismo social, continúa figurando como uno de los sectores con mayor organización en Colombia. Sin embargo, también el propio sindicalismo, producto de su condición defensiva, se ha limitado, y en no pocos casos aislado, en su relacionarse con los territorios en donde sus afiliados hacen presencia, extensión y territorialización que sin duda alguna lo llevarían a potenciar su referente social, y con ello a transformarse radicalmente.

La CUT, y el sindicalismo en general, se restringen cada día más al circulo de los trabajadores estatales, en lo fundamental el magisterio. La composición de los ejecutivos nacionales, así como la incidencia real del sindicalismo denota estancamiento: se han convertido en organismos de trabajadores con convenciones colectivas que no atienden a las nuevas generaciones,ni a las expectativas de los trabajadores de las grandes empresas privadas donde las convenciones colectivas son vapuleadas cada día con pactos colectivos, contratos basura y la estabilidad laboral es un mito, decantándose en la relación patrón-obrero lo peor del régimen laboral colombiano.

La CUT no se agrupa ni daa conocer con las experiencias más relevantes de la transformación del sindicalismo a nivel latinoamericano y mundial. Contrario a ello, el debate interno entre los sectores que están representados en el ejecutivo queda reducido al interrogante ¿continuar, si o no, la afiliación a la Central Sindical Internacional (CSI)?, la misma que hasta hace poco fue dirigida por el laborista ingles Guy Ryder, actual presidente de la OIT.

Con esta práctica y privilegios, dejan de examinarse y discutirse –como experiencias y referentes– prácticas como las del sindicalismo de base argentino, que renace en la lucha con los tercerizados y la recuperación de fábricas, además de increpar a las burocracias sindicales de las centrales gobiernistas de su país; o la falta de acercamiento a las corrientes por la reconstrucción sindical brasilera que en sectores como el deltransporte público en sus principales ciudades aportan a la reconstrucción de las relacionescon los usuarios y el resto de la sociedad. Como vía expedita la CUT prefiere un escenario tímido en los lánguidos comunicados y actas de denuncia internacional, que es lo único que permite la tribuna de la CSI. Se deja de mirar hacia el continente y el mundo para luchar internacionalmente en una restringida perspectiva de articularse para la breve denuncia.

Un debate burocrático de corrientes que impide y es ficción de una democracia obrera profunda. El IV congreso de la CUT está diseñado para que los sindicatos grandes, con más de 500 afiliados, asistan al espacio, obviando a las organizaciones de trabajadores pequeñas que agrupan a parte de los trabajadores en industrias y ramas privadas con mayores dificultad para desatar la lucha. Adicionalmente se realiza en un ambiente donde la mayoría de los delegados fueron elegidos hace un año. Además, su actual junta directiva fue elegida antes de la realización del congreso, impidiendo que las tesis del mismo queden expresadas en la recomposición de los organismos de dirección nacional.

De esta manera, este congreso de la CUT termina siendo un escenario de disputa de las fuerzas expresadas como corrientes dentro del ejecutivo nacional (corriente democrática, corriente del Polo y corriente clasista) y no en un amplio evento democrático en donde las tesis fuesen elaboradas y discutidas por sitio de trabajo, por rama de la producción y por territorios, propiciando que la cita del 24 al 26 de septiembre no entusiasme a nadie más que a algunas juntas directivas, transformándose más bien en un insípido debate de tramite.

No es extraño, entonces, que por doquier se enuncie la imperiosa necesidad de reconstruir la CUT desde un propósito de reactivar las bases sindicales y reconstruir los vasos comunicantes con la sociedad, su interacción con la misma y, por su conducto, la conexión profundo con la centralidad del mundo del trabajo.

Desde luego, las banderas políticas por la democracia, soberanía y la paz –que hacen parte del lema de su VI congreso–, no deben ser abandonadas, pero ellas pueden ser significadas a través del fortalecimiento de la incidencia en una clase trabajadora cada día más extensa que afronta la precaria situación de la tercerización, la informalidad, la reclusión en las economías de servicios, la reprimarizacion y la desindustrialización. Dicho de otra manera, es el momento en el cual es necesario pensar el renacimiento del sujeto colectivo que significan los trabajadores/as y, porque no, entusiasmarnos en pensar que podemos resurgir para superar al poder.

Publicado enEdición Nº206
Dos meses cumple toma de planta de Prodenvases en Barranquilla por parte de los trabajadores

Desde el pasado 10 de julio, 24 trabajadores de la planta de Prodenvases Crown en Barranquilla adelantan la toma pacífica de la misma, como una manera de resistir a la decisión que tomó la empresa de cerrarla pasando por encima de sus derechos laborales.

Estos trabajadores, afiliados a los sindicatos Sintraprodenvasescrown y Sinaltrametal (ambos de industria), justifican su acción en el hecho de que el cierre de la planta no solo les viola derechos laborales y el fuero sindical, sino que se hizo sin el permiso expreso del Ministerio de Trabajo.

Prodenvases Crown es filial de la multinacional estadounidense Crown Corp and Seal Company, líder mundial en la fabricación de envases metálicos para productos industriales y alimentos, como atún, sardinas y otros. Y en Colombia está asociada al Grupo Mundial, cuya matriz está en Antioquia.

La toma de esta planta se suma a otra que en la misma ciudad de Barranquilla, y casi por los mismos motivos, protagonizan trabajadores de Aluminio Reynolds, quienes ya casi completan dos años de toma de la planta de producción de esta empresa.

Por su parte, el sindicato global IndustriAll manifestó su apoyo a la lucha de estos 24 trabajadores. Carlos Bustos, su coordinador en Colombia, dijo al respecto: "Nosotros hicimos un pronunciamiento muy fuerte a la empresa. Ahora estamos haciendo un llamado a todo el movimiento sindical nacional e internacional para que se pronuncien a favor de estos compañeros, rechazando la actitud de la empresa y que se desplacen a Barranquilla para que se solidaricen con ellos".

La cronología del conflicto

El conflicto laboral en Prodenvases Crown, asociado a la intención de ésta de cerrar la planta de Barranquilla, no es nuevo, se remonta a 3 años atrás y, según las organizaciones sindicales, ha sido traumático.

El 8 de septiembre de 2011 Prodenvases Crown solicitó al Ministerio de Trabajo autorización para cerrar la planta y dar por terminados los contratos de sus trabajadores, aduciendo como causa su inviabilidad técnica y económica. Un año después, el 29 de octubre de 2012, el Ministerio autorizó el despido de los trabajadores y el cierre de la planta, decisión que las dos organizaciones sindicales, Sintraprodenvasescrown y Sinaltrametal, califican de irregular porque no tuvieron la oportunidad de intervenir en el proceso administrativo.

Ante la violación clara de sus derechos, Sinaltrametal interpuso acción de tutela contra el Ministerio de Trabajo, presentada ante la sala laboral del Tribunal Superior de Barranquilla, el cual falló en contra Aspecto interno de la planta tomada por los trabajadores.
del sindicato; fallo que
fue impugnado y el caso pasó a segunda instancia en la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que mediante la sentencia T–706 de 2012, tutelando los derechos al debido proceso y el derecho de defensa del sindicato, ordenó al Ministerio de Trabajo retrotraer el procedimiento para darles a los sindicatos la oportunidad de intervenir en el proceso administrativo.

Así que dos días después de este fallo la Dirección Territorial de Atlántico del Ministerio de Trabajo revocó la resolución del permiso de cierre de la planta y el despido de los trabajadores.

Pero el 21 de marzo de 2013, la misma Dirección Territorial de Barranquilla nuevamente autorizó el cierre de la planta y el despido colectivo. Tal decisión volvió a ser impugnada por las organizaciones sindicales ante la Dirección Nacional Territorial del Ministerio, que todavía no ha tomado decisiones al respecto, y por tanto no está en firme la decisión de la Territorial de Barranquilla.

No obstante lo anterior, a primera hora del 8 de julio de 2014 se presentaron en la planta de Barranquilla varios directivos de Prodenvases Crown, para comunicarles a los trabajadores que ese día dejaba de funcionar la planta, ya que las máquinas serían enviadas a la planta de Medellín. Y llamaron uno por uno de los trabajadores para ofrecerles $5 millones de bonificación si aceptaban un acuerdo de retiro voluntario, argucia con la que lograron convencer a 20 trabajadores.

Cuando las directivas sindicales indagaron por el recurso de apelación que cursaba en el Ministerio de Trabajo, y que mientras no fuera desatado la empresa no podía proceder al cierre, los directivos de Prodenvases Crown explicaron que lo hacían porque el proceso en los estrados judiciales y en el Ministerio "se había tornado muy extenso". Es decir, tomaron la decisión por su cuenta, sin que les importara las normas legales colombianas.

A los trabajadores sindicalizados la empresa les dio a escoger entre dos opciones: su traslado a la planta de Medellín, donde se les respetaría su trabajo; o una bonificación irrisoria para dejar la empresa. Los sindicalizados se niegan a aceptar cualquiera de las dos, ya que ambas violan sus derechos.

En respuesta a la arbitrariedad de la empresa, el 10 de julio los trabajadores se presentaron en la planta acompañados por otros trabajadores de la ciudad, y de manera pacífica 24 de ellos se tomaron la planta. Desde entonces allí permanecen a la espera de solución a sus problemas laborales.

Como una forma de presión, el 21 de julio la empresa decidió no cancelarles más su salario. De ahí que estos trabajadores hayan hecho un llamado al movimiento sindical nacional e internacional en busca de ayuda y solidaridad para su causa.

Publicado 11 de septiembre de 2014.

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El delirio de la seguridad y la sumisión. Casos Sintrapalmas, Sintraunicol, 1975-2012

En Santander tuvieron lugar algunas de las movilizaciones sociales más importantes de Colombia, desde la rebelión de los Comuneros en 1781 hasta los diversos paros cívicos y marchas populares de épocas más recientes. Además, este departamento es sede de algunos de los sindicatos más sólidos del país y de destacadas organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos. Y ha sido precisamente esa tradición de luchas y conquistas sociales la que han convertido a los líderes comunitarios y sindicales de Santander en víctimas del silenciamiento y el exterminio.

El informe "Delirio de la seguridad y la sumisión", del cual este escrito es un compendio, hace parte del trabajo de memoria histórica emprendido por la Escuela Nacional Sindical, que pretende generar espacios de visibilización, empoderamiento, consenso y elaboración de agendas de reparación colectiva para el sindicalismo en Colombia. En este caso busca reconstruir la memoria de la violencia antisindical en Santander entre 1975 y 2012.

La investigación se centra en lo acontecido a dos sindicatos: Sintraunicol Santander y Sintrapalmas en Puerto Wilches, con base en información documental obtenida del periódico Vanguardia Liberal, las bases de datos SINDERH y SISLAB de la ENS, como también entrevistas a dirigentes sindicales del departamento.

 

El sindicalismo y su configuración territorial

 

Las primeras organizaciones sindicales en Santander no surgieron del sector industrial sino de gremios comerciales y artesanales: chocateros, alfareros, joyeros, zapateros y sastres. El auge se inició en 1925 y perduró durante toda la década del 30. En respuesta, las élites nacionales iniciaron una arremetida violenta para contener las múltiples huelgas que se dieron en Santander y a lo largo y ancho de todo el territorio colombiano, y posicionaron la idea de que los sindicatos eran enemigos públicos del progreso.

La primera huelga en Barrancabermeja se dio en 1924, como resultado de las irregularidades laborales cometidas por la Tropical Oil Company. En ella participaron figuras como María Cano y Raúl Mahecha, quien sería fundador de la Unión Sindical Obrera, USO. Los trabajadores hacían peticiones básicas como el derecho a jornada laboral de 8 horas. La respuesta del Gobierno fue militarizar las empresas que registraran actos de protesta de los trabajadores.

A pesar de las adversidades para ejercer el sindicalismo, en 1947 un censo de la Contraloría General de la República reveló que en Santander había 10.357 trabajadores sindicalizados, 1.388 mujeres y 8.969 hombres, la mayoría afiliados a la Federación Santandereana de Trabajadores (Festra).

Para 1970 la industria manufacturera era el sector con más sindicatos en la región: 73. Pero los empresarios utilizaban diferentes estrategias para impedir su consolidación, como despidos injustificados, amenazas, señalamientos y aumento salarial para quienes se desafiliaran de los sindicatos. Las protestas de los trabajadores estaban relacionadas con el incremento en el costo de vida, el alza de precio del transporte, los servicios públicos domiciliarios y el aprovechamiento de los recursos naturales, entre otros temas.

La arremetida violenta contra las movilizaciones sociales precipitó en 1982 la unión de las organizaciones sindicales Fetralsa, Utrasan y Festra, que desaparecieron para dar paso a la Unión Sindical de Trabajadores de Santander (Usitras).

Aunque el auge de estas luchas obreras se tradujo en su reconocimiento paulatino dentro de opinión pública nacional y regional, también se convirtió en un arma de doble filo, pues dio como resultado una política de terror ejercida en contra de quienes promovían o participaban en las manifestaciones.

A partir de la segunda mitad de la década del 80 los crímenes contra activistas vinculados al sector petrolero experimentaron un aumento sustancial. El 28 de febrero de 1988 fue asesinado el líder sindical de la USO Manuel Gustavo Chacón, y un mes después hubo otros 5 homicidios contra dirigentes comunales y líderes del movimiento sindical. También empezaron a aparecer en la región grupos paramilitares como el MAS y Los Magníficos, que cometían crímenes selectivos contra líderes campesinos, comunitarios y sindicales. Sus excesos, sumados a la extrema situación de indefensión de las víctimas, obligó la creación de la Comisión de Derechos Humanos de la Procuraduría General, en 1985.

Y por otra parte, la desaparición forzada emergió como táctica de silenciamiento y vulneración extrema, que ante la ausencia de respuestas efectivas por parte del gobierno contribuyó a reforzar el poder coercitivo de los grupos armados, incluyendo la fuerza pública.

Entre 1986 y 1987 se conformó en Santander la Central Unitaria de Trabajadores, que implicó un arduo proceso de concertación entre los sindicatos debido a las profundas diferencias que existían entre ellos. El propósito era evitar la dispersión y darle un rumbo a las organizaciones de trabajadores.


En este panorama de violencia y resistencia, la preparación política de los dirigentes sindicales se constituyó en una estrategia de supervivencia, que buscó generar una política de relevos de los activistas que venían siendo asesinados o desaparecidos. La creación de la escuela político sindical en el Magdalena Medio se constituyó en instrumento valioso en un contexto adverso.

La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, con sede en Barrancabermeja, empezó a denunciar a las organizaciones paramilitares que operaban en la región y las campañas de estigmatización y señalamiento a líderes sociales ideadas por parte de las Fuerzas Armadas. Los montajes judiciales en contra de líderes sociales de Santander contaron con el apoyo de las instituciones del Estado.

Para los años 1994-1995 la situación en la zona, y en particular en Barrancabermeja, era dramática. La prevalencia de fenómenos como la trashumancia, el desplazamiento forzado, las inequidades sociales, entre otros, hicieron de Santander la segunda entidad territorial con mayor índice de violaciones a los derechos humanos, luego de Bogotá y Antioquia.

El auge del accionar paramilitar se dio durante la segunda mitad de la década del 90 y a inicios del siglo XXI. La violencia recayó sobre los sectores sociales más activos y despertó alarmas en la comunidad internacional, que empezó a exhortar al Estado colombiano para que tomara cartas en el asunto y poner fin a la arremetida paramilitar.

En el 2004 sólo el 12% del centenar de sindicalistas amenazados en Santander contaba con un esquema de seguridad capaz de garantizar la protección de sus vidas. Tanto que el entonces vicepresidente, Francisco Santos, manifestó en su momento la incapacidad del Estado para brindarles protección a los sindicalistas porque todos estaban amenazados. En el solo año 2004 este departamento tenía el primer lugar en infracciones al Derecho Internacional Humanitario, luego del presunto cese de hostilidades declarado por las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.

Al complementar todo este análisis con la información estadística del Sinderh, tenemos que la primera mitad de la década del 2000 tuvo una dinámica muy particular. Por ejemplo, el año 2002 fue el más violento de todos, duplicando incluso el año 1999, con 170 casos. También hubo un incremento desmesurado de las detenciones arbitrarias, que sumaron 127.

Posterior al presunto proceso de desmovilización de los grupos paramilitares, las nuevas bandas emergentes, entre ellas las denominadas Águilas Negras, se situaron como agentes de contención de los movimientos sociales y sindicales en Santander. La respuesta del gobierno fue la negación de lo que estaba ocurriendo, al tiempo que daba partes de tranquilidad sobre la inexistencia de organizaciones armadas ilegales en la región.

 

AñoHechos de violenciaAñoHechos de violencia
1983  2 199838 
 1984 0 1999 63
 1985 12 2000 35
 1986 1 2001 32
198772002170
198843200393
198926200451
199012200537
199122200619
1992
312007 45
1993112008169
199417200984
199512201038
199610201134
199725201229

Fuente: Sinderh

 

Una historia de despojo: el caso Puerto Wilches

 

 

La puesta en funcionamiento del ferrocarril en los años 20 del siglo pasado, la edificación del principal muelle del río Magdalena por la empresa Draga en 1931, y la explotación petrolera iniciada por la Socony en 1943, favorecieron la aparición de las primeras empresas cultivadoras de palma. Las primeras plantaciones de este producto se remontan a 1945, momento en el que la United Fruit Company estableció una plantación comercial en la zona bananera del Magdalena.

La venta de tierras por parte de un sector importante del campesinado de la región, propició el cambio en la estructura económica y social. El predominio del trabajo asalariado, en ausencia de un claro apoyo crediticio para fortalecer el pequeño campesinado, redujo las posibilidades de supervivencia de los cultivos de pan coger. En municipios como Barrancabermeja y Puerto Wilches el montaje de grandes cultivos de palma africana, conocido también como el desierto verde, empezó a tomar fuerza definitiva a mediados de la década del 70.

De acuerdo con la versión de algunos sindicalistas entrevistados, en un principio pocas personas se interesaron en conformar un sindicato, debido al tratamiento hostil por parte de algunos patronos y la política empresarial de decretar la muerte laboral para quienes se atrevían a reclamar sus prestaciones sociales. Finalmente, en marzo de 1971 se fundó el sindicato Sintrapalmas, y como consecuencia de ello hubo una serie de despidos injustificados de trabajadores sindicalizados.

A finales de los 70 aumentó el número de afiliados al sindicato, al tiempo que se fortalecieron las asesorías técnicas y las capacitaciones sindicales, y se lograron algunas conquistas laborales como los subsidios de transporte y familiar, y se empezó a hablar de planes de vivienda para los trabajadores. Hubo mejoras salariales y primas de navidad, y se avanzó en la prestación de servicios médicos y odontológicos a las familias, en fondos de trabajadores y la construcción del casino para la alimentación.

1988 es el año que marca la persecución cruenta contra los sindicatos palmeros en la región. Empezaron los asesinatos de los líderes, al tiempo que fenómenos como los desplazamientos forzados y las amenazas se instalaron en la cotidianidad sindical de la región, inaugurando así un periodo de horror sin precedentes.

En 1987 el Frente 24 de las FARC irrumpió en el casco urbano de Puerto Wilches, y paulatinamente también hacen presencia los frentes del ELN y el EPL. Y esta presencia guerrillera provocó presiones irregulares contra los empresarios palmeros y contra las organizaciones sindicales de Puerto Wilches. De acuerdo con el relato de uno de los líderes de Sintrapalma, hubo casos en que la guerrilla procuró espacios de resguardo y protección en medio del conflicto armado, lo que desató una serie de comentarios y especulaciones injustificadas sobre el accionar del sindicalismo palmero.

Si bien de tiempo atrás hubo notable presencia de grupos paramilitares en Sabana de Torres y San Alberto, a partir de 1997 también se hizo presente en Puerto Wilches. Estos grupos solían irrumpir a la fuerza en algunas manifestaciones organizadas en las inmediaciones de la empresa, además de intentar imponer su línea política al interior de la Junta Directiva de Sintrapalma.

Desde un principio, los trabajadores advirtieron que las acciones violentas tenían como propósito limitar las actividades sindicales. Y ese escenario de violencia desencadenó retiros voluntarios de afiliados, lo que repercutió en un lento declive del sindicato a partir del año 2000, que se acentuó en el 2008. La situación se tornó mucho peor en la medida en que la presencia de los grupos armados obedecía a la idea de estabilidad empresarial y el mantenimiento de un buen clima de inversión. Un sindicalista de Sintrapalma recuerda al respecto:

"En ese año 2002 llegaron a las instalaciones, supuestamente con la complacencia de la Junta Directiva de la empresa, y nos dijeron que si se daban cuenta de que andábamos inmiscuidos en vainas de guerrillas, y si llegábamos a parar la empresa, entonces nos mataban. A raíz de eso el temor fue peor, y muchos compañeros de la Junta Directiva comenzaron a irse".

Con los procesos de negociación de Ralito las autodefensas comenzaron un proceso de atomización que desencadenó una guerra interna entre los diferentes bandos: Águilas Negras, Urabeños y Los Rastrojos. Sin embargo, y más allá de las divergencias en la estructura militar de esos grupos ilegales, la presencia del paramilitarismo no se diluyó definitivamente. El reconocimiento del sindicalismo como presunto enemigo del progreso y aliado de los grupos subversivos en la región, impidió un cambio radical en la estrategia de guerra.

El miedo a la denuncia reflejó una profunda desconfianza en la capacidad del Estado para salvaguardar la vida de los sindicalistas de la zona. Solo a partir de los años 2004 y 2005, por intermedio del Ministerio del Interior, empezaron a funcionar eficazmente los esquemas de protección, por lo menos para facilitar la movilización de la Junta Directiva.

Al gobierno de entonces se acusó de promover la tercerización laboral y la legalización de las Cooperativas de Trabajo Asociado; y de la mano con lo anterior, para la CUT era inaudita la manera en que el Estado criminalizaba la legítima protesta de los palmeros en Puerto Wilches, utilizando el Esmad como fuerza de choque. La falta de espacios para el diálogo por parte del gobierno, incitaba a los empresarios palmeros a asumir una actitud completamente apática frente a las demandas de los trabajadores.

La reducción de afiliados por debajo del umbral establecido por la ley, desató, por parte de la empresa una estrategia jurídica para liquidar lo que quedaba de Sintrapalmas. Este sindicato hizo esfuerzos para entablar diálogos con trabajadores de otras empresas y agremiaciones del sector palmero, con el interés de revertir la desafiliación de trabajadores. Pero esas alianzas no surtieron efecto y el número de afiliados se fue reduciendo hasta que finalmente quedaron 22.

 

En la UIS: una lucha contra la opresión y la estigmatización

 

En 1962 un grupo de 82 empleados de la Universidad Industrial de Santander (UIS) decidieron crear su organización sindical para tratar de contrarrestar las precarias condiciones laborales existentes, aunadas a la arbitrariedad de algunos directivos del centro académico. Así nació el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Industrial de Santander, Sindiuis.

En esos primeros años para el sindicato fue difícil conciliar los requerimientos de los trabajadores con los intereses esgrimidos por las directivas de la Universidad. Los pliegos de peticiones se negociaron en un ambiente tenso, pero tuvieron logros como la creación de una caja de previsión y el fondo de empleados.

En abril de 1974 los profesores afiliados a ASPU manifestaron su intención de trabajar conjuntamente con Sindiuis, y en consecuencia la organización adoptó la sigla Sintrauis. Ello representó para el sindicato una serie de progresos en su capacidad de movilización y convocatoria, y condujo, en 1975, a la firma de la primera Convención Colectiva con la cual lograron importantes reivindicaciones.

En respuesta, comenzó a imperar cierto clima de terror que buscaba corroer dichas alianzas y socavar los logros obtenidos por el sindicato. Fue una atmósfera marcada por presuntas amenazas por parte de la Quinta Brigada del ejército. Un líder de Sintraunicol Santander recuerda las persecuciones en su espacio familiar: "A veces mirábamos motos al frente de la casa, también llamaban a mi hija y luego ella me decía: papi llamaron y me preguntaron si mi mamá tiene un vestido negro, sino que fuera comprando la telita. ¿Qué es eso? No sé, cualquier número equivocado mijita, le respondía yo. Pero la verdad es que eran amenazas".

Fueron comunes las prácticas intimidatorias y las presiones psicológicas, más aún cuando el Estatuto de Seguridad impuesto por el presidente Turbay Ayala pretendió postrar a un sector amplio de los movimientos sociales y sindicales bajo el trazado de la lucha antisubversiva.

En el año 1978 el sindicato decretó un paro de 33 días en rechazo a la diferenciación establecida entre empleados públicos y trabajadores oficiales; a lo que se sumó su respaldo a las personas detenidas durante las manifestaciones de ese año, lo que sentó las bases de una estrecha alianza entre el sindicato y el movimiento estudiantil.

Las acciones contra la integridad de los dirigentes de Sintrauis se iniciaron en 1988, con la desaparición de Christian Roa el 27 de junio de ese año, y tuvo como correlato el juego de rumores y los temores por el destino de los demás dirigentes. Luego arreciaron las amenazas de ciertos grupos clandestinos, como "Mano negra", el MAS y "Los Magníficos". Según algunos testimonios, estos grupos los conformaban miembros activos del DAS, del B2, cuerpos de inteligencia de la policía y el F2. Realizaban llamadas telefónicas y cartas con mensajes amedrentadores, aparte de coronas mortuorias y sufragios.

La preocupación por estos incidentes llevó a la creación, en 1989, del Comité de Derechos Humanos, y de la Corporación Permanente por la Defensa de los DDHH de la UIS. Posteriormente se conformó un sindicato mixto entre Sintrauis y ASEUIS, que en 1996 se fusionó con el Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia, Sintraunicol. Un aspecto importante fue la necesidad de establecer sinergias políticas para hacerles frente, no sólo a los incidentes de violencia, sino también a los procesos de reestructuración presupuestal que limitaron los dineros destinados a la educación pública en las universidades.

Posteriormente, frente a la irrupción violenta del paramilitarismo, la reacción del sindicato y de la comunidad estudiantil fue inmediata. En junio de 2001 los presidentes de Sintraunicol subdirectiva Bucaramanga y de la Asociación de Profesores de la UIS, Aspouis, solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la adopción de medidas para contrarrestar esta violencia. En junio del 2001 la Comisión se pronunció en favor de varios estudiantes, profesores y trabajadores afiliados a Sintraunicol Santander, lo que obligó al gobierno a tomar medidas cautelares.

El despliegue del aparato de guerra contra el movimiento sindical y estudiantil de la UIS, llevó a que en febrero de 2003 Sintraunicol Santander expidiera un comunicado para denunciar los señalamientos contra varios de sus líderes, acusados de pertenecer a grupos subversivos.

Recientemente se reveló una presunta comunicación ocurrida en el 2007 entre el comandante paramilitar alias "Félix" y el rector de la UIS, Jaime Alberto Camacho Pico. En esta comunicación el rector se comprometía a entregar un listado de personas con pensamiento de izquierda pertenecientes al movimiento estudiantil.

La decisión de discurrir de manera crítica y activa los problemas que aquejaban a la universidad, llevó a Sintraunicol a denunciar la implementación sistemática y autoritaria de cámaras de seguridad y el aumento de las requisas en las porterías. Lo que provocó, aparte de sanciones disciplinarias, la respuesta exacerbada de grupos como las Autodefensas Gaitanistas del Nororiente Colombiano.

A partir de entonces las directivas de las UIS empezaron a legitimar medidas de seguridad con el argumento de evitar la ocurrencia de hechos criminales. Esta cultura de la precaución policiva ha sido fuertemente criticada por los estudiantes y el sindicato, por cuanto entraña una clara intensión de conferir a la protesta y a la movilización un estatuto claramente delictivo, que a lo largo de los últimos años ha costado la vida de importantes líderes sociales, no solo de la UIS sino de todo el departamento de Santander.

 

Publicado 4 de septiembre de 2014.

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El acuerdo fortalece a Ecopetrol, beneficia al país y mejora la vida de trabajadores petroleros, dice la USO

El pasado fin de semana terminó la larga y difícil negociación entre Ecopetrol y sus cuatro sindicatos encabezados por la USO, la cual, tras 41 días en la mesa, se concretó en la firma de una convención colectiva pactada a cuatro años, y que conjuró la amenaza de huelga que rondó el final de las negociaciones.

 

El acuerdo laboral, firmado por la USO y Adeco, cobija a 3.800 de los 8.800 trabajadores directos de la petrolera estatal, pero en la parte de los beneficios económicos y prestacionales se extiende a por lo menos al 60% de los trabajadores de las empresas contratistas de Ecopetrol, que en total son más de 30 mil.

 

La anterior convención tenía una vigencia de 5 años, ésta se logró reducir a 4 años: de 2014 al 2018, con posibilidad de revisar en el año 2016 puntos relacionados con aspectos normativos, sociales, políticos, pero no salariales.

 

Tras el logro de la firma de la convención, el presidente de la USO, Edwin Castaño, dijo: "Tenemos que encaminar ahora todos nuestros esfuerzos para producir los 1,3 millones de barriles diarios que nos hemos propuesto al año 2020, y posicionar la empresa en los primeros lugares de Latinoamérica. Estaremos dispuestos a brindar nuestra fuerza de trabajo".

 

Por su parte Héctor Vaca, secretario general de la USO, considera que el acuerdo apunta al fortalecimiento de Ecopetrol, al beneficio del país y, por supuesto, a mejorar la calidad de vida de los trabajadores petroleros. "Creemos que esta convención va a traer un ambiente de normalidad sobre la base del respeto del derecho", señaló el directivo, al tiempo que aseguró que la movilización de los trabajadores en las diferentes sedes de Ecopetrol en todo el país fue el factor decisivo para "desatascar" el curso de las negociaciones e inclinar la balanza en favor de los trabajadores; movilización que fue ampliamente respaldada por las comunidades.

 

Y su vez Edwin Palma, vicepresidente de la USO, calificó como un gran logro el haber podido discutir y avanzar en el tema de los tercerizados, toda vez que de cada diez trabajadores de Ecopetrol, menos de dos tienen contratación directa.

 

En efecto, se acordó establecer una mesa en la que participen los ministerios de Trabajo, Minas y Energía, Ecopetrol y la USO, con el fin de revisar las labores misionales y permanentes que desarrolla la petrolera, en la perspectiva de proyectar un plan de vinculaciones de trabajadores contratistas a la nómina directa de Ecopetrol. En principio se vincularían unos 1.500 tercerizados que realizan labores de bodega, laboratorios, movilización y adecuación de suelos, operación, preparación y dosificación de químicos, entre otras, que son claramente misionales y permanentes.

 

Pero no serán los únicos. A largo plazo se buscarán más vinculaciones, para lo cual esperan contar con los buenos oficios del nuevo Ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, funcionario de origen sindical que precisamente fue presidente de la USO en los años 90. El sindicato espera que Garzón juegue un papel importante en el escenario de la formalización y creación de trabajo decente en el sector petrolero.

 

En cuanto a los beneficios económicos consignados en la nueva convención, se destaca un aumento salarial general del 4% por cada año; más un reajuste salarial que oscila entre el 5% y el 9% por la vía de la modificación del escalafón. Asimismo, la ampliación de las vacaciones, primas, aumento del subsidio de alimentación y transporte, del número de becas para posgrado, ampliación del número y el monto de los auxilios educativos, y aumento del crédito de vivienda, que pasa de 141 salarios mínimos legales vigentes a 265.

 

Héctor Vaca resaltó el hecho de que por primera vez Ecopetrol abre un espacio para construir una guía de aplicación de la convención a los trabajadores de empresas contratistas. Antes esto lo hacía la empresa y de manera unilateral definía cómo debían ser aplicados estos beneficios a los contratistas. Ahora será concertado.

 

En el campo de la mecánica sindical, se aumentó el número de permisos permanentes, los viáticos y las garantías para las subdirectivas, entre otros beneficios.

 

Un tema que es de alto interés para la USO y que quedó pendiente porque la empresa se negó a negociarlo, es el del Acuerdo 01 que rige en Ecopetrol desde 1977, el cual la USO siempre ha combatido por considerarlo un pacto colectivo disfrazado. "En ese punto estamos pendientes de lo que pase con la querella que el sindicato interpuso ante el Ministerio de Trabajo. Pero nosotros seguimos fortaleciendo la campaña de afiliación de los trabajadores directos para que así el sindicato represente a más de la tercera parte de los trabajadores y por esa vía lograr hacer extensiva la convención a todos los trabajadores directos de Ecopetrol", dijo Edwin Palma.

 

Sindispetrol y Aspec, los otros dos sindicatos que participaron en la negociación del pliego, no lograron pleno acuerdo. Con el primero hubo acuerdos parciales, y con el segundo, que es el más pequeño de todos, no fue posible alcanzar conciliación, por lo que tendrá que ir a un tribunal de arbitramento para completar el proceso.

 

La II Asamblea Nacional por la Paz

 

Una conquista política de la USO en el proceso de negociación, fue lograr que Ecopetrol realice la II Asamblea Nacional por la Paz, la cual contará con la participación de un grupo amplio de sindicatos y organizaciones sociales del país.

 

"Es una iniciativa de la USO que ha venido siendo discutida con otros sectores sociales, con los que acordaremos la fecha y el modo de realizarla. Será una convocatoria amplia, incluso con invitados internacionales que contribuyan con la experiencia en otros países. La asamblea planteará el papel del petróleo en el desarrollo social y económico del país, porque lo que hoy ocurre es que el petróleo, en vez de ser un elemento dinamizador y de desarrollo, se ha convertido en un problema por la forma en que se hace la explotación en las regiones", aseveró Héctor Vaca.

 

Explicó que se trata de una acción que corresponde con el ambiente de diálogo y concertación que vive el país, y que es acorde con la política de la USO de incluir en sus pliegos reivindicaciones de carácter político a favor del pueblo y de una política petrolera nacionalista.

 

"La USO propende por un petróleo para la paz, y que los actores armados saquen del conflicto al hidrocarburo y a las regiones petroleras. Nuestra propuesta es que la insurgencia cese su hostilidad hacia la infraestructura petrolera, pero también que las empresas dejen de invertir en la guerra y en la militarización de las zonas petroleras y dediquen esos recursos a inversión social", agregó el Secretario General de la USO.

 

En esta II Asamblea Nacional por la Paz (la primera se realizó a principios de la década de los años 90) se abordarán los temas políticos planteados en el pliego que presentó la USO, y que tienen que ver con el plan la modernización de la refinería de Barrancabermeja, el destino de las refinerías pequeñas, la reversión de Campo Rubiales, los temas ambientales ligados a la explotación petrolera, entre otros.

 

Es de subrayar que la convención colectiva en Ecopetrol no es la única que la USO logró recientemente. Simultáneamente también negoció y logró plasmar acuerdos con otras tres petroleras multinacionales que operan en Colombia: Halliburton, Schlumberger y Weatherford.

 

Publicado 26 agosto de 2014.

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