Miércoles, 20 Agosto 2014 22:43

"De nuevo seremos importadores de crudo"

"De nuevo seremos importadores de crudo"

Desde el pasado 14 de julio, la Unión Sindical Obrera (USO) y Ecopetrol negocian el pliego presentado por sus trabajadores. En medio de la dilatación y las evasivas al pliego por parte de la empresa, la negociación fue prorrogada hasta el próximo 22 de agosto.

 

El pliego contempla el fortalecimiento de la Empresa, la participación del Estado en la renta petrolera, el manejo ambiental de las operaciones, el uso de nuevas tecnologías extractivas, la tercerización laboral, el incemento salarial, garantías para la actividad sindical, y la reparación y reconocimento por parte del Estado por la persecución al sindicato durante los 91 años de existencia.


Sobre algunos de estos aspectos desdeabajo conversó con Rodolfo Vecino, dirigente de la USO.


Desdeabajo –da–. ¿En qué va el conflicto de los trabajadores tercerizados de Ecopetrol?


Rodolfo Vecino –RV–. Ecopetrol mantiene una posición negativa frente a la contratación de mano de obra directa; dice que para que el negocio del petróleo en Colombia sea viable necesitan tercerizar la mano de obra. Fíjese: las estadísticas muestran que la Empresa hoy paga veintiséis punto dos billones al año como efecto de los salarios de los trabajadores de planta, e insisten que –estratégicamente– para que el negocio sea rentable necesitan mantener tercerizados a los cuarenta mil trabajadores que hoy están en tal estatus.


da. ¿Cuál es la actitud del Gobierno ante la negociación de este conflicto?


RV. Sentimos que el Gobierno está de espaldas a la negociación, no vemos ningún interés por parte del Estado colombiano alrededor de este conflicto colectivo que está en la columna vertebral de la economía nacional.


da. ¿Este conflicto evidencia la inexistencia de una empresa petrolera nacional integrada?, ¿en qué afecta a la nación esta situación?


RV. El Gobierno incumple hasta los acuerdos firmados en la OIT respecto a trabajo decente; hoy vemos que la primera empresa del Estado, que debería dar ejemplo, es la primera en negar tanto las cláusulas de los tratados de libre comercio con respecto a los temas del trabajo decente, estabilidad de los contratos, salarios dignos y formalización del empleo; vemos que la más importante empresa del Estado es la primera violadora de estos acuerdos. Es claro, no vemos decisión gubernamental por cambiar esta situación.


da. ¿Qué decir de la propuesta de ley orgánica de hidrocarburos de la USO?, ¿qué le aportaría esta propuesta al país?


RV. La propuesta recoge un borrador presentado por la USO para terminar de construir con todos los sectores de la sociedad colombiana, que tiene que ser discutida en foros regionales y terminar en un Congreso petrolero que también es uno de los puntos de la convención colectiva.


La nuestra es una propuesta que pretende, precisamente, un giro completo a la política petrolera que hoy tiene el país, la cual no consulta su realidad, el significado del petróleo y lo que debe entrañar su explotación en nuestro país desde una visión realmente responsable: aspiramos a que este recurso dinamice realmente la industrialización del país, o dinamice otros sectores de la cadena productiva, empezando por el cambio de los mismos contratos, hoy regresivos, como son los de concesión que fueron la constante a principios del siglo XX. En nuestra ley orgánica proponemos acabar con ellos; allí avanzamos en diversidad de temas: cambios de contratación, ambientales –que son muy importantes para resolver toda esa gran catástrofe que hoy se da en las regiones donde se explota nuestro petróleo–, etcétera.


da. El mayor predominio de la tercerización debe haber debilitado la organización sindical, ¿qué balance puede hacer al respecto?


RV. A pesar de contar con un porcentaje bastante alto de trabajadores tercerizados afiliados a la organización sindical, esta inestabilidad en los contratos es también un elemento que utilizan para generar temor frente a los procesos de sindicalización y la defensa de un salario petrolero. Dentro de la actividad petrolera no hay un criterio unificado de salario. Hoy las petroleras y Ecopetrol mismo imponen en las regiones los salarios que les da la gana, no tienen en cuenta el impacto socio-económico que genera la explotacióm petrolera en nuestro país, porque la vida de las regiones cambia completamente.


Es así como vemos que hoy muchos campesinos, guiados por el espejismo de esta industria, se convierten en migrantes internos, atraídos por los taladros. Algunas regiones están perdiendo su tradición, pierden su valor fundamental: la agricultura. Los pobladores abandonan el tema agrario para convertirse en obreros petroleros, con contratos de 28 días, de los que obtienen una "ganancia" un poco diferente a la que conseguirían como cultivadores de la tierra. Lo que conlleva, finalmente, a un desarraigo cultural, a la pérdida de la esencia que las comunidades han tenido durante toda su vida.


da. ¿Existen estadísticas respecto a cuánta gente está vinculada de esa manera?


RV. En estos momentos hay varios observatorios que adelantan investigaciones sobre este tema, que aím no está medido con toda rigurosidad. Sin embargo, sabemos que las mejores ofertas laborales no son para los trabajadores de la región, inclusive hay tensiones debido a que la mano de obra calificada de la región no es empleada.


Podemos hablar de más de ciento cincuenta mil trabajadores de la industria petrolera, lo que evidencia que no es una fuente de empleo significativa. Ademásde no ofrecer realmente las mejores opciones. Por otro lado, no hay un plan de educación técnica ni tecnológica a través del cual, por lo menos, los trabajadores de la zona accedan a un mejor nivel salarial.


da. La última ronda de concesiones para la exploración petrolera no cumplió con las expectativas que tenía la Empresa, ¿cómo ven ustedes el futuro del sector de hidrocarburos en Colombia?


RV. Vemos, primero, que el desarrollo de la industria petrolera en el país es totalmente desordenado. En el último año el gobierno Uribe entregó prácticamente el 70 por ciento del territorio nacional para exploración, hoy no se sabe, con exactitud, cuánto territorio han entregado a las multinacionales petroleras.


Además de esto, las multinacionales vienen por los combustibles no convencionales, para lo cual aplican tecnologías revaluadas en algunos lugares del mundo, como lo es el fraking y las arenas bituminosas. En Alberta, Canadá, por ejemplo, las arenas bituminosas han afectado grandes extensiones de territorio, dañado acuíferos inclusive subterráneos, que son los reservorios que sostendrían las generaciones futuras de esas regiones.


En Colombia ya fueron entregados varios bloques para la explotación mediante ese tipo de tecnología, lo que conlleva, nada más ni nada menos, al rompimiento de las capas o de la lutita, que es el sello dentro de los reservorios de agua subterránea y de los yacimientos o las trampas de este recurso no convencional llamado shellgas, que está atrapado en esa capa que protege las aguas subterráneas.

 

Además, fíjese, aquí no hay una legislación ambiental rigurosa, se desconoce y vulnera el derecho de las comunidades indígenas y afro a una consulta previa, establecida por la ley 170. Los pobladores muchas veces son engañados por parte de las multinacionales que aprovechan el desconocimiento de estas en el tema petrolero.


El país tiene en estos momentos más de ciento cincuenta multinacionales que están aplicando la sísmica 3D y 4D, la misma que no tiene legislación; una sísmica agresiva que utiliza explosiones en el subsuelo y ocasiona las profundizaciones de las aguas y daños en todo el tema hidrodinámico.


Con seguridad, le digo, por parte del Esstado no hay realmente una visión de proteger áreas donde no deberían estar ejecutando explotación petrolera. Los mismos Llanos Orientales no tendrían que ser territorio de explotación, esto debido a las grandes reservas de agua que tienen y que están siendo contaminadas precisamente por esta explotación. Campo Rubiales (Meta) es un clásico ejemplo de esto: más de cinco millones de barriles al día son contaminados porque las recargas de los yacimientos son de los afluentes de los caños y de los ríos que hay en la zona, lo que genera un ciclo cerrado de contaminación que causa hechos como los ocurridos en Paz de Ariporo.


da. Ecopetrol reportó en su último informe un retroceso en su balance económico, ¿cómo ven ustedes la situación de la Empresa?


RV. Creemos que puede estarse acercando una caída catastrófica en la Bolsa de Valores de sus acciones, porque las empresas petroleras se miden por las reservas y Ecopetrol, hasta este momento no tiene reservas, ni descubiertas ni en prospección que nos indique que hay un futuro. A la vuelta de 6 o 7 años estaremos, de nuevo, como a mediados de los 70 y principios de los 80: importando crudo, porque los nuestros ya están en declinación.


La Agencia Nacional de Hidrocarburos está entregando los mejores bloques o las mejores prospectivas a multinacionales como la Pacific, la Exxon Mobile y la Shell. Aquellas que cambiaron su naturaleza y vendieron sus refinerías para invertir todo en la exploración y producción petrolera.


da. La USO es patrimonio de las luchas populares, sin embargo los ataques sistemáticos al sindicato parecen haberle restado liderazgo en las luchas por una sociedad mejor, ¿es correcta esta lectura?


RV. Indudablemente la USO está impactada. En las tres últimas décadas le han aplicado una estrategia que obedece a tres líneas de acción para destruirla: 1) la eliminación física o el terrorismo contra nuestra organización, con un inventario de 108 compañeros asesinados; 2) la vía jurídica y, 3) toda una estrategia mediática que justifica las acciones en contra de nuestra organización y que desvían el sentido de nuestra plataforma de lucha.


Desde la huelga del 2004 fueron desvertebrados puntos importantes que protegían precisamente a los trabajadores tercerizados en la aplicación total y plena de la convención colectiva, y que definía las actividades propias y directas de la industria del petróleo, todo lo cual expone a la Unión Sindical Obrera a una coyuntura bastante difícil. Sin embargo, estamos tratando precisamente de proponerle al país una estrategia diferente frente a lo que debe ser la política petrolera.


Hoy la organización pone en primera línea de sus luchas algo que antes no estaba presente: el tema ambiental. Regresamos nuevamente a acompañar las comunidades que son precisamente nuestra esencia, porque nacimos de ellas. En este momento, procesos como la Cumbre Agraria desarrollan dos propuestas fundamentales que tocan el tema del precio de los combustibles y la ley orgánica de hidrocarburos. Propuestas que han sido el resultado de investigaciones de un equipo de académicos y de trabajadores comprometidos con el concepto nacionalista de cómo debe ser el manejo de nuestros recursos petroleros.


da. Tenemos entendido que Pacific Rubiales está en vísperas de vencersele su contrato en Campo Rubiales, ¿cómo va este tema?


RV Para el mes de marzo de 2016, fecha en que vence el contrato, Rubiales debe transferirse a la nación sus instalaciones. Desde ya la organización ha establecido un comité pro reversión de Rubiales, porque sabemos que Pacific está presionando por la prórroga de ese contrato. Esto significa, indudablemente, la adición de unas reservas muy importantes a la nación y, algo que ya se logró, la suspensión del proyecto Star –un piloto de una tecnología que estaba en campo Quifa (Meta) de combustión in situ para aumentar las ratas de producción del campo.


El proyecto Star, planteado desde Pacific, lo que realmente buscaba era sacar la mayor cantidad de crudos y quemar aproximadamente el 70% de las reservas. Consiste en una combustión interna que produce serias consecuencias ambientales, y posibles reacciones en cadena por toda la comunicación del campo. De 120 proyectos llevados a cabo con este tipo de tecnología en el mundo solo 4 han tenido éxito: uno en la India, otro en Rusia, uno más en los Estados Unidos y otro más en China. Es una tecnología que puede aplicarse solo bajo ciertas condiciones y Quifa no es precisamente un campo para aplicarlas, inclusive la red de sismología empezó a registrar movimientos telúricos casi permanentemente en la zona.


La USO dio a conocer estos datos a la Contraloría y precisamente desde allí demostraron los inconvenientes que provocaba este tipo de tecnología, lo que ocasionó finalmente el cierre del proyecto.


da. ¿Qué hacen para enfrantar las amenazas que sufren algunos compañeros?


RV. El caso más relevante de atentados fue el sufrido por el presidente de la subdirectiva del Centro, John Alexander Rodríguez; también tenemos el caso de un compañero de la comisión negociadora, al que le hicieron un montaje: le metieron una granada en el equipaje, lo que provocó que fuera detenido en el aeropuerto; está también el hecho del vicepresidente de la subdirectiva del Meta que desde el mes de noviembre se encuentra en la cárcel de puerto López, en este caso hemos pedido la intervención de la Fiscalía General de la Nación porque en esa zona no hay garantías, allí Pacific aplica lo conocido como "economía de enclave", con la cual nada se mueve sin su orden.


Es así como la USO enfrenta más de veinte procesos, precisamente agenciados por Pacific y las multinacionales que están hoy agremiadas en la Asociación colombiana de empresas petroleras (Acpep) donde promueven una política de judicialización de la actividad sindical, para de esta manera debilitar la organización.


d.a. Ante esta situación, ¿qué actitud han tomado las organizaciones sindicales y sociales a las cuales está asociada la USO?


RV. La organización sindical no deja de moverse. Hemos estado en movilizaciones permanentes y por otro lado, la Cut arranca una convocatoria de solidaridad con todo el movimiento obrero alrededor de la USO. Nos estamos defendiendo con todas las formas que conocemos los obreros contra esta política, generada en contra de nuestra organización.

Publicado enColombia
Afiliar más tercerizados y presionar la reversión de Pacific Rubiales, temas cruciales en la agenda de la USO

La Unión Sindical Obrera, el sindicato más emblemático en la historia del país, realizó el pasado mes de noviembre la elección de los cuadros de su Junta Directiva Nacional y las juntas seccionales, proceso que realiza cada dos años por el sistema de voto universal y directo de todos sus afiliados.


Cerca de 26 mil trabajadores afiliados a la USO estaban habilitados para votar (2.800 directos de Ecopetrol y el resto de empresas contratistas) y lo hicieron 13 mil, o sea el 50%. Como nuevo presidente de la organización, en reemplazo de Rodolfo Vecino, fue electo Edwin Castaño Monsalve, connotado dirigente de la Seccional Cartagena, y además una de las caras nuevas en la Junta Nacional. Como vicepresidente fue electo Edwin Palma Egea, joven dirigente que ha hecho carrera en la Subdirectiva de Barrancabermeja.

La Agencia de Información conversó con ambos dirigentes, a fin de indagar acerca del proceso eleccionario que recientemente tuvo lugar en la USO, y para delinear los principales ejes de la agenda sindical y política de esta importante organización de trabajadores del sector minero-energético en el inmediato futuro.


Quién es y qué piensa el nuevo presidente de la USO


Edwin Castaño Monsalve nació en Medellín, pero toda su carrera laboral y sindical la ha hecho en Ecopetrol Cartagena, donde en 1998 se vinculó a la seccional de la Unión Sindical Obrera en esta ciudad, como trabajador raso.


Hoy, 15 años después, ayudado por los votos de los trabajadores petroleros afiliados a la USO Cartagena, no solo llegó por primera vez a la Junta Directiva


Nacional de esta organización sindical, que en este 2013 cumplió 90 años de fundada, sino que resultó electo presidente para los próximos dos años.


Dentro del ámbito sindical Castaño Monsalve es relativamente joven: apenas tiene 43 años de edad, pero ya cuenta con una reconocida trayectoria de lucha y militancia en la USO. En 2002 hizo parte del comité paritario local, en 2008 fue nombrado tesorero de la USO Cartagena, en 2009 integró la comisión que negoció la convención colectiva, en 2012 fue electo presidente de la subdirectiva Cartagena, y ahora presidente de la organización a nivel nacional, cargo en el cual no son pocos los desafíos que tiene por delante.


El primero de ellos, según él, es la defensa de Ecopetrol como patrimonio de los colombianos, o sea que no se privatice más de lo que está. Recordó que con el Decreto 1760, que escindió a Ecopetrol y creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos, se le está entregando a manos llenas el recurso petrolero a las multinacionales. "Es una tarea ardua porque en este propósito nos hemos quedado solos. Estamos promoviendo un proyecto de ley marco sobre hidrocarburos, para que haya una política transparente y las regalías y la renta petrolera sea para el Estado y no para las multinacionales", dijo al respecto.


Un segundo reto es la defensa de la convención colectiva de trabajo en la USO, la cual será negociada a mediados de 2014.


Otro reto es la defensa de los derechos de los trabajadores de las empresas contratistas, que en el país pueden ser unos 70 mil, hoy sumidos en un mar de maltratos y precariedad laboral. En ese sentido, afiliar al mayor número de estos trabajadores es una prioridad para la USO. La meta en el mediano plazo es afiliar unos 15 mil, que se sumarían a los más de 20 mil ya afiliados.


Si bien la USO ya tiene una subdirectiva en el departamento del Meta, otro reto importante es ampliar el radio de acción sindical en los Llanos Orientales, hoy epicentro clave de la producción petrolera en Colombia.


Un quinto reto tiene que ver con el logro de la unidad de empresa para el cúmulo de empresas filiales que Ecopetrol ha regado por toda la geografía nacional con el objetivo de no aplicar en ellas la convención colectiva. "Vamos a bregar desde todos los ángulos, tanto políticos como jurídicos, para que Ecopetrol y sus subsidiarias sean una sola empresa", dijo Castaño Monsalve.


También señaló como un reto inmediato salirle al paso a la demanda que le impuso a la USO la multinacional CBI que opera la construcción de la nueva refinería de Cartagena, por una cuantía de dinero que la USO no está en capacidad de pagar. Además pretende despojarla de su registro sindical, o sea borrar de un plumazo 90 años de lucha. Esta demanda ya tiene varios años, y la USO la ganó en primera y segunda instancia en los tribunales de Cartagena, pero CBI movió sus influencias y su poderío económico e hizo trasladar el proceso a Bogotá, donde siguió su curso.
Y finalmente, está el reto que plantea Campo Rubiales, cuya propiedad Ecopetrol comparte con la compañía canadiense Pacific Rubiales, y que será revertido totalmente al Estado en el 2016. La propuesta de la USO es que no se renueve la concesión y Ecopetrol lo reciba y continúe explotándolo para el bien del país.


A propósito de Pacific Rubiales, una gran preocupación de la USO es la campaña de criminalización y judicialización emprendida por los directivos de esta multinacional contra los líderes sindicales. "La situación es difícil porque está en riesgo el derecho de asociación sindical, e incluso la existencia misma de la Subdirectiva Meta de la USO", puntualizó el directivo sindical.


 


Entrevista a Edwin Palma E., vicepresidente de la USO


¿Qué sabor le dejó el proceso electoral que acaba de enfrentar la USO?


Fue importante y exitoso, con las falencias normales que tiene un proceso democrático de este tipo. Antes los trabajadores elegían delegados y éstos elegían la Junta Nacional. Ahora es por voto directo, que creemos es mejor escenario para que la base elija sus dirigentes. Logísticamente es más engorroso y costoso, pero garantiza una participación más democrática. En cuanto al número de votantes el incremento fue notable. El censo fue de 26 mil trabajadores, de los cuales votaron 12.945. En las elecciones de hace dos años el censo fue de 12 mil, de los cuales votaron 7 mil trabajadores.


De todas maneras la abstención fue del 50% ¿Por qué?


No es un fenómeno de abstención como tal, sino de imposibilidad de votar. En la industria petrolera hay muchos proyectos y mucha dispersión geográfica, y el día de la votación muchos no estaban trabajando, o no pudieron votar. Donde hubo todas las garantías los trabajadores participaron activamente. En Barranca, por ejemplo, el censo era de 3.800 y votaron 2.500, casi el 66%. Otro hecho destacado es que, aparte de la Junta Nacional, se eligieron las subdirectivas seccionales, la Asamblea Nacional de Delgados, y el Tribunal de Ética y Disciplina Sindical, tal como lo estableció la reforma de estatutos que se hizo en diciembre pasado. Y lo otro fue que nadie pudo participar en dos instancias, por ejemplo, no podía ser candidato a la Junta Nacional y al mismo tiempo a una subdirectiva, lo que evita que los dirigentes tengan varios cargos y a los trabajadores de base los compromete más a dinamizar el sindicato.


Ecopetrol tiene 8.000 trabajadores directos, de ellos 2.800 están en la USO. O sea que la tasa de sindicalización es del 28%. ¿Por qué sigue tan baja?


Sí, es menos del 33%, y es incluso es riesgoso porque implica un tema legal frente a la extensión de la convención colectiva al resto de trabajadores directos. Los trabajadores no han entendido eso: que hay que rodear al sindicato y afiliarse. Pero la razón fundamental es que Ecopetrol mantiene al orden del día su sistemática política antisindical, que incluye dos estrategias. Una es que por cada trabajador convencionado hay 3 que considera de dirección, confianza y manejo, y para ellos, a condición de que no se afilien al sindicato, tiene un plan que incluye mejores créditos, primas y otros beneficios que están por encima de la convención. Nosotros eso lo consideramos un pacto colectivo de facto, porque no es negociado sino impuesto. La USO está buscando una estrategia jurídica para desmontarlo. Al menos ya hay una exigencia del Comité de Libertad Sindical de la OIT en ese sentido.


¿Qué destacaría de los resultados del proceso electoral?


Que todas las expresiones políticas que se dan al interior de la USO quedaron equitativas en la Junta Nacional. Lo otro es que entraron 5 dirigente nuevos a esta Junta, de 20 en total. Tres de ellos fueron de la seccional Cartagena, que a raíz del conflicto que a mediados del año libramos en CBI Colombiana, la empresa contratista Reficar en Cartagena, logramos una alta vinculación de trabajadores al sindicato. Edwin Castaño, el nuevo presidente de la USO, es precisamente de esta seccional.


¿Y cuál es la presencia de jóvenes y mujeres en los cuadros directivos?


Los jóvenes que llegamos al sindicalismo somos muy pocos porque por lo general los jóvenes piensan en otras cosas menos en organizarse sindicalmente. Tenemos que trabajar mucho para persuadirlos. También es grave el tema de la participación femenina. En todas las estructuras regionales del sindicato apenas había 2 mujeres, ahora quedaron 3, pese a que hay muchas mujeres en la industria petrolera, un 10% aproximadamente.


¿En qué otras empresas distintas a Ecopetrol está la USO ahora?


No es mucho la membrecía de la USO por fuera de Ecopetrol. En Pacific Rubiales no tenemos nada. Allí el proceso lo perdimos hace dos años, lo que tenemos son compañeros presos. Esta semana capturaron cuatro. En Terpel, la segunda empresa petrolera después de Ecopetrol, con 3.600 trabajadores directos y 3.000 tercerizados, tenemos una convención que solo aplica a 30 trabajadores. En Chevron también tenemos unos pocos, lo mismo que en Gas Oriente, empresa de Bucaramanga. En la Oxi, entre directos y subcontratados, no suben a 600 los afiliados a la USO. Recientemente presentamos pliego para los afiliados que tenemos en Waderford y en Halliburton, pero están embolatados. Lo otro es que hay muchos sindicatos petroleros de base, pequeños, regados por todo el país. Hay que persuadirlos para que se sumen a la USO. Por ejemplo en Yopal existe Sintraferenco, sindicato de base de una multinacional francesa, que tiene 400 afiliados y acaba de cumplir 20 años de existencia. Sería ideal crear con ellos la subdirectiva de la USO en Yopal, porque no es lo mismo estar por allá aislados y con poca fuerza, que ser brazo de la USO. Lo mismo pasa con Sintranaviera, sindicato de una empresa que transporta hidrocarburos por el río Magdalena, que tiene 50 afiliados. La idea es crear con ellos otra subdirectiva de la ISO en Barranquilla. Además eso es coherente con la directriz del 5° Congreso de la CUT, que es fortalecer el sindicalismo de la industria petrolera. Claro que un propósito más estratégico es conformar un gran sindicato de la rama minero-energética, que aglutine a los trabajadores del petróleo, el carbón y el sector eléctrico.
¿Se ha avanzado en ese propósito?


Hemos conversado con Sintracarbón y Sintraelecol, dos grandes del sector. Lo veo difícil pero no imposible. El problema de un propósito de esa magnitud es que todos queremos estar a la cabeza de la integración. Lo más difícil es romper el tema del sectarismo y los afanes de protagonismo. Si nos ponemos de acuerdo en eso, el resto es fácil de conseguir.


¿Esta nueva directiva de la USO en donde tendrá que poner el acento y el esfuerzo en los próximos dos años?


Tenemos que tratar de capitalizar el buen momento que tiene la USO, crecer más. Tenemos que convencer a muchos trabajadores tercerizados en Ecopetrol y de otras empresas petroleras para que se sumen al sindicato. Ecopetrol tiene 45 mil tercerizados, de ellos hay unos 15 mil afiliados. En el resto de las empresas petroleras no sabemos con certeza cuántos tercerizados hay, pero son muchísimos.


Ecopetrol ha crecido y se ha venido abriendo en muchas empresas filiales. ¿Cómo están manejando ese tema desde el punto de vista sindical?
En la agenda de la USO también está el tema de la unidad de empresa. Ecopetrol ha venido creciendo a través de filiales, con el propósito de no aplicar la convención y desconocer el sindicato. Empresas como Reficar, que construye la nueva refinería de Cartagena, Propilco, Ecodiesel, Comai, Ocol, Ocensa, entre muchas otras, en las que Ecopetrol tiene participación accionaria mayoritaria, por lo que aplica la unidad de empresa. Vamos a hacer esa solicitud por la vía judicial y administrativa.


Ya que lo menciona, detengámonos un poco en el caso Reficar.


Reficar es 100% patrimonio de Ecopetrol, pero con personería jurídica diferente, y a la vez terceriza casi toda su planta laboral. Tanto que la convención colectiva está firmada con CBI, la principal contratista de Reficar, que tiene unos 15 mil trabajadores. La USO allá no tiene entrada, no tenemos reconocimiento, no se aplica la convención USO-Ecopetrol sino la que se pactó hace 2 meses con CBI luego de una huelga de 3 días. Esa convención cuesta 104 millones de dólares.


¿A quién responsabilizan del retraso en la construcción de la nueva refinería de Cartagena?


Ecopetrol es el culpable de esa situación. ¿Qué hizo? Creó una filial, Reficar, para no aplicar la convención y la operación le saliera más barata. Y resulta que le salió más cara por los retrasos, porque la gente sabe a qué tiene derecho en la industria del petróleo y obviamente reclama esos derechos. Incluso para el proyecto de modernización de la refinería le pidieron a la USO un acuerdo de armonía laboral previo. Es un acuerdo con miras a poner las reglas de juego antes de que el proyecto arranque. Ya estamos trabajando a eso, llevamos 13 sesiones.


Y en cuanto al tema salarial y prestacional, ¿qué proyecciones hay?


Estamos luchando porque se establezca una política salarial petrolera en el país, unificada, porque, por ejemplo, los trabajadores en Cartagena ganan distinto a los del Putumayo, y hacen las mismas funciones. Esto con el objetivo de que no vengan empresas extranjeras a imponer condiciones laborales precarias, en una industria que genera muchas utilidades. Es un tema macro, que debe ser abordado en la legislación nacional.


¿La idea es que los trabajadores vinculados a Ecopetrol ganen lo mismo que los contratistas?


Ya desde 1957 existe un decreto en ese sentido, pero no se aplica. La lucha nuestra es para que se aplique, porque son abismales las diferencias salariales y prestacionales entre los trabajadores vinculados a Ecopetrol, amparados por convención, y los tercerizados. Yo diría que del 100%. Además Ecopetrol definió unilateralmente lo que son actividades propias y no propias de la industria del petróleo. Entonces, donde hay resistencia sindical aplican buenos salarios, y donde no la hay pagan salarios pésimos.


¿Hay algo más en la agenda de la USO?


Otro tema que vamos a impulsar fuertemente tiene que ver con el derecho de huelga en Ecopetrol, y en el sector petrolero en general. Según el Código Sustantivo del Trabajo está prohibido hacer huelga en la industria del petróleo. A favor tenemos dos sentencias de la Corte Constitucional y conceptos de la Comisión de Expertos de la OIT, que conmina al Estado colombiano a modificar la legislación y permitir el derecho de huelga en Ecopetrol, la última en junio de este año. La Comisión conceptúa que es un servicio público que puede prestarse mínimamente para no afectar el resto de la población

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En 2013 aumentó la violencia contra el movimiento sindical colombiano

Ayer 10 de diciembre se cumplieron 65 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En una fecha tan significativa, la Escuela Nacional Sindical lamenta informar que los homicidios y los atentados contra trabajadores sindicalizados en Colombia aumentaron en este año que está terminando.

 

En efecto, desde el 1º de enero de 2013 al día de hoy, el Sistema de Información en Derechos humanos de Sindicalistas de la ENS (SINDERH) ha registrado, preliminarmente porque son datos aún no consolidados, al menos 26 homicidios de trabajadores sindicalizados, 13 intentos de homicidio, 149 amenazas, 28 casos de hostigamientos y 13 detenciones arbitrarias.


O sea que en lo que va corrido de este año se han registrado 4 casos más de homicidios y 6 casos más de atentados contra la vida de sindicalistas que en 2012.


Los dos últimos homicidios tuvieron lugar la semana pasada en el departamento de Norte de Santander, en Cúcuta y el municipio de Sardinata. Las víctimas, Carlos Garciaherreros, y Pedro Camperos, eran dirigentes de la Subdirectiva de la Federación Nacional de Servidores Públicos, Fenaser, filial de la CTC.

 

Son cifras que resultan preocupantes y demuestran que, pese a que el Gobierno ha anunciado esfuerzos en la implementación de medidas encaminadas a garantizar los derechos laborales y las libertades sindicales, la violencia antisindical y la impunidad de ésta no son un asunto del pasado en Colombia.

 

Lo más grave es que másd el 90% de las violaciones a los derechos a la vida, la integridad y la libertad de trabajadores sindicalizados entre enero y noviembre de este 2013, se cometieron contra líderes sindicales. De 229 casos registrados, 208 fueron contra dirigentes. De esos casos 9 fueron homicidios y 12 atentados.

 

Además 18 casos de amenazas fueron colectivas, dirigidas contra organizaciones filiales de la CUT y la CGT, centrales sindicales que en el transcurso del año 2013 agrupan, respectivamente, el 89,2% y el 5,4% del total de la violencia, lo que ratifica la dimensión colectiva de la violencia antisindical y las afectaciones que genera.

 

Los departamentos con más casos de violencia antisindical en este 2013 fueron: Valle con 49 casos, Antioquia con 30 casos, Cesar con 30, Santander con 27 y Atlántico con 20 casos.

 

Al analizar los sectores económicos más afectados por esta la violencia antisindical este año, encontramos que el más impactado es el de minas y canteras con el 25,4%, seguido de la industria manufacturera con 19.3%, el sector educativo con 18,2%, y agricultura, caza y pesca con el 12,7%. Como se ve, la violencia antisindical se da hoy en sectores claves en las políticas económicas que orienta el gobierno nacional.

 

Frente a la presunta autoría de esta violencia, tenemos que en un 53,7% de los casos no se conoce información al respecto. Y del total de los casos en los que se conoce o se presume su autor, el 71,6% se atribuye a grupos paramilitares, el 19,1% a organismos estatales, y el 5,8% a la guerrilla. Con un menor procentaje están los casos presuntamente atribuidos a la delincuencia común y el empleador.

 

Los dos últimos casos de N. de Santander

 

El primer caso ocurrió el 4 de diciembre en Cúcuta, donde fue ultimado de un balazo en el pecho Carlos Edmundo Garcíaherreros, recién nombrado directivo de Fenaser en este departamento, y docente de las universidades Libre y Simón Bolívar de Cúcuta.

 

Las autoridades dijeron en una primera versión de los hechos que el móvil fue el robo de un reloj, versión que puso en duda Raúl Gómez, presidente de Fenaser Seccional N. de Santander, sobre todo teniendo en cuenta que hay un runrún rodando en la zona en el sentido de que hay un listado de sindicalistas que van a ser asesinados por los paramilitares.

 

El segundo caso ocurrió dos días después del anterior, el de diciembre, en el municipio de Sardinata. La víctima fue identificada como Pedro Alejandrino Camperos, presidente de la subdirectiva del sindicato Sindenorte en Sardinata, filial de Fenaser.

 

Según Raúl Gómez, Camperos era una persona muy conocida en esta municipalidad, donde, aparte de ser funcionario de la Alcaldía, integraba un grupo mariachi. Precisamente ese fue el señuelo que utilizaron para asesinarlo: lo convocaron a prestar un servicio musical en las afueras de la ciudad, donde fue atacado el vehículo en el que se movilizaba su grupo. En el abaleo también resultó muerto otro compañero mariachi y herido el conductor del vehículo.

 

Otros casos graves

 

Algunos casos que consideramos graves, y que muestran la dificultad para ejercer la actividad sindical, son:

 

Entre julio de 2012 y enero de 2013, el presidente y el tesorero de la Junta Directiva Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Carbón (Sintracarbon), recibieron amenazas extendidas contra sus familias. Ocurrió mientras los dirigentes integraban la comisión que representó al sindicato en la negociación colectiva con la empresa Carbones del Cerrejón Limited. Según lo denunció pubolicamente el sindicato, estas amenazas tenían como objetivo limitar las acciones de Sintracarbón frente a sus reivindicaciones por la defensa de los derechos de los trabajadores y el desarrollo de la región. Solicitaron medidas de protección, pero nunca obtuvieron una respuesta oportuna, coherente y eficaz frente a sus necesidades particulares.

 

Otro escenario hostil contra el sindicalismo es la industria azucarera, en particular el Ingenio La Cabaña, que se opone a la formalización de sus relaciones laborales y contunúa vinculando trabajadores mediante contratistas. Además se negó a reconocer la seccional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (Sintrainagro) y a discutir el pliego de peticiones presentado por éste en diciembre de 2012. El 3 de enero de 2013 este ingenio despidió a 86 trabajadores, incluida la junta directiva del sindicato, y varios trabajadores sindicalizados recibieron, extensivas a su familia. Y el 28 del mismo mes Juan Carlos Pérez Muñoz, activista sindical, fue asesinado en el municipio de Corinto, Cauca .

 

Otra dimensión de la violencia antisindical que reviste particular gravedad, son las agresiones contra mujeres sindicalistas. Trabajadoras y dirigentes son víctimas de amenazas y desplazamientos forzados que buscan atacar sus liderazgos, sus condiciones propias de mujeres, entre ellas el rol de protección a la familia. Así lo ilustra la experiencia sufrida por la presidenta de la Asociación Santandereana de Servidores Públicos (Astdemp), quien desde el 2004 ha sido agredida en forma permanente. En abril de 2013 fue dejado en la sede del sindicato un sobre con un mensaje en la que la declararon objetivo militar y enemiga pública. Además le enviaron dos muñecas, cada una con el nombre de sus hijas, una de ellas sin un brazo y la otra sin una pierna, salpicadas de esmalte rojo en el rostro y el cuerpo. La amenaza estaba firmada por el Comando Urbano de los Rastrojos .

 

Las vidas perdidas, libertades y derechos restringidos a los sindicatos en este 2023, muestran que la violencia sigue siendo una práctica antisindical que impide la concreción efectiva del derecho de asociación sindical, la dignificación del trabajo, y priva a la sociedad de tener al sindicalismo como un actor fundamental que construye democracia.

 

 

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Una mirada a la Política Pública de Trabajo Decente en Bogotá

El mercado laboral y la regulación de las condiciones del empleo son temas tradicionalmente asumidos desde políticas macroeconómicas del orden nacional, e incluso internacional. Pero en los últimos años, tras los procesos de transformación que han tenido nuestras grandes ciudades, la perspectiva local ha empezado a tener relevancia en la generación del empleo y la regulación laboral, bajo los parámetros que la OIT llama Trabajo Decente.

 

Cada vez el papel de los gobiernos locales, aunque limitado, es más importante en la definición y generación de políticas de trabajo decente. Es el caso de Bogotá, ciudad que, al igual que Medellín en Colombia, le ha apostado al diseño y puesta en marcha de una Política Pública de Trabajo Decente (PPTD), la cual quedó incluida en el Plan de Desarrollo Bogotá Humana como un objetivo transversal que involucra a toda la sociedad; una "herramienta" que permite a los bogotanos exigir derechos fundamentales en el campo laboral.

 

Si bien Bogotá muestra mejores índices laborales que el resto de ciudades del país, especialmente en los últimos 3 años, y ha construido además una red de protecciones sociales que le han permitido reducir de manera importante los niveles de pobreza, sigue manteniendo un alto déficit de trabajo decente. Está generando más empleo, pero la calidad de éste deja mucho qué desear.

 

El DANE nos informa que la tasa de ocupación en Bogotá pasó de 58.9% en 2008, a 65,2% en 2012; y la tasa de desempleo fue de 9.5% en este último año, cuando en 2009 fue del 11.5%. Por otra parte, las relaciones laborales son de poca duración y para amplios sectores de la población existe un flujo constante entre la formalidad e informalidad. Ésta, pese a que su tasa es la más baja del país, en Bogotá sigue en el 46%; problema difícil de combatir por ser estructural, desde hace más de 15 años las tasas de informalidad se mantienen entre el 43% y el 47%.

 

Adicionalmente, el 19.9% de los jóvenes hacen parte de la franja conocida como Ni-Ni: ni estudian ni trabajan, cifra preocupante, pues estos Ni-Ni se convierten en caldo de cultivo de acciones delincuenciales y otros fenómenos que repercuten negativamente en la ciudad. La tasa de trabajo infantil también es alta: 7.5%, así esté por debajo del promedio nacional.

 

Otros datos que ilustran el déficit de trabajo decente en Bogotá son la discriminación por género y la brecha salarial entre hombres y mujeres que desempeñan idénticas labores, que es del 19% a favor de los hombres; el 61% de las personas ocupadas tiene jornada laboral por encima de las 48 horas semanales que establece el Código Sustantivo del Trabajo; solo el 42% de la población ocupada cotiza a un fondo de pensiones; y solo el 2.7% de la población ocupada está afiliada a un sindicato.

 

Para responder a estos desafíos, las acciones de la PPTD para en Bogotá se inscribe en 4 ejes u objetivos estratégicos: oportunidades de empleo y mejores ingresos, respeto de los derechos fundamentales, seguridad social, y diálogo social tripartito.

 

Mejorar el empleo y los ingresos

 

Según Alfredo Bateman, Subsecretario de Desarrollo Económico y funcionario encargado de poner en ejecución la PPTD, un frente estratégico para elevar la calidad del empleo es la inversión en educación, en inteligencia humana.

 

"El desarrollo de la economía, cada vez más de servicios, de ideas y no simplemente de fuerza laboral, hacen que el factor determinante para la generación de Trabajo Decente en el futuro sea la inversión en educación", explicó, y en ese sentido destacó los logros de la Administración Distrital en esa materia. Señaló como meta pasar de 35 a 40 horas en los colegios públicos, para así cerrar la brecha con los colegios privados y el acceso a la educación media y universitaria.

En cuanto a la generación de empleo, destacó el apoyo del Distrito a la llamada "Economía Popular", o sea el tejido microempresarial de la ciudad: empresas de menos de 10 trabajadores, cuyos dueños en muchas de ellas son también trabajadores, y el trabajo cuenta propia, tejido que en Bogotá representa el 62% del empleo total. En su concepto, el trabajo en las microempresas es precario no tanto porque sea costoso sino porque éstas generan muy pocos ingresos.

 

También identificó como una necesidad urgente la creación del Servicio Público de Empleo. "Bogotá hace un montón de acciones en intermediación laboral y formación para el trabajo, pero sin mayor impacto porque están desarticuladas. El Servicio Público de Empleo sería el instrumento que articule todas las ofertas institucionales, y se las muestre a la ciudadanía de una manera correcta", dice Bateman.

 

Asimismo relievó los logros del programa "Pactos Sectoriales por el Trabajo Decente", que es una estrategia para generar empleo juvenil en condiciones de Trabajo Decente, la cual, pese a ser aún marginal en términos de impacto, puede ser importante a futuro. Es un caso concreto de articulación del sector privado, el Distrito, el gobierno nacional y los empresarios en torno a la generación de Trabajo Decente.

 

La idea con esta estrategia es superar la formación para el trabajo que muchas veces no tiene mayor impacto ni pertinencia. El Distrito gasta anualmente unos $50 mil millones en formación para el trabajo, que después no se concreta en enganches efectivos. "La meta a 4 años es lograr 2 mil enganches, lo que es ínfimo en una ciudad que tiene 400 mil desempleados. Pero si reorientamos los programas de formación y los articulamos con el Servicio Público de Empleo, podríamos tener unos 20 mil enganches en condiciones de Trabajo Decente, lo cual sí es significativo", señaló Bateman.

 

El Pacto Motor, por ejemplo, el primero que se ha implementado en la ciudad con carácter de programa piloto, ya ha beneficiado a 150 jóvenes de escasos recursos, quienes se capacitaron en los talleres de la Fundación Juan Bosco y fueron luego enganchados por empresas del sector automotriz.

 

Por otra parte, la contratación estatal también puede ser un incentivo para que los contratistas del Distrito ofrezcan empleo con las debidas garantías de protección social. "Podemos utilizar la contratación para contribuir a la economía, pero también para generar trabajo decente. Si no articulamos bien esos dos objetivos terminamos escogiendo uno de los dos. Si pongo como condición a los contratistas operar bajo las normas del trabajo decente, algunos podrán acceder, otros no. Se trata de un escalonamiento", dice Bateman.

 

Respeto a los derechos fundamentales en el trabajo

 

Los bajos niveles de acceso y cobertura a los sistemas de protección social configuran restricción de los derechos de las personas. Dado el bajo nivel de acceso y cobertura de los sistemas de protección social, es necesario, según Bateman, fortalecer los instrumentos de inspección, vigilancia y control, como un instrumento fundamental para evitar que los empleadores violen tales derechos. Para esta tarea el Distrito debe generar alianzas con el Ministerio de Trabajo, que es el que tiene la competencia para ejercer dicho control y vigilancia, lo mismo que avanzar en convenios con la OIT.

 

"Incluso podríamos empezar a plantear el debate sobre la conveniencia de que la inspección laboral también sea asunto del resorte de los gobiernos locales", señaló el funcionario.

 

Y en el plano simbólico, es importante hacer reconocimiento y visibilizar aquellas empresas y empleadores que tengan buenas prácticas y cumplan adecuadamente los derechos laborales y respeten el derecho de asociación y negociación colectiva. "Sería interesante la creación de un sello que permite identificar esas empresas", dijo Bateman, para quien el Distrito debe también apoyar campañas de promoción del trabajo decente.

 

Diálogo social y tripartismo

 

Un dato preocupante en Bogotá es su tasa de sindicalización extremadamente baja: solo el 2.7%, lo que configura una inmensa desprotección colectiva del trabajo.

 

"Es un problema que la PPTD debe atacar de frente, porque la problemática asociada al déficit de diálogo social tiene un decisivo impacto en los otros déficit", opinó Alfredo Bateman.

 

"Tenemos que cambiar el imaginario social que hay con relación al sindicalismo. En eso todos tenemos que poner de nuestra parte, incluidos los sindicatos, que tienen a su vez unos compromisos y retos frente a esta política pública de Trabajo Decente", agregó el funcionario, quien además señaló la conveniencia de hacer campañas masivas en medios de comunicación sobre la importancia de la afiliación sindical.

 

Estimó, asimismo, la necesidad de fortalecer los espacios tripartitos existentes, como la Subcomisión de Concertación Políticas Salariales y Laborales, y los espacios de discusión con los sindicatos del Distrito, dándoles relevancia en la toma de decisiones.

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Jueves, 05 Diciembre 2013 17:57

El salario mínimo no es como lo pintan

El salario mínimo no es como lo pintan

El incremento del salario mínimo en Colombia tiene un impacto que va más allá de los trabajadores que devengan este salario, que apenas representan el 11% de la población ocupada asalariada .

 

Como en Colombia hay tan poca negociación colectiva, muy pocos trabajadores tienen la capacidad real de negociar sus condiciones de trabajo y empleo, por lo que el incremento del salario mínimo se convierte en un referente obligado para definir los incrementos salariales en cada una de las unidades de trabajo en las que no existe sindicato. Este es un factor que explica la resistencia y la campaña ideológica de los gremios empresariales en contra de incrementos significativos del salario mínimo.

 

En efecto, en 2012 se encontraban vigentes únicamente 1.852 convenios colectivos de trabajo, que beneficiaban apenas a 445.686 trabajadores e implicaban a sólo 1.121 empresas. Sin embargo, no en todos estos convenios los trabajadores intervienen con autonomía y capacidad real de incidir en la definición de la política salarial de las empresas, pues en el caso de los pactos colectivos y los contratos sindicales, que juntos representan el 62% del total, estos convenios son impuestos de manera unilateral por los empleadores.

 

La realidad es que sólo con las convenciones colectivas y a través de los sindicatos, los trabajadores tienen capacidad de incidir en la política salarial de las empresas, pero en Colombia hay muy poco sindicalismo y los trabajadores sindicalizados que negocian convenios colectivos son apenas 187.968, o el 2% de la población ocupada asalariada .

 

Así que en ausencia de sindicatos, los incrementos salariales van a depender, por una parte, de la capacidad de las empresas para asumir mayores costos; de otra, de la buena o mala voluntad de la patronal para reconocer una mayor participación de los trabajadores en la distribución de la riqueza que se genera a través del trabajo; y finalmente, del incremento que se pacte en la mesa de concertación del salario mínimo. O el incremento que defina el Gobierno por decreto en ausencia de concertación.

 

Distribución de la población ocupada según rangos de ingresos salariales (%)

Rangos de ingresos laborales              Participación en el total (%)Acumulado %
Cero ingresos7.47.4
Entre 0 y menos 0.5 smmlv 21.9 29.3
Entre 0.5 y menos 1 smmlv25.855.1
Entre 1 y menos 1.5 smmlv22.777.8
1.5 smmlv y en adelante22.2100
Ingreso promedio  

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares, DANE. 2012

 

Así que tanto los trabajadores que devengan menos de un mínimo (el 55.1% de la población ocupada según el DANE), como los que están por encima del mínimo, tienen una expectativa válida en relación con el resultado de la concertación del salario mínimo. No es casual entonces que las organizaciones gremiales de los empleadores: ANDI, FENALCO, ACOPI, la SAC, FEDEGÄN, la ASOBANCARIA, entre otras, intervengan con tanto interés en este proceso, pues el resultado final de la concertación de todas maneras va a incidir en las políticas salariales de sus afiliados.

 

Pongamos por caso el gremio ganadero, cuya mayoría de integrantes no paga salario mínimo, ni seguridad social (salud, riesgos laborales y pensiones) , y que sólo reconoce remuneración por los días trabajados. El año entrante se verán obligados a reconocer lo que pagan hoy, más un incremento que necesariamente toma como referencia el incremento del mínimo.

 

Lo mismo vale para los millones de personas que trabajan en el comercio, en bares y restaurantes, principalmente en la mayoría de municipios y pequeñas poblaciones donde el Estado, a través de los inspectores del trabajo, está totalmente ausente. Muchas de estas personas, quienes no ganan siquiera un mínimo, se van a beneficiar de lo que se pacte en este proceso de concertación. También para las trabajadoras domésticas, que en su mayoría trabajan por días, la remuneración se define casi siempre por el salario mínimo, más un valor adicional que se supone representa una proporción del valor de las prestaciones que no se les reconocen de manera formal y legal. Y así en todas las demás divisiones y actividades económicas: en ausencia de sindicatos con capacidad de negociar la condiciones de remuneración y los incrementos salariales anuales, el incremento del salario mínimo va a marcar la pauta de todos los incrementos salariales.

 

Por eso en estos días los empleadores de todos los sectores, a través de sus gremios y sus ONG, y los medios de comunicación en los que pautan todo el año, descargan toda una artillería de "argumentos" para oponerse a un incremento del mínimo que de verdad mejore calidad de vida y distribución del ingreso, argumentos que tienen más una razón ideológica que real. Veamos algunos:

 

Primero, nos dicen que debemos tener en cuenta el incremento de la productividad del país, sin que haya habido deliberación pública alguna sobre este factor, ni construcción de consensos sobre la forma cómo debe medirse.

 

Segundo, afirman que incrementos significativos del salario mínimo (dos o más puntos por encima de la inflación causada, más otros puntos por productividad) no permiten formalizar el empleo. Pero no dicen nada acerca de las condiciones que las grandes empresas les imponen a las pequeñas y micro empresas, que no les dejan margen alguno para que sean competitivas y sostenibles, una situación que en la mayoría de los casos no les permite siquiera pagar el mínimo, y que es la causa principal de la alta informalidad que se presenta en estas empresas.

 

Tercero, nos dicen que un mínimo alto estimula el desempleo y la inflación, en contra de la evidencia internacional, y de la misma Colombia. Países de la región como Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y otros, en la última década han tenido incrementos del salario mínimo muy superiores a la inflación, con tasas de desempleo decrecientes y menores a un dígito.

 

Cuarto, nos dicen que en Colombia el salario mínimo está muy cerca del salario promedio, pero no reconocen que en general los salarios en Colombia son muy bajos, y que el salario promedio es tan bajo que cada vez está más cerca del salario mínimo. Entre otras razones por el poco sindicalismo que tenemos, pues los trabajadores no tienen la fuerza necesaria para imponer otra política salarial (ver tabla).

 

Quinto, no reconocen que Colombia es una de las naciones con la peor distribución del ingreso, la tercera más desigual de América Latina después de Honduras y Haití, como resultado, entre otros, de los malos salarios que predominan en la economía.

 

Y finalmente, no reconocen que mejorar los ingresos de los trabajadores es un factor esencial, tal vez el más importante, en el crecimiento de la economía, por el impacto que el consumo de los hogares tiene en el Producto interno Bruto: 61%. Por tal razón mejorar ingresos salariales significa garantizar un mercado interno que asegure mayor estabilidad económica y menor incidencia de las crisis externas.

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Colombia dista mucho de cumplir en materia de libertad sindical

Los trabajadores colombianos representados por las Centrales obreras, CUT, CGT y CTC, en conjunto con las Federaciones Sindicales Internacionales, reunidos en la ciudad de Medellín en el marco de la XVIII Conferencia Iberoamericana de Ministros de Trabajo, convocados además por la Confederación Sindical de las Américas CSA, manifestamos que contrario a lo que presenta el Gobierno Colombiano a nivel nacional e internacional, COLOMBIA DISTA MUCHO DE CUMPLIR EN MATERIA DE LIBERTAD SINDICAL Entre otras por las siguientes razones:

 

1- Colombia continúa siendo uno de los países más peligrosos del mundo para el ejercicio de la actividad sindical, no solo por los 23 asesinatos y más de 437 amenazas a los sindicalistas en el 2013, sino por la política antisindical que practican gobierno y empresarios, que hacen casi imposible la creación de sindicatos o el crecimiento y fortalecimiento de los mismos.

 

2- Las recomendaciones de la OIT y los compromisos firmados por el Gobierno Colombiano para el logro de la ratificación de diversos tratados comerciales, han sido letra muerta, pues en nada se han cumplido las primeras o desarrollado los segundos. El gobierno y los empresarios continúa evadiendo reiteradamente la contratación directa recurriendo a diversas fórmulas de tercerización o intermediación laboral como las Cooperativas de Trabajo Asociado -CTA-, las cuales siguen existiendo e intermediando relaciones laborales; la utilización de contratistas para labores misionales; las empresas de empleo temporal y el outsourcing, entre otras.

 

3- Aún más condenable es la práctica de transformar las CTA en Sociedades Comerciales denominadas SAS: Sociedades por Acciones Simplificadas; o la de trasformar las mismas CTA o las SAS en falsos sindicatos creados por las mismas empresas, firmando falsos contratos sindicales para dar la imagen no solo de libertad sindical, sino de paso negar la posibilidad de la negociación colectiva. En 2011 existían 57.710 SAS y en 2012 ya se habían creado 64.421. Lo anterior significan que se crean alrededor de 559 SAS cada mes.

 

4- A pesar de la firma del acuerdo con el sector público por parte del gobierno, la cobertura de la negociación colectiva se mantiene en cifras inferiores al nivel del 4% de membrecía sindical, por la negativa de funcionarios públicos y empresarios privadosa la negociación de los pliegos presentados por los sindicatos, la presentación de contra-pliegos, las presentación de planes individuales de beneficios, los pactos colectivos impuestos por los empresarios o simplemente la negación a cualquier intento de organización de los trabajadores. De los 1244 convenios colectivos firmados en 2012 el 57.4% correspondía Contratos Sindicales, 17.6% a pactos Colectivos y apenas un 25% a Convenciones Colectivas.

 

5- A lo anterior se suma el hecho de que numerosas veces, avalados por decisiones judiciales, se desconocen derechos sindicales y revocan pronunciamientos de tribunales, se levantan fueros y criminalizan la protesta sindical y social, desconociendo los mecanismo legítimos de acción sindical como la movilización, protesta y huelga, con normas como la ley 1253 de 2011.

 

6- La impunidad en los asesinatos contra cerca de 3.000 sindicalistas asesinados en los últimos 20 años, sigue siendo superior al 94% en casos de homicidios y 99% en casos de amenaza. Si bien el índice de asesinatos ha disminuido en los últimos años, las amenazas y acciones en contra de los sindicalistas se han incrementados notoriamente, constituyendo todo una situación de persecución al movimiento sindical que se ve reflejada en apenas el 4.6% de afiliación sindical y una cobertura de negociación colectiva que en 2012 no benefició a más de 287. Sumado a las violaciones a los derechos humanos de los sindicalistas expresados en desplazamientos, desapariciones y homicidios, razón por la cual estamos por una salida política al conflicto armado y la reparación de las víctimas y al movimiento sindical.

 

7- Los índices de informalidad que en la práctica son superiores al 68%, subempleo de más del 32% y desempleo de más del 10.4%, reflejan la precariedad del empleo en Colombia, siendo además el país con más alto índice de desempleo en todo el continente en comparación con el índice promedio de América Latina, que se sitúa en el 6.5 %. Además el país figura como el segundo más desigual del continente.


Este acumulado de situaciones se origina indiscutiblemente en la aplicación de las políticas del gobierno fundamentadas en el Consenso de Washington, el libre comercio, la libre circulación de capitales y la precarización laboral, entre otras.


Todo lo anterior hace más que justa nuestra exigencia al Gobierno Colombiano y a la Organización de Estados Americanos (OEA) de garantizar el respeto a la libertad sindical, la negociación colectiva y el empleo decente, todo lo cual tiene como eje fundamental la lucha por la formalización, contra la tercerización y precarización laboral.


Medellín, Colombia, noviembre 11 de 2013.

 

LUIS ALEJANDRO PEDRAZA Presidente CUT
JULIO ROBERTO GOMEZ ESGUERRA Presidente CGT
MIGUEL MORANTES ALFONSO Presidente CTC

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"50 Años de Diálogo Interamericano para la Promoción de la Justicia Social y el Trabajo Decente: Avances y Desafíos hacia el Desarrollo Sostenible"

DECLARACIÓN CONJUNTA CSA-COSATE

 

El movimiento sindical de las Américas, representado por su organización continental, la Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de las Américas (CSA) y el Consejo Sindical de Asesoramiento Técnico (COSATE), con la participación de las Federaciones Sindicales Internacionales (FSI) , reunido en ciudad de Medellín, Colombia, el día 10 de noviembre de 2013, para debatir sobre la situación de los y las trabajadores de las Américas adopta esta Declaración ante la XVIII Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo.

 

Saludamos la realización de esta Conferencia histórica que marca el quincuagésimo aniversario de la CIMT. En este evento que se realiza bajo la consigna de "50 Años‬de Diálogo Interamericano para la Promoción de la Justicia Social y el Trabajo Decente: Avances y Desafíos hacia el Desarrollo Sostenible", reafirmamos nuestra lucha constante por el ejercicio pleno de la libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva, a la movilización y la huelga, así como nuestro compromiso con los principios de solidaridad y cooperación, el tripartismo como método de consolidación de la democracia, la justicia social, los derechos humanos, los derechos laborales y el desarrollo sustentable.
La región ha sufrido de forma diferenciada los impactos de la crisis mundial iniciada en 2007. La crisis financiera y económica, sin lugar a dudas, ha impactado con mucha más fuerza en las economías de la región dependientes del mercado estadounidense. Algunos países de la región han logrado relativamente mantener un ritmo de crecimiento constante y acelerado, mientras otros recientemente empiezan a mostrar mejorías en los resultados económicos.


La opción de América Latina y Caribe, por la integración regional, las políticas aplicadas, en algunos países, de aumentos de los salarios mínimos nacionales, los varios programas de transferencia de ingresos y las inversiones en infraestructura pueden explicar los resultados socio económicos más positivos. Una economía centrada en el fortalecimiento del rol del Estado, con apoyo al sector productivo de la economía y con ampliación de la base salarial de los trabajadores y de las trabajadoras, ha mostrado ser una vía positiva que promueve el crecimiento económico con una mayor distribución del ingreso. Respaldamos las orientaciones de los gobiernos que impulsan estas políticas.
Los efectos del modelo neoliberal desregulador, aperturista, concentrador y extractivista han producido un daño estructural,social, ambiental y económico muy profundo que acarrea mucho sufrimiento a nuestros pueblos y en particular a las/los trabajadores/as; con déficit de los sistemas de protección y seguridad social integrales, con la precariedad del trabajo y de los derechos laborales individuales y colectivos, que han afectado el ejercicio pleno de las libertades sindicales y los derechos de negociación colectiva y huelga. En este contexto, es especialmente preocupante, por su gran vulnerabilidad, la situación de los y las jóvenes, las mujeres trabajadoras, personas con capacidades diferentes, trabajadores/as del campo y los/las migrantes.


El trabajo infantil es un flagelo potencialmente creciente en nuestros países. Ratificamos nuestro compromiso para su erradicación y denunciaremos en forma permanente los riesgos que enfrentan los niños y niñas, tales como, el trabajo doméstico sin pago, la prostitución y todo tipo de explotación de los menores.


En la misma medida las políticas de ajuste estructural del Estado, impulsadas por el modelo, dejaron un gran déficit para los trabajadores públicos, ocasionando gran pérdida de puestos de trabajo, liquidación de sindicatos de trabajadores del sector y una constante violación a los derechos de libertad sindical y negociación colectiva por parte de varios países.


El desempleo juvenil es un tema central para trabajadoras y trabajadores de las Américas. Los Estados deben adoptar e implementarpolíticas para proteger el derecho de las personas jóvenes a condiciones de trabajo dignas y favorables, incluyendo remuneraciones justas, seguridad social y libertad sindical. Se deben adoptar medidas para combatir la explotación cumpliendo con los instrumentos internacionales pertinentes. Los/as jóvenes deben tener acceso al trabajo decente como una prioridad de desarrollo nacional y de las políticas de empleo.
La insistencia en el modelo de desregulación de la economía, la liberalización financiera y comercial, los efectos de los tratados de libre comercio, son las raíces de la actual crisis, ciertamente han generado y generan más problemas económicos y sociales, con consecuencias drásticas para la clase trabajadora y los más pobres. Revertir las medidas y políticas que nos condujeron a una situación explosiva, es fundamental para viabilizar la construcción de alternativas de desarrollo económico en que el dinamismo y la sostenibilidad convivan con el crecimiento y el respeto al desarrollo sustentable.


Expectativas ante los cambios en la Secretaria de Desarrollo Integral (SDI) – OEA

En relación a los recientes cambios de estructura de la SDI- OEA, donde el área de empleo pasa a integrar el Departamento de Desarrollo Humano y Educación, hacemos votos para que ello implique mayor impulso y dinamismo para los temas que desarrolla la CIMT y estando todos los temas vinculados de manera integrada, sea materia de coordinación entre las actuales áreas, por lo que solicitamos mayor efectividad a los planes de acción que se adopten.


Por ello es un tema esencial para COSATE la garantía de participación en todas las actividades. Demandamos el compromiso de la OEA-CIMT y de los gobiernos nacionales de garantizar la asignación de los recursos para la participación sustantiva de sus miembros, en las conferencias, entre conferencias y en todas las actividades convocadas por la OEA.

 

El Desarrollo Sustentable como pilar fundamental para la superación definitiva de las múltiples crisis.

 

La búsqueda de este modelo nos coloca ante el desafío de contribuir no sólo para que sea superada la situación existente, para llevar a cabo acciones demediano y largo plazo que resuelvan el histórico cuadro de injusticia social e inequidad ennuestros países.


El desarrollo sustentable –que debe ser firmemente basado en sus pilares económico, político, medio ambiental y social- solo se da en un marco en el que se reconozcan plenamente los principios de democracia representativa y participativa, soberanía, Estado de Derecho y una economía que crezca respetando los derechos sociales y laborales de los trabajadores y de las trabajadoras.


La superación de las crisis generadas por el modelo neoliberal y el gran capital transnacional solo será viable cuando los gobiernos de la región se comprometan con el desarrollo sustentable en todas las esferas pertinentes de decisión y acción gubernamental. Se debe profundizar la cooperación y la coordinación entre las autoridades encargadas del trabajo y sus homólogos en diferentes ámbitos, incluidas las finanzas, el comercio, la educación, la salud, la planificación, el medio ambiente y el desarrollo económico y social.


Es necesario contar con políticas e instituciones que generen trabajo decente, empleo formal con derechos laborales, garantías para la negociación colectiva y la libertad sindical, seguridad social para todos y todas, así como un verdadero diálogo social.


Los/as trabajadores/as apoyamos el dialogo social, esperamos resultados reales con políticas de estímulo y fomento al diálogo social. Estos contenidos esenciales ya están en la Agenda de Trabajo Decente adoptada en la OIT bajo el compromiso de todos los Estados miembros. Si realmente nuestras naciones desean generar no sólo crecimiento económico, sino construir sociedades menos desiguales y más incluyentes, deben dar un giro del modelo que condujo al actual estado de cosas. Los Estados deben crear las condiciones legislativas y administrativas para ello, adoptando políticas públicas para la generación de trabajo decente.


La propuesta sindical hacia un nuevo modelo de desarrollo: la Plataforma de Desarrollo de las Américas


En el marco de la Plataforma de Desarrollo de las Américas (PLADA), que está siendo elaborada por la CSA, la noción de Desarrollo

Sustentable aparece como una alternativa que se enfrenta a la matriz de pensamiento neoliberal; una forma de comprender y organizar los aspectos esenciales de la vida social desde una nueva lógica; una respuesta construida por y para las mayorías populares. Las condiciones están dadas para el lanzamiento de una nueva agenda del desarrollo sustentable para la autodeterminación de los pueblos y de los Estados; un instrumento de acción para dar igualdad sustantiva a los/as desiguales.


La visión del Desarrollo que se construye desdelos sindicatos se erige sobre los pilares del trabajo digno y decente; la distribución justa de la riqueza; la democracia participativa; la igualdad y paridad entre géneros; la protección e inclusión social, inter-generacional y ambiental de todos y todas, integrando así todas las dimensiones.


Sólo así se podrá garantizar que las conquistas de los/as trabajadores/as perduren mediante su profundización e institucionalización. Uno de los desafíos del Siglo XXI es la consolidación de mecanismos para garantizar que sean los pueblos y no las corporaciones y firmas transnacionales quienes fijen el rumbo social y político en el continente. El esfuerzo conjunto deberá orientarse a cimentar alianzas sociales genuinas que confluyan en una agenda contra-hegemónica del desarrollo capaz de contener y articular todas las voces.


El desarrollo sustentable y el trabajo decente como respuesta a la informalidad y la precariedad laboral.


En 2012 la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a través de su "Informe Panorama Laboral de las Américas", divulgó preocupantes números sobre los niveles de informalidad en la región. Un 47,7% de la población ocupada está en la informalidad, lo que profundiza las desigualdades, con menos oportunidades de empleos formales para mujeres y para los jóvenes. El 30% promedio del sector informal en la región se halla dentro del sector formal de la economía, incluyendo la situación generada por la Empresas Transnacionales y sus cadenas de valor.


Más alláde la magnitud cuantitativa del problema, nos alarman las implicaciones sobre la vulnerabilidad de trabajadoras y trabajadores y sus familias, los ingresos de la población y su distribución y, lo que es más inquietante, los costos sociales por el aumento de adultos mayores sin ningún tipo de ingresos ni cobertura en salud y protección social.


Lo que tenemos es un fenómeno complejo y de características heterogéneas. No existe una sola fórmula de solución a este grave problema. La principal causa que determina los niveles de informalidad en el mundo del trabajo es la falta de igualdad de oportunidades, como también la ausencia de un papel más activo del Estado con justicia social.


Para la superación de este escenario crítico demandamos políticas públicas que estimulen la formalización, que concilien la protección necesaria e indiscutible para trabajadoras y trabajadores con las necesidades de organización de la producción, libertad sindical, huelga, negociación colectiva y cumplimiento de las obligaciones de la normativa laboral y convencional de cada país.


No aceptamos la subcontratación, ni la tercerización porque son formas de fraude al sistema de relaciones laborales, que alienta la evasión de las responsabilidades de los empleadores con consecuencias negativas para los trabajadores y trabajadoras subcontratados, que quedan sin protección de sus derechos.

La lucha contra la Acción de Violencia Antisindical


En el 50 aniversario de la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo, nos parece fundamental reafirmar que en las Américas siguen registrándose casos de violencia contra dirigentes sindicales y sus organizaciones.


Colombia es uno de los países más peligroso del mundo para ejercer la actividad sindical. Más del 60% de los sindicalistas asesinados en el mundo son colombianos. A estas muertes súmanse numerosos actos de tortura, secuestros, allanamientos y amenazas de muerte, que han creado una cultura de miedo y persecución sindical de violencia.


A pesar que se han creado unidades y comités especiales para investigar los asesinatos, estas entidades arrojan muy pocos resultados. En el 95% de los casos los autores gozan de impunidad y los asesinatos continúan. Situación compleja también viven los/as trabajadores/as del campo, que sufren violencia y desplazamiento, producto del conflicto armado. La violencia también se expresa en la liquidación de los sindicatos y la destrucción de la negociación colectiva.


Guatemala padece un cuadro similar de violencia antisindical. En el último año, 25 dirigentes sindicales han sido asesinados. El casi 100% de los crímenes permanecen en la impunidad. La violación a los derechos de libertad sindical, negociación colectiva y huelga persiste. Respecto de Paraguay nos preocupa también la campaña antisindical y de represión a la lucha social que ha instaurado el nuevo gobierno. Igualmente llamamos la atención sobre la grave situación en el Perú, en donde por medio de leyes y medidas gubernamentales se niegan derechos de negociación colectiva y estabilidad laboral de los/as trabajadores/as.


El movimiento sindical internacional y las familias de las víctimas de la violencia antisindical quieren que estos casos sean investigados y los culpables debidamente castigados, incluyendo la reparación colectiva como acto de justicia.


Otro tipo de violencia que expresamente condenamos es la situación de las mujeres que viven la intimidación, desplazamiento, trata y otros graves problemas como lo es la violencia de génerocon una alta tasa de feminicidio. Rechazamos todo tipo de violencia y acoso contra las mujeres en los ámbitos político, social y laboral.


Para finalizar, queremos reafirmar nuestras demandas específicas frente a las cuales se requiere un papel activo de los Ministerios de Trabajo y de los gobiernos, para garantizar:


1. La plena garantía para el ejercicio de la Libertad Sindical en nuestros países.


2. El reconocimiento y promoción del derecho a la negociación colectiva para todos/as los trabajadores/as. Ratificación e implementación de los Convenios 87, 98, 135, 151 y 154.


3. Respeto al Derecho de movilización y de Huelga.


4. El fin de la violencia antisindical y de la impunidad de los crímenes contra sindicalistas,
5. El combate a todas las prácticas de precarización laboral como: la tercerización, la subcontratación, los contratos de protección laboral, las cooperativas de trabajo asociado y el solidarismo, entre otras.


Como respuesta del movimiento sindical de las Américas a la situación anteriormente descrita, la CSA, sus centrales sindicales afiliadas, conjuntamente con las Federaciones Sindicales Internacionales, implementan la Campaña Continental sobre Libertad Sindical, Negociación Colectiva y Autorreforma Sindical, para generar respuestas frente a los gobiernos, operadores de justicia y otros ámbitos institucionales.
Con ocasión de la 50 CIMT en Medellín, Colombia, el movimiento sindical de las Américas, respalda la salida política al conflicto colombiano, que ponga fin a la guerra y a la carrera armamentista, para que se concrete una paz con democracia.


Agradecemos la oportunidad de seguir contribuyendo al proceso de consolidación del sistema interamericano del trabajo y hacemos votos porque el mismo avance en el sentido de favorecer la adopción de políticas que permitan consolidar una región cada vez más inclusiva, social y económicamente, con más dialogo social real y efectivo y paz para nuestros pueblos.


Medellín, 10 de noviembre de 2013

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Pese a lo que haga o diga el Gobierno, la intermediación laboral está más viva que nunca

A finales de diciembre de 2010 se expidió la Ley 1429 (reglamentada seis meses después por el Decreto 2025) que prohíbe la contratación de actividades misionales permanentes de empresas o entidades públicas por medio de cooperativas de trabajo asociado (CTA), o “bajo otra modalidad de vinculación que afecte los derechos constitucionales, legales y prestacionales consagrados en las normas laborales vigentes”.

 

Es decir, este marco regulatorio prohíbe la intermediación laboral para actividades misionales, sin importar la figura jurídica que tome la intermediación. El propósito entonces, o por lo menos así lo entendieron los más optimistas, era que las empresas y entidades vincularan directamente a los trabajadores.

 

Pero hoy, dos años después, tenemos que efectivamente disminuyó el número de CTA, pero aumentó dramáticamente el uso de otras figuras de intermediación laboral, como las Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS), los contratos sindicales, los contratos de prestación de servicios y las empresas de empleo temporal, que en muchos casos se usan para hacer lo mismo que hacían las CTA. Tampoco ha logrado niveles satisfactorios de formalización laboral, en particular en los sectores priorizados en el Plan de Acción que surgió del acuerdo Obama-Santos, previo a la aprobación del TLC con Estados Unidos.

 

Es claro entonces que el Ministerio del Trabajo no ha podido controlar estas nuevas formas de intermediación laboral, pese a que cuenta con las herramientas para hacerlo. El fenómeno sigue igual, o si se quiere peor que antes del Decreto 2025, norma que entre otras cosas estableció sanciones para el uso ilegal de las CTA, pero dejó sin regulación las otras figuras de intermediación laboral.


 
Y la inspección laboral al garete

 

La inspección que hace hoy el Ministerio adolece de serias fallas, va al garete de las necesidades del país en esta materia. Son demasiado lentos los procesos, poco fundamentados y no tienen la participación de los trabajadores y organizaciones sindicales afectadas.

 

Los inspectores de trabajo, en su gran mayoría, no están utilizando las nuevas herramientas creadas en el Plan de Acción, ni siquiera en los sectores priorizados. El éxito en la aplicación de este Plan, en la perspectiva de proteger efectiva y adecuadamente los derechos de los trabajadores, requiere la participación de empleadores y organizaciones sindicales, pero la participación de éstas últimas no se tiene en cuenta.

 

Tampoco se han tomado medidas para que los inspectores de trabajo se dediquen exclusivamente a la inspección laboral en los casos de intermediación. No existe un control estricto frente al uso de las SAS, empresas de servicios temporales, contratos sindicales y las otras formas de intermediación que reemplazaron a las CTA. En la mayoría de los casos (más del 90%) los inspectores continúan realizando actividades diferentes a la inspección y protección de derechos de los trabajadores.

 

Por otra parte, no existe información pública sobre el número de inspectores recientemente contratados exclusivamente para inspeccionar las SAS y otras empresas dedicadas a la intermediación, pese a estar plenamente identificadas. Como tampoco el gobierno ha cumplido con la obligación de realizar una amplia campaña de difusión sobre la prohibición de estas formas de tercerización o intermediación ilegal.

 

Según el boletín Nº7 del Ministerio de Trabajo (enero de 2013), en 2012 se sancionaron 231 CTA y precooperativas de trabajo asociado con multas equivalentes $11´779.539.200, por violación a derechos laborales, incumplimiento a requerimientos del Ministerio, evasión al sistema de seguridad social integral, entre otras razones. Este monto es mayor que todas las sanciones impuestas a empleadores en 2011, sin embargo no se tiene información de cuánto efectivamente ha recaudado el SENA, que es la entidad encargada de recaudar las multas. Al parecer el SENA tiene limitaciones para cobrar las multas, pues muchas veces, cuando le llega la resolución, la multa no se puede cobrar porque ha pasado mucho tiempo.

 

Asimismo, no hay datos sobre cuántos y cuáles trabajadores han sido formalizados en razón a dichas sanciones, ni dónde ni en qué condiciones laborales se han formalizado.

 

Es común que las empresas que son objeto de la sanción prefieren dejarse multar, incluso varias veces, antes que dejar de intermediar. Y si la sanción es la disolución de la empresa, quienes pierden son también los trabajadores, que se quedan sin empleo. Es el caso de la CTA Coonalvicol, que actuaba ilegalmente como intermediaria laboral en Antioquia. El Ministerio la multó en más de 2 ocasiones, pero siguió funcionando irregularmente hasta que finalmente optó por disolver la CTA, con lo cual los trabajadores de ésta quedaron sin empleo.

 

Pero el caso más común es que la CTA mute a otra figura (SAS, contrato sindical) con el fin de seguir intermediando con los mismos trabajadores.

 

Contratos sindicales y SAS

 

Particularmente grave es el aumento del uso de contratos sindicales, que pasaron de ser 165 en 2010 , a 723 en 2012 , sin que se conozcan sanciones por intermediación laboral ilegal con estas figuras.

 

Según información del Min-Trabajo, a diciembre de 2012 ya se habían creado 485 organizaciones sindicales nuevas, y se habían depositado 723 contratos sindicales, la inmensa mayoría en el sector salud. Esto se debe a que las CTA, que en virtud de la Ley 1438 de 2011 no pudieron seguir funcionando en el sector público de salud, mutaron a sindicatos para poder seguir prestando servicios tercerizados con los mismos trabajadores y los mismos directivos.

 

En efecto, las juntas directivas de estos falsos sindicatos son integradas por el antiguo consejo de administración de la CTA, por eso los trabajadores que aparecen como afiliados al sindicato creen que siguen en la cooperativa.

 

Del total de investigaciones que en 2012 realizó el Min-Trabajo por intermediación laboral ilegal, sólo en dos casos de contrato sindical hay decisión en firme, número ínfimo. En el caso de Antioquia hay por lo menos 20 sindicatos falsos en el sector de la salud, según lo denunció esta agencia de información a principios de 2013, los cuales siguen precarizando y tercerizando mano de obra indiscriminadamente, sin que hayan sido sancionadas.

 

Y por otro lado está el auge de las SAS, que son figuras de derecho comercial que carecen de control por parte del Ministerio de Trabajo y de la Superintendencia de Economía Solidaria, y que por lo mismo ponen a los trabajadores en condiciones más precarias que las que tenían cuando eran CTA.

 

Sólo dos SAS fueron sancionadas con multa por hacer intermediación laboral, lo cual es una situación preocupante. Un ejemplo es el sector portuario, donde las CTA desaparecieron para ser remplazadas por SAS; y no se conoce la vinculación directa de ningún trabajador por efecto de una sanción establecida en el Decreto 2025.

 

Crecen las empresas de empleo temporal

 

Y por otro lado está el incremento de empresas se servicios temporales de empleo (EST), que en 2012 crecieron 28% con respecto al

2011.
Se sabe que la mayoría de estas EST abusan de la figura del servicio temporal para mandar a las empresas trabajadores en misión permanente. Tal utilización indebida les acarrea multas, que sin embargo no satisfacen la protección de los derechos de los trabajadores, que deberían ser vinculados directamente por las empresas sancionadas, pero esto no sucede.

 

Hasta ahora no se ha expedido ninguna norma para evitar el abuso y la elusión de derechos laborales por parte de las EST, pese al compromiso del Gobierno de implementar un régimen preventivo, que incluye mejora del proceso de inspección, diseño de un nuevo programa de capacitación para inspectores y la creación de bases de datos para identificar las regiones y sectores en los que se da el abuso, así como la emisión de informes trimestrales sobre los resultados de tal supervisión en cuanto a sanciones, multas, cancelación de licencias y permisos, entre otros.

 

Con relación al número de inspecciones preventivas en estas empresas, según informe trimestral de inspección para el 4º trimestre de 2012, sólo se realizaron 34 inspecciones preventivas a EST.

 

Según datos a julio de 2012, sólo 20 EST, de un total de 578 que existen en Colombia, habían sido multadas; multas que por violación a derechos laborales ascendieron a $29´071.000; por incumplimiento a requerimientos del Ministerio a $46´103.100; por sanciones laborales a $135´371.300. Estos montos no son significativos en comparación del perjuicio producido por las EST.

 

En conclusión, pese a todo lo que haga o diga el Gobierno, la intermediación laboral en Colombia está más viva que nunca. Ni las inspecciones ni las decisiones sancionatorias han podido acabar con el problema.

Publicado enColombia
Trabajo digno y solidaridad, prioridad de la organización sindical

El próximo 7 de junio se realizarán elecciones para el Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores –CUT–, y para las subdirectivas que la integran en todo el territorio nacional. Al mismo tiempo se vota para igual instancia en la Federación Colombiana de Educadores (Fecode). También se eligen miembros de Juntas Directivas de sindicatos filiales de la CUT y de la Fecode, y delegaciones para el VI Congreso de la Central.

 

Las elecciones se llevan a cabo luego de 5 años. Estos comicios son fundamentales pues en ellos se enfrenta una disyuntiva fundamental: proseguir la ruta del aislamiento que el sindicalismo mantiene respecto del conjunto social o reorientar  su accionar hacia el nuevo tipo de trabajadores-trabajadoras que hoy predominan dentro de nuestra sociedad: por cuenta propia, profesionales en su mayoría contratistas, que es la nueva modalidad de tercerización; cooperativas de trabajo asociado, especialmente para los servicios de aseo y vigilancia, teletrabajo, y todas aquellas formas de trabajo que no garantizan los derechos básicos de quienes venden su fuerza de trabajo como única alternativa para vivir.

 

Tal vez esta disyuntiva es la que ha animado la inscripción de 37 listas para el Comité Ejecutivo de la CUT Nacional y 23 para el Comité Ejecutivo de la Fecode. Entre ellas, la liderada por Dignidad Educativa propone, para el caso de la CUT, los siguientes ejes centrales en su labor:


La CUT al servicio de las reivindicaciones laborales

 

La CUT es la organización que debe integrar a la clase trabajadora y fortalecer sus conquistas; debe volver a las bases creando comités de fábrica en fábrica, de escuela en escuela y de empresa en empresa. Nuestro accionar y luchas deben ser las del pueblo.

 

La CUT y su reivindicación central: El trabajo digno

 

El neoliberalismo, en su afán por salir de la crisis, es como un perro que se muerde la cola. Su forma de hacerlo es deteriorando las condiciones mínimas de vida del pueblo con reformas antiobreras y antipopulares que impiden el ejercicio de los derechos sociales. Esto se manifiesta, por ejemplo, con el actual paquete legislativo, porque a través de este el Gobierno busca aumentar las ganancias de quienes tienen los negocios de salud, de educación, y de bienes y servicios.

 

Trabajo digno implica que tomemos la estabilidad laboral como bandera, luchar por la eliminación de la tercerización, el servilismo, el conformismo y todas las nuevas formas de esclavitud.

 

El capitalismo quiere acostumbrarnos a sobrevivir con recursos económicos que no nos alcanzan para recuperar la fuerza de trabajo y consume todo nuestro tiempo, para impedir que pensemos en cómo alcanzar el bienestar en un mundo mejor, con equidad social, donde se aprovechen los recursos haciendo que sean suficientes para todas y todos, respetando los derechos de la naturaleza.

 

Una CUT abierta ante el país, liderando la solución de problemáticas que nos afectan a todos sus habitantes. Por ello proponemos una Ley para la Salud, reivindicándola como derecho humano. Intervengamos directamente, haciendo conocer esta propuesta en el conjunto de la población, organizando colectivos de base en las comunidades, movilizados permanentemente para enfrentar las reformas que el Gobierno plantea, y convertir los mandatos populares en Leyes, como herramienta para ejercer nuestros derechos.

 

De igual manera, y como un solo cuerpo, difundamos y respaldemos la ley marco de hidrocarburos propuesta por la USO.
¿Por qué una sola Central? -Mirada hacia adentro-

 

Una sola Central para agigantar la voz trabajadora: por la unidad desde la base de las trabajadoras y trabajadores

 

No nos dejemos imponer muros, no permitamos que nos dividan, la clase trabajadora es una sola y es la que construye el mundo; no permitamos que nos inmovilice la burocracia sindical ni quienes le sirven al gran capital. Nuestra acción debe ser contundente, nuestras palabras y fundamentos deben ser éticos.

 

Sembramos el ejemplo para aquellos que nacen y continúan la tarea de mejorar el mundo que dejamos, aquellos que harán perdurar los ideales de armonía en donde van a vivir quienes les sigan.

 

Somos la clase obrera y en la dirección de nuestros sindicatos deben estar quienes se comprometan a actuar colectivamente en favor de la unidad para que renazca la esperanza y podamos asumir las luchas que nos permitan proyectar un futuro de dignidad.

 

La CUT es la base más amplia de unidad en la que se expresa la democracia y la rebeldía de la clase trabajadora; allí están los cimientos de la única gigante central de la clase obrera.

 

La CUT fortalece la organización de trabajadoras y trabajadores del sector privado y lucha contra la tercerización

 

La CUT afronta una condición defensiva, múltiples golpes nos han dejado en el terreno de la resistencia y es momento de retomar la iniciativa. Nuestra Central ha reducido su composición y atracción dejando como protagonistas a las servidoras y servidores públicos, necesitamos un protagonismo colectivo sindicalizando a quienes trabajan en empresas privadas, retomando sus expectativas para convertirlas en conquistas y abriendo las manos para agigantar la fuerza del conjunto de la clase trabajadora, en un país atravesado por la inversión privada, extranjera en lo fundamental.

 

Renovación y reestructuración de la CUT en favor de nuestras luchas

 

El mundo del trabajo ha cambiado y sin embargo la estructura sindical sigue siendo la misma de otra época, es hora de superar este atraso y colocarnos a son y ton con el presente. La organización por departamentos debe corresponder a la organización de las diferentes ramas de la producción y el trabajo, así como a sus formas de contratación, atrayendo a los trabajadores y trabajadoras hoy desorganizados, tercerizados y precarizados.

 

Para cada rama de la producción debe existir un departamento bajo la responsabilidad de una-un miembro del Comité Ejecutivo.

 

La educación obrera y sindical es permanente y debe responder a un proyecto de investigación y formación que se asigne a una instancia específica bajo la responsabilidad de una - un miembro del Comité Ejecutivo.

 

Con relación a la Organización, hoy concebida como departamento, creemos que es una tarea que debe transversalizar la Central, entendiéndose como responsabilidad de una instancia específica, que apoye la tarea de estructuración, organización y afiliación en cada una de las ramas de la producción, bajo la responsabilidad de una-un miembro del Comité Ejecutivo.

 

Los hoy departamentos de DDHH y de la Mujer deben responder a Proyectos Específicos y requieren ser transformados para que se constituyan en tejido integral y permanente en el conjunto de las ramas de la producción, la otras instancias de la Central y la sociedad en general.


Es urgente y necesaria la creación y funcionamiento de la comisión de ética para hacer veeduría permanente sobre las funciones que tiene cada miembro del Comité Ejecutivo de acuerdo al cargo que desempeña y en correspondencia con el Plan Estratégico de la Central.
Finanzas: motor que permite el desarrollo y crecimiento permanente de la CUT.

 

Por mandato del Congreso de la CUT se estableció el descuento directo de la Cuota Sindical, para todas las organizaciones afiliadas a la Central, en consecuencia, debe existir un presupuesto que se aprueba en las Juntas Nacionales, que permita la ejecución de Planes de Acción y el desarrollo de los proyectos de las diferentes Instancias de Dirección y Departamentos.

 

De igual manera, todos los aportes económicos nacionales e internacionales que se reciban deberán consignarse en la cuenta o cuentas bancarias que maneje la Central y destinarse al objeto, para el cual se hayan obtenido.

 

El manejo de los recursos económicos debe ser pulcro y publicado en forma periódica, una vez se aprueben los informes, mínimo cada tres meses en la Junta Nacional, así como los balances cada año.

 

Las trabajadoras y trabajadores tenemos derecho a conocer el manejo de los recursos económicos de nuestra Central; las cuotas sindicales y todos los aportes que se reciban en dinero y/o en especie son un patrimonio colectivo y deben servir para la reconstrucción de la Clase Obrera, honrando la confianza que cada trabajadora y trabajador deposita en su dirigencia.

 

Luchamos por paz con vida digna


 

Recuadro

 

Conectarnos con el país


El sindicalismo colombiano no sólo está estancado, está en crisis de representatividad y legitimidad, así lo confirma el número de trabajadoras y trabajadores afiliados, los cuales no llegan ni siquiera al 5 por ciento del conjunto de quienes venden su fuerza de trabajo para sobrevivir. En efecto, la CUT solo cuenta con cerca de 550.000 afiliados, distribuidos en 710 sindicatos, de los cuales la Fecode, con 210.000 inscritos organizados en 33 filiales, congrega el mayor número de personas afiliadas.

 

De ahí que la consigna debe ser única y general: recuperar el sindicalismo como forma organizativa y alternativa para luchar por justicia y dignidad. Luchar por hacer del sindicalismo la mayor instancia organizativa del país, donde sus afiliados no sólo se congreguen y discutan sus problemas y aspiraciones particulares, sino que se interesen por todos los problemas que afectan a la mayoría de quienes habitan el país, levantando propuestas para solucionarlos.

 

Un acto de solidaridad cotidiano debe ser la marca de la Central y de todos sus afiliados. Los trabajadores/as somos un solo cuerpo, estemos contratados o desempleados. La organización debe crear espacios para todos/as, deliberando y decidiendo como un único cuerpo. El presente es el motivo de movilización cotidiana, pero el futuro debe congregar y potenciar las capacidades de todos los afiliados en sindicatos y organizaciones adjuntas, para que como un sujeto de múltiples formas y colores hagamos que en el país la vida digna no sea una quimera. La realidad debe ser la felicidad, de tal manera que el trabajo no sea castigo ni obligación sino parte de nuestro ser fundamental.

Publicado enEdición 191
Jueves, 28 Febrero 2013 06:13

La detención de “La Maestra”

La detención de “La Maestra”

La historia de Elba Esther Gordillo es la historia del poder en México, al menos durante el último cuarto de siglo. Detenida el martes por la noche al descender de su jet privado en el aeropuerto de Toluca, a 60 kilómetros al poniente de la capital del país, procedente de San Diego, California, donde reside esporádicamente, la dirigente vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se convirtió en la pieza de la legitimación política del retorno del PRI a Los Pinos, el golpe de fuerza que Enrique Peña Nieto necesitaba para verdaderamente asumir el poder en el cargo de presidente de la república del que tomó posesión hace casi tres meses.

 

Elba Esther pasó la noche en un penal de mujeres en las orillas de la ciudad, acusada de malversar 2 mil 600 millones de pesos (poco más de 200 millones de dólares) pertenecientes a las cuotas sindicales pagadas por más de un millón 200 mil maestros y trabajadores de la educación, equivalentes a medio millón de dólares cada día.

 

Para las masas ha quedado la escenificación: la Procuraduría General de la República (PGR) armó un caso contra La Maestra en poco más de dos meses, luego de que el área de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público detectara un movimiento irregular de 2 millones de pesos en un par de cuentas de cheques del sindicato y rastreara los movimientos de dos cuentas entre 2009 y 2012. Un mapa de conexiones entre Gordillo, tres prestanombres, empresas fantasma y cuentas en Suiza y Liechtenstein, exhibido por las autoridades, muestra una red de complicidades e ingeniería financiera digna de los más grandes capitales trasnacionales o de los mayores capos del crimen organizado que haya en el mundo. Para los poderes fácticos, eso es anécdota. A ellos les importa la criptografía elemental del mensaje subyacente: “El que puede lo más puede lo menos”, un principio general del derecho recodificado como ejercicio del poder del Estado, todo él sobre la cabeza de una de sus piezas clave que amenazaba con volverse en su contra.

 

En Guadalajara, a 460 kilómetros al noroeste de Ciudad de México, los dirigentes formales del SNTE, todos ellos subordinados de Elba Esther, se quedaron esperando la llegada de su líder vitalicia a la convención de la que iba a salir la estrategia para una movilización nacional que se opondría a la reforma educativa promulgada apenas la víspera.

 

Gordillo no es solamente un personaje importante caído en desgracia, mucho menos su arresto es un mero acto de justicia. Se trata de un acto brutal de poder, del tamaño del que hace 24 años legitimó en la presidencia de la república a Carlos Salinas de Gortari, ensombrecido por acusaciones de fraude electoral en contra del candidato de la izquierda Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, el hijo del mítico general Lázaro Cárdenas, el mismo que nacionalizó el petróleo. En enero de 1989, Salinas montó en Tamaulipas un operativo policíaco para arrestar a Joaquín Hernández Galicia, líder del poderosísimo sindicato petrolero, a quien le sembró el cadáver de un agente del Ministerio Público que en realidad había muerto en Chihuahua. Tres meses después, en abril, Salinas descabezó al SNTE, se deshizo de su “líder moral”, el senador priísta Carlos Jongitud Barrios, y encumbró a Elba Esther Gordillo al frente del sindicato más grande y poderoso de Latinoamérica.

 

Originalmente historia de caciques, la de Gordillo se convirtió en un thriller a la espera del guionista que le dé el glamour que sólo el poder dispensa a quienes no lo llevan en el ADN. Lo tiene todo: sexo, dinero a raudales, magia negra, triangulaciones financieras internacionales, derroches, excesos, traiciones, asesinatos...

 

Amante del líder sindical al que dio la espalda para encumbrarse ella en el SNTE, Elba Esther amasó una fortuna incalculable, a la que apenas se puede asomar a través de las propiedades que se le conocen en la exclusiva Isla Coronado, en San Diego, California, a unos minutos de la frontera con Tijuana; o sus propiedades en Polanco, uno de los barrios residenciales del Distrito Federal, que incluso le permitieron ser casera del que fuera canciller de Fox, Jorge G. Castañeda; o sus impresionantes colecciones de arte. Más visible es su gusto por la ropa y los accesorios de diseñador, que le permitían salir a la calle luciendo prendas de más de 10 mil dólares. Sus favoritas: Chanel, Prada, Escada, Louis Vuitton y Hermes.

 

Abuela cariñosísima, amiga leal, enemiga mortal. Así se la conoce entre los suyos, así la acusan sus enemigos, quienes la señalan como autora intelectual del asesinato del maestro Misael Núñez Acosta, el 30 de enero de 1981. El era parte de un movimiento magisterial que convulsionó al SNTE y prefiguró la caída del entonces dirigente Carlos Jongitud y el ascenso de Gordillo. Más de 200 profesores fueron asesinados o desaparecidos en México tras la muerte de Núñez Acosta. A quienes están con ella les va mejor, como demostró el regalo de 59 camionetas Hummer a otros tantos dirigentes seccionales del SNTE. Su propia familia puede dar testimonio. No sólo goza de propiedades, colecciones de arte y cuentas bancarias multimillonarias, sino que se han incrustado en la clase política: un yerno fue subsecretario de Educación Básica, su hija es senadora de la república, su nieto es diputado federal. Y todo gracias a que Elba Esther es dueña de su propio partido político: Nueva Alianza, creado luego de ser expulsada del PRI, del que llegó a ser secretaria general.

 

Célebre es su adhesión a la santería y, después, al vudú. Modificó incluso el logotipo del SNTE para incluir una carta del tarot. A mediados de los ’90 viajó a Africa para realizar un embrujo en contra del entonces presidente Ernesto Zedillo, quien se había convertido en su enemigo político cuando fue secretario de Educación Pública. El rito implicó el sacrificio de un león vivo, y el costo –además del pago de 456 mil dólares– fue la vida del nieto más querido de La Maestra, quien murió poco después del viaje en un trágico accidente en el elevador del departamento donde vivía, mientras jugaba con otros niños, según cuenta el libro Los Brujos del Poder.

 

Como sea, el poder de Elba Esther se incrementó desde ese momento. No sólo sobrevivió al sexenio de Zedillo, sino que fue pieza clave en las administraciones panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, a quienes incluso arrancó posiciones en la administración pública y los sometió a sus caprichos en las políticas de educación. En 2000 realizó otro rito poco después del triunfo de Fox, en el que involucró a todos los dirigentes del SNTE. Si eso sirve de algo, tal vez explique el sometimiento de Fox y Calderón. En todo caso, es más que finito. O al menos ya no le alcanzó para controlar a Enrique Peña Nieto.

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