Sahara Occidental: derecho a la independencia

En su agónico final como presidente, Trump decidió "reconocer" la "soberanía" de Marruecos sobre "todo" el Sahara Occidental, actualmente dividido en una zona ocupada por Marruecos, otra controlada por la República Saharaui (20 por ciento del total) y otra pequeña, pero estratégica, controlada por Mauritania. Esta decisión contraria al derecho internacional daña la paz en el norte de África. Para enjuiciarla evitando presentaciones manipuladas procede recordar la historia y el derecho internacional aplicable de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

España firmó en 1884 un acuerdo de "protectorado" con las tribus independientes del Sahara Occidental, casi 30 años antes de que, junto con Francia, en 1912 sometieran a protectorado a Marruecos. Al independizarse este último, en 1956, su política exterior agresiva para construir el "Gran Marruecos" buscó anexionarse el Sahara Occidental, Mauritania, el noroeste de Mali, el oeste de Argelia y los territorios españoles del norte de África.

Marruecos protestó cuando, en 1960, Mauritania ingresó a la ONU, aduciendo que este país era parte de su "integridad territorial" (S/4568). Fracasado este intento, encaminó su expansionismo contra Argelia, intentando arrebatarle sus territorios occidentales en 1963 (Guerra de las Arenas). Tras fracasar, concentró todas sus energías en apoderarse del Sahara Occidental alegando, también, que era parte de su "integridad territorial" y que la descolonización del territorio entonces administrado por España no debía hacerse mediante un referéndum de autodeterminación, sino "devolviéndolo" a Marruecos para que lo "recuperara".

Para disipar dudas, la ONU solicitó a la Corte Internacional de Justicia una opinión consultiva, que fue emitida el 16 de octubre de 1975 y en la que se afirmó que Marruecos nunca tuvo soberanía sobre el Sahara Occidental, y que a lo sumo el sultán marroquí sólo tuvo vínculos personales con ciertas tribus minoritarias del norte del territorio (los tekna), mientras las tribus saharauis mayoritarias (como erguibat) siempre fueron independientes y no tuvieron ni siquiera vínculos personales con el sultán. La Corte concluyó que la descolonización del Sahara Occidental debía hacerse "mediante la aplicación del principio de autodeterminación gracias a la expresión libre y auténtica de la voluntad de las poblaciones del territorio" (párrafos 102 y 162).

Para llevar a cabo el referéndum, España elaboró en 1974 un censo de la población originaria. Pero la enfermedad terminal del general Franco (entonces en el poder), justo después del pronunciamiento de la Corte, fue aprovechada por el rey marroquí y sus aliados internacionales (Kissinger, fundamentalmente) que organizaron una invasión del Sahara Occidental mediante la llamada "marcha verde" (deplorada por el Consejo de Seguridad de la ONU en su Resolución S/RES/380 del 6 de noviembre de 1975). Luego se presionó a España y a Mauritania para firmar el llamado Acuerdo Tripartito de Madrid del 14 de noviembre de 1975, a fin de, supuestamente, "descolonizar" el territorio sin un referéndum de autodeterminación.

La Asamblea General no reconoció la validez del acuerdo y exigió el referéndum de autodeterminación (resolución A/RES/3458, del 10 de diciembre de 1975). Invocando el ilegal Acuerdo de Madrid, Marruecos y Mauritania invadieron el Sahara Occidental, a los que se opuso el Frente Polisario. Tras el abandono de España el 26 de febrero de 1976, esta organización proclamó la República Árabe Saharaui Democrática, reconocida por un gran número de estados.

Mauritania renunció a anexionarse territorio, pero no Marruecos, que continuó hasta 1991 la guerra contra el Frente Polisario (representante del pueblo saharaui, según la resolución de la Asamblea General A/RES/34/37, de 1979). Las dos partes del conflicto, Marruecos y el Frente Polisario, firmaron en 1988 unas Propuestas de arreglo que, complementadas con el Plan de Aplicación del secretario general de la ONU conforman el Plan de Arreglo (S/21360), aprobado por el Consejo de Seguridad en 1990 (S/RES/658). Acordaron celebrar un referéndum de autodeterminación dirigido por la ONU, con la cooperación de la Organización para la Unidad Africana, en el que votarían los incluidos en el censo español de 1974 (párrafos 23 y 24 del Plan de Arreglo) para que los saharauis eligieran entre la integración a Marruecos o la independencia (párrafo 31 del Plan de Arreglo). Posteriormente, el secretario general decidió que deberían añadirse al censo quienes se acreditaran como saharauis mediante una serie de criterios (documento de la ONU S/23299, de 1991). Tras múltiples obstáculos, la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental (Minurso), concluyó en diciembre de 1999 la confección del censo (S/2000/131).

El padrón estaba hecho. ¿Por qué no se ha celebrado el referéndum? Porque en 2004 Marruecos (anexo del documento de la ONU S/2004/325) deshonró su compromiso contenido en el Plan de Arreglo. El 13 de noviembre de 2020, también incumplió sus compromisos relativos al cese el fuego, provocando el retorno a la guerra tras casi 30 años de tensión.

El "reconocimiento" de una "soberanía" que la Corte Internacional de Justicia declaró que nunca existió sólo significa apoyar una política expansionista y de violación del derecho internacional y del derecho de autodeterminación reconocido al Sahara Occidental por el Tribunal Internacional de Justicia, la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Sólo el respeto al derecho ajeno traerá la paz al territorio saharahui.

Por Carlos Ruiz Miguel*

* Director del Centro de Estudios sobre el Sahara Occidental de la Universidad de Santiago de Compostela, España

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HRW acusa a Israel de crímenes de lesa humanidad y apartheid contra palestinos

Jerusalén. Las autoridades de Isreal cometen “crímenes de lesa humanidad, de apartheid y persecución contra los palestinos que forman parte de su población y los que viven en los territorios ocupados”, aseveró ayer Human Rights Watch (HRW), acusación que fue refutada por Tel Aviv.

HRW señaló en un informe publicado ayer que esta conclusión se basa en la política general del gobierno israelí de mantener la dominación de los judíos sobre los palestinos, y en los graves abusos cometidos en territorio ocupado, incluido Jerusalén Oriental.

Algunas ONG israelíes han usado el término apartheid para referirse a las políticas de Israel hacia los palestinos que viven en su territorio, que descienden de aquellos que se quedaron en sus casas en 1948, tras la creación del Estado de Israel, y hacia los palestinos de Jerusalén-Este, Cisjordania y la franja de Gaza.

No obstante, es la primera vez que una ONG internacional califica estas políticas de apartheid.

Kenneth Roth, director ejecutivo de HRW, sostuvo que esta detallada investigación demuestra que las autoridades israelíes ya están cometiendo estos crímenes.

Antes de la publicación del informe, la cancillería israelí declaró a la agencia de noticias Afp que se trataba de "un panfleto de propaganda sin vinculación con los hechos o la verdad", y añadió que fue redactado por "una organización movida desde hace tiempo por una agenda antisraelí".

La Autoridad Nacional Palestina consideró que el reporte es "testimonio fuerte y creíble del sufrimiento de los palestinos".

El documento de HRW, que puede consultarse en https://bit.ly/32RF6dt, estimó que casi 700 mil colonos israelíes viven en terriorios palestinos, en asentamientos que iban a ser "temporales" y se han convertido en construcciones "permanentes" por falta de acuerdo para el reconocimiento de un Estado palestino.

Citó las restricciones de movimiento, las confiscaciones de tierras, el traslado forzoso de población, la negación de los derechos de residencia y la suspensión de derechos civiles como ejemplos de los abusos que Israel comete contra los palestinos.

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La coronel Brittany Stewart rinde honores a la tumba de un conocido combatiente del Pravy Sektor, una organización de extrema derecha que usa a menudo simbología fascista.

Moscú y Kiev aumentan exponencialmente la presencia militar en su frontera común, aumentan los ataques en el Donbass, y EEUU incrementa su presencia militar en la zona. Analizamos qué razones geopolíticas están detrás de todo ello.

 

Desde mediados de marzo de este año han aumentado las tensiones en el Donbass entre las fuerzas ucranianas y los separatistas apoyados por Rusia. Primero aparecieron imágenes de varios trenes que llevaban tanques y artillería desde el oeste de Ucrania hacia la zona del Donbass. Luego se intensificaron los ataques de artillería entre los dos bandos. Moscú por su parte empezó el despliegue de unidades de sus fuerzas armadas en la frontera con Ucrania. Ahora EEUU anuncia que enviara dos buques de guerra al Mar Negro

Todo ello hace temer una nueva escalada bélica en la región, algo que podría tener consecuencias en varios frentes, tanto políticos, como económicos. Las propias razones del aumento de las tensiones podrían ser la clave para entender mejor la situación creada. La línea del frente que separa ambos bandos prácticamente no se ha movido desde febrero de 2015, cuando tras la derrota de las fuerzas ucranianas en la batalla de Debaltsevo, se firmaron los acuerdos de Minsk. Debían ser implementados por Kiev y los separatistas de Donetsk y Lugansk.

Sin embargo, dichos acuerdos en la práctica siguen sin cumplirse. Kiev, antes bajo gobierno de Petro Poroshenko y ahora bajo Zelenski, no ha declarado la amnistía para los rebeldes, no se ha efectuado la reforma constitucional para darle a esos territorios un estatus especial y no se han retirado las fuerzas armadas de la región. Por ello la situación era de un conflicto semi-congelado, con ataques de artillería y combates esporádicos que se producen con cierta regularidad, pero sin cambios en la línea del frente.

Esta situación sin avances reales en 6 años ha llevado a cierto hartazgo en el grupo de contacto de Minsk, que forman la propia Ucrania junto a Alemania, Francia y Rusia. Así el 31 de marzo Merkel, Macron y Putin hablaron sobre la situación sin invitar siquiera a Zelensky a unirse. Kiev reaccionó anunciando que no van a acudir más a las reuniones del grupo de Minsk y pidió que EEUU fuera añadido a este proceso negociador. Además se han vuelto a activar las voces que piden en Ucrania el abandono de los acuerdos de Minsk como perjudiciales para el país.

El presidente Zelensky, como antes le pasó su predecesor Poroshenko, ve como no puede implementar dichos acuerdos por el rechazo de parte de la sociedad ucraniana, especialmente los grupos ultranacionalistas. Por ello las autoridades ucranianas han estado estirando en el tiempo el proceso negociador hasta que el panorama internacional cambiara. Algo que parece que se ha producido con la llegada a la Casa Blanca de Biden.

Mientras que durante la administración Trump, Ucrania pasó a segundo plano, con Biden vuelve a ser prioridad. Ya durante su época como vicepresidente de Obama, Biden se encargó de la cuestión ucraniana. Prioridad que también empiezan a sentir en Kiev y ven una oportunidad para intentar deshacerse de las obligaciones impuestas por los acuerdos de Minsk, algo que además podría revertir la caída de la popularidad de Zelenskiy.

Otro de los motivos que parecen animar los planes ucranianos para resolver de manera militar la cuestión del Donbass, es la reciente experiencia de Azerbaiyán en la guerra del Karabaj. Kiev ha recibido en los últimos años drones turcos con capacidad de ataque Bayraktar y misiles antitanque Javelin estadounidenses, pero habría que ver si eso sería suficiente para obtener la victoria sobre los separatistas del Donbass.

Además Moscú, por medio de Dmitri Peskov, secretario de prensa de Putin, y de Dmitri Kozak, representante oficial ruso para el Donbass, ha declarado que no permitirá la repetición de una masacre como la de Srebrenica (matanza de bosnios musulmanes en 1995). Y que si Ucrania interviene militarme en el Donbass, Rusia no se quedará al margen. De allí el indisimulado despliegue militar ruso en la frontera común. Algo que ha irritado a Washington, que ve en ello una provocación.

Los EEUU por su lado han mostrado su apoyo a Ucrania, con envío de material bélico adicional, como un vuelo que salió el 4 de abril de la base de Rota hacia Ucrania, que según la inteligencia separatista del Donbass, ha llevado un equipo de fuerzas especiales norteamericanas, y más misiles antitanque. Así mismo se planea el envío de dos buques de guerra al Mar Negro, que se quedarán allí al menos hasta principios de mayo.

Además la agregada militar estadounidense en Ucrania, la coronel Brittany Stewart, ha visitado la zona del frente del Donbass esta semana. Algo que ha despertado cierta polémica por que ha rendido honores a la tumba de un conocido combatiente del Pravy Sektor, una organización de extrema derecha que usa a menudo simbología fascista.


Con todo los datos sobre la mesa, y teniendo en cuenta que parece poco probable que Ucrania pueda lograr nada militarmente con la más que posible intervención rusa, las razones para una escalada se podrían buscar algo más al norte, en el Mar Báltico. El gaseoducto ruso Nord Stream 2 por el fondo de ese mar está a punto de ser terminado, algo que le permitirá a Moscú suministrar gas directamente a Europa Occidental y Central via Alemania sin pasar por Ucrania o Polonia.

Este proyecto va en contra de los intereses norteamericanos, que quieren vender su propio gas licuado a Europa. Además si Moscú se puede permitir evitar Ucrania, ello podría dejar al país sin gas para la calefacción e industria, algo que sería un golpe casi definitivo para las aspiraciones euro-atlánticas ucranianas.

Washington busca acabar con el gaseoducto ruso a toda costa. Las sanciones y presiones diplomáticas no han surgido efecto. Ni el envenenamiento del opositor ruso Navalniy tampoco ha sido suficiente para que los europeos cancelen el proyecto. Por ello quizás una reactivación de la guerra en Ucrania, con participación directa rusa podría permitir cancelar el proyecto energético. Lo cual además le permitiría a Zelenskiy aumentar su popularidad y por fin descartar los acuerdos de Minsk.

11/04/2021 08:40

Por Pablo González

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Un hombre regresa a su casa en territorio separatista en las afueras de Donetsk, Ucrania, tras un reciente bombardeo. Foto Ap

Se acusan mutuamente de planear ataques para recuperar territorios

 

Moscú. Al borde de una guerra que de palabra ninguno quiere, pero que cada día parece más posible por las noticias alarmantes que llegan desde la zona en conflicto, Ucrania y Rusia concentran en sus fronteras la mayor cantidad de tropas y armamento desde 2015 y se acusan mutuamente de hacerlo por tener intenciones de emprender una agresión en gran escala.

En un intento por rebajar la tensión, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, tras visitar la línea del frente para levantar el ánimo de sus soldados, afirmó ayer que no ordenará una ofensiva bélica contra los separatistas pro rusos, dado que "es inaceptable causar gran número de bajas entre población civil y militares". Poco después, el comandante en jefe del ejército ucranio, Ruslan Jomchak, emitió un comunicado en los mismos términos.

De su lado, el vocero del Kremlin, Dimitri Peskov, volvió a justificar la repentina reubicación de unidades del ejército ruso cerca del vecino país eslavo al decir: "Ucrania se está convirtiendo de nuevo en una región potencialmente inestable. Y desde luego cualquier país colindante con una región de esas características, que es peligrosa y puede estallar en cualquier momento, toma las medidas que considera necesarias para proteger su propia seguridad". Y el viceprimer ministro de Rusia, Dimitri Kozak, encargado de la relación de Moscú con Kiev, reiteró que Rusia no dudará en acudir en defensa de sus ciudadanos en caso de que éstos sufran un ataque de Ucrania.

Entretanto, la más reciente sesión por videoconferencia –convocada de urgencia por Ucrania esta semana– del equipo trilateral que debe negociar una solución política al conflicto, concluyó sin avance alguno, tras cuatro horas de acusaciones recíprocas entre ucranios y separatistas, ante la impotente mirada de los mediadores de Rusia, Alemania, Francia y la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE).

Desde el punto de vista de Moscú, Ucrania –instigada por Estados Unidos y sus aliados– se propone recuperar por la fuerza los territorios que no se supeditan a Kiev, lo cual implicaría aniquilar a la población de las autoproclamadas Repúblicas Populares de Donietsk y Lugansk que, por origen étnico, lengua, religión e idiosincrasia, tiende más hacia Rusia.

El Kremlin, tomando en cuenta que 10 por ciento de los habitantes del Donbas, como se denomina la zona rebelde, ya adquirió la ciudadanía rusa de forma simplificada, no puede permitir ese desenlace y menos cuando dentro de unos meses habrá elecciones para renovar por completo la composición de la Duma o cámara baja del parlamento ruso.

Visto desde Kiev, que rechaza las acusaciones, Rusia sólo busca un pretexto para iniciar una operación bélica que le permita abrir un corredor hacia Crimea, mediante la ocupación de la ciudad de Jersón, a fin de evitar el bloqueo del suministro de agua a la península declarada hace siete años parte de la Federación Rusa u otro corredor hacia la región separatista moldava de Transdniéster o, en última instancia, extender los límites de la zona insurrecta hasta el puerto de Mariupol para mayor control del mar Negro, planes que el Kremlin niega tener en mente.

Hay analistas que creen que el escenario de la invasión rusa se descarta por cuanto, desde un punto de vista formal, ni Jersón ni Mariupol ni ninguna otra ciudad fuera de lo que se ha dado en llamar en las negociaciones para lograr un arreglo político ADRDL (siglas de Algunos Distritos de las Regiones de Donietsk y Lugansk) tienen ciudadanos rusos entre sus habitantes, lo cual hace muy difícil que Moscú pueda justificar la intervención de sus tropas.

En cambio, sostienen, es el contexto ideal para que, en caso de que se pueda culpar a Ucrania de sobrepasar la línea divisoria, las tropas rusas entren en los ADRDL y lleguen a situarse cara a cara con el ejército ucranio y, de ese modo, puedan decir que evitaron un mayor derramamiento de sangre, con el consecuente efecto positivo en las urnas por proteger a sus ciudadanos.

Cualquiera de estas hipótesis para explicar la concentración de tropas y armamento de uno y otro lado de la frontera pasa por alto que, sentados Rusia y Ucrania en un barril de pólvora, es temerario jugar con fuego y pensar que nada va a explotar.

Por Juan Pablo Duch

Corresponsal

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Sábado, 10 Abril 2021 05:52

Su antiimperialismo y el nuestro

Su antiimperialismo y el nuestro

Las tres últimas décadas estuvieron marcadas por una creciente confusión política sobre el significado del antiimperialismo, una noción que, en sí misma, había sido poco debatida anteriormente.

Las tres últimas décadas estuvieron marcadas por una creciente confusión política sobre el significado del antiimperialismo, una noción que, en sí misma, había sido poco debatida anteriormente. Hay dos razones principales para esta confusión: el final victorioso de la mayoría de las luchas anticoloniales posteriores a la Segunda Guerra Mundial y el derrumbe de la URSS. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y las potencias coloniales occidentales aliadas libraron varias guerras directamente contra movimientos o regímenes de liberación nacional, así como intervenciones militares más limitadas y guerras indirectas. En la mayoría de estos casos, las potencias occidentales se enfrentaban a un adversario local apoyado por una amplia base popular. Así pues, oponerse a la intervención imperialista y apoyar a los destinatarios de las mismas resultaba obvio para los progresistas; la única cuestión era si este apoyo debía ser crítico o sin reservas.

Durante la Guerra Fría, la principal división entre los antiimperialistas era la actitud hacia la URSS, que los partidos comunistas y sus aliados cercanos consideraban la «patria del socialismo». Estos determinaron en gran medida sus propias posiciones políticas alineándose con Moscú y el «campo socialista», lo que entonces se llamaba «campismo». Esta actitud fue alimentada por el apoyo de Moscú a la mayoría de las luchas contra el imperialismo occidental en el marco de su rivalidad global con Washington. En cuanto a la intervención de Moscú contra las revueltas obreras y populares en su propia esfera de dominación europea, los campistas actuaron como simples defensores del Kremlin, denigrando estas revueltas con el pretexto de que eran fomentadas por Washington.

Aquellos que pensaban que la defensa de los derechos democráticos es el principio fundamental de la izquierda apoyaron tanto las luchas contra el imperialismo occidental como las revueltas populares en los países bajo dominación soviética contra las dictaduras locales y la hegemonía de Moscú. Una tercera categoría la formaron durante un tiempo los maoístas los que, a partir de los años sesenta, calificaron a la URSS de «social-fascista», describiéndola como peor que el imperialismo estadounidense e incluso poniéndose del lado de Washington en ciertos casos, como la posición de Pekín en el sur de África. [1]

Pero la situación caracterizada por las guerras llevadas a cabo exclusivamente por las potencias imperialistas occidentales contra los movimientos populares del Sur del planeta empezó a cambiar con la primera guerra de este tipo librada por la URSS desde 1945: la guerra de Afganistán (1979-89). Y aunque no fueron organizadas por los Estados que entonces se llamaban «imperialistas», tanto la invasión de Vietnam a Camboya en 1978 como la agresión de China a Vietnam en 1979 causaron una gran desorientación en las filas de la izquierda antiimperialista mundial.

Otra complicación de gran envergadura fue la guerra dirigida por Estados Unidos contra el Irak de Saddam Hussein, en 1991. No se trataba de un régimen «popular», aunque sí dictatorial, sino de uno de los más brutales y asesinos de Medio Oriente, una dictadura que incluso había masacrado a miles de kurdos en su propio país con armas químicas y con la complicidad de Occidente, ya que esto había ocurrido durante la guerra de Irak contra Irán. Algunas personalidades, que hasta entonces habían pertenecido a la izquierda antiimperialista, cambiaron de bando en esta ocasión apoyando la guerra dirigida por Estados Unidos. Pero la gran mayoría de los antiimperialistas se opusieron a la misma, aunque fue llevada a cabo bajo el mandato de la ONU y aprobado por Moscú. Se mostraron reacios a defender una posesión del Emir de Kuwait, que Gran Bretaña le había regalado y que estaba poblada por una mayoría de emigrantes sin derechos. A la mayoría tampoco le agradaba Saddam Hussein: lo denunciaban como un dictador brutal, al tiempo que se oponían a la guerra imperialista dirigida por Estados Unidos contra su país.

Pronto surgió una nueva complicación: Tras el cese de las operaciones bélicas de Estados Unidos en febrero de 1991, la administración de George H.W. Bush -que había escatimado deliberadamente a las tropas de élite de Saddam Hussein por temor a un colapso del régimen, lo que habría sido beneficioso para Irán- le permitió al dictador desplegar esas mismas tropas para aplastar un levantamiento popular en el sur de Irak y también a la insurgencia kurda en el norte montañoso. Incluso, en este último caso, le permitió utilizar sus helicópteros. Eso provocó una oleada masiva de refugiados kurdos que cruzaron la frontera con Turquía. Para impedirlo y para que los refugiados volvieran a sus hogares, Washington impuso una zona de exclusión aérea sobre el norte de Irak (no-fly zone, NFZ). No hubo casi ninguna campaña antiimperialista contra la NFZ, ya que la única alternativa habría sido la continuación de la implacable represión de los kurdos.

En la década de 1990, las guerras de la OTAN en los Balcanes crearon un dilema similar. Las fuerzas serbias leales al régimen de Slobodan Milosevic llevaron a cabo acciones criminales contra los musulmanes bosnios y kosovares. Pero Washington había desestimado deliberadamente otros medios para evitar las masacres e imponer una solución negociada en la antigua Yugoslavia, porque que estaba presionado para que la OTAN dejara de ser una alianza defensiva y se convirtiera en una «organización de seguridad» involucrada en guerras intervencionistas. El siguiente paso en esta transformación consistió en involucrar a la OTAN en Afganistán tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, eliminando así la limitación original de la alianza a la zona del Atlántico. Luego vino la invasión de Irak en 2003, la última intervención dirigida por los Estados Unidos que fuera unánimemente condenada por los antiimperialistas.

Mientras tanto, el «campismo» de la Guerra Fría había resurgido bajo una nueva forma: ya no se alineaba detrás de la URSS, sino que apoyaba directa o indirectamente a cualquier régimen o fuerza que fuera objeto de la hostilidad de Washington. En otras palabras, se pasó de una lógica de «el enemigo de mi amigo (la URSS) es mi enemigo» a una lógica de «el enemigo de mi enemigo (Estados Unidos) es mi amigo» (o alguien a quien, en todo caso, no había que criticar). Si la primera lógica dio lugar a algunas asociaciones extrañas, la segunda es la receta del cinismo desenfrenado. Al centrarse exclusivamente en el odio al gobierno de Estados Unidos, conduce a la oposición sistemática a todo lo que Washington emprende en el escenario mundial y lleva al apoyo acrítico a regímenes totalmente reaccionarios y antidemocráticos, como el siniestro gobierno capitalista e imperialista de Rusia (imperialista cualquiera que sea la definición del término) o el régimen teocrático de Irán, o los émulos de Milosevic y Saddam Hussein.

Para ilustrar la complejidad de los problemas a los que se enfrenta hoy el antiimperialismo progresista -una complejidad insondable para la lógica simplista del neocampismo- consideremos dos guerras nacidas a partir de la Primavera Árabe de 2011. Cuando las movilizaciones populares lograron deshacerse de los presidentes de Túnez y de Egipto a principios de 2011, todo el espectro de autoproclamados antiimperialistas aplaudió al unísono, ya que ambos países tenían regímenes aliados con Occidente. Pero cuando la onda expansiva revolucionaria llegó a Libia, como era inevitable en un país limítrofe con Egipto y Túnez, los neocampistas se mostraron mucho menos entusiastas. Recordaron de pronto que el régimen altamente autocrático de Muammar al-Gaddafi había sido declarado ilegal por los Estados occidentales durante décadas, pero no sabían aparentemente que desde 2003 había colaborado con Estados Unidos y con varios Estados europeos.[2]

Fiel a su propio estilo, Gadafi reprimió las protestas en un baño de sangre. Cuando los insurgentes tomaron el control de la segunda ciudad de Libia, Bengasi, Gadafi -después de describirlos como «ratas» y «drogadictos» y de prometer memorablemente que iba a «purificar Libia palmo a palmo, casa a casa, hogar a hogar, calle a calle, persona a persona, hasta que el país quede libre de mugre e impurezas»- preparó un ataque contra la ciudad, desplegando todo el arsenal de sus fuerzas armadas. La probabilidad de una masacre a gran escala era muy elevada. Diez días después del inicio de la revuelta, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó por unanimidad una resolución que enviaba a Libia a la Corte Penal Internacional.[3]

Los habitantes de Bengasi pidieron protección al mundo entero, pero insistieron en que no querían tropas extranjeras en su territorio. La Liga de Estados Árabes apoyó el pedido. Como resultado, el Consejo de Seguridad adoptó una resolución que autorizaba la imposición de una zona de exclusión en el espacio aéreo libio, así como «todas las medidas necesarias… para proteger a las poblaciones y zonas civiles… excluyendo al mismo tiempo el despliegue de cualquier fuerza de ocupación extranjera, bajo cualquier forma y en cualquier parte del territorio libio».[4] Ni Moscú ni Pekín vetaron la resolución: ambos se abstuvieron, ya que no querían asumir la responsabilidad de una masacre anunciada.

La mayoría de los antiimperialistas occidentales condenaron la resolución del Consejo de Seguridad y recordaron las que habían autorizado el ataque a Irak en 1991. Al hacerlo, pasaron por alto el hecho de que el caso libio tenía más puntos en común con la NFZ impuesta en el norte de Irak que con la guerra contra Irak con el pretexto de liberar Kuwait. Sin embargo, la resolución del Consejo de Seguridad era claramente viciosa: podía interpretarse como una injerencia prolongada de las potencias de la OTAN en la guerra civil libia. Pero a falta de otros medios para evitar la masacre inminente, quedaba poco margen para oponerse a la NFZ en su fase inicial -por las mismas razones que llevaron a Moscú y Pekín a abstenerse.[5]

En pocos días, la OTAN privó a Gadafi de gran parte de su fuerza aérea y de sus tanques. Los insurgentes podrían haber continuado su lucha sin una intervención extranjera directa, siempre y cuando tuvieran las armas necesarias para contrarrestar el arsenal restante de Gadafi. Pero la OTAN decidió mantener la dependencia de su participación directa con la esperanza de controlarlos. [6] Al final, los insurgentes lograron frustrar los planes de la OTAN desmantelando por completo el Estado de Gadafi, lo que dio lugar a la situación caótica que reina ahora en Libia.

El segundo caso, aún más complejo que el anterior, es el de Siria. En este país, la administración Obama nunca tuvo la intención de imponer una NFZ. Debido a los inevitables vetos de Rusia y China en el Consejo de Seguridad, eso habría exigido una violación de la legalidad internacional similar a la cometida por el gobierno de George W. Bush con la invasión de Irak (una invasión a la que Obama, entonces senador, se opuso). Washington mantuvo un perfil bajo en la guerra siria, intensificando su intervención sólo después de que el llamado Estado Islámico (EI) lanzara su gran ofensiva y cruzara la frontera iraquí, después de la cual las intervenciones directas de Washington se limitaron exclusivamente al combate contra el EI.

Pero la influencia más decisiva de Washington en la guerra siria no fue su intervención directa -que sólo tiene importancia para los neocampistas focalizados exclusivamente en el imperialismo occidental- sino la prohibición a sus aliados regionales de entregar armas antiaéreas a los insurgentes sirios, principalmente a raíz de la oposición israelí.[7] El resultado fue que el régimen de Bashar al-Assad tuvo el monopolio aéreo durante el conflicto e incluso pudo recurrir al uso extensivo de barriles bombas transportados por helicóptero. Esta situación también alentó a Moscú a involucrar directamente a su fuerza aérea en el conflicto sirio a partir de 2015.

A propósito de Siria, la división entre los antiimperialistas fue muy grande. Los neocampistas -como, en Estados Unidos, la United National Antiwar Coalition y el US Peace Council- se centraron exclusivamente en las potencias occidentales en nombre de un «antiimperialismo» muy particular y unilateral, mientras apoyaban o ignoraban la intervención -incomparablemente mayor- del imperialismo ruso (o la mencionaban tímidamente, mientras se negaban a hacer campaña contra la misma, como en el caso de la Stop the War Coalition en el Reino Unido) y no hablemos de la intervención de las fuerzas fundamentalistas islámicas patrocinadas por Irán. Los antiimperialistas progresistas y democráticos -incluido el autor de este artículo- condenaron siempre al régimen asesino de Assad y a sus partidarios imperialistas y reaccionarios extranjeros y reprobaron la indiferencia de las potencias imperialistas occidentales ante la difícil situación del pueblo sirio, se opusieron a su intervención directa en el conflicto y denunciaron el papel nefasto de las monarquías del Golfo y de Turquía, las que apoyaron a las fuerzas reaccionarias dentro de la oposición siria.

La situación se complicó aún más cuando el EI, en plena expansión, amenazó al movimiento kurdo nacionalista de izquierda sirio, la única fuerza armada progresista que operaba entonces en territorio sirio. Washington combatió al Estado Islámico con una combinación de bombardeos y un apoyo incondicional a las fuerzas locales, incluidas las milicias alineadas con Irán en el territorio de Irak y las fuerzas kurdas de izquierda en Siria. Cuando el EI amenazó con tomar la ciudad kurda de Kobane, las fuerzas kurdas se salvaron gracias a los bombardeos y a las entregas de armas por parte de Estados Unidos.[8] Ninguna fracción de antiimperialistas se levantó para condenar esta descarada intervención de Washington, por la razón obvia de que la alternativa habría sido el aplastamiento de una fuerza vinculada a un movimiento nacionalista de izquierdas en Turquía apoyado tradicionalmente por el conjunto de la izquierda.

Posteriormente, Washington desplegó tropas terrestres en el noreste de Siria para apoyar, armar y entrenar a las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) dirigidas por las fuerzas kurdas. [9] La única oposición vehemente a este papel de Estados Unidos vino de Turquía, miembro de la OTAN y opresor nacional de la mayoría del pueblo kurdo. La mayoría de los antiimperialistas permanecieron en silencio (un silencio equivalente a la abstención), en contraste con su propia posición de 2011 sobre Libia, como si el apoyo de Washington a las insurgencias populares sólo pudiera tolerarse cuando están dirigidas por fuerzas de izquierda. Y cuando Donald Trump, presionado por el presidente turco, anunció su decisión de retirar las tropas estadounidenses de Siria, varias figuras destacadas de la izquierda estadounidense -entre ellas Judith Butler, Noam Chomsky, el fallecido David Graeber y David Harvey- emitieron una declaración [10] en la que exigían que Estados Unidos «continúe con su apoyo militar a las FDS» (sin especificar que eso debería excluir la intervención directa por tierra). Incluso entre los neocampistas, muy pocos fueron los que denunciaron públicamente esa declaración.

A partir de este breve repaso a las complicaciones recientes del antiimperialismo, surgen tres principios rectores. En primer lugar, y lo más importante: las posiciones verdaderamente progresistas -a diferencia de las apologías de los dictadores pintadas de rojo- deben determinarse en función de los intereses del derecho de los pueblos a la autodeterminación democrática y no por la oposición sistemática a todo lo que hace una potencia imperialista, sean cuales sean las circunstancias; los antiimperialistas deben «aprender a pensar».[11] En segundo lugar: el antiimperialismo progresista exige oponerse a todos los Estados imperialistas, no ponerse del lado de unos contra otros. Por último: incluso en aquellos casos excepcionales en los que la intervención de una potencia imperialista beneficia a un movimiento popular emancipador -e incluso cuando es la única opción disponible para salvar a dicho movimiento de una represión sangrienta- los antiimperialistas progresistas deben abogar por una desconfianza total hacia la potencia imperialista y exigir que su intervención se restrinja a formas que limiten su capacidad de imponer su dominación sobre aquellos a los que pretende salvar.

Las discusiones entre los antiimperialistas progresistas que están de acuerdo con los principios analizados anteriormente son esencialmente tácticas. Con los neocampistas, en cambio, hay muy poco espacio para la discusión: la invectiva y la calumnia son su modus operandi habitual, siguiendo la tradición de sus predecesores del siglo pasado. (Artículo publicado, The Nation, 6-4-2021: https://www.thenation.com/)

* Gilbert AchcarGilbert Achcar es profesor en SOAS, Universidad de Londres. Entre sus numerosos libros figuran The Clash of Barbarisms (2002, 2006); Perilous Power: The Middle East and US Foreign Policy, en coautoría con Noam Chomsky (2007); The Arabs and the Holocaust: The Arab-Israeli War of Narratives (2010); The People Want: Una exploración radical del levantamiento árabe (2013); y Síntomas mórbidos: La recaída en el levantamiento árabe (2016).

Por Gilbert Achcar | 10/04/2021

 

Notas

[1] https://www.jstor.org/stable/655421?seq=1

[2] https://abcnews.go.com/International/story?id=1965753

[3] https://undocs.org/fr/S/RES/1970(2011  

[4] https://undocs.org/fr/S/RES/1973(2011)

[5] http://www.inprecor.fr/article-Les-évènements-en-Libye?id=1120

[6] http://www.inprecor.fr/article-L’insurrection-libyenne-entre-le-marteau-de-Kadhafi,-l’enclume-de-l’Otan-et-les-confusions-de-la-gauche?id=1170

[7] https://ecfr.eu/article/commentary_syria_the_view_from_israel141/

[8] https://www.rferl.org/a/kobane-is-kurdish-syria/26644993.html

[9] https://foreignpolicy.com/2019/10/10/kurds-syrian-democratic-forces-us-donald-trump/

[10] https://www.nybooks.com/daily/2018/04/23/a-call-to-defend-rojava/

[11] https://www.marxists.org/francais/trotsky/oeuvres/1938/05/lt19380520.htm

Traducción  del francés por Ruben Navarro – Correspondencia de Prensa: https://correspondenciadeprensa.com/

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En la localidad cocalera de Chimoré, al centro del país, el presidente Luis Arce encabezó ayer el acto de inicio de la segunda fase de erradicación de cultivos excedentes de coca, al retomar la política de Evo Morales.Foto Xinhua

Lula, Rousseff, Correa y Mujica, entre otros, denuncian que desconoce las elecciones de 2020 y ataca al gobierno democrático de Luis Arce

 

La Paz. Más de 30 líderes de América Latina, entre ellos 12 ex presidentes, ex cancilleres y dirigentes políticos, se pronunciaron ayer contra la "intromisión en asuntos internos" de Bolivia del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien planteó la necesidad de reformas en el sistema judicial boliviano, así como de una comisión para investigar casos de corrupción.

"Manifestamos nuestra preocupación y rechazo por los comunicados del secretario general de la OEA, Luis Almagro Lemes, que sienta un peligroso precedente para una organización creada con el propósito de buscar consenso, fomentar el diálogo interamericano y la solución pacífica de controversias en el hemisferio", señalaron, entre otros, los ex presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, de Brasil; Fernando Lugo, de Paraguay; Rafael Correa, de Ecuador; José Mujica, de Uruguay, y el propio Evo Morales, de Bolivia, en una declaración que publicaron medios estatales de esa nación.

La declaración se refiere a comunicados recientes en los que el jefe de la OEA, al cuestionar la detención de la ex presidenta de facto boliviana Jeanine Áñez, propone una intervención internacional para reformar la justicia de Bolivia e investigar denuncias de corrupción en el país.

Los firmantes mantuvieron ayer un encuentro virtual, en el que consensuaron la declaración. También participaron los ex presidentes Ernesto Samper, de Colombia; Leonel Fernández, de República Dominicana; Manuel Zelaya, de Honduras; Salvador Sánchez Cerén, de El Salvador, y Álvaro Colom y Vinicio Cerezo, de Guatemala, así como el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel; el ex canciller argentino Jorge Taiana, y el presidente del Observatorio de la Democracia del Parlasur, Oscar Laborde.

"Luis Almagro manifiesta una intromisión en asuntos internos del Estado Plurinacional de Bolivia al proponer, entre otras cosas, crear una comisión internacional para investigar supuestas denuncias de corrupción y para reformar el sistema de justicia", señalaron en la declaración.

Subrayaron que "estas declaraciones exceden, largamente, su misión como secretario general del organismo regional e ignoran el funcionamiento del sistema interamericano". Almagro comete "una intromisión en los asuntos internos del Estado Plurinacional de Bolivia", denunciaron.

"El secretario general (de la OEA) debe abstenerse de realizar pronunciamientos unilaterales en los cuales involucra a todos los miembros de la organización sin respetar el carácter colegiado de su mandato, y no debe intervenir en los asuntos internos de los estados miembros", afirmaron.

La carta se sumó al rechazo al rol de Almagro manifestado la semana pasada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y por el Parlamento Andino.

“No podemos soslayar ni olvidar la responsabilidad de la OEA, especialmente la de su secretario general, Luis Almagro, con el informe sobre el proceso electoral de 2019 –cuyo contenido debe auditarse– que terminó en un golpe de Estado de lamentables consecuencias para Bolivia, quebrantando la democracia y el estado de derecho, con graves violaciones a los derechos humanos, con masacres y asesinatos, con persecución política y proscripciones”, plantearon los dirigentes latinoamericanos en el documento.

La OEA avaló las denuncias de fraude que sin pruebas hizo la oposición de derecha para no reconocer los resultados de las elecciones de 2019, en las que Evo Morales ganó un cuarto mandato consecutivo. El mandatario fue obligado a renunciar por la cúpula castrense y policial; 25 personas murieron y más de un centenar resultaron heridas en Sakaba, en el Chapare, y Senkata, en La Paz, a consecuencia de la violenta represión a seguidores del depuesto gobernante.

En la declaración advirtieron que Almagro ataca ahora a un gobierno democrático, el de Arce en Bolivia, y aseguraron: "Denunciamos y rechazamos con vehemencia esta nueva maniobra contra un gobierno elegido democráticamente. Una intervención lisa y llana, similar a la que nuestros pueblos han padecido en el pasado. En este caso, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, avasalla las instituciones bolivianas y desconoce los resultados de las elecciones realizadas en octubre de 2020, que permitieron el retorno al camino democrático a nuestro hermano país".

Pidieron a los estados miembros de la OEA que rechacen "este tipo de acciones que dañan la democracia latinoamericana y caribeña, ponen en riesgo la convivencia pacífica y vulneran la soberanía".

La declaración fue suscrita además por el ex canciller ecuatoriano Ricardo Patiño, el legislador colombiano Iván Cepeda y Citlalli Hernández, secretaria general del partido Morena de México.

Arce, del Movimiento Al Socialismo, ganó las elecciones generales celebradas en octubre pasado en Bolivia al término del gobierno golpista de la derechista Áñez, quien está detenida desde el 13 de marzo en espera de juicio por su participación en el golpe de Estado contra Morales en noviembre de 2019.

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La ONU denuncia la continua expansión de los asentamientos israelíes

La organización urge una vez más a las autoridades del país a detener inmediatamente estas actividades en territorios palestinos.

 

La ONU expresó este jueves su preocupación por la continuada expansión de los asentamientos israelíes en territorios ocupados y urgió una vez más a las autoridades del país a detener inmediatamente estas actividades.

"Reitero que los asentamientos no tienen validez legal y constituyen una violación flagrante de la legislación internacional", señaló el enviado de la organización para Oriente Medio, Tor Wennesland, en una intervención ante el Consejo de Seguridad.

Como todos los meses, el máximo órgano de decisión de Naciones Unidas se reunió para repasar los últimos acontecimientos en el conflicto palestino-israelí, centrándose en esta ocasión en la implementación de la resolución 2334, que entre otras cosas exige a Israel que detenga la construcción de colonias.

La resolución fue aprobada a finales de 2016 gracias a la abstención de Estados Unidos, entonces bajo el Gobierno de Barack Obama, después de que durante años Washington protegiese a su aliado gracias a su derecho de veto.

La decisión fue muy criticada por el Ejecutivo de Donald Trump, que estaba a punto de asumir el poder y que reforzó la alianza estadounidense con Israel en la ONU.

Según Wennesland, durante los últimos meses las autoridades israelíes han seguido ignorando ese texto y han continuado con la expansión de los asentamientos y con las demoliciones y confiscaciones en tierras palestinas.

El enviado se declaró "profundamente preocupado" por la situación, en particular por la construcción de asentamientos en "áreas muy sensibles", que afianzan la "ocupación israelí" y erosionan la posibilidad de crear un Estado palestino contiguo y viable.

El diplomático se refirió también a la situación de la pandemia en Oriente Medio y aseguró que la covid-19 está teniendo un "efecto devastador" para los palestinos, tanto por la emergencia sanitaria como por su impacto económico.

 

25/03/2021 22:48 Actualizado: 25/03/2021 23:55

EFE

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Lunes, 15 Marzo 2021 06:05

Palestina: con el permiso de Dios

Palestina: con el permiso de Dios

La historia palestina es hoy la más triste del mundo. No que le falten competidores, las atrocidades marcan la historia humana reciente. Pero aquí convergen elementos particularmente dolorosos. No sólo el sufrimiento constante de niños que siguen vivos como pueden, mujeres de todas edades viudas o vejadas, poblados enteros que huyen despavoridos, olivares milenarios derribados por tractores. No sólo de heridos y muertos, gaseados, bombardeados, apaleados, torturados. No sólo porque metralla de última generación destruye escuelas, clínicas y vecindades. No sólo porque viven prisioneros en su propia tierra. Una de las cosas que más duelen es que el pueblo de Israel sea el verdugo.

Que le pregunten si no al poeta Eduardo Mosches, editor de Blanco Móvil. Es mexicano. Es argentino. Es judío. Luego de haber participado entre los constructores de la Nueva Israel, lleva años denunciando las atrocidades de su gente y defendiendo los derechos del pueblo palestino. Esta condición paradójica se expresa bien cuando da voz al "enemigo". Así puede leerse la entrega más reciente de Blanco Móvil (otoño-invierno de 2020-2021), "Palestina: palabras en tiempos oscuros", que reúne poesía, confesiones, relatos, cartas y publicaciones en redes sociales de autores palestinos.

No encontramos aquí la ira del miliciano ni la ceguera fundamentalista de esos "violentos" palestinos que son un arma inestimable para los invasores como justificación final de toda violencia ejercida. No, aquí se respira un humanismo triste y conmovedor. De manera inevitable, algunos autores son exiliados o nacieron en otro continente. Justo al revés de lo que ocurre con los colonos invasores, que de andar repartidos por Europa se dejaron venir a mediados del siglo XX y ocuparon por la fuerza los territorios de los palestinos, un pueblo y una nación negados entonces, y más atrás aún durante el colonialismo británico.

Los orígenes de la aberración moral que se comete hoy en Palestina, con la complicidad activa o muda de Occidente, hay que buscarlos en lo que Enzo Traverso describe en El final de la modernidad judía: historia de un giro conservador (FCE, 2015). El progresismo judío había alcanzado a finales del siglo XIX una compenetración profunda con las mejores causas y creaciones de Occidente. Las filosofías de avanzada, una gran literatura en la lengua alemana, el sicoanálisis, la música moderna, las ciencias, la idea de revolución. Venciendo la centenaria condición marginal del desprecio no judío, llegaron a ser la mejor versión intelectual de Europa.

Tuvo que llegar Hitler para regresarlos al pozo profundo de las víctimas. Antes de eso, la segregación y los pogromos no eran peores que los generalizados en las colonias europeas de América indiana y el África subsahariana. El Holocausto define su horror máximo en la frialdad racional con que fue planeado y ejecutado por los nazis, con cómplices en prácticamente en toda Europa, de Francia a Polonia y Hungría, de Italia a Suecia. Como resultado, el núcleo judío se desplazó a Estados Unidos e Israel. Si bien el pensamiento liberal y generoso de matriz judía se refugió en Nueva York y Buenos Aires, y siguió floreciendo a contracorriente en Moscú y Kiev, el "Pueblo de Dios" decidió que nunca más el gueto de Varsovia, y decidió invertir el método contra los palestinos que habitaban tierras que la mitología bíblica les tenía prometidas. A los israelíes no les gusta la comparación, pero mucho del impulso y las tácticas de sus exterminadores, incluyendo la propaganda, es herencia de sus verdugos. Intentemos llevar a Gaza La insurrección del gueto de Varsovia, de Michel Borwicz, o El pianista, de Roman Polanski.

Ante la dolorosa literatura que contiene Blanco Móvil, podemos ver a contraluz la traición judía a sus mejores prendas. El número, presentado por Sandra Lorenzano, ofrece un registro de lo que Mosches postula: "Palestina es y será un Estado, la literatura lo comprueba". Con un dossier central del poeta mayor Mahmoud Darwish, leemos a Hussein Barghuthi, Liana Badr, Najwan Darwish (conocido en México por las ediciones de Valparaíso: Durmiendo en Gaza y Nada que perder) y otros. Tawfik Zayyad escribe: "Defenderé cada palmo de tierra de mi patria. Con los dientes. Y no aceptaré otro en su lugar. Aunque me dejen colgando de las venas de mis venas".

Mahmud Yawda desde Gaza publica en Facebook: "Les voy a contar lo más difícil de todo esto, más difícil que la muerte por esos cohetes profesionales de última tecnología. Es cuando recibes una llamada por teléfono del enemigo israelí y te dice que usted tiene 10 minutos para desocupar la casa. Imagínense, 10 minutos. Son 10 minutos para borrar tu pequeña historia del mapa".

Así transcurre la vida cotidiana de una región que los europeos de religión judía, venidos también de Rusia y Norteamérica, han decidido despoblar, arrasar y apropiarse, al modo de Estados Unidos con los nativos americanos. Donde Dios da permiso, la crueldad, la avaricia y la traición están autorizadas.

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India amenaza con encarcelar a los empleados de Facebook/Whatsapp/Twitter

El Big Tech de Silicon Valley –Google/Apple/Facebook/Amazon/Microsoft/Twitter– cosecha las tempestades después de los totalitarios vientos cibernéticos que sembró. Cada país agredido y/o censurado reacciona de forma diferente de acuerdo con su idiosincrasia, como son los casos notables de la Unión Europea y Australia (https://bit.ly/2O9CWBU), cuando brilla intensamente el silencio generalizado en Latinoamérica.

La colisión, ahora de India contra Facebook y su apéndice Whatsapp, además del tan vilipendiado Twitter –que en México se volvió una granja de bots donde predominan los intereses de Enrique Krauze Kleinbort y su marioneta Calderón (https://bit.ly/3eeUiZ4)– es de alto riesgo, ya que el gigante asiático de mil 340 millones de habitantes –con una población mayoritaria de 44 por ciento de los 0 a los 24 años, y 41.5 por ciento de 25 a 54– ostenta una gran cultura cibernética que puede trastocar las coordenadas del dominio de la cibercracia controlada por la bancocracia plutocrática de Wall Street.

El conflicto se deriva de la postura que Facebook/Whatsapp/Twitter han tomado en las protestas de los agricultores indios contra el gobierno del primer ministro, Narendra Modi, un nacionalista hindú (https://bit.ly/3bi8pea). La molestia del gobierno va contra los datos que maneja Whatsapp que es inmensamente popular (sic) en India–donde Facebook tiene más usuarios que en cualquier otro país– y “promete a sus usuarios una comunicación encriptada (sic), imposible de leer por personas ajenas (https://on.wsj.com/3eeaqtu)”.

WhatsApp y Twitter alegan adecuarse a las leyes y a los términos contractuales de sus servicios (https://on.wsj.com/3qiVyMP). Una de las máximas censuradoras cibernéticas en Occidente, Twitter, se muerde la lengua cuando arguye que continuará abogando por los principios fundamentales del Internet abierto (¡mega-sic!).

India ha comenzado la formulación de nuevas reglas que exigen a las empresas Facebook/Whatsapp/Twitter resolver las quejas de los usuarios en forma expedita. También es cierto que países con máscara democrática usan los datos de las redes para reprimir la libertad ciudadana.

Otro problema es que las redes sociales en el propio Estados Unidos no están reguladas y han provocado una gran controversia doméstica.

Las polémicas nuevas leyes agrícolas en India, como era de esperarse, provocaron masivas protestas que llevan un mes, y tuvieron un efecto multiplicador gracias al laissez-faire, laissez-passer de las redes sociales. India es donde Twitter ha tenido su más rápido desarrollo global. Es evidente que lo sabe muy bien el gobierno de Modi, que con la mano en la cintura prohibió el muy popular TikTok, de China.

Hoy el gobierno indio alega que Facebook, Whatsapp y Twitter pisotean sus leyes, por lo que puede ser motivo de sanciones y encarcelamientos de los representantes de las citadas empresas.

¿Quién impondrá sus leyes a quién? ¿La cibercracia a India o India a la cibercracia? ¿Dónde queda el concepto de soberanía? El gobierno indio ha señalado que las redes sociales forman parte de una conspiración (sic), sin especificar.

El choque es de pronóstico reservado, ya que India ostenta el tercer sitial en el ranking geoeconómico global con un PIB medido por el poder adquisitivo de 9.15 trillones de dólares (en anglosajón), detrás de Estados Unidos (segundo lugar) y China (primer lugar), según la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) (https://bit.ly/3rymhGA).

La desregulación de la cibercracia puede constituir una amenaza a la seguridad nacional de los países valetudinarios; además de que puede servir de instrumentación para derrocar y/o desestabilizar a regímenes adversos a los designios de Silicon Valley y Wall Street, mediante sus apátridas Caballos de Troya internos. Al exterior, los países deben regular la avalancha de la cibercracia, mientras al interior, tomando en cuenta elementos específicos de la seguridad nacional, deben respetar la sacrosanta libertad de expresión con su derecho de réplica –pilares de la democracia–, impulsando al unísono estrictas leyes con máximos castigos civiles para contrarrestar los libelos.

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Domingo, 07 Marzo 2021 05:59

La lucha por la vida del pueblo saharaui

La lucha por la vida del pueblo saharaui

De las célebres palabras de Karl von Clausewitz, que sostienen que la guerra es la continuación de la política por otros medios, podemos intuir que las armas son buenas guardianas de la economía y, en ocasiones, condición para la paz y la vida digna.

Voluntad de paz y vida digna definen al pueblo saharaui. Apostaron por la paz durante casi 30 años de alto al fuego bajo condiciones de despojo, a la espera de un referéndum de autodeterminación. Creyeron en la paz pese a que Marruecos levantara 2 mil 720 kilómetros de muro sembrado de millones de minas antipersona que han causado muerte y soledad, desplazamiento y pobreza.

En noviembre de 2020, el Frente Polisario, movimiento de liberación nacional del pueblo saharaui, retoma la lucha armada. ¿Qué lleva a un ejército popular a declarar estado de guerra? A esta pregunta la precede otra: ¿Qué lleva a un pueblo a crear un ejército popular?

Mientras el mundo en el siglo XX avanza hacia la descolonización, la dictadura de Franco convierte la colonia del Sahara español en una provincia más cuyos habitantes adquieren la ciudadanía española. A pesar de la argucia, en 1963 la Organización de Naciones Unidas (ONU) incluye al Sahara Occidental en la lista de territorios a descolonizar. El franquismo prometió un referéndum que nunca llegaría.

En ese escenario, se crea el Movimiento de Liberación, cuyo referente, Basiri, será detenido y desaparecido en 1970 durante una manifestación anticolonial que acaba con varios muertos y numerosos heridos por la Legión Española, que abre fuego contra la multitud. Bebiendo de esos lodos, nace en 1973 el Frente Polisario (Frente Popular por la Liberación de Saguia Hamra y Río de Oro), que recurre a la guerra de guerrillas para luchar contra la ocupación española y defender su derecho a la independencia.

En 1975 se decide el destino próximo de este pueblo. Documentos de la CIA desclasificados en 2019 revelan el proyecto geoestratégico de Estados Unidos para sacar a España del territorio. El todavía príncipe Juan Carlos, alertado, negocia con el secretario de Estado Henry Kissinger la entrega del Sahara a cambio del apoyo estadunidense al futuro rey. Moribundo el dictador, Juan Carlos asume la jefatura del Estado y firma un pacto secreto con Estados Unidos y Marruecos. Consumada la traición, el hoy rey emérito va al Sahara y defiende ante sus tropas el derecho del pueblo saharaui a ser libre. No dudéis que vuestro comandante en jefe estará aquí, con todos vosotros, en cuanto suene el primer disparo. Cuatro días después, la Marcha Verde entra a territorio saharaui con miles de colonos respaldados por el ejército marroquí. Las tropas españolas dejan hacer. España entrega el territorio a Marruecos y Mauritania a espaldas de la ONU, a cambio de ventajas comerciales y aguas para la pesca.

Retirada España del territorio en 1976, el Polisario proclama la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). La ocupación cambia de actores, el conflicto se intensifica y comienza el éxodo de miles de saharauis a campos de refugiados en Argelia, donde malviven al día de hoy alrededor de 173 mil 600 personas.

El Frente Polisario hará capitular a Mauritania, no así a Marruecos, que tutelado por Estados Unidos con apoyo de inteligencia militar, recursos y armas, levanta el muro de la vergüenza que divide el Sahara en dos. Al este, territorio libre, sin acceso al mar; al oeste, territorio ocupado, mil 200 kilómetros de costa con acceso a codiciadas aguas pesqueras del Atlántico y los mejores yacimientos de fosfato del mundo. Asoman los motivos económicos y el carácter extractivista de la guerra colonial.

En 1991 se declara un alto al fuego. Marruecos se compromete a convocar un referéndum. Compromiso a la altura del que otrora asumiera el régimen franquista. Ese alto al fuego es el que se rompe en noviembre de 2020. Tras 24 días de movilización de civiles saharauis en la brecha ilegal del Guerguerat, protestando por la pasividad de la ONU, el ejército marroquí ataca incursionando en zona desmilitarizada y el frente responde defendiendo a los civiles; se intercambian disparos. El Frente Polisario declara el estado de guerra y moviliza a sus tropas.

Horas antes de la acción militar en Guerguerat, el general de división estadunidense Andrew Rohling se reúne con el comandante marroquí de la zona ocupada. En diciembre, Estados Unidos reconoce por vez primera la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental. Un Estado saharaui independiente no es una opción realista para resolver el conflicto, la auténtica autonomía bajo la soberanía marroquí es la única solución viable, dirá Donald Trump. De nuevo, la voluntad de guerra custodiando espurios intereses económicos.

El gobierno de la RASD y el Frente Polisario responden condenando el inédito paso: “constituye una flagrante violación de la Carta de Naciones Unidas (…). El pueblo saharaui continuará su legítima lucha para completar su soberanía por todos los medios y asumiendo los sacrificios que esto requiere”. Y de nuevo, la voluntad de vida digna levantando la cerviz sobre la infamia.

Por Vanessa Pérez Gordillo y Raúl García, periodistas

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