El mundo poscovid, ¿unos ‘nuevos años veinte’?

Lo cierto es que no fue una época especialmente 'feliz' para muchos. Todos los elementos que dieron pie a la violencia política de los años treinta y el auge del fascismo se encontraban ya presentes en la década anterior.

 

En «MoneyBart», el tercer episodio de la vigésimo segunda temporada de Los Simpsons, Lisa se propone multiplicar sus actividades extraescolares para poder ser admitida en Harvard. “Cariño, podrías ir a McGill, el Harvard de Canadá”, trata de consolarla su madre. “Algo que es el ‘algo’ de ‘algo’ en realidad es el ‘algo’ de ‘nada’”, responde Lisa. Ya sabrá disculpar el lector la referencia pop para comenzar este artículo, pero resulta más accesible que desmontar, una vez más, la genealogía que ha llevado a la frase con la que Karl Marx abre El 18 de brumario de Luis Bonaparte –“Hegel observó en algún lugar que todos los hechos y personas de la historia mundial se repiten, como si dijéramos, dos veces. Pero se olvidó de añadir: la primera como tragedia y la segunda como farsa”– a convertirse en un recurso retórico vacío o, peor aún, una suerte de dictum para marxistas escolásticos.

Sirva este prolegómeno para reflexionar sobre los varios artículos que plantean la llegada de unos “nuevos años veinte” una vez la epidemia de Covid-19 esté bajo control o haya desaparecido por completo. Ésa es la tesis, por ejemplo, de Nicholas Christakis. Según el director del Human Lab de la Universidad de Yale, “típicamente, en períodos de pandemia la gente se vuelve más religiosa, ahorra dinero, le toma aversión al riesgo, tiene menos interacciones sociales y se queda más en casa, dejas de ver a tus amigos”. A esta fase le sigue un “período intermedio, donde el impacto biológico de la pandemia quedará atrás, pero aún tendremos que lidiar con el impacto económico y social”, y, una vez superado éste –el autor calcula ese momento en torno al año 2024–, “como pasó en los locos años veinte del siglo pasado”, la gente “buscará inexorablemente más interacción social”, irá “a clubes nocturnos, restaurantes, manifestaciones políticas, eventos deportivos, recitales”, mientras “la religión disminuirá, habrá una mayor tolerancia al riesgo y la gente gastará el dinero que no había podido gastar”. Después de la pandemia, concluye Christakis, “puede venir una época de desenfreno sexual y derroche económico”.

“¿Hay razones para pensar que el mundo poscovid traerá otros felices años veinte como los que en el siglo pasado sucedieron a las ruinas humeantes de la Primera Guerra Mundial y los millones de muertos de la mal llamada gripe española?”, se preguntaba un artículo El País a propósito de los planteamientos de Christakis. Hay quien ha querido ver un paralelismo entre los avances tecnológicos de aquella década –la expansión de la electricidad, el cine, la radio, el automóvil, el teléfono y el telégrafo– y el desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación (TIC) de la nuestra. Incluso L’Óreal se ha sumado a esta corriente. “La gente estará contenta por volver a salir, a socializar”, declaró el presidente de la compañía, Jean-Paul Agon. “Será como los felices años veinte, habrá una fiesta con maquillaje y fragancias, utilizar barra de labios será de nuevo un símbolo de retornar a la vida”, añadió. La idea de fondo no solo dista de ser original, sino que es tremendamente superficial y, posiblemente, equivocada. La metáfora de “los nuevos años veinte”, más que aclarar, contribuye a oscurecer nuestra comprensión del presente o el pasado.

Presente continuo

Uno de los rasgos atribuidos por el filósofo estadounidense Fredric Jameson a la posmodernidad, entendida como lógica cultural del capitalismo tardío, es la crisis del pensamiento histórico, o en otros términos, la creciente incapacidad para entender los procesos sociopolíticos históricamente. En El postmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado –del que este año se cumple el trigésimo aniversario de su publicación–, Jameson venía a decir que el nuestro es un régimen de presente continuo donde, desarticulado de todo proceso histórico, el pasado se ha convertido en una especie de baúl de los recuerdos del que pueden sacarse los disfraces a conveniencia. Disfraces que, en este caso, han sido confeccionados por el departamento de vestuario de la industria cultural: quien habla de “los años veinte” como lo hace Christakis está pensando en un imaginario construido por el cine estadounidense de bootleggers, flappers y jazz.

Aunque estos artículos no obvian que “los felices años veinte” terminaron con la crisis de 1929, esta se presenta como un accidente histórico y no como consecuencia de las tensiones creadas por el Tratado de Versalles, la hiperinflación alemana, el retorno de las economías occidentales al patrón oro y las políticas de Calvin Coolidge (1923-1929), un conocido partidario del laissez-faire y del principio de mínima intervención gubernamental en la economía. Y se limita geográficamente, en un nuevo ejemplo de colonización cultural, a los Estados Unidos de América: aunque la República de Weimar e incluso la Unión Soviética tuvieron sus propios “felices años veinte” –entre 1924-1929 y 1921-1928, respectivamente, gracias al Plan Dawes y el Plan Young, en el caso alemán, y a la Nueva Política Económica (NEP), en el de la URSS–, lo cierto es que los “felices años veinte” no fueron especialmente “felices” para muchos en ninguno de esos tres países ni mucho menos en otros.

También los veinte fueron el fermento de regímenes autoritarios con la proclamación del almirante Miklós Horthy como regente de Hungría (1920), la marcha sobre Roma de Benito Mussolini (1922), la dictadura de Miguel Primo de Rivera en España (1923) o los golpes de Estado en Portugal y Polonia, ambos en 1926. Aunque las consecuencias económicas del crack del 29 precipitaron los hechos, lo cierto es que todos los elementos que dieron pie a la violencia política de los treinta y el auge del fascismo se encontraban ya presentes en la década anterior.

Por otra parte, esa misma interpretación de los años veinte sesgada y pasada por el tamiz de la cultura de masas permite que genere menos rechazo entre el público que, pongamos por caso, la Rusia de los años noventa. Un período con el que comparte la misma relajación de la moral y rápidas transformaciones políticas y económicas, convulsión social y capitalismo desembridado. Huelga decir que, de ser preguntados por ello, seguramente muy pocos, por no decir nadie, responderán que quieren parecerse a aquella Rusia caótica y en descomposición social, que solo se estabilizó con el cambio de milenio, con el perfeccionamiento del sistema de ‘democracia gestionada’ que supuso la llegada de Vladímir Putin al Kremlin.

La historia de la interpretación de la historia es tan fascinante como la historia misma. En los últimos años hemos visto conjurarse en el discurso político desde la República de Weimar a la Edad Media, uno de los tropos preferidos de la nueva derecha radical. Con el Covid-19 y la incertidumbre que lleva aparejada, estos espectros deambulan más que nunca entre nosotros. Puede que el pronóstico sobre unos “nuevos años veinte” no sea el último que veamos de estas características. “No podemos predecir cómo responderá nuestra palabra”, escribió el poeta ruso Fiódor Tiútchev en el siglo XIX. Habrá que limpiarse bien las lentes para evitar que se empañen de ideología y estar atentos, como siempre, a la evolución de los acontecimientos.

Por Àngel Ferrero, miembro del comité de redacción de Sin Permiso.

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Fotografía de archivo fechada el 25 de octubre 2019 que muestra a manifestantes mientras cuelgan representaciones del presidente hondureño Juan Orlando Hernández (d) y su hermano Juan Antonio "Tony" Hernández (i) durante una protesta en Tegucigalpa (Honduras). — EFE

 

"Tony" Hernández había sido hallado culpable en 2019 de los cuatro cargos de los que fue acusado, incluyendo el envío de cocaína a Estados Unidos.

 

Juan Antonio "Tony" Hernández, hermano del presidente hondureño Juan Orlando Hernández, fue condenado este martes por un juez de un tribunal federal de Nueva York a cadena perpetua por narcotráfico.

"Basado en la libre elección de Juan Antonio de involucrarse en una vida de tráfico de drogas durante un período de 12 años, que afectó la vida de personas en los Estados Unidos y en Honduras, una sentencia de cadena perpetua es muy merecida", dijo el juez Kevin Castel.

Tony Hernández, diputado en el Congreso hondureño entre 2014 y 2018, fue detenido el 23 de noviembre de 2018 en el aeropuerto de Miami y declarado culpable en un tribunal de Nueva York el 18 de octubre de 2019 de traficar cocaína con destino a EEUU, posesión de armas y mentir a las autoridades estadounidenses.

Además, el juez dictaminó el embargo de bienes y propiedades por valor de 138,5 millones de dólares, que coincide con la cantidad que supuestamente obtuvo Tony Hernández con la venta de la cocaína entre 2004 y 2015, y lo condenó a otros 30 años por el resto de los cargos, entre los que estaba el uso de armamento.

Castel insistió durante la lectura de su sentencia que el acusado y sus coconspiradores, entre los que citó al presidente Juan Orlando Hernández, "fueron indiferentes a las consecuencias de sus actos en las vidas de las personas de su propio país y de este país (EEUU)", por lo que subrayó que "una sentencia larga promoverá el respeto por la ley y servirá como un disuasivo para otros que puedan implicarse en una conducta similar".

Durante la vista, el abogado de Hernández, Peter Brill, solicitó en primer lugar un aplazamiento de la sentencia, que fue denegada por el juez y anunció que presentará una apelación.

Tony Hernández tomó la palabra antes de escuchar la sentencia para insistir en dicho aplazamiento y recriminar a su abogado por lo que consideró una mala representación.

Para argumentar dicha postergación el acusado aseguró que la Fiscalía había ocultado pruebas que podrían favorecerlo, algo que el juez rechazó insistiendo que había llegado el momento de dictar sentencia después de un año y cinco meses de que un jurado lo hubiera declarado culpable.

En su comparecencia, la Fiscalía recriminó a Tony Hernández y lo calificó de "arrogante" por su intervención, asegurando que en lugar de mostrar remordimiento por sus actos "se queja de los abogados".

Poco antes de conocerse el veredicto, el presidente de Honduras aseguraba a través de su cuenta de Twitter que la noticia que se esperaba de Nueva York sería dolorosa.

"Para toda la familia, la noticia que se espera de Nueva York será dolorosa. ¿Y qué más se puede decir de un juicio en el que el testimonio del principal "cooperador" de los fiscales ahora queda expuesto por las grabaciones secretas de la propia DEA (la Administración para el control de drogas de EEUU) como una mentira?", escribió el mandatario hondureño que ha negado en repetidas ocasiones las acusaciones de narcotráfico vertidas contra él durante el proceso.

Asimismo, y como ya ha hecho en varias ocasiones, ha subrayado que según el Departamento de Estado de Estados Unidos el tráfico de drogas en Honduras se redujo en un 95% desde su llegada a la presidencia.

"Antes, las narcoavionetas aterrizaban como moscas en territorio hondureño a vista y paciencia de las autoridades. Hoy, el tráfico de drogas se redujo en un 95 % en Honduras. Lo dice el Depto. de Estado de EEUU NO lo digo yo", subrayó en un mensaje

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América Latina: Lo antipatriarcal y su importancia en la construcción de un proyecto revolucionario

Patriarcado & Pacto de la masculinidad hegemónica

Cuando la filósofa feminista valenciana, Celia Amorós, definió el pacto patriarcal, en su libro Feminismo: Igualdad y Diferencia (1994), como el pacto interclasista entre varones para apropiarse el cuerpo de las mujeres como propiedad privada, probablemente no imaginó que su concepto se convertiría en un hashtag que inundaría las redes sociales.

 

El concepto “pacto patriarcal” se volvió parte integral de un grito de lucha de mujeres de todo el país, que demandan al presidente Andrés Manuel López Obrador que rompa el pacto de complicidad patriarcal que ha permitido que Félix Salgado Macedonio sea candidato a la gubernatura de Guerrero. La indignación se ha hecho viral ante la posibilidad de que un hombre acusado de violación y acoso sexual sea gobernador de uno de los estados con mayores índices de violencia hacia las mujeres. La popularización de la demanda feminista nos habla de la fuerza que ha tomado un movimiento amplio de mujeres, que desde distintos espacios públicos han denunciado la continuidad de la violencia patriarcal confrontando las prácticas y discursos del poder que la posibilitan.

Lamentablemente, el uso en el debate público del concepto feminista por parte actores sociales de todo el espectro político, ha tenido también como consecuencia la trivialización de la crítica feminista, centrando toda la atención en la figura presidencial. El llamado a romper este pacto, debe de interpelar a todos aquellos hombres y mujeres, que con sus discursos y sus silencios posibilitan la reproducción de las violencias patriarcales: cotidianas, extremas, estructurales. Estamos ante las paradojas de un clima cultural que populariza el discurso feminista, llegando a sectores que nunca antes se hubieran identificado como feministas, pero a la vez silencia la radicalidad política de nuestras demandas. Como bien señala nuestra compañera Guiomar Rovira: “La popularización del feminismo genera entonces un doble filo, por un lado jamás ha habido tantas mujeres exigiendo derechos y denunciando las violencias. Por otro, las mujeres son llamadas a construir sus aspiraciones dentro del sistema de méritos capitalista y patriarcal, reforzando el privilegio de raza, de clase y heteronormado, prestándose incluso a agendas neoconservadoras y xenófobas.”[1]

Es por eso importante recordar que el llamado a romper el pacto patriarcal se viene haciendo en México desde hace décadas en diferentes espacios de lucha, con otras palabras, otras metáforas, pero señalando la importancia de desmantelar una estructura patriarcal que se ha imbricado con una estructura colonial y racista, que despoja, viola, y ocupa cuerpos y territorios. En este sentido, las mujeres de la Red Mexicana de [email protected] por la Minería (REMA) han señalado: “El pacto patriarcal que las mujeres de México y del mundo exigimos que el Estado, las instituciones, nuestros compañeros y comunidades rompan, es el pacto que promueve la violencia directa e indirecta contra la mujer, aquel que silencia a sus víctimas y que permite que se cuestione más a las denunciantes que a los denunciados. El pacto patriarcal que exigimos romper es también el que alimenta al modelo extractivista, por lo que romper con él significa romper con la minería y otros proyectos de muerte que nos exterminan.”[2]

La lucha por desmantelar estas estructuras patriarcales, es una lucha mexicana, latinoamericana, global, no se trata de una “ideología importada”, como lo ha denunciado el presidente. Los argumentos del presidente López Obrador no son nuevos en el pensamiento de las izquierdas latinoamericanas, sino que han marcado históricamente la tensa relación entre las feministas y las organizaciones de izquierda. Hemos sido acusadas de “extranjerizantes”, de “dividir al movimiento”, “de traicionar a nuestra cultura” y ahora de “manipuladas y conservadoras”.

Paradójicamente, en México, como en muchos otros países de América Latina, las organizaciones feministas surgieron en el seno de los movimientos de izquierda, por lo que la lucha contra la desigualdad económica ha sido central en los feminismos mexicanos. Las jóvenes que tomaron las calles el 8 de marzo, las que el año pasado paralizaron la universidad nacional denunciando la violencia y el hostigamiento sexual, y las que al interior de Morena exigieron la renuncia de Salgado Macedonio, con sus diversidades y contradicciones, abrevan de un feminismo que surgió de las izquierdas. Acusarlas a ellas de conservadoras es tan absurdo como sostener que los valores familiares nos salvarán de las violencias patriarcales.

La radicalización de una nueva generación de jóvenes feministas -que están dispuestas a romperlo todo para hacerse escuchar y que no demandan un “cuarto propio”, sino que lo ocupan, lo hacen suyo, lo rediseñan y quieren transformarlo todo- es resultado del hartazgo de tratar de construir conjuntamente con una izquierda misógina, machista y patriarcal, que no está dispuesta a cuestionar sus privilegios, ni a dar paso a las visiones y propuestas de las mujeres. Son esas izquierdas, tanto la institucional, como la antisistémica y revolucionaria, con las que algunas de nosotras tenemos toda una vida negociando.

En una de sus conferencias matutinas, López Obrador se refirió a las demandas de los grupos feministas y medioambientalistas como “demanda justas, pero no centrales”; lo importante para él es la “lucha contra la pobreza” y, por supuesto, avanzar con la agenda de su gobierno, a cualquier costo. Escucharlo me hizo recordar los viejos discursos de las organizaciones de izquierda revolucionaria en las que milité en mi juventud, cuando nos decían que lo importante era “el triunfo revolucionario” y que los otros cambios vendrían como consecuencia. Se argumentaba que la contradicción principal era entre capital y trabajo (perspectiva que por cierto no comparte AMLO) y que la prioridad era derrocar a los Estados burgueses, por lo que las demandas feministas eran vistas como distracciones de la lucha central, y en el peor de los casos, como divisorias de las luchas del pueblo. Desde la década de los cincuentas (con el triunfo de la Revolución Cubana), hasta los noventa (cuando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional dio a conocer su Ley Revolucionaria de Mujeres), ningún movimiento revolucionario incluyó en su agenda política las demandas específicas de las mujeres. Sin embargo, las mujeres pusimos nuestros cuerpos y muchas dejaron sus vidas en las luchas de liberación nacional de Centroamérica, y antidictatoriales del Cono Sur, solo para darnos cuenta de que ese “después” en el que nuestras demandas específicas serían prioritarias, no llegaría nunca. Libros como el de Lucía Rayas Velasco, Armadas. Un Análisis de Género desde el Cuerpo de las Mujeres Combatientes, y Mujeres en la Alborada de Yolanda Colom, dan cuenta de las resistencias y desencantos de esta época.

La llegada de las “izquierdas institucionales” al poder en distintas regiones de América Latina, fue posible gracias al apoyo de amplios sectores de las organizaciones feministas y de mujeres, que siguieron apostándole a los gobiernos “progresistas” como aliados para avanzar sus agendas. Pero la historia se sigue repitiendo. Por lo menos los gobiernos de Rafael Correa, en Ecuador (2007-2017); de Evo Morales (2006-2019), en Bolivia; y en menor medida, de Hugo Chávez, en Venezuela (1999-2013), no solo no incorporaron las demandas específicas de las mujeres a sus planes de gobierno, sino que se convirtieron en enemigos abiertos de las organizaciones feministas, alineándose con los valores más conservadores de la iglesia católica o usando el discurso “culturalista indígena” para perpetuar las exclusiones patriarcales.

El discurso antineoliberal de estos políticos despertó muchas expectativas en los feminismos de izquierda, que tenían claro que la lucha feminista es anticapitalista. En el caso de Ecuador, la llegada al poder de Rafael Correa en el 2006 movilizó las esperanzas de algunas feministas en torno a las posibilidades de ampliar los derechos de las mujeres en el marco del proceso constituyente. Se produjeron articulaciones feministas, con mujeres de sectores populares, para empujar una agenda antipatriarcal y antiracista. Sin embargo, la reforma institucional del Estado y la modernización capitalista que promovió el régimen correísta desmanteló la institucionalidad de género y apostó por un desarrollismo neoextractivista que afectó de manera profunda a las mujeres indígenas y campesinas. Las demandas de las organizaciones feministas por la despenalización del aborto, por un sistema integral de prevención y erradicación de las violencias machistas contra las mujeres, las luchas territoriales contra el extractivismo, la defensa de la soberanía alimentaria y del agua, no solo no fueron incluidas en la agenda de gobierno, sino que en algunos casos fueron frontalmente atacadas por la “Revolución ciudadana”. Al igual que en México, las feministas se convirtieron en enemigas públicas del régimen.

En Bolivia, Evo Morales llegó al poder en el 2006 con un amplio respaldo de las mujeres de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia – Bartolina Sisa, cuyas lideresas participaron en la Asamblea Constituyente, llevando las demandas de las mujeres indígenas a la nueva Constitución plurinacional de Bolivia. Muchas feministas, como Julieta Paredes, le apostaron al gobierno de Morales, llevando la retórica de la despatriarcalización a las políticas públicas. Bolivia se convirtió en el primer país del continente en tener un Ministerio de Cultura, Descolonización y Despatriarcalización. Pero de nuevo las promesas quedaron en palabras y las alianzas se rompieron, en algunos casos de manera violenta y dolorosa. La retórica machista del presidente Evo Morales contó con la complicidad del pacto patriarcal de los hombres de su partido, cuando señaló por ejemplo que al terminar su mandato sus planes eran retirarse con “mi cato de coca, mi quinceañera y mi charango”, o cuando compartió ante la Federación del Trópico que para celebrar “le llevaran una mujer de cada sindicato”. Al igual que Correa, justificó el despojo territorial de hombres y mujeres indígenas a nombre del “progreso”, cuando construyó la autopista del TIPNIS partiendo en dos la selva, afectando la reserva ecológica y encarcelando a indígenas que se opusieron al proyecto. Con respecto a la oposición de la mujeres amazónicas a su proyecto, se explayó en su retórica machista en uno de sus discursos argumentando: “Si yo tuviera tiempo, iría a enamorar a las compañeras yuracarés y convencerlas de que no se opongan a la ruta sobre el TIPNIS, así que jóvenes, tienen instrucciones del Presidente de conquistar a las compañeras yuracarés trinitarias para que no se opongan a la construcción del camino”. [3] Estos discursos fueron el pan de cada día para las feministas bolivianas, quienes eventualmente se alejaron de su gobierno, convirtiéndose algunas en sus más acérrimas enemigas.

En Venezuela, Hugo Chávez contó con un amplio apoyo de las mujeres de sectores populares, que se vieron beneficiadas por sus políticas de redistribución económica y programas focalizados contra la pobreza. De nuevo, los primeros años de su gobierno se caracterizaron por contar con el apoyo de las organizaciones feministas que lograron en 1999 la primera Constitución de América Latina que tiene un lenguaje incluyente no sexista y la inclusión del artículo 88 que considera el trabajo doméstico como actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social, reivindicando el derecho de las amas de casa a la seguridad social. Sin embargo, la despenalización del aborto o el establecimiento del matrimonio homosexual fueron abiertamente rechazados por el discurso católico de Hugo Chávez, quien en diversas ocasiones uso expresiones homofóbicas en sus discursos. Las denuncias de hostigamiento sexual y violencia de género, inclusive por parte de su exesposa, Marisabel Rodríguez, contaron con el silencio del pacto patriarcal de los hombres de su partido.

Podríamos continuar el recorrido por América Latina, con casos extremos de violadores de “seudoizquierda” como Daniel Ortega en Nicaragua, o los feminicidios cometidos por comandantes guerrilleros guatemaltecos contra mujeres combatientes de sus propias organizaciones acusándolas de “traición”. Evidentemente, la violencia patriarcal no es solo una característica de los “hombres de izquierda”; el machismo, la misoginia y la violencia en sus múltiples manifestaciones, es especialmente evidente entre los políticos de derecha, pero ellos nunca han pretendido ser aliados de las feministas.

El EZLN es el primer movimiento político militar que ha integrado a su agenda de lucha las demandas de las mujeres con la Ley Revolucionaria de Mujeres. Las mujeres zapatistas han trabajado arduamente por que las regiones autónomas sean espacios libres de violencia patriarcal. No es una tarea fácil, esto ha implicado reconstruir los espacios de justicia para incluir en ellos las demandas de las mujeres, confrontando muchas veces perspectivas y valores tradicionales heredados de quinientos años de colonización. Se trata de una lucha que se da diariamente, frente al fogón, en las escuelitas zapatistas o en los encuentros intergalácticos contra el neoliberalismo. Pero la izquierda antisistémica que se ha acuerpado alrededor del zapatismo, no está exenta de estos pactos patriarcales. Personalmente, me ha tocado enfrentar estos micromachismos y rechazar los pactos de silencio a los que se nos ha convocado en casos de denuncias de hostigamiento sexual por parte de “compañeros de lucha”.

En la coyuntura actual, muchos hombres que hasta ahora no se habían manifestado abiertamente en apoyo al feminismo, se empiezan a pronunciar contra el “pacto patriarcal”. Preparando este artículo, no pude dejar de sorprenderme ante la cantidad de hombres que han escrito sobre el tema: Mario Patrón, el padre Miguel Concha, Juan Gómez, Herman Bellinghausen, Omar Paramo, Carlos Martínez, Víctor M. Quintana, Edgar Cortez, Jorge Zepeda Patterson, Michael Chamberlain, por nombrar a aquellos que reconozco. Entre las perspectivas más creativas y lúcidas sobre el tema está el rap de Danger AK “Rompa el Pacto” ( De Buena Fe – T7P9-1 – Danger AK – Rompa el Pacto | Facebook). Me surgen muchas dudas cuando leo estos textos antipatriarcales, ¿hay realmente una crítica profunda a sus culturas patriarcales? ¿O es solo una forma más de pelearse entre hombres apropiándose de los discursos de las mujeres? Serán las prácticas concretas de estos compañeros en la vida cotidiana las que nos digan más que sus textos.

Las nuevas generaciones, que ahora gritan en las calles “el patriarcado no va a caer, lo vamos a tirar”, no están dispuestas a hacer las concesiones y negociaciones que algunas de nosotras, desde un feminismo antirracista y anticapitalista, hemos hecho con nuestros aliados hombres. No tienen la paciencia de esperar a que cuestionen sus masculinidades, deconstruyan sus introyectos patriarcales y rompan el pacto de complicidad. Yo personalmente no comparto muchas de sus tácticas, pero no puedo dejar de reconocer que fueron ellas las que nos han obligado a todos y todas a discutir de manera urgente ¿qué es eso que llamamos violencia patriarcal y por qué urge pararla?.

Por Rosalva Aída Hernández Castillo | 30/03/2021

 

Fuente: https://sergiomedinaviveros.blogspot.com/2021/03/america-latina-lo-antipatriarcal-y-su.html

** NOTAS **

[1] https://www.elsaltodiario.com/atenea_cyborg/internet-redes-sociales-cuarta-ola-feminismos-en-red-contra-poder-mundos-vida

[2] https://desinformemonos.org/romper-el-pacto-patriarcal-es-romper-el-extractismo-mujeres-de-la-red-mexicana-de-afectados-por-la-mineria/

[3] https://cedib.org/post_type_titulares/exigen-a-evo-disculpa-publica-por-falta-de-respeto-a-mujeres-indigenas-el-deber-05082011/

Fuente: https://www.rompeviento.tv/las-izquierdas-y-los-pactos-patriarcales/

*Sobre la autora: Rosalva Aída Hernández Castillo , nació en Ensenada, Baja California, México. Antropóloga mexicana, distinguida con el premio LASA/Oxfam Martin Diskin Memorial Award y reconocida por su trabajo por la defensa de los derechos de las mujeres y los pueblos indígenas en América Latina.

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Un alegato en favor de la política identitaria feminista

Desde un principio, el movimiento feminista se enfrentó al desafío de definir el sujeto político mujer y proclamar características en común a través de las cuales pudiera definirse a sí mismo. O para decirlo de otra manera: ¿por quién lucha realmente el feminismo? Y viceversa: ¿quiénes están (o se sienten) excluidos?

 

 «Nadie soporta a las feministas», se dice en la serie Mrs. America, que muestra la lucha política por la Enmienda para la Igualdad de Derechos (Equal Rights Amendment) en la década de 1970, una enmienda constitucional que supuestamente garantizaría la igualdad de derechos para las mujeres en Estados Unidos. La frase lo sintetiza bastante bien, ya que no solo hay tradicionalmente resistencia a las demandas feministas en los reaccionarios de derecha: mucha gente de izquierda también insta una y otra vez a recordar que la demanda central es de igualdad social y justicia social, y a no dejarse dividir por los supuestos «intereses particulares» de movimientos individuales como el feminismo o Black Lives Matter. En especial desde la derrota de Hillary Clinton en las elecciones por la Presidencia en 2016, se ha generalizado el argumento de que últimamente los liberales de izquierda solo se han centrado en reclamos de minorías. Se dice que en la lucha contra la discriminación se han dejado de lado la desigualdad social y la lucha contra ella. Finalmente, se aduce también que este proceso ha promovido asimismo el triunfo global de la derecha populista y la ultraderecha, si no es que ha sido el culpable de tal triunfo.

«Política identitaria» es el tan trillado eslogan que supuestamente explica la atomización y la falta de alianzas dentro de los movimientos de izquierda. Este término parecería reemplazar como nuevo eslogan la reaccionaria expresión de batalla «corrección política», muy popular desde hace varias décadas. Pero en ambos casos se trata de un intento –y esta es la tesis central del presente texto– de desacreditar y deslegitimar políticas emancipatorias que difícilmente podrían ser mayoritarias en la puja democrática.

Por cierto, la crítica a la política identitaria no es nueva. El feminismo ha trabajado incansablemente durante casi 150 años en la famosa «contradicción fundamental», es decir, la explotación capitalista, con cuya eliminación todas las demás formas de opresión desaparecerían naturalmente. Incluso los primeros socialistas exigían que las compañeras hicieran el favor de cesar sus quejas feministas y cerraran filas. Una vez establecido el socialismo –se decía–, la opresión de las mujeres también se resolvería por sí sola porque era tan solo una «contradicción secundaria». Un pronóstico que, como es sabido, no se ha cumplido.

Más bien, fueron precisamente esos movimientos que habían sido despreciados por ser «política identitaria» los que se opusieron a esa opresión. Porque sin política identitaria habría una alta probabilidad, por ejemplo, de que siguieran vigentes las leyes Jim Crow, que rigieron en el sur de Estados Unidos durante el periodo comprendido entre la abolición de la esclavitud en 1865 y el final (oficial) de la segregación racial a mediados de la década de 1960: entre otras cosas, las mujeres seguirían sin poder votar y la homosexualidad sería aún una conducta punible.

Y estas luchas elementales contra la discriminación y por la igualdad de derechos tampoco deben, contrariamente a las críticas, separarse de las luchas por la igualdad social y la justicia social. A diferencia de la política identitaria de derecha, que trata de asegurar privilegios y la exclusión de minorías, la política identitaria de izquierda lucha por la participación y la inclusión. Tampoco es una forma de protesta que una haya elegido, sino esencialmente una reacción ante la discriminación. Reacciona al hecho de que determinadas características (no todas necesariamente negativas) son asociadas a un supuesto colectivo. Esto significa, por ejemplo, que las mujeres son consideradas irracionales, pero al mismo tiempo son asociadas a una mayor emocionalidad y empatía. Estas atribuciones colectivas son históricamente contingentes, pueden cambiar y, a veces, incluso directamente contradecirse. Las personas son reunidas así, en un grupo que supuestamente forma una «unidad» propia: «identidad» proviene del latín idem, que significa «lo mismo». Esta unidad es algo que fija la sociedad. Las personas que se encuentran en ella no son realmente «las mismas». Así, fue el racismo el que creó el constructo race y no al revés, tal como escribe Ta-Nehisi Coates en el prefacio de El origen de los otros, de Toni Morrison. Por lo tanto, se trata a las personas como colectivos sin que estas hayan decidido pertenecer a tal colectivo.

Esta atribución colectiva tiene consecuencias enormes que el individuo debe soportar pero que solo surgen por la pertenencia atribuida: una determinada mujer experimenta el «techo de cristal» no porque haya hecho algo mal al planificar su carrera individual, sino porque, como parte del colectivo «mujeres», está expuesta a la discriminación estructural; si bien los fascistas dan golpizas a personas concretas individuales, estas experimentan esa violencia porque con anterioridad fueron colectivizadas racialmente. Entonces, si la discriminación y la opresión funcionan siempre y exclusivamente de manera colectiva, es lógico defenderse también contra ellas de manera colectiva.

El Combahee River Collective acuñó la expresión «política identitaria» en 1977. En una declaración programática, esta asociación de lesbianas negras anunció: «Creemos que la postura política más profunda y tal vez la más radical surge directamente de nuestra propia identidad». Esto significaba que la opresión específica que experimentaban en concreto como lesbianas negras se podía combatir mejor a partir de su situación específica como lesbianas negras, y que la podían combatir conjuntamente. Estas mujeres no se reconocían en una política de izquierda que tenía principalmente al trabajador industrial masculino como figura modélica del proletariado. Porque la realidad de la vida de este trabajador no se correspondía con la situación vital de ellas ni con sus vivencias de explotación.

La palabra «colectivo», que probablemente no por casualidad forma parte del nombre del Combahee River Collective, es central. Pero reaccionar como un colectivo a la opresión experimentada por un conjunto requiere, en primer lugar, la aceptación de esta atribución y esta pertenencia determinadas desde afuera. Esta obligada aceptación va acompañada de una autodefinición y una redefinición de la identidad colectiva asignada. La subordinación experimentada, junto con los atributos despectivos, debería convertirse ahora en una entidad colectiva con connotaciones positivas, autoelegida y autoempoderante: las mujeres ya no son el «sexo débil», sino fuertes y autodeterminadas, negro ya no es peor que blanco, sino que «Black is beautiful», el «orgullo gay» hace que «homosexual» deje de ser un improperio, etc.

Sin embargo, el dilema central de cualquier política identitaria de izquierda sigue siendo tener que referirse positivamente a categorías que en realidad son la causa de la discriminación. Por lo tanto, la política identitaria se caracteriza por una ambivalencia fundamental entre el rechazo y la afirmación de la identidad. La afirmación conlleva un gran peligro de la política identitaria: el de la esencialización. Pues las asociaciones sexistas y racistas, por ejemplo, a menudo son ambivalentes y peyorativas: las mujeres son vistas como empáticas y cariñosas, los varones negros como fuertes y potentes. Por lo tanto, es grande la tentación de incluir estas atribuciones contingentes que se hacen desde afuera en el propio diseño de la identidad y de esencializarlas, es decir, declararlas como características esenciales. Lo afro asumido con seguridad en una misma es tan indisolublemente parte de la negritud como el elogiado útero es parte de ser mujer. A la inversa, esto significa que quedan excluidas aquellas que no tienen la estructura capilar necesaria o, como las mujeres trans, carecen del órgano requerido. La identidad colectiva asumida deja de ser entonces un constructo auxiliar que finalmente surge de la legítima defensa. Más bien postula y vuelve a manifestar diferencias esenciales donde en realidad no las hay.

El ejemplo de los movimientos feministas, que fueron y son movimientos centrales en las políticas identitarias, muestra de manera particularmente vívida lo arduo que es buscar una esencia identitaria. «¡¿No soy una mujer?!», preguntaba la ex-esclava Sojourner Truth en 1851. Con su famoso discurso «And ain’t I a woman?!", denunció, durante una convención sobre los derechos de la mujer en Ohio, que el movimiento feminista estadounidense, que acababa de nacer, no incluía en su demanda de emancipación a las negras ni a las mujeres esclavizadas, incluso pese a que el movimiento feminista estadounidense se había inspirado, sobre todo, en la lucha de los hombres y las mujeres abolicionistas por la supresión de la esclavitud.

La crítica de Sojourner Truth marcó así el comienzo de un argumento que recorre como un hilo rojo la historia del feminismo: ¿por quién lucha realmente el feminismo? ¿Quiénes eran exactamente «las mujeres» cuyos derechos defendía? O formulando la pregunta al revés: ¿quién era excluida? Desde un principio, el movimiento feminista se enfrentó al desafío fundamental de definir el sujeto político mujer y proclamar características en común a través de las cuales ese colectivo pudiera definirse a sí mismo. Al igual que con Sojourner Truth, esta identificación fracasó (y sigue fracasando) no solo por el color de la piel: el fracaso reconoce las más diversas razones a lo largo de la historia del feminismo. Las trabajadoras se sentían excluidas del feminismo burgués y las feministas del Sur global se sentían excluidas del feminismo occidental, las lesbianas rechazan el feminismo de las feministas heterosexuales por ser excluyente, etc.

Un conflicto básico central del Primer Movimiento Feminista, que surgió en la segunda mitad del siglo XIX, fue inicialmente el antagonismo entre trabajadoras y feministas burguesas. Desde entonces se ha intentado combinar la cuestión social con la «cuestión de la mujer», es decir, la política de clases con la política identitaria. Porque a pesar de todos los antagonismos y conflictos de intereses, hay innumerables ejemplos que muestran que las políticas identitarias, tanto en la teoría como en la práctica política, no se oponían en modo alguno a la política de clases.

Los movimientos feministas siempre han denunciado la pobreza femenina y han formulado una elaborada crítica a la economía con la que, entre otras cosas, exigieron el reconocimiento del trabajo reproductivo y una redistribución radical del trabajo remunerado y no remunerado. En una entrevista con el periódico ak - analyse & kritik en 2017, la feminista marxista Silvia Federici criticó lo anticuada que es la idea de esta contradicción (política identitaria versus lucha de clases): «La idea de que hay cultura por un lado y lo real por el otro es parte de una concepción muy paleomarxista, paleolítica, de lo que es explotación y acumulación. Básicamente, esta concepción todavía ve la acumulación principalmente en la fábrica y todo lo demás es 'cultural'».

El deseo de formar alianzas en vista de una izquierda dividida y fragmentada es comprensible y generalizado. El malestar por la multiplicación indiferenciada de categorías de discriminación inquieta a muchos críticos y críticas de izquierda de las políticas identitarias. Pero los llamamientos a la unidad y a dejar estratégicamente atrás las diferencias son desacertados, pues estas diferencias existen y son enormes. Por lo tanto, la solución para una política identitaria de izquierda implica no negar estas diferencias ni evaluarlas necesariamente como divisivas y disolventes. Como toda política identitaria, también debe reconocer que la propia homogeneidad es solo una ficción auxiliar y debe afirmar la diferencia como característica constitutiva e incluso constructiva.

Este reconocimiento trae consigo una gran oportunidad: a fin de cuentas, la crítica de la política identitaria de las minorías es precisamente la fuerza y no la debilidad de los movimientos de izquierda. La política identitaria de izquierda quiere superar las marginaciones para trabajar en forma mancomunada por una mayor justicia para cada vez más personas. Y en vista de las actuales invectivas, es extremadamente importante tener en cuenta este logro histórico. Así, el objetivo de la política identitaria de izquierda no es la división, sino más bien lo que supuestamente se impide: la solidaridad.

Fuente: Neue Gesellschaft-Frankfurter Hefte

Traducción: Carlos Díaz Rocca

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125 residentes de Stockton reciben 500 dólares mensuales por dos años.

En qué gastan el dinero los ciudadanos que reciben un subsidio estatal

El experimento de la ciudad de Stockton prueba que utilizaron para pagar deudas, aplicar a trabajos y capacitarse para conseguir empleos de mayor calidad.

 

Un grupo de 125 residentes de Stockton, una ciudad de California, recibieron durante un año 500 dólares mensuales que podían gastar en lo que querían; y lo utilizaron para pagar deudas, aplicar a trabajos y capacitarse para conseguir empleos de mayor calidad. El experimento durará dos años y tiene como objetivo evaluar si el otorgamiento de una Renta Básica Universal disminuye el incentivo a buscar empleo. Para entenderlo en criollo, buscar saber si "todos los pobres son vagos y planeros". 

El experimento se denominó Demostración de Empoderamiento Económico de Stockton(SEED, según sus siglas en inglés) y fue promovida por el ex alcalde de la ciudad, aunque financiada por donantes filantrópicos de manera privada, incluida una organización sin fines de lucro dirigida por el cofundador de Facebook, Chris Hughes.

Consistió en seleccionar al azar a 125 residentes de la ciudad con un salario medio igual o menor a 46 mil dólares para transferirles 500 dólares mensuales sin condiciones: se les permitió gastarlo como les pareciera conveniente y no estaban sometidos a ningún test de drogas, entrevistas o requisitos laborales. También se seleccionó aleatoriamente un grupo de otras 200 personas demográficamente similares para comparar la evolución en los dos años que dura el experimento. 

Los resultados preliminares a un año de comenzado el ensayo juegan a favor de la Renta Básica Universal: al comienzo, 28 por ciento de los que recibían el pago tenían un empleo a tiempo completo. Doce meses después, la cifra ascendió al 40 por ciento. En el grupo de control, un 32 por ciento trabajaba a jornada completa al empezar el estudio, y un año después solamente había subido al 37 por ciento.

La categoría de gasto más grande cada mes fue comida, seguido de ventas / mercadería (que probablemente también fueron compras de alimentos al por mayor en hipermercados). Otras categorías principales cada mes fueron el pago de servicios públicos y cuidado del automóvil o transporte. Menos del 1 por ciento de las compras fueron para tabaco y alcohol.

Más allá del resultado en términos materiales, también resultó positivo para la salud mental. En el informe de resultados del estudio se incluyen algunas experiencias particulares.

"Me quedé en un matrimonio abusivo por mucho más tiempo del que debería haber estado, porque no tenía los fondos ni los medios para irme ", explica Chelsea y agrega que si algo como SEED hubiera aparecido antes en su vida, habría podido dejar esa relación varios años antes. Con los 500 dólares, decidió saldar y adelantar los pagos para asegurar la guardería de sus hijos. 

Uno de los participantes explicó cómo los pagos en efectivo le permitieron realizar una pasantía no remunerada que finalmente lo llevó a un trabajo remunerado. Otro explicó que el pago le permitió reducir sus horas de trabajo para capacitarse para ser martillero y conseguir un mejor empleo. 

Si bien se discute en términos teóricos hace años, el dilema de la Renta Básica Universal se instaló con fuerza en Estados Unidos después de que uno de los precandidatos demócratas, el empresario Andrew Yang, anunciara que financiaría un programa de este estilo como parte de su campaña: le entregaría mil dólares por mes a diez familias por el plazo de un año.

Con la crisis causada por la Covid-19, varios países comenzaron a poner en agenda la posibilidad de otorgar una Renta Básica Universal. Argentina no fue la excepción y, en diálogo con Página 12, el ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo dejó en clara su postura: "Estoy muy a favor de una renta básica universal acompañada de trabajo social garantizado y acceso a los servicios básicos". Y explicó que siempre la pensó no como una renta básica al “modelo europeo”, continente en que existe más que nada un problema de ingresos, sino agregándole la complejidad que la situación argentina demanda: tiene que estar asociada al trabajo. "A mí me parece que no se puede entender el problema social argentino sin vincular trabajo, ingresos y acceso a servicios. Escindir una de la otra es claramente un error", concluyó el ministro. 

La idea pura de una Renta Básica con las características de general, no condicionada y permanente no existe en ninguna parte del mundo. Las medidas más cercanas son en Alaska, Estados Unidos, que distribuye cada año a todos sus ciudadanos las ganancias por la actividad petrolera. También en Finlandia y en algunos casos a nivel local en California. Si bien podría funcionar en su manera pura para lugares poco poblados, el gasto que esto implica para sostenerlo a nivel país se hace inaplicable. Por eso aparecen variantes que se adaptan a la idiosincrasia y capacidad de cada país. 

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Ecuador: campaña, operaciones y denuncias

Faltan menos de dos semanas para el ballottage del 11 de abril

Andrés Arauz lidera los sondeos y su rival, el banquero Guillermo Lasso, busca proyectar una imagen distinta de la mano de Durán Barba. 

 

Andrés Arauz es recibido en un pueblo pequeño de la provincia de Azuay, en la sierra. Las personas se acercan, toman fotos, lo abrazan, levantan el índice para indicar uno, es decir el número de su lista electoral, hay euforia. De fondo se ven las montañas verde lluvia, el final de otro día maratónico de campaña que lleva al candidato de la revolución ciudadana a través de ciudades, pueblos, reuniones, y entrevistas.

Quedan ya menos de dos semanas para el ballottage del 11 de abril, la línea final donde, se sabe, pueden definirse porcentajes electorales decisivos, en particular en una contienda donde el voto nulo ronda el 25%. Arauz, quien lidera los sondeos, enfrenta a Guillermo Lasso, el candidato banquero, así conocido por su pasado como presidente del banco de Guayaquil, uno de los principales en el país.

La dinámica de campaña es incesante, tanto en las diferentes provincias, como, a su vez, en uno de los territorios centrales para cualquier campaña actualmente: las redes sociales, tanto Twitter, como Facebook, Instagram, Tik Tok, Youtube, y Google para anuncios que aparecen en páginas o aplicaciones. Es allí donde se juega una de las claves, la posibilidad de llegar a diferentes públicos, romper los círculos propios, diseñar mensajes particularizados con precisión de big data.

Ese terreno es central para cada candidato, en particular para Lasso, debido a la necesidad que tiene de construirse una identidad distinta a la que ha sido durante sus más de veinte años de vida política y económica, dos esferas profundamente imbricadas en su caso. Lasso debe aparecer como cercano a pueblos indígenas, a las mujeres, a la juventud, preocupado por las mayorías sociales, los trabajadores, el ambiente, empático, en lo que conforma una operación de simulación/engaño que recuerda a la realizada por Mauricio Macri en su campaña electoral. No es casualidad que el asesor de ambos sea la misma persona: Jaime Durán Barba.

El objetivo de la operación mediática es construir un candidato con un proyecto diferente al que encabeza, y, a su vez, borrar tanto su pasado como su presente. Acerca de lo primero, se busca presentarlo como inocente en la principal crisis que vivió el país, en 1999, conocida como el feriado bancario, cuando miles de ecuatorianos tuvieron que emigrar del país mientras la banca acumulaba fortunas, como el banco de Guayaquil, que pasó de un patrimonio de 54 millones de dólares en 1998 a 75 millones en el 2002, según los datos de la superintendencia de bancos.

Acerca de lo segundo, su campaña política busca presentarlo como ajeno al actual gobierno de Lenín Moreno, y esconder la repetición de lo ocurrido en 1999: su enriquecimiento personal en un momento de crisis nacional. En efecto, según el servicio de rentas internas, sus ingresos en el 2020 fueron de 6,4 millones de dólares, mayores al 2019 con 2 millones, al 2018 con 2,3 millones o al 2017, con 4,3 millones. Durante esos años, en simultáneo, fueron despedidos 130 mil trabajadores del Estado y 600 mil en el ámbito privado.

Pero Lasso no solamente aumentó en millones su patrimonio, sino que, además, fue y sigue siendo parte del diseño de las políticas del gobierno de Moreno. Esto es particularmente notorio en el actual intento de privatizar el Banco Central del Ecuador (BCE) que impulsa Moreno a través de la denominada Ley de Defensa de la Dolarización, un proyecto que busca autonomizar al BCE del poder ejecutivo, y ponerlo en mano de sectores privados, un intento que proviene desde la década del 90.

El proyecto de Ley, que ya había sido rechazada dos veces por el Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional, fue aceptado este lunes, para ser tratado en el seno del poder legislativo de forma urgente. El intento de Moreno/la banca es una de las últimas maniobras económicas fuertes antes de dejar el gobierno el 24 de mayo, que, en caso de resultar, dejaría al próximo ejecutivo en una situación de aún mayor fragilidad y manos atadas. No es la única, también busca, por ejemplo, concretar la privatización de la refinería de Esmeraldas antes de abandonar el palacio presidencial de Carondelet.

Ese programa de gobierno es el que encabeza tras bastidores el sector bancario, es decir el de Lasso, ahora transformado en candidato con poncho y pinturas amazónicas. Su campaña, tanto la pública como la sucia, cuenta, al igual que en la primera vuelta, un fuerte financiamiento que, según Arauz proviene de vías ilegales: “ese despliegue enorme con vayas, publicidad en las radios, una campaña de redes con trolls ubicando en diferentes países del mundo (…) es pagado con recursos de depositantes del banco de Guayaquil”, por lo cual realizó una denuncia penal por delito de peculado bancario.

Se espera que las menos de dos semanas restantes puedan verse atravesadas por diferentes operaciones de difamación y campaña sucia contra Arauz, al igual que la preparación vía encuestadoras -en particular Cedatos, de Lasso- del terreno para la jornada de votación, en una acción similar a la de las presidenciales del 2017. En aquella oportunidad la maniobra consistió en instalar con anticipación una victoria de Lasso, y anunciarlo como ganador tempranamente el día de la elección a través de diferentes canales, como Ecuavisa, para crear el engaño de su victoria seguido de la denuncia de fraude.

Esa vertiginosidad en ámbitos de campaña y actividades no parece, sin embargo, tener un correlato en la sociedad. Quito, así como Cuenca -capital de Azuay- no ofrecen la imagen de un país en campaña, y las conversaciones diarias tampoco dan cuenta de pasiones electorales. Esa baja expectativa política parece ser otro de los legados de Moreno, quien pasará a las páginas de la historia como un caso modelo de traición política.

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Presidente de Chile envía un proyecto de ley que busca aplazar las elecciones de abril

La propuesta tiene como objetivo "cuidar la salud" de los ciudadanos chilenos en medio de la pandemia.

 

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció este domingo "el envío de un proyecto de ley que busca aplazar las elecciones de este 10 y 11 de abril", con la intención de "salvaguardar la seguridad de las chilenas y chilenos producto de la pandemia", publicó la cuenta oficial del Gobierno chileno en Twitter. Las nuevas fechas para los comicios propuestas por el Gobierno son el 15 y el 16 de mayo de 2021

"Enviaremos un proyecto de ley de reforma constitucional para postergar por cinco semanas las elecciones de constituyentes, alcaldes, concejales y gobernadores", afirmó el mandatario; Piñera aseguró que "ha sido una decisión muy difícil" que se tomó para "proteger la salud y la vida de todos los compatriotas".

Además, anunció que la segunda vuelta de las elecciones de gobernadores, prevista para el 9 de mayo, se aplazará hasta el 4 de julio, junto con las elecciones primarias presidenciales. El mandatario chileno instó al Congreso Nacional a "analizar, plantear mejorías y aprobar con urgencia esta necesaria reforma constitucional".

Piñera señaló que después de la propagación de nuevas variantes del coronavirus, en el país ha aumentado el número de contagios, por lo que "el consejo de expertos del covid-19, el Ministerio de Salud, el Colegio Médico y la comunidad médica en general han planteado con fuerza y claridad la necesidad de postergar las elecciones".

Publicado: 29 mar 2021 00:40 GMT

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Lunes, 29 Marzo 2021 05:11

Voto x voto

Manifestantes con carteles en honor a George Floyd y otras víctimas del racismo, ayer, frente al Centro de Gobierno del condado de Hennepin, en Minneapolis. Republicanos han introducido 253 proyectos de ley en 43 de los 50 estados de la unión, con el fin de suprimir el voto de ciertos sectores, sobre todo de los que en Estados Unidos se llaman de color.Foto Afp

Mientras Estados Unidos anuncia al mundo que ese país ha regresado como su autoproclamado campeón de la democracia, en su propia casa la mayor ofensiva política es promover medidas antidemocráticas diseñadas para suprimir el voto de millones de sus ciudadanos.

Los republicanos han introducido 253 proyectos de ley en 43 de los 50 estados de la unión, con el objetivo de suprimir el voto deciertos sectores, sobre todo de los que aquí se llaman de color, incluyendo los afroestadunidenses, los latinos y otras minorías, junto con el voto de los jóvenes y de los pobres que suelen favorecer a los demócratas.

Una de estas iniciativas ya prosperó en Georgia la semana pasada, justo el estado donde los demócratas ganaron el control del Senado federal, y donde Trump y sus aliados buscaron presionar a los encargados de la elección a revertir los resultados de los comicios presidenciales. La nueva ley, como las otras 249 pendientes, impone una serie de restricciones para obstaculizar el ejercicio del derecho al voto, incluyendo la eliminación de boletas enviadas por correo, reduciendo los horarios del voto, nuevos requisitos de identificación, y hasta hacer mas incómodo el proceso al prohibir que personas ofrezcan agua y alimento a los que están esperando en filas en una casilla.

El voto afroestadunidense, junto con el latino y de otras minorías, fue lo que llevó al triunfo demócrata en Georgia. La foto oficial de la promulgación en ley de la nueva medida mostraba al gobernador republicano Brian Kemp firmando la norma rodeado por seis hombres blancos. Estas iniciativas son impulsadas con la narrativa falsa de que ocurrió un magno fraude en la ultima elección, es decir, se presentan con el argumento de que son para proteger la integridad de las elecciones ante acusaciones de fraude electoral para el cual hay nula evidencia.

De hecho, promotores de estas leyes acusan que los inmigrantes indocumentados –algo que repitió Trump y otros durante los últimos cinco días como parte de su ataque contra mexicanos y otros latinoamericanos– son usados por los demócratas para perpetrar ese fraude. O sea, vinculan la crisis en la frontera inflada por los republicanos en su argumento para proteger el voto.

Líderes demócratas y de derechos civiles afirman que representa una amenaza existencial a este sistema, el ex presidente Jimmy Carter, quien se ha dedicado a ser observador electoral en más de 100 elecciones alrededor del mundo, denunció esta medida antidemocrática en su estado de Georgia y el propio presidente Biden lo declaró como algo antiestadunidense.

De hecho, para líderes de derechos civiles, esto es el ataque más ambicioso para revertir las conquistas de los movimientos de los 60. Más aún, esta ofensiva reaccionaria está vincu-lada con la promoción de políticas xenofóbicas y racistas que han nutrido la ola de crímenes de odio contra minorías, ofensiva que arrancó a nivel nacional con el ataque de Trump contra mexicanos en 2015.

Los republicanos y la derecha entienden que el futuro no les pertenece, y los cambios demográficos ya expresados por las nuevas generaciones implican el fin de su Estados Unidos. Para frenarlos aparentemente están dispuestos a sacrificar todos esos valores democráticos que dicen defender y desean exportar a otros países.

En respuesta, los demócratas y varios movimientos de derechos civiles, incluyendo algunas corrientes de Black Lives Matter y de algunas agrupaciones latinas, están luchando contra estas medidas y a la vez impulsando un proyecto de ley federal, que algunos califican como la iniciativa más importante para ampliar los derechos al voto desde los años 60. La protesta incluye medidas para el empadronamiento automático nacional de los que tienen derecho al voto, limitar la influencia de fondos privados en las contiendas, ampliar los horarios del voto, como también el uso de mecanismos como sufragio por correo.

Ésta es la noticia de hoy porque es la única que los historiadores registrarán de esta era: ¿los estadunidenses defendieron su democracia o cayeron en oligarquía?, escribe la historiadora Heather Cox Richardson.

Graham Nash. Vote https://youtu.be/CeR2ysos2PM

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Foto de archivo (09/01/2018) de civiles y voluntarios de la Defensa Civil Siria mientras buscan supervivientes después de que varios ataques aéreos en Hamoria, al-Ghouta (Siria). — MOHAMMED BADRA / EFE

La atroz guerra que desde el marzo de 2011 está devastando Siria lleva el sello de dos acontecimientos que sucedieron de forma simultánea:

  • El estallido de las protestas ciudadanas contra la dictadura de la familia Assad y sus políticas de reajustes neoliberales que llevaron a la ruina a millones de trabajadores y pequeños empresarios. Esta rebelión fue aplastada con tanques y fuego real por orden del presidente Bashar al-Assad alejándole aun más de los ciudadanos.
  • El proyecto de EEUU-Israel para reconfigurar el mapa de Oriente Próximo, con el objetivo de convertir estados estratégicos en estados ‘fallidos' y así controlar (con tranquilidad), una región cuya importancia radica en dos puntos: ser la primera reserva mundial de hidrocarburos y una zona próxima a China y Rusia.
  • Con este fin:
  1. en 2002, George Bush incluye a Siria en su lista de ‘eje del mal’, y
  2. en enero de 2011 EEUU traslada a su embajador en Bagdad, Robert Ford, a Damasco, fecha que empiezan los atentados y la guerra en el suelo sirio. Ford junto con John Negroponte (el jefe de los escuadrones de la muerte en Centroamérica) son creadores de los escuadrones chiitas y sunnitas en Irak. Curiosamente, dos años después este bombero pirómano será nombrado embajador en El Cairo para respaldar a la Hermandad Musulmana, y secuestrar la Primavera Árabe egipcia, como otra pieza para recomponer el nuevo rompecabezas de Oriente Próximo a la medida de los intereses de EEUU, en sustitución del que fue diseñado por Gran Bretaña y Francia en 1918.

Desde 2011, en una década de horror, han muerto en Siria al menos 400.000 civiles, la mitad de la población ha sido desplazada, tres millones siguen atrapados en zonas de guerra como Idlib, decenas de miles de niñas y mujeres han sido violadas y, no pocas, asesinadas. La economía, el sistema productivo y las infraestructuras han sido destruidas, el 83% de los sirios vive por debajo del umbral de la pobreza y el 60% pasa hambre debido a la inflación y el desempleo. La esperanza de vida ha caído unos 13 años hasta colocar a esta nación en el puesto 125 del ranking mundial (2016) y medio millón de menores de cinco años malnutridos sufren retraso en el crecimiento. Mientras tanto, EEUU ha endurecido las sanciones económicas sobre Siria… a eso se llama ‘guerra genocida’.

Por si fuera poco, la pandemia de la covid-19 se expande en un país con hospitales bombardeados y sin apenas red sanitaria: hasta Bashar al-Assad y su esposa Asma han sido contagiados, aunque ellos sí tienen acceso a servicios de salud.

Baile de ganadores sobre los escombros

  1. La guerra empezó para consolidar y ampliar el poder de Israel sobre la región, siendo éste el primero de los otros 12 objetivos de la contienda, mediante 1) deshacer el llamado Eje de la Resistencia, formado por Irán, Siria, Hizbolá y Hamas; 2) aislar y debilitar a Irán, entonces el principal rival de Israel en la región (ahora es Turquía); 3) el acceso a Israel a la totalidad de las reservas de petróleo y gas del Mediterráneo oriental, que también pertenecen a Gaza, Siria y Líbano; 4) lograr que los jeques árabes se sumaran al Gobierno de Tel Aviv contra el enemigo común: los ayatolás, y 5) dar una solución final a la ‘cuestión palestina’.

Después de reducir a cenizas y escombros a Irak y Libia, y paralizar el desarrollo de Irán mediante prolongadas sanciones económicas, la desgarrada Siria dejaría de ser un espacio estratégico donde cuestionar la hegemonía regional de Israel, el único poseedor de armas de destrucción masiva. En esta conjura contra Siria, Israel ha estado del lado del Estado Islámico.

  1. EEUU ha conseguido, por primera vez, instalar bases militares en este país de Eurasia y apoderarse del petróleo y gas sirios, además de ‘legitimar’ el dominio de Israel sobre los Altos de Golán. Pero, Washington ignora la lógica de los vasos comunicantes.
  2. Rusia, al proporcionar ayudas tácticas a Al Assad, ha conseguido objetivos estratégicos y, lo más importante, ha puesto fin a la hegemonía unilateral de EEUU, imponiendo, junto a China, un nuevo orden mundial multipolar. Desde Siria, el 'camarada Putin' pudo dar forma a su doctrina , con la restauración del poder de Rusia en los conflictos internacionales que le ha permitido transitar de una ‘potencia regional’ a ‘mundial’. El Kremlin ha tenido contrato de alquiler de la base de Tartus por otros 49 años y se hizo con otra en Hameimim. Aplicar las Enseñanzas de Primakov para un orden ‘post-occidental’ ha sido una de las claves de este éxito.


Grandes perdedores

Bashar al-Assad: Los planes para el presidente sirio de la Casa Blanca (experta en derrocar y asesinar a mandatarios de otros países) cambiaron varias veces. El primero fue acabar con él, como hizo con Sadam Husein, Slobodan Milošević o el coronel Gadafi. Pero Barack Obama se negó por tres motivos:

  1. a) Su prioridad fue firmar con Irán un acuerdo nuclear para evitar que este país usara la temida bomba;
  2. b) No consiguió una alternativa viable a Al-Assad;
  3. c) Era más beneficioso para EEUU e Israel mantener al presidente sirio en el poder que eliminarlo, la misma táctica que se usó con Saddam Husein entre 1991 y 2003.

De esta manera, EEUU no sólo dividía a los actores del conflicto en los ‘pro-Assad’ y los ‘anti-Assad’ (mezclando a millones de ciudadanos críticos al régimen con terroristas exportados y creando un pantano para defensores y opositores), sino que también prolongó la destrucción social y material de Siria hasta lograr que este país fuera incapaz de levantar cabeza en décadas, cuando el problema era, y sigue siendo, el sistema capitalista-dictatorial- tribal-sectario en sí mismo, y no su representante.

La Resolución 2254 del Consejo de Seguridad de 2015 (firmada también por China y Rusia) estipulaba la celebración de elecciones parlamentarias en Siria bajo la supervisión de la ONU antes de junio de 2021, pero EEUU ha desacreditado desde el primer momento este proceso. Teniendo en cuenta que sin un acuerdo entre Biden y Putin no habrá estabilidad en Siria, y que Biden ha llamado "asesino" al presidente ruso, todo apunta a una guerra sin fin, mediante el envío de otros miles de terroristas (desde los campamentos de Jordania) para terminar la balcanización de Siria y establecer una nueva arquitectura de seguridad en Oriente Próximo ‘made in USA’.

El representante especial de EEUU para Siria, James Jeffrey, propone una partición camuflada del país: dejar que Al-Assad gobierne una autonomía alauita en Damasco, que Turquía administre el norte a cambio de consentir una autonomía kurda al este del Éufrates (no significa un Estado kurdo), y que el resto quede bajo dominio de EEUU y sus aliados árabes. Esta misma idea ha sido atribuida al jefe del llamado Consejo Militar Sirio, el general Manaf Tlass, instalado en París y quien al parecer ha viajado a Rusia para negociar un proceso electoral que ponga fin al régimen presidencial actual, y otorgar a Al-Assad el cargo de ‘presidente honorífico’ de un estado federal.

Pero los Países Bajos pretenden llevar al presidente sirio Al-Assad ante un tribunal internacional bajo la acusación de violaciones de derechos humanos. Hubiera sido buena idea, si tuvieran autoridad moral, celebrar un juicio justo contra él, pero también contra EEUU y sus aliados por crear cárceles secretas, secuestrar, torturar y asesinar a ciudadanos de otras naciones o hacer guerras ilegales con el resultado de miles de civiles muertos.

Irán: La salida de Al-Assad del poder pondría fin a las pocas opciones que tiene la República Islámica de mantener alguna influencia en Siria, para meter el dedo en el ojo de Israel. Hafez al-Assad, padre del actual presidente, se unió a los ayatolás en 1980 para luchar juntos contra dos enemigos comunes: Saddam Husein y Yaser Arafat. Pero, a pesar de gastar entre 20 y 30 mil millones de dólares en la guerra de Siria (datos de Heshmat Falahat, miembro de la Comisión de Exteriores del Parlamento iraní) y de perder a cientos de hombres y numerosos comandantes, Teherán no ha alcanzado sus dos propósitos: a) Disuadir a Israel en sus ataques a Irán y asesinar a sus dirigentes; y b) devolver Jerusalén al islam. Y ahora, que empieza el reparto de Siria, todos los actores -a pesar de sus antagonismos- coinciden en un punto: Irán debe marcharse; y ésta es la principal condición que ponen las petromonarquías de Golfo Pérsico para invertir en la reconstrucción de devastada nación. El ataque estadounidense del 25 de febrero a las posiciones de Irán en Siria, con el que Joe Biden se estrenó, indica que el nuevo residente de la Casa Blanca aplicará la política de mano dura contra la República Islámica en Irán, Siria y Líbano.

Turquía: ha instalado una base militar en Idlib, y es poco probable que desaloje esta provincia. Hubiera sido una gran ganancia si no fuera por la ruina económica que ha supuesto la guerra para las arcas públicas de Ankara o porque los grupos terroristas a los que ha patrocinado en Siria ya cuentan con base (autónoma) en suelo turco. Recep Tayyip Erdoğan no logró que la OTAN derrocara a Al-Assad (la muerte del pequeño Alan Kurdi fue su último intento), y ahora tendría que aguantar un enclave kurdo en Siria.

¿Por qué la guerra se ha alargado tantos años?

  • ‘No hay más de cinco notas musicales, sin embargo, sus diferentes combinaciones pueden crear melodías únicas’, decía Sun Tzui. Los cambios de alianza entre los actores de esta guerra han impedido crear bloques antagónicos (como los que se formaban durante la Guerra Fría). Turquía, por ejemplo, se unió a Arabia Saudí, Qatar y Emiratos para desalojar a Al-Assad del poder, pero los abandonó para acercarse a Rusia, mientras se suicidaba en tierras sirias.
  • Los actores no han conseguido ni imponer su voluntad a los demás ni establecer un orden consensuado.
  • La ausencia de una alineación completa entre los intereses de los países aliados, como Irán y Rusia. Que Israel haya podido lanzar unos 200 ataques mortales sobre los grupos patrocinados por Teherán en Siria, estando el cielo del país bajo el control ruso, ha mosqueado bastante a los ayatolás.
  • La cuestión kurda es un gran pretexto para llevar la guerra a un callejón sin salida. Los kurdos empezaron a luchar contra Al-Assad, bajo el favor de EEUU, pero tuvieron que pedir ayuda a Damasco cuando Donald Trump les abandonó invitando a su ‘amigo’ Erdogan a que diese un paseo con sus tanques por el norte de Siria matando kurdos. La única solución en estas circunstancias es que las minorías étnicas gocen de autonomía dentro de un sistema federal en los estados donde habitan.
  • Por ser un gran mercado de armas: la CIA ha transferido todo tipo de artefactos a los ‘rebeldes’ sirios por un valor de mil millones de dólares. Otros proveedores de los grupos terroristas han sido Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Croacia, Israel y Jordania. Por su parte, Rusia, no sólo aumentó la venta de sus armas al gobierno de Al-Assad sino también consiguió un nuevo cliente, Turquía, el socio de la OTAN, provocando un profundo conflicto en el seno de la Alianza.
  • La ausencia de un movimiento internacional contra las guerras, sin duda, es otro motivo de la continuidad de la tragedia de la nación siria.

De los 20 propósitos iniciales que tuvo Kremlin en su intervención en Siria, ha conseguido renovar el contrato de alquiler de la base de Tartus por otros 49 años, y hacerse con otra en Hameimim. Aplicar las Enseñanzas de Primakov para un orden "post-occidental" ha sido una de las calves de este éxito.

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Una semana laboral de 4 días, la nueva apuesta de España

¿Fin de semana de tres días para siempre?

Varios comercios de España comenzaron a aplicar una semana laboral de 4 días, mientras todavía se debate si este año comenzará a regir esta medida a nivel nacional. En caso de implementarse el recorte de un día de trabajo, España se convertirá en el primer país europeo en tomar esta iniciativa.

Tras el rígido confinamiento aplicado el año pasado en España, los propietarios de una pequeña cadena de restaurantes en Madrid le ofrecieron recientemente a la moza Danae De Vries recortar un día a su semana laboral manteniendo el mismo sueldo.

“Es una maravilla, porque me da tiempo a trabajar, a ver familia, amigos, tener tiempo para estudiar”, señala De Vries, de 28 años, que estudia para ser instructora de teatro. “Es maravilloso tener tiempo, no ir con prisas, poder tener esa paz interior”, agrega.

Su jefa, María Álvarez, se vio obligada a realizar distintos cambios en sus dos restaurantes, lo que incluyó proponer una semana laboral rotatoria de cuatro días. Álvarez es madre de dos bebés y con su socio lucharon para mantener el negocio sin recibir ayuda alguna respecto del cuidado infantil.

“Se llegó a sentir que la sociedad había dado la espalda a las familias, que habíamos sido traicionados. Como dueños de un negocio, teníamos que hallar soluciones para nuestros negocios, nuestros empleados y también para nuestras vidas personales”, explica Álvarez.

La idea de llevar la semana laboral de cuatro días a nivel nacional todavía se está debatiendo en España. Uno de los proyectos pertenece al partido progresista Más País y consiste en un plan piloto de tres años que hará uso de 59 millones de dólares del fondo de recuperación de la Unión Europea por el coronavirus para compensar a cerca de 200 medianas empresas con el objetivo de que realicen ajustes en su fuerza laboral y reorganicen los procesos de trabajo a fin de adaptarse a una semana laboral de 32 horas.

Estos fondos serán destinados al subsidio de todos los costos extras de los empleadores durante el primer año de prueba y posteriormente reducirán la ayuda del gobierno a un 50% y 25% cada año consecutivo.

Héctor Tejero, legislador perteneciente a Más País en la asamblea regional de Madrid, precisa que la única condición es que el reajuste lleve a una reducción neta real de las horas de trabajo mientras se mantienen los salarios determinados en los contratos de tiempo completo.

“La idea no es que los fondos europeos paguen, que los españoles trabajen menos. La idea es que los fondos europeos sirvan para aprobar medidas que pueden aumentar la competitividad y la productividad de las empresas, que es lo que pretenden”, resaltó Tejero.

Los argumentos a favor de la medida plantean beneficios para la economía en general, ya que un fin de semana de tres días podría generar un mayor consumo, especialmente en entretenimiento y turismo, pilares de la economía española.

Según un estudio publicado este año por la revista Cambridge Journal of Economics, la reducción de las horas de trabajo de 40 a 35 por semana en 2017 habría tenido como resultado un crecimiento del PBI del 1,5% y 560.000 nuevos empleos. A su vez, los salarios también habrían aumentado a nivel nacional un 3,7%, lo que especialmente benefició a las mujeres, quienes más buscan trabajos de tiempo parcial.

Software Delsol, situada al sur de España, invirtió 400.000 euros el año pasado en la reducción de las horas de trabajo para sus 190 empleados y reportó que desde entonces tuvo una reducción de 28% en el absentismo, ya que la gente opta por ir al banco o a consultas médicas en sus días libres entre semana. Además, sus ventas aumentaron el año pasado un 20% y ninguno de sus empleados renunció desde que fue adoptado el nuevo plan laboral.

Sin embargo, los sectores críticos de la iniciativa manifiestan que una economía afectada por la pandemia no es el mejor escenario para este tipo de experimentos. Con una contracción de 10.8% en el PBI el año pasado, la peor desde la Guerra Civil de la década de 1930, España sufrió cierres intermitentes y la paralización casi total de viajes internacionales.

Algunos expertos plantean que la prioridad debería ser resolver el mercado laboral disfuncional del país, que arrastra una de las tasas de desempleo más altas de Europa y se vio afectado por empleos precarios y de salarios bajos.

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