Viernes, 26 Marzo 2021 06:06

Defender el agua y la vida

Defender el agua y la vida

La crisis ecológica pone en cuestión la capacidad del capital para reproducirse. Y la reacción del capitalismo es buscar valores en los que refugiarse, bienes “seguros” porque son claves para la supervivencia, como lo es el agua.

 

Desde el pasado diciembre el agua es formalmente un activo más de la especulación capitalista a través del índice Nasdaq Veles California Water (NqH2O), que permite la cotización bursátil del derecho de uso. Concretamente, implica a la explotación del agua proveniente de las cuencas fluviales de California.

No es nuevo que el agua sea un bien escaso, a nivel global lleva siéndolo desde hace ya bastante tiempo. Según Naciones Unidas unos 2.000 millones de personas carecen de agua suficiente en calidad y cantidad para suplir necesidades básicas. Una situación que, conjuntamente con una fuerte presión social y política, favoreció que la Asamblea General de 2010 reconociera algo tan obvio como amenazado: el derecho humano al agua, cuyo día mundial estuvimos celebrando el 22 de marzo.

Su aparición en la bolsa, no solo nos muestra cómo el capitalismo vacía de contenido los derechos y los mercantiliza de forma imparable. Sino que al ser un bien escaso, su precio solamente puede ir al alza, como pasó con las tierras cultivables, favoreciendo procesos de acaparamiento y especulativos que, como ya vimos en 2008, estaban detrás de la crisis alimentaria.

Aunque de momento solo afecta a California, este hecho marca una tendencia preocupante: el agua como un “bien seguro” para la inversión de capitales. No se trata de un fenómeno puntual o un caso excepcional, al contrario, esto se une a la explotación privada del agua que ya realizaban grandes empresas transnacionales. Sin ir más lejos, el Grupo Suez, que tiene múltiples inversiones en diversos países latinoamericanos y africanos, como ha mostrado la investigación del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) y en muchos países no sólo está privatizada la gestión, sino las fuentes, como lo hizo Chile durante la dictadura de Pinochet.

En Centroamérica la escasez del agua es una realidad y un recurso en disputa. La lucha por la defensa del agua está extendida por toda la región y junto a la resistencia antiminera y la defensa de la tierra y territorio, conforman ejes centrales de la movilización social y de luchas anti extractivas. Solo en Honduras en 2010 el COPINH presentó denuncia contra 51 proyectos que habían obtenido concesiones y licencias a través de redes de corrupción para la explotación de ríos.

Este caso, conocido como “Fraude sobre el Gualcarque”, es uno de los mayores ejemplos de explotación privativa del agua de la que se abastecen las comunidades indígenas de la zona. De hecho, el asesinato de Berta Cáceres se dio en medio de un proceso de resistencia popular contra la construcción de la represa hidroeléctrica, concesionada a DESA en la comunidad de Río Blanco y en defensa del río Gualcarque. Mientras, los ataques continúan a la población y la justicia hondureña se sirve de la red clientelar en la que se ha convertido el Estado hondureño a favor de los intereses privados.

La mercantilización del agua no sólo es un ejemplo más de la contradicción entre capital y vida sino que además desmonta la imagen del capitalismo verde como lavado de cara del sistema. Una transición “verde”, impulsada desde el Norte Global que necesita del expolio de los recursos de los países del Sur Global, exacerbando una economía extractivista en permanente ampliación del ámbito productivo y bajo los dictados de la voracidad de los mercados, que intensifican la emergencia ecológica existente.

Pero no solo nos encontramos ante un fenómeno de saqueo de recursos, sino que el capitalismo tardío también se esfuerza por aislar herméticamente los centros de la “humanidad superflua” que el sistema produce en su agonía. De modo que la protección de las relativas “islas del bienestar” que aún subsisten, constituye un elemento central de las políticas imperialistas, por ejemplo la política migratoria de la Europa Fortaleza o el propio Muro de Trump. El acaparamiento y mercantilización de recursos fundamentales para la vida como el agua responde también a esta estrategia de protección de las relativas “islas del bienestar”.

Porque la crisis ecológica pone en cuestión la capacidad del capital para reproducirse. Y la reacción del capitalismo es buscar valores en los que refugiarse, esos bienes “seguros” son elementos que pueden considerarse productivos pero que, al mismo tiempo, son claves para la supervivencia, y eso es precisamente lo que hace que sean seguros, que su rentabilidad está asociada a la necesidad de las mayorías. Se trata de una fórmula de redistribución de abajo hacia arriba, que extrae beneficios de las capas populares a base de desposeerlas de los bienes comunes que hacen viable la vida.

Decía Daniel Bensaïd que en el momento actual hay que elegir entre una lógica competitiva implacable (ese “aliento helado de la sociedad mercantil” del que escribía Benjamin) y el aliento cálido de las solidaridades y del bien público. Defender los bienes comunes implica “atreverse a incursiones enérgicas en el santuario de la propiedad privada” y recuperar para el bien común lo que una minoría peligrosa ha privatizado o pretende mercantilizar. Es el momento de atreverse a cuestionar el dogma de la privatización del mundo, nos va la vida en ello.

Por Eduardo Luzzatti

Miguel Urbán Crespo

Eurodiputado (GUE/NGL)

26 mar 2021 06:00

Publicado enSociedad
Holanda aprueba una ley para limitar el precio de los alquileres

Conservadores y laboristas apoyan una medida que impide subir los precios de los alquileres durante tres años. Solo los partidos de ultraderecha se han opuesto a la regulación.

 

En los próximos tres años, los inquilinos holandeses estarán protegidos contra los aumentos de los precios del alquiler, en un contexto de crisis sanitaria y social provocada por el coronavirus. Las rentas del sector privado solo podrán incluir el aumento de la inflación y un incremento de un 1%. 

La ley fue presentada por el diputado laborista Henk Nijboer en el Congreso el 9 de febrero pasado y contó con el apoyo de todas las formaciones políticas a excepción de los ultraderechistas Foro para la Democracia (FvD, en neerlandés) y el partido de Henk Otten, fundador de FvD y recientemente escindido de esta organización neofascista. La medida fue finalmente aprobada por el Senado este 23 de marzo.

La nueva ley afectará a medio millón de viviendas, aquellas cuyo alquiler supere los 750 euros mensuales, según publicó el diario holandés Het Parool. El pasado año, 87.000 inquilinos se enfrentaron a un aumento del precio del alquiler que con esta nueva ley aprobada serían ilegales.

El gobierno de centro derecha de Mark Rutte ya había propuesto en mayo de 2020 limitar el aumento de los alquileres a un 2,5%, una propuesta que resultó insuficiente para la oposición laborista. La presión de la izquierda en el Parlamento ha conseguido sacar adelante una ley que supone una inflexión en la política de vivienda en los Países Bajos: hasta ahora los límites al aumento de los precios solo se aplicaban a la vivienda social. 

Junto con esta medida, el Senado ha dado el visto bueno a otros dos proyectos de ley que afectan a los alquileres y entrarán en vigor en 2022. Entre las medidas recogidas, se incluye una vía para que los propietarios puedan hacer descuentos temporales antes problemas económicos de los inquilinos y otra que vincula los ingresos de los inquilinos a los precios del alquiler: los propietarios podrán subir más el precio del alquiler a los inquilinos que tengan ingresos más altos. 

Redacción El Salto

25 mar 2021 12:53

Publicado enInternacional
Rusia: Duma habilita a Putin a tener otros dos mandatos

25 de marzo de 2021.- La Duma rusa (Cámara Baja del Parlamento ruso) aprobó una ley que habilita al presidente del país a presentarse a la reelección en dos ocasiones más.


Los diputados Pável Krashenínikov y Olga Sevastiánova y el senador Andréi Klishas son los autores de la ley, que permite al mandatario ruso, Vladimir Putin, que gobierna desde el 2000, a postular por la reelección en dos ocasiones más, en 2024 y 2030.

Esta normativa se inscribe en el marco de las enmiendas de la Constitución de Rusia aprobadas en referéndum en julio pasado a propuesta del mandatario ruso. El cambio en la Carta Magna limita a dos el máximo de mandatos presidenciales de seis años que un mismo ciudadano puede ocupar, pero no se aplica “a la persona que ejerza o haya ejercido el cargo de presidente de Rusia en el momento de la entrada en vigor” de las enmiendas.

Gobierno de Rusia renuncia tras el discurso de Putin

​​​​​​Conforme a las modificaciones constitucionales, en el futuro solo podrán ser candidatos a la Presidencia rusa aquellos ciudadanos mayores de 35 años que hayan vivido de manera permanente en este país no menos de 25 años. Además, los aspirantes al Kremlin no podrán poseer doble nacionalidad o haber tenido pasaporte de otro país en el pasado.

Un sondeo indica que la mayoría de los rusos aprueba la reforma constitucional que permitiría al presidente Vladimir Putin permanecer en el poder hasta 2036.

Asimismo, las modificaciones contemplan refrendar la indexación regular de las pensiones y garantizar que el salario mínimo no esté por debajo del mínimo de subsistencia. También se refieren a la capacidad de los senadores para destituir a los jueces del Tribunal Supremo y del Constitucional, y a las atribuciones de este último para determinar si las leyes aprobadas se ciñen a lo establecido en la Constitución.

Putin, de 67 años, tomó posesión, por cuarta vez, de la Presidencia en mayo de 2018 y estará al frente del país hasta 2024. En lo relacionado con la política exterior, su popularidad siempre ha estado por las nubes y ha alcanzado los picos más altos durante los conflictos bélicos, como la guerra con Georgia de 2008, cuando marcó un histórico 88 %, o tras la anexión rusa de Crimea en 2014, con un 86 %

Por: HispanTv | Jueves, 25/03/2021 09:04 AM

Publicado enInternacional
Jueves, 25 Marzo 2021 05:42

Palabra y gesto

Palabra y gesto

Lo que no muere en la pandemia

En el último tiempo pienso en que la pandemia trajo aires de muerte por todos lados. Todxs estuvimos o estamos más cerca de ella en este último tiempo. A veces puedo hasta dejarme llevar por esa idea de “total, todxs nos vamos a morir”. Y no. O sea, sí. Todxs nos vamos a morir algún día. Pero mientras tanto ¿qué? ¿Cómo situarse, posicionarse, en esta vida pandémica con la muerte parada en la esquina? ¿Cómo transitar esta vida que cada día nos recuerda, con mayor intensidad, que la muerte es parte de ella? No crean que tengo respuestas, pero vengo reflexionando al respecto.

Releo seminarios de Lacan y algunos textos de Freud, trato de encontrar en ellos la respuesta. No está. Nadie tiene la posta. Sin embargo, han sabido construir conceptos y generar una transmisión que colaboran profundamente con mis pensamientos y con el de muchxs otrxs analistas y colegas.

Somxs mortales. Somxs humanxs, estamos atravesadxs por la cultura, el lenguaje y el uso del símbolo crea un nuevo orden del ser. En el mundo de la palabra, el mundo humano, todo lo que instaura es una realidad en la realidad.

En el Seminario I (1953-54) Lacan retoma la Fábula de Ulises, precisamente cuando es protagonista en “La odisea”. Si la recuerdan, este texto da cuenta del recorrido de Ulises desde la guerra de Troya hasta sus tierras. Recorrido complejo, arduo, dura como 10 años y está lleno de obstáculos. Lo que recorta Lacan es el momento donde Circe (una mujer que hacía hechicería en la Isla de Eea) transforma a su tripulación en cerdos. Dirá que a partir de allí estos cerdos emiten gruñidos, conformando una comunidad, una sociedad, se comunican y comunican mediante gruñidos sus necesidades: si tienen hambre, sed, y también sus cuestiones anímicas.

Lacan se pregunta: ¿son mensajes estos gruñidos? ¿Cómo reconocer que en esos gruñidos hay palabras? Dice escuchar en los gruñidos de los cerdos que “extrañan a Ulises”; sin embargo, esa misma tripulación estaba bastante cansada de Ulises y sus exigencias. Ahora bien, también Ulises era destacado por su astucia. Por lo tanto, dirá Lacan, esos gruñidos son ambivalentes: ¿quieren volver a ver a Ulises, lo aman? O ¿añoran su astucia para que los libere de su actual animalidad?

Esta ambivalencia, dice Lacan, demuestra que hay dudas acerca de lo que los gruñidos comunican. Pero ¿alcanza esto para pensar el gruñido como palabra? La verdad es que no.

Un gruñido solo se transforma en palabra cuando alguien se pregunta ¿qué quiere decir eso? “Una palabra solo es palabra en la exacta medida en que alguien crea en ella", dicen Lacan.

Creer y crear palabra, ¿el único modo de transformar dolor en alguna otra cosa? Podemos convenir en que hay experiencias de la vida humana que son bellísimas de vivir, que el placer no se agota en el dolor ni viceversa, que a veces, parafraseando al Indio, el infierno está encantador pero que también a ese infierno habrá que nombrarlo para poder tomar decisiones (por más dolorosas que puedan ser). El análisis me enseñó algo fundamental: la palabra es el medio para poder nombrar los afectos que estrujan el alma y que desbordan al aparato psíquico.

Alojar los gruñidos y preguntarse ¿qué quiere decir eso? ¿por qué gruñe (o gruño) así? Eso sí es posible, siempre y cuando, exista ese Otro que crea en que ese gruñido tiene algo para decir, contar, es palabra. La palabra tiene una función creadora, crea el mundo en el que vivimos; sigamos gruñiendo porque si bien es cierto que Dios ha muerto todavía hay un Otro que cree que seguimos siendo humanxs.

Por último, quisiera resaltar --porque me invade la pregunta-- ¿y el "gesto"? ¿no nos hace humanxs, tanto como la palabra? ¿qué pasa con el gesto? ¿no es cierto que existen gestos que alivian el alma? Gestos que no son palabras (o que a veces podrían serlo, como no). La palabra está afectada. El gesto es parte de ese afecto, un gesto del Otro es un don que recibo que en el mundo humano tendrá diversas significaciones. Como dice mi colega Leila Wainzek (2019), "la ternura en tanto afecto primordial y estructurante del psiquismo humano bajo la forma del gesto de amor (...) instaura al sujeto de lo inconsciente en el seno de un tipo particular de lazo de amor al Otro, es decir, entre “lo íntimo” del gesto humano (...) y “lo común” de las subjetividades de una determinada sociedad, comunidad y cultura".

Eso "íntimo" del gesto humano que nombra la autora es lo que reúne "lenguaje, cuerpo y afecto" (Wainzek, 2019). De este modo, podríamos decir que para no morir tanto cada día habrá que seguir apostando a la palabra y al gesto de amor. Si ser humanxs es habitar la cultura, no podríamos quedarnos por fuera del gesto lenguajero, esos con los que andamos por la vida y de los que también estamos hechos; no es un slogan del estilo "más amor por favor" o "todo lo que necesitas es amor", dejemos de sobrecargar el concepto de amor rellenandolo de "chucherías". El gesto de amor que anuda el lenguaje con sus palabras hace cuerpo en el lazo social. Somxs también esos cuerpos, los que ya no están, los que han desaparecido, los que viven día a día luchando por una causa, etc, somxs cuerpo hecho de discursos y de gestos. Por supuesto, existen otros gestos, pero me interesa el gesto de amor porque es el único que comporta la potencia de aliviar el alma cuando la muerte está en la esquina y nos ataja los penales que, ineludibles, van a hacer gol alguna vez.

María Florencia González es psicoanalista. Docente UBA. Investigadora UBACyT.

Publicado enSociedad
El Lava Jato, Moro y la hipocresía de la corte suprema brasilera

La votación de la Corte Suprema por la sospecha de Moro, 5 años después del rol que tuvo el en el golpe institucional que llevó al juicio político a Dilma y la detención arbitraria de Lula, que le negó la posibilidad de presentarse a elecciones en 2018; todo esto conforma el retrato de la hipócrita “imparcialidad” de la justicia brasileña.

 

Con el cambio de voto de la jueza Carmen Lúcia , quien se había pronunciado a favor de Moro en 2018, la votación en segundo turno de la Corte Suprema votó hoy a favor de la sospecha sobre Moro, el ex ministro de Justicia de Bolsonaro, lo que debe conducir a la anulación de todos los procesos contra Lula , incluidos los casos del Triplex y también las donaciones realizadas al Instituto Lula. Detrás de este giro están los temores e intereses de distintas fracciones de la clase dominante ante un país en profunda crisis que puede conducir a mayores inestabilidades en la lucha de clases.

El Supremo Tribunal Federal (STF) ha trabajado con el Lava Jato desde sus inicios en 2014 y fue directamente decisivo para el avance del juicio político contra Dilma, rechazando la solicitud del entonces gobierno del PT y de los diputados de anular el proceso que se estaba llevando a cabo en la Cámara a principios de 2016.

En abril de 2018, en vísperas del juicio de hábeas corpus de Lula que sería realizado por el STF tras su detención arbitraria, el entonces comandante del Ejército brasileño, general Eduardo Villas Bôas, hizo una declaración en twitter, demostrando claramente la injerencia y la influencia de las Fuerzas Armadas en la política, presionando al STF para que no acepte tal habeas corpus. Entre otras cosas, el general afirmó que "cree que comparte el deseo de todos los ciudadanos en aras de repudiar la impunidad". En esa ocasión, el STF no solo subordinó total y silenciosamente las declaraciones abiertamente golpistas del alto mando del ejército, sino que también actuó en conjunto con los altos mandos militares para coordinar todas las operaciones antidemocráticas de la Lava Jato.

Hay que recordar que fue el STF el encargado de elegir al magistrado ponente de Lava-Jato. Juntos, los militares, golpistas de varios partidos, los principales medios de comunicación y la Corte Suprema con un rol protagónico, apoyaron y fortalecieron al Lava-Jato, el golpe institucional y allanaron el camino para el triunfo de Bolsonaro en 2018.

Por más obvia que sea la búsqueda del STF para “maquillar” la participación directa que tuvo, junto a los militares y al régimen poítico, en el rumbo autoritario en el que se enredó el país tras el surgimiento del Lava Jato en el 2014, existen evidentes debilidades, como como señalamos en un análisis reciente:

“Uno de ellos es el enorme debilitamiento del Lava Jato. El escándalo de Vaza Jato de 2019, que reveló todas las medidas autoritarias utilizadas para detener arbitrariamente a Lula, presentes en las conversaciones privadas entre los golpistas Sérgio Moro y Deltan Dallagnol, dio a conocer públicamente el fraude judicial que sostuvo el golpe institucional. Denunciamos este fraude desde 2014 como la esencia del Lava Jato: una operación proimperialista que allanó el camino para el establecimiento de un nuevo régimen basado en el golpe y abrió sectores estratégicos de la economía a las multinacionales extranjeras. El debilitamiento de Moro se profundizó después de su ruptura con el gobierno de Bolsonaro, que le otorgó el Ministerio de Justicia por otro año y medio. Al final, la Operación Lava Jato se disolvió en febrero de 2021. Utilizado para erosionar el régimen de 1988, la operación Lava Jato no pudo estabilizar un nuevo régimen en medio de la crisis económica mundial. Menos aún con las fuerzas desatadas en el régimen post-golpista, en el que Bolsonaro y las instituciones del golpe se disputaban quién sería el trazo decisivo de los contornos de este nuevo sistema político ”.

Desde el 2014 hasta ahora, uno de los objetivos más importantes de Lava-Jato y del golpe institucional y su curso autoritario fueron los ataques económicos, son los que quizás desangran a la gigantesca clase obrera brasileña, que en este contexto vive un nuevo registro diario con más de 3.000 muertos en 24 horas, víctimas de un virus que podría controlarse mucho más de no ser por la irracionalidad de los gobiernos y la búsqueda capitalista de lucro a toda costa. Desde entonces, han pasado reformas laborales y previsionales, subcontratación irrestricta, decenas de ataques a los derechos sociales, laborales y democráticos, siempre sobre la base de mucho chantaje, con el respaldo del Tribunal Supremo a todos ellos.

Durante la votación del día martes, los principales miembros del poder judicial hablaron insistentemente sobre la imparcialidad con la mayor rigidez que se pueda imaginar. Pero no han cambiado de opinión sobre ninguno de los atentados, ni siquiera sobre qué es democrático o no en un juicio, que fue y sigue siendo político en el caso de Lula. Lo cierto es que temen la magnitud de la crisis y cuánta inestabilidad puede generar, especialmente en una América Latina sumida en el desempleo y el empobrecimiento generalizado. El nuevo mundo con el viejo capitalismo despojado por la pandemia, obliga al régimen a repensar los factores restrictivos con los que puede contar:

“Por un lado, tanto el imperialismo extranjero como el régimen golpista brasileño buscan hoy preservar las conquistas del Lava Jato, descartando sus métodos. Esta es la mejor manera de continuar el régimen del golpe institucional y su agenda económica bajo un frágil aspecto “democrático”, desgastado por maniobras autoritarias desde 2016. Por otro lado, se hace más necesario que la burguesía brasileña cuente con frenos ante la posibilidad de fuertes disturbios sociales ante los dramáticos efectos de la crisis económica y de salud, que combinada con la errática política de Bolsonaro, colocan a Brasil como un paria en el mundo. El mayor dispositivo que cuenta la burguesía brasileña para la contención de la lucha de clases en Brasil se llama Lula ”.

Las batallas contra los efectos de la pandemia de coronavirus, el desempleo y los ataques económicos de los golpistas deben ir de la mano de la defensa de nuestros derechos democráticos, por eso denunciamos siempre la detención arbitraria de Lula y los crecientes mecanismos autoritarios en el régimen, como el caso de utilizar la Ley de Seguridad Nacional para perseguir a opositores en el gobierno de Bolsonaro. A su vez, depende de una política de independencia de clase que conozca a los enemigos, como el STF junto a todo el régimen golpista, y al mismo tiempo no confíe en la política de conciliación de clases del PT que, con solo conmemorar las decisiones institucionales de arriba, alimenta la trampa de espera pasiva por una falsa solución electoral en 2022.

Miércoles 24 de marzo | 01:57

Lava Jato.

Supremo Tribunal de Brasil declaró que Sergio Moro fue parcial en proceso contra Lula

Por tres votos a favor y dos en contra el Supremo Tribunal Federal de Brasil juzgó este martes como parcial la acción del juez Sergio Moro en el proceso que terminó con el encarcelamiento del expresidente Lula da Silva.

Martes 23 de marzo | 15:52

La jueza Cármen Lúcia, que se había pronunciado a favor del juez Sergio Moro en 2018, dio este martes una sorpresa al cambiar su voto y pronunciarse por la sospecha de la parcialidad de Moro durante los juicios que se le siguieron al expresidente Lula da Silva. De esta manera se anulan todas las condenas de Lula, incluidos los casos del Triplex, del sitio de Atibaia y también de las donaciones realizadas al Instituto Lula.

La segunda sala del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil había retomado este martes la sesión en la que se juzga la parcialidad del juez Sergio Moro, principal responsable de la operación Lava Jato, en los procesos que se abrieron contra el expresidente Lula de Silva.

Las sospechas sobre el accionar de Moro provienen del llamado Vaza Jato, una filtración masiva de mensajes de Telegram entre jueces y fiscales, publicada por el sitio The Intercept en 2019 donde queda clara la connivencia entre los distintos actores para llevar adelante la operación Lava Jato y en ese marco encarcelar a Lula.

El proceso contra Moro fue impulsado por el juez del STF Gilmar Mendes, inmediatamente después de que el Edson Fachin, también juez del Supremo Tribunal, anulara todas las condenas de Lula a principios de marzo.

El juzgamiento de Moro había quedado en suspenso el 9 de marzo, cuando uno de los jueces del Supremo Tribunal, Nunes Marques, pidió un tiempo para estudiar el caso hasta este martes cuando se retomó.

La segunda sala del STF, precedida por Gilmar Mendes, cuenta con 5 jueces. Hasta este martes la votación estaba empatada en 2 a 2. Mendes y Lewandowski habían votado a favor de la sospecha de que Moro actuó en forma parcial, mientras que Fachin y Cármen Lúcia se contaban en contra de la sospecha (una posición que mantenían desde el año 2018, cuando empezaron los debates originales del caso).

Quién faltaba definir su voto era Nunes Marques, que había pedido tiempo para estudiar el caso y finalmente voto a favor de Moro, es decir, contra las sospechas de parcialidad. Lo hizo bajo el argumento de que los mensajes publicados por The Intercept en el Vaza Jato habrían sido obtenidos de forma ilegal, y por lo tanto si aceptara la sospecha de Moro legalizaría la "actividad de los piratas informáticos", dando lugar a la invasión de teléfonos móviles, llegando a hacer una comparación con las dictaduras.

Sin embargo, el resultado terminó quedando tres a dos en contra de Moro con el cambio de voto de la jueza Cármen Lúcia.

La imparcialidad de Moro, y por tanto la anulación total de toda condena contra Lula, aún puede ser votada en el pleno del STF, ya que la votación de este martes fue en la segunda sala, donde solo votaron estos 5 jueces.

En el argumento de su votación Carmen Lúcia insistió en que la imparcialidad de Moro habría sido solo en el caso de Lula, pero no el conjunto del operativo Lava-Jato, dejando de esta manera libre de culpa y cargo a este operativo lleno de ilegalidades y arbitrariedades.

Todo este proceso se da en el marco de las disputas entre diferentes actores del poder judicial que desde hace años arbitra y decide sobre la política nacional brasileña. El mismo STF que hoy vota contra Moro es el que permitió el golpe institucional contra Dilma Rousseff en 2016, manipuló las elecciones de 2018 en beneficio de Bolsonaro y avaló reformas neoliberales contra los trabajadores y los más pobres.

Publicado enInternacional
Vista aérea muestra a sepultureros llevando un ataúd en Vila Formosa, Sao Paulo. 23 de marzo de 2021Foto: Amanda Perobelli / Reuters

El gigante suramericano reportó 3.251 fallecidos en 24 horas y se aproxima a los 300.000 decesos en total desde el inicio de la pandemia.

 

Brasil alcanzó este martes un nuevo pico máximo de muertes diarias por covid-19, al notificar 3.251 fallecidos por la enfermedad en las últimas 24 horas, según datos del Consejo Nacional de Secretarios de Salud de la nación (CONASS), que en su reporte del 23 de marzo notificó además otros 82.493 casos positivos. 

De acuerdo al informe, son 298.676 las personas que perdieron la vida por causas asociadas a la enfermedad desde el comienzo del brote sanitario, mientras que los infectados hasta la fecha suman 12.130.019. 

Apenas dos horas después de conocido el balance de la epidemia, el presidente Jair Bolsonaro habló por cadena nacional de radio y televisión, para destacar los resultados de su gestión en el combate a la pandemia. "Quiero tranquilizar al pueblo brasileño", dijo el mandatario luego de ponderar que el país se encuentra en quinto lugar a nivel mundial en cuanto a personas vacunadas por habitante.

"Las vacunas están garantizadas. Para fin de año, habremos alcanzado más de 500 millones de dosis para vacunar a toda la población. Muy pronto, retomaremos nuestra vida normal", dijo el líder derechista en su discurso. 

A pesar de ello, en las calles de las ciudades más importantes y más afectadas por el virus, como Sao Paulo y Río de Janeiro, hubo una reacción inmediata. Con un cacerolazo masivo, buena parte de la población pidió la renuncia de Bolsonaro en repudio a la conducción de la crisis de salud. 

Al ruido de las cacerolas que se oían desde las viviendas, y que fue ampliamente difundido a través de videos en redes sociales,  se sumaron los gritos de vecinos que acusaban al jefe de Estado de "asesino" y "genocida". 

Este lunes, el mandatario, centro de las críticas opositoras por la gestión de la pandemia, volvió a rechazar públicamente la aplicación de un confinamiento de alcance nacional, y pidió dejar sin efecto las cuarentenas dictadas por los gobernadores departamentales. 

Sin embargo, el mandatario se topó este martes con un contundente fallo del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, que rechazó dejar sin efecto los decretos aprobados por los gobiernos del Distrito Federal y los estados de Bahía y Rio Grande do Sul, que decidieron imponer medidas de aislamiento social para frenar el fuerte avance del coronavirus.

En su resolución, el juez Marco Aurélio Mello, le recordó a Bolsonaro que "la visión totalitaria" no tiene cabida en los "aires democráticos" actuales y que, como presidente del país, "es responsable de un liderazgo más amplio" y de "la coordinación de los esfuerzos dirigidos al bienestar de los brasileños".

Publicado: 24 mar 2021 01:33 GMT

Publicado enInternacional
Miércoles, 24 Marzo 2021 06:13

Europa: digitalizar y humanizar

Europa: digitalizar y humanizar

La digitalización se ha convertido en la fuerza motriz de la economía moderna y en Europa toma impulso la necesidad de ejercer sobre ella una gobernanza democrática. ¿Es posible producir una transformación digital más centrada en el ser humano?

 

Hace apenas dos semanas, la Comisión Europea presentó su visión de una «década digital» europea. Con unos objetivos políticos para 2030 centrados en las cuatro cuestiones cardinales de las competencias digitales (las infraestructuras y capacidades, los servicios públicos y la digitalización de las empresas), la Unión Europea (UE) pretende situarse a la cabeza de la revolución digital actual. Para garantizar que la tecnología permita a los ciudadanos y a las empresas construir una sociedad más próspera e inclusiva, necesitaremos mercados abiertos y competitivos. Cualquier empresa debe tener las mismas oportunidades de innovar y ofrecer sus productos y servicios a los consumidores, independientemente de su tamaño.

La digitalización es hoy día la clave para desarrollar la resiliencia económica y social y ejercer una influencia global. Nuestro futuro compartido ya está tomando forma en el ámbito digital. En un mundo marcado por una intensa competencia geopolítica por la primacía tecnológica, debemos asegurarnos de que la visión de la UE sobre la digitalización -basada en sociedades abiertas, el Estado de Derecho y el respeto de las libertades fundamentales- demuestre su valor frente a la de los sistemas autoritarios que utilizan las tecnologías digitales como herramientas de vigilancia y represión.

Al potenciar sus propias capacidades, la UE puede contribuir a mejorar la transformación digital del mundo. El éxito de la década digital de Europa requerirá que la UE forje sólidas alianzas y relaciones de trabajo con países afines, tanto a nivel bilateral como multilateral. Al fin y al cabo, para aprovechar todos los beneficios de la innovación tecnológica es necesario mantener una economía digital abierta en la que las inversiones puedan fluir libremente. Ya sea desplegando soluciones digitales en materia de salud, luchando contra el terrorismo, mitigando el cambio climático, protegiendo la biodiversidad o utilizando la tecnología para predecir desastres naturales y futuras pandemias, necesitaremos mucha más colaboración tecnológica a nivel internacional. Pero la digitalización conlleva graves riesgos, que van desde la vigilancia masiva y los ciberataques a infraestructuras críticas, hasta la difusión de desinformación promovida por terceros Estados que pretende polarizar nuestras sociedades y socavar la democracia. Por todo ello, debemos encontrar un equilibrio entre apertura y la defensa de nuestros intereses y valores fundamentales. En concreto, debemos adherirnos a tres principios generales: la igualdad de condiciones en los mercados digitales, la seguridad en el ciberespacio y la libertad en línea (incluida la protección de la libertad de expresión y de reunión, y contra la discriminación y las violaciones de la privacidad).

La UE está determinada a reforzar las relaciones bilaterales, fijar normas más claras y establecer cadenas de suministro digital más resistentes. Por este motivo, hemos propuesto a la administración estadounidense de Joe Biden la creación conjunta de un Consejo de Comercio y Tecnología. La UE también promueve la creación de una coalición global en torno a una visión compartida de la digitalización centrada en el ser humano. Debemos unirnos a aquellos actores que estén dispuestos a cooperar para proporcionar una gobernanza democrática eficaz sobre la tecnología y la economía digital. Cualquier coalición de este tipo debe estar abierta a todos los que estén dispuestos a defender un modelo abierto y descentralizado de Internet y los principios de equidad en los mercados digitales, seguridad en el ciberespacio y libertades individuales en línea.

Trabajando juntos, podemos establecer normas para la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes sobre la base de valores compartidos, cosechando los frutos de las innovaciones de unos y otros y construyendo defensas más fuertes contra los ciberataques. Una coalición de socios con ideas afines puede garantizar que la interdependencia de nuestras cadenas de suministro digitales se convierta en una fuente de seguridad y resistencia, en lugar de un riesgo añadido.

La década digital es asimismo nuestra última oportunidad para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2030. Sabemos que la tecnología digital tiene el potencial de facilitar la inclusión y el acceso a los servicios públicos en todo el mundo. En África, la proporción de la población con acceso a Internet ha aumentado del 2% en 2005 al 40% en 2019, lo que ha permitido que más niños reciban educación y que más mujeres consigan un empleo. Sin embargo, hasta que no cerremos la brecha digital mundial, no aprovecharemos todo el potencial de las nuevas tecnologías.

Para ello, la UE propondrá próximamente una iniciativa que combinará recursos financieros y asistencia técnica para ayudar a sus socios a desarrollar sus propios marcos de gobernanza digital, incluso en ámbitos como la ciberseguridad y la protección de datos. Por ejemplo, un nuevo Fondo de Conectividad Digital podría apuntalar estos esfuerzos, cuya viabilidad exploraremos en los próximos meses junto a nuestros socios.

Por último, preservar un Internet seguro y abierto requerirá desarrollar un modelo de multilateralismo más inclusivo, que reúna no solo a los gobiernos, sino también a representantes de la sociedad civil, el sector privado y el mundo académico. Este modelo puede guiar nuestras acciones dentro de las organizaciones internacionales -desde las Naciones Unidas y la Organización Mundial del Comercio hasta la Unión Internacional de Telecomunicaciones- para garantizar que las normas internacionales se ajusten a su propósito.

Un proyecto común, basado en principios compartidos, guiará nuestros esfuerzos para lograr una transformación digital más centrada en el ser humano, y que maximice los beneficios de la tecnología y minimice los riesgos que plantea. Tanto en el ciberespacio como en el mundo físico, Europa seguirá defendiendo los valores globales fundamentales. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 estableció la dignidad de la persona, el derecho a la intimidad y a la no discriminación, y las libertades de expresión y de creencias. Es nuestro deber común asegurarnos de que la revolución digital esté a la altura de esa promesa.

Fuente: Project Syndicate

Publicado enInternacional
‘Defund the police’: el final de la policía en EE UU y el principio de una seguridad pública radical

La administración Biden no traerá ninguna desescalada policial, auguran desde los movimientos ciudadanos que exigen recortar el presupuesto de la policía y caminar hacia una abolición parcial o total de esta a la vez que se reinvierte ese dinero en gasto social.

 

Una mezcla de incredulidad e ira alumbró Ferguson, Misuri, dos veces en 2014. La primera fue después de que, en verano, el agente Darren Wilson disparase mortalmente varias veces a Michael Brown, de 18 años. La segunda, cuando en noviembre se supo que Wilson no sería procesado. Fue entonces cuando la administración Obama decidió mover ficha para atajar políticamente el problema policial. El resultado fue una comisión de expertos que, meses después, haría públicas 59 recomendaciones que parecían poder rebajar la mortalidad a manos de las fuerzas del orden. No fue así. The Washington Post comenzó en 2015, y tras observar deficiencias en los datos del FBI, a registrar las cifras, que se han mantenido estables en torno a los mil muertos al año. La proyección de 2021 parece confirmar la media: en mes y medio ya son 98.

Es precisamente tras uno de los asesinatos que engrosan esa tenebrosa estadística, el de George Floyd en Mineápolis el pasado mayo, cuando el movimiento alrededor del eslogan “Defund the Police” empezó a tomar impulso mediático y político. El objetivo: recortar el presupuesto de la policía y caminar hacia una abolición parcial o total de esta, a la vez que se reinvierte ese dinero en gasto social. “Durante los últimos seis meses, ha habido campañas que, en unas veinte ciudades, han conseguido una desinversión policial de 840 millones de dólares y que, al menos, 160 millones se redirijan a las comunidades”, afirma Woods Ervin, de Critical Resistance, una de las organizaciones abolicionistas que integran la constelación del movimiento.

Austin o Seattle son algunas de las últimas ciudades que se han sumado a modificar su presupuesto municipal redirigiendo fondos policiales a, por ejemplo en el caso de la primera, comprar y mantener un hotel para el alojamiento de personas sin hogar. Para Critical Resistance, “estos recortes son un porcentaje relativamente pequeño de los 100.000 millones gastados anualmente en policía en el país, pero representan un buen avance, un giro en la tendencia”. “Oakland consiguió expulsar a la policía de las escuelas”, añade el sociólogo Alex Vitale. Se libera así una dotación de 2,5 millones de dólares que puede ser aprovechada en equipos de orientadores sociales o infraestructura educativa.

Vitale, autor de uno de los ensayos de referencia sobre el tema, que llega esta primavera traducido al castellano como El fin de la policía (Capitán Swing, 2021), hace una enmienda a la totalidad. “El movimiento Defund the Police es una expresión del rechazo a enfocar los problemas mediante reformas policiales. No creo que este sistema policial sea reformable. Lo que mucha gente está señalando es que incluso cuando la policía está actuando de acuerdo a procedimientos correctos, sigue siendo la herramienta errónea para una vasta mayoría de situaciones a las que se aplica”, sostiene desde Nueva York, un escenario difícil para la lucha contra la violencia uniformada.

Para él, el verano pasado dejó al descubierto también las diferencias de tempos políticos entre aquellas ciudades que tenían movimientos de base coordinados y aquellas en las que las organizaciones apenas empezaban a funcionar para presionar más intensamente por menos policía. “Esta ciudad —explica— es un ejemplo de lugar donde la mayoría de grupos preocupados por el problema policial estaban todavía hablando de reforma. Aquí no ha habido una acción coordinada en pro de alternativas. Se consiguió muy poco en ese sentido en el último presupuesto de la ciudad. Demasiados políticos o bien temen al departamento de policía, o bien a quienes apoyan a la policía en sus propios distritos. Esto ocurre porque no ha habido tanta organización a nivel vecinal hasta ahora, cuando sí empieza a haber una que pone al departamento de policía bajo un montón de presión. Seguramente haya una gran batalla sobre esto en el próximo presupuesto”.

La reforma, cristalizada en ocasiones como el exceso o negligencia de agentes concretos, es también rebatida desde Critical Resistance. “El problema de la teoría de las manzanas podridas es que, si se piensa que hay algo que no funciona en el entrenamiento o la dotación policial, se justifica que se les dé más dinero”, afirma Ervin. “Creo que el cambio que hemos visto en unos años, que va desde la petición de cuentas legales a los agentes, al movimiento para desinvertir en policía, es muy importante. Nuestra posición es presionar en pos de la idea de que la policía no es reformable y que la desinversión es una estrategia hacia su abolición, pero también hacia priorizar el bien común, el bienestar. No estamos a favor de la austeridad, queremos que ese dinero se invierta, y de hecho en mayor cantidad, pero no ahí”.

Garantes de un sistema quebrado

Las alternativas implican un cambio radical a la hora de abordar la seguridad pública. No una mejor —o incluso menor— policía, sino otro enfoque político ayudado por un impulso social del presupuesto. En palabras de Vitale, “no se trata de reemplazar a la policía con otras instituciones que recreen su labor, sino evaluar qué retos tenemos en cada comunidad. Ver si existe, por ejemplo, un problema de violencia juvenil, o de sobredosis, o de robos, o de absentismo escolar. Cada uno de ellos necesitará un tipo diferente de solución. No necesitamos respuestas policiales de alta calidad a crisis relacionadas con la salud mental, sino respuestas críticas que no implican a la policía. No necesitamos agentes con mayor diversidad, o mejor entrenados, en el departamento de narcóticos; necesitamos acabar con la guerra de las drogas y devolver la cuestión a las autoridades competentes en salud pública”, defiende.

O incluso, como apunta Ervin, puede que “a veces haya situaciones que no necesitan una respuesta” que involucre al cuerpo armado. Prefiere hablar de “inversión estructural, como en el caso de la vivienda. O si hubiera mayor dotación en cuanto a salud mental, habría menos llamadas referentes a episodios de este tipo, por ejemplo en la calle”.

Ambas fuentes coinciden en resaltar la conexión entre el sufrimiento psíquico con algunos casos de actuación policial. Según un estudio publicado por la gubernamental Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, entre un 6 y un 10% de los contactos que el cuerpo armado tiene con la población son con personas que sufren trastornos de gravedad. Y estas son alrededor de un 20% de las víctimas mortales anuales de los disparos de los agentes.

Solo desde el inicio de la pandemia, cualquier estadounidense que haya querido ha podido ver en los medios cómo la policía de Rochester, Nueva York, redujo hasta la asfixia mortal a Daniel Prude la misma noche en que atravesaba por un episodio psicótico. O a Nicolás Chávez, baleado más de veinte veces entre 28 policías durante una crisis en Houston. O a Linden Cameron, un chico de 13 años con síndrome de Asperger tiroteado una decena de veces en Salt Lake City.

Desde Critical Resistance recuerdan que un contexto más profundo puede encontrarse en los recortes a la salud mental perpetrados por la administración Reagan. El republicano tardó solo un año en tirar por la borda la Mental Health Systems Act de Jimmy Carter que proyectaba un mayor gasto federal para una red especializada. Durante la llamada “desinstitucionalización” de pacientes en los años 80, muchos quedaron expulsados del sistema sanitario, desprotegidos, quedando a merced de la amenaza del sinhogarismo y la criminalización.

 “Soportamos cuarenta años de austeridad neoliberal promovida por ambos partidos. Los alcaldes han confiado en la policía para manejar las consecuencias económicas de ese modelo, como son una inmensa desigualdad, precariedad o inseguridad material, un sinhogarismo masivo, una salud mental sin tratar o el abuso de sustancias. Y se dota de más dinero a la policía para continuar desarrollando esa estrategia neoliberal”, indica Vitale, antes de desarrollar ampliamente esa idea: “En este país se ha convertido cada problema, especialmente en las comunidades con bajos ingresos y en las racializadas, en algo a manejar por parte de la policía. Ese modelo reproduce las desigualdades de raza y clase que atraviesan este país. Llevamos décadas bajo el mito policial de que ellos son la única fuente capaz de proporcionar seguridad pública. En las comunidades de clase media se teme a la gente de fuera de ellas, y se recurre a la policía para ello, y en las comunidades más pobres sucede igual pero con parte de la propia gente que vive allí. En estas comunidades hay mayor receptividad a las alternativas policiales porque es donde se ha experimentado la problemática policial mucho más que en las de clase media, donde la policía es a menudo una abstracción y no hay apenas vivencias de primera mano con su intervención. Muchos activistas tratan de hacer hincapié en que cuando confías tu propia seguridad pública en la policía eso está liberando más respuesta policial sobre otra gente. Necesitamos que la gente tome conciencia sobre la responsabilidad que tienen en habilitar ese modelo y lo que implica”.

Ervin lo concreta en el caso de la población afroamericana, que incluso ha extendido el uso de la expresión “calling the police on black people” para designar la facilidad con la que algunas personas blancas telefonean a esta fuerza armada en situaciones cotidianas, sesgados por una sospecha racista.

Los humoristas Trevor Noah y Dulce Sloan expusieron en su programa algunos de estos delirantes casos —que pueden desembocar en escenas violentas o traumáticas para sus víctimas—, dejando constancia además del agravante de que en varios episodios fueran niños de ocho y nueve años sobre quienes se pidió actuación policial. El primero rozó con su mochila a una mujer en una tienda y esta pensó que se trataba de una agresión sexual. El niño simplemente vendía botellas de agua en la calle para costear un viaje a Disneyworld. “Creo que este país —opina Ervin— está empezando a ser consciente de a qué temprana edad empieza esta rapidez en llamar a la policía contra personas negras. Es algo que ocurre, es un lugar común. Para nuestra organización, la policía ha servido para manejar un sistema racista desde su creación”. Si volvemos a la estadística, las personas negras tienen una tasa doblemente mayor que las blancas en cuanto a mortalidad por disparos de la policía, constituyendo el 13% de la población total de Estados Unidos.

La administración Biden no traerá ninguna desescalada policial desde arriba, coinciden Critical Resistance y Vitale. “Tanto Biden como Obama criticaron el eslogan ‘Defund the Police’. Seguramente Joe Biden y Kamala Harris lleven a cabo reformas que entorpezcan el movimiento progresista en torno a la policía y la política penitenciaria”, prevé Ervin. “El propio Biden dejó claro que no apoyaba este enfoque. De hecho, él es uno de esos políticos que se ha sostenido en el modelo policial para llevar a cabo la estrategia neoliberal. Tiene en el departamento de Justicia a varias personas que proceden de aquella fallida reforma y han mostrado cierta apertura a otro sistema policial, pero parece que esta administración invertirá más dinero en policía. No menos”, apunta Vitale. Será una lucha, recuerdan ambos, que tendrá como motor decisivo el impulso de la organización de los movimientos de base.

Ignacio Pato

@ipatolorente

22 mar 2021 06:00

Publicado enInternacional
Entrega de efectivo a millones, en plan de rescate de EU

Las primeras iniciativas del gobierno de Joe Biden –el megarrescate económico, el apoyo explícito a derechos laborales y trabajadores migrantes, así como los nombramientos al gabinete económico– expresan un giro que podría marcar el fin de 40 años de la agenda neoliberal en Estados Unidos.

Hace justo 40 años Ronald Reagan estrenó la era neoliberal con el discurso inicial de su presidencia, en el cual incluyó su famosa frase: "El gobierno no es la solución a nuestro problema, el gobierno es el problema". Entre las primeras acciones del ex actor, anunció una ofensiva contra el movimiento laboral, empezando con la destrucción del sindicato de controladores aéreos, y promovió una agenda de "austeridad" (con excepción del gasto militar) y reducción de impuestos y regulaciones para el gran empresariado.

Con esa agenda, en las pasadas cuatro décadas, gobiernos republicanos y democratas –el presidente demócrata Bill Clinton declararía en 1996 que "la era del gran gobierno se ha acabado"– han desmantelado y/o privatizado segmentos de los sectores públicos de salud, educación y hasta justicia criminal, reduciendo la red de bienestar social.

Los saldos incluyen un sindicalismo que ha llegado a su punto más débil en la historia moderna, el salario promedio real está al mismo nivel de hace 40 años y la desigualdad económica ha llegado a su punto más extremo desde poco antes de la Gran Depresión.

Durante cuatro décadas el eje de la política exterior de Estados Unidos fue promover "la democracia", definida como el libre mercado consolidado a través del libre comercio.

Apoyo a migrantes

Ahora en 2021, las primeras iniciativas anunciadas por Biden al llegar a la Casa Blanca fueron la de un magno paquete de apoyo y rescate económico enfocado en la clase media trabajadora, que incluye a los migrantes, así como la ampliación de servicios públicos (salud, educación, transporte, vivienda, asistencia social a familias y niños). Al mismo tiempo, ofreció la expresión más prolaboral y sindical de un presidente en décadas, al endosar un proyecto de ley para ampliar los derechos laborales y expresar apoyo a la campaña de sindicalización de casi 6 mil trabajadores de un almacén de Amazon en Alabama –cuyo dueño, Jeff Bezos, es el hombre más rico del planeta y uno de los 660 multimillonarios que han incrementado su fortuna durante la pandemia, en conjunto, en más de un billón de dólares.

El llamado Plan de Rescate de Estados Unidos de 1.9 billones de dólares (más del doble del promovido por Barack Obama en 2009) no sólo contiene medidas antipobreza, como los pagos directos de mil 400 dólares a los ciudadanos, sino también la ampliación de beneficios de desempleo y asistencia alimentaria y de renta para inquilinos, entre otras; incluye también acciones sin precedente, como el primer programa de ingreso familiar universal garantizado en la historia del país, con el cual se podría reducir a la mitad la pobreza infantil.

Estas medidas son temporales, durarán sólo hasta finales de año o menos. Pero el gobierno de Biden está preparando programas más ambiciosos, que buscan financiar proyectos de infraestructura, aplicar impuestos sobre los más ricos y la promoción de iniciativas económicas "verdes" para combatir el cambio climático, entre otras. Sus estrategas están apostando a que el enorme apoyo popular del que goza el Plan de Rescate se traducirá en suficiente apoyo para iniciativas adicionales que superen la resistencia política de buena parte de los republicanos y otros opositores.

Biden ha sorprendido a progresistas por su apoyo explícito al movimiento laboral, declarando en febrero que “los sindicatos elevan a los trabajadores… y especialmente a trabajadores afroestadunidenses y latinos”.

A principios de este mes el proyecto de ley Protegiendo el derecho a la organización (PRO Act), el cual propone revertir medidas antisindicales puestas en marcha a lo largo de las varias décadas, fue aprobado por la cámara baja con el endoso explícito del presidente y ahora goza de una amplia e inusual coalición de gremios y ambientalistas para su promoción en el Senado.

Proteger a los trabajadores, no sólo a las empresas

Mientras tanto, el consenso bipartidista sobre el libre comercio que ha imperado durante las últimas décadas también se está modificando y ya no es un objetivo casi sagrado. Katherine Tai, la recién ratificada Representante de Comercio de Estados Unidos, ha prometido –junto con otros altos funcionarios e incluso el secretario de Estado, Antony Blinken– enfocarse en cómo proteger los intereses de los trabajadores estadunidenses y el medio ambiente, y no sólo en promover más acuerdos para empresas.

Varios economistas y otros expertos están señalando que este giro podría estar marcando “el "fin de la era neoliberal", y que se está recuperando el viejo principio keynesiano sobre la necesidad de la intervención del gobierno en el "libre mercado" para defender los derechos sociales y los intereses básicos de las mayorías.

El propio Biden, en un discurso a la nación sobre el paquete de rescate, afirmó, como si fuera respuesta no solo a Reagan, sino a su colega demócrata Clinton, que "el gobierno no es alguna fuerza extranjera en una capital distante. No, somos nosotros, todos nosotros, el pueblo".

Para el Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, la propuesta de Biden es "transformadora" por su enfoque en "rescatar a gente de la pobreza". Comentó que con esto posiblemente se ha puesto fin a la economía trickle down promovida desde la época de Reagan y vigente hasta el gobierno de Trump. “Esto es lo opuesto a eso… es construir la economía desde el medio y desde abajo”, dijo en Democracy Now.

Otro Nobel de Economía, Paul Krugman, escribió en su columna en el New York Times, en referencia a la declaración de Clinton de 1996, que eso de “‘la era del gran gobierno se acabó’ [ahora] se acabó” y señaló que el plan de rescate económico de Biden representa "un giro contra la ideología que ha dominado la política de Estados Unidos por cuatro décadas".

Robert Reich, quien fue secretario del Trabajo con Clinton, festejó la aprobación del paquete de rescate, al cual describió como la "expansión más grande de asistencia gubernamental desde los años sesenta" y concluyó que “la lección económica es que el reaganomics ha muerto”.

Al descubierto, los saldos de la política económica

La resistencia progresista contra el neoliberalismo en Estados Unidos incorpora desde los grandes movimientos altermundistas, los cuales rechazaban lo que se llamaba el "Consenso de Washington" en los años 90, a movimientos contra la desigualdad económica y la concentración de riqueza, como Ocupa Wall Street, que surgieron en años recientes y que nutrieron después las sorprendentes campañas presidenciales, legislativas y locales de socialistas democráticos. Todo eso ha llevado a este giro en la política económica ante la crisis de salud y económica en Estados Unidos que dejó al descubierto los saldos reales del neoliberalismo.

En una reciente comparecencia ante el Comité del Presupuesto del Senado, presidido ahora por el ex candidato socialista democrático Bernie Sanders, Reich recordó la famosa frase del juez de la Suprema Corte, Louis Brandeis, "podemos tener democracia en este país o podemos tener gran riqueza concentrada en las manos de unos cuantos, pero no podemos tener ambas cosas".

Publicado enInternacional
Brasil: la batalla comunicacional que se viene

Hay un debate en curso en Brasil sobre el uso de la palabra genocida para nombrar a Jair Bolsonaro. Militantes del PT detenidos en una protesta frente al Palacio del Planalto e influenciadores digitales convocados por la justicia fueron dos ejemplos de esta semana en la cruzada paradójica de no llamar las cosas por su nombre. Interesante la preocupación reciente de Bolsonaro por las palabras, viniendo de alguien que las desprecia, que no mide efectos ni consecuencias, empatía bajo cero.

Bolsonaro dominaba la comunicación política del país hasta hace diez días, cuando el expresidente Lula recuperó sus derechos políticos, provocando un tsunami. Si separamos las barbaridades que enuncia, de las formas de hacer política, tres territorios eran dominados por completo por el actual presidente, como ningún otro actor político: las “lives” de los jueves en sus redes sociales, los charlas informales con seguidores en el “corralito” que se monta diariamente en el Palacio de la Alvorada, y las apariciones públicas inesperadas, como la visita que hizo a la Corte Suprema en septiembre del año pasado. Los dos primeros son los palcos por excelencia que generan la catarata de declaraciones. Hablamos de la política como “acting”, como puesta en escena, como teatralidad.

Como aquello que genera una pauta permanente de información y define la agenda. Esta hipótesis fue descripta por Joao Santana en octubre de 2020. A partir de la semana pasada, esa naturalidad con la que ocupaba todo el espectro comunicacional se pone en disputa. Lula habló por más de tres horas y lo obligó a hacer dos giros casi que inmediatos: reconocer la vacuna como una realidad imprescindible, y cambiar por cuarta vez su ministro de Salud. El reciente apoyo a las vacunas vino con una marca que es todo un signo de descalabro del bolsonarismo más explícito: “nuestro arma es la vacuna”, fue la primera divulgación. Eso dio pie a un meme difundido por su hijo Eduardo con una adaptación del personaje Ze Gotinha, logomarca de las campañas de vacunación en el país, creado en 1986. En la imagen, Ze Gotinha tiene un fusil-jeringa, un abierto apoyo a las armas. La muerte se celebra, es el “viva la muerte” de Franco, tropicalizado. Entra en el territorio de lo perverso, en el medio de la crisis sanitaria más importante del país, enaltecer un arma. La vorágine por querer responder rápido al nuevo escenario y sobre todo hacer malabarismo por mantener su discurso armamentístico aggiornado a la nueva realidad pandémica, producen deslices. Ese meme condensa el bolsonarismo comunacional, es una metáfora de una época.

Un segundo ejemplo: el miércoles 17 de marzo, Lula le pide a Biden ayuda para conseguir vacunas, a través de una reunión del G-20 para discutir la redistribución del inmunizante para países que más lo precisen, como Brasil. Bolsonaro reacciona al día siguiente mostrando una carta del 26 de febrero donde Biden promete colaboración en este nuevo capítulo de la relación bilateral. Lo pone a la defensiva, lo obliga a mover las piezas a posteriori.

Este movimiento no es gratuito. Si Bolsonaro se muestra impermeable a la ciencia y el conocimiento, claro está que mira las encuestas y actúa en consecuencia. La caída de su popularidad, sumada a los escenarios de posible derrota frente a Lula (34% seguramente votaría a Lula vs 25% a Bolsonaro, según datos del Instituto Ipec de Marzo 2021) configuran este nuevo escenario. La adhesión al discurso provacuna entra mucho más en esa lógica que en estar convencido. Los principales actores de la economía le hacen saber que que no hay retorno del crecimiento sin vacuna.

Un análisis más detallado de la encuesta señala un elemento posiblemente central en la batalla comunicacional que se viene. Bolsonaro crece de 25% a 39% su potencial de voto entre los evangélicos, y en forma inversa, Lula cae del 34% al 27%. Cuando el PT fue fundado en 1980, los evangélicos representaban el 6,6% de población. En 2000, dos años antes de la victoria de Lula, el 15,4%. En 2021, son el 31,8%. Son uno de los pilares fundamentales de lo que se denomina la “nueva derecha brasileña”. Tres grupos que convergen en el actual bolsonarismo: la derecha más reaccionaria y retrógrada, que pide intervención militar y cierre de la Corte Suprema, la volátil “derecha liberal”, que hoy adhiere al bolsonarismo pero surfea la ola de quien defienda su agenda neoliberal, con el ministro de Economía Paulo Guedes como mayor exponente. Y el enorme contingente de evangélicos. En esa batalla argumental se dirimen parte de las chances de Lula de consolidar el potencial de voto actual, aunque tenga que correrse naturalmente más al centro. Coquetear con el voto “evangélico” es una tarea ardua. Pensar que uno de los mayores referentes de la iglesia evangélica, Edir Macedo, decía en marzo 2020 que el coronavirus era una “táctica de Satanás”, y se vacunó esta semana en Miami. Satanás vacunado y de paseo en Disney.

Eduardo Sincofsky es consultor en opinión pública. 

Publicado enInternacional