Miércoles, 10 Abril 2013 07:08

La democracia como verdad y mentira

La democracia como verdad y mentira

En agosto del año pasado celebramos en Centroamérica el 25 aniversario de los acuerdos de Esquipulas, la llave para la solución política de la guerra que envolvió a toda la región a lo largo de la década de los ochenta del siglo pasado. Y este mes se celebra un cuarto de siglo de los acuerdos de Sapoá, firmados entre el gobierno sandinista y la Resistencia Nicaragüense, la contra, que abrieron el camino hacia las elecciones pacificadoras de 1990, y que el sandinismo perdió.

El escenario global cambiaba entonces, se deshacía el bloque soviético, se acababa el mundo bipolar, y en esta pequeña esquina del tablero la democracia se convertía por primera vez en décadas en el actor principal, y decisivo. Desde entonces empezamos a elegir gobiernos sin importar más su color ideológico, y los golpes de Estado se volvieron asuntos del oscuro pasado, salvo por el derrocamiento del presidente Zelaya en Honduras, que ojalá siga siendo una excepción. Hay dos gobiernos electos provenientes de organizaciones guerrilleras, en El Salvador y Nicaragua. También hay en Guatemala un presidente que procede de los altos rangos militares, pero no a consecuencia de un golpe de Estado, sino de elecciones democráticas. Podemos afirmar que por primera vez estamos viviendo bajo las reglas de la democracia representativa.

 

El promedio de participación electoral en Centroamérica ronda 70 por ciento, contra 40 por ciento o menos en Estados Unidos. ¿Qué hemos ganado, en fin de cuentas, hasta hoy? Que en la gran mayoría de nuestros países podemos votar con confianza, sin temor a los fraudes. Es una cuenta positiva, pero para defenderla hay que ponerla en cuestión. No podemos dar por garantizado que no habrá retrocesos. Que las instituciones no sean manipuladas, ni malversadas, ni sujetas a voluntades autoritarias, ni a la corrupción, ni a las influencias del narcotráfico, o lo que es peor, a una mezcla maligna de todo eso.

 

¿Funciona entonces la democracia en Centroamérica? ¿Son las instituciones suficientemente sólidas? ¿Tenemos garantizada la supervivencia del sistema a largo plazo? ¿Son los jueces independientes del poder político? ¿Existe de verdad la libertad de expresión en todos los países del área? ¿Se puede confiar en la transparencia en el uso de los recursos públicos? ¿Nos hemos librado de la impunidad? ¿Se ha ausentado para siempre el caudillismo? Desgraciadamente no. Las elecciones periódicas no son capaces de responder por sí solas a este conjunto crucial de preguntas. Un sí a todas ellas significa la plena democracia. Pero aún tenemos varios no pendientes.

 

Y entre todas esas preguntas, hay aún otra de trascendental importancia: ¿ha sido capaz en estos años la democracia de generar bienestar? ¿Ha sido capaz de producir cambios estructurales? Reducción en los niveles de extrema pobreza, distribución equitativa de la riqueza, un sistema tributario justo, empleos calificados, la ampliación de la clase media. Cambios profundos en el sistema educativo, para que llegue a ser capaz de producir desarrollo real. Cobertura universal, escolaridad básica de al menos ocho años, tasas efectivas de retención escolar, calidad de la educación. ¿Cuánto más se está invirtiendo en la educación? Las instituciones financieras y la Unesco aseguran que, sin duplicar al menos la inversión en educación, las modestas tasas de crecimiento alcanzadas hasta ahora en Centroamérica seguirán congeladas, y en el futuro seguiremos teniendo, por tanto, un desarrollo mediocre. Marcar el paso no es avanzar. Y para avanzar se necesitan dos bases imprescindibles: educación e institucionalidad democrática.

 


La autocracia sigue siendo una amenaza. Cuando el poder personal debilita a los partidos políticos y debilita a la sociedad civil, la democracia empieza a asfixiarse. Es mala la excesiva fragmentación política, porque perjudica el sistema de partidos y convoca la ingobernabilidad; y es mala la concentración de poder en un solo partido o en una sola persona porque destruye la participación democrática y a la postre llegará a transformarse también en ingobernabilidad, como la historia nos enseña.

 

Un primer balance razonable nos debería convencer de que, pese a todos sus tropiezos, y a veces retrocesos, la democracia es una obra en marcha, que se sigue por el sistema de prueba y error en el que, al menos eso deseamos, la cantidad de yerros vaya siendo cada vez menor que la de aciertos. Los ciudadanos, mientras más ciudadanos sean, elegirán cada vez mejor. Y mientras más educados sean, elegirán aún mucho mejor. Siempre que no se les impida. Y para que el voto sea confiable y efectivo, los órganos electorales deben ser ejemplarmente transparentes e independientes.

 

La democracia tiene que enfrentar amenazas, y algunas de ellas son mutables. Cambian de rostro y de ropaje. Hoy escuchamos hablar de proyectos políticos de nuevo socialismo, que, precisamente porque en su concepción populista marginan la participación pluralista de la sociedad, se convierten en proyectos antidemocráticos. Éstas son más bien utopías regresivas, porque, por desgracia, la ambición de controlar a la sociedad desde el poder es de vieja data en el continente americano, y no nos dice nada nuevo.

 

Un gobierno populista crea satisfacciones paliativas en la población que se transforman en apoyo electoral, pero al costo de degradar la dignidad de los electores con donaciones, subsidios y regalías. Pero estas políticas ni resuelven el problema de la democracia, que más bien debilitan, ni resuelven el problema del desarrollo económico sostenible. Es lo que ocurre en Nicaragua.

 

Democracia, seguridad ciudadana, libre expresión del pensamiento, equidad social, justicia económica. Fortaleza de las instituciones, transparencia de la gestión pública. Educación de calidad como palanca imprescindible del desarrollo. La pregunta real es si un gobierno autoritario, sea duro o moderado, puede asegurar hacia el futuro esta convergencia de fortalezas de la democracia, o más bien la destruye. La historia de América Latina puede ser vista también como un museo, donde estos proyectos mesiánicos y mentirosos se apolillan en sus urnas

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Por la justicia, la memoria y la participación popular para la paz con vida digna

En nuestro país, desde el surgimiento como República en el siglo XIX, vivimos ciclos de guerras, armisticios, acuerdos de paz, constituciones. Se podría decir que el Estado–Nación inconcluso ha estado marcado por la guerra en largos y repetidos períodos y la paz efímera. Como hoy se reconoce de manera amplia, el último ciclo de guerra se abre el 9 de abril de 1948 con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, magnicidio de la élite para bloquear el proyecto de democratización popular, y para viabilizar el desarrollo capitalista en medio del terrorismo de Estado.


Desde aquel 9 de abril de 1948 la guerra no ha cesado. Los asesinados de manera violenta, bajo la complicidad del Estado que debiera protegerlos y de los gobiernos de turno que tendrían que velar por su bienestar se cuentan por miles de miles, los desplazados y los despojados de sus bienes muebles e inmuebles se cuentan por millones. Amparados en esta violencia con marca oficial, en este largo y penoso proceso se potencian, desarrollan y consolidan las estructuras palpables que dinamizan la dialéctica del conflicto colombiano, a saber:


-El modelo agrario: cada día más excluyente, de acaparamiento creciente de la tierra en pocas manos y despojo violento de las comunidades rurales. La brutalidad del despojo sufrido por los campesinos ha sido tal que el índice Gini alrededor de la tenencia de tierra en 1985 era de 0,35 y en 2011 se trepa a un aberrante 0,85, lo que hace de nuestro país una de las naciones más desiguales del mundo en su estructura agraria.
-El modelo urbano: orientado hacia la especulación urbanística, el uso del vehículo y el comercio de mercancías, donde las familias cuentan cada día con menos espacio para el disfrute del descanso, el derecho a la recreación, y la vida digna.


-El capitalismo neocolonial –al servicio de los poderosos de dentro y fuera del país–, donde la economía se planifica al calor de los 8 Tratados de Libre Comercio ya firmados por las clases dominantes de nuestro país, y la garantía de las exenciones tributarias para las transnacionales, las misma que suman más de 9 billones de pesos, dinero más que suficiente para garantizar la gratuidad de la educación superior o la salud para todos aquellos que habitan en Colombia.


-El régimen político antidemocrático y policivo, que le ha impedido a varias generaciones de colombianos/as conocer la felicidad, la vida en justicia, la participación efectiva y la paz digna, potenciando como correlato la opción del ejercicio de la violencia revolucionaria por parte de miles de connacionales (a través de la lucha armada guerrillera) como única opción que han encontrado para proteger su vida, al tiempo que luchar por el poder político.


Una realidad que oprime y excluye. Como lo han padecido millones de connacionales desde la década de los años 40 del siglo XX, el Estado y los gobiernos de turno han estado al servicio de la guerra contra las mayorías nacionales; sin duda, el país político ha tratado de someter al país social, sin lograrlo a plenitud, y hoy estas mayorías reclaman otro tipo de modelo económico y político, reclaman, sin descanso, paz justa.


En esta pugna entre los pocos contra los muchos, entre los ricos contra los pobres, nuestro país padeció, en especial durante los últimos 30 años, una avanzada militar, política y económica del proyecto que ha regido los destinos del país por siglos, cuyas consecuencias las narran los millones de despojados y desplazados que copan sus principales centros urbanos, en los cuales, al mismo tiempo, la lucha por el territorio se encona con el paso de los días. Otra de sus consecuencias es el debilitamiento de las guerrillas revolucionarias, a pesar de lo cual no han podido ser derrotadas

 

Es una lucha enconada. Para que llegue a su fin, el Estado y un sector de la insurgencia (las Farc-ep) intentan en La Habana un acuerdo de paz: las élites para dar garantías a la inversión nacional e internacional de capitales; las Farc-ep, para buscar otras maneras de hacer viable su proyecto social y político.


Desde el movimientos social, diversas experiencias organizativas de lo comunitario, nos afincamos en la necesidad que tiene el país de poner en práctica profundas y urgentes transformaciones económicas y políticas que permitan la justicia, la igualdad, la soberanía, al tiempo que consideramos que hoy la PAZ es una necesidad histórica para facilitar estos propósitos, pero también para recomponer las fuerzas populares alternativas y conquistar condiciones para la disputa del poder político.


Por todo esto, proponemos al pueblo colombiano la siguiente agenda de creación de un momento político para reagrupar las mayorías y construir un nuevo proyecto de país, liderado por las fuerzas más dinámicas que lo integran:

 

Gran dialogo nacional:


La solución política al conflicto social, político, económico y armado no cabe en la estreches del diálogo bilateral de las Farc-ep y el gobierno nacional; es imprescindible un gran diálogo nacional que tenga como resultado la implementación de una Asamblea nacional para la paz donde los pueblos, el resto de la sociedad civil, las insurgencias y el Gobierno nos encontremos cara a cara para discutir el país que necesitamos.

 

Diálogos regionales, que hablen los territorios y se decida en ellos:


La solución al conflicto social, político, económico y armado –tomando el diálogo como su principal herramienta–, debe estar anclada en los territorios, allí donde se vive lo más cruento de la conflagración armada, al tiempo de lo más ruin de la explotación y despojo que instaura este sistema. De esta manera, es definitivo el diálogo regional por la paz que involucre a los pueblos, gobiernos locales, el movimiento guerrillero y el resto de la sociedad.


Acuerdos humanitarios generales y regionales


Apoyar la realización de acuerdos humanitarios generales y regionales, que rebajen la intensidad del conflicto y sus secuelas que padecen los más pobres entre los pobres, ayuden a crear condiciones para la potenciación de los movimientos sociales y para la reconstrucción de las fuerzas revolucionarias y democráticas.


Combate frontal y desarticulación de los grupos paramilitares:


Con el nuevo título de Bacrim, el Estado y los gobiernos desligan su responsabilidad política de la tercera entrega del paramilitarismo en Colombia. Urabeños y Rastrojos son la readaptación del viejo libreto de la burguesía narcotraficante existente que se alía con poderes locales y fuerzas militares para mantener el rentable negocio del despojo, del monoproducto cocalero, de la destrucción de la economía campesina y la perpetuación de las economías ilegales. A través de ellos el Estado ha copado territorios a la vez que permite la perduración de la base social del guerrerismo que disputa con violencia total todo proyecto de solución política, reivindicaciones sociales y país distinto.


Democratización de nuestra sociedad


Desmonte de los elementos del fascismo que estructuran el poder político de las clases dominantes: las estructuras legales y de legislación fascista, que incluyen la desmilitarización de la Policía, la reforma de los códigos de la convivencia y seguridad ciudadana, el desmonte de cámaras de control y vigilancia por doquier, la desestructuración de las redes de apoyo ciudadano a los aparatos armados del Estado, pero también cesar la aplicación del terror en la vida cotidiana de nuestra sociedad, desmontar los grupos paramilitares y del narcotráfico y sus redes territoriales que están utilizando el microtráfico para el control de los territorios urbanos, la persecución a la opinión disidente.


Construcción de acuerdos humanitarios de carácter regional:


Que las fuerzas mismas de los territorios acuerden salidas transicionales tanto con las insurgencias, los gobiernos y las Fuerzas Militares (desminados humanitarios, desmilitarización de escuelas y cascos urbanos, cese de confrontaciones en zonas de clara ubicación de la sociedad civil, etcétera).

 

Reconocimiento de los derechos civiles y políticos a presas y presos políticos


Reconocer los derechos civiles y políticos a los detenidos y detenidas políticas en razón del conflicto que padece el país, hombres y mujeres que se encuentran en las cárceles sobrellevando una vida indigna –recogiendo las recomendaciones que la Auditoría Internacional ha hecho al Gobierno– abriendo caminos para el más amplio diálogo con ellos, y claro está, para su libertad.


Con las víctimas por la verdad, justicia y reparación


Defender los derechos de las víctimas en cuanto a verdad,  justicia, reparación y garantías de no repetición del terror padecido.

 

La lucha por una nueva sociedad pasa por concretar la justicia, la memoria y la participación popular para la paz con vida digna. Esta es nuestra voz, nuestras caminar diario es por su concreción. No permanezca indiferente, venga y caminemos juntos por y para su efectiva realización.

 

Movimiento por la defensa de los derechos del pueblo –Modep–

Rebeldía Estudiantil Organizada –REO–

Desde Abajo

Comités de estudio y trabajo sindical –©ets–

Dignidad Educativa

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Los Patrones –entre la barbarie y la impunidad.

En Colombia la figura del patrón asociada a poderosos criminales es asunto cotidiano. Los patrones representan la vigencia del mundo medieval y encarnan los más grandes episodios de terror y humillación a la condición humana. El patrón es el que está por encima de las leyes, de las reglas y de los límites que puedan anunciar los derechos. Los patrones encarnan tres condiciones: son propietarios de la tierra y de las riquezas que estas provean y  quienes habitan en ella, están a su merced como súbditos que deben lealtad al señor a cambio de la cual reciben protección militar, ayuda económica y reconocimiento social; constituyen una especie de monarcas, de reyes, que son protegidos por sectores de la clase política y económica, militares y la iglesia católica. Esta última asiente que el poder del patrón tiene alguna procedencia divina y; son redefinidos y presentados socialmente por sus aliados y socios como líderes, capaces de pacificar y ejercer un poder absoluto e incuestionable en los territorios controlados con su poderío económico y militar.


Los patrones asumen que solo ellos tienen derechos, hacen depender de ellos la vida de cualquier otro, bien sea de entre quienes están a su servicio y son colocados en situación de inferioridad o de quienes califican como adversarios o críticos. Igual hacen depender de ellos los deseos y la satisfacción de necesidades de quienes son cobijados por su manto. Ellos definen los modos de relacionarse, de vestirse, de vivir en los territorios bajo su control, imponen toques de queda e indican las estrategias de guerra. Su servidumbre trata de imitarlos, de seguirlos, de complacerlos, saben que se está más cerca o lejos de ellos según los hechos de lealtad que logren demostrarle.  Se miente, se envilece, se injuria, se calumnia, se traiciona o se mata para complacer al patrón. Un buen súbdito es el que pone su vida al servicio del patrón, el que está siempre dispuesto a matar o morir por él, es capaz de torturar, mutilar, ofender, humillar,  para que el patrón sepa de su valentía.

 

Cuando muere un patrón, sus súbditos, socios y aliados tratan de convertirlo en mito, en leyenda. Por estos días en Colombia ha muerto quizá el más poderoso patrón de los últimos cincuenta años. Un férreo campesino que logró sentar a otros patrones en la misma mesa para imponerles sus propias reglas. Se hizo propietario de un millón de hectáreas e incalculable número de cabezas de ganado, recibió la concesión para la explotación sin reglas de las minas de esmeraldas más importantes del mundo, fue el esmeraldero que obtuvo el mayor reconocimiento en este campo de negocios, comerció con extranjeros (japoneses, australianos, americanos, brasileros), propuso la creación de una bolsa mundial de la esmeralda y pasará a la historia de quienes tuvieron relación con el como el pacificador del occidente de Boyacá. No se ha calculado su fortuna, buena parte de ella sostenida a través de terceros, pero habrá que contarla en miles de millones de dólares sustraídos, arrebatados del vientre de una de las regiones más ricas en recursos pero más empobrecidas y saqueadas del planeta. Allí miles de personas incluidos niños, niñas, jóvenes han sido sistemáticamente ultrajadas, degradas de su condición humana, humilladas trabajaron durante décadas de trabajo elevado al más alto grado de explotación. Niños que para pagar un plato de comida diario y un poco de agua se sumergen en profundidades de 200 y más metros bajo tierra en jornadas de sumaban hasta 15 horas diarias -muchos nunca salieron y otros fueron asesinados al salir-.


El patrón se convierte en una leyenda que sobrevivió a más treinta atentados de sus antiguos socios, evadió todas las formas de justicia incluida la de ejércitos preparados para matarlo, fue amigo y aliado de presidentes, congresistas, magistrados, generales, obispos y gentes comunes que un día recibieron una caridad o sus vidas fueron perdonadas.  


El patrón de los patrones, también es observado por haber sido el más poderoso continuador de las prácticas medievales de terror. En la zona esmeraldera bajo su dominio, que comprendía al occidente de Boyacá (y el oriente en el valle de Tenza), los muertos asociados a su poder se contabilizaron por miles. Se ha afirmado que hasta el proceso de pacificación que adoptó un modelo de Paz Romana de no agresión mutua entre patrones con perdón y olvido sin investigaciones ni castigos, firmado a comienzos de los años noventa, se habían consumado más de tres mil asesinatos que quedaron en total impunidad. Fueron víctimas de las que nadie nunca pudo reclamar e incontables las señales de terror que quedaron en los cuerpos mutilados, destrozados, quemados con el uso de prácticas de máxima barbarie.


De las minas bajo la autoridad de los patrones salían historias que rápidamente se convertían en mitos, que contribuían para que miles de desplazados de otras violencias de una misma guerra llegaran a las minas, para que los jóvenes de los sectores populares sin oportunidades y empobrecidos desertaban de los colegios y fueran en busca del embrujo verde, a enguacarse, a llenarse con el  dinero suficiente para vengarse de la pobreza, para comprar derechos, para portar un arma, para intentar hacerse socio de un patrón ya reconocido y tener autoridad, para no volver a recibir humillaciones.  De todas partes venían gentes pobres a buscar suerte en las minas, los patrones daban o quitaban esa oportunidad. En las minas se vivía un modo de sobrevivencia desprendido de todo compromiso, de toda ética, de toda responsabilidad, la única regla a respetar era mantener lealtad hacia los patrones, quien la traspasara moría.


De los patrones dependía el poder político, económico y militar. Los patrones imponían candidatos ganadores en los procesos electorales,  de ellos dependía llamar a rendir cuentas a funcionarios y fijar compromisos a candidatos para alcaldías, gobernación, congreso e inclusive presidencia. De los patrones dependían las obras públicas y los informes que salían de la región, los funcionarios estaban a merced de la autoridad suprema del patrón, su función principal era servir a los intereses de los patrones, no de la sociedad. Los funcionarios  elaboraban y presentaban informes y justificaban las decisiones ya tomadas por los patrones, lo demás eran excesos. Los altos prelados de la iglesia con presencia en la región, aunque hacían manifiesta su imparcialidad no se inhibían de exaltar a los patrones y exhibir en su pecho los enormes crucifijos de oro macizo y esmeraldas incrustadas obsequiados por los patrones, inclusive la virgen exhibía en su media luna los obsequios de los patrones.


Ninguno de los patrones emblemáticos de la región esmeraldera como Efraín Gonzales y el Ganso Ariza, lograron el poder de Don Víctor. Rodríguez Gacha el Mexicano, socio de Pablo Escobar y los hermanos Castaño, patrones todos, pusieron en evidencia la relación de las esmeraldas con la cocaína y el paramilitarismo fortalecido con la creación de 63 cooperativas de seguridad convivir en la región, cuya paternidad fue de Álvaro Uribe.  


“Don Victor Carranza”, estuvo presente en todas las etapas de la explotación, saqueo y guerra asociada a las esmeraldas y su autoridad recibida con temor para los despojados y agradecimiento por sus beneficiados y benefactores fue reforzada con la concesión privada de más del 60% de las minas de esmeraldas, que recibió del presidente Misael Pastrana y las continuas intervenciones de la jerarquía eclesiástica católica que se encargó de la construcción de un nuevo imaginario social que presenta al patrón como líder y gestor de paz.


P.D. El comercio de esmeraldas lleva al mercado negro un 300%  más de lo que se registra legalmente y sobre lo que se entregan a los municipios exiguos montos por regalías de explotación.
mrestrepouptc.blogspot.com

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Declaración universal del derecho de los pueblos a la rebelión

Considerando que la dignidad intrínseca y los derechos inalienables de la inmensa mayoría de la familia humana son totalmente desconocidos y atropellados por Estados y empresas multinacionales, quienes supuestamente deberían defenderlos y respetarlos;


Considerando que las leyes del mercado sólo brindan terror y miseria a la inmensa mayoría de la humanidad –miles de millones de seres humanos– que los condena a muerte por cuestionar su orden establecido o les respeta la vida a condición de renunciar a vivir dignamente;
Considerando que el derecho a la vida está siendo permanentemente violado por los detentores del capital, sea por acciones violentas directas o indirectamente obligando a pueblos enteros a fallecer de inanición;


Considerando que el capitalismo está acabando con todas las formas de vida y con ello está aniquilando a comunidades humanas enteras;
Considerando que el estado de derecho dentro de cada Estado Nacional, en muchos casos, ha contribuido eficazmente a reproducir esta situación de hambre, terror y muerte;


Considerando que el sistema de Naciones Unidas es absolutamente incapaz de impedir esta situación;


Nosotros organizaciones y personas participantes del XI Foro Social Mundial declaramos:


Que hace mucho tiempo llegó la hora de acudir al Supremo Derecho de Rebelión;


Que deben ejercerlo pueblos, comunidades o grupos unidos por unos mismos intereses, que no son otros que la vida digna. De la vida, porque es el sustento básico sin el que no puede disfrutarse cualquier otro derecho y de la dignidad,  porque la existencia de la vida exige de unas garantías vitales: políticas y económicas, comunes para todos,  que permita a los seres humanos desplegar el otro gran derecho fundamental, el de la libertad individual;


Que el Derecho a la Rebelión colisionará con los derechos de los dueños  del poder y del Capital;


Que en ésta colisión el derecho de las  mayorías prevalecerá sobre el derecho de las minorías ricas y poderosas;


Que el Derecho a la Rebelión exigirá, al interior de quienes lo realicen, el más riguroso respeto a los Derechos Humanos, entendidos estos como una guía práctica para encontrar la armonía entre los hombres y los pueblos, y no como una religión o secta incapaz  de interactuar con otras concepciones científicas, filosóficas o culturales;


Que a más de reivindicar  y aplicar los derechos civiles y políticos, habremos de enfatizar en la consecución de los derechos económicos, sociales y culturales a que son merecedores los individuos y los pueblos;


Que dada la magnitud de esta Declaración convocamos a todas las personas  y entidades a organizarse para tan magna y arriesgada tarea. El fuerte no se le rinde al débil, el organizado no cederá al desorganizado;


La atrocidad de los capitalistas contra el resto de  la humanidad, aniquilando su vida y su dignidad, exige ejercer ya el supremo derecho a la Rebelión (consagrado en el preámbulo de la Declaración Universal de los DDHH de 1948)


Fuerzas rebeldes, Desde Djebel Lahmar, Túnez, 30-3-2013

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Venezuela: ¿La guerra o la paz en las elecciones presidenciales?

ALAI AMLATINA, 08/04/2013.- Los actores políticos, redoblan su marcha electoral en Venezuela, para concluir el jueves 11 de abril la campaña, a la espera de la concurrencia a las urnas; el domingo 14 A. Con 8 candidatos presidenciales, en el ruedo, el debate se centra en dos: Nicolás Maduro y Henrique Capriles. Una reedición cercana del 7 de Octubre de 2012, cuando Hugo Chávez se impuso por una amplia mayoría en 21 de los 23 estados y el Distrito Capital, con una brecha superior al millón y medio de votos sobre Capriles.

 

La sensible pérdida de Chávez, abrió espacio para una matriz de especulación sobre la situación interna del chavismo. Desde algunos talleres – mediáticos, especializados en la táctica del rumor, intentaron ventilar supuestos choques entre Maduro y Diosdado Cabello, echados por tierra en el desarrollo del funeral de Estado y, especialmente en la campaña electoral, donde la izquierda se ha presentado con una unidad monolítica. La maquinaria política del chavismo ha logrado activarse a lo largo del país, en antagonismo, la oposición se encuentra desmovilizada y agotada, por dos sucesivas derrotas, encontrando a un Capriles maltrecho con sus conexiones aliadas y, una imagen sin contrapeso al testamento político de Chávez.

 

Los dos modelos que se enfrentan en Venezuela, son, por un lado, la propuesta de Chávez (en desarrollo hace más de una década) de construir un orden multipolar en lo internacional; la soberanía absoluta en los recursos naturales y, el reparto equitativo de la riqueza a través de la refundación del Estado; un enfoque sobre lo humano al que se ha llamado “socialismo del siglo XXI”. La otra cara de esta contienda representa los sectores empresariales transnacionales, que ven la posibilidad de retornar al control de los fecundos yacimientos petroleros; el empresariado importador nacional, que durante décadas se reprodujo en el usufructo de los recursos de la renta petrolera y; los partidos políticos tradicionales, derrotados luego de 40 años de control hegemónico en el país.

 

Nicolás Maduro parte como claro favorito, para las elecciones en todos los escenarios democráticos posibles, ¿Cuál será la brecha entre ambos candidatos?; es la pregunta clave. En cualquier país Occidental, una diferencias porcentual de un dígito no supone crisis política a lo interno, en vista del modelo de liderazgo basado en tecnócratas o burócratas de la política, donde priva el sostenimiento del establishment de la clase dirigente, la racionalidad consensual no permite la noción de ruptura del orden creado. En Venezuela esto no aplica, puesto la paz política sólo se ha garantizado con la contundencia electoral en los triunfos del chavismo.

 

Para Chávez el problema nunca fue ganar, sino los márgenes que garantizaran la mayoría categórica evitando la ingobernabilidad por la vía del golpismo opositor, que ya en 2002 plantearon escenarios no electorales como salida a su crisis de conexión popular. Esa “agenda oculta”, es una permanente carta bajo la manga de los sectores más radicales de la oposición que recurren al desconocimiento de las instituciones legitimas venezolanas, para avivar el sentimiento del fraude en sus seguidores. Una estrategia ensayada en varios países, bajo la tesis de la espontaneidad de movimientos “ciudadanos” que culmina en la violencia para derrocar los gobiernos legalmente acreditados.

 

Las claves extraídas, en el discurso del candidato de la oposición, encienden las alarmas, al sumarlas con algunos movimientos irregulares, asociados a grupos paramilitares que se estarían moviendo en el orden regional. El escenario electoral de 2012, movilizó el 80% del universo electoral, una cifra importante que permitió garantizar la continuidad del chavismo sin inconvenientes de gobernabilidad, el problema para un sector de la oposición, es que una nueva derrota supone técnicamente su desaparición del mapa político, dando inicio a un ciclo de nueva hegemonía que se completaría con las elecciones municipales. En estas elecciones las cartas han sido echadas y, aún en el escenario más favorable para la oposición se prevé una abstención de su militancia que no cree en la posibilidad real del triunfo electoral, lo que implica no aumentar su caudal electoral.

 

Por José Fortique / @jfortique

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Los hijos de Uribe aparecen en la lista de cuentas en paraísos fiscales

No solo se han revelado escándalos de sobornos a altos funcionarios de Venezuela en el nuevo Offshoreleaks, la investigación de 2,5 millones de archivos sobre fondos ocultos en paraísos fiscales que ha elaborado el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, según sus siglas en inglés). En la lista de inversores en esos escondites para ahorros fuera de control de las agencias tributarias y de las investigaciones contra la corrupción y el lavado de dinero también figuran los hijos del expresidente colombiano Álvaro Uribe y empresarios de México y Brasil.


 
Tomás y Jerónimo Uribe son accionistas de una firma creada en las Islas Vírgenes Británicas en 2008, Asia America Investment Corporation. Un abogado de ellos, Jaime Lombana, dijo que esa empresa fue formada con la idea de exportar artesanías colombianas, pero jamás comenzó la actividad. Lombana justificó su creación en esas islas, unos de los más de 80 paraísos fiscales en el mundo, por el hecho de que un socio de los Uribe vivía allí.
 


Los dos hermanos fueron acusados durante el Gobierno de su padre (2002-2010) de presunto tráfico de influencias en dos escándalos, uno de los cuales se trataba de la compra de tierras cuyo valor saltó por los aires después de su adquisición gracias a que las autoridades les aseguraron un estatus de libres de impuestos, según publicó la ICIJ a partir la investigación de 15 meses que hicieron 86 periodistas de 46 países. Los hijos de Uribe fueron absueltos en ambos casos, pero los fiscales han iniciado otras indagaciones sobre compras de tierras.


 
Entre las 13.000 personas implicadas en cuentas descubiertas por el Offshoreleaks aparecen los empresarios brasileños Clarice, Leo y Fabio Steinbruch. Pertenecen a unos de los clanes familiares más ricos del gigante sudamericano, dueños del banco Fibra y de las empresas siderúrgica CSN y textil Grupo Vicunha. En 2007 crearon Peak Management en las Islas Vírgenes Británicas. “Peak Management existe, está activa, ha sido declarada por sus dueños en los formularios impositivos y ante el Banco Central de Brasil como inversión en el exterior”, respondió Leo Steinbruch al ICIJ.


 
El mexicano Dionisio Garza Medina abrió una cuenta offshore en Singapur en 2005 a nombre de Vercors Private Limited. Pertenece a una de las familias propietarias de una de las principales compañías de México, la química Alfa, con intereses también en alimentos y telecomunicaciones. Garza Medina no respondió a las llamadas del ICIJ, pero un portavoz de Alfa declaró que se trata de un asunto privado de quien fuera consejero delegado de ese grupo y no un asunto corporativo.

 

Alejandro Rebossio Buenos Aires 5 ABR 2013 - 18:25 CET

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Control de armas: es hora de que la mayoría reaccione

La nueva ley federal sobre control de armas parece haber fracasado antes de que el Senado comience a discutirla la próxima semana. El estancamiento en el Senado de Estados Unidos, donde en los últimos tiempos se necesita una mayoría especial de 60 votos para aprobar prácticamente cualquier legislación, está resultando ser un obstáculo infranqueable para lograr un cambio significativo tras la masacre de Newtown, Connecticut. Mientras tanto, la Asociación Nacional del Rifle (NRA) está tratando de imponer su polémica propuesta de colocar guardias armados en todas las escuelas, lo que aumentaría el número de armas en nuestra sociedad y consolidaría aún más la cultura de las armas.


 
Mientras que el Senado es probablemente el peor barómetro de la opinión pública, las encuestas más recientes indican que existe un apoyo mayoritario a realizar controles más estrictos: un abrumador 85 a 90% de las personas consultadas de todo el espectro político apoyan la verificación universal de antecedentes. Sin embargo, a medida que el horror de la masacre de Newtown va quedando atrás, las encuestas indican que el apoyo a una prohibición más fuerte contra las armas de asalto va disminuyendo de a poco, como era de esperar.


 
El tiempo está a favor de quienes se oponen al control de armas, en particular la NRA. Cuanto más se posterga la votación de la ley, más disminuyen las probabilidades de lograr algún resultado. Es por eso que el anuncio del Presidente Barack Obama sobre la creación de una comisión para tratar el tema, apenas cuatro días después de la masacre en la escuela primaria Sandy Hook en Newtown, fue tan solo un presagio de fracaso e inacción.


 
Poner en marcha una comisión lleva tiempo, y no ayudó el hecho de que la persona que nombró Obama para presidir dicha comisión (el Vicepresidente Joe Biden) alentara el uso ilegal e irresponsable de armas al declarar: “Si quieren protegerse, cómprense una escopeta de doble cañón y cartuchos para una escopeta calibre 12. Les aseguro que, como le dije a mi esposa (vivimos en una zona rodeada de árboles y un tanto aislada): ‘Jill, si alguna vez hay un problema, sal al balcón, toma la escopeta de doble cañón y dispara dos tiros al aire. Te aseguro que quien quiera entrar a la casa no lo hará’. No necesitan un fusil AR-15. Es más difícil de apuntar, más difícil de usar. Y tampoco necesitan 30 municiones para protegerse. Compren una escopeta”.


 
Muchos de los dichos de Biden son desestimados por ser considerados deslices o bravatas, pero estamos hablando de la declaración de quien preside la comisión sobre control de armas que creó el Presidente. En su discurso sobre el estado de la Unión, Obama fue fuertemente ovacionado cuando afirmó: “Las familias de Newtown merecen un voto. Las familias de Aurora merecen un voto. Las familias de Oak Creek y Tucson y Blacksburg y el sinnúmero de comunidades que han sido víctimas de la violencia con armas, merecen un simple voto”.


 
Paul Barrett, viceredactor en jefe de la publicación Bloomberg Businessweek y autor del libro: “Glock: The Rise of America’s Gun” (Glock: el auge de las armas en Estados Unidos), me dijo: “Creo que [Obama] envió una señal muy clara, quizá codificada, en su discurso del estado de la Unión cuando pronunció su emotiva frase recurrente de que quienes proponen leyes de control de armas merecen un voto. Repitió eso una y otra vez. Creo que los miembros de su partido, el principal de ellos Harry Reid, congresista de Nevada y líder de la mayoría del Senado, podrían interpretar que la exhortación de Obama significa: ‘Damas y caballeros: vamos a discutir las diferentes mociones, votaremos y después pasaremos a asuntos más importantes’. Es casi un reconocimiento de que no se adoptará ninguna legislación seria. Es un debate acerca de si debería o no obstruirse la votación. Y todo esto está sucediendo en el contexto de un proyecto de ley propuesto en el Senado, donde los demócratas están teniendo dificultades para presentar proyectos de ley, a pesar de que tienen la mayoría en esa cámara. Cuando todo esto pase a la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos y con fuerte influencia del ‘Tea Party’, todo el proceso va a frenarse de golpe”.


 
La legislación propuesta es apenas una sombra de lo que debería ser una verdadera ley de control de armas. La Ley de prohibición de las armas de asalto de 2013 de la senadora Dianne Feinstein, según ella misma reconoce, deja fuera a 2.271 armas. Según una encuesta de 2007 realizada por GunPolicy.org, de los 645 millones de armas que están en manos de civiles en el mundo, más de 270 millones están en Estados Unidos, es decir, casi la mitad de las armas que poseen civiles en todo el planeta. La misma encuesta señala que las fuerzas armadas y la policía de Estados Unidos tienen en conjunto poco más de 4 millones de armas. Realmente somos un país armado.


 
Si bien la legislación federal parece estar estancada y haber sido despojada de todo contenido, se está avanzando a nivel estatal. En Colorado, la legislatura controlada por los demócratas aprobó leyes por un estrecho margen que obligan a realizar verificaciones de antecedentes más estrictas y limitan el tamaño de los cargadores de las armas semiautomáticas. Obama viajó a Colorado el miércoles para destacar el avance logrado. Allí, Obama afirmó: “Creo que Colorado ha demostrado que es posible avanzar gracias al liderazgo del gobernador Hickenlooper y a algunos de los legisladores estatales que están hoy aquí. Aurora es una ciudad que vota tanto a demócratas como a republicanos: el Ayuntamiento de la ciudad es republicano, la mayoría de los legisladores estatales son demócratas, pero se unieron porque comprendieron que había que hacer algo razonable a partir de esta tragedia”. La próxima semana se dirigirá a Connecticut, donde está Newtown y hay muchas fábricas de armas. Connecticut está a punto de aprobar las leyes de control de armas más estrictas del país.


 
El momento para aprobar una legislación sobre el control de armas fue cuando la atención del país estaba puesta en la masacre de Sandy Hook, el brutal asesinato de veinte niños y seis adultos. Antes de que las víctimas se desvanezcan de nuestra memoria, es necesario reparar al deteriorado sector político del país. Se necesita que un movimiento de base enérgico asuma el liderazgo que tanto hace falta en Washington D.C.
 
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Publicado el 5 de abril de 2013

 

Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.
 

 
Texto en inglés traducido por Mercedes Camps. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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En Brasil el precio de la fe se paga con poder político

La alianza entre fe, dinero y poder existe desde siempre, por supuesto. Al fin y al cabo, en muy tempranas eras quedó claro que explotar a los desvalidos, desesperados y miserables es seguro y rentable. Tanto es así que la Iglesia Católica sentó los precedentes en materia de enriquecerse a través de la fe. Los nuevos evangélicos, sin embargo, supieron ser más ágiles y seductores, y en las últimas tres o cuatro décadas rápidamente se llenaron de dinero y también de poder político.

 

Hoy día, son ambicionados por todos los partidos brasileños en búsqueda de alianzas. El Frente Evangélico Parlamentar es la segunda mayor bancada en el Congreso brasileño, superada solamente por la de los ruralistas, que defienden –con la frecuente adhesión de los evangélicos– los intereses del agronegocio.

 

Entre las muchas sectas, una merece ser destacada. Basta con recordar que la más actuante y lucrativa multinacional brasileña no es la estatal Petrobras, ni la minera Vale, y menos aún el Banco Itaú. Es la Iglesia Universal del Reino de Dios, una secta pentecostal creada en un garaje de suburbio en Río de Janeiro por un antiguo funcionario de los correos llamado Edir Macedo, que en 1977 se autotituló obispo.

 

A propósito: conviene recordar que en Brasil es muy fácil conquistar ese título. Hay cursos por correspondencia y un diploma de pastor vale como 250 dólares. El de obispo es más caro, unos 400 dólares, pero el retorno es seguro y rápido.

 

Las leyes brasileñas aseguran exención de impuestos, y la libertad de culto está asegurada por la Constitución. Basta con registrar una iglesia para empezar a gozar de los beneficios constitucionales. Fue lo que hizo Edir Macedo hace 36 años, cuando creó lo que hoy es un gigante en el comercio de la fe.

 

Su secta está presente en Argentina y Costa Rica, en Panamá y México, en Uruguay y Colombia, en Ecuador y Puerto Rico, en Portugal e Inglaterra, en Angola y Mozambique, en Estados Unidos y en Japón, en India y Rusia. En total, la Universal del Reino de Dios actúa en más países que la cadena McDonald’s.

 

En Brasil, además de cinco mil templos, es dueña de la segunda mayor red nacional de televisión, controla cinco grandes diarios de provincias, tiene más de 80 emisoras de radio que cubren 75 por ciento del territorio nacional, una agencia de turismo, otra de publicidad, otra de taxis aéreos y un sinfín de empresas. Todo eso gracias a las contribuciones de los fieles.

 

La Universal del Reino de Dios es un fenómeno, pero no es el único. Más y más iglesias pentecostales brotan a cada semana como hongos después de la lluvia.

 

El poder económico de los evangélicos alimenta su capacidad de movilizar fieles y, en consecuencia, su poder político. Marcelo Crivela, un sobrino de Edir Macedo igualmente autonombrado obispo, obtuvo como dádiva el Ministerio de la Pesca en el gobierno de Dilma Rousseff. Jamás vio un pescado crudo en la vida, pero ganó la cartera gracias a que su partido aceptó integrar la alianza de respaldo a la presidenta.

 

En el Congreso, la bancada cuenta con 68 diputados y tres senadores. Entre ramos tradicionales y sectas nacidas de la nada, la Asamblea de Dios tiene 22 parlamentarios, la Iglesia Bautista once, la Presbiteriana ocho, la Universal con siete, y las demás reúnen otros veinte escaños. Son neopentecostales el líder del PMDB, mayor partido brasileño y principal aliado del PT, en la Cámara de Diputados, y los ultraconservadores evangélicos se muestran especialmente activos en las comisiones parlamentarias.

 

Una de ellas, la de Derechos Humanos, está presidida, gracias a la desidia de los demás aliados, por el pastor Marcos Feliciano, del PSC, partido vinculado con la Asamblea de Dios. Feliciano es un fundamentalista rabioso, que enfrenta procesos judiciales por racismo y homofobia. Peor: de los 18 miembros de la comisión que trata temas como el derecho al aborto, al casamiento entre personas del mismo sexo, la ley de prostitución o la defensa de los homosexuales, 14 son evangélicos ultraconservadores.

 

La tendencia nítida es que el poder económico de las sectas evangélicas se fortalezca y que, al mismo tiempo, aumente su actuación como grupo de presión social y, por lo tanto, de fuerza política. De los 42 millones de fieles brasileños, la inmensa mayoría pertenece a las clases sociales más bajas, que ahora son llamadas emergentes gracias a los programas de inclusión llevados a cabo primero por Lula y ahora consolidados por Dilma Rousseff. Grandes industrias concentran sus atenciones en ese segmento, y se asesoran con líderes religiosos para lanzar productos direccionados especialmente para los evangélicos. De celulares a computadoras, de jabón de tocador a publicaciones, los fabricantes buscan presentar productos diferenciados para atraer a esa inmensa clientela.

 

En la política, es más fácil. Lo que quieren los evangélicos es lo mismo que los demás: poder, espacio. Y, por lo visto, son cada vez más exitosos en sus afanes.

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Así chantajea el FMI a la Primavera Árabe

Cuando en Túnez la gente salió a la calle para echar a Zine El Abidine Ben Alí reclamaban "dignidad", emblema de la Primavera Árabe. Dos años después, mientras se redacta la nueva Constitución, el gobierno islamista de Ennahda persigue los mismos objetivos que su antecesor: desarrollar el modelo económica que exige el FMI y seguir con la aplicación de planes de austeridad. Público ha tenido acceso en Túnez a través de una fuente que quiere permanecer en el anonimato a un documento "estrictamente confidencial" en el que el Gobierno envía un memorándum de políticas económicas y financieras a la Directora General del FMI, Christine Lagarde. En él se responde a las exigencias de la institución internacional planteando las reformas y recortes previstos para el próximo año.

 

De espaldas a la aprobación democrática, el gobierno de Ennahda, para llevar a cabo las reformas, solicita al FMI 1.320 millones de euros. "En caso de desembolso, las franjas desbloqueadas se reembolsan trimestralmente sobre 5 años a partir de la fecha de su desembolso con un plazo de gracia de 3 años y medio", aseguran a continuación. Según las mismas fuentes, el memorándum respondería punto por punto a lo exigido y pactado previamente con el FMI bajo amenaza de éste de tomar medidas para "ahogar económicamente al país". También lo piensa el conjunto del Frente Popular, la agrupación de todos los partidos de izquierda y la principal fuerza de oposición, que ve en estos planes un intento de paralizar la revolución del 14 de enero de 2011.

 

A cambio, el ejecutivo se compromete a seguir las líneas de política económica que han caracterizado a la institución internacional desde su nacimiento: desmantelamiento de servicios sociales públicos, privatizaciones, "flexibilización" del mercado laboral, contención del gasto y favorecer a las grandes compañías: "Nuestro programa de reformas estructurales se centra en mejorar el clima de negocios y la promoción de un sector privado competitivo", dice el memorándum textualmente.

 

En la primera parte del documento, firmada por el Gobernador del Banco Central de Túnez, Chedly Ayari, y el ministro de Finanzas, Elyes Fakhfakh, comienzan asegurando que la prioridad inmediata de su gobierno es "relanzar la actividad económica y crear un clima de estabilidad y confianza que revitalizaría la inversión y el papel del sector privado". En este marco, para "proseguir con el programa de reformas estructurales", piden "el apoyo del FMI", el cual hará un seguimiento del programa asegurado por revistas trimestrales. Y aseguran: "permanecemos vigilantes y dispuestos a tomar toda medida suplementaria que se comprobara necesaria para lograr tales objetivos. Consultaremos los servicios del FMI sobre la adopción de estas medidas, y con anticipación a toda revisión de las políticas macroeconómicas contenidas en este memorándum, conforme a las políticas de consultaciones del FMI. Todas las informaciones y datos necesarios para el seguimiento del programa se proporcionarán a los servicios del FMI".

 

A continuación, se desarrolla todo un análisis sobre la situación económica y política de Túnez en el momento actual, las reformas llevadas a cabo en el último año y cuáles serán las políticas a desarrollar en los próximos dos años. Al igual que las recetas enviadas por el FMI al sur de Europa, el documento hace hincapié en la necesidad de ajuste presupuestario al mismo tiempo que prevé inyecciones de capital al sistema bancario.  

 

Además, mientras se prevén todo tipo de recortes para ajustar el déficit no se hace mención a la deuda que tiene contraída el país árabe y que es una de las losas para su desarrollo. Una deuda que "ha sido contraída por un régimen dictatorial, por lo que no solamente es ilegítima sino que es odiosa. Se trata de una deuda pública externa hacia acreedores que son tanto países como el FMI y acreedores privados que han sido cómplices de Ben Alí", aseguraba desde Túnez Éric Toussaint, presidente del Comité para la Anulación de la Deuda en el Tercer Mundo (CADTM). En la misma entrevista, Toussaint recordaba que la estrategia que sigue el FMI es "otorgar créditos para comprometer a los nuevos gobiernos con acuerdos que refuerzan el modelo neoliberal que implica seguir precarizando el mercado de trabajo".

 

La última página del memorándum recoge una agenda con las medidas concretas que va a tomar el gobierno mes por mes y cuál es el objetivo que persigue con cada una de ellas. Un calendario que según la oposición y la fuente que ha aportado el documento sería el que ha exigido directamente la institución que dirige Lagarde.


Algunas de las medidas de un calendario de corte neoliberal

 

- Aumentar los precios de los combustibles durante 2013.

 

- Adopción por parte del Consejo de Ministros de la orientación estratégica sobre el futuro rol del Estado en el sistema bancario en función de las auditorías de los bancos públicos.

 

- Adopción de una nueva circular que elimine la capitalización de las tasas de interés de los depósitos cuyo vencimiento sea superior a un año.

 

- La retirada por parte del Banco Central de Túnez de las medidas de restricción de las importaciones.

 

- Aprobación en el Consejo de Ministros de una nueva fórmula de fijación automática de los precios de la energía.

 

Por LUIS GIMÉNEZ SAN MIGUELTúnez / Madrid04/04/2013 07:00 Actualizado: 04/04/2013

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Desprivatización y restatización de la rusa Rosneft, primera productora global de petróleo

Mediante una adquisición financiera muy compleja, la estatal rusa Rosneft compró el consorcio privado petrolero TNK-BP, integrado por British Petroleum (BP) y un cuarteto de oligarcas” ruso-israelíes aglutinados en Alfa Access-Renova (AAR).

 

El mayor acuerdo en la historia empresarial de Rusia –por 55 mil millones de dólares– catapulta a la estatal Rosneft como la primera (¡supersic!) productora global, desplazando a la estadunidense privada ExxonMobil.

 

Según la agencia británica Reuters (26/3/13), la operación “refuerza el control del gobierno en el sector energético y representa una victoria para su director, Igor Sechin, confidente cercano del presidente Vladimir Putin”.

 

La depredadora británica BP –con serios problemas legales/financieros debido a la catástrofe ambiental del Golfo de México– es obligada a vender la mitad de su suculento negocio por urgencia de liquidez.

 

Reuters reconoce que BP “realizó enormes ganancias en sus 20 años en Rusia”, lo cual confirma Guy Chazan ( Financial Times, 21/3/13): “la inversión inicial de BP en 2003 fue de 8 mil millones de dólares, con ganancias por 19 mil millones de dólares en dividendos” a 2013, “la cuarta parte de su producción y la quinta parte de sus reservas”.

 

Así, la participación del Estado (¡supersic!) en el sector petrolero en Rusia viene de la nada (con la privatización) y hoy rebasa 50 por ciento.

 

Fue muy interesante la participación de la banca de inversión de Estados Unidos –Bank of América/Merrill Lynch y CitiGroup, que otorgaron un colosal empréstito por 40 mil millones de dólares–, cuyo acuerdo fue sellado simbólicamente en la casa oficial del presidente Putin, además signado por el director de BP (Robert Dudley) e Igor Sechin, de Rosneft.

 

Todos los comensales del zar energético global Vlady Putin tenían en la mira las pletóricas reservas de hidrocarburos en el Ártico, en donde también la estatal Rosneft ha realizado una interesante “asociación estratégica” ( joint venture) con la estadunidense privada ExxonMobil en el mar de Kara (35 mil 800 millones de barriles de reserva), en detrimento de BP.

 

En forma impactante, Estados Unidos otorgó una importante participación a la estatal rusa Rosneft en los yacimientos de Texas (¡supersic!) y del Golfo de México (AP, 30/8/11). El monto de la inversión entre ExxonMobil y Rosneft puede alcanzar la escalofriante cifra de 500 mil millones de dólares: ¡2.3 veces el PIB de México!

 

No hay que subestimar el acuerdo entre ExxonMobil, la mayor petrolera de Estados Unidos, con la estatal rusa Rosneft, la mayor productora del mundo, tanto en el Ártico como en el Golfo de México (la parte de Estados Unidos), que lleva consigo un enorme significado geopolítico que obliga a moderar las veleidades bélicas de Rusia y Estados Unidos, lo cual demuestra la hipercomplejidad no lineal de la incipiente multipolaridad.

 

Según Voice of Russia (7/3/13), la estatal rusa compró a Exxon Mobil una participación de 30 por ciento en la prospección geológica en el Golfo de México, lo cual “le otorga a Rosneft acceso al mayor depósito de petróleo y gas del mundo (¡supersic!)”. La idea, según su director, Igor Sechin, es “obtener el conocimiento” para ayudar a “desarrollar las profundas secciones en Rusia”. Se asienta la tesis de Bajo la Lupa: nadie en el mundo compra hoy sin “transferencia de tecnología”.

 

A Rosneft no se le pasa el conocido “vector asiático”: su abasto de petróleo y gas a la región con el fin de disminuir la dependencia de Europa, por lo que Igor Sechin discutió la participación de China en la exploración conjunta de los mares Barents y Pechora, en forma similar a lo realizado con las petroleras “occidentales”.

 


Además del imponente empréstito por 40 mil millones de dólares de la banca de inversión de Estados Unidos, Rosneft consiguió otros 10 mil millones de dólares de las empresas Vitol (alemana) y Glencore (anglo-suiza) a cambio de entrega de petróleo.

 

Con profunda mentalidad euroasiática, Rosneft consiguió unos 30 mil millones de dólares de China, mientras el cuarteto de “oligarcas” ruso-israelíes de AAR recibía cerca de 30 mil millones de dólares por sus acciones en TNK-BP (la mitad de esos valores), que tiene curiosamente una de sus filiales en Chipre. ¡Uf!

 

El cuarteto de “oligarcas” ruso-israelíes fueron inventados en la etapa aciaga del “capitalismo criminal” de Boris Yeltsin: Mikhail Fridman, German Khan, Viktor Vekselberg y Len Blavatnik. ¡Pura fichita!

 

La complejidad de la operación lleva a una participación de la privada/depravada BP en 20 por ciento del total accionario que controla la estatal Rosneft (con dos asientos en el consejo de administración).

 

El zar energético global Vlady Putin no nacionaliza, sino que restatiza y desprivatiza por la vía del mercado a un costo de 55 mil millones de dólares y el otorgamiento de 20 por ciento de las acciones de Rosneft con la bendición de la banca de inversiones de Estados Unidos. Seguro Vlady sabe algo que ignoramos.

 

Como no alcanzaba el dinero para la compra, la estatal Rosneft pidió prestados 6 mil millones de dólares de Gazprombank (uno de sus mayores accionistas es Gazprom, la principal gasera rusa, que se da el lujo de tener hasta su canal de televisión).

 

Lo impresionante radica en que después de la privatización salvaje de los hidrocarburos en Rusia en la etapa aciaga de Yeltsin –mediante la eclosión de un “capitalismo criminal” enarbolado por la plutocracia gansteril de los “oligarcas”–, 20 años más tarde Vlady Putin comienza a recuperar en forma gradual el control del Estado sobre los hidrocarburos sin necesidad de nacionalizar y jugando con las reglas del mercado anglosajón, al que ha comprado su parte (como en el caso de BP en TNK), o aliado en “asociaciones creativas”: ya sea con la estadunidense ExxonMobil (reciprocidad de exploración en el Ártico a cambio de la prospección en Texas y el Golfo de México, The Voice of Russia, 8/3/13), ya sea con las petroleras chinas (CNPS, Sinopec y CNOOC) a cambio de capitales frescos.

 

A mi juicio, la doble derrota militar de Estados Unidos tanto en Irak como en Afganistán marca el punto de inflexión hacia la desprivatización/restatización, cuando no renacionalización, de los hidrocarburos con la resurrección de Rusia del cementerio geopolítico.

 

Nadie entrega algo a cambio de nada: tal es el momento coyuntural multipolar que vive la industria petrolera/gasera global.

 

La década de los 70 del siglo pasado marcó el auge de la privatización (en el sentido bursátil anglosajón) y la desnacionalización de los hidrocarburos. Hoy se vive una interesante etapa híbrida de desprivatización/restatización, al menos entre las grandes potencias petroleras del planeta, que han entendido que las magnas reservas las poseen los estados (las “nuevas siete hermanas estatales”: Financial Times, 12/3/07), en detrimento de las “viejas siete hermanas anglosajonas”.

 

Mediante su inminente Estrategia Nacional de Energía (de 14 años), pareciera que el “México neoliberal itamita” no desea aprender de los errores trágicos de la privatización de los hidrocarburos en Rusia: ¿quiere repetir los mismos errores suicidas de Yeltsin y su “capitalismo criminal”?

 

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