Martes, 02 Abril 2013 06:23

Cameron cercena el Estado de bienestar

Cameron cercena el Estado de bienestar

El Estado de bienestar afronta en Reino Unido la reforma más drástica de su historia y las secuelas de ese paso las sufrirán los más desfavorecidos. La sociedad británica ha estado tradicionalmente orgullosa de un sistema que desde la posguerra conjuga la liberalidad de su mercado con una sólida red de prestaciones sociales. El primer paquete de medidas aprobado por el Gobierno del conservador David Cameron con el objetivo de paliar el déficit público ha entrado este lunes en vigor, con una rebaja de las ayudas a la vivienda social, a las familias más modestas en el pago de los abultados impuestos municipales o a los ciudadanos sin recursos para costear litigios ante los tribunales, junto a una remodelación de la gestión sanitaria donde primará el estricto control del gasto.

 

Más allá de las exigencias de una precaria coyuntura económica, los recortes defendidos por Cameron entrañan una filosofía que concibe el apoyo a los sectores más débiles como un lastre para la recuperación.

 

La reforma del Estado de bienestar es una decisión “justa” para incentivar el empleo, reducir la dependencia del Estado de quienes “deberían regresar al mercado laboral” y “ayudar a quienes realmente lo necesitan”, argumentaban en una tribuna conjunta publicada hoy en la prensa los ministros de Economía, George Osborne, y de Trabajo y Empleo, Iain Duncan Smith.

 

El artículo de dos de los pesos pesados del Gabinete aparecía como una respuesta a la oleada de protestas que en las últimas semanas han tomado las calles de numerosas ciudades del Reino Unido, y que el pasado fin de semana recibió el apoyo de cuatro confesiones protestantes, incluida la influyente Iglesia Reformada de Escocia, en su crítica a “la manipulación [de los conservadores] para perpetuar los mitos de la pobreza y justificar los recortes sociales”.

 

No solo los más pobres sino también las sufridas clases medias verán reducido su poder adquisitivo a causa de la merma de las ayudas sociales, denuncia la oposición laborista, en su esfuerzo por caracterizar al gobierno de coalición que integran conservadores y liberaldemócratas como representante de los intereses de los más pudientes. Los presupuestos presentados a mediados de marzo contemplan una rebaja de los impuestos a ese sector, con una reducción adicional de las cargas fiscales a las rentas más altas que pagan un tipo de hasta el 50%.

 

Mientras Duncan Smith alega que el Gobierno no pretende revertir el sistema de asistencia pública vigente en el último medio siglo, sino únicamente “gestionar” su insostenible crecimiento, muchas familias británicas se preparan para el escenario más negro. Aquel que, en los casos más extremos, apenas les reporta una ayuda de 53 libras semanales (62 euros).

 

Entre el conjunto de medidas que han entrado en vigor este mes de abril ha provocado especial contestación el llamado “impuesto del dormitorio”, que gravará a los residentes de una vivienda social si una de sus habitaciones está libre. Tal es el escrutinio al que se sienten sometidos los receptores de la asistencia del Estado británico de hoy.

 

» El impuesto del dormitorio. Las personas en edad de trabajar que vivan en un piso de protección oficial verán recortados los subsidios del Estado si disponen de una habitación teóricamente vacía, es decir, que sobrepase las necesidades de dormitorio de una familia, sin tenerse en cuenta otros usos que puedan destinar a la misma. El Gobierno sugiere a los afectados por esa medida, casi 700.000 ciudadanos, que se muden a otra vivienda con el número justo de estancias, a pesar de la denuncia de la oposición laborista sobre la “inexistencia” de casas alternativas. “Ese impuesto cruel destruirá vecindarios y pondrá a la gente en manos de los tiburones de los préstamos”, alega el portavoz de Trabajo de la oposición, Liam Byrne, apoyado en esa reivindicación por sectores eclesiales que consideran esencial el enraizamiento de las familias en una comunidad para evitar la fractura social.

 

» La insoportable carga municipal. La administración se dispone a reducir el apoyo a los 5,9 millones de familias que se declaran con escasos recursos para sufragar el impuesto municipal sobre la vivienda, una de las cargas más pesadas que afronta el ciudadano de a pie. Ello incrementará los gastos mensuales de quienes luchan para llegar a fin de mes, generalmente residentes de unos barrios donde esa imposición fiscal es más alta que en otras zonas más opulentas debido al volumen de las prestaciones sociales que se prestan en esas zonas. El sistema de ayudas gestionado hasta ahora por el Departamento de Trabajo y Pensiones se transfiere a las administraciones locales, cuya financiación se ha visto reducida en un 10%.

 

» Merma general de las prestaciones sociales. Por primera vez en la historia del Estado de bienestar británico, las prestaciones y créditos de carácter estatal ya no irán parejas al aumento del coste de la vida. A partir del próximo sábado, entra en vigor una medida que durante los tres próximos años reduce al 1% el incremento anual de los subsidios, muy por debajo de la inflación. Estos limitarán a un tope de 500 libras semanales (590 euros) la cantidad que una familia británica puede recibir del Estado, independientemente de sus circunstancias.

 

Aunque tanto los pensionistas como los discapacitados quedan exentos de esa barrera del 1%, los primeros se han movilizado contra un nuevo impuesto (el llamado granny tax) sobre el cheque que perciben cada mes. Las personas que sufren algún tipo de discapacidad se verán, asimismo afectadas por la decisión del Gobierno de redefinir su condición: a la hora de prestarle apoyo económico, ya no se trata de la minusvalía que padezca un ciudadano, sino de cómo esta afecta a su vida y sustento. Un millón de personas pueden perder su derecho al subsidio según y cómo se interprete esa diferencia semántica.

 

» Sanidad. El Estado cede desde este lunes la gestión de los presupuestos en sanidad a las respectivas comisiones médicas locales, integradas por doctores, enfermeras y otros profesionales, en pro de una reforma del sistema público que sus críticos tildan de semiprivatización. Estas comisiones serán quienes decidan cómo se controla el gasto. La medida resulta especialmente chocante cuando una investigación encargada por el propio gobierno de Cameron determinó que los escándalos que han azotado a varios hospitales públicos ingleses durante los últimos años, donde los índices de mortalidad se revelaron muy superiores a la media prevista, respondieron a una política que primaba los resultados económicos frente a la atención al paciente.

 

» Asistencia legal. Los laboristas calificaron este lunes de “jornada de la vergüenza”, a raíz de las restricciones que han entrado en vigor sobre el acceso a una ayuda legal sufragada por el Estado. Solo aquellos ciudadanos con ingresos inferiores a las 32.000 libras anuales podrán recabar el apoyo del dinero público en sus causas ante los tribunales de justicia, en una medida que afectará principalmente a los casos de divorcio y a los de despidos improcedentes. Muchos reclamantes se lo pensarán dos veces antes de acudir ante el juez y bajo el riesgo de afrontar una abultada minuta en costas legales. Por mucho ahorro que el Gobierno de Cameron esgrima, la justicia ya no va a ser igual para todos.

 

Por Patricia Tubella Londres 1 ABR 2013 - 23:24 CET

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Martes, 02 Abril 2013 06:15

La seguridad, tema de campaña

La seguridad, tema de campaña

Un día antes del comienzo formal de la campaña, de cara a las elecciones presidenciales del 14 de abril, el presidente interino de Venezuela, Nicolás Maduro, culpó al capitalismo por la violencia en el país y enfatizó que pronto aprobarán la ley de desarme. Durante la jornada, el líder opositor y gobernador de Miranda, Henrique Capriles, convocó para anoche a una marcha en Caracas para pedir seguridad en el país. En conferencia de prensa, Capriles habló sobre el tema de la seguridad y advirtió que no piensa abandonar la carrera electoral.

 

Luego de que el gobierno anunciara ayer que hubo 3400 homicidios en lo que va de 2013, Maduro encabezó un acto en el que se activó el equipo nacional del Movimiento por la Paz y la Vida, creado el 23 de marzo, con el objetivo de abordar la seguridad, uno de los temas que más preocupa a los venezolanos, según las encuestas. “Hay que ir a la raíz del problema y la raíz son los valores del consumismo capitalista. Se van a burlar, pero es la gran verdad. Es el capitalismo. ¿Quién más sembró el tráfico de armas?”, señaló. En cadena nacional, el mandatario dijo que pronto estarán aprobando la ley de desarme en la Asamblea Nacional (Parlamento). “Pero el primer desarme que tenemos que hacer es el de los antivalores del capitalismo”, añadió. El presidente interino, quien remarcó que sin un movimiento popular jamás se construirá la paz, aseguró que el llamado está llegando para combatir la violencia. “Todos los niños nacen buenos, nobles. La sociedad es la que los modela”, sostuvo.

 

Este no fue el único acto del mandatario. En la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) y ante estudiantes de policía, Maduro resaltó que ellos son el instrumento de la construcción del socialismo. “Siendo hijos ustedes de la mano milagrosa de (el ex presidente) Hugo Chávez, tienen que tener un compromiso eterno en su corazón para ser instrumento de la construcción de la paz”, indicó. Maduro aseguró, por otra parte, que han recibido llamadas de miembros de grupos violentos en zonas humildes de varias ciudades del país para manifestar su deseo de dejar el crimen y su intención de incorporarse al trabajo y “a la vida”, en respuesta a una reciente iniciativa del candidato chavista de llamarlos a dejar las armas. El ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, informó que en 2013 se registraron 3400 homicidios en todo el país, al hablar en un acto público en compañía del presidente interino. Venezuela ocupa el quinto lugar entre los países con las tasas de homicidios más altas del mundo, según indicó hace dos semanas un informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU). La tasa de Venezuela fue de 45,1 por cada cien mil habitantes, sólo superada por Honduras, El Salvador, Costa de Marfil y Jamaica.

 

En este contexto, el líder opositor y gobernador de Miranda, Henrique Capriles, convocó para ayer a la noche a una marcha en Caracas para pedir seguridad en el país, donde en 2012 hubo 16.072 homicidios. “Caminaremos juntos, sin miedo, con paso firme para alcanzar el país con el que soñamos y nos merecemos”, fue la consigna para la manifestación que se realizará en el este de Caracas, una de las zonas más acomodadas de la ciudad. En una conferencia de prensa en la que dio a conocer los lineamientos para la campaña electoral que comenzará hoy de manera oficial, el candidato opositor profundizó sobre el tema de la seguridad. “Queremos hacerle sentir a nuestro pueblo el sueño de poder caminar por la calle en la noche. Nuestro objetivo es derrotar a la violencia”, expresó Capriles. La convocatoria se extendió a 17 estados del país.

 

“Tenemos que tomar los espacios públicos, sin tener miedo”, agregó el aspirante a la presidencia, que el 14 de abril se enfrentará con Maduro en las urnas. Sobre la versión que indicaba que no continuaría con su candidatura, fue contundente. “A ellos les encantaría que nosotros dejáramos el camino libre, porque ellos saben perfectamente que esta elección se va a decidir el 14 de abril, ellos lo saben; aquí el juego no está cantado”, aseguró. Asimismo subrayó que “no está planteado ningún retiro de nada”, y afirmó que Maduro prende velas todos los días para que eso suceda. Al referirse al presidente encargado y aspirante del oficialismo, apuntó que “tiene una silla prestada” y lo consideró como una mala imitación.

 

Cada vez más cerca de las urnas, la encuestadora GIS-XXI –cercana al gobierno– divulgó ayer un sondeo que daba cuenta de que el candidato del oficialismo tiene una ventaja de casi 10,6 puntos sobre Capriles. Con un escenario de participación estimada entre el 77 y 80 por ciento el día de las elecciones, Maduro obtendría, como indicó la encuestadora, un 55,3 por ciento de los votos frente a un 44,7 por ciento de Capriles, candidato de la opositora Mesa de la Unidad Democrática. “El manejo de esta etapa ha resultado en un gap (brecha) favorable al chavismo y a su candidato Nicolás Maduro, y como vía contraria ha significado una pérdida de espacio tanto de la oposición como de su candidato”, dijo el director de la encuestadora, Jesse Chacón, al presentar los resultados del sondeo, efectuado en todo el país del 18 al 23 de marzo, quince días después de la muerte de Chávez.

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Domingo, 31 Marzo 2013 08:03

Medios públicos en el centro del debate

Los medios de comunicación públicos son, desde su misma génesis, un tema de debate en todo el mundo. Por lo general, las funciones, los objetivos y el origen de la financiación que los medios estatales deben tener son materia de discusiones interminables por especialistas, académicos, dirigentes políticos y gobernantes, a la vez que por los ciudadanos. ¿Cuál debería ser el objetivo primordial de un sistema de medios públicos? ¿Deberían plasmar en sus contenidos las temáticas y lenguajes que los privados-comerciales desechan cotidianamente? ¿O, por el contrario, tienen que conformar una programación con un fuerte perfil cultural-educativo, transmitiendo valores ciudadanos y democráticos? ¿O, acaso, deben apuntar a competir con los privados por una porción de la audiencia, con formatos y búsquedas que replican los contenidos mainstream? Estas son sólo algunas de las preguntas que giran alrededor de los medios públicos.

 

Desde hace algunos años los gobernantes de los países de América latina han desarrollado en paralelo –aunque con sus matices– sistemas de medios públicos que intentan equilibrar el mapa de comunicación nacional, dándoles un fuerte impulso para fortalecer su presencia en la sociedad, ya que históricamente estuvieron relegados o subordinados a la estética de los medios privados. Incipientes, en plena etapa de despliegue y a la espera de consolidarse, los renovados sistemas de medios públicos reeditaron un debate que parecía perdido en las sociedades latinoamericanas. Algo tan positivo como conflictivo. Las nuevas leyes de medios, aprobadas o en calidad de proyectos según cada país, alimentaron la discusión, no exenta de intereses –políticos, económicos y culturales– que contaminan un intercambio de opiniones que hay que dar abiertamente. Con ese espíritu de pensarlos y analizar su actualidad, Página/12 convocó a distintos especialistas sobre medios públicos para que sienten su posición respecto de lo que ocurre en América latina, pero sobre todo en la Argentina.


El rating de los medios públicos

 

Una de las discusiones primarias que surgen sobre los medios públicos se refiere a su finalidad. Hay quienes creen que su principal objetivo debe estar atado a brindar un servicio cultural-educador, en una suerte de formador electrónico de identidad y civismo. Otros, en cambio, señalan que es necesario que los medios estatales apunten a competir por la audiencia, como una manera de hacerlos más rentables y hacer que su mensaje llegue a la mayor cantidad de la población de un país. ¿Es posible, en el contexto latinoamericano, otorgarles un perfil cultural-educativo a sus programaciones y que, a su vez, compitan por la torta de audiencia y publicitaria? La discusión es infinita y al respecto chocan distintas posiciones. Se abre el primer round.

 

“El principal objetivo es constituir una emisora plural y respetuosa de la diversidad cultural, social y política que tienen las sociedades en América latina”, afirma Martín Becerra, especialista en política de comunicación e investigador UNQ-Conicet. “Ello conduce, a mi juicio, a que una emisora para ser pública no esté sujeta ni a los dictados del mercado con su correlato de generar una programación exitosa en términos de rating exclusivamente ni a la lógica gubernamental que subordina todo contenido informativo al previo cálculo de que debe beneficiar al partido gobernante, ya que en ambos casos se menoscaba la capacidad de la audiencia de elaborar su propia síntesis”, subraya el autor de Cajas mágicas, el reciente y gran trabajo sobre medios públicos en América latina que escribió junto a Luis Arroyo, Angel García Castillejo y Oscar Santamaría (ver aparte).

 

En la misma línea, el profesor del Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual de la Universidad Carlos III de Madrid, Luis Albornoz, cree que un operador público debe estar al servicio de los ciudadanos, pero con independencia económica y política. “A través de una o varias señales, debe ofrecer un abanico amplio de contenidos que satisfagan las necesidades e incentiven las inquietudes de los distintos sectores que conforman la sociedad. Esto implica una atención por las necesidades de (in)formación y entretenimiento tanto de grandes audiencias como de minorías. La Convención de la Unesco sobre la diversidad cultural (2005), a la cual adhirió la mayor parte de los países de la región, explica que para valorizar la diversidad cultural y propiciar el entendimiento mutuo son necesarios el acceso equitativo a una gama rica y diversificada de expresiones culturales procedentes de todas partes del mundo, y el acceso de las culturas a los medios de expresión y difusión”, analiza el autor de La nueva televisión del Mercosur (La Crujía), entre otros libros.

 

El primer quiebre en el debate lo da Omar Rincón, el especialista colombiano, autor de Televisión pública: del consumidor al ciudadano (La Crujía). En su manera de pensar los medios públicos, se arriesga a dejar de lado las concepciones tradicionales de la academia. “En el siglo XX soñábamos con una TV estatal que debía ser cultural, educativa y analítica de información. Siempre se quiso que no fuera de gobiernos sino de ciudadanía. Llegados al siglo XXI y viendo las experiencias de todo el mundo, creo que debe ser de entretenimiento y olvidarse de lo educativo y cultural; de gobierno, para que no sigamos jugando a esos eufemismos de que es pública pero se hace para el gobierno, así la evaluaríamos contra el proyecto político del gobierno y dejaríamos de jugar a la autonomía inexistente; y televisiva más que contenidista, ilustrada y moralista”, dispara el colombiano, en una posición transgresora.

 

En una síntesis entre ambas posturas, Valerio Fuenzalida, profesor e investigador del Departamento de Comunicaciones de la Universidad Católica de Chile, cree que es más fácil señalar los objetivos –que en su opinión se ajustan a cada época– que no deben perseguir los operadores públicos: “No debe estar al servicio del gobierno de turno, ni de intereses privados ni corporativos. Debe estar al servicio de la audiencia-ciudadana, lo cual hay que definir en cada época, pues es un servicio cambiante en la evolución histórica y tecnológica. En este momento y con la actual tecnología digital abierta, me parece que la TV pública debe operar varios canales segmentados para servir mejor a la audiencia: un canal con 24 horas de información, canal infantil, canales regionales, canal cultural, y otros según cada país”.

 

Entre los que mantienen una visión tradicionalista del rol de los medios estatales y quienes optan por pensarlos de acuerdo con la realidad latinoamericana del siglo XXI, la puja por la audiencia también se cuela. Desde España, Albornoz está convencido de que las variables a través de las que se debe evaluar un sistema de medios público deben correrse de los índices de audiencia. “Reducir la actuación de un operador que presta un servicio público a la tiranía del rating es un error. Es preciso pensar en otros indicadores de eficiencia que vinculen la oferta de programación con satisfacción, innovación, diversidad cultural o educación”, afirma. En contraposición, Rincón señala que “el rating debe existir porque nadie hace televisión para que no lo vean, pero también para dar trabajo a la gente del sector, experimentar modos de narrar, intentar otros modos de programar y narrar, crear pantalla para la gente, meter estéticas populares en lo público, potenciar la industria de creación audiovisual.”

 

Si bien tanto Fuenzalida como Becerra acuerda en que el rating no puede ser un fin en sí mismo para un medio estatal, ambos especialistas consideran que la audiencia debe ser un objetivo para pensar sus programaciones. “Un canal público sin público es una contradicción. Pueden existir canales de nicho, pero deben llegar a ese público de nicho: un canal cultural puede tener bajo rating, pero es necesario para expresar las creaciones culturales”, analiza Fuenzalida. Becerra, en tanto, agrega que para que “la televisión sea pública debe tener público, es decir que debe disputar la preferencia de las audiencias con programas que interpelen desde un espacio que no sea la apelación al consumo su interés”.


América latina unida por la misma voz

 

La creación o fortalecimiento de redes nacionales de medios públicos es un denominador común en América latina en la última década, en la que algunos gobiernos decidieron tomar un papel activo y propositivo en materia de política comunicacional, con el objetivo de modificar las relaciones de fuerzas con los privados. La Argentina, Venezuela, Brasil y Paraguay dieron importantes pasos al respecto. Ecuador, Uruguay y recientemente México se sumaron a la tendencia, con proyectos de leyes que, entre otras cosas, apuntan a desarrollar los sistemas de medios no gubernamentales. Esta avanzada estatal es tan celebrada por los especialistas consultados como necesariamente discutida, especialmente en torno de la difusa frontera entre lo gubernamental y lo público que se da en la práctica.

 

“Hay una moda de medios públicos, pero hay mucha propaganda y poca televisión, mucha ilustración y poco popular, mucho deseo y poco dinero, mucha ideología y poco entretenimiento. Obvio, es mejor que haya donde no había nada”, analiza Rincón, como punto de partida. “Desde el pasado siglo –se suma Albornoz–, América latina ha desarrollado un modelo de TV a la estadounidense: operadores privados brindando un servicio con fines comerciales y, por supuesto, con fuerte poder político. Las bases para el desarrollo de medios públicos son una novedad histórica. Este cambio, alentado por gobiernos y diversos colectivos sociales, se da en un marco complicado: alto grado de concentración de la propiedad del conjunto de las industrias culturales y dura confrontación política, donde los grupos empresariales se resisten a perder poder.”

 

El mayor inconveniente de la incipiente refundación de los medios públicos es, a juicio de los consultados, lograr consolidar autonomía y pluralidad. “Hasta ahora, no logran superar la crisis del fracaso de la TV de propaganda gubernamental: no logran encontrar definiciones de tareas de servicio público, masivas y de calidad. Un servicio público hoy indispensable es una información plural y balanceada, ya que vivimos en sociedades complejas pos fundamentalismos ideológicos, sociedades que requieren discusión de ideas para acordar las metas y medios, la búsqueda de los cuales ya no se puede guiar por dogmas infalibles”, reflexiona Fuenzalida. Para lograr la mentada democratización, Albornoz sostiene que “es primordial que la actuación de los operadores públicos descanse en marcos jurídicos capaces de garantizar una gestión independiente de los poderes políticos de turno y en modelos financieros transparentes, estables y sostenibles”.

 

Entre la función social y la búsqueda de acaparar mayores audiencias, entre la conformación de una programación popular y contenidos culturales–educativos, entre la necesidad de fortalecer sistemas de medios públicos para equilibrar el control informativo e imprimirles un marco jurídico que garantice la pluralidad y autonomía política y económica, los medios públicos dirimen su resurgir en América latina entre puntos de vista que no siempre terminan en consensos. Los objetivos, contenidos y finalidades de las emisoras públicas son tan vastos como las maneras de pensar la sociedad. Lo interesante es que, tras la tormenta de gobiernos neoliberales en la región, el debate se haya abierto. Más vale darlo que creerlo perdido e infructuoso.

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Domingo, 31 Marzo 2013 07:59

Los casos opuestos de Islandia y Chipre

Dos pequeñas islas –Islandia y Chipre– dieron una respuesta absolutamente diferente a la crisis financiera que las atropelló, respectivamente, en 2008 y en 2012. Hay sin duda importantes factores externos que explican esos comportamientos opuestos. En Chipre, por ejemplo, asistimos a una dura competencia entre la Unión Europea, por una parte, y la mafia y los grandes capitalistas rusos, aliados a la Iglesia ortodoxa chipriota, por la otra, que son grandes inversionistas en la isla. Además, enfrenta la hipoteca sobre la independencia chipriota planteada por la ocupación turca de un tercio de la isla y la amenaza turca de evitar por todos los medios que la República de Chipre explote sus reservas de gas.

 

Por consiguiente, en Chipre no está solamente en juego la defensa, a cualquier costo, del capital financiero, sino también el viejo conflicto imperialista con Rusia por el Mediterráneo oriental y en tierras del Medio Oriente, mientras que, en el caso de Islandia, al resto de los países europeos no les preocupaba mucho que un puñado de grandes especuladores financieros ingleses y holandeses perdiese muchas plumas (por supuesto, de cuervo) con el cierre de los bancos islandeses.

 

Pero lo que más me interesa destacar es la diferencia de comportamiento social entre los islandeses y los chipriotas, pues los primeros desconocieron la deuda externa, se negaron a pagarla mediante dos referendos sucesivos, derribaron al gobierno de los banqueros, reformaron la Constitución, que fue redactada nuevamente mediante la intervención popular que, utilizando la red electrónica, redactó, discutió y afinó directamente el nuevo texto, mientras los segundos, tras comprobar que los grandes perdedores de la crisis no serían los pequeños ahorristas, sino los especuladores y tratantes de drogas y de blancas rusos, aceptaron un sistema que acaba de demostrar que los puede despojar en cualquier momento y volvieron a poner sus cuellos bajo el yugo de un sistema financiero corrupto apenas maquillado.

 

¿Por qué unos reaccionan y otros, en cambio, soportan las vejaciones? Creo que buena parte de la explicación la encontramos en la historia comparada de ambas islas, porque "los muertos se apoderan de los vivos", así como en la composición social de sus respectivas poblaciones.

 

Los primeros pobladores escandinavos de Islandia tomaban sus decisiones en una asamblea de los clanes ya en el siglo IX y crearon en el 930 el primer gobierno –en todo el mundo– basado en una asamblea democrática, llamada Althing.

 

Su insurrección contra los reyes noruegos se produjo cuando, varios siglos después, uno de éstos decidió suprimir esa asamblea. Islandia, en escala mundial, fue también el primer país en elegir a una mujer como presidenta de la República y, después de la movilización contra los bancos, en tener una primera ministra declaradamente lesbiana en un país luterano. Entre sus 319 mil habitantes (en 2011) la mayoría eran mujeres, las cuales viven casi 84 años por 81 en el caso de los hombres. Aunque la mayoría de los habitantes habite en ciudades, Islandia es un país de pescadores y, en medida mucho menor, de campesinos pequeños propietarios.

 

Chipre, en cambio, a lo largo de su historia tres veces milenaria, fue colonia de los faraones egipcios, de los asirios, de los persas, de los bizantinos, de los genoveses, de los otomanos, de los ingleses y se independizó (a medias) de éstos mediante una insurrección nacionalista armada sólo después de la Segunda Guerra Mundial, que fue seguida por una invasión turca a la isla que colonizó la parte norte con soldados y campesinos traídos de Anatolia y dividió en dos la isla.

 

En la República de Chipre subsisten las bases inglesas y el país está acostumbrado a vivir una soberanía limitada y a depender del juego internacional de las potencias. Sus habitantes (un millón 116 mil 564, en 2011) tienen expectativa de vida de 78 años y viven, unos pocos, como campesinos en tierras que carecen de agua y, la mayoría, del turismo y de las consecuencias que derivan del carácter de paraíso fiscal (depósitos que superan 47 veces el producto interno bruto, lavado de dinero, tráficos ilegales y criminales de y hacia Rusia y Medio Oriente).

 

Su economía depende prácticamente del Sol y de los delitos del capital financiero. Podría salir de esa situación si explotase el gas que rodea la isla, pero eso significaría la ocupación turca y, al menos, una guerra turco-griega, que por el momento nadie quiere, pero cuya amenaza está siempre presente.

 

Si Islandia se caracteriza por sus orgullosas tradiciones democráticas, Chipre padece constantemente el recuerdo de su situación en el cruce del camino de las grandes potencias. La historia y la geografía ni explican ni determinan todo, pero tienen una densidad que no puede ser ignorada. Además, tanto para los turcos como para los bizantinos, que fueron la base de la población chipriota actual, pero no para los luteranos de Islandia, el curso de la historia depende de la voluntad divina, no de las decisiones políticas de los seres humanos.

 

Sea como fuere, los bancos islandeses fueron nacionalizados. Buena parte de la deuda externa no se pagó, la nueva Constitución garantiza que la nación es propietaria de los bienes comunes y establece la obligación de convocar referendos populares antes de adoptar una decisión importante e Islandia salió de la crisis y su economía creció 3 por ciento en 2012.

 

En Chipre, en cambio, la papa caliente quedó en manos de los grandes capitalistas, sobre todo rusos (que perderán cerca de 3 mil millones de euros) pero está rodando todavía y podría volver a caer del lado de los ahorristas nacionales. Otro dato: el presidente que en Islandia organizó el primer referéndum era un hombre de izquierda, ex sindicalista. El presidente que negoció la deuda chipriota es un gran banquero. Como se sabe, perro no come perro. Existe pues también el llamado factor subjetivo…

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Domingo, 31 Marzo 2013 07:36

Los jueces: muralla insalvable*

La mordaza que cerraba la boca de las mujeres estalló hace tiempo: así se abrió el camino para emitir las palabras clamorosas y serenas del género. Se encogieron los patriarcas y acumularon frustraciones que habrían de fermentar en delitos intentando silenciarlas definitivamente. Delitos que reclamaron palabras nuevas para las violencias arcaicas. Entonces las mujeres integramos la muerte y el lenguaje y le pusimos nombre: femicidio, dijimos, para ampliar la nomenclatura e incorporar el símbolo verbal. Cuando nos convocamos todas las mujeres del mundo para denunciar, exigir sanciones y seleccionar procedimientos capaces de enlazar las múltiples violencias y anudarlas en la trama de voces y documentos que los países propician, se escuchan descripciones horrorosas. Naturalizadas, autorizadas, instaladas en la convivencia de cualquier índole, en el poder de los concesionarios de las leyes y en las pautas educativas todavía enroscadas sobre sí mismas.

 

Así fue escuchar y hablar en Naciones Unidas Mujer según los códigos internacionales que se remiten a las recomendaciones y las conclusiones obtenidas después de la atención cuidadosa que durante varios días se incendió en los salones magnos de la institución.

 

Argentina concurrió invitada como expositora en un panel central y representante de un continente al lado de la relatora oficial de ONU Mujer, de una representante de Asia, otra de Africa y otra de Europa. Tuve a mi cargo esa exposición y enuncié las leyes que se adelantan notoriamente en relación con otros países. Contamos con un recurso fuerte, la ley 26.485, de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ambitos en que se Desarrollan sus Relaciones Interpersonales, que es un paradigma de avances en el persistente tema de la violencia contra las mujeres. Desde una perspectiva nacional, esa ley se articula con otras recientes cuya aplicación constituye una clave en las prácticas destinadas a la eliminación de la violencia contra las mujeres: la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad sexual que se ocupa del derecho a la diversidad, a las que se suma la ley destinada al femicidio y la ley contra la trata de personas.

 

La combinación de estas leyes con la ley marco 26.485 demanda un nuevo abordaje de las políticas transversales –convocando a los distintos ministerios con sus prácticas específicas– y configura un soporte que previene o ataja la posición de la mujer como subalterna, al mismo tiempo que propicia distintos modelos de prevención.

 

En paralelo, el Programa las Víctimas contra las Violencias, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, creado en el año 2006, demostró mediante sus prácticas cómo se puede acompañar y sostener a víctimas de violencia familiar trabajando en terreno, también lograr una atención efectiva a las víctimas de violencia sexual, acompañándolas en las comisarías, en los hospitales y durante su exposición en tribunales para que sus denuncias promuevan la detención del violador; incluimos otros espacios que informan acerca de los abusos y malos tratos de niñas y de niños. Los diferentes trabajos que realizan los 200 profesionales que forman el Programa se instituyeron en clave de asombros y preguntas que provenían de representantes de distintos países del mundo.

 

No fue casual que cuando se abrió el espacio para las preguntas, debiera responder a interrogantes que superaron largamente los cuestionarios que se formularon a las representantes de los otros continentes. Lo cual generó una intervención del moderador, ya que responder todas esas preguntas hubiera significado dictar una conferencia. Imposible cuando los tiempos están cuidadosamente medidos. Como es inevitable en estas circunstancias, el diálogo se continúa más allá del ámbito de esa coyuntura y fue preciso abundar acerca de la ley de trata, la descripción del call center desde donde se atienden los llamados al número 137 y en cuya estrategia las operadoras trabajan en conjunto y no separadas entre sí, ya que desde allí se decide el envío de un auto policial para trasladar a la víctima, todo aquello que entre nosotros se conoce por la tarea cotidiana. La cifra de policías entrenados en temas de violencia desde marzo de 2009 (17.000 agentes de la Policía Federal Argentina, además de los concurrentes a los cursos destinados a las policías de varias provincias) le resultó sorprendente a las representantes de algunos países que posteriormente se reunieron con nosotras (Veta Escardó, asesora general del Programa, y yo).

 

Habíamos escuchado la exposición de la representante de Zambia, una mujer policía –para quien resultó complejo responder acerca del poder de los hombres sobre las mujeres en su país–, a la representante de Timor Este, tan lejanas sus prácticas, localizadas en la atención hospitalaria de las víctimas, a la representante del Reino Unido, cuya exposición no solamente asombró sino que mostró que aquello que es técnicamente recomendable puede ponerse en práctica porque no cuentan con el rechazo de los y las colegas que no están formados/as en el ejercicio del trabajo corporal. En Inglaterra, por lo menos aquello que se seleccionó narrar, atienden a las víctimas –después del proceso jurídico– mediante técnicas de role playing, meditación y ejercicios de técnica yoga. Apelan a la reparación total de la víctima, incluyendo el trabajo corporal.

 

Entre las preguntas que recibí dentro del canon de la exposición internacional, es decir, que en el momento no podía explayarme largamente, una fue propuesta por el representante de la Unión Europea: “Por favor, exponga sobre femicidio”. Yo solamente había mencionado la ley argentina y la existencia de una ONG que contabilizaba aquello que publicaban los medios de comunicación. El interés internacional residía en solicitarme un texto escrito acerca del tema, ya que la descripción del trabajo en terreno interesaba como estrategia y nosotras recibimos los llamados telefónicos que solicitan auxilio ante la amenaza con las que algunos hombres aterrorizan a las mujeres prometiéndoles “quemarlas”. Mi respuesta, asociada a la posición de la mujer como subalterna, tal como lo había mencionado en clara mención del colonialismo imperante en los temas referidos al género, desembocó en los procesos de revictimización que padecen las niñas y las mujeres cuando son recibidas en el ámbito del Derecho. Si bien mi exposición, además de evidenciar lo que hemos avanzado, señaló la necesidad de contar con la reglamentación de las leyes, en tanto y cuanto el retraso de la misma facilita a los jueces y juezas la escapatoria para no aplicarlas. Sabíamos que las ONG asistentes a este evento tendrían, después de las exposiciones oficiales, reuniones destinadas a la discusión de lo que se había escuchado, por lo tanto estaba garantizado este reclamo. Técnicamente –y la mía era una exposición técnica/profesional/política– correspondía reconocer como funcionaria las reglamentaciones que urge encender y que como tal se están tramitando.

 

Hasta aquí un mínimo recorte de la inmensa cantidad de horrores internacionalmente enunciados en distintos idiomas. En todos esos idiomas se instituyó, como reclamo, descripción y furia contenida, la misma frase: “Todo cuanto podemos avanzar en la asistencia de las mujeres víctimas de violencia fracasa cuando deben intervenir los jueces: la Justicia es una muralla insalvable”.

 

Coincidir en los agravios y homicidios que la violencia contra la mujer implica presentó matices y performances, pero una demanda se reiteró en las voces de las representantes: qué hacer con los jueces. A veces juezas. Era la coincidencia con mayor consenso, acompañada por su par histórico: la policía.

 

En el relato oficial yo había mencionado la frase “democratizar la Justicia” como una clave que permanecía suelta dada la escasez de tiempo, sabiendo que abarca temas infinitos. Fueron enunciados por las representantes de los distintos países, cada cual leyendo o improvisando para incluir, casi fatalmente, la existencia de esa muralla donde se forja y se cincha la mordaza de la víctima que decide hablar. Es el último recurso, insalvable, antes del femicidio.

 

Entre nosotros/as ya aparecieron las excepciones y las sentencias sensatas. Los otros jueces distribuidos por el mundo ¿se reconocerán en este diagnóstico internacional que los describe como “muralla insalvable” cuando deben sentenciar acerca de las violencias contra las mujeres?

 

* Este artículo refiere al trabajo llevado a cabo por la autora en el 57 Período de Sesiones de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer de la ONU, Nueva York, marzo 2013.

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Domingo, 31 Marzo 2013 07:30

Brasil y el precio de la fe

La alianza entre fe, dinero y poder existe desde siempre, por supuesto. Al fin y al cabo, en muy tempranas eras quedó claro que explotar a los desvalidos, desesperados y miserables es seguro y rentable. Tanto es así, que la Iglesia católica sentó los precedentes en materia de enriquecerse mediante la fe. Los nuevos evangélicos, sin embargo, supieron ser más ágiles y seductores, y en las pasadas tres o cuatro décadas rápidamente se llenaron de dinero y también de poder político.

 

Hoy día son requeridos por todos los partidos brasileños en búsqueda de alianzas. El Frente Evangélico Parlamentar es la segunda mayor bancada en el Congreso brasileño, superada solamente por la de los Ruralistas, que defienden –con la frecuente adhesión de los evangélicos– los intereses del agronegocio

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Entre las muchas sectas, una merece destacarse. Basta con recordar que la más actuante y lucrativa multinacional brasileña no es la estatal Petrobras, ni la minera Vale, y menos aun el banco Itaú. Es la Iglesia Universal del Reino de Dios, secta pentecostal creada en un garaje de suburbio en Río de Janeiro por un antiguo funcionario de correos llamado Edir Macedo, que en 1977 se autotituló obispo.

 

A propósito: conviene recordar que en Brasil es muy fácil conquistar ese título. Hay cursos por correspondencia, y un diploma de pastor vale cerca de 250 dólares. El de obispo es más caro –unos 400 dólares–, pero el retorno es seguro y rápido.

 

Las leyes brasileñas aseguran exención de impuestos, y la libertad de culto está asegurada por la Constitución. Basta con registrar una Iglesia para empezar a gozar de los beneficios constitucionales. Fue lo que hizo Edir Macedo hace 36 años, cuando creó lo que hoy es un gigante en el comercio de la fe.

 

Su secta está presente en Argentina y Costa Rica, en Panamá y México, en Uruguay y Colombia, en Ecuador y Puerto Rico, en Portugal e Inglaterra, en Angola y Mozambique, en Estados Unidos y en Japón, en India y Rusia. En total, la Universal del Reino de Dios actúa en más países que la cadena McDonald’s.

 

En Brasil, además de poseer 5 mil templos, es dueña de la segunda mayor red nacional de televisión; controla cinco grandes diarios de provincia; tiene más de 80 emisoras de radio que cubren 75 por ciento del territorio nacional; una agencia de turismo, otra de publicidad, otra de taxis aéreos, y un sinfín de empresas. Todo eso, gracias a las contribuciones de los fieles.

 

La Universal del Reino de Dios es un fenómeno, pero no es el único. Más y más iglesias pentecostales brotan cada semana como hongos después de la lluvia.

 

El poder económico de los evangélicos alimenta su capacidad de movilizar fieles y, en consecuencia, su poder político. Marcelo Crivela, un sobrino de Edir Macedo igualmente autonombrado obispo, obtuvo como dádiva el esdrújulo ministerio de Pesca en el gobierno de Dilma Rousseff. Jamás vio un pescado crudo en la vida, pero ganó la cartera gracias a que su partido aceptó integrar la alianza de respaldo a la presidenta.

 

En el Congreso, la bancada cuenta con 68 diputados y tres senadores. Entre ramos tradicionales y sectas nacidas de la nada, la Asamblea de Dios tiene 22 parlamentares, la Iglesia Bautista 11, la Presbiteriana ocho, la Universal siete, y las demás reúnen otros 20 escaños. Son neopentecostales el líder del PMDB, mayor partido brasileño y principal aliado del PT, en la Cámara de Diputados, y los ultraconservadores evangélicos se muestran especialmente activos en las comisiones parlamentares.

 

Una de ellas, la de Derechos Humanos, está presidida –gracias a la desidia de los demás aliados– por el pastor Marcos Feliciano, del PSC, partido vinculado a la Asamblea de Dios. Feliciano es un fundamentalista rabioso que enfrenta procesos judiciales por racismo y homofobia. Peor: de los 18 miembros de la comisión que trata de temas como el derecho al aborto, al casamiento entre personas del mismo sexo, la ley de prostitución o la defensa de los homosexuales, 14 son evangélicos ultraconservadores.

 

La tendencia nítida es que el poder económico de las sectas evangélicas se fortalezca, y que al mismo tiempo aumente su actuación como grupo de presión social y, por lo tanto, de fuerza política. De los 42 millones de fieles brasileños, la inmensa mayoría pertenece a las clases sociales más bajas, que ahora son llamadas de emergentes, gracias a los programas de inclusión llevados a cabo primero por Lula y ahora consolidados por Dilma Rousseff. Grandes industrias concentran sus atenciones en ese segmento y se aconsejan con líderes religiosos para lanzar productos direccionados especialmente a los evangélicos. De celulares a computadoras, de jabón de tocador a publicaciones, los fabricantes buscan presentar productos diferenciados para atraer esa inmensa clientela.

 

En la política es más fácil. Lo que quieren los evangélicos es lo mismo que los demás: poder, espacio. Y, por lo visto, son cada vez más exitosos en sus afanes.

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El presidente Hugo Chávez, de Venezuela, ha muerto. La prensa mundial y el Internet fueron inundados con evaluaciones de sus logros –y éstas van de la alabanza sin fin a la denuncia interminable. Ciertas personas expresan un grado de alabanza o denuncia más cuidado o restringido. La única cosa en que todos parecen coincidir es que Hugo Chávez era un líder carismático.

 

¿Qué es un líder carismático? Es alguien que tiene una muy fuerte personalidad, una visión política relativamente clara y una gran energía y persistencia en impulsar esta visión. Los líderes carismáticos atraen gran respaldo, primero que nada en su país. Pero los mismos rasgos de su persona que atraen respaldo son también los que movilizan una oposición profunda hacia sus políticas. Todo esto es cierto en el caso de Chávez.

 

La lista de líderes carismáticos a lo largo de la historia del mundo moderno no es tan larga. Piensen en Napoleón y De Gaulle, en Francia; Lincoln y F.D. Roosevelt, en Estados Unidos; Pedro El Grande y Lenin, en Rusia; Gandhi, en India; Mao Tse Tung, en China, y Mandela, en Sudáfrica. Y, por supuesto, Simón Bolívar. Tan pronto se consulta una lista así son evidentes varias cosas. Estas personas son líderes controvertidos durante sus vidas. La evaluación de sus méritos y fallas ha variado constantemente a lo largo el tiempo histórico. No parecen desaparecer de la visión histórica. Y, por último, no fueron para nada idénticos en cuanto a su política.

 

La muerte de un líder carismático siempre crea un vacío de incertidumbre, en el cual sus simpatizantes intentan garantizar la continuación de sus políticas institucionalizándolas. Max Weber llamaba a esto la "rutinización del carisma". Una vez rutinizadas, las políticas evolucionan en direcciones siempre difíciles de predecir. Para evaluar lo que podría pasar en el futuro inmediato uno tiene que comenzar, por supuesto, haciendo una evaluación de los logros de Chávez. Pero uno necesita también hacer la evaluación del rapport de las fuerzas internas y de los contextos culturales y políticos más grandes en los que Venezuela y América Latina se hallan hoy.

 

Sus logros parecen claros. Utilizó la enorme riqueza petrolera de Venezuela para mejorar significativamente las condiciones de vida de los estratos más pobres –expandiendo su acceso a las instalaciones de salud y educación–, lo que redujo la brecha entre ricos y pobres de modos muy notables. Además utilizó la enorme riqueza petrolera para subsidiar las exportaciones de crudo a un gran número de países, especialmente en el Caribe, lo que ha permitido que sobrevivan mínimamente.

 

Es más, contribuyó sustancialmente a construir instituciones latinoamericanas autónomas –no sólo la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba ), sino la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que agrupa a todos los países del continente americano, con excepción de Estados Unidos y Canadá, y el Mercosur (la estructura económica confederada que incluye a Brasil y Argentina, al que Chávez se unió. No estuvo solo en estos esfuerzos, sino jugó un papel particularmente dinámico. Fue un papel por el que lo felicitó constantemente el ex presidente Lula, de Brasil. El gran número de presidentes de otros países que asistieron a su funeral (unos 34), especialmente de América Latina, da fe de este aprecio. Al buscar la creación de estructuras latinoamericanas fuertes por supuesto jugó un papel antimperialista, uno esencialmente antiestadunidense, y como tal no fue nada querido en Washington.

 

Debemos resaltar, en particular, el aprecio positivo que el presidente conservador del vecino Colombia tuvo por Chávez. Esto se debió al importante y muy positivo papel que Chávez jugaba como mediador entre el gobierno colombiano y su enemigo: el movimiento guerrillero de largo tiempo, las FARC. Chávez era el único mediador aceptable por ambos bandos, y él buscaba una solución política para poner fin a los combates.

 

Sus detractores lo acusaron de fomentar un régimen corrupto, autoritario, incompetente económicamente. Sin duda hubo corrupción. Siempre la hay en cualquier régimen en el que hay dinero abundante. Pero cuando pienso en los escándalos de corrupción, en el pasado

medio siglo, en Estados Unidos, Francia o Alemania, donde hay aun más dinero, no puedo tomar estos argumentos demasiado en serio.

¿Fue autoritario su régimen? Ciertamente. Esto es lo que se obtiene con un líder carismático. Pero de nuevo, a como van los líderes autoritarios, es notable todo lo que Chávez se refrenó. No hubo purgas sangrientas o campos de concentración. En cambio, hubo elecciones, que la mayoría de observadores externos han considerado tan buenas como otras (piensen de nuevo en Estados Unidos o Italia, o... ), y Chávez ganó 14 de 15. No debemos olvidar tampoco que confrontó un serio intento de golpe de Estado, el cual tuvo respaldo de Estados Unidos, al que sobrevivió con dificultad. Sobrevivió debido al respaldo de la gente y del ejército.

 

Y en cuanto a la incompetencia económica, sí cometió errores. Y sí, el actual ingreso del gobierno venezolano es menor de lo que era antes. Pero recordemos que estamos en una depresión a escala mundial. Y casi todos los gobiernos en el mundo enfrentan dilemas financieros y hacen llamados a la austeridad. No resulta obvio que un gobierno en las manos de sus opositores hubiera podido hacerlo mejor en términos de optimizar las entradas económicas. Lo cierto es que un gobierno en las manos de sus opositores habría hecho menos por redistribuir internamente la riqueza entre los estratos más pobres.

 

La única área en la cual no brilló fue en su continuado apoyo hacia una política económica extractivista, pasando por encima de las protestas de los pueblos indígenas en torno al daño ecológico y a sus derechos en pos de un control autonómico de sus localidades. Pero compartió su falta con cada uno de los gobiernos del continente americano, sean de izquierda o de derecha.

 

¿Qué es lo que puede pasar ahora? Por el momento, tanto los chavistas como la oposición han cerrado filas, por lo menos hasta las próximas elecciones presidenciales. Casi todos los analistas parecen concordar en que el sucesor elegido por Chávez, Nicolás Maduro, ganará estas elecciones. La cuestión interesante es qué ocurrirá después, primero que nada en cuanto a las alineaciones internas. Ningún bando deja de tener divisiones internas. Sospecho que habrá algún barajar de cartas y habrá defecciones en todos los campos hacia el otro bando. En unos cuantos años veremos un despliegue muy diferente de las fuerzas.

 

¿Qué ocurrirá con el "socialismo del siglo XXI" –la visión que Chávez tenía de lo que Venezuela necesita hacer en América Latina y por todo el mundo? Hay dos términos en esta visión. Uno es "socialismo". Chávez buscó rescatar este término del oprobio en el que había caído, debido a las múltiples fallas incurridas tanto por el comunismo realmente existente como por la socialdemocracia posmarxista. El otro término es "siglo XXI". Éste fue el claro repudio de Chávez de la tercera y segunda internacionales, y fue un llamado en pos de repensar la estrategia.

 

En ambas tareas, Chávez apenas si estuvo solo. Pero su llamado resonó con gran fuerza. Para mí, este esfuerzo es parte de una tarea mayor que todos enfrentamos durante esta crisis estructural del capitalismo histórico y en la bifurcación de dos posibles resoluciones del caos en el que ha caído nuestro sistema-mundo. Necesitamos debatir cuál es la naturaleza del mundo mejor que nosotros, o algunos de nosotros, estamos buscando. Si no podemos clarificar más lo que queremos no es probable que ganemos la batalla ante aquellos que buscan crear un sistema no capitalista que, sin embargo, reproduzca los peores rasgos del capitalismo: las jerarquías, la explotación y la polarización.

 

Traducción: Ramón Vera Herrera

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Las heridas del paramilitarismo siguen abiertas en Colombia. Y una serie de televisión llamada Tres Caínes, que intenta mostrar la vida de los fundadores de este fenómeno, los hermanos Fidel, Vicente y Carlos Castaño, ha echado sal al duelo de las 250.000 víctimas del paramilitarismo, según cifras oficiales.

 

Desde el pasado 4 de marzo, todas las noches, miles de colombianos ven en sus televisores cómo los hermanos Castaño toman venganza del asesinato de su padre a manos de la guerrilla de las FARC. La serie domina los índices de audiencia y sigue al éxito que tuvo dentro y fuera de Colombia Escobar, el patrón del mal, que retrataba al narcotraficante más peligroso del país, Pablo Escobar.

 

Este tipo de series se han convertido últimamente en una tendencia y en un producto de exportación, con una receta que mezcla la ficción con la realidad del bajo mundo. Pero esta receta se ha topado esta vez con la reacción airada de las víctimas, expertos y periodistas, que consideran que estos programas afectan la dignidad de quienes han padecido el conflicto armado colombiano. La principal queja es que, al menos en su arranque, la dolorosa historia del paramilitarismo está contada desde el lado de los victimarios, lo que, en su opinión, termina por legitimar los crímenes cometidos por estos delincuentes contra civiles inocentes.

 

El creador de la serie, el colombiano Gustavo Bolívar, ha defendido su guión afirmando que se basa en investigaciones, entrevistas y testimonios extraídos del proceso Justicia y Paz, el sistema que se aplica en Colombia desde 2006 a los desmovilizados de grupos armados ilegales. También ha dicho que las víctimas aparecerán más adelante en la historia. “Muchos creen que la televisión es la causante de la violencia en Colombia. De hecho llegan a la postura simplista de culpar a los escritores de lo que pasa”, ha escrito Bolívar en su blog ante la polémica.

 

A medida que la serie ha ido subiendo de audiencia han crecido las críticas. Ha provocado, por ejemplo, que el actor Julián Román, que interpreta a Carlos Castaño, se disculpara con las víctimas tras recibir una carta de familiares de desaparecidos, en la que le decían que “cada acción que ustedes representan, como ficción, los familiares de los desaparecidos forzadamente, la vivimos en carne propia una y otra vez”. Román, sin embargo, respondió que estas series buscan generar un diálogo para “fortalecernos como sociedad”.

 

La protesta de las víctimas no ha quedado ahí. Un centenar de ellas protestó frente a las instalaciones del canal privado RCN, dueño de la serie, y le enviaron una carta a sus directivos pidiéndoles que la retiraran y que les dejaran contar su versión porque creen que Tres Caínes no corresponde a la realidad. “El paramilitarismo no es un producto de venganzas y pasiones personales y las consecuencias de su accionar, que ha dejado millones de familias desplazadas y cientos de miles de hombres y mujeres asesinadas, desaparecidas, torturadas y masacradas, no son el resultado de una decisión aislada y solitaria de los hermanos Castaño”, dice la carta de las víctimas.

 

Omar Rincón, crítico de televisión, ha escrito en el diario El Tiempo que la producción del programa merece un diez, pero que “hay que contar la realidad sin celebrar a los violentos”.

 

La polémica también se trasladó a las redes sociales donde surgió la iniciativa Noen3caines. En Facebook el grupo tiene más de 12.000 seguidores que apoyan una campaña de mensajes directos a las compañías que anuncian sus productos en el programa para que retiren su publicidad. La campaña la crearon expertos en marketing que, cansados de los contenidos violentos de las producciones colombianas, imitaron una similar que logró la retirada de los anunciantes del programa español La Noria, tras emitir una polémica entrevista con la madre de un menor condenado por encubrir el asesinato de Marta del Castillo, previo pago de 10.000 euros (casi 13.000 dólares).

 

Desde que se lanzó Noen3caines cinco compañías han retirado su publicidad.Por ejemplo, la empresa chilena Falabella, publicó un mensaje en Twitter apoyando la causa, lo que el guionista Bolívar ha calificado de doble moral, ya que esa empresa se anunció en la serie sobre Pablo Escobar. Por su parte, Fernando Gaitán, creador de la popular Betty la fea y ahora vicepresidente de RCN, ha dicho que la decisión de los anunciantes estaría censurando una serie que no pretende ser la “memoria histórica del paramilitarismo”.

 

No es la primera vez que una producción sobre narcoviolencia genera controversia en Colombia. Habrá que ver si los que la critican logran dejarla sin anunciantes, si el rating les da la razón a sus creadores o si los televidentes inconformes optan, sencillamente, por cambiar de canal.

 

Por Elizabeth Reyes L. Bogotá 29 MAR 2013 - 02:41 CET

 

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La Corte Suprema de Estados Unidos escuchó esta semana los alegatos de dos históricos juicios en relación con el matrimonio entre personas del mismo sexo. El martes, evaluó la polémica ‘Proposición 8’, un proyecto de ley que fue sometido a referéndum en el estado de California, que prohibió el matrimonio entre personas del mismo sexo. El miércoles, la Corte estudió el caso sobre la inconstitucionalidad de la Ley de Defensa del Matrimonio (DOMA, por sus siglas en inglés), denominado ‘Estados Unidos contra Windsor’. “Windsor” es Edie Windsor, ahora de 83 años de edad, quien se casó con Thea Spyer, la mujer que fue su pareja durante 44 años.

 

Edie y Thea se conocieron a principios de la década de 1960 en Greenwhich Village, Nueva York y fue amor a primera vista. En 1967, Thea le propuso matrimonio a Edie, a pesar de que sabían que no era una posibilidad. Vivieron juntas como un matrimonio: compraron una casa juntas, compartían las ganancias y vivían su vida juntas. En 1975, a Spyer le diagnosticaron esclerosis múltiple. Edie cuidó a Thea durante su enfermedad, que le provocó parálisis y la obligó a estar en una silla de ruedas. Cuando, en 2007, los médicos le dijeron a Thea que le quedaba tan solo un año de vida, volvió a proponerle matrimonio a Edie. La pareja viajó a Toronto, y el 22 de mayo de 2007 se casaron en una ceremonia oficiada por el primer juez públicamente gay de Canadá, Harvey Brownstone.

 

Un año más tarde, el estado de Nueva York, donde vivía la pareja, reconoció oficialmente los matrimonios entre personas del mismo sexo contraídos fuera del estado, a pesar de que le llevó al estado varios años más legalizar el matrimonio igualitario dentro de su jurisdicción. Tras haber obtenido su acta de matrimonio en Canadá y una vez que el estado de Nueva York la aceptó, aún había una importante institución que se negaba a reconocer su declaración formal de amor y compromiso para toda la vida: el gobierno de Estados Unidos. La ley DOMA fue promulgada por el Presidente Bill Clinton el 21 de septiembre de 1996. La ley establece que «Al determinar el significado de cualquier Ley del Congreso, o reglamento o en la interpretación de los diversos organismos u oficinas administrativas de Estados Unidos, la palabra ‘matrimonio’ se refiere exclusivamente a la unión legal entre un hombre y una mujer, y la palabra ‘cónyuge’ se refiere únicamente a una persona del sexo opuesto que es esposo o esposa».

 

La ley DOMA fue aprobada en el Congreso meses antes de las elecciones presidenciales y contó con el apoyo de ambos partidos. Sin embargo, Clinton, según escribió este mes en el Washington Post, se opone ahora a la ley. Clinton escribió que la ley DOMA es “incompatible con nuestra Constitución debido a que el artículo 3 de la ley define el matrimonio como una institución únicamente entre un hombre y una mujer, lo que hace que las parejas del mismo sexo que están legalmente casadas en nueve estados y en el Distrito de Columbia no puedan beneficiarse de los más de mil programas y leyes que protegen los derechos de las parejas casadas”.

 

Thea murió el 5 de febrero de 2009 a los 77 años de edad. Tras haber perdido a su esposa, Edie sufrió un ataque al corazón. Mientras se recuperaba, se enteró de que debía pagar 363.000 dólares de impuesto federal al patrimonio sobre el valor de los bienes que Thea le dejó, una cifra que no tendría que pagar si el gobierno reconociera su matrimonio como legítimo. Edie, que ha sido activista por los derechos de las lesbianas durante décadas, decidió dar pelea y demandó al gobierno de Estados Unidos.

 

Edie obtuvo fallos favorables tanto en el tribunal federal de distrito como en el tribunal federal de apelaciones. El Fiscal General Eric Holder anunció en febrero de 2011 que el gobierno de Obama no defendería la ley DOMA ante la justicia. Sería de esperar que eso pusiera fin al problema. Sin embargo, ahí es donde entra en escena el Grupo Bipartidista de Asesoramiento Jurídico del Congreso de Estados Unidos (BLAG, por sus siglas en inglés), integrado por cinco miembros. Sus tres miembros republicanos: el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner; el líder de la mayoría de la Cámara baja, Eric Cantor; y el jefe de disciplina de la mayoría en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, votaron para ordenarle a la Oficina del Asesor General de dicha Cámara que defienda la ley DOMA, debido a que el gobierno de Obama se negó a hacerlo. La Cámara Baja contrató al ex procurador general durante el gobierno de George W. Bush, Paul Clement, para que defienda la Ley DOMA. Se ha informado que, hasta la fecha, Clement ha recibido 3 millones de dólares de dinero de los contribuyentes en el marco del caso.

 

La Corte Suprema trató el caso de Edie el miércoles 27 de marzo. Frente al edificio de la Corte, y aún con la sortija de compromiso que Thea le dio en 1967, Edie afirmó: “El de hoy es un acontecimiento muy importante para mí. Es un acontecimiento que sucede una vez en la vida. Sé que el espíritu de mi difunta esposa, Thea Spyer, está justo aquí junto a nosotros, observando y escuchando, y estaría muy orgullosa y feliz de ver todo lo que hemos logrado. Gracias a todos”.

 

En una entrevista con la revista ‘OUT’, Edie recordó: “La primera vez que bailamos en la silla de ruedas, yo sentada en su falda, fue con la canción que dice ‘There’s a place for us, there’s a time for us’. Ya no puedo cantarla porque me hace llorar”. La canción, “Somewhere”, de la película “West Side Story”, dice: “Hay un lugar para nosotros, hay un momento para nosotros. Toma mi mano y ya habremos recorrido la mitad del camino. Toma mi mano y te llevaré. De algún modo, algún día, en algún lugar”.

 

Gracias a Edie Windsor, a la difunta Thea Spyer y a las millones de almas valientes, el momento y el lugar para el matrimonio igualitario pueden llegar muy pronto.

 

Publicado el 29 de marzo de 2013

Amy Goodman

 

Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.

 

Texto en inglés traducido por Mercedes Camps. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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La estrategia económica actual apunta al vacío

El camino emprendido para sortear una crisis económica que se ha extendido por varios años y llevado a la calle a millones de trabajadores alrededor del mundo, apunta al vacío. “Por todos lados se habla de buscar mayor crecimiento. Más y más crecimiento”, expone Robert Costanza, profesor en la Universidad Nacional de Australia, y uno de los autores más citados en la discusión sobre economía y medio ambiente.

 

“La pregunta que debemos hacernos es qué tipo de crecimiento se quiere. A través de la visión convencional, lo que se busca es un mayor crecimiento del producto interno bruto. Pero plantear sólo eso tiene efectos negativos colaterales”, dice el especialista, de visita en México, en una entrevista con La Jornada.

 

Costanza ha impulsado en el debate económico la introducción de términos como “capital natural” y “capital social”, que buscan contribuir a nuevas formas de medición de la economía, no sólo en términos de crecimiento, sino también de desarrollo y bienestar de las personas. “No se trata de oponer el medio ambiente al crecimiento y la creación de empleos, sino de entender la forma en que están interconectados”, dice.

 

Las investigaciones transdiciplinarias emprendidas por Constanza integran el estudio de los seres humanos y el resto de la naturaleza para tratar temas no sólo académicos, sino también en aspectos concretos de políticas públicas y gestión de recursos, desde pequeñas cuencas de agua a sistemas globales.

 

El experto, quien estuvo en México para participar en el cuarto Congreso Mexicano de Ecología, realizado la semana pasada en Villahermosa, Tabasco, es cofundador y ex presidente de la International Society for Ecological Economics y, entre otras ocupaciones académicas y de investigación, dirige Solutions, una publicación poco usual en la que se tratan temas académicos con un lenguaje accesible.

 

La discusión que impulsa Costanza –al igual que otros estudiosos en varias partes del mundo– ha encontrado expresiones prácticas. El gobierno francés del ex presidente Nicolás Sarkozy auspició una iniciativa en la que varios expertos trabajaron en encontrar una forma de medir el bienestar, y no sólo el crecimiento del producto interno bruto, para determinar el desempeño de la actividad productiva, relata.

 

Hace tiempo ya que en Bután se acuñó el término “felicidad bruta interna”, en contraposición al de producto interno bruto, en un país en que la medición convencional arrojaba una economía empobrecida, pero que no tomaba en consideración la relación entre desarrollo material y espiritual, el desarrollo sostenible, la conservación y los valores culturales, cuenta.

 

El producto interno bruto expresa la forma en que aumenta el valor de la producción de bienes y servicios en una economía, pero no refleja el bienestar de la población, plantea, al exponer el punto al que desea llevar la discusión sobre la interrelación entre la economía y el límite que existe al aprovechamiento de los recursos naturales.

 

–La crisis económica se extiende ya por varios años y la prioridad de los gobiernos se centra en estabilizar al sistema financiero, luego restablecer el crecimiento y la generación de empleos. ¿Cuál es la importancia de incorporar a la discusión la relación entre economía y medio ambiente?

 

–Es un tema clave. La pregunta es, exactamente, que tipo de crecimiento se quiere. A través de una visión convencional, se busca que el producto interno bruto (el valor de los bienes y servicios producidos por una economía) crezca. Pero eso tiene efectos negativos colaterales. El PIB es un indicador, pero hay otros que nos muestran más sobre el progreso de una sociedad, como la distribución del ingreso. Si el PIB crece no significa automáticamente que hay una mejor distribución de la riqueza, que es muy importante y contribuye al bienestar. Eso es mejor que sólo mirar el PIB

 


Si el mundo está en crisis económica, la crisis es mayor si a la situación se añaden las cuestiones relacionadas con la sostenibilidad del crecimiento, asegura.

 

En los planteamientos de Costanza se identifican varios tipos de capital. Al menos cuatro:

 

El capital construido: edificios, maquinaria, infraestructura de transporte y el conjunto de artefactos y servicios necesarios para satisfacer necesidades relacionadas con la vivienda, la movilidad y comunicaciones.

 

Pero está también el capital natural, representado por el medio ambiente y su biodiversidad que, en combinación con los otros tres tipos de capital proveen bienes y servicios del ecosistema. Los beneficios para el ser humano provienen de los ecosistemas. Este tipo de servicios son indispensables para la regulación del clima, suministro de agua y alimentos, combustibles o materias primas.

 

Se añaden el capital social y cultural, que es la red de relaciones personales, herencia cultural, arreglos institucionales, reglas, normas y valores que facilitan la interacción humana y la cooperación entre las personas.

 

El complemento a las tres categorías anteriores es el capital humano, no en la forma en que lo conciben los economistas de derecha (empleados que deben incrementar constantemente su productividad), sino en el sentido de valorar los seres humanos y sus atributos, incluida su salud física y mental, conocimientos y otras capacidades que permiten a las personas ser miembros productivos de una sociedad.

 

–¿De qué manera se involucran estos conceptos en la vida cotidiana?

 

–Se trata de reconocer que el mundo natural contribuye al bienestar en diferentes maneras. Es la relación entre la gente. No se trata de oponer la creación de empleos a la protección del ambiente, por ejemplo, sino de entender en qué manera están interconectados los sistemas naturales, los diferentes tipos de capital.

 

Costanza es coautor de un reporte a las Naciones Unidas para la conferencia Río+20, realizada el año pasado en la ciudad brasileña de Río de Janeiro. En la entrevista, el especialista cita ese informe, en el que se destaca la relevancia de incorporar a la discusión sobre el diseño de la política económica las diferentes concepciones que propone sobre el capital.

 

Los activos sociales, humanos y materiales dependen “enteramente” del mundo natural y el capital natural es por tanto no sustituible, plantea el experto en ese informe. La sostenibilidad depende de vivir de los rendimientos generados por ese capital sin devastarlo.

 

Como plantea, los tradicionales conceptos y modelos económicos fueron desarrollados para un mundo relativamente poco poblado, diferente al actual en el que la actividad humana está alterando sustancialmente el sistema ecológico.

 

“Si vamos a crear una prosperidad sostenible, si buscamos mejorar el bienestar humano y la equidad social, al tiempo que se reducen los riesgos ambientales, se requiere una nueva visión de la economía y de su relación con el entorno, que esté mejor adaptada a las condiciones que se enfrentan actualmente”, se establece en el reporte.

 

Lo explica Costanza en la entrevista. La idea detrás de estos planteamientos es “construir puentes” entre la actividad productiva, la gente, los mercados, el medio ambiente. En encontrar la forma de que el crecimiento sea sostenible, genere bienestar y equidad. “Es el futuro deseable”, resume.

 

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