Eduardo Cifuentes, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia

“Sabemos lo que significa para Colombia poder hacer justicia y cerrar medio siglo de guerra”, afirma el magistrado que preside el tribunal de paz

 

Eduardo Cifuentes (Popayán, 1954) fue elegido el mes pasado para relevar a Patricia Linares como presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el sistema encargado de juzgar los crímenes más graves cometidos durante medio siglo de conflicto armado entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las FARC. Desde entonces, ha vuelto a estar muy presente en el debate público. Experimentado jurista, su dilatado currículo incluye haber sido parte de la primera Corte Constitucional surgida de la carta política de 1991 y defensor del pueblo a principios de este siglo.

El magistrado defiende en esta entrevista con EL PAÍS la naturaleza inderogable del alto tribunal –parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición surgido del acuerdo de paz con la guerrilla–, a pesar de los ataques del exmandatario Álvaro Uribe, mentor político del presidente Iván Duque. “Ningún colombiano quiere propiciar una involución y un regreso a un pasado de atrocidades”, valora.

Pregunta. ¿Cómo define el momento que atraviesa la justicia transicional?

Respuesta. Colombia está atravesando un momento crítico. Por un lado estamos avanzando en un modelo de justicia transicional, observado por toda la comunidad internacional y por las más de nueve millones de víctimas. Es un modelo novedoso sobre el cual hay muchas expectativas. De otro lado, somos objeto de una embestida política por parte de sectores que le temen a la verdad en Colombia. A pesar de eso, por primera vez está en marcha la judicialización de los máximos responsables por delitos de secuestro, ejecuciones extrajudiciales y los casos mas graves de violaciones de derechos humanos. Con base en las investigaciones iniciadas hace dos años y medio, en siete grandes macro casos que aparejan también macro victimizaciones, se van a comenzar a expedir autos de determinaciones de hechos y conductas, lo que significa que los responsables tendrán que admitir verdad y asumir responsabilidad o someterse a un procedimiento en el cual se les pueden imponer penas hasta de 20 años.

Pregunta¿Es inminente la apertura de nuevos casos?

Respuesta Durante más de medio siglo de guerra se cometieron delitos atroces, graves violaciones de derechos humanos que han dejado una huella indeleble y más de nueve millones de víctimas. Además de los siete macro procesos, esperamos muy pronto poder también avanzar en la investigación de delitos tan dolorosos como el desplazamiento y la violencia sexual. Esa decisión depende de la Sala de Reconocimiento y no puedo anticiparme, pero tenga la certeza que la JEP llegó para hacer justicia, investigar y sancionar a los máximos responsables de los crímenes mas atroces. No habrá impunidad.

Pregunta. ¿Cuándo pueden producirse las primeras sanciones?

Respuesta. Entendemos que hay una gran presión social y unas expectativas para que pronto se tengan las primeras sentencias. Trabajamos día y noche sin descanso porque sabemos lo que significa para Colombia poder hacer justicia, conocer esa verdad sanadora y cerrar medio siglo de guerra. Entenderá que no se trata de procesos ordinarios. Son delitos complejos, cometidos a lo largo de años por estructuras y sistemas de criminalidad donde participaron miles de personas. Estamos en el proceso de verificar los registros judiciales, practicar pruebas y acopiar y analizar todo lo que se conoce con el fin de contrastarlo con las declaraciones de los excombatientes y las víctimas. Al final del proceso Colombia tendrá la certeza de que se hará justicia.

Pregunta. Usted afirmó en su posesión que la JEP es inderogable, que es justamente lo que se ha propuesto el expresidente Álvaro Uribe. ¿Por qué es imposible derogarla?

Respuesta. El acuerdo de paz, en lo que tiene que ver con la creación de la JEP, tiene un sustento constitucional de la mayor envergadura, hasta el punto de que se trata de una institucionalidad sin la cual decae una vértebra o un principio esencial de la Constitución colombiana, como es el derecho y el deber de la paz y la asunción de buena fe de los compromisos nacionales a internacionales que contrae el Estado colombiano. Hay elementos de la Constitución que son irreformables. Ni siquiera a través de un procedimiento de reforma constitucional como un referendo podrían ser eliminados. Desde el punto de vista del derecho internacional, esta institucionalidad es precisamente aquella a través de la cual el Estado colombiano cumple con el deber de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de delitos internacionales, y por consiguiente se trata de una función judicial que no puede eliminar o soslayar. En síntesis, el acuerdo de paz está íntimamente ligado a elementos esenciales de nuestra constitución política y también a normas de derecho internacional que se imponen al Estado colombiano.

Pregunta, La implementación contempla tres Gobiernos sucesivos a partir de la firma de los acuerdos

Respuesta. Trasciende a los gobernantes de turno, como jefes de Estado tienen que cumplir todos los deberes derivados del acuerdo de paz y no solamente aquel de respetar el componente de justicia. El proceso de paz sí puede ser frágil, independientemente de que la JEP no pueda ser eliminada. El proceso de paz resulta afectado con el asesinato de líderes de derechos humanos, de desmovilizados de las FARC, con la ausencia del Estado en las que han sido zonas de conflicto. Se debe garantizar no solo el ejercicio legítimo de la fuerza, también un Estado social que haga presencia masiva y no deje simplemente unos vacíos territoriales en los que prolifera la violencia incontrolada, el narcotráfico y la minería ilegal.

Pregunta. El presidente Iván Duque ha sido particularmente crítico con la justicia transicional. ¿Ha llegado a percibir un acoso por parte del Gobierno?

Respuesta. La JEP es un órgano jurisdiccional independiente que aspira a que los ciclos de violencia no se repitan. Y no se repiten no solamente como consecuencia de que las FARC dejaron las armas, también a través de actos claros y permanentes de cumplimiento del acuerdo de paz. Este consta de varias estipulaciones que suponen deberes del Estado, que deben ser cumplidos. Realmente lo que plantea el acuerdo de paz es una especie de plan Marshall social, económico y humanitario en aquellos territorios y zonas más afectadas, y también respecto de las poblaciones –sobre todo comunidades étnicas, afrodescendientes y campesinado– más afectadas. Y es lo que no se ha visto. Entonces, más que una tensión con el Gobierno, lo que he puesto de presente es que el acuerdo de paz hay que entenderlo como un todo: no tiene solamente como sustento el componente de justicia, que por supuesto es fundamental. Hay que cumplir las líneas gruesas, que tienen que ver con la presencia efectiva de un Estado social de derecho y principalmente la reforma rural agraria.

Pregunta. ¿La desinformación ha envenenado el debate público alrededor de los acuerdos? ¿Cuáles son las razones de las campañas de desprestigio contra la JEP?

Respuesta. Creo que la población colombiana, la ciudadanía en general, respalda el proceso de paz. La oposición proviene de un sector político que permanentemente ha mostrado insatisfacción desde el plebiscito, y que asume que el proceso de paz carece de legitimidad cuando por el contrario fue incorporado a la propia constitución política. Ha sido igualmente cimentado a través de muchas normas, y por consiguiente la institucionalidad del proceso de paz ha sido tramitada e incorporada normativamente como una pieza esencial del Estado. Pese a esa oposición ciega e irracional de la extrema derecha, el resto del país comparte la necesidad de mantener y desarrollar ese proceso de paz. Creo que ningún colombiano quiere propiciar una involución y un regreso a un pasado de atrocidades. Las antiguas FARC se desmontaron y con ello la apelación a la violencia para conquistar el poder político. Ese es un avance que se debe mantener a toda costa.

Pregunta. Como usted lo ha dicho, la justicia restaurativa exige verdad completa. ¿Los comparecientes están aportando esa verdad?

Respuesta. La verdad es la piedra angular del sistema de justicia transicional y es la condición irrenunciable para poder obtener las sanciones propias alternativas. Durante todo el proceso el rol de la JEP será contrastar sus versiones con los aportes de las víctimas y los expedientes judiciales e informaciones, pruebas y análisis de todo tipo en poder de la JEP. Si se verifica que sus aportes no corresponden a lo que sucedió, los excombatientes y agentes del Estado se podrán ver enfrentados a más de 20 años de cárcel. Por ahora tenemos que surtir todas las etapas procesales para comprobar los aportes efectivos a la verdad y la aceptación de responsabilidad. Esta es la fase en la que nos encontramos. Hasta ahora en los casos que están abiertos se han recibido aportes importantes y sustanciales, pero por supuesto, aún no es suficiente.

Pregunta. Concretamente en el caso del magnicidio del líder conservador Álvaro Gómez, hay sectores que cuestionan el reconocimiento de ese crimen. ¿Cómo garantizar esa verdad plena?

Respuesta. Entendemos que la verdad pueda ser dolorosa. Pero la guerra y sus consecuencias lo son. Nuestra tarea es develar desde la función judicial lo que pasó durante el conflicto. El caso que usted menciona es uno que conmocionó al país entero, sobre el cual durante lustros no avanzaron las investigaciones y hoy estamos conociendo una versión de la historia de la cual no existían registros. Nuestro deber es contrastarla, verificar si eso que se dijo se corresponde con la realidad o no. Pero descartarlo de plano no solo es contrario a los procedimientos legales, sino que es desleal con el propósito del proceso mismo.

Pregunta. La Comisión de la Verdad, que hace parte del sistema integral surgido de los acuerdos, aunque tiene carácter extrajudicial, cumple su mandato en menos de un año. ¿El informe final de la Comisión puede tener impacto en la dinámica de la justicia transicional?

Respuesta. Sí. El informe es muy importante porque va a ilustrar el contexto, ofrecerá elementos de verdad muy importantes sobre patrones y máximos responsables. Lo hace desde una perspectiva distinta a la de la JEP. Sin embargo, es un insumo esencial también para que las diferentes salas de justicia y las secciones del tribunal puedan profundizar sus investigaciones y su propia tarea de juzgamiento e incorporen esta visión. El informe final profundizará la consciencia de Colombia sobre la gravedad de estos hechos que se cometieron en el conflicto. Espero que tanto la JEP como la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, logren su cometido de estabilizar la paz y puedan producir un cambio cultural profundo: erradicar para siempre la violencia política como medio para llegar al poder y como medio para sojuzgar a los otros.

Pregunta. Cuando usted era defensor del pueblo se instauró el sistema de alertas tempranas. Además, es del Cauca, uno de los lugares más críticos. ¿Por qué el Estado ha sido incapaz de detener fenómenos de violencia como el asesinato de líderes sociales?

Respuesta. Lo que está pasando con los líderes sociales y defensores de derechos humanos es una tragedia, una catástrofe. Esta situación desnuda esa ausencia histórica del Estado en esa Colombia olvidada, donde se ha desarrollado la guerra, donde sus ciudadanos están a la merced de los grupos armados ilegales que se alimentan no solo de la ausencia del Estado sino de un sinnúmero de economías ilegales. Ese es el verdadero termómetro de la paz, y es la incapacidad del Estado de ser Estado, de garantizar la vida, la integridad y los derechos de los ciudadanos. Nuestros esfuerzos no serán nunca suficientes si el Estado no logra ocupar el vacío institucional que durante décadas ha marcado la realidad de varias regiones en nuestro país.

Pregunta ¿Qué es el posconflicto?

Respuesta. Posconflicto es el largo proceso de materializar las expectativas sociales, políticas y económicas que garanticen que nunca más se reproduzcan las condiciones que dieron origen a la guerra en nuestro país. Es una aspiración y un derecho. Es pasar una página sin olvidar y sin impunidad. Dar un paso adelante, pero darlo de la mano con las víctimas y con la ciudadanía.

Pregunta. Usted llegó a ser presidente de la primera Corte Constitucional surgida de la carta política de 1991, ¿qué siente cuando escucha las propuestas de una constituyente para reformar a la justicia?

Respuesta. Un acto demencial, igual que cuando escucho voces que pretenden eliminar la JEP. Una invitación esquizofrénica a involucionar, un llamado a la distopía. Colombia afortunadamente ha tenido momentos de lucidez y de sensatez. Uno de ellos fue precisamente incorporar en la constitución política la exigencia de efectividad de los derechos humanos, y crear instituciones como la Corte Constitucional o la Defensoría del Pueblo. Ha tenido también momentos de sensatez cuando se incorporó en la constitución el cumplimiento de un acuerdo de paz y se creó la JEP. Creo que eso es lo que ha salvado al país, que pese a las dificultades tiene una institucionalidad democrática y una justicia que igualmente de una manera robusta ha recordado a todos los gobernantes sus limitaciones y sus deberes en términos de construir un Estado social justo y no afectar las libertades.

Por SANTIAGO TORRADO

Bogotá - 15 DEC 2020 - 18:02 COT

Publicado enColombia
Miércoles, 16 Diciembre 2020 05:44

Festival de cine colombiano

Los films se podrán ver de forma gratuita a través de la plataforma Indyon.tv

Con una programación atravesada por el contexto social y político

Se verán 40 cortos y largometrajes que "ponen en tensión y debate las miradas oficiales, hegemónicas y conservadoras en Colombia”, dicen sus organizadores.

.  

Reuniendo un conjunto de películas que ponen en cuestión los imaginarios implantados a partir del choque cultural que en América produjo la conquista, la tercera edición del Festival Internacional de Cine Colombiano en Buenos Aires (FICCBA) funciona como una potente clausura para la temporada de festivales 2020. Realizado de forma gratuita a través de la plataforma Indyon.tv, su programación ofrece, hasta el próximo domingo 20 de diciembre, una serie de recorridos que se proponen contrarrestar las jerarquías racializantes, sexuales, de clase, lingüísticas, religiosas y económicas preestablecidas por una modernidad que lleva cinco siglos arraigada en territorio americano. Nucleadas bajo la consigna general “Narrativas desde el territorio”, estos recorridos organizan la selección oficial en cinco ejes temáticos.

 “El FICCBA tiene como propósito contribuir con el desarrollo de la cultura y las industrias cinematográficas colombiana y argentina, así como promover su difusión en Latinoamérica a través del fomento de la coproducción cinematográfica entre los países, la formación de audiencias y el apoyo a cineastas emergentes”, resume Daniel Saldarriaga, director artístico y productor del festival. Todo eso queda expresado en un trabajo curatorial que reúne más de 40 títulos, repartidos en tres secciones: Competencia Colombiana, Competencia Argentina y una sección no competitiva. En ellas, los largometrajes compiten en pie de igualdad con los medios y cortometrajes.

Saldarriaga explica que, al ser un festival de cine colombiano, “la programación está atravesada por el contexto social y político” de ese país, cuya historia reciente está signada por la violencia política. “En los últimos años ha sido evidente la crisis del proceso de paz”, expresa el director artístico, “en la medida en que el gobierno actual busca atacar los acuerdos, negando el conflicto desde el Centro Nacional de Memoria Histórica y el uso de un discurso de doble moral”. El programador revela que “la deslegitimación del acuerdo de paz, la negación del conflicto armado o de la responsabilidad del Estado en el mismo, sumada a la falta de la implementación de los acuerdos y la poca o nula presencia estatal en las regiones, lleva a que la disputa por el territorio, atravesada además por el narcotráfico”. Un escenario que genera, dice, “una nueva oleada de violencia donde se atacan y asesinan a ex combatientes y líderes sociales, se fortalezcan las bandas paramilitares y otras guerrillas, generando como resultado un éxodo, el aumento de masacres y el desplazamiento de las comunidades afro, campesinas e Indígenas”.

Para Saldarriaga la programación del FICCBA nace “de la necesidad de buscar voces que desde el territorio den cuenta de esas problemáticas desde una visión autoral”, a través de películas que “pongan en tensión y debate esas miradas oficiales, hegemónicas y conservadoras en Colombia”. Películas que, insiste, “ayudan a pensar en todo este fenómeno político y social, y a seguir indagando en nuestro laberinto de la violencia y sus distintos matices”. “Desde la representación el cine tiene el potencial de crear, de transformar imaginarios”, comenta el director artístico del FICCBA. “El poder de narrar la forma en que los individuos se vinculan a sus territorios, las problemáticas que viven dentro de ellos y el contexto que les envuelve. El cine es una herramienta de la memoria que aúna múltiples visiones sobre hechos específicos de la historia, que no deben ser olvidados, porque nos marcan como país y cultura”, sostiene.

Por esos caminos avanzan los 25 títulos de la Competencia Colombiana, divididos en los cinco ejes temáticos citados con anterioridad. El primer conjunto se concentra en la ausencia y las intervenciones fallidas del Estado. El mismo está integrado por La última marcha (Ivo Aichenbaum y Jhon Martínez); El renacer del Carare (Andrés Jurado); Bicentenario (Pablo Álvarez Mesa); Jílble (Laura Huertas Millán, ‘24); Vorágine 31 (varios directores); Telepatina (Carlos Armando Castillo); y Suspensión (Simón Uribe).

El segundo grupo aborda la violencia política que surge del intento de dominar los territorios. Ahí se exhiben las películas Las razones del lobo (Marta Hincapié Uribe); Las fauces (Mauricio Maldonado); La mirada desnuda (Santiago Giraldo Arboleda); Todo es culpa de la sal (María C. Pérez González); Umbral (Gloria Gómez Ceballos); El remanso (Sebastián Valencia Muñoz); y Mundomalo (Andrés Acevedo Zuleta).

En el tercer grupo se cuestionan las pertinencias establecidas de forma arbitraria por las fronteras. El mismo está conformado por las películas Cartucho (Andrés Cháves); Vida de un rey (Rodrigo Dimaté) y Los fantasmas del Caribe (Felipe Monroy). A la grilla se suman El susurro del jaguar (Thais Guisasola) y La libertad (Laura Huertas Millán), que exponen las diferentes luchas de resistencia llevadas adelante desde los cuerpos.

Por fin, el viernes traerá las últimas seis películas, cuyas narrativas surgen de trabajos colectivo o comunitario que desafían las formas jerárquicas de hacer cine y de estar en el mundo. Se trata de Ushui, la luna y el trueno (Rafael Mojica Gil); Sueños de utsu (Ana Jaramillo Beltrán); Lumbalú (Jorge Pérez); El libertario (Eugenio Gómez Borrero); Quién los mató (Jhonny Hendrix Hinestroza); y A mitad del camino (Germán Arango y Paula Medina).

Llama la atención la insistencia con que dentro de la programación reaparecen temas como la violencia política, la acción de los movimientos sociales y el campesinado, el lugar que ocupa la tradición ancestral, la ecología o las luchas que llevan adelante el feminismo y los colectivos LGBT+. “Esas temáticas son recurrentes porque, lastimosamente, son historias que en el país no dejan de repetirse”, se lamenta Saldarriaga. Pero considera que la gran diferencia se da en el abordaje que hay frente a ellos, ya que ninguna de las películas programadas expresa “un punto de vista exotizante”, sino que hablan de estas problemáticas desde sus lugares, “precisamente para no banalizar esto que nos atraviesa”.

Para ver la programación completa y la grilla diaria del FICCBA 2020, consultar en ficcba.com/ficcba-2020

Publicado enColombia
«Es de todos»: La ONU denuncia que la cotización del agua en el mercado de futuros viola derechos humanos básicos

El relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho al agua potable y al saneamiento alerta en un comunicado de los riesgos de esta práctica.

La cotización del agua en el mercado de futuros de Wall Street, como si se tratara de oro o de petróleo, viola los derechos humanos básicos y hace vulnerable al líquido elemento ante una eventual burbuja especulativa, denuncia en un comunicado el relator especial de la ONU sobre el derecho al agua potable y al saneamiento, Pedro Arrojo-Agudo.

El especialista reaccionó así a la noticia de que la compañía estadounidense de mercados financieros CME Group lanzó el primer contrato de comercio de futuros de agua del mundo. La empresa explicó que los futuros ayudarán a los usuarios del agua a gestionar el riesgo y a alinear mejor la oferta y la demanda, permitiendo, por ejemplo, a los agricultores protegerse de los aumentos de precios durante los años de sequía.

«No se puede poner un valor al agua como se hace con otros productos básicos comercializados. El agua es de todos y es un bien público. Está estrechamente ligado a todas nuestras vidas y medios de subsistencia, y es un componente esencial para la salud pública», destaca Arrojo-Agudo.

Asimismo, el relator advierte que los futuros de este tipo también podrían atraer a los especuladores, repitiendo la burbuja del mercado de alimentos en 2008. «En este contexto, el riesgo radica en que los grandes actores agrícolas e industriales y los servicios públicos a gran escala sean los que puedan comprar, marginando e impactando al sector vulnerable de la economía como los pequeños agricultores», comenta.

Según Arrojo-Agudo, «el agua ya se encuentra bajo amenaza extrema por la población en crecimiento, la demanda creciente y la contaminación grave de la agricultura y la industria minera en el contexto del impacto cada vez mayor del cambio climático».

El agua es un recurso vital para la economía, pero su valor es «más que eso», subraya el relator. En este sentido, el especialista concluye que el hecho que el agua se vaya a comercializar en el mercado de futuros de Wall Street muestra que «su valor como derecho humano básico está amenazado».

«Es de todos»: La ONU denuncia que la cotización del agua en el mercado de futuros viola derechos humanos básicos

 

Publicado enSociedad
El Índice de Desarrollo Humano 2020 desvela cómo los países más acomodados lo son a costa del planeta

Los más prósperos no lo son tanto si se considera cuánto perjudican al medio ambiente, además de las habituales mediciones sobre condiciones de vida, salud y educación de las personas, según un cálculo experimental del PNUD que hoy se presenta

 

Noruega es el país más desarrollado del mundo, según el último Índice de Desarrollo Humano (IDH) de la ONU que mide la prosperidad en función de las condiciones de vida de la población, así como el acceso a la educación y la salud. Pero si en la ecuación se incluye la presión que ejerce sobre el planeta ―sus emisiones de CO₂ y la huella que deja su consumo― cae 15 posiciones en la lista. Islandia cae 26 escalones, Australia 72 y Estados Unidos 45. El batacazo se lo llevan Singapur (-92) y Luxemburgo (-131). En resumen, sus habitantes viven acomodadamente a costa del medio ambiente. En la parte baja de la tabla, sin embargo, los países más pobres apenas obtienen una calificación de desarrollo distinta si se tiene en cuenta su impacto sobre el medio ambiente. Casi no tienen, aunque son los que más sufren catástrofes climáticas.

 “Como muestra este informe, ningún país del mundo ha logrado un desarrollo humano muy alto sin ejercer una gran presión sobre el planeta. Pero podríamos ser la primera generación en corregirlo”, explicó Achim Steiner, administrador del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en un encuentro con periodistas previo a la presentación este martes del nuevo Índice de Desarrollo Humano 2020.

En el 30 aniversario de este documento que calcula la prosperidad de los países, el PNUD propone redefinir el desarrollo. No es la primera vez. Su creación en 1990, supuso una disrupción: el IDH buscaba medir el progreso más allá del ingreso, el PIB e indicadores meramente económicos. Desde entonces, ha ajustado el cálculo a la desigualdad de sus sociedades y también a la brecha de género. Ambos parámetros ocasionan ligeros cambios en las posiciones de la lista base (condiciones de vida, educación y salud). La inclusión de indicadores relacionados con el impacto de los países sobre el medio ambiente ocasiona, sin embargo, importantes variaciones en la parte alta de la tabla.

“Ahora mismo hay un espacio vacío entre alcanzar el desarrollo humano alto y una baja presión en el planeta”, anotó Pedro Conceição, director de la oficina del PNUD responsable de este estudio, en la cita virtual con la prensa. Ningún país logra altísima prosperidad sin impactar en demasía al medio ambiente, pero hay buenos ejemplos. Uno de los que destacan los autores es Costa Rica, que ocupa la posición 62 de 189 en el IDH, pero que asciende 37 posiciones si se tiene en cuenta su nivel de emisiones y la huella ecológica de su consumo. “Ya ha aprovechado la energía hidroeléctrica y ha descarbonizado en gran medida la producción de electricidad”, anotan. España, por su parte, sube 11 puestos desde la casilla 25.

El objetivo de esta nueva medición, aseguró Steiner, no es “señalar con el dedo” a los países, sino que tomen “decisiones inteligentes” para llenar ese espacio sin dueño de un desarrollo humano elevado compatible con los límites planetarios y más equitativo. En su opinión, la crisis de la covid-19 brinda una oportunidad para conseguir que crecimiento económico no sea sinónimo de destrucción medioambiental e incremento de la desigualdad. Para ello, la reactivación de la actividad, paralizada por los confinamientos y la limitación de la movilidad para frenar la pandemia, debe contemplar medidas muy distintas de lo que se venía haciendo antes de 2020. “Lo de siempre no funciona”, insistió en esta idea que ha remarcado en cada presentación, intervención o entrevista durante el año.

Así, el administrador del PNUD apuntó que “los combustibles fósiles están altamente subsidiados”. Concretamente con cinco billones de dólares, o lo que es lo mismo, el 6,5% del PIB global, según un estudio del Fondo Monetario Internacional, citado en el informe del IDH. Unas ayudas que, por contra, no está recibiendo la gente vulnerable. “Hemos sugerido a los países que aprueben un ingreso mínimo temporal para los más pobres, los más golpeados por esta crisis. Si cierras las economías para contener al virus, no puedes condenar a la gente a quedarse sin ingresos y, básicamente, a la inanición. Tenemos una emergencia de hambre y la pobreza está en aumento. Estos son solo síntomas de corto plazo de una senda de desarrollo que nos ha dado progreso material, pero que nos ha acercado cada vez más al precipicio, no solo en términos climáticos, sino también sociales; solo hay que ver las protestas que suceden por todo el planeta. El riesgo es que volvamos a donde estábamos al comienzo de 2020″, analizó Steiner.

“En el desarrollo no se trata de elegir entre personas o árboles; sino que tenemos que repensar de qué modo progresamos”, remarcó Steiner. Hay que hacerlo, agregó Conceição, porque “la actividad humana están cambiando los procesos naturales en un nivel planetario”. La presión es tal que “no solo nos ponemos en riesgo a nosotros mismos como especie, sino a toda la vida en la Tierra”, advirtió el experto.

En esta era geológica que algunos científicos han convenido en llamar del Antropoceno, pues pone el foco en el impacto humano en el planeta, se puede conseguir tomar el control para variar el rumbo actual hacia la destrucción. “Los humanos ejercen más poder sobre el planeta que nunca. Es hora de usar ese poder para redefinir a qué llamamos progreso, uno en el que nuestras huellas de carbono y consumo ya no estén ocultas”, anotó Steiner.

El informe enumera alguno de esos mecanismos posibles para el cambio. “Primero, a través de las normas sociales (como lo es el uso de bolsas de plástico, por ejemplo). Lo segundo son los incentivos: sabemos que actualmente los precios determinan nuestras elecciones, pero no incorporan los daños al planeta. Lo tercero, hay que dejar de considerar la preservación del medio ambiente como algo que limita lo que podemos hacer; sin embargo, tenemos que ver en la naturaleza una oportunidad de continuar el desarrollo con menos presión sobre el planeta”, resumió Conceição.

La clasificación del IDH tradicional comparada con la nueva ajustada a la presión sobre el planeta se puede consultar en la página 241 del análisis que el PNUD ha redactado para sostener una idea: el bienestar de las personas es indivisible de la habitabilidad de la Tierra. Por eso, el desarrollo humano no puede ser definido como hasta ahora nunca más, ignorando al medio ambiente. De momento, el organismo de la ONU ha puesto sobre la mesa esta propuesta “experimental”, según sus términos, de medición del progreso. El objetivo: que los dirigentes tomen decisiones para mejorar la vida humana y preservar lo que la hace posible.

 

Paracuellos De Jarama - 14 DEC 2020 - 18:10 COT

Publicado enEconomía
  Un manifestante enfrentándose a las policía tunecina cerca de una barricada | REUTERS/Amine Ben Aziza.

Esta semana se cumplen diez años del inicio de las llamadas primaveras árabes, una experiencia sofocada mediante la fuerza y la represión en la mayor parte de los lugares donde se dio. Sin embargo, las sociedades árabes continúan experimentando transformaciones importantes que en cualquier momento podrían resurgir con más fuerza que entonces.

 

Cuando estallaron las llamadas primaveras árabes hace diez años, una gran parte de la población perdió el miedo, tomó las calles y coreó consignas a favor de la libertad y contra los dictadores que les gobernaban desde tiempo inmemorial. Sin embargo, fueron movimientos efímeros que pronto terminaron mal.

Los sueños se quebraron y la dura realidad del autoritarismo regresó por el mismo camino por el que se había marchado. Fue así en los afortunados países donde no les cayó encima la calamidad de terribles guerras civiles con un montón de intervenciones extranjeras, como todavía es visible en los casos de Siria, Yemen y Libia.

La chispa que puso las cosas patas arriba saltó el 17 de diciembre de 2010, cuando el vendedor ambulante Mohammed Bouazizi de 26 años se prendió fuego al cuerpo en Túnez para protestar contra la confiscación de su mercancía. La reacción a su muerte circuló por las redes a la velocidad de la luz e inmediatamente se trasladó a las calles, forzando al presidente Ben Ali a refugiarse en Arabia Saudí después de 23 años en el poder.

El mismo mes se pusieron en marcha protestas en Egipto, Libia y Yemen, y luego en otros países. El nuevo escenario puede verse hoy en el norte de África y Oriente Próximo, pese a que algunos intelectuales sostienen que la realidad ha cambiado para siempre, aunque sea parcialmente, con indiferencia de los resultados aparentes.

Hace diez años fueron muchos los árabes, especialmente jóvenes, que lloraron de emoción cuando vieron por televisión las protestas de la plaza Al Tahrir que acabaron con Hosni Mubarak. Pedían a gritos libertad, justicia y esperanza, unos deseos concretos que inicialmente no buscaban la caída del dictador.

Solo seis meses antes de su asesinato en el consulado saudí de Estambul, en octubre de 2018, el periodista Jamal Khashoggi escribió que aquellas revoluciones terminaron con el punto de vista dominante de que los árabes y la democracia eran como agua y aceite y no se podían mezclar.

Muchos egipcios consideran que el actual gobierno de Abdel Fattah al Sisi, que arrancó con un golpe de estado contra el presidente electo Mohamed Morsi en 2013, es más autoritario que el de Mubarak, lo que incrementa la frustración de una buena parte de la población. Las cárceles están más llenas hoy, la pobreza es más extrema y más jóvenes quieren emigrar para siempre.

En Bahrein la revolución fue aplastada con el apoyo militar de Arabia Saudí. El gobierno de aquel país contribuyó a paliar los efectos de las protesta distribuyendo cuantiosas ayudas a la población, que es mayoritariamente chií. Por su parte, las autoridades marroquíes contuvieron las protestas del llamado Movimiento del 20 de Febrero con reformas cosméticas.

El caso más trágico ha sido Siria, donde el gobierno de Bashar al Asad sobrevivió in extremis gracias al apoyo militar de Rusia. Las revueltas iniciadas en Deraa en marzo de 2011 fueron sin duda genuinas, pero la complejidad del tejido social y religioso hizo que todo se escapara de las manos, como era previsible, contando con numerosas intervenciones extranjeras y con un florecimiento yihadista sin precedentes que condujo a la peor experiencia humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial.

Las distintas fuerzas occidentales, árabes y yihadistas, no tan extrañas compañeras de cama, colaboraron para derrocar a Asad, la guinda a décadas de persecución y aislamiento de un régimen dispuesto a colaborar y trabajar con Occidente, como se vio en la guerra de Irak de 1991, pero reacio a admitir las injustas exigencias de los aliados de Israel.

¿Hasta qué punto Occidente está dispuesto a tolerar el islam político?

La pregunta central es hasta qué punto Occidente está dispuesto a tolerar el islam político. Naturalmente, hay casos y casos. No es lo mismo admitir el islam político en Siria que en Egipto. En Siria se debe descartar, pero en Egipto quizá no, a la vista de la experiencia incruenta del presidente Morsi. En algún momento tendrá que darse ese paso, máxime si tenemos en cuenta que el islam político parece haber renunciado completamente a la violencia.

Todavía es demasiado pronto para hacer un balance de las revoluciones árabes, aunque el tiempo transcurrido indica que una parte considerable de la población árabe está cambiando rápidamente y que los arquetipos tradicionales ya no son tan homogéneos y rígidos como antes, especialmente en relación con el islam político.

A veces las revoluciones necesitan muchos años para cristalizar, y este podría ser un caso de esos. Pero también es cierto que la circulación de ideas se hace hoy mucho más rápidamente que en el pasado y no hay que descartar que las fallidas primaveras de hace una década se renueven en un plazo de tiempo no demasiado lejano y con más fuerza que entonces pillando a Occidente desprevenido.

15/12/2020 07:26

Publicado enInternacional
Martes, 15 Diciembre 2020 05:24

Anarquismo y Reformas

Anarquismo y Reformas

 Una breve reseña de nuestro primer número en el periódico comunista con base en Nápoles, Prometeo, trata principalmente de un artículo de Merlino*, y el reseñante reflexiona sobre la incomprensión básica de quienes afirman saberlo todo y que nunca se equivocan. Dice, ‘Aunque la definición parezca extraña, existe sin dudas una categoría de anarquista reformista’.

Claramente Prometeo cree haber hecho un descubrimiento.

A pesar de lo implacentero de la palabra, que ha sido abusada y desacreditada por los políticos, el anarquismo siempre ha sido y nunca podría ser otra cosa que reformista. Preferimos usar la palabra reformador para evitar toda confusión posible con quienes oficialmente se les clasifica de ‘reformista’y que luchan por mejorías pequeñas y con frecuencia ilusorias para hacer que el régimen sea más aceptable, ayudando por lo tanto a reforzarlo; o quienes, de buena fe, buscan eliminar los males sociales mientras reconocen y respetan (en la práctica y si es que no en la teoría) las instituciones políticas y sociales mismas que han dado pie y alimentan aquellos males.

La revolución, en el sentido histórico de la palabra, significa la reforma radical de las instituciones, ejecutada raudamente por medio de la insurrección violenta del pueblo contra el arraigado poder y privilegio.

Y somos revolucionarios e insurreccionarios porque queremos no solamente mejorar las instituciones que existen ahora, sino destruirlas completamente, abolir todas y cada una de las formas de poder del humano sobre el humano y todo parasitismo, de todo tipo, sobre el trabajo humano. Porque, también, queremos hacerlo tan rápido como sea posible y porque estamos convencidos de que las instituciones nacidas de la violencia se mantienen con la violencia y solo caerán si se les opone violencia suficiente.

Pero la revolución no puede ocurrir a pedido. ¿Debemos, entonces,  permanecer como espectadores pasivos, esperando que el momento correcto se presente. E incluso tras una insurrección exitosa, podremos realizar repentinamente todos nuestros deseos y que por algún milagro convirtamos el infierno del gobierno y el capitalismo en el cielo del comunismo libertario — esto es, la libertad completa del individuo en solidaridad de intereses con otros?

Estas son ilusiones que echan raíz en suelo autoritario; pues los autoritarios ven a las masas del pueblo como materia prima a ser manipulada hacia el molde que sea que ellos quieran a través del ejercicio del poder por decreto, por la pistola y las esposas.

Pero aquellas no son ilusiones anarquistas. Necesitamos del consentimiento del pueblo y debemos por lo tanto persuadir por medio de la propaganda y el ejemplo. Debemos educar y buscar cambiar el ambiente de tal modo que la educación sea accesible para un número siempre creciente de personas.

Todo, tanto en la historia como en la naturaleza, ocurre gradualmente. Cuando una represa revienta (es decir, muy rápido, aunque siempre bajo la influencia del tiempo) es porque o bien la presión del agua ha crecido demasiado para que la represa siga conteniendo o por la desintegración gradual de las moléculas del material del que está hecho la represa. De igual modo, las revoluciones estallan bajo la creciente presión de aquellas fuerzas que buscan el cambio social y ese punto se alcanza cuando el gobierno existente puede ser derrocado y cuando, por procesos de presión interna las fuerzas del conservadurismo se debilitan progresivamente.

Somos reformadores hoy en tanto buscamos crear las condiciones más favorables y el mayor número posible de personas responsables y conscientes necesario para desencadenar una insurrección popular exitosa.

Hemos de ser reformadores mañana, cuando la insurrección haya triunfado y la libertad se haya obtenido, en tanto hemos de buscar, por todos los medios que la libertad disponga — por la propaganda, el ejemplo y la resistencia — incluyendo la resistencia violenta contra quienes destruirían nuestra libertad — ganarnos a un número siempre creciente de personas hacia nuestras ideas.

Pero nunca hemos de reconocer — y aquí es donde nuestro ‘reformismo’ difiere de aquel tipo de ‘revolucionismo’ que termina sumergido en las urnas de votación de Mussolini o de otros de su especie — nunca hemos de reconocer las instituciones [existentes]. Hemos de llevar a cabo todas las reformas posibles en el espíritu en el que un ejército avanza siempre arrebatando en su camino el territorio ocupado por el enemigo. Y siempre hemos de permanecer hostiles a todo gobierno — ya sea monarquista como el de hoy o republicano o bolchevique, como el de mañana.

Por Errico Malatesta

Marzo de 1924

Publicado enPolítica
Lunes, 14 Diciembre 2020 05:56

¿El gran perdedor?

¿El gran perdedor?

No hay nada que aguante menos Trump que ser calificado de "perdedor"; es literalmente una condición sicológica, parte de su síndrome narcisista. Un bully que pierde, huye o se esconde, pero un bully que tiene el puesto más poderoso del mundo es sumamente peligroso, y Trump está dispuesto a llevarse a todo el país antes de aceptar que fue derrotado.

Trump, responsable junto con todo su equipo del manejo irresponsable de la pandemia, a tal grado que se le puede atribuir un gran porcentaje de las casi 300 mil muertes y casi 14 millones de contagiados, ha estado abiertamente impulsando un autogolpe de Estado. O sea, él y cientos de políticos republicanos han declarado que para salvar la república y su democracia tienen que destruirlas.

Cientos de miles, millones, apoyan esto aquí. Una mayoría abrumadora de republicanos o los que votaron por Trump creen que hubo fraude, a pesar de una ausencia de pruebas. Más aún, sólo 27 de los 249 republicanos en el Congreso federal han reconocido el triunfo del demócrata Joe Biden.

Aún es difícil creer que más de 74 millones votaron por lo que cualquier ser consciente y racional tiene que concluir que es el peor presidente, el más corrupto y peligroso jamás visto, impulsor de un gran engaño populista que convenció a amplios sectores de trabajadores, devastados por políticas neoliberales y sus efectos, y hartos de los que justifican esas políticas, incluyendo las grandes figuras demócratas y su retórica elegante. Aún más difícil es aceptar que millones –sobre todo sus supuestos representantes políticos– creen, o pretenden creerle al presidente más mentiroso de la historia que ganó la elección. Y ahora algunos están listos para golpear e incluso matar a otros estadunidenses para defender ese engaño.

En las calles de la capital y en otras ciudades, el equivalente de las camisas cafés, las milicias nazis que ayudaron a llevar a Hitler al poder, ahora se llaman Proud Boys y los Bogaloo, y dicen que están listos para dar la vida a su causa.

El distinguido profesor de leyes en Harvard, Laurence Tribe, recientemente advirtió que "al aproximarnos al 20 de enero (día de la transición presidencial), es más probable que el sector armado de la base de Trump se vea inminentemente amenazado con la extinción y responda con violencia. Ésa es la amenaza más inminente que enfrentamos como estadunidenses".

La violencia en este país es parte integral de su historia y no se puede entender casi ningún capítulo de su existencia sin tomar en cuenta la sangre que corre a lo largo de su gran experimento democrático, como a este país le gusta llamarse. Es una historia que nace con el "encuentro" violento y genocida con el mundo indígena, el secuestro brutal de africanos y su esclavitud y el racismo tan presente, la historia de la explotación y discriminacion de trabajadores inmigrantes, largo historial de represión oficial contra los que se atrevieron a luchar contra la violencia sistémica, una historia de guerras que no han cesado.

Esa violencia prevalece debajo en esta coyuntura definida entre la agenda neoliberal imperante durante los últimos 40 años y el ascenso al poder del proyecto neofascista de los últimos cuatro años. Entre las nuevas camisas cafés por un lado y un llamado al "regreso a la normalidad" ofrecido por los viejos neoliberales que ganaron la elección, ninguna puede resolver la crisis que atraviesa Estados Unidos. Por lo tanto la gran interrogante es si este país –o bien sus mayorías– tienen salvación, o si ahora este país –el cual se autoproclama el gran campeón del mundo– está por convertirse en el gran perdedor, junto con su presidente.

Eso dependerá de las corrientes rebeldes defensoras de la dignidad y que actúan en nombre de la solidaridad, que hablan y cantan en cientos de idiomas que han democratizado –o luchado por ello– a este país desde sus orígenes hasta ahora. Eso ya empezó, una vez más.

We gotta get out of this place. The Animals. https://www.youtube.com/watch?v=Q3mgapAc VdU&feature=youtu.be

Rock and a hard place. Rolling Stones. https://www.youtube.com/watch?v=RiTw4hwr7 YI&feature=youtu.be

Publicado enInternacional
Los primeros pasos de Luis Arce en el laberinto boliviano

Después de una inesperada victoria con más del 55% de los votos, Luis Arce Catacora cumplió su primer mes en el palacio presidencial con la crisis económica como principal desafío. El nuevo mandatario constituyó un gabinete más «técnico» que los del pasado, aunque tiene que responder a las demandas y presiones las organizaciones sociales que son su base de apoyo, y convivir con Evo Morales, que aún debe encontrar su espacio como ex presidente y líder del Movimiento al Socialismo (MAS).

 

En su primer mes como presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora ha organizado un gobierno «tecnocrático de izquierda», aunque con áreas manejadas por los sindicatos y organizaciones sociales que lo apoyan, y ha establecido una cierta «división del trabajo» con Evo Morales, el poderoso líder de su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS). En su corto tiempo en La Casa Grande del Pueblo, el ex ministro de economía buscó diferenciarse del ex presidente con un estilo menos mediático y austero de gobierno (viaja, por ejemplo, en vuelos comerciales).

Arce cumplió sus promesas electorales más inmediatas: entregar una ayuda estatal en efectivo de 140 dólares a más de un tercio de la población (el Bono contra el Hambre), implantar un impuesto a las grandes fortunas y comenzar la investigación y sanción de los supuestos delitos represivos del gobierno interino de Jeanine Áñez. Por otra parte, el ministro de Justicia, Iván Lima, ha dado los primeros pasos de una muy necesaria reforma del sistema judicial, el poder más cuestionado de Bolivia, la cual podría requerir de un cambio parcial de la Constitución.

Arce también ha cometido sus primeros errores. Uno de ellos, hablar de una posible devaluación del boliviano, que se mantiene estable, con pequeñas variaciones frente al dólar, desde hace veinte años. Junto al impuesto a las grandes fortunas y los nervios poselectorales, estas declaraciones causaron la pérdida de 1.200 millones de dólares de las reservas internacionales del país, que hoy se encuentran en su nivel más bajo en décadas. Por eso, el desafío más complicado que tiene el estratega de la prosperidad boliviana durante la mayor parte de los 14 años del gobierno del MAS es impedir que la recesión derivada de la pandemia de coronavirus y las dificultades crónicas de la industria gasífera, la principal actividad exportadora del país, hagan escasear las divisas y detonen una crisis financiera. Algunos economistas consideran que este problema se tornará agudo apenas Bolivia recupere un ritmo más normal de actividad económica y comience a importar bienes extranjeros en mayores cantidades.

Caracterización del gobierno

Arce ha llenado el gobierno, sobre todo el área económica, de «técnicos» que responden a sus directrices y que se foguearon como funcionarios en el tiempo de Evo Morales (2006-2019). Los funcionarios que ocupaban la «segunda línea» durante la administración del MAS han dado un paso adelante y ahora son los mandamases del Estado. De ahí la importancia que ha adquirido el discurso de «renovación dentro del proceso de cambio», el cual apunta a impedir que los espacios de poder vuelvan a ser ocupados por el llamado «entorno» del ex-presidente. El regreso de este grupo de dirigentes al gobierno sería algo así como el retorno de los ex-jefes de quienes hoy ostentan los principales cargos. Como es lógico, esto es algo que no desean. Los miembros del viejo «entorno», por su parte, ya han expresado algunas quejas sobre su situación de marginalidad, lo que podría agravarse en el futuro.

El resultado neto ha sido un gobierno con cierta inclinación tecnocrática; una orientación que nadie hubiera relacionado con el MAS de los años «heroicos», esos en los que surgió del campo, avanzó lentamente sobre las ciudades y, ganando elecciones, forjó su dominio sobre la política nacional. En cambio, el espíritu tecnocrático ya estaba presente en el último tramo de la larga gestión de Morales, por la inevitable cooptación de un partido emergente por parte de las estructuras y dinámicas estatales, y por el agotamiento de la rentabilización política de los logros simbólicos, al comienzo los más importantes. No obstante, cabe señalar que el espíritu técnico marcó, durante los 14 años de gestión, al Ministerio de Economía liderado por Arce, una área que siempre se mantuvo «blindada» a los movimientos sociales y fue manejada con prudencia, sin los experimentos que se hicieron en otras áreas del Estado plurinacional.

La preponderancia de los profesionales que, en palabras de Arce, son «aymaras y quechuas que se prepararon en las universidades gracias al proceso de cambio», sigue sin ser suficientemente meritocrática para la oposición. Esta corriente expresa a la clase media tradicional, que en el pasado era «dueña» de estos puestos. Por tanto, los opositores han preferido destacar críticamente el hecho de que algunos ministerios y viceministerios, como los de Educación, Culturas y Desarrollo Rural, fueran encomendados a dirigentes de las organizaciones sociales. También ha criticado las disputas por «pegas» –como se denomina coloquialmente en Bolivia a los puestos estatales–, pasando por alto que estas peleas se registran desde el nacimiento de Bolivia y que incluso se remontan a la Colonia. En un país pobre y con pocas actividades privadas florecientes, trabajar en el Estado es la mejor y muchas veces la única vía de ascenso social. En todo caso, en esta ocasión los enfrentamientos entre militantes que demandan ser contratados están siendo más intensos a causa de la grave crisis económica que vive el país. Esta se expresa, entre otros indicadores, en una caída de 8% del PIB y en un desempleo abierto de 11%, más del doble que el de 2019.

La crisis es peor si se es pobre

Un refrán dice que «con dinero hasta la pobreza es más llevadera». Esta paradoja se aplica perfectamente a la situación de Bolivia en las dos décadas pasadas, en el «tiempo de bonanza». Entonces el país siguió siendo pobre, el segundo más carenciado de Sudamérica, pero tuvo más ingresos que nunca en su historia y esto le permitió montar el «Modelo Económico Comunitario Social y Productivo», que es la obra de la que Arce está más orgulloso.

En su gestión como ministro de Economía de Evo Morales, volcó la abundancia monetaria hacia el mercado interno y, como las finanzas nacionales estaban bien equilibradas y no había inflación, este flujo aumentó la capacidad de compra y, con ello, el bienestar general de los bolivianos. Es cierto que una parte de este poder adquisitivo se aplicó a la importación de bienes extranjeros, pero los ingresos por exportaciones eran lo suficientemente altos como para proveer las divisas necesarias. En cambio, otra parte de la liquidez se convirtió en demanda interna, dinamizando los emprendimientos, generando empleos nuevos y mejorando los existentes, todo lo cual disminuyó la pobreza y la desigualdad.

Una de las principales razones por las que Arce fue electo con más del 55% de los votos en octubre pasado fue la confianza de la población en sus dotes como economista, que él aprovechó convirtiendo la superación de la «corona-crisis» en el eje de su propuesta electoral. Ahora le toca cumplir lo prometido, en un contexto muy distinto al que, años atrás, supo modelar a favor del país. No solamente por la recesión productiva provocada por la pandemia, que finalmente puede considerarse un fenómeno coyuntural, sino sobre todo por el agotamiento del «ciclo del gas» como fuente del excedente nacional.

Debido a su peculiar conformación geográfica y geológica, la montañosa y selvática Bolivia se ha especializado en la extracción de recursos naturales no renovables, y no cuenta con muchas alternativas a este tipo de explotación. Para dar una idea de ello, digamos que la primera exportación «no tradicional» del país es la soya, con apenas tres millones de toneladas por año, esto es, 5% de lo que produce Argentina, 3% de lo que vende el Brasil y un tercio de la producción de Paraguay.

Pues bien, las reservas de gas del país, que en los años 90 llegaron a ser las principales reservas certificadas de Sudamérica, han decaído significativamente y la renta que generan en favor del Estado, que en 2013 fue del orden de los 3.500 millones de dólares, en 2019 rondaba los 1.500 millones. La causa externa de esta caída es la disminución de los precios, pero también hay una causa interna vinculada a la falta de nuevos descubrimientos. Desde 2006 se han perforado 74 pozos exploratorios –una cantidad baja respecto a los parámetros internacionales–, y ninguna de las perforaciones resultó exitosa.

La escasez de las inversiones en extracción de gas y minerales constituye uno de los puntos flacos del modelo eminentemente redistribuidor diseñado por Arce y Morales. Esta debilidad se ha ido manifestando en los últimos años en un creciente desfinanciamiento de la economía, que ha sufrido déficits comerciales y fiscales cada vez mayores. La recesión producida por la pandemia ha acelerado y profundizado esta deriva, lo mismo que, según ha denunciado Arce, la irresponsabilidad de las autoridades que lo precedieron, al mando de Jeanine Áñez. El déficit fiscal de este año será superior al 12% del PIB. Además, de acuerdo al Ministerio de Economía, el gobierno interino aumentó la deuda externa en 1.500 millones de dólares, con lo que esta pasó del 27% al 30% del PIB, e incrementó la deuda interna en 2.700 millones de dólares, hasta un total de 8.700 millones de dólares, que equivale al 21% del PIB. Por tanto, un mayor endeudamiento resulta hoy desaconsejable. Por otra parte, desde octubre de 2019 –es decir, antes de la crisis política ocurrida tras las elecciones de ese mes y el posterior derrocamiento del presidente Evo Morales– hasta el momento actual, las reservas de divisas cayeron de 7.400 a 5.100 millones de dólares.

No está claro qué hará Arce para corregir el comportamiento de la economía boliviana. Por lo pronto, ha abrogado la mayoría de los decretos económicos aprobados por Áñez, que en su opinión abrían una senda de retorno al neoliberalismo. Entre ellos estaba la liberalización de las exportaciones agroindustriales, aprobada por presiones de los agroexportadores de Santa Cruz y con el anunciado propósito de compensar con una mayor venta de alimentos las pérdidas que registraba el país en el comercio internacional. Arce volvió así a la vieja política de fijar cupos a las exportaciones agrícolas, lo que le permitirá controlar los precios internos de algunos alimentos. La oposición ha criticado esta decisión como un «preocupante» retroceso a unas circunstancias del pasado que ya no existen más. En este momento Bolivia no solo no tiene inflación, sino que incluso está siendo amenazada por la deflación.

La polarización sigue agazapada

La contundente victoria del MAS en las elecciones de octubre pasado ha dejado a la oposición noqueada: al mismo tiempo, la reducción de los contagios de coronavirus ha provocado un clima de distensión. Sin embargo, la polarización política y social que divide a la población boliviana solo se sumergió por un tiempo y resurgirá nuevamente cuando la pandemia vuelva a apretar (aparentemente antes de lo esperado), cuando se realicen las elecciones municipales y autonómicas, en marzo del próximo año, o si la crisis económica se agrava.

La clase media «tradicional» –lo que, derechamente, significa «blanca»– hizo de la derrota del MAS en las elecciones –e incluso de la desaparición de esta fuerza como opción electoral– su gran objetivo político. Así que está viviendo el momento presente con gran amargura, pues el resultado en las urnas le confirma que constituye una minoría étnico-racial y político-electoral en el país. Sin embargo, aunque por lo pronto de encuentren exhaustas por todo lo vivido y por la crisis, estas capas medias van a sentirse nuevamente empujadas a la política en caso de que la situación se deteriore.

La polarización en sordina de este momento se alimenta de las acciones judiciales que están siendo instrumentadas contra los supuestos autores de las graves violaciones de los derechos humanos en los días inmediatamente posteriores a la asunción de Áñez a la presidencia, que se saldaron con más de 30 muertos y cientos de heridos de bala. Y también de los procesos contra el ex-líder cívico cruceño y ex-candidato presidencial Luis Fernando Camacho, por supuestamente haber instigado a la Policía y las Fuerzas Armadas a plegarse al «golpe de Estado» que, según el MAS, fue el que causó la caída del presidente Morales el 10 de noviembre de 2019.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se halla investigando los hechos en torno a esta fecha; al mismo tiempo, un fiscal ordenó la detención del general Alfredo Cuéllar, comandante de la guarnición de Cochabamba, acusado de haber dirigido a las tropas que reprimieron una marcha en Sacaba, en la que murieron diez manifestantes. Inmediatamente después, el alto mando de las Fuerzas Armadas rompió los protocolos conocidos y apareció en la televisión leyendo un comunicado en el que se declaraba «desconcertado» por el hecho de que este general estuviera siendo procesado por vía ordinaria. También recordó que Áñez había emitido un decreto que exoneraba a los militares de ser investigados por los tribunales civiles.

El gobierno de Arce no respondió directamente a esta inusitada iniciativa militar, pero sus voceros han insistido en que los militares responsabilizados por la represión deben someterse a los procedimientos comunes y en que las Fuerzas Armadas están obligadas a informar al Grupo de Expertos sobre los sucedido en Sacaba y en otras acciones violentas, como el desbloqueo de la planta de combustibles de Senkata, en la ciudad de El Alto, colindante a La Paz, en el cual murieron otras once personas. Hasta ahora los militares han considerado la información sobre la represión ordenada por Áñez como un secreto militar.

Arce no parece tener una estrategia para cumplir su promesa de justicia para las víctimas de las masacres y al mismo tiempo conservar unas relaciones razonablemente cordiales con las Fuerzas Armadas. Por esta razón, se ve sobrepasado por iniciativas descoordinadas de los fiscales, los cuales suelen tratar de congraciarse con los gobiernos de turno, y de ciertos miembros del MAS ansiosos de notoriedad, como los que están demandado a Camacho. Esta última iniciativa puede resultar muy onerosa para el gobierno por el carácter político de las acusaciones, la preocupación que estas han despertado en los organismos de derechos humanos y la popularidad del dirigente cruceño, posible candidato en las elecciones regionales de marzo próximo.

Lucho y Evo, ¿Lucho versus Evo?

A esta altura, la división del trabajo entre «Evo», de un lado, y «Lucho», como se conoce popularmente al presidente, del otro, ha quedado definida. El delfín se ocupará de administrar los recursos y el personal del Estado, mientras que Morales «orientará» la brigada parlamentaria del MAS, que cuenta con mayoría absoluta en las dos cámaras de la Asamblea Legislativa, y seguirá siendo el jefe de su partido. Se trata de dos libretos distintos, pero relacionados entre sí, por lo que nada garantiza que no se vayan a dar choques en el futuro. Algunos roces ya se han producido en este corto mes a cargo del poder ejecutivo.

Por ejemplo, Arce no mencionó a Evo Morales en su discurso de posesión ni asistió a los actos de celebración por el retorno de este último del exilio en Argentina. En cambio, ambos dirigentes almorzaron con cordialidad en la Casa Grande del Pueblo, la nueva sede del poder ejecutivo. Se sabe que Morales le ha pedido a Arce más de una vez que no descartara para los altos cargos del Ejecutivo a los colaboradores de sus tres gobiernos, tal como el presidente y el vicepresidente David Choquehuanca prometieron durante la campaña electoral. Este veto le parece a Morales una censura implícita a su gestión, que él encuentra exitosa para el país y para el MAS. Hasta ahora, Arce no le ha hecho caso. También se sabe que en el «entorno» evista se cree que el gabinete es demasiado técnico y juvenil, y que no cuenta con un equipo político que esté a la altura de los desafíos que plantea la coyuntura.

Es probable que la tensión principal se vaya a dar entre Morales y Choquehuanca, que también es indígena, que ha tenido roces con el jefe de su partido en el pasado –especialmente tras su salida de la Cancillería, que ocupó entre 2006 y 2017–, y que en su discurso de juramentación pareció criticarlo («El poder debe circular igual que la sangre», aseveró entonces). Los seguidores de Choquehuanca no han logrado muchas posiciones en el gabinete, pero han comenzado a aparecer en los cargos inmediatamente inferiores. Ambos líderes son aymaras, pero se considera que Morales tiene más fuerza en la zona quechua del país, donde vivió la mayor parte de su vida.

Evo Morales casi nunca ha podido evitar hacer confidencias públicas y tampoco sabe circunscribirse al espacio que se supone que le corresponde. En este último tiempo, por ejemplo, deseó en voz alta que Álvaro García Linera, sea elegido como embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), pues podría usar su capacidad expositiva para explicar en esta organización que no hubo fraude en las elecciones de octubre de 2019, como definió y publicitó su secretario general, Luis Almagro, hoy el mayor enemigo internacional de Morales y del MAS. Es improbable que este deseo se vea satisfecho, lo que solo terminaría incomodando al anterior vicepresidente. En relación a estas características de su personalidad, Arce declaró que Morales «no va a cambiar. Y tampoco pretendemos que cambie. Va a ser así nomás».

Morales se encuentra por el momento concentrado en las elecciones de marzo, organizando la compleja selección de candidatos en el MAS y preparando la campaña electoral, una de las actividades que más lo animan. Luego de esos comicios posiblemente se vea tentado de incidir más en el rumbo del gobierno.

Publicado enInternacional
Los manifestantes se enfrentan a la policía durante una manifestación contra el gobierno del presidente chileno Sebastián Piñera.

Los jóvenes de Chile, Guatemala, Perú y Argentina han estado en primera línea de los movimientos sociales que han sacudido buena parte del continente latinoamericano en los últimos meses

María García Arenales

//twitter.com/@MGArenales">@MGArenales

12 de diciembre de 2020 21:50h

Las protestas lideradas por jóvenes en este último tiempo han generado cambios importantes en países como Chile, que redactará una nueva Constitución; Guatemala, que suspendió la aprobación de unos polémicos presupuestos; o Perú, donde el presidente interino Manuel Merino tuvo que renunciar. Esta nueva generación, principalmente personas que han nacido a partir de los años 90 y que por tanto no han vivido los traumas de la dictadura, protestan contra un sistema que consideran injusto y corrupto.

El estallido social como consecuencia del descontento ciudadano no es ninguna novedad, y menos en América Latina, una de las regiones más desiguales del mundo. Sin embargo, la frecuencia de las protestas multitudinarias ha ido en aumento en los últimos años, sobre todo desde que en 2015 los precios de materias primas como el petróleo, el cobre o la soja se desplomaron, provocando un efecto devastador en la región. A partir de ese año no solo crecieron las tasas de pobreza en Latinoamérica, sino también los movimientos neopentecostales y la extrema derecha, lo que generó un contexto mucho más incierto en una situación de descrédito de la democracia por su incapacidad de dar respuestas adecuadas a los problemas de la población.

Los jóvenes, al igual que ocurrió en épocas pasadas en América Latina, están siendo ahora los grandes protagonistas de las movilizaciones sociales que ha habido en países como Chile, Perú, Ecuador, Bolivia o más recientemente Guatemala. Protestan por la desigualdad, la corrupción, la fragilidad institucional, la falta de oportunidades o la informalidad laboral y lo hacen de diversas formas, desde caceroladas y protestas pacíficas en plazas hasta saqueos y destrucción de mobiliario público. 

Una nueva generación

A diferencia de los jóvenes de generaciones anteriores, los de esta han nacido inmersos en un entorno digital y no tienen ni miedo ni traumas por haber vivido en dictadura, si bien, se han criado en un ambiente de crisis y precariedad constante. Las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental para sus reclamos.

"Hay tres aspectos importantes. El primero es que se trata de personas nacidas y educadas en la era digital, con todo lo que eso implica en términos de sociabilidad, y lo segundo es que son jóvenes que no han vivido la dictadura en primera persona como sus padres o abuelos. Eso marca una diferencia y hace más difícil que la precariedad de estas democracias que se están viviendo convenza a estos sectores de la población", explica a elDiario.es la uruguaya Yanina Welp, investigadora del Centro para la Democracia Albert Hirschman con sede en Ginebra.

El tercer elemento que diferencia a los jóvenes de esta nueva generación, tiene que ver con unas expectativas socioeconómicas "muy deterioradas". "Si en el mundo en el que yo era joven la expectativa era que los hijos viviríamos mejor que nuestros padres y abuelos, ahora esto ya no se da", dice Welp, integrante de la Red de Politólogas. En algunos países los jóvenes de entre 18 y 30 años son quienes están impulsando verdaderos cambios en sus democracias.

¿Cuáles son los casos más significativos?

En Chile, la juventud ha tenido un papel clave en la movilización social y en el cambio de ciclo político que se ha producido desde el año 2000. El gran auge de los movimientos sociales comenzó en 2006 con el denominado "movimiento pingüino", en el que estudiantes de educación secundaria protestaron contra la privatización de un sistema impuesto en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Ese movimiento abrió las puertas para que en 2011 se movilizaran los universitarios. Esta movilización fue un fenómeno tan importante que tiempo más tarde generó nuevos liderazgos políticos como Camilla Vallejo o Gabriel Boric, ambos diputados actualmente, y nuevas formaciones políticas.  

"No hay duda de que los jóvenes son quienes han empujado el cambio político en Chile en los años recientes. Esta generación no tiene la experiencia de crecer en dictadura, no tienen esa carga ni esos traumas, y son mucho más exigentes. No tienen miedo y eso se vio el año pasado cuando desafiaron el toque de queda durante el estado de excepción que decretó el Gobierno Sebastián Piñera", explica a este medio Claudia Heiss, directora de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad de Chile. 

La politóloga hace referencia al estallido social que se produjo en Chile en octubre de 2019, a raíz de que el Gobierno anunciara una subida en el precio del metro de Santiago y los estudiantes comenzaran a protestar. Pero más allá del alza de precio en el transporte, la población chilena comenzó a salir a las calles de forma masiva para pedir un aumento de las pensiones y del salario mínimo, además de cambios profundos en el sistema educativo y en salud. En definitiva, cambios para reducir las desigualdades. "En esas marchas hubo muchos jóvenes y fueron ellos quienes estuvieron en primera línea y se enfrentaron con los carabineros (policía militarizada), pero también hubo un grupo muy importante de gente de mediana edad endeudada con la educación", aclara Heiss.

Tras esas intensas protestas de 2019 contra la precariedad de los servicios públicos, el Gobierno chileno se vio obligado a convocar un referéndum en abril de este año para que la población decidiera si se redactaba una nueva Constitución que sustituyese a la vigente, heredada de la dictadura. Y en esta votación, que se aplazó hasta octubre debido a la pandemia del coronavirus, una aplastante mayoría (78%) votó a favor de cambiar la Carta Magna. "Por primera vez los jóvenes de entre 18 y 25 años, que son quienes menos votan en las elecciones por lo general, se movilizaron de manera masiva para votar en los comicios del 25 de octubre para cambiar la Constitución. De alguna manera era la movilización que ellos habían impulsado en la calle", recuerda la politóloga chilena.

Heiss asegura que el Gobierno que lidera Piñera no solo está debilitado por las protestas, sino también porque "ha perdido toda capacidad de regular lo que hace el Congreso". Ejemplo de ello, continúa, "es que el Parlamento acaba de aprobar un proyecto de ley que permitirá a los ciudadanos un segundo retiro anticipado del 10% de sus fondos de pensiones, algo a lo que en principio se negó el Gobierno", pero "ha sido incapaz de hacer frente a la situación económica generada por la pandemia y al desempleo y se ha visto obligado a hacerlo".

"Es una derrota, es una agenda que va en contra de las políticas y convicciones del Gobierno. Se da, además, en un contexto de completo descrédito. En la práctica, la Constitución de 1980 ya no sirve para el propósito para el que fue creada, que era impedir reformas que avanzaran en una dirección más redistributiva o que desafiara el modelo neoliberal. Está deslegitimada tanto por la movilización social como por la derrota aplastante de la votación de octubre", concluye Heiss.

En Guatemala continúan las protestas

Andrea Reyes tiene 30 años, es de Guatemala, y además de abogada, desde hace algún tiempo también es experta en protestar. Esa habilidad la adquirió mientras estudiaba en la universidad, pero fuera de las aulas, cuando en 2015 se unió a las masivas manifestaciones que obligaron a renunciar al entonces presidente Otto Pérez Molina y a la vicepresidenta Roxana Baldetti, ambos acusados de liderar una red de corrupción aduanera. Para un país como Guatemala, históricamente dividido entre clases sociales y etnias y que aún sufre las consecuencias de una guerra civil de 36 años, esa revolución pacífica gestada en las redes sociales y en la que los jóvenes tuvieron un papel destacado, supuso todo un hito. "Los estudiantes de universidades privadas de Guatemala nunca habían salido a la calle a manifestarse y en 2015 no solo lo hicieron, sino que se unieron a los de las públicas. Todos salimos a protestar contra la corrupción y el Gobierno de Pérez Molina, al igual que otros muchos sectores de la sociedad", recuerda Reyes a elDiario.es.

Cinco años después, las intensas protestas han vuelto a la nación centroamericana terminando incluso con una parte del Congreso en llamas. Esta vez el estallido se produjo después de que el 18 de noviembre el Congreso aprobara los polémicos presupuestos generales para 2021, que implicaban recortes en áreas como salud, educación y ayudas sociales en plena pandemia. Sin embargo, la aprobación de estos presupuestos solo ha sido la gota que ha colmado el vaso, ya que en estas últimas semanas la población también se ha manifestado contra la corrupción y la gestión del Gobierno que lidera el conservador Alejandro Giammattei.

"Algunas autoridades pensaron que ya no iba a despertar la plaza otra vez, se habían confiado, pero volvió a ocurrir. La convicción de los jóvenes es impresionante y la forma en que fueron reprimidos solo va a tener el efecto de fortalecer esa convicción", dice por su parte el procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas. A raíz de estas protestas, el Congreso tuvo que dar marcha atrás y suspendió la aprobación de esos presupuestos. Aún así, las manifestaciones contra el Gobierno y el Legislativo continúan en Guatemala, que vive un contexto muy diferente al de años atrás, agravado por la pandemia. En este país de 17 millones de habitantes el coronavirus ya ha dejado más de 4.170 fallecidos y más de 122.000 contagios.

Andrea Reyes confía en que estas nuevas movilizaciones sociales también generen cambios en el país, pues asegura que el Estado guatemalteco está cooptado por las mafias de las élites empresariales y del crimen organizado. Además, tampoco hay que olvidar que la situación ha empeorado desde que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), auspiciada por la ONU, tuviera que abandonar el país en 2019 tras 12 años de intenso trabajo contra la corrupción después de que el anterior Gobierno de Jimmy Morales (2016-2020) decidiera no renovar el mandato de ese organismo.

El caso peruano

Perú también ha vivido este mes de noviembre protestas masivas en las calles como no se recordaban en años. La crisis política y social se desató en el país andino el pasado 10 de noviembre, cuando el Congreso destituyó a Martín Vizcarra como presidente por presunta corrupción cuando ejercía como gobernador de Moquegua (2011-2014). Vizcarra fue reemplazado por Manuel Merino, hasta entonces presidente del Congreso, pero tan solo aguantó unos días en el cargo, ya que tuvo que renunciar tras las intensas movilizaciones que se produjeron en el país.

Después de una semana de convulsión política, el liberal Francisco Sagasti asumió el cargo como presidente interino y por delante tiene el importante reto de mantener la tranquilidad en el país y garantizar la celebración de las elecciones generales el próximo mes de abril. En el caso de Perú, un país con graves problemas estructurales como la corrupción y la informalidad laboral, los jóvenes también han tenido un papel protagonista en este estallido social producido en plena pandemia –que ya ha dejado más de 36.000 fallecidos y cerca de un millón de contagios–. Pese a la fuerte represión policial que provocó dos muertos y numerosos heridos en las movilizaciones, los manifestantes no se rindieron y siguieron exigiendo durante días cambios en la Constitución y el fin de la corrupción.

En estas protestas fue especialmente notoria la presencia de jóvenes de entre 18 y 24 años de clase media que "han aprendido a organizarse y politizarse a través de redes sociales", asegura Matheus Calderón, periodista del portal Comité de Lectura. "Es una generación que salía a protestar por primera vez, que ha aprendido a marchar fijándose en experiencias extranjeras a través de redes sociales, que ha aprendido incluso a apagar una bomba de gas lacrimógeno a través de Youtube, Tik Tok o Instagram", explica este joven de 26 años que ya ha participado en anteriores movimientos de protesta en Perú.

Sin embargo, Calderón considera que los verdaderos cambios llegarán a Perú cuando se politicen otros sectores de la población más allá de la clase media, porque de lo contrario, "solo habrá parches".

Movimiento feminista en Argentina

En los últimos años en países como Argentina el movimiento feminista, referente en toda América Latina y en el que las mujeres jóvenes tienen especial protagonismo, no solo ha llenado plazas en todo el país para reclamar igualdad, sino que también ha logrado marcar la agenda política. La inmensa Marea Verde que pide la legalización del aborto en el país ha continuado su incansable lucha después de que en 2018 el Senado argentino rechazó aprobar la ley que pretendía despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo y ahora el país podría estar más cerca que nunca de lograr que esta práctica sea legal, segura y gratuita. 

Este viernes, la Cámara de Diputados ha aprobado el proyecto de ley para legalizar el aborto, que ahora tendrá que pasar por el Senado. El proyecto que se votó esta madrugada autoriza a realizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14. También reconoce la objeción de conciencia de los profesionales que no quieran realizar esta práctica médica.

Ya sea la desigualdad, la falta de oportunidades o la corrupción los motivos por los que protestan, está claro que las nuevas generaciones en América Latina no están dispuestas a quedarse calladas y utilizarán todas las herramientas a su alcance –participación política, manifestaciones o redes sociales– para lograr esos ansiados cambios.

Publicado enInternacional
China enciende su "sol artificial" en busca de energía de fusión nuclear

El aparato HL-2M Tokamak es capaz de operar a 150 millones de grados Celsius (270 millones de

Fahrenheit), una temperatura 10 veces más alta que la del sol.

Otro hito para China en su búsqueda de energía limpia a través de la fusión nuclear controlada China dio el viernes otro paso adelante en su búsqueda de energía limpia a través de la fusión nuclear controlada, ya que encargó su nuevo "sol artificial", una instalación de investigación de reactores de fusión nuclear de nueva generación que opera a una temperatura 10 veces más caliente que el sol.

Según la Corporación Nacional Nuclear de China (CNNC), el aparato HL-2M Tokamak puede funcionar a 150 millones de grados Celsius, casi tres veces más caliente que la versión anterior llamada HL-2A.

La capacidad de generar una temperatura tan alta es esencial para la investigación del proceso de fusión, replicando la forma en que el sol produce energía utilizando hidrógeno y gases de deuterio como combustibles. El sol solo opera a una temperatura de 15 millones de grados Celsius.

El Reactor Experimental Termonuclear Internacional (ITER), que se está construyendo en el sur de Francia, también está diseñado para operar a hasta 150 millones de grados Celsius (270 millones de Fahrenheit).

El Instituto Coreano de Energía de Fusión anunció hace aproximadamente una semana que su reactor había logrado operar a 100 millones de grados Celsius durante al menos 20 segundos. Yang Qingwei, ingeniero jefe del Instituto de Ciencia de Fusión de CNNC en el Instituto de Física del Suroeste, fue citado por Xinhua el viernes diciendo que el HL-2M puede lograr un tiempo de confinamiento de plasma magnético de hasta 10 segundos.

"HL-2M es el sol artificial más grande de China con los mejores parámetros", dijo Xu Min, director del instituto.

La nueva instalación también tiene tres veces el volumen de plasma y seis veces la intensidad de la corriente de plasma en comparación con HL-2A, y eso mejorará sustancialmente la investigación y el desarrollo de la tecnología del generador de fusión en China, según un comunicado de CNNC, que supervisa el proyecto.

Yang dijo que el proyecto se convertiría en "un pilar importante" para ITER, del cual China es miembro junto con Estados Unidos, India, Japón, Rusia y Corea del Sur.

China apunta a desarrollar su tecnología de fusión, ya que planea construir un reactor experimental el próximo año, construir un prototipo industrial para 2035 y entrar en uso comercial a gran escala para 2050.

Beijing publicó en noviembre un plan nacional de desarrollo tecnológico comprometiéndose a lograr avances en tecnologías clave y centrales, incluida la inteligencia artificial, la ciencia aeroespacial y la exploración de la Tierra profunda y los océanos.

Muy por encima de la atmósfera, su nave espacial Chang'e 5 el jueves había levantado 2 kg (4,4 libras) de polvo lunar y rocas de la Luna para traer de regreso a la Tierra, mientras que se espera que su nave espacial Tianwen-1 Mars sonda llegue a la Tierra, mientras que se espera que su nave espacial Tianwen-1 Mars sonda llegue al Planeta Rojo. dentro de los tres meses.

Publicado enInternacional