Cambio climático: cinco años del Acuerdo de París, y queda todo por hacer

Tres noticias en las últimas semanas pueden dar un giro a la crisis climática. Por orden cronológico, el compromiso de China de llegar a la descarbonización total en 2060, la derrota de Donald Trump en las elecciones norteamericanas que devolverá a este país al Acuerdo de París, y el compromiso de la Unión Europea de reducir sus emisiones en un 55% para 2030. Son tres razones para mirar esta década decisiva con una renovada esperanza de que las cosas pueden cambiar.

El Panel científico de Naciones Unidas advirtió que esta década es definitiva en la lucha contra el cambio climático: para evitar ese cambio climático catastrófico – por encima de 1,5 º C – es imprescindible que para el año 2030 hayamos reducido globalmente las emisiones que causan el cambio climático en un 50%. Es ahora o nunca: no hay otro camino que reducir drásticamente las emisiones. La parte buena es que sabemos que podemos hacerlo.

Las grandes corporaciones de combustibles fósiles han hecho un enorme daño al clima, evitando avances en la reducción de emisiones por la acción constante de sus lobbies, bien alimentados históricamente con fondos petroleros. Conviene no olvidar esto en los años duros que tenemos por delante.

El negacionismo climático y el lavado de imagen de la industria sucia ("greenwashing") son dos productos directos de esos fondos.

Recuerdo como si fuera hoy que en la COP22 (Cumbre de Marrakech) el ambiente era de enorme pesimismo. Un año después de la firma del Acuerdo de París, Trump había ganado las elecciones y anunció su salida del tratado. Aquello puso en riesgo la pervivencia misma del Acuerdo. Hubo que superar la depresión colectiva y se conformó un gran consenso en que la lucha por el clima debía seguir delante con o sin Estados Unidos, y afortunadamente el proceso siguió adelante aunque malherido.

Las enormes movilizaciones juveniles en todo el mundo tuvieron el efecto de volver a poner el clima en la agenda política. Millones de jóvenes unidos al grito de "No hay Planeta B" fueron capaces de despertar la conciencia global. Pero el coronavirus ha caído como una losa en las movilizaciones, cuyo impacto se ha minimizado en medio de la actual pandemia. Es imprescindible que el empuje social, liderado por la juventud, retome con fuerza sus movilizaciones porque aún queda todo por hacer.

Las soluciones al cambio climático no son fáciles. Hace falta una mezcla de concienciación global,  innovación tecnológica, cambios en el modelo económico y distintos patrones de consumo. Una auténtica revolución debe ponerse en marcha y solo estamos en sus comienzos. Pero puede hacerse: hacen falta para ello enormes dosis de activismo social y de acción política.

Desde mi punto de vista, vamos demasiado despacio.  Podemos conseguir poner en marcha esa revolución, pero hay que apretar el acelerador. En este caso no se trata tanto de heroicas acciones individuales, como de esfuerzos colectivos de cambio. El sistema capitalista ha hecho demasiado hincapié en convencernos de que podemos solucionar el cambio climático con pequeñas acciones individuales, pero obviando en ese mensaje la inmensa responsabilidad de las grandes corporaciones en este problema. Por ello hace falta voluntad política y gobiernos fuertes y firmes en la convicción de que son necesarios compromisos más fuertes que los actuales. Hay que recordarlo: si no aumenta la ambición, no lograremos evitar un cambio climático catastrófico.

Las cosas han empezado a cambiar para mejor gracias al esfuerzo de muchísima gente, pero todavía estamos muy lejos de poder respirar tranquilos. La concentración de CO2 en la atmósfera sigue aumentando, y los recortes de emisiones son demasiado cortos, pero no caigamos en el desánimo. La lucha debe continuar, porque aún estamos a tiempo de llegar.

Por Juantxo López de Uralde

12 diciembre, 2020

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Para ganadores del Nobel de la Paz, la "pandemia del hambre" es más grave que la del covid-19

El Programa Mundial de Alimentos de la ONU recibió hoy el premio Nobel de la Paz. Sus responsables advirtieron que la "pandemia de hambre" puede tener efectos más graves que la del coronavirus.

 

Nobel de la Paz: sus ganadores advierten de una "pandemia de hambre" más grave que la del coronavirusEl PMA fue fundado en 1961 como una “organización humanitaria” que se dedica a la lucha contra el hambre. Es parte de la Organización de las Naciones Unidas. El año pasado repartió 15.000 millones de raciones de comida y asistió a 97 millones de personas en 88 países, según informa.

Pero la “alegría” por el premio, fue opacada por las declaraciones del director del PMA, el estadounidense David Beasley. "Debido a las guerras, al cambio climático, a la utilización generalizada del hambre como arma política y militar y a una pandemia mundial que agrava todo esto, 270 millones de personas van a pasar hambre". Además advirtió, en declaraciones retransmitidas desde la sede del PMA en Roma, que "no satisfacer sus necesidades provocará una pandemia de hambre que eclipsará la de la Covid-19".

Aunque fue galardonada el 9 de octubre con el Nobel de la Paz, el acto de entrega se concretó hoy, de forma virtual. La situación sanitaria obligó este año a reducir a la mínima expresión las celebraciones en Oslo, donde se entrega el Nobel de la Paz, y en Estocolmo, donde reciben el galardón el resto de premiados (literatura, medicina, física, química y economía).

"Este Nobel de la Paz es mucho más que un agradecimiento, es un llamado a la acción", dijo Beasley. El experto subrayó que la "hambruna está a las puertas de la humanidad" y estimó que la "alimentación es la vía para caminar hacia la paz". Estas últimas semanas, había llamado la atención sobre las situaciones humanitarias extremas que se viven en Burkina Faso, Sudan del Sur, el noreste de Nigeria y en Yemen.

Beasley marcó además lo que considera una “fuerte ironía”. “Después de un siglo de avances enormes en la eliminación de la extrema pobreza, 270 millones de personas están al borde de la hambruna". "Y por otro, en el mundo hay 400 billones de dólares de riqueza. Incluso en el momento más fuerte de la pandemia de la Covid-19, en 90 días, se generaron 2,7 billones de riqueza suplementarios. Y solo necesitamos 5.000 millones de dólares para salvar del hambre a 30 millones de personas".

Más allá de lo acertado de la crítica y la voluntad de algunos de sus integrantes, los objetivos del PMA son discutibles. Ante el aumento de la desigualdad que generó la pandemia y la crisis económica, pedir 5000 millones para salvar del hambre a 30 millones, es irrisorio ante el dilema al que se encuentra la humanidad. Los números que reconoce el organismo, y el aumento de la pobreza que registran otros organismos internacionales, hacen pensar que la solución tiene que ser mucho más radical.

Mucho más si escuchamos las últimas palabras del discurso del referente del organismo. "Cuando no tenemos dinero ni el acceso que necesitamos, tenemos que decidir qué niños comen y qué niños no comen, qué niños viven y qué niños mueren", recordó Beasley. "Por favor, no nos pidan que decidamos quién vivirá y quién morirá (...) Alimentémoslos a todos".

El acto de entrega del Nobel de la Paz se convirtió otra vez en un símbolo. En medio del aumento de la crisis, donde cientos de miles mueren por falta de higiene y atención médica y otros miles de hambre, los organismos internacionales muestran todos los límites para lidiar con las consecuencias que el mismo capitalismo genera.

Jueves 10 de diciembre | 13:13

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Honduras: un valle de lágrimas y de resistencias

El Valle de Sula, actualmente arrasado por los huracanes Eta y Iota y fuertemente afectado por la pandemia de covid-19, ha sido históricamente el corazón de la ocupación trasnacional en Honduras. También ha sido el corazón de una resistencia vigorosa. Las estructuras para resistir la explotación laboral sirven hoy para organizar la solidaridad social.

 

El pueblo hondureño vive actualmente acechado por la pandemia y las catástrofes ambientales que han causado cientos de muertes y enormes pérdidas en el país. Pero también vive otra pandemia: la de la violencia de un Estado que no ha funcionado más que para profundizar las desigualdades, la pobreza y la migración. Una de las regiones de Honduras más lastimadas por el covid-19 y la destrucción causada por el paso del huracán Eta y la tormenta tropical Iota en menos de dos semanas ha sido el noroccidente del país, específicamente el Valle de Sula, que se ha visto devastado por las inundaciones causadas por la crecida de los ríos Ulúa y Chamelecón.

La magnitud de la destrucción hace imposible que hasta la fecha se tenga certeza de los desoladores efectos que estos fenómenos han tenido en la región y en el país, no solo por la destrucción que han causado en el Valle de Sula sino también por la adversidad que provocaron en el departamento de Santa Bárbara y en el amplio territorio históricamente agraviado de La Mosquitia. Al menos tres millones y medio de personas resultaron afectadas por estos fenómenos, mientras que por lo menos medio millón han sido desplazados internos por la misma causa. En este contexto, se ha señalado que los daños de los huracanes duplicarán el déficit habitacional del país, lo cual equivaldría a una necesidad aproximada de 2,5 millones de hogares. Algunos economistas han calculado que el impacto del Eta y de Iota podría alcanzar hasta 40% del PIB o bien generar cinco años de retroceso, lo que podría llevar el índice de pobreza hasta 80% en 2021. A esto se suman las enfermedades que se puedan generar tras el paso de los huracanes y la vulnerabilidad de 1,5 millones de niñas y niños expuestos a los daños.

El Valle de Sula, actualmente arrasado, ha sido históricamente el corazón de la ocupación transnacional en Honduras, desde la histórica presencia de grandes extensiones de plantíos de banano controlados por la United Fruit Company y Standard Fruit Company, hasta grandes terrenos ocupados actualmente por multinacionales de la industria maquiladora.

Desde hace un siglo, esta región de poco más de 6.000 kilómetros cuadrados fue apropiada por las empresas bananeras estadounidenses que se extendieron a través de miles de hectáreas de monocultivo Rcomunicadas por vías férreas que desembocaban en muelles y puertos de la costa para exportar a Estados Unidos. Ahí se produjeron las condiciones de mayor barbarie laboral, como bien lo demuestra la pluma de Ramón Amaya Amador en la novela Prisión verde, pero también los actos populares de mayor rebeldía, tal y como ocurrió con la histórica huelga bananera de 1954, que hizo temblar el poder del dinero frente a la inmensa insurrección obrera que sacudió al país entero, con epicentro en el municipio de La Lima, que actualmente se encuentra severamente dañado.

A partir de la década de 1980, cuando Honduras se convirtió en el apéndice del dominio económico y político estadounidense en América Central, en el contexto de la Revolución Sandinista en Nicaragua y del conflicto armado en El Salvador, grandes sumas provenientes del extranjero ingresaron en el Valle de Sula para ser invertidas en la industria maquiladora de exportación, aprovechando las precarias condiciones salariales que predominan en el país, además de la ubicación estratégica que tiene el Puerto Cortes para exportar bienes manufacturados hacia la Florida. Desde aquellas fechas hasta la actualidad, con el impulso de políticas económicas neoliberales que solo han garantizado la venta del territorio nacional a las grandes empresas, el Valle de Sula pasó a convertirse en el enclave manufacturero exportador sobre el cual recae el grueso de la economía nacional.

Un corredor industrial maquilador que abarca desde Choloma hasta El Progreso se ha formado a lo largo de los años para absorber un enorme ejército de trabajadoras y trabajadores que originalmente migraron desde regiones rurales para instalarse en las líneas de producción. Estos laboran día y noche, 12 horas diarias sin parar, cosiendo prendas básicas y ensamblando arneses exportados al mercado estadounidense. 150.000 trabajadores y trabajadoras de la maquila se han instalado en las diferentes colonias populares del Valle de Sula, enfrentándose y organizándose diariamente contra la permanente vejación y violación de derechos laborales. Este histórico espacio se ha convertido así en un territorio marcado no solo por la explotación de las grandes empresas, sino por la resistencia y la rebeldía que no dejan descansar a los dueños del dinero.

Desde la década de 1990, cuando la maquila se encontraba en pleno apogeo, organizaciones obreras desarrollaron huelgas históricas a lo largo y ancho del Valle de Sula para denunciar bajos salarios, despidos, jornadas extenuantes y trabajo infantil. Desde allí se organizaron campañas globales de denuncia que han puesto en jaque a las marcas de ropa por su responsabilidad y total impunidad en la precarización del trabajo. Además, esta rebeldía también ha sido fundamental para establecer lazos de solidaridad con la organización laboral de otras actividades económicas, en la formación del movimiento sindical de la industria melonera, en el apoyo a las demandas obreras del sector del banano, en la lucha feminista contra la violencia patriarcal, en la rebelión contra los fraudes electorales y contra las políticas neoliberales de privatización de la educación y la salud pública.

Las colonias obreras devastadas por el paso de los huracanes Eta y Iota se fueron construyendo y ampliando con los años a medida que trabajadoras y trabajadores fueron erigiendo sus hogares sin la ayuda de nadie más que su fuerza de trabajo. Por más que los medios de comunicación empresariales y la clase política busquen presentar el actual desastre como una causa ajena y externa, la devastación causada por estos fenómenos meteorológicos (producidos por efectos del calentamiento global) evidencia un robo histórico e institucionalizado de riqueza que, en lugar de quedar en manos de la población que diariamente la crea con su trabajo, ha sido expoliada para quedar en las arcas de las grandes corporaciones maquiladoras y bananeras que por años han ampliado su acumulación a costa de la vida obrera. Este robo institucionalizado ha provocado una escasez generalizada que se refleja en falta de vivienda digna y de seguridad en la reproducción de la vida obrera del Valle de Sula.

El problema no radica únicamente en la fuerza de los huracanes Eta y Iota en Honduras y en el Valle de Sula, sino en las décadas de expoliación de riqueza que han dejado a la población trabajadora del campo y la ciudad al límite de la vida, sin garantías de seguridad, vivienda y trabajo digno. Esta larga historia de explotación y despojo de una economía de enclave como la hondureña es la mayor responsable de las consecuencias catastróficas que ha generado el paso de los huracanes por Honduras. La ausencia de políticas de Estado para la ciudadanía ha quedado, además, al descubierto con la pandemia. El país tiene hoy un sistema de salud público quebrado.

El Estado hondureño brilla por su ausencia a la hora de promover una seria política de prevención y emergencia que sirva para la población damnificada que ha perdido sus hogares y sus trabajos, mientras que muchas corporaciones maquiladoras obligan a su mano de obra a trabajar mientras se anuncian con bombos y platillos «ayudas» a los empleados afectados, cuando estos han dedicado sus vidas a producirles sus ganancias y sus riquezas monopólicas.

Pero Honduras y el Valle de Sula también brillan por una inmensa e incalculable solidaridad popular que se puede ver en las calles, con brigadas de limpieza, recaudación y distribución de víveres y apoyos que sí alcanzan a lapoblación damnificada. Organizaciones de pueblos originarios, así como movimientos barriales y sindicales, responden al escenario adverso, movilizándose y solidarizándose con la población lastimada. Así como han construido sus vidas en la región dañada con su propio esfuerzo colectivo, a contracorriente y con un Estado que históricamente les ha dado la espalda, hoy enfrentan el desastre causado por el paso de huracanes con un sentido de autoorganización para la supervivencia que busca poner la vida por delante.

Los sindicatos de la industria maquiladora y del sector del banano organizan brigadas para monitorear, recaudar y entregar víveres a la población afectada (no solo a los agremiados), además de denunciar los abusos a los que están siendo sujetos por parte de las empresas –muchas de ellas obligan a los trabajadores y trabajadoras a presentarse a la fábrica para trabajar pese a las condiciones adversas–. A pie, en carros y en lanchas, las mismas estructuras organizativas que se han creado en estas industrias para resistir frente a la constante vejación laboral y solidarizarse con otras luchas en el país ahora sirven como sostén de apoyo para la población damnificada.

De esta manera se demuestra, una vez más, que frente a un Estado indolente que se sostiene a punta de fraudes, corrupción y pólvora, y que da la espalda al dolor y las necesidades apremiantes, han sido la autogestión, la autodeterminación y la organización de los trabajadores y trabajadoras la mayor herramienta para enfrentar las consecuencias catastróficas generadas por los huracanes y la pandemia en Honduras, especialmente en su memorable Valle de Sula.

Diciembre 2020

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Cuba anuncia el inicio de la unificación monetaria y cambiaria a partir de enero

La tasa de cambio única establecida será de 24 pesos cubanos por 1 dólar.

 

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, anunció este jueves del inicio del proceso de unificación monetaria y cambiaria en la isla, que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2021, como parte de un trabajo de ordenamiento del sistema financiero del país.

La decisión implica que el CUC (peso convertible) dejará de circular en Cuba a partir del próximo año y se establecerá una tasa de cambio única de 24 pesos cubanos por 1 dólar.

Cuba ha tenido dos monedas oficiales desde 1994, el peso cubano (CUP), utilizado por la mayoría de la población del país, y el CUC, que desde su introducción tenía como objetivo reemplazar al dólar estadounidense y que se manejaba en operaciones internacionales.

Durante una transmisión realizada por la Televisión Cubana, el mandatario se refirió a que se llevará a cabo una serie de transformaciones en el ámbito cambiario, tributario, crediticio, de precios, de salarios y demás ingresos de los ciudadanos.

De esta manera, se espera que esta medida cree las condiciones para que el sistema empresarial pueda tomar decisiones adecuadas e impulsar el desarrollo económico en la isla. Sin embargo, Díaz-Canel también explicó que la unificación monetaria no está exenta de riesgos.

"Uno de los principales [riesgos] es que se produzca una inflación superior a la planificada, agudizada por el actual déficit de oferta. Los precios abusivos y especulativos no se permitirán, se enfrentarán con medidas de contención y severas sanciones a los incumplidores", aseguró.

Publicado: 11 dic 2020 02:30 GMT

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Consecuencias de que el agua cotice en el mercado de futuros

El uso del agua en California ha pasado a cotizar desde el lunes en el mercado de futuros. Una vuelta de tuerca más en la financiarización y privatización del agua.

 

Se rumoreaba desde hace un par de meses y, esta semana, el momento llegó. Desde el lunes, el agua ya es un producto que cotiza y se comercia en los mercados de futuros. Los incendios desatados en California, uno de los estados norteamericanos con una mayor industria agrícola, y la escasez de agua que están provocando han servido de excusa perfecta para llevar este bien tan básico al mercado de futuros de materias primas y convertirlo en un producto especulativo.

Su valor, que en California se ha duplicado en el último año, se marcará en el índice Nasdaq Veles California Water (NQH2O), que se basa en el precio de los derechos del agua en el mercado de futuros de varias zonas de California y que funciona desde 2018. La cotización actual del bien es de 486 dólares por acre pie, lo que equivale a unos 1,4 millones de litros. El mercado de futuros consiste en poder negociar el valor de un bien en una fecha futura, lo que, según los defensores de este tipo de mercados, ayuda a asegurar precios futuros, hacer más eficiente el mercado del agua y a que los agricultores o municipios no tengan problemas en el futuro para abastecerse de agua, protegiéndose así de los vaivenes de los mercados. 

Pero esa defensa del mercado de futuros hace aguas por todas partes si vemos lo que ha ocurrido en otras ocasiones con los productos básicos que se han postrado a los pies de los especuladores. Uno de los ejemplos más recientes y devastadores fue el incremento de los precios de alimentos básicos durante la crisis financiera de 2008. Cuando las bolsas se hundieron en los años posteriores a la caída de Lehman Brothers, los inversores que huían de los circuitos financieros e inmobiliarios buscaron productos seguros donde invertir sus capitales. El mercado de futuros de alimentos básicos, como el trigo o el maíz, atrajo enormes cantidades de dinero que compraban estos productos básicos en forma de futuros, lo que provocó que los precios pactados fueran cada vez más altos debida a la enorme demanda, lo cual a su vez provocó una subida generalizada de los precios de los alimentos en todo el planeta, causando hambrunas y millones de muertes en los países del sur global.

Uno de los ejemplos más claros es el del aceite de palma, según explica la periodista e investigadora Laura Villadiego, del proyecto Carro de Combate. “Se calcula que en la Bolsa de Malasia se intercambia cada tonelada de aceite de palma producida unas cinco veces antes de llegar a su comprador final y, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el 98% de los contratos de futuros nunca llegan a materializarse, son puras herramientas de especulación”, lamenta Villadiego. Esos movimientos puramente especulativos tienen un impacto sobre los precios, “que se traslada después a los agricultores que producen aceite de palma”. Cuando los precios suben, explica, “se abren más plantaciones, unas veces a costa de bosque primario y, otras veces, a costa de otras materias primas, muchas veces cultivos para la alimentación básica de la población”, y cuando los precios caen, “todos arruinados”.

¿Qué supone la entrada del agua en el mercado de futuros?

Que el agua esté a la merced de los mercados, que se financiarice su valor y su comercio, lo convierte “en una inversión financiera potencial y se analice desde el punto de vista de rentabilidad-riesgo”, explica a El Salto Luís Flores, especialista en mercados bursátiles e integrante de Ecologistas en Acción. Además, al ser un bien cada vez más escaso, “su precio en el medio-largo plazo solo puede subir”, lamenta, ya que desde el punto de vista del inversor es una apuesta clara y segura, como ya ocurrió con las tierras cultivables y otros alimentos básicos anteriormente. El impacto de que coticen ahora solo afectará a las zonas de California y a los derechos de aprovechamiento del agua a los que se refieren estos nuevos futuros pero, alerta Flores, “se marca una tendencia muy preocupante”. 

La especulación sobre el agua no en nueva esta semana, “solo hay que ver las fluctuaciones del precio del índice sobre el que se lanzan ahora estos futuros”, argumenta Flores. El NQH2O subió un 227% durante el primer semestre del año y caído un 31% en lo que llevamos del segundo semestre. “Probablemente, los futuros contribuyan a incrementar esa volatilidad”.

Coincidiendo con Villadiego, Flores defiende que la teoría de que los futuros pueden servir para mitigar los riesgos de los productos a los que están vinculados es muy distinta de lo que acaba ocurriendo en la mayoría de los casos. “La realidad demuestra exactamente todo lo contrario, los futuros se convierten en una herramienta especulativa donde el ‘músculo’ para hacer la apuesta más grande es capaz de mover el precio de los futuros en un sentido u otro. Y los futuros son precisamente los esteroides para ese músculo, ya que permiten hacer apuestas disponiendo de solo un porcentaje mínimo de los fondos que se quieren apostar”.

Mercados en busca de inversiones seguras

Al igual que ocurrió tras 2008 con los mercados ávidos de encontrar inversiones seguras, en esta nueva crisis los bancos centrales han inundado de dinero a los mercados con la intención de mantener y reflotar la economía ante la crisis del covid-19. Este exceso de capital y unos mercados bursátiles han llevado a los “valores refugio”, como el caso del oro, a máximos históricos. Los inversores desconfían de las bolsas pero tienen mucho capital que han conseguido a un interés muy bajo por parte de esos bancos centrales y necesitan encontrar un lugar seguro y que reporte beneficios.

La tendencia sobre el derecho del agua de California, en caso de extenderse a otros países, convertiría al agua en uno de esos lugares seguros a los que redirigir capitales y a la especulación con el bien básico

En ese contexto, la tendencia que marca la noticia sobre el derecho del agua en California, en caso de extenderse a otros países, convertiría al agua en uno de esos lugares seguros a los que redirigir esos capitales, que deberían servir para reconstruir la economía y salir de la crisis, a la especulación con el bien básico. “A partir de ahora, los futuros sobre agua son para estos grandes inversores una alternativa más en la que invertir y solo por ello, el precio de los futuros, del índice al que se ligan y por tanto del agua, debería subir”, argumenta Flores.

Un paso más para privatizar el agua

El caso California no arranca esta semana. La sequía que sufrió el estado entre 2012 y 2016 fue acompañado de cambios legislativos para privatizar el uso del agua. “Esto es solo una nueva vuelta de tuerca a ese proceso”, dice Liliana Pineda, miembro de Attac y la Plataforma Contra la Privatización del Agua. “Cuando se habla de derechos del agua, se habla de derechos privados, ya que el agua pública no es un bien titularizable”, argumenta Pineda, “y no debería serlo”, matiza. Según ella, lo que se intenta es que los municipios intercambien concesiones sobre agua por dinero en lo que tacha de un “chantaje a los ayuntamientos que necesitan ese dinero para meterlo en ladrillo o pagar deudas a que titularicen, y por lo tanto privaticen, el uso del agua”.

Esa nueva vuelta de tuerca a la que se refiere Pineda es la privatización de bienes y servicios públicos básicos que llevamos sufriendo las últimas décadas. “Es una vuelta de tuerca al proceso de financiarización de todo lo común”, dice la activista, “una tendencia a la privatización que, en caso de avanzar y extenderse a otros países, podría hacer el agua más susceptible por parte de las administraciones públicas”. Además, estos procesos de titularización y comercialización “afianzan los modelos de gestión privada y son un espaldarazo a la gestión pública del agua”.

“La ONU considera el agua un derecho humano, España todavía no ha traspuesto ese mandato”, lamenta Pineda, por lo que se debería paralizar todo proceso de convertirlo en un bien bursátil especulativo. Desde la Red de Agua Pública o la Plataforma contra la Privatización del Agua piden exactamente lo contrario a lo que ha sucedido esta semana en California: “Tiene que haber una mayor inversión pública y no por los cauces bursátiles”. “Cuando entra en el mercado de futuros no sabemos en manos de quién está el agua, puede estar en manos de un fondo buitre en un paraísos fiscal que no tiene ningún interés más que ganar dinero”, lamenta Pineda.

Por Eduardo Luzzatti / Yago Álvarez Barba

@EconoCabreado

10 dic 2020 06:00


 El agua ya cotiza en Wall Street, un paso más para que un derecho humano se convierta en mercancía

El agua de California se ha convertido en un elemento más para invertir dentro de los mercados a futuros bursátiles. La financiarización de este recurso hace saltar las alarmas a expertos, que ponen las crisis agroalimentarias de 2007 y 2008 como referencia de lo que pueda pasar en el futuro. 

madrid

09/12/2020 22:52

alejandro tena

En 1995, el exvicepresidente del Banco Mundial, Ismail Serageldin, afirmaba que las guerras que marcarán el futuro del siglo XXI girarán en torno a la disponibilidad del agua. Quizá la humanidad no se encuentre aún en ese escenario, pero los pasos hacia la mercantilización de este bien –considerado un derecho humano desde 2010 por la ONU– son cada vez mas grandes. Tanto, que esta semana el agua comenzó a cotizar en los mercados a futuro de Wall Street. Un hecho histórico que pone a esta materia prima, fundamental para la vida, al mismo nivel que el oro o el petróleo. 

Este tipo de inversiones a futuro no suponen la necesidad de suministro de agua, sino que son contratos financieros que vendrán determinados por el precio medio semanal de las principales cuencas de California. De esta forma, el índice NQH20 marcará el precio de esta nueva mercancía y servirá, según los expertos, de referencia mundial. Si bien, desde sectores económicos como Bloomberg o la compañía de mercados CME Group han vinculado esta decisión con una supuesta protección y flexibilidad del agua de cara al escenario de escasez y sequía –condicionada por la crisis climática–, otros sectores alertan de las posibles repercusiones que puede tener la entrada de este líquido en Wall Street.

Pedro Arrojo, relator de las Naciones Unidas para el Derecho al Agua y al Saneamiento, explica a Público que esta "mercantilización de las excedencias de los derechos concesionales del agua nos lleva al sanctasanctórum de los mercados especulativos". Se trata de los mismos mercados, dice el economista de la ONU, que "han trabajado con la alimentación y han producido hambrunas internacionales, quebrando economías nacionales por especulaciones a futuro con cuestiones básicas de la vida que afectan a los derechos humanos".

Sin embargo, la llegada de este recurso a los mercados no es una sorpresa, sino el resultado de una gestión hidrológica que se remonta a los inicios de la década de los años ochenta del siglo XX, que vino condicionada por las sequías intensas de 1976 y 1977 en California. En estos momentos se implementaron los mercados de agua en el estado norteamericano del oeste. La escasez de recursos hídricos propició que los derechos de agua a corto plazo fueran traspasados a manos privadas. Incluso durante la segunda mitad de los años noventa, que estuvieron marcados por lluvias abundantes, estas prácticas fueron comunes. Fue a comienzos del siglo XXI cuando empezaron a crecer los acuerdos de derechos de agua a largo plazo, lo que podría ser el germen de los mercados a futuro que esta semana han irrumpido en Wall Street. En este momento, la Imperial Irrigation Distrit compró una gran cantidad de derechos de agua a las empresas concesionarias de Los Ángeles y San Diego, teniendo que llegar estas ciudades a pagar a esta compañía en momentos de sequía, para poder abastecer los mínimos requeridos para el consumo urbano. Es decir, en tres décadas los derechos de agua pasaron paulatinamente de lo público a lo privado.

"Esta clase de acuerdos puede convertir a las ciudades en cautivas de los proveedores privados, al mismo tiempo que los únicos beneficiarios son los aguatenientes que destrozan la industria auxiliar agrícola y a sus trabajadores. Por no hablar de los efectos negativos en los ecosistemas por los que dejan de pasar esas aguas", expone Luis Babiano, gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas). "El sudeste de la península ibérica guarda muchas semejanzas con California y esto ha hecho que siempre se la observe como un referente. En este sentido hemos seguido algunas pautas mercantiles en nuestra legislación inspirados en este modelo", alerta, señalando que, por el momento, España se ubica en un sistema público con cierta participación privada.

Pero, ¿qué ocurrirá si el agua llega a los mercados financieros a nivel mundial? "Si se globaliza la especulación del agua como se ha hecho con el sistema agroalimentario, pasaremos de tener un bien común a tener una commodity (mercancía). Ahora, con la entrada en bolsa de California, se da un paso más en esa lógica que ya se venía gestando. Primero se pasa de estar en un ámbito público a un ámbito público-privado y, después, se da el salto a la especulación absoluta", opina Mirene Begiristain, profesora de Economía de la Universidad del País Vasco.

La cotización del agua en los mercados de futuro por el momento afecta sólo a las cuencas californianas, pero abre una vía de mercantilización nunca antes vista. Desde determinados sectores económicos favorables a esta iniciativa señalan que, al ser únicamente los excedentes de agua los que cotizarán en Wall Street, se fomentará un consumo eficiente y se hará frente a supuestos despilfarros. Sin embargo, se abre el riesgo de que la gran parte de los contratos a futuro sean comprados por inversores ajenos a sectores agrícolas, lo que fomentará que haya un juego de compraventa. Según el experto en transición ecológica, Luis González Reyes, sólo el 2% de los futuros que son bienes básicos terminan siendo entregados, el 98% se venden y revenden como activos financieros especulativos. En el caso del agua, las escasas infraestructuras para el transporte complican aún más que la compra de futuros se haga con la intención de poder hacer uso de ellos, tal y como advierte Babiano.

Las crisis alimentarias ya mostraron los efectos de la financiarización global de recursos básicos para la vida. Tanto es así que la especulación en los mercados a futuros tuvo un papel importante en la subida de precios de las crisis agroalimentarias de los años 2007 y 2008. Todo ello, se vio agravado por la coyuntura de cambio climático y su incidencia en determinados cultivos, así como la apuesta firme por los agrocombustibles que desplazaron la producción de alimentos hacia otras zonas, tal y como se recoge en una publicación de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura)

Arrojo, como relator de la ONU, muestra su preocupación por el paso adelante que ha dado el estado californiano y, de hacerse global, asemeja los riesgos a los experimentados con la financiarización de los recursos alimentarios. "No es el debate que teníamos instalado", dice, en relación a la situación que se vive en zonas de Europa como España, donde las disputas giran todavía entre unos derechos del agua puramente públicos frente a los mixtos con concesiones privadas. "Si esto continúa, se acaba todo. No existirá el interés general, sino el interés del mercado, donde el león se come al cordero", reflexiona.

Babiano, por su parte, explica que la mercantilización de este derecho humano podría abrir la puerta a una "triple variable" que transforme el agua tal y como se conoce. Por un lado, la accesibilidad estará marcada por la rentabilidad económica. En segundo lugar, la asequibilidad quedará condicionada a las fluctuaciones de los mercados, lo que generaría, según el experto, un descontrol de precios a largo plazo. El tercer factor es la "concentración de poder" en los mercados y el desplazamiento de lo público y la idea de bien común como principio básico de toda gestión hídrica.

"Estas son las semillas de la mercantilización de los bienes esenciales. Ahora se anuncia en California, pero esto irá evolucionando poco a poco. En un principio se nos presenta la participación privada como un mecanismo de flexibilidad, luego se empieza a cuestionar la esencia de lo público, como ocurre ahora [en España], y se termina entrando en los mercados, que es lo máximo", detalla el gerente de Aeopas, quien reclama que España deje de mirar hacia el modelo californiano para reconvertir nuestro sistema: impulsar la gobernanza en la gestión del agua, eliminar cánones concesionales, considerar el agua un derecho humano y "volver al espíritu público de la ley aguas de 1985".

Un derecho humano que no se cumple

A pesar de que el acceso al agua es un derecho humano desde 2010, en el mundo hay alrededor de 700 millones de personas de 43 países que sufren escasez de este recurso. Los efectos de la emergencia climática son cruciales para entender este fenómeno que, según la ONU, aumentará en los próximos años. Se estima que dentro de cinco años habrá 1.800 personas viviendo en zonas del mundo afectadas por estrés hídrico, es decir, en lugares donde la demanda de agua sea superior a su disponibilidad. Esto podría desembocar en una crisis migratoria sin precedentes que afecte a cerca de 250 millones de personas residentes en países africanos.

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Antony Beevor: "Rezo para que mis predicciones sobre la pandemia sean erróneas... pero me temo que no lo son"

Para entender el mundo que viene, nada mejor que hablar con alguien que conoce muy bien nuestro pasado. Charlamos con el historiador británico sobre las consecuencias de la pandemia, y sus reflexiones son inquietantes. Nuestras democracias, la paz y la vida tal como la conocemos están en riesgo. 

Ningún historiador militar del mundo tiene tanto prestigio y lectores como Antony Beevor (Londres, 73 años). Con más de ocho millones de libros vendidos en 33 idiomas, Beevor transmite en cada página el terror y la violencia de las grandes batallas del siglo XX, entretejiendo miles de testimonios que ha recopilado en archivos con frecuencia vedados a los investigadores. Por eso, nadie mejor que el historiador británico para analizar el pulso entre el coronavirus y la humanidad. Beevor describe en esta entrevista los posibles escenarios de futuro y lo hace fiel a su estilo: con rigor y sin contemplaciones. Entre sus obras imprescindibles figuran Stalingrado y El día D. La batalla de Normandía (ambas, en Crítica). Y Pasado & Presente acaba de publicar La Segunda Guerra Mundial. Una adaptación ilustrada de su monumental ensayo sobre el conflicto.

XLSemanal. ¿Escribirá usted algún día la historia de la pandemia?

Antony Beevor. No. Por dos razones. Una es que me resulta muy difícil ‘disparar’ a piezas que no están quietas. Y la pandemia es todavía un blanco en movimiento. Y la segunda es que los historiadores lo van a tener muy difícil, por no decir imposible, para documentar el presente porque, con los archivos electrónicos, los gobiernos podrán mantener información relevante oculta o modificarla a su conveniencia. Será muy difícil acceder a ella.

  1. ¿Pero no le tienta desentrañar el que puede ser el punto de inflexión de este siglo?

A.B. No creo que la pandemia marque un punto de inflexión porque eso implicaría un cambio de dirección. La globalización económica no está llegando a su fin. Creo que veremos las consecuencias de la COVID como un terrible acelerador de la lógica determinista a la que la sociedad y la tecnología ya se estaban encaminando.

  1. Se compara la pandemia con la Segunda Guerra Mundial.

A.B. Es un error. Los líderes políticos y los medios de comunicación trazan paralelismos históricos en tiempos de crisis para explicar, simplificar o dramatizar una situación compleja, pero es algo peligrosamente engañoso.

  1. ¿No hay ningún periodo que nos sirva de referente?

A.B. La Guerra Fría, cuando toda la humanidad estaba en peligro por la amenaza de guerra nuclear. Desde entonces nos hemos ido convirtiendo, cada vez más, en una sociedad de la salud y la seguridad, que evita obsesivamente el riesgo. Pero ahora tenemos que mirar a la muerte de nuevo como una lotería impredecible.

  1. ¿Hemos aprendido alguna lección de todo este sufrimiento?

A.B. Por desgracia, el efecto de la pandemia ha sido provocar más división entre países y más competición entre ellos. Hemos visto cómo la búsqueda de una vacuna, en algunos casos, se ha convertido simplemente en una carrera a la mayor gloria del prestigio nacional.

  1. ¿Ha llegado la hora de repensar las instituciones internacionales o estamos ante el fin del multilateralismo?

A.B. Antes del brote, Trump, Putin y otros líderes autoritarios ya hacían todo lo posible por socavar las instituciones internacionales, como la OTAN, la Unión Europea, la ONU y la Organización Mundial de la Salud. Así que el mundo está en un lugar más peligroso; en especial, con una China emergente, decidida a revertir las humillaciones del siglo XIX infligidas por las potencias occidentales. China, furiosa por los recordatorios de su responsabilidad en la propagación global de la COVID-19, ejerce su influencia mundial a través de la diplomacia ‘de la trampa de la deuda’ (el país acreedor utiliza la deuda que tienen con él otros países para conseguir sus objetivos estratégicos) y aumentando su poder militar para obtener un control total sobre el mar de China Meridional y Oriental, así como en otros lugares.

  1. ¿Saldrá un nuevo orden mundial de esta pandemia?

A.B. Lo que estamos viendo puede que forme parte del síndrome del poder emergente y el poder menguante. O puede que no. Pero los líderes militares estadounidenses, en privado, están esperando una guerra con China en los próximos cinco años. Esto es aterrador. Es fácil empezar una guerra, ¿pero cómo diablos se termina una guerra con China, que tiene una actitud totalmente diferente hacia las bajas humanas de la que tiene un gobierno occidental? China tampoco tiene escrúpulos morales sobre el uso de armas completamente autónomas que van mucho más allá de los drones asesinos operados a distancia por Estados Unidos y otros países. Esto le daría a China una inmensa ventaja.

  1. Los economistas no se ponen de acuerdo sobre cómo saldremos de la crisis… Describen escenarios en ‘L’ (estancamiento), en ‘V’ (caída y recuperación) y ahora en ‘K’ (unos se recuperarán y otros caerán). ¿Cómo lo ve usted?

A.B. La depresión económica tendrá efectos profundos. La escasez de empleo para los jóvenes aumentará las migraciones tanto hacia Europa como dentro de Europa. Y esto, por supuesto, se sumará a las migraciones que ya están aumentando por el cambio climático y los conflictos en África y Oriente Medio.

  1. ¿Cómo afectará a los jóvenes?

A.B. Deberíamos considerar cómo contribuye la demografía a los conflictos. Este fue un factor que se pasó por alto en los orígenes de la Guerra Civil española. El baby boom en algunas regiones de España debido al repentino aumento de las ganancias durante la Primera Guerra Mundial significó que a muchos jóvenes, 18 años más tarde, les resultara muy difícil encontrar empleo durante la crisis económica mundial. Hoy, el problema de los jóvenes airados y frustrados es particularmente agudo a lo largo de la costa del norte de África y del África subsahariana, donde no pueden permitirse formar su propio hogar y, por tanto, se les dificulta casarse y tener su propia identidad. Esto también, en gran medida, va a ser verdad para Europa.

  1. Europa ha reaccionado con ayudas masivas para que el parón económico no deje secuelas irreversibles. ¿Será suficiente?

A.B. En el interior de casi todos los países económicamente avanzados veremos una amplia gama de problemas, sobre todo para los jóvenes, quienes ya están enfadados con las limitaciones impuestas a su vida social. Ignorarán a la autoridad o se rebelarán contra ella. Habrá también una brecha creciente entre los pocos, comparativamente, que conseguirán los trabajos que quieren, y los desempleados, o aquellos obligados a aceptar las penosas condiciones de la creciente gig economy (trabajos esporádicos de corta duración).

  1. ¿Se avecinan revueltas?

A.B. Para aquellos que hayan pedido préstamos para pagar sus estudios universitarios y que no puedan encontrar nada que coincida con su cualificación, el trago será amargo. Su enojo los llevará en muchos casos a un mayor activismo político o incluso a una acción directa más extrema.

  1. La rápida adopción del teletrabajo ha salvado muchas empresas…

A.B. Pero el declive del espacio tradicional de oficina y la vida de oficina está teniendo un efecto devastador en las tiendas y bares del centro de las ciudades, al tiempo que produce un aumento de los vendedores on-line, lo cual, a su vez, aumenta la precariedad. En los Estados Unidos, las corporaciones están acelerando la robotización de sus fábricas para que puedan seguir produciendo en el futuro durante los brotes de COVID u otras pandemias.

  1. ¿Acelerará la pandemia la automatización?

A.B. No es descabellado pronosticar un futuro deshumanizado que sea invulnerable a cualquier virus, excepto a los electrónicos: fábricas sin trabajadores, transporte sin conductores, almacenes sin operarios y reparto de productos con drones. Es el gran sueño capitalista.

  1. ¿Cómo sobrevive una sociedad con menos trabajo a repartir?

A.B. Aldous Huxley publicó en 1931 Un mundo feliz, una novela distópica que tiene grandes posibilidades de estar muy cerca de la verdad, con grandes masas de población adormecida con drogas y entretenida con películas.

  1. ¿Hay margen para reaccionar?

A.B. La reacción está siendo igual de alarmante. La COVID ha acelerado espectacularmente la propagación de teorías conspiratorias y noticias falsas. Vídeos en línea de la predicadora suiza Christina von Dreien son vistos por cientos de miles de personas. Ella, al igual que otros propagandistas antigubernamentales, explota la desconfianza hacia las instituciones democráticas y afirma que la COVID es un engaño con el propósito de propiciar que una élite de ‘gobernantes secretos’ aumente su control. Insinúa que las dos guerras mundiales fueron producto de un complot internacional contra Alemania, lo que contribuye al resurgimiento de los puntos de vista neonazis. En Gran Bretaña hemos tenido sabotajes contra las torres de telefonía como resultado de las afirmaciones del teórico de la conspiración David Icke y otros que afirman que la tecnología 5G transmite el coronavirus a través de las ondas de radio.

  1. ¿Cómo explica que teorías tan disparatadas tengan tanta acogida?

A.B. Este asalto deliberado a la verdad científica funciona bien en un mundo de políticas identitarias. Nunca se debe olvidar que fueron los seguidores de la Iglesia de la cienciología los que acuñaron el eslogan: «Si tú crees que es verdad, es que es verdad». Y funciona aún mejor como acicate de la rabia moral de aquellos que se consideran a sí mismos ‘los oprimidos’. El Estado es visto como opresor, junto con cualquier ‘gobernante secreto’, como los medios de comunicación o los banqueros judíos.

  1. ¿Peligra la democracia?

A.B. Quizá la consecuencia más dañina a largo plazo de la COVID es la fragmentación causada por las sospechas infundadas y los resentimientos, y que puede socavar aún más la aceptación del gobierno democrático. Habrá otras pandemias si los humanos continúan explotando el mundo animal y desencadenando infecciones entre especies. Los resultados podrían ser incluso más devastadores, para el medioambiente y para la salud global, pero las consecuencias más peligrosas serán las políticas, las nacionales y las sociales.

  1. Ojalá que no acierte ni una…

A.B. Yo rezo para que estas predicciones resulten ser exageradas o erróneas, pero me temo que no lo son.

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Miércoles, 09 Diciembre 2020 06:08

Venezuela: ¿el único que festeja es Maduro?

Felices madrugadas de victoria! (…) Tenemos una nueva Asamblea Nacional, hemos tenido una tremenda y gigantesca victoria.  Nicolás Maduro

 Con una altísima abstención, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) se impuso en las elecciones parlamentarias. Pese a la impopularidad del gobierno, la decisión opositora de no participar en los comicios terminó por favorecerlo y este recupera la Asamblea Nacional y le quita a la oposición la única institución que controlaba desde 2015.

 

El 6 de diciembre se realizaron elecciones para una nueva Asamblea Nacional (AN), el único poder del Estado que no respondía, desde 2015, al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), hegemón absoluto en la política nacional. El partido que comanda Nicolás Maduro controla 19 de las 23 gobernaciones, manda en 305 de las 335 alcaldías y tiene 227 de los 251 diputados de las asambleas legislativas regionales. Todo ese poder contrasta con una desaprobación que roza el 90%, resultado de una desastrosa gestión de la economía, que registró el peor colapso de su historia en la era Maduro (2013-2020).

En estas circunstancias, parecía que la derrota electoral del gobierno sería aplastante. Sin embargo, aparentemente sucedió lo contrario. A pesar de una altísima abstención, que rondó el 70%, el PSUV celebra una muy holgada «victoria», que le permite recuperar el control de la AN. No obstante, este fracaso electoral opositor ha sido vendido como un triunfo por sus publicistas, que se atribuyen haber conseguido una abstención histórica.

En este escenario surgen varios interrogantes: ¿con qué porcentajes ha vuelto a ganar el chavismo? ¿Es realmente una victoria del gobierno? ¿Cómo evaluar la estrategia abstencionista e insurreccional del ala radical de la oposición? ¿Cuáles son las perspectivas a corto plazo en la crisis política y los riesgos de apatía y desafección? Veamos.

Una derrota evitable

El gobierno ganó con 68% de los 6,2 millones votos escrutados. Con algunas pocas diputaciones por decidir, el PSUV ha logrado aproximadamente 185 escaños, lo suficiente como para tomar posesión de la AN en pleno, es decir, para impulsar leyes de rango constitucional y cambiar a piacere casi todo el entramado jurídico nacional. En números gruesos, se diría que el chavismo obtuvo algunos votos más que en 1998, pero con un padrón electoral que se multiplicó por dos y con todas las ventajas de ser gobierno por más de dos décadas consecutivas. Si en la última elección parlamentaria, en 2015, votó alrededor de 74% del padrón electoral, ahora solo lo hizo alrededor de 30%. Es decir, la abstención casi se triplicó y solo es comparable a la de 2005, durante los momentos más álgidos del gobierno de Hugo Chávez, cuando ningún opositor se presentó a las elecciones, con discursos similares a los actuales sobre la falta de garantías para la oposición. Entonces la abstención fue de 75% y el chavismo se quedó con 97% de las bancas.

El domingo pasado, en este contexto de abstencionismo masivo, la alianza opositora mejor ubicada obtuvo algo más de un millón de votos. Y en su conjunto, la oposición que participó de los comicios, mortalmente dividida y atomizada, podría obtener alrededor de 87 diputados, casi un tercio de la AN. Un dato que no deja de ser bastante significativo a la vista de la feroz campaña de la oposición abstencionista para desacreditar a quien se plantease enfrentar al chavismo por su terreno más débil: el electoral.

Los votos totales del PSUV alcanzan los 4,2 millones. Eso es, 25% menos que lo obtenido en las elecciones parlamentarias de 2015, pero con un padrón mayor. Si se compara con los supuestos ocho millones de votos obtenidos en las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente en agosto de 2017, la sangría es de casi 50%. Es de por sí notorio que si la oposición en pleno hubiera ido a votar habría ganado fácilmente la elección.

¿Es útil esta «victoria» del gobierno?

La «victoria» del gobierno era esperada. Hubo dos maquinarias que la impulsaron con infinidad de recursos económicos y mediáticos. Por un lado, el propio oficialismo presionó a su base política amenazando con negarles cajas de comida a quienes no fueran a votar. Por otro lado, Juan Guaidó y la «comunidad internacional» hicieron hercúleos esfuerzos para evitar que su propia base opositora fuera a votar, para evitar así que que los opositores al gobierno votaran en contra de Maduro y el PSUV. Es un secreto a voces que el ex-candidato presidencial Henrique Capriles, quien había amagado con participar en las elecciones del 6 de diciembre, tuvo que renunciar a tal empresa por presiones que llegaron a ser vigorosas amenazas: desde sanciones económicas hasta congelamiento de bienes en Estados Unidos. Así las cosas, con intimidaciones en contra de todo aquel que quisiera votar contra el gobierno, las elecciones parecían un juego de niños para el PSUV, que literalmente corrió solo su carrera.

Como era de esperarse, poco después de que varios países latinoamericanos desconocieran la elección del pasado domingo, la Unión Europea rechazó el resultado y pidió a Maduro que trazara un camino hacia la reconciliación nacional. Es muy fácil entrever que el chavismo se negó a aceptar la propuesta de veeduría y acompañamiento de la UE debido a que ello podría estimular una participación que le habría proferido una derrota sin atenuantes. Su tarea era promover acciones que impulsaran la abstención del voto opositor, cosa que logró con un enorme éxito. Incluso el día de la elección, se encargó de cometer innecesarias y burdas irregularidades electorales para azuzar a los abstencionistas. Desde los polémicos «puntos rojos», donde se escanea el «carné de la patria» como forma de control de quienes votan por el PSUV, hasta el repentino cambio, el mismo día de la elección, del lugar de votación de Maduro y su esposa, de su lugar original en el barrio popular de Catia al fuerte militar Tiuna.

Al gobierno lo tiene sin cuidado el manido discurso sobre la «legitimidad». De hecho, respondió señalando que en otras partes del mundo hay mucha abstención (por ejemplo, en las elecciones parlamentarias en Rumania) y que en 1993 Rafael Caldera ganó las presidenciales con apenas 17,66% del padrón electoral, poco menos que el 20% obtenido por el gobierno en estas últimas elecciones, y nadie cuestionó su legitimidad. En su defensa, el Poder Ejecutivo argumenta que a pesar de la negativa de los observadores internacionales de la UE, más de 1.500 observadores nacionales e internacionales se han sumado y desplegado en los centros electorales del país.

Pasada la polémica de las elecciones, el gobierno asegura que por fin podrá ofrecer sustento legal a sus políticas económicas, que pasan por una apertura y una búsqueda frenética de inversiones extranjeras a cualquier costo. Se espera que se aprueben leyes proclives a la privatización exprés de valiosos activos estatales, proceso que ya se ha venido adelantado sotto voce. También se planean aperturas masivas, endeudamiento y normas que garanticen la inversión ventajosa de empresarios iraníes, turcos, rusos y chinos. La intención es sobrevivir día a día. Cada hora en que se mantienen en el poder es ganancia.

La insurrección imaginaria

En un aciago 20 de mayo de 2018, el ala mayoritaria de la oposición decidió abstenerse en las elecciones presidenciales. La táctica había sido empleada tan temprano como en las mencionadas elecciones parlamentarias de 2005, en las que, previsiblemente, el chavismo arrasó con la totalidad de las curules y promovió con total serenidad las leyes que más fácil le harían el trabajo de gobernar sin ningún contrapeso. En mayo de 2018 se argumentó que el régimen había excluido a candidatos opositores históricos de la batalla electoral. Por esa y otras irregularidades, la oposición decidió abstenerse en aras de presionar por condiciones electorales óptimas. El resultado es por todos conocidos.

Desde el 23 de enero de 2019, cuando el diputado y presidente de la AN Juan Guaidó se autojuramentó en una plaza, en un un mitín, como «presidente encargado de la República», la vía electoral y la lucha democrática contra el régimen de Maduro han sido considerada como colaboracionistas y gallináceas. En febrero de 2019, las encuestas decían que Guaidó tenía hasta 80% de aceptación popular. Los gobiernos aliados de Estados Unidos y varios europeos más salieron a aplaudirlo. El 23 de febrero se planteó una insurrección sui generis a través de un atípico caballo de Troya: la ayuda humanitaria internacional. Esta ingresaría «sí o sí» por la frontera colombiana. El plan era que la gente se abalanzara sobre los camiones y el Ejército se uniera a la sublevación popular. Este desaguisado fue un rotundo fracaso: no se pudo hacer ingresar ni una caja en una porosa frontera donde el contrabando de gandolas de gasolina y alimentos es inmenso cada día.

Cuando se creía que el intento frustrado de asesinar a Maduro con un dron cargado de explosivos, el pasado 4 de agosto de 2018 en la avenida Bolívar, era la intentona subversiva más osada, amanecimos el 30 de abril de 2019 con un conato de golpe de Estado cívico-militar protagonizado por Guaidó. El joven «presidente» aseguraba haber tomado, o estar dentro, de la base aérea La Carlota, ubicada en el corazón de Caracas. Pocas horas después, y sin un solo tiro, la sedición fue aplastada. Varios de los militares se entregaron aduciendo que los habían engañado y otros huyeron a embajadas extranjeras esa misma tarde. Nadie se responsabilizó del bochornoso coup d’état, que terminó ampliamente ridiculizado en redes sociales. En 2018 ya habíamos presenciado la masacre del grupo armado encabezado por Óscar Pérez, ex-comando policial famoso por disparar contra el Tribunal Supremo de Justicia y robar armas de alto calibre en el fuerte de Paramacay. La subestimación del poder militar y policial del gobierno bolivariano es realmente asombrosa. En 2019 se desarrolló otra nueva aventura insurreccional de índole militar. En la tarde del 26 de junio el gobierno declaró, en tono de sorna, que frustró otro intento de alzamiento militar. Ese día fueron apresados más de 30 militares que enfrentarían cargos de «traición a la patria», acusación generosamente endilgada por jueces chavistas.

En pleno pandémico 2020, entre el 3 y el 4 de mayo, se optó por un intento foquista con tonalidades de farsa en el corazón de la bahía de Macuto y de Chuao: un par de peñeros con alrededor de 22 personas pobremente armadas irrumpieron con pertrechos militares y sólidas convicciones de liberar a los 30 millones de venezolanos víctimas del régimen actual. Ahí estaban ex-militares armados, había uniformes, equipos y todos portaban sus verdaderos documentos de identidad. Entraron por el litoral central a plena luz del día, a pocos kilómetros del mayor puerto del país y de una base naval, en un área densamente poblada. La incursión derivó en un sangriento combate donde murieron varios jóvenes alzados. El gobierno capturó incluso a ex-militares estadounidenses en una operación que fue vista como una parodia de Bahía de Cochinos, a baja escala.

El abandono de la lucha electoral parece empujar a la oposición a formas de aventurerismo político de lo más inverosímiles. Entre farsas y tragedias se yuxtapone la mar de fracasos insurreccionales. Las sediciones parecen caer en el terreno favorito de un gobierno de índole militar y policial, que con apoyo de otros regímenes (Cuba, Rusia, China, Irán), expertos en control social y lucha antisubversiva, sortea con extrema facilidad estas iniciativas. Los fracasos son tan estrepitosos que, por embrionarios, la gente los cree irreales o incluso inventados por el mismo gobierno.

Las chanzas sobre la esterilidad de este tipo de iniciativas llenan las redes sociales y la frustración se apodera de miles de venezolanos que terminan simplemente votando con los pies y abandonando el país. Cada motín deriva en un profundo sentimiento de derrota y pesadumbre; en una sensación de derrota inmanente y una vocación por el descalabro que abate la moral de las bases opositoras y las sitúa en el campo de la espera de un fementido milagro: una invasión de tropas estadounidenses que liberen a la población del comunismo. Una posibilidad mil veces negada por todos los voceros oficiales de Estados Unidos, que en repetidas ocasiones han negado tan sangrienta posibilidad. Incluso se han burlado de activistas proclives a «exigir» una invasión liberadora que los coloque en el poder, tildando sus propuestas de «realismo mágico».

Se trata de un camino de derrotas continuas que, por una parte, justifican la insistencia en la vía insurreccional, abandonando la lucha democrática electoral (debido, según ellos, a todas las injusticias, ventajismo y trampas que el gobierno comete en ese terreno); y que, por otra, explicita por qué la oposición decidió abstenerse y continuar por una ruta de confrontación que a todas luces parece condenada a la derrota. La consulta del 12 de diciembre, promovida por Guaidó, aparece como la manifestación de impotencia más severa que han protagonizado en años.

2021: ¿entre la apatía y la desafección?

Parecía esperable que gran parte de la oposición siguiera este 6 de diciembre por la senda abstencionista. Casi sin iniciativa, el «presidente encargado» Guaidó prometió, para contrarrestar las elecciones «fraudulentas», una consulta popular online el 12 de diciembre. Con un consejo nacional electoral paralelo integrado solo por sus más íntimos aliados, se presentarán a la población, a través de Telegram y otra app, preguntas como: «¿Exige usted el cese de la usurpación de la Presidencia de parte de Nicolás Maduro (…)? ¿Rechaza usted el evento del 6 de diciembre (…) y ordena usted adelantar las gestiones necesarias ante la comunidad internacional para rescatar la democracia (…)?». Estas preguntas son tan groseramente obvias que mueven a la risa a los propios opositores más radicales. Preguntar lo que es axiomáticamente aceptado por sus bases parece un acto que solo deja en evidencia la propia falta de táctica y estrategia.

La oposición argumenta que de nada valía participar y ganar las elecciones, ya que el gobierno había anulado al anterior Parlamento mediante una argucia jurídica del Tribunal Supremo de Justicia que lo declaró en desacato. Sin embargo, el propio devenir opositor de Guaidó y su presidencia «encargada», incluidos sus abrazos con Donald Trump, su discurso en el G-20, la gestión provechosa de lucrativas empresas del país en el extranjero (Citgo, Monómeros) y los miles de millones de dólares recogidos como «ayuda para la lucha democrática», fue posible porque la oposición participó en las elecciones parlamentarias de 2015 y Guaidó pudo obtener 90.000 votos. Esa victoria de la oposición le permitió presidir el Parlamento y empujar todas sus campañas internacionales de asonadas y revueltas. Si se hubiera abstenido en 2015, Guaidó no existiría en el imaginario político y el gobierno habría transitado con total tranquilidad el periodo 2015-2020. Con una oposición abstencionista, el gobierno ni siquiera necesita hacer fraude y se puede mostrar mucho más abierto y «democrático» de lo que en verdad es.

A fines del año próximo, habrá elecciones para alcaldes y gobernadores. El gobierno cuenta con un nuevo auge de la campaña abstencionista que le permita ganar otras elecciones sin competencia. Es quizás por eso que, siendo tan abiertamente represivo, deja a Guaidó acometer sus campañas políticas sin tocarle ni un pelo. Es de esperar que el propio Maduro aliente la abstención del voto opositor y promueva su inmovilismo. Pero que la misma oposición lo haga no es más que ponerse un chaleco de cemento justo antes de tirarse al río. De más está decir que el gobierno bolivariano jamás ofrecerá condiciones electorales óptimas. Si la oposición quiere asumir de verdad su papel, deberá luchar a brazo partido en el único terreno donde tiene ventaja: el electoral, mientras este siga de uno u otro modo abierto. Al final de cuentas, la única victoria importante de la oposición frente al gobierno fue en las urnas.

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Martes, 08 Diciembre 2020 05:46

Como si no existieran

Como si no existieran

Nicaragua ha sufrido en menos de dos semanas el paso desolador de dos huracanes marcados con las letras griegas Eta y Iota, entrando ambos por el mismo lugar del litoral del Caribe norte donde el segundo de ellos arrasó con lo que el primero había dejado en pie. En Managua, bajo las intensas lluvias, nombres como Bilwi, Lamlaya, Wawa Boom, escenarios de la destrucción, repetidos en las redes sociales, siguen sonando sin embargo lejanos.

En Lamlaya, comunidad costera, el paisaje es de destrucción, y el fango espeso atrapa los pies en cada pisada, escriben los periodistas de La Prensa que han logrado llegar hasta allá. El muelle sigue bajo el agua, las casas perdieron los techos. Nadie ayuda a los habitantes, que han recibido a gente de otras comunidades que quedaron peor. Es como si no existiéramos, dice una mujer que ha perdido todo.

Cuesta a muchos de quienes viven del lado de la costa del Pacífico aceptar que sigue habiendo dos Nicaraguas, y que la costa, como se la llama a secas, es un territorio ignorado, ajeno; tanto que se llama también la costa atlántica a esos territorios que comprenden casi la mitad del país, a pesar de que el océano Atlántico se halla muy lejos.

Es una barrera levantada desde hace siglos y que separa a ese Caribe, africano, misquito, zambo, mayangna, creole, garífuna, rama, y también mestizo, el Caribe del wallagallo, el reggae y el maypole, bajo el dominio de la corona inglesa hasta finales del siglo XIX.

El obispo de Bluefields, monseñor Pablo Smith, dice que estos dos huracanes sumados han sido más catastróficos de lo que fue el terremoto que destruyó Managua en 1972. Decenas de comunidades que se hayan aisladas entre ríos crecidos y caminos vecinales destruidos, sin techo, sin alimento, con el agua a la rodilla.

La costa sólo aparece en las noticias cuando caen sobre ella los huracanes, o, tal vez, cuando las bandas de forajidos armados llegan desde el Pacífico a desalojar a sangre y fuego a los misquitos y mayangnas en la reserva de Bosawás para convertir la selva en tierras ganaderas, no importa que Bosawás haya sido declarada reserva mundial de la biosfera. Tienen apoyos poderosos, y con el tiempo reciben títulos de propiedad.

Y cuando la abogada misquita Lottie Cunningham, nacida en Bilwaskarma, defensora de los derechos humanos de esas comunidades, ganó este año el Premio Right Livelihood, llamado el Nobel Alternativo, fue una noticia efímera de este lado.

Los huracanes lo único que hacen es remover la capa de olvido ancestral que cubre a la costa del Caribe, pero esa capa pertinaz vuelve a asentarse al paso de los días y a ocultar otra vez el paisaje desolado y a sus gentes que quedan chapoteando lodo, buscando recuperar las viejas láminas de zinc que el viento arrancó de sus techos, para volver a empezar.

Para colmo, el régimen prohibió la recolección de ayuda destinada a los damnificados, ropa, medicinas, alimentos, y la policía cercó los lugares donde se pretendía recogerla, una de las aberraciones para las que es imposible encontrar explicaciones en un país donde el monopolio absoluto del poder prohíbe la solidaridad, y se apropia de ella.

Pero ya desde antes eran damnificados. Son damnificados permanentes. En un reciente artículo en el diario La Prensa el economista Carlos Muñiz se preguntaba cómo es posible que haya nicaragüenses, como los de esas comunidades caribeñas, que vivan en casas que más bien parecen casetas de excusado. Casas que ya estaban allí, fruto del cataclismo de la pobreza, y que seguramente se llevó también la furia del primero o del segundo huracán.

Y los damnificados permanentes están por todas partes en el país. Porque hay otra frontera, detrás de la cual está la Nicaragua rural que queda expuesta cada vez por las erupciones volcánicas, los terremotos, las sequías, las inundaciones y los deslaves causados por los huracanes.

El Iota alcanzó con su furia todo el te­rritorio nacional, y causó más de 30 muertos, entre ellos una familia campesina de la comunidad de La Piñuela, departamento de Carazo, en el Pacífico. Los padres Óscar Umaña y Fátima Rodríguez murieron ahogados junto con sus dos hijos, David de 11 años, y Daniela de ocho, cuando las aguas del río Gigante crecieron hasta alcanzar su humilde vivienda mientras dormían.

Hay una foto que habla mejor de lo que nadie podría hacerlo acerca de esta tragedia: los ataúdes esperan al lado de la sepultura en que van a ser enterrados, pero sólo son tres. Supongo que habrá habido alguna colecta para comprar las cajas entre la misma gente pobre de la comunidad, pero no ha alcanzado para la cuarta. David, el niño de 11 años, ha sido puesto en un envoltorio de plástico, y así irá a la fosa. Pero eso hubiera sido lo mismo aun sin huracán.

David y los suyos están entre los damnificados permanentes.

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La Franja de Gaza se hunde en el aislamiento más absoluto

Hundida en la miseria, la población de la Franja de Gaza no alberga ninguna esperanza de superar las tribulaciones de su crisis permanente. El lavado de manos de los líderes europeos niega cualquier horizonte político. La esperanza de una solución pende ahora de Joe Biden, quien tendrá que enfrentarse al poderoso lobby judío, al Congreso y el Senado si quiere cumplir su promesa de crear un estado palestino en la Franja de Gaza y Cisjordania.

 

Una de las cuestiones palestinas más candentes de cara al futuro es el destino que espera a la Franja de Gaza. Gobernada por Hamás desde 2007, después de haber ganado las elecciones del año anterior, la Franja constituye en un pequeño territorio en el que viven más de dos millones de palestinos en unas condiciones infrahumanas y sin perspectivas de cambio.

Mientras la comunidad internacional rechaza cualquier diálogo con Hamás, los líderes occidentales únicamente se permiten una discreta relación humanitaria con su población, poniendo un parche aquí y otro allá pero sin mejorar nunca sus condiciones de vida, una situación que solo sirve a los intereses de Israel.

Cualquier clase de contacto político con Hamás está prohibido. Los cónsules europeos que residen en Jerusalén viajan periódicamente a la Franja pero se andan con mucho cuidado para no violar las órdenes recibidas de las capitales europeas y evitan cualquier relación directa con los gobernantes de Hamás que enfurecería a Israel.

A Palestinian Statelet, un artículo de José Vericat aparecido en el último número de Journal of Palestine Studies, aborda con franqueza la situación política de la Franja, pronosticando que el pequeño territorio está destinado a convertirse en un exiguo estado desconectado del resto de Palestina.

El autor ha sido en los últimos años representante de The Carter Center para Israel y Palestina, una posición con base en Jerusalén que le ha permitido profundizar en el conocimiento del conflicto, un tema que ha estudiado durante años, primero directamente como residente en la ciudad de Gaza y luego académicamente por medio de su tesis doctoral en la Universidad de Oxford.

Los líderes de Fatah que gobiernan sui géneris los enclaves palestinos de la Cisjordania ocupada denuncian continuamente que Hamás quiere establecer en la Franja un "emirato" desconectado de Cisjordania y que ese también es el objetivo de Israel.

Las negociaciones que periódicamente han conducido representantes de Hamás y Fatah no han dado frutos. El objetivo de Fatah es que Hamás desaparezca para siempre y regresar a la situación que existió hasta 2007, cuando Gaza estaba en manos del turbio y poco fiable Mohammad Dahlan, un estrecho aliado de Israel que en la actualidad reside en los Emiratos Árabes Unidos y aspira a suceder al octogenario presidente Mahmud Abás con el apoyo de Israel.

Vericat sostiene que el futuro de la Franja ya ha sido determinado por Israel con el eslogan "Gaza es Palestina", un enfoque que dice mucho también en relación con el futuro de Cisjordania. Las políticas israelíes están llevando a Cisjordania a un callejón sin salida, con un número creciente de colonos judíos y una anexión irreversible que solo se podría detener con una intervención enérgica de EEUU y Europa que no se va a producir.

El eslogan "Gaza es Palestina" se ha intensificado durante la administración del presidente Donald Trump, que ha permitido a Israel hacer todo lo que ha querido en Cisjordania, castigando además a la Franja con saña, manteniendo el férreo bloqueo y el aislamiento internacional que hipócritamente respaldan las capitales europeas.

En realidad, el inicio de la segmentación de Palestina se remonta a tres décadas, cuando se celebró la Conferencia de Madrid y le siguieron los acuerdos de Oslo. Solo una ínfima parte de la población de la Franja ha sido autorizada para visitar las calles de Jerusalén o rezar en la mezquita Al Aqsa durante todos esos años, y la mayor parte de los afortunados lo hicieron en los años noventa. El conjunto de los palestinos está condenado a permanecer encerrado bajo unas limitadas condiciones de vida.

Paralelamente, Hamás está siendo perseguida sin descanso en Cisjordania, tanto por Israel como por la Autoridad Palestina, que actúa como brazo ejecutor de Israel. La estructura de Hamás en Cisjordania se ha desmantelado y sus cuadros están encerrados en las prisiones palestinas o israelíes. Cualquier intento de asomar la cabeza se corta de raíz.

Los gazatíes, concluye Vericat, han perdido cualquier sentido de horizonte político, una situación que se ha agravado con la pandemia del Covid-19, confirmando que ni siquiera una emergencia sanitaria de esa naturaleza puede unificar las filas de Hamás y de Fatah. Al contrario, las dos fuerzas que gobiernan los territorios palestinos se han enrocado en sus respectivos feudos.

En este contexto, con los palestinos castigados por países árabes como Egipto Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, las posibilidades de superar la situación son prácticamente nulas, máxime si atendemos al llamado "acuerdo del siglo" que la administración de Donald Trump anunció el 28 de enero, un plan cuyo objetivo central consiste en consolidar la ocupación israelí y evitar una solución pacífica del conflicto.

El cambio de administración en Washington previsto para el 20 de enero no es muy esperanzador. Aunque el demócrata Joe Biden ha indicado que es partidario de crear un estado palestino, el todavía presidente electo tendrá que luchar a muerte con el Senado y el Congreso para llevar adelante esa iniciativa, y antes tiene que atender una multitud de problemas en todos los frentes que no le dejarán dedicarle demasiado tiempo a la cuestión palestina.

07/12/2020 22:24

Por EUGENIO GARCÍA GASCÓN

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Funcionarios de casilla esperan a ciudadanos para que emitan su voto. Foto Afp

Caracas. Casi a las dos de la mañana, hora de Caracas, la autoridad electoral venezolana dio a conocer que la participación electoral fue de apenas 31 por ciento. Como incluso la oposición esperaba, el madurismo se declaró vencedor con 67.6% de los votos, según el reporte que leyó Indira Alfonzo, presidenta del Consejo Nacional electoral.

La oposición “tradicional” alcanzó apenas 17.95% y la disidencia de izquierda no rebasó la barrera del 3 por ciento.

La lectura de estos resultados fue atestiguada por personajes como los ex presidentes Rafael Correa y Evo Morales.

El chavismo se apresuró a festejar los resultados. “No hicieron nada, sino mucho daño al país”, dijo Diosdado Cabello, en una celebración que se debe matizar con los siguientes datos: hace cinco años, la participación fue de 71 por ciento.

Antes de esos resultados de última hora, lo que sigue fue lo que ocurrió en una jornada complicada como toda elección de Venezuela.

No hay dudas sobre la sinceridad del hombre que habla. Ha sido alto funcionario de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. No tiene sino comentarios despectivos para los dirigentes opositores que considera responsables principales de la crisis política y social de Venezuela. Pero también tiene ojos.

Pasamos al lado de una nevería. La fila a reventar. “Mira, aquí hay más gente que en los centros de votación… para tu crónica”.

Con elecciones cada año, los venezolanos parecen acostumbrados a las largas colas para ejercer su derecho. Este domingo no hay esas filas de diez en fondo. En dos recorridos por centros de votación, a diferentes horas, es posible observar que la elección de los nuevos integrantes de la Asamblea Nacional, el congreso unicameral, no entusiasma a las mayorías.

“Con esta elección estamos moviendo una pieza en el tablero. Ahora le toca a la oposición”, dice una fuente del gobierno de Maduro.

Tal pieza ha sido movida con la ayuda del ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero, quien hoy pide a la Unión Europea modificar su postura de no reconocer estas elecciones.

Zapatero es, según fuentes del gobierno, el promotor principal de una salida que, vista la polarización, suena disparatada: que el gobierno madurista incorpore opositores en el gabinete para “cogobernar”.

“Sabemos que ya no sirven la imposición ni las sanciones. Sólo sirven el diálogo y los votos, el encuentro y la deliberación democrática”, dice Zapatero, sumando puntos a su papel de demonio a los ojos de la derecha.

No hay que olvidar, en este punto, que la oposición de derecha promovió opciones que incluían la intervención militar extranjera en su propio país. Sálvenos Donald Trump, pues.

El asunto, dicen los eruditos, es multifactorial.

Uno: el bolívar, la moneda, es ya un recuerdo que sólo sirve para dar cambio, como aquellas moneditas de nuestras crisis mexicanas que no compraban ni un caramelo. Solo que aquí son billetes con la cara del Libertador y un número: 50 mil bolívares.

Otro punto en la cantaleta multifactorial: no hay gasolina, o hay tan poca que muchos sacrificados ciudadanos prefieren hacer filas que pueden durar días para dar de beber a sus automóviles

La oposición más significativa decidió no participar, en su lógica de “gobierno paralelo” encabezada por Juan Guaidó, que llevó las expectativas de “salir de Maduro” y luego se fue consumiendo en sus propias torpezas y en cálculos que no se hacían en Caracas sino en Washington.

Guaidó, que tiene “embajadores” en varios países, llamó a la abstención y ha convocado a una consulta, a celebrarse el próximo domingo

El bloqueo estadunidense, sumado a los errores del madurismo, ha llevado a un sector de los venezolanos a situaciones de miseria impensables en un país que apenas hace unos años acogía migrantes y hoy los lanza a Chile, Argentina, México y otras naciones.

A lo largo del día, las narrativas oficialista y opositora se confrontan en las redes sociales. Del lado opositor abstencionista se dice que el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunciará una participación de alrededor de 20 por ciento. Desde el bando madurista creen que menos de 30 por ciento sería una derrota.

En las propias filas del oficialismo hay voces que consideran un error que Maduro haya convertido esta elección en una suerte de referéndum sobre su propia gestión. Hace unos días, el “presidente obrero” reiteró a los medios locales: “Si ganan las elecciones parlamentarias de este 6 de diciembre me retiro, pero si ganamos, vamos para adelante con el pueblo”.

Un alto funcionario del gobierno lo pone de esta manera: “En el tablero esta fue nuestra jugada; ahora vamos a ver qué pieza mueve la oposición”.

Y cuando dice oposición no se refiere a las fuerzas que participaron en esta contienda, sino al llamado G4, es decir, los cuatros partidos opositores con mayor poder de convocatoria, donde se inscribe la opción del “presidente” Guaidó.

Varias estampas de la votación dibujan el momento venezolano.

A dos calles de un centro de votación, en la céntrica parroquia (barrio) San Agustín, truenan las bocinas con una canción que reza: “Con Chávez y Maduro, el pueblo está seguro”.

Tras las cortesías de rigor, que incluyen el clásico “¡mexicano!” cariñoso, Deimy Álvarez, líder del PSUV en la parroquia San Agustín, una mujer de 36 chavista desde adolescente, resume la contienda de aparatos, no exclusiva de su preferencia política:

“La participación es muy buena… tenemos jefe de comunidad, jefe de calle, en esta parroquia (barrio) tenemos instalados 57 puestos de comandos comunales donde se chequean los votos duros del chavismo y se movilizan desde la calle hasta el centro electoral y después se le escanea su carnet de la patria y se anota el código del carnet del PSUV, para nosotros garantizar la movilización de la maquinaria y del voto chavista.

Sigue: “Esta es una parroquia chavista, aquí no perdimos ni la reforma (2007) ni la elección de la asamblea en 2015 y aquí nosotros estamos garantizando la salida de los votos duros, que aquí es de 80 por ciento”.

Hace siete años, Nicolás Maduro se bañó de pueblo en Catia, un barrio chavista que siempre presumían a los visitantes extranjeros.

Pero este domingo no hubo largas filas ni multitudes a la espera del presidente. Hasta pasado el mediodía, los voceros del gobierno guardaban silencio sobre el acto de votación del presidente.

Un militar de bajo rango, a eso de las 9 de la mañana, dijo: “El presidente ya votó, en el Fuerte Tiuna”.

Después del fallido atentado de los drones, la decisión se explica, pero tampoco ayuda a favorecer la popularidad de Maduro que anda, según sus propios seguidores, en el rango de 15 por ciento.

Las prioridades y las líneas de mando parecen claras. Antes de la medianoche, el Consejo Nacional Electoral no había dado los resultados oficiales, pero ya el mando militar, en la voz del poderoso general Padrino López, había adelantado una jornada sin sobresaltos.

Tras anunciar que solo diría unas cuantas palabras, hizo un largo discurso claramente político contra el terrorismo, la subversión y la “anti patria”.

Prioridades de la “unión cívico militar”, vaya.

El bando opositor que endiosa a Trump guarda silencio con excepción de su campaña en redes para desacreditar la elección.

Ya es muy tarde, y tras la arenga del general Padrino, las calles se quedaron vacías, al menos en el pedacito de Caracas que un mexicano puede mirar.

Arturo Cano, enviado .

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