Miércoles, 24 Febrero 2021 06:02

Democracia de papel

Democracia de papel

 La democracia se extingue ante un autoritarismo que se ha quitado la máscara de forma generalizada. Esta es la conclusión dramática y realista del especial bajo el título Democracia de papel, que recorre cuatro países de la región, Nicaragua, El Salvador, México y Honduras.

El triunfo de la revolución sandinista, julio de 1979, acabó con una tiranía que parecía no tener fin y alumbró el sueño de una sociedad justa y libre en Nicaragua. Han transcurrido cuatro décadas desde aquella gesta que enamoró a medio mundo, con unos jóvenes guerrilleros, cargados de idealismo, que se disponían a reconstruir el país. Hoy, la justicia y la libertad son de nuevo una quimera en Nicaragua, y quien gobierna con mano totalitaria es uno de los artífices de la revolución sandinista llamado Daniel Ortega.

En la Nicaragua de 2021, que enaborla la simbología del viejo FSLN aderezada con una buena dosis de mesianismo, funciona un sistema autoritario, cuya cara más palpable es el control sobre las personas a escala de la comunidad de vecinos. Explicamos cómo funcionan los engranajes locales de poder, que hacen girar la maquinaria completa; cómo es la vida bajo el escrutinio permanente de una mirada que espía tras la ventana, y con el miedo a una denuncia en cualquier momento.

Amparándose en la llamada Ley de Agentes Extranjeros, el Gobierno ha provocado el cierre del capítulo nicaragüense de la asociación de escritores PEN Internacional  y de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. La nueva Administración de EEUU que preside Joe Biden difundió un comunicado a través del Departamento de Estado del 8 de febrero en el que advierte que “Ortega está conduciendo a Nicaragua hacia la dictadura”.

En El Salvador, después de una sangrienta guerra civil, el Gobierno y la guerrilla firmaron los Acuerdos de Paz de 1992. El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) dejó de ser un ejército guerrillero y se convirtió en partido político. No ocurrió lo mismo con las Fuerzas Armadas, implicadas en graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Desde el primer día de la firma de la paz, los militares se resistieron a perder su hegemonía y siguen siendo árbitros del sistema político salvadoreño. En 2009, el FMLN (el antiguo frente guerrillero) ganó las elecciones y alcanzó a través de las urnas lo que no había logrado con las armas. Las esperanzas de quienes esperaban un cambio de gran calado se desvanecieron pronto. La militarización de la vida cotidiana adquirió niveles alarmantes en la nueva guerra entre pandillas y cuerpos de seguridad.

Después de 30 años dominados por una derecha de orígenes paramilitares y una izquierda de raíz guerrillera, en 2019 llegó a la Presidencia de la República un outsider. Nayib Bukele, empresario millenial educado en la era de Internet, llegó con un discurso renovador para enterrar la política tradicional. Puro espejismo. Los militares campan de nuevo a sus anchas, el presidente gobierna con mano de dictador y utiliza masivamente las redes sociales para desprestigiar las voces críticas de periodistas, científicos y defensores de derechos humanos. Un ambiente irrespirable para los opositores.

Washington ha empezado a marcar distancias con el autoritarismo de Bukele. La Administración Biden rechazó una reciente solicitud de reunión del presidente salvadoreño, que realizó un viaje a EEUU no anunciado previamente. Una muestra del cambio de política del vecino del Norte es la suspensión de los Acuerdos de Cooperación de Asilo (ACA) firmados en la época de Donald Trump con los gobiernos de El Salvador, Honduras y Guatemala. Dichos acuerdos permitían deportar de vuelta a los solicitantes de asilo de estos tres países.

México es el gran país de la región que ha vivido la euforia por un cambio de gobierno que prometía una transformación histórica. El triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las presidenciales de 2018 fue interpretado por muchos como el punto de inflexión de la tradición autoritaria del Estado mexicano, con más de 70 años de Gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Dos años después de su investidura, las expectativas se diluyen día a día.

Quienes sufren las peores consecuencias del quehacer del nuevo gobierno del presidente López Obrador son, precisamente, quienes el mandatario dice defender: los más vulnerables. Mujeres, indígenas, migrantes y periodistas siguen siendo víctimas de la violencia del crimen organizado, y de la corrupción en las fuerzas policiales y en las estructuras del Estado. Una de las medidas “estrella” del primer presidente de izquierda es una de las más cuestionadas: la creación de un nuevo cuerpo de seguridad, la Guardia Nacional, bajo mando militar.

Honduras es, probablemente, el ejemplo más patente de democracia de papel, con una forma de poder autocrático desde la independencia. La política es un asunto de clase y a lo largo del siglo XX estuvo dominada por los dos partidos tradicionales (liberales y conservadores) o directamente por los militares. Desde el golpe de Estado de 2009 el país vuelve a estar gobernado de facto a través del Partido Nacional, considerado el partido de los uniformados.

En plena pandemia del Covid-19, la situación lamentable de la Sanidad pública y de quienes trabajan en este sector retrata un sistema autoritario amparado en la impunidad, en uno de los países más pobres y violentos del mundo. El saqueo de los recursos públicos es una constante por parte de quienes gobiernan bajo la tutela de las Fuerzas Armadas, bien pertrechadas por Estados Unidos. El “sueño americano” es precisamente la única esperanza de los miles de hondureños que emigran hacia el vecino del Norte.

El Gobierno hondureño hace caso omiso a los requerimientos y medidas cautelares dictadas por organismos internacionales a favor de defensores de derechos humanos, ambientalistas y periodistas. El presidente Juan Orlando Hernández enfrenta acusaciones de vínculos con el narcotráfico. Su hermano Juan Antonio Tony Hernández, exdiputado, está preso en Estados Unidos y un jurado de la Corte federal del distrito sur de Nueva York le declaró culpable de los delitos de conspirar para importar cocaína a EEUU, posesión de armas y falso testimonio.

El viraje autoritario no está desligado del contexto de remilitarización de la seguridad pública en México y Centroamérica. En la última década los militares han salido de los cuarteles para implicarse cada vez más en tareas de seguridad interior, y han pasado a ocupar responsabilidades en diferentes áreas de la administración pública. Paralelamente, una soterrada minicarrera armamentista aviva viejas tensiones y atenta contra el equilibrio de fuerzas en la región. El Salvador compró en 2014 una flota de aviones a Chile, Honduras adquirió una flotilla de aviones de ataque ligeros y Guatemala y Nicaragua no ocultan sus deseos de reforzar sus medios navales y aéreos. El fin de la era Trump y los nuevos vientos que soplan desde Washington son una tenue luz de esperanza en una región maltratada históricamente por Estados Unidos.

23 febrero 2021

Créditos: 

Textos: Flor Goche, Wilfredo Miranda, Lizz Gabriela Mejía, Gabriela Villarroel y Francesc Relea.

Fotografía: Martín Cálix, Wilfredo Miranda Aburto, Carlos Herrera, EFE, Gerardo Magallón, Emersón Flores.

Edición: Francesc Relea

Coordinación: Milagros Romero Meza. 

Diseño para redes: Paula Álvarez. 

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Japón creó el ministerio de la Soledad para abordar el cuidado de la salud mental

En 2020 hubo más de 20 mil suicidios

Japón designó un "Ministro de la Soledad" para abordar el cuidado de la salud mental, debido a que en el último tiempo se registró un aumento, por primera vez en 11 años, de las tasas de suicidio. El gobierno nipón busca afrontar de modo integral este problema, que se agudizó con la pandemia de Covid-19, que suscitó la pérdida de empleos y fuertes políticas de aislamiento en el país asiático.

Es así que, el primer ministro japonés, Yoshihide Suga, nombró a Tetsushi Sakamoto como Ministro de la Soledad, para sumarse a su gabinete y dedicarse a seguir esta problemática. El flamante funcionario estará a cargo también de combatir la caída de la tasa de natalidad y de revitalizar las economías regionales, según informó The Japan Times.

Asimismo, el gobierno japonés también estableció un grupo de trabajo que busca abordar el problema de la soledad en varios ministerios, incluso investigando su impacto.

De acuerdo a cifras preliminares publicadas por la Agencia Nacional de Policía, poco más de 20.000 personas se quitaron la vida en 2020 en Japón, 750 más que el año anterior, marcando el primer aumento interanual en 11 años. La suba se atribuye, en gran medida, a un aumento de suicidios entre mujeres.

"Las mujeres están sufriendo más el aislamiento (que los hombres) y el número de suicidios está en una tendencia creciente", dijo Suga a Sakamoto, durante la presentación oficial del nuevo ministro. "Espero que identifiquen problemas y promuevan políticas de manera integral", añadió el mandatario.

La soledad es un problema de salud mental recurrente en Japón que se conoce como "hikikomori", pero ha aumentado el último año debido a las medidas de distanciamiento social establecidas por la pandemia de coronavirus, y al parecer provocó que los suicidios hayan aumentado por primera vez en más de una década.

"Espero realizar actividades para prevenir la soledad social y el aislamiento y proteger los lazos entre las personas", expresó Sakamoto.

Además, el nuevo ministro de Soledad dijo que planea realizar un foro de emergencia a fines de febrero para escuchar las preocupaciones de las personas que enfrentan la soledad y el aislamiento.

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El desmantelamiento de la democracia y ciudadanía

Desde los años setenta del siglo XX, se está produciendo un  ataque concéntrico a la democracia.  Su objetivo, romper la ciudadanía mediante la  despolitización de los procesos de toma de decisiones  y la  desideologización de la gestión pública.  El primer envite recayó en la bautizada Internacional del capitalismo allá por el año 1973. La Trilateral.  En su interior, se dan cita empresas  trasnacionales, banqueros, políticos liberales, conservadores o  socialdemócratas, de Japón, Europa Occidental, Estados Unidos y Canadá. Su objetivo refundar el capitalismo y realizar una crítica de fondo al concepto de la democracia acuñada por el keynesianismo.

La Trilateral,  fue el buque insignia desde la cual  se lanzaron  las directrices  para encarar  las reformas neoliberales. Así se inició el desmontaje de los acuerdos nacidos tras la segunda guerra mundial para enfrentar la pobreza, el subdesarrollo, el hambre y la injusticia social. La carta de los derechos humanos, 1948, había sido el referente. El acceso  a la vivienda, la salud, la seguridad social, la educación, condición sine qua non para construir una democracia representativa, a la par  que un como proyecto de sociedad incluyente, fue cuestionada. El capitalismo con rostro humano perdía fuerza.

A inicios de los años setenta, con la primera crisis el petróleo, se dudó del sentido y los principios sobre los cuales se definía la democracia.  La trilateral introdujo un argumento espurio.  La extensión de los derechos democráticos ponía en riesgo la propia democracia y con ello el capitalismo.  La ampliación de la ciudadanía dirán,   hace ingobernable la democracia. Si los ciudadanos exigen un aumento del gasto social, subidas salariales, jubilaciones dignas,  es imposible que el capitalismo subsista a largo plazo. Hay que  actuar de forma rápida y quirúrgicamente. Limitar las libertades y redefinir la democracia. Da igual el color del gobierno, socialdemócrata, liberal, conservador o democristiano. Hubo coincidencia. Ronald Reagan, Margaret Thatcher, Felipe Gonzalez,  Miguel de la Madrid,  Alan García, o el tirano Augusto Pinochet, todos coincidían. La democracia era un problema. Abrir las fronteras, flexibilizar el mercado laboral, quitar barreras arancelarias, y construir una economía de mercado eran los nuevos retos. Fueron la reforma del Estado y el proceso de gobernabilidad los pilares sobre los cuales comenzó el desmontaje de los derechos de ciudadanía y la jibarización de la democracia.  En 1979,  el hoy,  ex director de El País, Joaquín Estefanía publicó su ensayo La Trilateral, internacional del capitalismo. El poder de la trilateral en España. En el interior  aparece el nuevo significado de la democracia trilateral como: "una profundización e impulso a la internacionalización del capital (…) y una defensa  de las democracias autoritarias, o lo que Poulantzas ha denominado ‘estatismo autoritario’, consistente  en el recorte  de las libertades primarias dentro de un legitimador Estado de derecho".

Ha trascurrido medio siglo y las democracias restringidas, protegidas u ordenadas se han expandido en el mundo de la mano de las políticas neoliberales y la reforma del Estado. Privatizar, desregular y descentralizar, han sido los  argumentos para destruir  la ciudadanía. Lentamente se han  perdido derechos democráticos.  La inversión pública tiene topes constitucionales,  la sanidad, la educación, la vivienda son trasformados en negocios rentables para fondos de riesgos. Igualmente los trabajadores han visto disminuir los salarios, criminalizar sus organizaciones sindicales, cuando no ver crecer contratos basura y el despido libre. Las desigualdades, la pobreza y el desempleo, se han cronificado. Se procedió a  rematar y desmantelar el sector público, llevando a miles de ciudadanos a la indigencia, aumentando el número de pobres, junto a los suicidios por depresión.

La primera revolución neoliberal consiguió su objetivo, reformar el Estado y desarticular la democracia como una forma de vida, la redujo a una técnica procedimental. La democracia son, ahora,  simplemente reglas del juego, un modelo normativo, un cascaron vacío.  Democracias sin demócratas y ciudadanos sin ciudadanía. De esta guisa emerge una definición de mínimos, los ciudadanos mutan  en consumidores. Von Mises, teórico,  junto a Hayek, exponente del liberalismo y la economía de mercado, aclara en  La mentalidad anticapitalista, que debemos entender por democracia: "la democracia de mercado se desentiende del ‘verdadero mérito, de la íntima santidad, de la personal moralidad, de la justicia ‘absoluta’. Prosperan a la palestra mercantil, libre de trabas administrativas, quienes se preocupan y consiguen proporcionar a sus semejantes lo que éstos, en cada momento, con mayor apremio desean. Los consumidores, por su parte, se atienen exclusivamente a sus propias necesidades, apetencias y caprichos. Esa es la ley de la democracia capitalista. Los consumidores son soberanos y exigen ser complacidos".

Hayek por su parte, en un artículo publicado en 1976, ¿A dónde va la democracia? , señala como  su significado  ha degenerado y se ha vuelto un problema para las elites gobernantes: "democracia, un método saludable para llegar a tomar decisiones políticas (…) se ha convertido en pretexto para imponer fines sustancialmente igualitarios" Una democracia  de mercado, no debe verse influenciada por decisiones éticas, ni valores igualitarios. Para Hayek, la justicia social o las políticas destinadas a favorecer a los sectores más vulnerables y  desprotegidos son distorsionan las leyes del mercado y no forman parte de la democracia capitalista.

La democracia ha dejado de ser una práctica política, una forma plural de control y ejercicio del poder, mediado por el bien común y el interés general.  Hace ya décadas, el mandar obedeciendo del sentir democrático se ha extraviado. Ya no es un proyecto de vida, de ciudadanía, de dignidad, de compromiso ético, de responsabilidad colectiva. Si hablamos de democracia, al decir de Pablo Gonzalez Casanova,  deberíamos preguntarnos qué tal andamos de participación, de representación, de mediación, de negociación y de coacción.  La democracia no puede ser un método, una forma sin contenido.  Es un proyecto vital de ciudadanía, posee una dimensión social, de género, cultural, étnica y política. Es un acto de responsabilidad, su ejercicio tiene consecuencias.  Hoy, sufre un proceso de involución. La pandemia deja al descubierto los múltiples rostros de la injusticia social, la pérdida de derechos. En definitiva, hoy morirse de hambre se ha convertido en un hecho auténticamente democrático.

Por Marcos Roitman Rosenmann

Sociólogo y analista político

22/02/2021

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Ecuador: ballottage entre Arauz y Lasso y nuevas amenazas  

El Consejo Nacional Electoral proclamó los resultados de las elecciones 

La Contraloría y la Fiscalía realizarán auditorías de la votación, con lo cual el correísmo denunció una “intromisión al proceso electoral” por parte de otras instituciones del Estado. 

 

El proceso electoral ecuatoriano está marcado por incertidumbres, disputas y amenazas. Este domingo a las 3 de la madrugada, dos semanas después de la votación, el Consejo Nacional Electoral (CNE) finalmente proclamó los resultados de la primera vuelta. Como se sabía, Andrés Arauz ganó, con 32.70%, y Guillermo Lasso quedó segundo, con 19.74%.

En esa misma sesión, se volvió a ratificar la negativa a la solicitud presentada por el tercero, Yaku Pérez, de recontar los votos en 17 provincias. El poder electoral aceptó únicamente la revisión de 26 actas en Guayas y Los Ríos, “cuyas inconsistencias se presentaron físicamente en la Audiencia Pública de Escrutinios”.

La proclamación, que debía traer claridad sobre los resultados cuestionados únicamente por Pérez, se dio, sin embargo, en medio de dos nuevas situaciones. En primer lugar, la Contraloría pidió el día sábado que sea realizada una auditoría informática antes de que ocurra la segunda vuelta. Y, esa misma tarde, la Fiscalía solicitó que el contenido digital de la base de datos del CNE para realizar una verificación de la misma.

La Fiscalía explicó en un comunicado, el domingo, que la acción se llevaba adelante “dentro de una investigación previa por presunto fraude electoral”, en base a las denuncias de Pérez, a partir de las cuales solicitaron a la Corte Nacional de Justicia autorizar “el registro y retención de información”. Esa autorización del juez de la Corte llegó el sábado, casi en simultáneo con el pedido de la Contraloría y horas antes de la proclamación de resultados del CNE.

Si bien la Fiscalía afirmó que “las diligencias fueron coordinadas con la presidencia del CNE”, la presidenta del poder electoral, Diana Atamaint, grabó horas antes un mensaje en el cual afirmó: “esperamos que los esfuerzos de la Contraloría se enfoquen en el combate a la corrupción y que no se hagan eco de las fuerzas políticas que quieren tomarse por asalto al CNE. Pedimos que las instituciones y sus autoridades no caigan en el juego y se conviertan en actores políticos que promueven sus intereses en el actual proceso electoral”.

Ante los hechos ocurridos, la fuerza política Unión por la Esperanza, que lleva la candidatura de Arauz, presentó una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral contra la Fiscal General, Diana Salazar, y el Contralor, Pablo Celi, por una “intromisión al proceso electoral”. El candidato, por su parte, dio una conferencia para denunciar los hechos: “hay una única autoridad electoral y rechazamos la interferencia y grosera intromisión de otras instituciones del Estado en la función electoral contraloría”.

Arauz denunció que tras los pedidos de auditorías existen las amenazas e intenciones de que sea modificado el calendario electoral, que fija el inicio de la campaña para el 16 de marzo y la segunda vuelta para el 11 de abril: “exigimos que los derechos al recuento se hagan en el marco de la ley y no impliquen excusa alguna para modificar el calendario electoral”.

Las denuncias acerca de posibles intentos de modificación de las fechas electorales fueron también expresadas por Atamaint, quien afirmó que “el calendario electoral que conduce a la segunda vuelta no se cambia”, y dentro del informe preliminar entregado por la Organización de Estados Americanos (OEA) el domingo, el organismo llamó a “las autoridades electorales” a “dar cumplimiento al calendario electoral”. La OEA, que reconoció los resultados electorales, también señaló su “preocupación” por el hecho que “otras entidades públicas o autoridades pretendan asumir funciones que puedan afectar las atribuciones de organismos electorales y la propia elección”.

Así, en lugar de un escenario electoral despejado con los resultados luego de dos semanas de la votación, los últimos acontecimientos agregaron mayores preocupaciones acerca de los diferentes intentos de interferir en la realización de la contienda según lo establecido. Las instituciones ecuatorianas, marcadas por los años de lawfare contra la revolución ciudadana, volvieron a evidenciar su falta de transparencia y, en consecuencia, de confianza.

A su vez, en ese contexto, Pérez, junto a un sector del movimiento indígena, se dirige en una movilización hacia el CNE, en Quito, donde volverá a presionar ante lo que denuncia como fraude. La llegada a la capital será, según los anuncios, el día martes. Pérez, quien en una primera instancia había logrado un acuerdo con Lasso para el recuento de votos, se encuentra ahora en lo que aparece como una soledad política y pocas posibilidades de lograr avances en sus intentos de impugnación del resultado que dio a Arauz como ganador de la primera vuelta.

Las elecciones en Ecuador, como se previó desde su inicio, se encuentran marcadas por una sucesión de irregularidades, maniobras, intentos de última hora centrados principalmente en perjudicar la candidatura de Arauz. Los próximos días podrían ser determinantes de cara a saber si el país se encaminará hacia una segunda vuelta sin contratiempos o sí, por el contrario, habrá nuevos giros que agreguen mayores sospechas sobre las instituciones y el proceso electoral.

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Lunes, 22 Febrero 2021 05:51

¿Posneoliberalismo?

¿Posneoliberalismo?

Las tres notas principales en la primera plana del New York Times de ayer resumen casi a la perfección la coyuntura estadunidense: 500 mil muertes por Covid-19, la crisis invernal de Texas que revela una nación vulnerable a la catástrofe ante el cambio climático y el mayor desafío del sistema de justicia, así como que la mayor amenaza a la seguridad nacional es el extremismo de derecha.

Las crisis discriminan: son los pobres, las minorías y, sobre todo, los migrantes, los más afectados por el coronavirus, los que se congelaron y se quedaron sin electricidad y agua en Texas (mientras su senador huyó al calor de Cancún), las víctimas de crímenes de odio racial o que se suman a filas neofascistas por desesperación.

Lo que no cuentan las notas es que todo lo referido son saldos directos de cuatro décadas de políticas neoliberales dentro de la primera potencia del mundo. Nada de esto es sorpresa: todo fue pronosticado, no sólo por opositores del orden neoliberal, sino incluso por algunos líderes e intelectuales de las cúpulas política y económica que advertían que se necesitaba reformar tantito al sistema para proteger su juego a largo plazo.

Pero el sistema neoliberal de avaricia es perverso y obsceno. Ejemplo de ello son las expresiones felices de un empresario texano de gas, al hablar con sus accionistas (el dueño de los Cowboys es el mayor accionista) sobre las maravillosas ganancias que acaban de lograr con la alza astronómica del precio por la crisis en Texas: Es como ganar la lotería, gritó, mientras millones sufrían las consecuencias de la emergencia humanitaria.

Y durante la peor crisis de salud pública en un siglo, con su ahora medio millón de fallecidos (más que el total de estadunidenses muertos en combate en la Primera y Segunda Guerra Mundial y Vietnam combinados, y durante algunos periodos con más del saldo del 11-S cada día) en gran medida a consecuencia del manejo irresponsable y la falta de un sistema de salud pública efectivo (según The Lancet, 40 por ciento de las muertes eran evitables) y mientras sus consecuencias económicas incluían millones de desempleados y un incremento dramático del hambre, los 660 multimillonarios más ricos del país incrementaron su riqueza por más de un billón de dólares, un alza de 40 por ciento desde el inicio de la crisis de la pandemia (https://inequality.org). Para este sistema, los desastres humanos y naturales también son negocio.

Movimientos progresistas dentro de Estados Unidos que han luchado contra la agenda neoliberal durante décadas, junto con los que continúan la lucha histórica de siglos contra el racismo sistémico, fueron claves en la derrota electoral del neofascismo.

Son parte de la razón por la cual el nuevo gobierno de Joe Biden –al cual no le tienen gran confianza y saben que debe ser obligado a cumplir a través de la continuación de la movilización social y política– ha tenido que adoptar una agenda progresista, que incluye rehacer parte del estado de bienestar social, reconocer que se tiene que responder ahora a la crisis del cambio climático y atender las raíces históricas del racismo sistémico.

La reacción contra ese movimiento progresista, incluyendo las expresiones ultraderechistas, son los últimos gritos de un país que ya está dejando de existir, pero también son fruto del deterioro poltico, económico y social. El nominado como procurador general, el juez Merrick Garland, comentará este lunes en su audiencia de ratificación ante el Senado que su prioridad será combatir a los supremacistas blancos violentos y otros terroristas domésticos, incluyendo el caso contra cientos de los participantes en el asalto al Capitolio el mes pasado. Resulta que la mayor amenaza a la seguridad de esta democracia ya no es externa, sino proviene desde muy adentro de este país y habla inglés americano.

Estas múltiples crisis, se dice, son existenciales para este sistema y están marcando el fin de la era neoliberal en Estados Unidos. Lo que sigue en ese país es justo lo que está en disputa, con implicaciones y tal vez esperanzas para todos en el planeta.

Ani DiFranco Which Side Are You On. https://open.spotify.com/track/15pEgms CoyHwwO1Hlgaqb9?si=p3w2WE7 dQiCaVqWrh-gMjQ

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Dos personas fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad

Dos personas fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad de Myanmar en una nueva jornada de represión a las protestas. Además, otras 30 personas fueron heridas por policías y soldados durante una manifestación de trabajadores portuarios en Mandalay, la segunda ciudad más grande del país.

Al menos unos 500 agentes de seguridad participaron en el operativo en las cercanías de Yadanabon, un astillero estatal. Balas de goma, munición real, gases lacrimógenos y carros hidrantes recibió el movimiento de desobediencia civil que exige la restitución del gobierno de presidenta y premio nobel de la paz, Aung San Suu Kyi. Una de las personas asesinadas es un menor de edad a quien le dispararon en la cabeza, según indicó Hlaing Min Oo, responsable de un equipo de socorristas voluntarios, citado por AFP. "La mitad de los heridos recibió disparos con munición real", agregó el socorrista. La segunda víctima recibió un tiro en el pecho y murió antes de llegar al hospital. Los testigos afirmaron que la policía también reprimió con proyectiles metálicos fabricados con tornillos y lanzados con tirachinas. "Es como una zona de guerra", dijeron.

Hace tres noches las fuerzas de seguridad reprimieron a trabajadores ferroviarios en Mandalay por haber adherido al movimiento de resistencia contra la Junta y el golpe de Estado del 1 de febrero en Myanmar, antigua Birmania. Otra nueva ola de represión llegó poco después de que los ciudadanos salieran a las calles para rendir tributo a Mya Thwet Thwet Khine. La joven de 20 años murió ayer luego de permanecer en estado crítico después de haber sido baleada el pasado nueve de febrero, unos días antes de su último cumpleaños.

La familia de Mya Thwet Thwet Khine anunció su muerte, la primera confirmada desde el golpe de Estado que puso en el poder al general Min Aung Hlaing. En Yangón, la ciudad más grande de Myanmar, unas mil personas se reunieron para recordar a la primera víctima del gobierno militar.

Mientras tanto las fuerzas de seguridad continuaron ampliando medidas restrictivas. Anoche el país volvió a tener un apagón de Internet, lo mismo ocurrió en las últimas seis noches. Si bien la conexión fue restaurada a la mañana siguiente, las autoridades bloquearon Wikipedia, la plataforma de información libre y colaborativa. El gobierno ya había restringido el acceso a Facebook, desde donde la ciudadanía convocaba a las manifestaciones.

De acuerdo con datos de una ONG de asistencia a presos políticos, cerca de 550 personas han sido detenidas en menos de tres semanas. Entre ellos funcionarios huelguistas, monjes, responsables políticos y activistas. Sólo unas 40 personas han sido puestas en libertad.

Desde el departamento de Estado de EEUU condenaron "la violencia contra el pueblo de Birmania" luego de la muerte de Mya Thwet Thwet Khine. Por otra parte, los cancilleres de la Unión Europea (UE) se reunirán el lunes para analizar medidas contra el Ejército birmano."Condeno fuertemente la violencia contra manifestantes pacíficos por parte del ejército. Pido con urgencia al ejército y a todas las fuerzas de seguridad que frenen inmediatamente la violencia contra civiles", afirmó Josep Borrel, jefe de la diplomacia de la UE.

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Freno a Uber en el Reino Unido: la Justicia dictaminó que los choferes no son trabajadores autónomos

Lo decidió del Tribunal Supremo y fue calificado como "una victoria histórica"

El Tribunal Supremo del Reino Unido dictaminó este viernes que la compañía estadounidense de transporte Uber deberá clasificar a sus conductores como “trabajadores” y no como autónomos, lo que dio por terminado una batalla legal que comenzó en 2016.

El fallo de los jueces determinó que los trabajadores de la empresa deben tener acceso a todos los “derechos básicos” y a “vacaciones pagas”, por lo que Uber tendrá que desembolsar una compensación de hasta 13.834 euros para cada uno de sus trabajadores.

Uber recurrió al Tribunal Supremo tras haber perdido litigios en tres instancias inferiores, luego de que en 2016 un tribunal laboral resolvió que los conductores de la compañía prestan sus servicios como trabajadores y no como contratistas externos.

De esta manera, la sentencia del Supremo reconoce a los choferes como trabajadores (“workers”, en inglés), pero no como empleados (“employees”), que en la legislación británica gozan de ventajas laborales superiores. Sin embargo, este estatus de “workers” sí implicó un rechazo a la categoría de autónomos (“self-employed”) que proveen servicios en forma independente, que era lo que reclamaba la compañía.

El fallo fue celebrado por distintas organizaciones que defienden los derechos de los trabajadores, como el sindicato GMB, que señaló en un comunicado que se trata de una “victoria histórica”, al tiempo que llamó a Uber a “dejar de perder tiempo y dinero persiguiendo causas legales perdidas” y apoyar a los trabajadores que “apuntalan su imperio”.

La decisión del Tribunal Supremo del Reino Unido también podría afectar el modelo de negocio de los llamados “gig” (trabajos precarios), en el que a los trabajadores se les paga únicamente por cada servicio prestado y que fue creciendo en los últimos años en distintos sectores, como el de los repartidores.

Quienes comenzaron el proceso judicial en 2016 fueron los conductores Yassen Aslam y James Farrar, que fueron sometidos a una prueba en el Supremo para comprobar que sus condiciones laborales se encontraban dentro de la definición de “trabajador” del código laboral.

“Ser conductor de Uber puede ser estresante. Ellos te pueden prohibir conducir para ellos en un instante y no hay proceso de apelación”, expresó en un comunicado Mark Cairns, trabajador de Uber en Londres desde hace 5 años, que se mostró “encantado” por haber salido victorioso tras un largo proceso judicial.

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Un polvorín de violencia y miseria en Colombia

En Colombia la violencia está lejos de haber desaparecido con los acuerdos de paz. En regiones portuarias en las que abunda la pobreza de grupos étnicos históricamente relegados, la presencia de multinacionales extractivas se combina con la de bandas armadas. El Estado solo parece tener una respuesta: la militarización.

 

Buenaventura, municipio situado a 116 kilómetros de Cali, capital del Valle del Cauca, es el mayor puerto marítimo sobre el océano Pacífico. En la actualidad mueve entre 40 y 50% del comercio exterior de Colombia y constituye el punto a través del cual el país se relaciona con la región de Asia-Pacífico. Declarado distrito especial portuario, tiene una serie de características destacables: su riqueza cultural, forestal, pesquera y maderera son evidentes. Su importancia es tal que hay quienes pretenden modernizarlo para superar al puerto de El Callao en Perú y al de Valparaíso en Chile y convertirlo así en la capital de la Alianza del Pacífico, cuyo lanzamiento se hizo en 2011 desde el Caribe, en Cartagena.

Sin embargo, Buenaventura es un puerto sin ciudad o sin comunidad. Hay situaciones que explican por qué.

Tras décadas de apertura económica y libre comercio, diferentes intereses privados y corporativos que controlan grandes empresas, zonas francas, servicios portuarios y operaciones logísticas, han confluido en la zona de Buenaventura. Su expansión ha garantizado ganancias privadas, pero no se ha traducido en beneficios para la comunidad. La riqueza generada y la visión de desarrollo que alimenta contrasta con la perspectiva de la población local, que vive con un puerto construido a sus espaldas. Los pobladores, por lo general parte de comunidades negras e indígenas, defienden desde sus territorios ancestrales un desarrollo local basado en criterios antagónicos a los de los intereses privados. Ponen el acento en la protección cultural, ambiental y social, frente a la economía extractiva que llega desde fuera.

Los intereses externos, principalmente estadounidenses, alimentan la animadversión contra los habitantes de la zona, a quienes sindican como un «estorbo para el progreso». Durante años, se han producido presiones para que abandonen sus territorios comunitarios y para sacar, por ejemplo, a quienes habitan zonas de baja mar. La discriminación racial y la segregación regional, como los intentos de cooptación de algunos líderes para que apoyen esas dinámicas externas, ha fracturado procesos identitarios, en especial los del pueblo afro. A eso se suma la violencia, la incertidumbre y la impotencia para superar problemas que persisten y afectan esas luchas colectivas en defensa de reivindicaciones étnico-territoriales en Buenaventura y su zona rural.

Una situación similar a la de Buenaventura la viven poblaciones de Quibdó, Alto Baudó, Tumaco, El Charco y La Tola en los otros tres departamentos del litoral pacífico colombiano —Chocó, Cauca y Nariño— donde se produce una grave problemática étnica, ambiental, de tierras, cultivos de coca, extracción irregular de recursos naturales y violencia. El Estado no logra controlar esos territorios marginales, proveer seguridad, estimular alternativas económicas legales ni fortalecer la autoridad legítima para regular las actividades políticas, económicas, sociales y controlar distintas expresiones de violencia. Su ausencia —o más bien su traumática presencia— facilita que actúen la delincuencia y las bandas criminales, pero también grupos armados irregulares que se disputan el control del narcotráfico, los combustibles y la minería ilegal, y la tala de bosques. El Estado apenas aparece en momentos críticos, monta consejos de seguridad y aumenta la presencia de fuerza pública. Solo se aproxima a la región desde una perspectiva militarista de la seguridad.

Aunque los territorios colectivos y las organizaciones de comunidades negras e indígenas predominantes en el litoral Pacifico fueron reconocidos por la Constitución colombiana de 1991, la cultura blanca y centralista que impera en Bogotá y en varias de las capitales departamentales no ayuda a la consolidación de formas de gobierno regional y local amparadas en los procesos de territorialización y cosmovisiones de las comunidades étnicas. El llamado «Acuerdo Humanitario Ya» arrancó en el Chocó y ha tratado de defender la necesidad de aprovechar la construcción de paz territorial, punto crucial del Acuerdo del gobierno nacional y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), para estimular políticas que, desde la perspectiva de las comunidades del Pacífico, reviertan esas realidades estructurales de saqueo y violencia.

Las comunidades locales vienen denunciando desde hace años el aumento de inseguridad por la actuación de grupos criminales que se disputan el control territorial, así como oleadas de violencia en calles, barrios, casas, esteros. Mientras que el Bloque Paramilitar Calima ha cometido todo tipo de masacres —desde torturas y asesinatos hasta descuartizamientos y desapariciones—, en la zona suburbana están tratando de expandirse el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

A la última oleada de violencia ha contribuido la división en dos grupos (los «espartanos» y los «shotas») de la banda armada La Local. En lo que va de 2021 han generado 38 enfrentamientos violentos y han tratado de someter a comunidades locales, usando o destruyendo organizaciones y liderazgos sociales. Estas disputas en el interior de las bandas afectan sobre todo a la población negra a la que obligan al destierro y han contribuido a un aumento de 200% de los asesinatos respecto del año anterior. Han aumentado la violación de mujeres y las muertes y heridas de niños por lesiones con minas antipersonas y explosivos. Asimismo, se ha verificado un incremento de los desplazamientos, los confinamientos y los reclutamientos forzados. Las extorsiones a comerciantes y los robos son parte de la realidad cotidiana de la región.

En la década de 1990, una potente organización de los movimientos sociales pidió aplicar el artículo transitorio 55 de la Constitución y la Ley 70 de 1993 para reconocer y regular los territorios de comunidades negras en zonas ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico. La población ha venido haciendo marchas, huelgas y paros cívicos de manera ininterrumpida. El más resonante fue, sin dudas, el paro de 21 días de 2017. Esta última medida de protesta consiguió que se creara el Fondo para el Desarrollo Integral del Distrito Especial de Buenaventura, consistente en distintos programas. Desde 2017, Buenaventura fue incluida como lugar de aplicación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) contemplados en el Acuerdo de Paz, para estimular un proceso de transformación estructural urbana y rural, la protección de la riqueza pluriétnica y multicultural, la biodiversidad, la economía campesina y familiar, las organizaciones comunitarias. En las elecciones locales de 2019, Víctor Hugo Vidal, uno de los líderes del paro cívico de 2017, fue elegido como alcalde, derrotando al clientelismo ejercido por las elites económicas y políticas tradicionales.

El pasado 10 de febrero de 2021, más de 80 mil personas en cadena humana recorrieron 22 kilómetros caminando agarrados de las manos. Ahí lanzaron la iniciativa SOSBuenaventura, en rechazo de la violencia y exigiendo protección al liderazgo comunitario, seguridad, inversión social, paz.

Desde la década de 1970, los distintos gobiernos nacionales han formulado planes para la región de Buenaventura y las zonas vinculadas al Pacífico. Durante los últimos veinte años, esas iniciativas se han reproducido cada vez más y han apelado a nuevas formulaciones para el desarrollo regional. Sin embargo, todos los planes quedaron en la letra del papel. Los recursos que contemplaban fueron insuficientes o no se transfirieron. No hay continuidad de un gobierno central al siguiente que permita asumir compromisos adquiridos a nombre del Estado de modo que se logre un proceso sistemático de escucha y recolección de iniciativas locales y, con el concurso de esas comunidades, pueda garantizarse su desarrollo. No solo predomina el planeamiento desde la capital nacional y departamental al margen de las instituciones comunitarias y sus visiones, sino que prevalece el incumplimiento de esos planes y de los acuerdos firmados por sucesivos gobiernos con las comunidades locales. La falta de inversión social y la corrupción aumentan ese acumulado que genera frustración, desconfianza y agrava la situación en los territorios más marginados que sirven de escenario a violencias de distinto tipo.  

Una y otra vez, los gobiernos han militarizado a Buenaventura por tierra, agua y aire, para proteger barcos, contenedores, grúas y la vía que la conecta con el resto del país. A algunos voceros sociales les han enviado escoltas y vehículos blindados como protección. Pero muchas veces desde el Estado se estigmatiza el liderazgo social y miembros de la fuerza pública terminan sobornados por bandas armadas irregulares. Además, la simplificación de la situación deja en la impunidad los delitos, no genera Estado ni mercado, servicios ni ciudadanía. Se subestima el problema de un puerto clave para el país con una población afectada por la miseria, la ausencia de Estado y la violencia.

El actual presidente Iván Duque reduce el problema a «lucha de narcos que se matan entre ellos» y su lema es «el que la hace la paga». El ministro del Interior anunció que todo se normalizará con recompensas para la captura de bandas criminales y el aumento de 150 policías y dos destacamentos militares. El fiscal anunció la unificación y el control exclusivo de metodologías para el conteo de asesinatos de líderes sociales y miembros de las ex FARC, pero la volvió un juego de números y categorías, invisibilizando de este modo su gravedad.

Las tres entidades del sistema de justicia transicional —la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas— piden presencia estatal integral urgente, más allá de la fuerza pública. La Defensoría del Pueblo lanza sucesivas alertas. El obispo Rubén Darío Jaramillo le dijo a El Espectador: «La gente siente que la autoridad son los bandidos. Cada vez que hay un evento hay otro consejo de seguridad, traen unos policías de más, actúan y capturan a unas personas de estas, pero el problema sigue. Es como poner paños de agua tibia a una fiebre que está manifestando una infección».

Las alertas internacionales acaban de activarse. Una en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a través de la representante en Colombia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, que presentó el informe de la Misión de Verificación sobre el Acuerdo de Paz con las ex FARC. Además, se produjeron cuatro llamados desde Estados Unidos. El Departamento de Estado y el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes pidieron al gobierno tomar medidas decisivas frente a problemas profundamente arraigados y al racismo que fomentan la violencia y la desigualdad. Human Rights Watch mostró líderes desprotegidos y comunidades indefensas, y un Estado incapaz de hacerse sentir en esos lugares. La organización WOLA recuerda, a la vez, que el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia de 2012 ayudó a impulsar enormes proyectos en Buenaventura sin beneficios para su población, que el Plan de Acción Laboral Estados Unidos-Colombia incluye los puertos como sector prioritario pero pronto abandonó el mejoramiento de los derechos de los trabajadores portuarios. Las peticiones al gobierno de Joe Biden para que presione a Colombia a implementar el Acuerdo de Paz involucrando a las minorías étnicas y sus territorios marginados se multiplican cada vez más.

Hasta ahora, la incertidumbre y la desesperanza son los sentimientos crecientes en Buenaventura. El Estado colombiano debe acercarse a las realidades territoriales. Las organizaciones locales necesitan articularse en torno a una visión colectiva local y empoderarse para ser oídas e incidir. De lo contrario, el centralismo seguirá tomando decisiones que agravarán la situación de los territorios periféricos

Febrero 2021

Publicado enColombia
Sábado, 13 Febrero 2021 06:35

El legado de la pandemia

El legado de la pandemia

Nadie olvidará el 2020. Nunca antes tantos saludos de cambio de año fueron a propósito de terminar, dejar atrás, salir de ese año como de la peste, literalmente. Excepto varias de las más grandes empresas farmacéuticas, los titanes tecnológicos y unas cuantas trasnacionales más que aprovecharon el desastre para cosechar ganancias en volúmenes que la mayoría de la gente no podemos ni imaginar. Basadas, además, en enormes subsidios públicos y en no pagar impuestos, especialmente las plataformas digitales.

Según el informe El virus de la desigualdad (Oxfam, 2021), los milmillonarios que vieron afectadas sus fortunas, recuperaron el nivel previo a la pandemia en apenas nueve meses, mientras la pobreza en el mundo aumentó notoriamente y se sigue profundizando. Para los miles de millones de personas de la población mundial en situación de pobreza, recuperar el escaso poder adquisitivo que tenían antes de la pandemia tomará más de una década. Algo además incierto (https://tinyurl.com/23zy6zz9).

Desde el inicio de la pandemia, los 10 hombres más ricos del planeta (siete de ellos dueños de plataformas y empresas digitales) agregaron más de 500 mil millones de dólares a sus abultadas arcas. Oxfam pone el ejemplo de Jeff Bezos, actualmente el segundo individuo más rico del mundo, fundador de la plataforma digital Amazon. Con la fortuna personal que acumuló entre marzo y agosto 2020, podría haber pagado a cada uno de sus 876 mil trabajadores un bono de 105 mil dólares y aún seguiría siendo tan rico como al inicio de la pandemia.

Se hizo patente la destrucción o falta de sistemas de atención de la salud accesibles para las mayorías en muchos países. La educación formal se realizó con grandes limitaciones y en modo virtual en todos los niveles, aumentando en estos sectores también la brecha entre pobres y ricos. La carga de trabajo para las mujeres aumentó mucho más que para los hombres, también la violencia de género.

Al aumento brutal de la desigualdad que ya existía, se sumó el hecho de que las medidas restrictivas para contener los contagios dejaron una importante huella negativa en la interacción social y una ola de contención de las luchas sociales, al no poder participar en forma presencial en protestas, reuniones, etcétera. A tono con lo mismo, se enlentecieron e hicieron más injustas (por idioma, zonas horarias, acceso a internet) las discusiones en Naciones Unidas sobre alimentación, cambio climático, biodiversidad, y se limitaron seriamente las posibilidades de participación de la sociedad civil en esos ámbitos. La tendencia de los gobiernos del G-7 hacia el resto de los países es convertir esas discriminaciones en permanentes.

Para las grandes plataformas digitales y empresas tecnológicas, las ganancias han sido indescriptibles, pero no sólo en dinero, también en poder y control. Ya están presentes en todas las industrias –incluso agricultura y alimentación– en el trabajo, educación, salud, comunicación, sistemas de gobierno, redes "sociales", sistemas financieros.

Todas y todos somos sus presas y el comercio de nuestros datos, sus principales fuentes de ganancia. Prácticamente no están reguladas en ninguna parte y apenas se ha comenzado tímidamente a intentar supervisarlas en algunos países, solo en aspectos parciales. No tiene precedente el peso y poder económico y de cabildeo de estas empresas frente a gobiernos nacionales e internacionales, sumado a que tienen control de sus datos e instrumentos.

A las medidas de Twitter de cerrar cuentas de quien considere según su criterio y conveniencia, se suma el reciente anuncio de Facebook e Instagram, de cerrar las cuentas que comenten que las vacunas podrían no ser efectivas o que el virus podría haber sido producto de una manipulación de laboratorio. Más allá de que existe mucha basura en Internet (que las plataformas alientan), de que nos alegre que cancelen los mensajes de Trump o que estemos o no de acuerdo con posiciones críticas sobre las vacunas, el fenómeno de la censura ejercida por los gigantes tecnológicos abre una batería de preocupaciones.

Mientras Facebook – cuyo fundador Mark Zuckerberg es uno de esos 10 hombres más ricos del globo– sostiene que las vacunas son la solución para la pandemia y se arroga determinar qué y quien puede hablar sobre ellas, Oxfam explica en su informe que nueve de cada 10 personas en países pobres no tendrán acceso a las vacunas en este año, aunque varios de los países más ricos han comprado dosis para inocular a toda su población tres veces. El debate de los muchos y diferentes impactos de esta industria es urgente e impostergable.

Pese a la debacle global que la pandemia ha causado, prácticamente nada se ha tocado de sus causas, lo cual afirma las bases para que sigan preparándose próximas pandemias. Por ejemplo, para parar la destrucción de la biodiversidad que aumenta con megaproyectos mineros, de transporte, energía, expansión de la frontera agrícola (https://tinyurl.com/1lydnlmh).

El panorama sin duda es sombrío. Que muchos aspectos del capitalismo hayan quedado al desnudo, también ayuda a combatirlo. Existe un creciente tejido de debates y acciones entre comunidades, organizaciones y movimientos populares que siguen actuando solidariamente, pensando, cuestionando, construyendo.

Por Silvia Ribeiro, Investigadora del Grupo ETC

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Caminos y bifurcaciones del movimiento indígena ecuatoriano

El resultado de la primera vuelta de las presidenciales puso de nuevo en el primer plano al movimiento indígena ecuatoriano y a Yaku Pérez, quien disputó voto a voto con el banquero Guillermo Lasso el paso a la segunda vuelta. Los clivajes en el interior de Pachakutik, una suerte de brazo político-electoral del movimiento indígena, no son sencillos y no se pueden reducir a «clasistas» vs. «etnicistas». Al mismo tiempo, los enfrentamientos con el gobierno de Rafael Correa explican parte de sus posicionamientos y sus divisiones internas.

 

Varias veces dado por muerto y milagrosamente resucitado a lo largo de treinta años, el movimiento indígena ecuatoriano y su principal organización, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), siguen sorprendiendo y desconcertando. En la más reciente muestra de su poderío, Yaku Pérez, candidato de Pachakutik, organización electoral auspiciada por la Conaie, estuvo a punto de pasar al balotaje, con casi el 20% de los votos, en un empate con el político y banquero conservador Guillermo Lasso, quien se proyecta para competir con Andrés Arauz el 11 de abril próximo. En cualquier caso, la votación de primera vuelta ha sido un éxito arrollador para Pachakutik, cargado de implicaciones políticas futuras, y le dará al partido un fuerte bloque parlamentario. 

Unánimemente aclamado por el pensamiento progresista y de izquierdas latinoamericanos como un movimiento democratizador, una renovación de las luchas emancipatorias y una expresión de la lucha contra el racismo y el colonialismo interno, súbitamente el conflicto de la Conaie con el gobierno de Rafael Correa (2007-2017) la transformó para una parte de esas izquierdas en una especie herramienta del Imperio, una expresión del etnicismo excluyente y un arma geopolítica del «ambientalismo liberal». Con la posibilidad del posible paso de Yaku Pérez a la segunda vuelta contra el candidato apoyado por Rafael Correa, esas acusaciones se volvieron particularmente violentas, a veces mezcladas con expresiones que lindan el racismo abierto, como cuando se denuncia que se cambió el nombre a «Yaku» (agua, en kichwa, adoptado legalmente en 2017).

Desde 1990, la Conaie y el movimiento indígena han sufrido, como todo el país, importantes cambios sociales, culturales y económicos. Entre ellos, destacan una acentuación de la urbanización de sus bases sociales, una amplia diversificación ocupacional de sus dirigentes, una mayor penetración de los servicios estatales y un importante, aunque todavía limitado, aumento de la escolarización. La presencia de ONG, de partidos que compiten por conseguir candidatos indígenas, de oficinas y entidades públicas que ofrecen becas o proyectos sociales de variado tipo, se han mantenido y probablemente crecido, aunque esta era una tendencia ya presente desde la década de 1980. El antiguo aislamiento relativo de las áreas indígenas es una reliquia del pasado, aunque subsista parcialmente, sobre todo en la Amazonía. Pero, al mismo tiempo, los pueblos indígenas siguen siendo las poblaciones más empobrecidas, abandonadas y con peores indicadores sociales del país.

Tradicionalmente, el movimiento indígena ecuatoriano fue descentralizado y heterogéneo, tanto en términos ideológicos como organizativos. Desde la década de 1970, la mezcla indisociable de discursos clasistas («somos pobres») y étnicos («somos nacionalidades indígenas») se asoció a demandas ecologistas, aprovechando las oportunidades internacionales y nacionales existentes. Más lentamente, y de modo más desigual, el feminismo penetró también en las comunidades, aunque no se han formado, como en Bolivia, organizaciones supralocales formadas exclusivamente por mujeres indígenas. Al mismo tiempo, un persistente conservadurismo moral, propio de casi todas las zonas rurales, entremezclado con la influencia de las iglesias evangélicas y católica, han limitado, por ejemplo, la incorporación de las agendas de derechos reproductivos en el seno de las organizaciones indígenas. 

El conflicto entre la Conaie y el gobierno de Rafael Correa atravesó todas las fracturas ideológicas, sociales y organizativas del movimiento indígena. No es verdad que haya predominado una sola de ellas. Quiero decir que ni los dirigentes más «clasistas» o los más «étnicos» tuvieron una posición común (a favor o contra) frente a Correa. Apenas un ejemplo. Carlos Viteri, un reconocido intelectual indígena amazónico, oriundo de Sarayacu, imbuido de un fuerte discurso étnico, se volvió un militante del correísmo. Su comunidad de origen goza de fama mundial por su radical oposición a la explotación petrolera en su territorio desde los años 80. Viteri, no obstante, fue el parlamentario encargado de hacer el informe que viabilizó la explotación petrolera en el Yasuní en 2013. El énfasis en los valores de la etnicidad puede perfectamente combinarse con las bondades del extractivismo.

No hay, pues, evidencia alguna de que los cambios sociales, generacionales o el conflicto con Correa obedezcan a una acentuación del carácter «etnicista» del movimiento. Las tendencias étnicas y clasistas siguen conviviendo y mutando en su interior. El levantamiento popular de octubre de 2019, por ejemplo, tuvo una agenda esencialmente económica y de esas movilizaciones contra el gobierno de Lenín Moreno salió fortalecido el liderazgo de Leonidas Iza, dirigente kichwa de la provincia de Cotopaxi, conocido por el énfasis «clasista» de su agenda. El bosquejo de programa económico que, bajo el liderazgo de la Conaie, se gestó en los meses posteriores a ese levantamiento, retoma todos los temas propios de una agenda redistributiva.

Yaku Pérez fue el líder más visible de las tendencias internas que se oponían más radicalmente al gobierno de Correa. La razón es bastante simple. Dirigente de la organización rural de una zona de la Sierra sur de relativamente reciente proceso de mestizaje (dos generaciones), la amenaza de una concesión minera en su territorio lo acercó a la Conaie, que tenía una larga trayectoria de oposición a las actividades extractivas, sobre todo en la Amazonía. Pérez llegó a ser presidente de la filial serrana de la Conaie, la Ecuarunari, la organización indígena más numerosa del país. Luego, como prefecto electo, pugnó por conseguir una consulta popular que prohibiera toda minería metálica a gran escala en la provincia del Azuay. Aunque la Corte Constitucional negó sus pedidos, una consulta más limitada, que prohíbe las actividades de minería metálica en las cabeceras de cinco ríos en la capital, Cuenca, acaba de obtener 80% de los votos y a ningún gobierno futuro le será fácil ignorar semejante veredicto.

Esta lucha antiminera desató un proceso interno de recuperación y reinvención de las identidades ancestrales cañari en estas comunidades. Estas identidades contribuían prácticamente a su lucha y también les otorgaban un orgullo y una sensación de que era posible ofrecer alternativas económicas y de vida enraizadas en la tradición y el pasado local. La obsesión del gobierno de Correa por impulsar la minería metálica a gran escala en un país (y unas regiones) sin tradición minera, lo llevó a una persecución sistemática a los dirigentes sociales, entre ellos Yaku Pérez, que estuvo cuatro veces en prisión. Pero no era un ataque personal: la Fiscalía General del Estado reconoció que entre 2009 y 2014 hubo 400 procesos judiciales por año por delitos contra la seguridad del Estado, entre ellos, más de un centenar por año por delitos de sabotaje y terrorismo. No hay un antecedente semejante en la historia ecuatoriana del siglo XX. Como uno de los principales damnificados de esa ola represiva, para Yaku Pérez, el fin del gobierno de Correa se imponía como una cuestión de sobrevivencia. Ese es el contexto de su famosa frase en la segunda vuelta de 2017 entre Guillermo Lasso y Lenín Moreno: «prefiero un banquero a una dictadura».

No veo cómo se puede llamar a esta movilización ecologista «ambientalismo liberal». Ningún liberal que yo conozca está en contra de la minería en Ecuador. Tampoco parece lícito suponer que la política opuesta, la de Rafael Correa, de concesionar estos yacimientos mineros a empresas chinas, pueda ser calificado en sí misma de nacional-popular. El grupo ecologista más cercano a Yaku Pérez es Acción Ecológica, ampliamente reconocido en Ecuador y el mundo como la más combativa de las organizaciones del ecologismo popular. En la campaña para las elecciones del 7 de febrero pasado, Pérez hizo una propuesta radical pero viable: optimizar la explotación petrolera en las regiones donde ya existe, pero no ampliar la frontera extractiva. Respetar, con una conducta ambiental vigilante, los contratos mineros actualmente en explotación y terminar con los que solo están en fase de exploración.

El conflicto interno reciente más conocido en el movimiento indígena ocurrió en el momento de la selección del candidato de Pachakutik para las últimas elecciones presidenciales. Jaime Vargas, dirigente shuar de la Amazonía sur y presidente de la Conaie, y Leonidas Iza se quejaron públicamente del proceso de selección, que en su opinión estuvo organizado para favorecer a Pérez. Vargas se asocia, como la mayoría de los dirigentes shuar, a las corrientes más «étnicas», mientras Iza está más cerca de las «clasistas». De nuevo, las etiquetas ideológicas fluyen con facilidad al calor de combinaciones siempre cambiantes y siempre presentes. Ningún giro reconocible, solo una constante negociación y convivencia de dos dimensiones de una identidad política en tensión. 

Este tipo de disputas internas por candidaturas es tradicional y frecuente en Pachakutik. Sin embargo, la gran masividad de la votación en zonas indígenas a favor de Pérez en 2021 desmiente que haya habido una división significativa en las bases de la Conaie. Estas parecieron sentirse bien representadas electoralmente por Pérez. Fue, por lo tanto, un conflicto entre dirigentes, sepultado por una avalancha de votos. Esa disputa, sin embargo, especialmente con Iza, seguramente volverá a aparecer en el futuro. Pero es claro que el peso político de Yaku Pérez se ha potenciado enormemente dentro de la Conaie luego de obtener casi el 20% de los votos. Ha surgido por primera vez una figura individual que potencia electoralmente el peso social y organizativo de la Conaie a escala nacional. La situación parece comparable a la de Evo Morales en Bolivia luego de las elecciones de 2002, cuando este obtuvo más de 21% de los votos y quedó en segundo lugar de manera sorpresiva. El peso político personal de Pérez en las internas no tendrá equivalentes.

El gran desafío del movimiento indígena, como referente indiscutido de las organizaciones y el movimiento popular ecuatoriano, será administrar sabiamente esta victoria electoral y navegar sobre este inmenso capital político. Luego de varios intentos, al fin este movimiento logró interponerse exitosamente como una tercera opción política entre el correísmo y la derecha tradicional. Y lo hizo gracias a otra tradición antigua: combinar la movilización callejera (el levantamiento de octubre de 2019) y la participación electoral. 

Las conflictivas relaciones con el correísmo serán, sin duda, un componente crucial de esa difícil navegación. ¿Será Andrés Aráuz el artífice de un giro generacional hacia una política más abierta frente a los movimientos sociales por parte del correísmo? Hasta ahora no hay ningún indicio en esa dirección, pero es claro que, si quiere ganar en segunda vuelta, tendrá el imperativo de tomar distancias de su mentor, que fue su único sostén político en primera vuelta, pero que se vuelve su principal pasivo en la segunda. 

Otro de los grandes desafíos de Pachakutik de acá en más será precisar de manera más detallada las agendas programáticas que se esbozaron en la reciente campaña y en los documentos del programa económico tanto del levantamiento de octubre de 2019 como de la «Minka por la vida», nombre dado a la agenda económica y social de Pérez. Es claro que un fuerte compromiso ambiental es fundamental para guiar la tarea parlamentaria o de gobierno, pero no es suficiente. Yaku Pérez cuenta para esta tarea no solo con su experiencia personal y sus inclinaciones individuales, sino con treinta años de experiencia colectiva acumulada.

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