Los pueblos originarios de América Latina en la era Covid-19

Las comunidades aborígenes del continente son castigadas por la pandemia del coronavirus, que es fortalecida por la falta de atención estatal.

“En esta pandemia, no estamos todos en el mismo barco, estamos en el mismo mar; unos en yate, otros en lancha, otros en salvavidas y otros nadando con todas sus fuerzas”. La sencilla metáfora a la que apelaron en un comunicado siete organizaciones indígenas en el estado mexicano de Hidalgo ayuda a problematizar a qué sectores sociales afectará más el impacto del coronavirus. En América Latina, los pueblos originarios aparecen entre quienes van tirando manotazos en el agua, resistiendo al menosprecio de gobernantes y ninguneados en pantallas y micrófonos.

Nulas o insuficientes medidas focalizadas o protocolos especiales; carencia de servicios básicos (principalmente agua potable); enfermedades preexistentes vinculadas a la pobreza, y ausencia o lejanía de servicios de salud; complicaciones para la venta y compra de alimentos por el cierre de caminos y mercados; falta de documentación para acceder a programas sociales; poca difusión preventiva con enfoque intercultural y en lenguas indígenas. Un combo de problemáticas que dejan a gran parte de las comunidades originarias de la región en extrema vulnerabilidad. Si el panorama previo ya era de emergencia, la pandemia profundiza las desigualdades.

La conquista europea que arrasó con los pueblos que habitaban el continente no sólo tuvo la espada y la Biblia como armas principales. El factor epidemiológico fue clave: las enfermedades importadas (tifus, viruela, peste bubónica) ayudaron y mucho a diezmar a la población autóctona durante el mayor genocidio de la historia; de hecho, se dice que fue la viruela la que realmente destruyó al Imperio Azteca. Otras epidemias, como malaria, sarampión e influenza, también hicieron estragos en territorios indígenas a lo largo de la historia. Por eso, la irrupción del Covid-19 encendió las alarmas y multiplicó los reclamos de atención urgente. Su penetración en las comunidades sería trágica y le haría un gran favor a las trasnacionales extractivistas, siempre ávidas de tierras y bienes naturales.

La población indígena en Latinoamérica supera los 45 millones de personas, lo que representa el 8,3 por ciento de la región, siendo la zona de mayor densidad demográfica indígena del planeta. Se registran 826 pueblos indígenas distintos.En su informe anual de 2019, la CEPAL destacó que la pobreza de las y los indígenas es 26 por ciento mayor a la de las personas no indígenas.

Recientemente, el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC) exhortó a los gobiernos de la región a propiciar una reunión específica sobre el tema, y señaló que “ninguna de las fuentes de información globales o regionales incluye datos desagregados con relación a la población indígena”.

 

Perú: lavarse las manos con agua empetrolada

 

En la Amazonía peruana, los ríos se tiñeron de petróleo en las últimas décadas, multiplicando problemáticas y enfermedades. Cuatro federaciones indígenas del Departamento de Loreto alertaron sobre “las condiciones precarias en que nos ha encontrado la pandemia: un contexto de persistente contaminación petrolera que envenena el agua y los alimentos, focos de malaria o dengue, y la ausencia del Estado que a menudo implica días de viaje para asuntos básicos como llegar a un centro de salud”.

Las organizaciones reclaman medidas para evacuar a posibles afectados, e “información para difundir en las comunidades con claridad, seguridad, pertinencia y en idioma indígena”. El Perú tiene más de cuatro millones de personas que se identifican con una lengua diferente al castellano. Si bien algunos materiales de difusión fueron traducidos, aparece otro problema: muchas comunidades no cuentan con internet, electricidad o equipos electrónicos para trabajar con la plataforma educativa oficial “Aprendo en casa”. La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, que agrupa a unas 1.800 comunidades nativas, acusó al gobierno de “desatención evidente y reiterada discriminación”, y denunció ante las Naciones Unidas “el peligro de etnocidio por la inacción del Estado peruano”.

En el Perú, donde ya se reportan tres indígenas infectados, se está dando otro fenómeno: el éxodo masivo de familias pobres que huyen de Lima a pie por el hambre y la falta de trabajo. Gran parte son indígenas que retornan con lo puesto a la sierra y a la selva.

 

Colombia: la pandemia de la violencia

 

La población indígena en Colombia -casi dos millones de habitantes, el 4,4 por ciento del total- tiene un gran desarrollo organizativo. La Organización Indígena de Colombia (ONIC) emitió por primera vez una alerta epidemiológica y activó un plan de contingencia, que incluye el bloqueo de caminos permitiendo sólo el paso de transportes de alimentos y productos básicos. Desde La Guajira hasta el Amazonas, la denominada “Guardia Indígena” impide el ingreso a los poblados de turistas e instituciones privadas. Las primeras en hacerlo fueron las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta que bloquearon el acceso al Parque Nacional Tayrona, uno de los principales atractivos turísticos. “La estrategia de prevención y contención la dividimos en tres acciones: pedagogía para entender la pandemia, control territorial a través de las guardias indígenas y movilización del conocimiento de los sabedores en medicina indígena”, explicó Ángel Jacanamejoy, dirigente de las Autoridades Tradicionales Indígenas.

La ONIC confirmó la primera muerte por coronavirus, e informó que hay siete indígenas infectados y 90 bajo observación. También denunció que “la escasez de agua potable, alimentos e implementos de bioseguridad y el confinamiento por el conflicto armado agravan la situación”. Es que, más allá del Covid-19, el mayor peligro siguen siendo los grupos paramilitares. Durante el gobierno de Iván Duque, ya fueron asesinados 162 indígenas. Y el hostigamiento y las muertes no amainaron durante la cuarentena. Luis Fernando Arias, consejero mayor de la ONIC, relató: “En estas últimas semanas, se han venido registrando hostigamientos, sobre todo en el norte del Cauca. El genocidio contra los pueblos indígenas se ha convertido en la peor pandemia nuestra en estos últimos años”.

 

México: defensa zapatista

 

Con unas 16 millones de personas, México es el país con mayor población indígena de la región. En muchas zonas también se implementó el corte de accesos. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) declaró en alerta roja a sus comunidades y cerró sus centros organizativos, “considerando la falta de información veraz y oportuna así como la ausencia de un plan real para afrontar la amenaza de la pandemia”. También colocó retenes y filtros sanitarios en el ingreso a sus comunidades, y activó una cuarentena preventiva para quienes regresaron a sus poblados. El EZLN exhortó además a “no dejar caer la lucha contra la violencia feminicida y en defensa del territorio y la Madre Tierra”. El comunicado finaliza diciendo: “Llamamos a no perder el contacto humano, sino a cambiar temporalmente las formas para sabernos compañeras, compañeros, hermanas y hermanos”.

Medidas similares tomó el Congreso Nacional Indígena (CNI). Carlos González, uno de sus dirigentes, coloca otro elemento importante: “En los pueblos indígenas los ancianos y las ancianas juegan un rol fundamental, vital, para la pervivencia de las comunidades y su reproducción. Es una preocupación muy seria”. González coincidió en remarcar la precariedad de las infraestructuras sanitarias, pero destacó que, como contraparte, los pueblos originarios “podrán generar una mejor defensa gracias a su propia vida comunitaria”. El CNI prevé que la peor situación para las y los indígenas será en las ciudades, por lo cual realiza colectas para apoyar a las familias urbanizadas.

 

Desde la Patagonia hasta el Río Bravo

 

Los mismos miedos, dilemas y exigencias se repiten por toda la geografía del continente.

En Bolivia, la Ley reconoce a 34 naciones y pueblos originarios. En el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), que contiene a 64 comunidades, denuncian la desatención del gobierno de facto, la falta de información, y el desabastecimiento de medicamentos y alimentos por la interrupción del comercio. El dirigente Pedro Moye aseguró que “al área rural no llegó ningún material de bioseguridad ni medicinas ni ningún protocolo que debamos seguir en caso de registrar algún contagio. Sólo se abocaron a capitales de provincia”. Y remarcó otra dificultad: “No hay ambulancias ni medios para sacar a un enfermo rápidamente a un hospital. Esa es la preocupación más grande”.

En Brasil, donde ya hay al menos tres indígenas fallecidos y 31 contagiados, sobrevuela el fantasma no tan lejano de la gripe A-H1N1, que provocó la muerte de cientos de indígenas, principalmente guaraníes. El temor al Covid-19 se potencia ya que un tercio de las muertes de indígenas en Brasil son por enfermedades respiratorias. El Foro Nacional Permanente en Defensa de la Amazonía exigió “un plan de contingencia que tenga en cuenta las especificidades de sus pueblos y sus formas de vida comunitarias, que sin duda facilitan la rápida propagación del virus”.

La otra gran amenaza se llama Jair Bolsonaro, que además de minimizar la pandemia e ir a contramano de todas las recomendaciones, dio carta blanca a la deforestación de la Amazonía y expulsó al contingente de médicos cubanos, lo que dejó a muchas comunidades sin atención sanitaria. Nice Gonçalves, periodista y activista indígena, señala: “En 2019 aumentó en 12 por ciento la mortalidad de niños por la retirada de los médicos cubanos y el desmantelamiento de la salud indígena”.

También es crítica la situación en Paraguay, donde indígenas realizan bloqueos de rutas. La organización Tierra Viva expresó: “Las estadísticas previas a la pandemia ya señalaban que el 65% de los indígenas se encuentran en situación de pobreza y más del 30 por ciento en pobreza extrema; a lo que se suma la situación actual de aislamiento que imposibilita salir a trabajar. La exclusión estructural se profundiza y el hambre golpea fuertemente a las comunidades del Chaco”.

El mundo que está pariendo la pandemia deja al desnudo el rostro del sistema y abre las puertas a los debates urgentes sobre la necesidad de un nuevo paradigma civilizatorio. Tal vez sea el momento oportuno para poner el foco en las filosofías de vida que pregonan los pueblos originarios, sintetizadas en conceptos como “sumak kawsay” o “buen vivir”.

5 mayo 2020

Publicado originalmente en Revista Cítrica

Tomado de La Tinta

Publicado enSociedad
Domingo, 03 Mayo 2020 06:10

Pandemias y guerras verdaderas

 En el contexto de las restricciones sanitarias por la pandemia de Covid-19 una pareja baila con familiares durante su ceremonia de compromiso en Qamishli, Siria.Foto Afp

Después de 40 años de ver la guerra "de verdad", desde luego tengo ideas muy establecidas sobre la lucha que dicen librar estadistas, políticos y mentirosos –los tres son, por supuesto, intercambiables–. Tanto la guerra "real" como la viral (del tipo Covid-19) provocan decesos y producen héroes; son una prueba para la resistencia humana, pero no deben ser comparadas.

Para empezar, muchos paralelos pueden ser vergonzosos. Cuando Matt Hancock en un principio comparó la lucha de Gran Bretaña contra el Covid-19 con los bombardeos aéreos alemanes sobre Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial (conocidos como Blitz), en realidad estaba equiparando un puñado de muertes de británicos con la masiva fuerza aérea alemana (Luftwaffe) que mató a unos 40 mil ciudadanos. Pero ahora que los muertos por el virus en Reino Unido ascienden –incluyendo a los no contabilizados, claro está– a más de 44 mil y quizás más, esas comparaciones con la Segunda Guerra Mundial son poco preocupantes.

¿Cuál es la próxima treta histórica que los defensores del Brexit nos jugarán? ¿Que los más de 66 mil británicos muertos en la Segunda Guerra Mundial demuestran la resistencia de nuestros abuelos?

Para entonces las muertes por Covid en nuestro país pueden haber sobrepasado ya esa macabra estadística.

Pero existe una diferencia mucho más importante entre las guerras "reales" y la guerra viral global. Las "reales" surgen de un conflicto de humanos contra humanos, y normalmente se ganan cuando la infraestructura de uno de los bandos –sus tierras, hogares, fábricas, vías ferroviarias, caminos, hospitales, sus museos y galerías, así como sus sistemas de suministro de agua y plantas de electricidad– se convierte en escombros. Los sobrevivientes emergen de estas guerras con sus países en ruina. No existe una "vuelta a la normalidad", porque lo normal ha sido físicamente destruido.

Nosotros los humanos no enfrentaremos la catástrofe cuando nuestra actual "batalla" haya terminado… si es que termina, pero de eso hablaremos más tarde. Cuando abramos nuestras puertas, las pérdidas humanas podrán ser muy grandes y nuestras pérdidas económicas parecerán insostenibles, pero nuestro mundo físico será, por mucho, el mismo. Nuestras grandes instituciones, nuestros parlamentos, universidades, hospitales y alcaldías, al igual que nuestras estaciones de trenes, aeropuertos, redes ferroviarias, sistemas de aguas y nuestros hogares estarán intactos. Todo esto se verá exactamente igual a como se veía hace unos meses. Estaremos a salvo del suicidio nacional que implica una guerra "de verdad".

Johnson y Cummings, así como sus compañeros de la escuela Brexit –junto con el horrendo equipo científico que los respalda (al menos hasta ahora)– pueden seguir jugando a la guerra, pero no deben enfatizar la diferencia entre esto y la verdadera guerra: es decir, en el hecho de que el mundo afuera de la puerta de sus casas será prácticamente el mismo que en febrero y marzo.

Por esto es que muchas personas se han visto dispuestas a romper las reglas del arresto domiciliario que les impusieron. No es que todos sean suicidas, o egoístas o locos, sino que ven hacia el exterior y lo ven igual a como lo recuerdan. Poco a poco, se prepararon para arriesgarse y poner en peligro a otros porque pueden (esta expresión es muy deliberada) y lo aceptan.

Así que –y aquí dejaré de usar las comillas– debemos volver a las guerras de verdad. Uno de los más notables fenómenos en estos conflictos aterradores es que la vida ordinaria continúa en medio del baño de sangre y la aniquilación inminente.

Durante las batallas en Beirut y durante los momentos más temibles de la actual guerra en Siria he ido a bodas. Una pareja musulmana en Beirut y una pareja armenia en la norteña ciudad siria de Kimishle –donde el frente del Isis más cercano está apenas a 19 kilómetros de la puerta de la iglesia. Los novios decidieron casarse y los clérigos apropiados presidieron las ceremonias. Yo los miraba, como dicen, boquiabierto. Tengo amigos que han comprado y vendido hogares durante sus respectivas guerras. Sus vidas están en peligro, pero aún así necesitan certificados de propiedad, fondos bancarios y abogados. En medio de la anarquía, la burocracia formal y la ley toman su curso.

Todo esto –los matrimonios y las transferencias de propiedad– han continuado porque, como dice la más vieja de las frases hechas: la vida debe continuar. Lo mismo ocurre con la guerra global contra el virus. Nuestras bodas tienen menos invitados, las propiedades se compran y venden mediante archivos adjuntos en un correo electrónico y los funerales –una parte esencial de la "vida" normal, supongo– aún se realizan, pero sin que los allegados vean el cadáver o hagan guardia junto a su ataúd.

He notado algo más en las guerras verdaderas que cubro: que los civiles que sufren entre los combates tienen una extraordinaria habilidad de superar las pérdidas a su alrededor. Tiene algo que ver con la idea de sociedad: esa idea de que es posible, sin importar qué tan consternados estemos por circunstancias personales, entender el dolor y la muerte como cosas que se acercan a la normalidad. Las guerras verdaderas, como pueden ver, también se encaminan hacia algo que puede llamarse "nueva normalidad". Amigos y familiares mueren. No conozco a nadie en Líbano o Siria que no haya pasado por este sobresalto, pero el sobresalto también es relativo.

Durante el conflicto en Irlanda del Norte, el secretario del Interior británico, Reginald Maudling –el ahora olvidado predecesor de Priti Patel– se refirió en 1971 a lo que él llamó un "nivel aceptable" de violencia. La expresión fue condenada por aquellos que creen que cualquier violencia es inaceptable, pero sus palabras tenían sentido, si bien macabro. Esta fue una guerra que tuve el privilegio maldito de cubrir y recuerdo cómo los periodistas entendieron exactamente lo que quiso decir Maudling: que el saldo de muertos por bombardeos en seis condados podía alcanzar un punto que podía considerarse normal.

Esto ocurrió en Líbano. Durante los ceses del fuego e incluso las treguas, los habitantes de Beirut iban a la playa, a asolearse y nadar los fines de semana. Una tarde las armas de los cristianos falangistas abrieron fuego en el este de Beirut y su metralla cayó entre los bañistas en la playa del barrio Corniche, en el mar Mediterráneo. La carnicería fue aterradora. Las primeras planas de los diarios al día siguiente estaban llenas de fotografías que jamás se habrían publicado en Europa o Estados Unidos.

A la semana siguiente las playas estaban llenas de nuevo. Muchos libaneses consideraron que había un "nivel aceptable" de muerte. En cierto sentido esto es inspirador –los seres humanos se muestran inconquistables–, pero en otra interpretación, es algo profundamente deprimente. Si los civiles –o el público, para usar una expresión muy occidental– se acostumbran a la muerte, la guerra puede continuar indefinidamente. Y ésta, recuerden, fue una guerra causada por la misma especie humana que estaba muriendo en ella.

Aquí hay una idea inquietante. Todos sabemos que el masivo confinamiento en Europa no puede continuar para siempre. Suecia en realidad nunca se embarcó en ese toque de queda. Alemania, Italia y Holanda están saliendo de él lenta y cautelosamente. Incluso el coctel de bobos de Boris Johnson sabe que esto es cierto e incluso los británicos –con o sin los pequeños brexiters de Downing Street– ahora decidirán por sí mismos cuándo terminará el encierro. No van a esperar a que el Sargento Plod (plod: vocablo en inglés que significa "a paso lento" N. de la T.) les dé permiso.

Todos sabemos que el actual brote de Covid-19 no "termina" en el mismo sentido tradicional que una guerra concluye. No habrá un último muerto. Pero cuando disminuyan las cifras y no exista una segunda visita de esta cosa espantosa, Gran Bretaña habrá alcanzado, me temo, un "nivel aceptable" de muerte. Cuando la estadística diaria vaya de los cientos a las docenas y luego a las decenas diarias, ya no habrá más conferencias desde Downing Street, y disminuirán nuestros pensamientos para los expertos de la salud, no recordaremos el sacrificio de enfermeras y doctores. Incluso podremos hacer apuestas sobre cuándo los tories volverán a hacer recortes al sistema nacional de salud.

El tema es que todos –a excepción de hombres y mujeres que ahora están en duelo por sus seres queridos– tenemos la capacidad de absorber la muerte. Cuando el gobierno británico crea que ese momento de la presente crisis llegó, abrirán las puertas, los caminos y los restaurantes. La economía debe sobrevivir.

Johnson y sus acólitos proclamarán su victoria, pero esto será falso. Los británicos seguirán muriendo, pero sus muertes se habrán convertido en algo normal, igual a quienes mueren de cáncer, ataques cardiacos o son víctimas de accidentes de tránsito; como dice Johnson en su deplorable frase, "los que perdimos antes de tiempo".

De esta forma, los británicos no disfrutarán de una "inmunidad de rebaño". Con o sin protección para este virus o el que le siga; con o sin vacuna, se convertirán en "rebaño" en un sentido diferente. Se convertirán, tal y como lo desea el gobierno, en un rebaño inmune a la muerte de los otros; que habrá asumido un nivel aceptable de muerte entre sus compatriotas. Se habrán vuelto un poco más "endurecidos" –una buena palabra victoriana– a que se inflija tal sufrimiento, y dejarán de rezongar sobre lo ineficaz que fue el gobierno británico para evitar este atropello.

Y entonces –usemos ese repugnante mantra de todos los políticos– "seguiremos adelante". Tendrán que "asumir" al virus, como lo hizo el gobierno hace mucho y como seguirá haciéndolo.

Podemos olvidar cualquier planeación costosa para su siguiente visita, hasta que nos topemos con el Covid-20, o el Covid-22 o el Covid-30 o cualquier otro que se nos atraviese.

© The Independent

Traducción: Gabriela Fonseca

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El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu

Hasta la llegada de Donald Trump al poder, la Casa Blanca reconocía Cisjordania como territorio palestino ocupado en el que debía crearse el futuro Estado de Palestina

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha afirmado este domingo estar "confiado" en poder anexionar partes de Cisjordania ocupada en dos meses, en el marco de la propuesta de paz de Estados Unidos, según ha indicado en un mensaje grabado para un grupo evangélico estadounidense.

"Hace tres meses, el plan de paz de (Donald) Trump reconoció el derecho de Israel sobre todo Judea y Samaria (Cisjordania) y el presidente Trump prometió reconocer la soberanía israelí sobre las comunidades judías allí y en el Valle del Jordán", ha recordado Netanyahu.

"Dentro de un par de meses –ha agregado– confío en que esa promesa será honrada y que podremos celebrar otro momento histórico en la historia del sionismo". Aunque el plan estadounidense popularmente conocido como el Acuerdo del Siglo sí prevé la anexión de las colonias en territorio cisjordano y coincide con muchas de las posiciones del Gobierno de Netanyahu, su texto no reconoce el derecho de Israel sobre toda Cisjordania.

Hasta la llegada de Donald Trump al poder, la Casa Blanca reconocía Cisjordania como territorio palestino ocupado, en el que debía crearse el futuro Estado de Palestina, y consideraba los asentamientos judíos en la zona como ilegítimos.

El mensaje de Netanyahu llega a menos de una semana de la firma de un acuerdo en Israel para un Ejecutivo de unidad entre Netanyahu y el centrista Beny Gantz, que denominaron "Gobierno de emergencia nacional" y que, durante los próximos seis meses, solo podrá tomar medidas vinculadas a la lucha contra el coronavirus y la anexión de territorios en Cisjordania.

La comunidad internacional ha reacionado con severidad en los últimos días al conocerse la voluntad de Israel de avanzar unilateralmente hacia la anexión de Cisjordania. Francia, el Reino Unido y Alemania fueron algunos de los países que cuestionaron la decisión, sumándose a las declaraciones del enviado de Naciones Unidas para Oriente Medio, Nickolay Mladenov, que la describió como "una creciente amenaza" para la paz en la región.

Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, advirtió también esta semana de los peligros que supondría la anexión, que dijo "constituiría una seria violación a la ley internacional", y reiteró la posición de la Unión Europea de no reconocer la soberanía de Israel sobre los territorios ocupados desde 1967.

Hanán Ashrawi, miembro del Comité Ejecutivo de la OLP, agradeció hoy las declaraciones de la comunidad internacional contra la anexión, aunque dijo también que "es momento de tomar medidas concretas y preventivas" para "restaurar la relevancia y efectividad de la responsabilidad internacional".

El pacto entre Netanyahu y Gantz, firmado el pasado lunes, estipula el 1 de julio de este año como la fecha en que se llevará la cuestión de la anexión de Cisjordania al Parlamento. Esta deberá contar también con el aval de Estados Unidos, que parece garantizado tras una declaración esta semana del secretario de Estado, Mike Pompeo, en apoyo al pacto mediante el cual se formará el nuevo Ejecutivo.

EFE - Jerusalén

26/04/2020 - 19:42h

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Israel estudió cómo aplastar una posible revuelta civil armada por el coronavirus

El ejército y otros estamentos israelíes consideraron la posibilidad de un grave deterioro de la situación social en el país y examinaron cómo aplastar una hipotética revuelta causada por la parálisis económica. En un documento al que tuvo acceso Haaretz, redactado en el pico de la crisis, el ejército recomendó al gobierno suavizar las restricciones y mostrar menos fuerza y más compasión para no exacerbar las tensiones.

 

El ejército israelí empezó a prepararse hace dos semanas para hacer frente a un escenario de revuelta armada popular si la situación económica del país se deterioraba significativamente como resultado del cierre casi completo de la economía decretado por el gobierno para hacer frente a la pandemia, revelaron varios medios de comunicación.

El Consejo para la Seguridad Nacional reunió un panel de 30 miembros entre los que había analistas y oficiales del ejército, funcionarios del gobierno, delegados de la policía y notables del mundo académico, para discutir en qué circunstancias podría darse una revuelta civil y de qué manera habría que aplastarla.

Las recomendaciones del panel, a las que tuvo acceso el diario Haaretz, se redactaron después de estudiar dos posibles escenarios: una "revuelta civil"  y "una desobediencia civil a gran escala" debido a una "tensión que podría conducir a un resentimiento o enfado entre la gente".

En opinión del panel, la tensión y el enfado "no conducirían a fenómenos sociales a gran escala por sí mismos, al menos a corto plazo", pero el segundo escenario existiría la potencialidad de causar un "daño a largo plazo a la sociedad israelí y a la democracia".

Una posible causa para un levantamiento popular a gran escala, dice el documento, podría ser la falta de fe en el gobierno y en el sistema político, o el hecho de que pareciera que el gobierno está perdiendo el control sobre la pandemia o el estado.

Otros elementos que podrían causar un levantamiento civil serían la lucha económica, las hipotecas y la incapacidad de algunos de pagar el alquiler o incluso de comprar alimentos, así como una escasez de alimentos en las tiendas. Precisamente, el viernes el gobierno de Benjamín Netanyahu, fuertemente presionado por los sectores económicos, decidió levantar más restricciones autorizando la apertura de los pequeños comercios, pese a la oposición inicial del ministerio de Sanidad.

En el documento redactado hace dos semanas se decía: "La rutina de la vida al completo se ha roto de repente para la mayoría de la población (...), el final del cierre todavía no se conoce y la gente ha recibido distintas estimaciones, desde varias semanas a muchos meses". Esta circunstancia, decía el panel, puede conducir a tensiones sociales, desobediencia civil y resentimiento hacia las autoridades"

Se mencionaba un sondeo realizado por el ejército donde se recogía que el 88% de los encuestados aseguraban que sus vidas se habían visto gravemente afectadas por la crisis, y un 75 por ciento decían que solo salían de sus casas si era absolutamente necesario. El 19% no salía de sus domicilios bajo ninguna circunstancia.

El panel advertía que la gente podría encontrar una cabeza de turco en un grupo social particular como los árabes, los ultraortodoxos o los extranjeros, inmigrantes ilegales y refugiados, quienes podrían llegar a pagar por la expansión de la pandemia y la crisis económica.

"El bienestar de la gente se ha dejado de lado para concentrarse en detener la propagación. Con la extensión de la cuarentena es necesario prestar atención y dar recursos a la gente para enfrentarse a la causa de las tensiones entre la gente", decía el documento, que advertía que si no se proporcionaban recursos, la gente podría levantarse contra el gobierno.

El panel recomendó al gobierno que contratara a miles de israelíes para trabajar en los hospitales y en unidades de seguridad comunitarias semejantes a las que funcionan en las poblaciones cercanas a la Franja de Gaza. También recomendaba que los soldados participaran en la distribución de alimentos y realizaran patrullas nocturnas.

Al gobierno le indicaba que debía adoptar una posición más relajada con la gente. "Menos munición y más compasión", sentenciaba. También le recomendaba que policías desarmados visitaran a los israelíes de más edad y que distribuyera alimentos por las tardes entre los musulmanes durante el mes de ramadán que empezó este viernes.

Según The Jerusalem Post, a pesar de la recomendación de que el ejército y la policía deberían actuar sin tanto rigor, el gobierno ha usado ampliamente la fuerza en otras protestas a gran escala, especialmente contra el sector árabe. En octubre de 2000, se aplastaron las protestas árabes con un coste de 13 civiles muertos en la Galilea poco antes de que estallara la segunda intifada.

jerusalén

26/04/2020 09:02

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Asesinan a otro líder comunitario en Colombia; suman 80 en el año

El líder comunitario y defensor ambiental Alejandro Llinás Suárez fue asesinado el viernes en la zona rural de la Sierra Nevada de Santa Marta, en el departamento del Magdalena, en el norte de Colombia. El activista había denunciado en semanas recientes la presencia y el hostigamiento de grupos paramilitares.

Llinás Suárez era un defensor ambiental del Parque Tayrona. Según medios locales, varios individuos armados entraron en su finca y acabaron con su vida.

"Con profunda tristeza lamentamos el asesinato del líder de Colombia Humana en Santa Marta, Alejandro Llinás", publicó en su cuenta de Twitter el movimiento político Colombia Humana, liderado por el senador Gustavo Petro.

Hostigamiento paramilitar

Llinás Suárez fue "un defensor de su territorio, del ambiente y los recursos naturaleza. Pedimos justicia para que su asesinato no quede impune!", agregó la organización.

"La violencia política sigue cobrando vidas, triste realidad. Alejandro Llinás Suárez fue asesinado hoy en Calabazo, Santa Marta, Magdalena", tuiteó por su parte la activista Mariana Risaralda, que ha subrayado que Llinás Suárez "denunció la presencia y el hostigamiento de grupos paramilitares en la zona".

Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en lo que va de 2020 han sido asesinados más de 80 líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia. El gobierno ha contabilizado desde 2016 hasta abril de 2020 los asesinatos de 364 líderes sociales, de los cuales el 55 por ciento se encuentran ya bajo investigación.

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EE UU sella un acuerdo millonario con Groenlandia que provoca indignación en Dinamarca

El plan de ayuda financiera, por 11 millones, llega ocho meses después de que la oferta de Trump de comprar el territorio molestara a Copenhague

Groenlandia no está en venta, pero sí en alquiler. Eso es lo que sugerían los medios daneses hace casi un año, cuando la primera ministra danesa, la socialdemócrata Mette Frederiksen, tachó de “absurda” la oferta de compra del territorio ártico por parte del presidente de EE UU, Donald Trump. Tan solo ocho meses después del choque entre ambos socios de la OTAN, los titulares se han mostrado acertados. Washington y Nuuk, la capital del territorio danés semiautónomo, han anunciado un acuerdo de inversión en proyectos en el territorio helado por un total de 83 millones de coronas danesas (11 millones de euros) abriendo un intenso debate en la capital del reino.

“Con esta buena noticia se confirma que nuestro trabajo de consolidar una relación constructiva con Estados Unidos da sus frutos”, ha dicho el primer ministro groenlandés, Kim Kielsen. El Gobierno socialdemócrata de Dinamarca, en minoría, ha aplaudido también la inversión de Washington en su territorio del Ártico, en cuyas negociaciones ha estado involucrado desde el pasado otoño. Y es que Groenlandia, pese a gozar de una amplia autonomía —de hecho pertenece a Dinamarca, pero no a la Unión Europea (UE)—, sigue siendo Copenhague el único interlocutor válido en cuestiones de Exterior y Defensa. “No es un secreto que hemos trabajado con Groenlandia para asegurar que se beneficie de la presencia de Estados Unidos”, ha explicado a los medios locales el ministro de Exteriores danés, Jeppe Kofod, quién intentó rebajar la crispación en Copenhague calificando el acuerdo económico de “completamente natural”.

Los fondos estadounidenses, según el acuerdo, irán destinados a proyectos relacionados con la extracción de materias primas, turismo y educación y serán los groenlandeses, junto con los estadounidenses, los que decidan exactamente cómo y cuándo gastar el dinero. Pero las voces que señalan una doble intención de Trump en un territorio en el que China y Rusia reclaman su parte del pastel no dejan de crecer.

Nada más hacerse público el acuerdo entre Washington, Nuuk y Copenhague, la oposición danesa, a derecha e izquierda, estalló en tropel. Los ultraderechistas del Partido del Pueblo Danés (DPP) creen que el pacto es “insultante”, según declaró el diputado Soren Espersen al diario Altinget. Los socialistas, también en la oposición, creen que el acuerdo es “extremadamente provocativo” y que lo único que persigue es generar crispación en las relaciones entre Copenhague y Nuuk por las que, si bien hay una gran autonomía política, económicamente hay cierta dependencia.

Groenlandia, cuya economía se basa casi exclusivamente en la pesca, recibe anualmente 576 millones de euros de Copenhague, lo que representa dos tercios de sus finanzas. Con el pacto con EE UU, algunos diputados en el Folketing (Parlamento nacional) han lanzado la voz de alarma y vaticinan que Groenlandia poco a poco se irá alejando de Copenhague para alinearse con sus nuevos socios estadounidenses. “Tenemos que aclarar si ellos [EE UU] pagan ahora y nosotros [daneses] estamos en deuda mañana”, dijo la diputada groenlandesa en Copenhague Aaja Chemnitz Larsen. Muchos en el Folketing opinan que nadie da un cheque en blanco y que Washington acabará imponiendo sus condiciones. Un alto funcionario de la Casa Blanca citado por el Financial Times aseguró, sin embargo, que EE UU ya no planea comprar Groenlandia.

Poco después de aquella crisis diplomática desatada el pasado verano entre ambos socios de la OTAN en la que Trump llegó a cancelar de la noche a la mañana una visita oficial a Copenhague, Washington inició una serie de discretos movimientos para seducir a Groenlandia. Mandó a una delegación al territorio helado —el 80% de su superficie está cubierta de hielo— para proponer ciertas inversiones en infraestructuras como carreteras y aeropuertos.

En noviembre, Copenhague dio luz verde la reapertura en Nuuk por primera vez desde los años 50 del consulado estadounidense, un movimiento que se acaba de hacer oficial. La oficina diplomática se alojará en una base militar en la capital groenlandesa —EE UU cuenta ya con otra base aérea en Thule, al noroeste del territorio— y el nuevo cónsul se trasladará desde Copenhague una vez que las medidas para evitar la propagación del coronavirus lo permitan. Groenlandia tiene una representación diplomática en Washington desde 2014.

Rusia y China

El interés por la influencia en el Ártico crece entre las principales potencias mundiales. La embajadora estadounidense en Dinamarca, Carla Sands, ha alertado en un comunicado esta semana que, pese a la política de “baja tensión” que ha mantenido desde los años 90 el Consejo Ártico (la asamblea con presencia de los países del Norte) en el territorio, ahora surgen “nuevos desafíos”. Y pone a China y Rusia como ejemplo.

Moscú está dando mucho peso a su estrategia militar en el Ártico reabriendo bases de la Guerra Fría y estableciendo un nuevo comando Ártico, revela la diplomática. Y Pekín, continúa, se llama a sí mismo “un Estado cercano al Ártico”, pese a la distancia que les separa. “China busca establecer la Ruta de la seda polar” a través del desarrollo de rutas marítimas que emergen en el polo Norte como consecuencia del calentamiento global.

Madrid / Copenhague - 24 abr 2020 - 8:31 COT

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Viernes, 24 Abril 2020 06:44

Autonomías para enfrentar las pandemias

Autonomías para enfrentar las pandemias

Cuando el Estado es poco más que un miserable espectro genocida, los recursos de los pueblos son el único relevo posible para combatir guerras y enfermedades, cuyos efectos no tienen, casi, la menor diferencia. Es cierto que las guerras destruyen, además de personas, edificios e infraestructuras, mientras las epidemias afectan, primordialmente, a los seres humanos.

En el norte y el este de Siria, después de una larga década de guerra azuzada por los principales estados del planeta y de la región, los más armados y los menos razonables, capaces incluso de haber creado y alimentado ese monstruo llamado Estado Islámico, los pueblos organizados están resistiendo ahora la pandemia de coronavirus.

Lo más notable, según las noticias que nos llegan, es que combaten el virus con las mismas armas que utilizaron durante la guerra: la cohesión comunitaria, la organización de base y la determinación, como pueblos, de hacer frente colectivamente a los mayores obstáculos. Así es la vida en los territorios donde el pueblo kurdo hace de la autonomía su seña de identidad.

Un ventilador cada 100 mil habitantes, son los recursos técnicos con los que cuenta la región, según el Centro de Información de Rojava. Buena parte del instrumental sanitario fue destruido por los recientes ataques de Turquía a las regiones autónomas kurdas.

Las cooperativas textiles y agrícolas son las encargadas de producir mascarillas para protección y los alimentos necesarios. Las comunas decidieron un toque de queda desde el 23 de marzo, sometiendo a los viajeros que llegan a la zona a una cuarentena preventiva, mientras las estructuras económicas y políticas de la autonomía, las mismas que han permitido la sobrevivencia durante una década de guerra civil en Siria, son las que garantizan la vida de la población.

"Las cooperativas están más en sintonía con las necesidades de las comunidades en las que viven sus miembros y, por tanto, tienen más probabilidades de tomar decisiones basadas en la necesidad que en las ganancias", señala un reporte de "Kurdistán América Latina" (https://bit.ly/2RX5EVo).

Las comunas, que son la unidad básica en las que está organizada la población, garantizan el cumplimiento del toque de queda y la distribución de alimentos, basadas "en el conocimiento local y la pequeña escala de estas estructuras". Elaboran listas con las familias que tienen mayores necesidades de alimentos, productos de limpieza y medicamentos y van de familia en familia distribuyendo la ayuda, para evitar aglomeraciones.

Una forma de organización que facilita la protección de las familias, ya que "los integrantes de la comuna no necesitan viajar mas allá de sus vecindarios para distribuir ayuda, disminuyendo el número de personas que viajan de ciudad en ciudad".

Este orden comunitario y autónomo se mantiene en una región poblada por 4 millones de personas, incluyendo alrededor de un millón de refugiados que viven en tiendas de campaña por la agresión turca. A pesar de la estricta organización, del trabajo de las cooperativas y comunas y de la solidaridad internacional, los hospitales y centros de salud tienen capacidad para atender sólo 460 casos activos de coronavirus.

Un informe del Comité de Solidaridad con Kurdistán de la Ciudad de México destaca que los estados y las organizaciones internacionales, como la ONU y la OMS, están actuando de forma irresponsable ante los continuos bombardeos de Turquía sobre las aldeas de Rojava, que provocan cortes de agua y agravan la situación sanitaria.

Ante esta situación sólo vale la "autoorganización comunal, ecológica y pacífica" de los pueblos en el contexto de la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria, inspirada en el confederalismo democrático teorizado por Abdullah Öcalan, líder kurdo prisionero en la isla turca de Imrali.

En sintonía con la experiencia zapatista y de otros pueblos latinoamericanos, sigue el Comité de Solidaridad, defienden "una salud comunitaria basada antes que nada sobre la autonomía, la prevención social y la educación más allá de las medidas estatales represivas y centralizadoras".

"Volver a la tierra y a la naturaleza", es uno de los lemas del pueblo kurdo, que busca enfrentar ésta y futuras pandemias repoblando aldeas rurales, reforestando, con cultivos diversificados en base al trabajo comunitario.

Las palabras autodefensa, autonomía y salud comunitaria, resuenan estos días aciagos desde Rojava hasta Chiapas, pasando por Lima, donde cientos de andinos retornan a sus pueblos en la sierra, bajo el lema "Aquí termina Lima", en una magnífica descripción de Rodrigo Montoya (https://bit.ly/3bvGW69). Lejos de la modernidad urbana individualista, quieren rehacer su vida en comunidades, tejidas con base en la reciprocidad y la ayuda mutua.

El futuro de la humanidad se juega en estos espacios y territorios de los abajos, ya que resistir la pandemia supone poner en juego los mismos recursos con los que resisten al Estado y al capital.

 

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Viernes, 24 Abril 2020 06:30

Crece en Perú el éxodo del hambre

Un grupo de migrantes descansa bajo un puente de la ruta Panamericana Sur cerca de Lima.    ________________________________________ Imagen: EFE

Miles de personas huyen de Lima a pie en busca comida en sus pueblos

Es el éxodo de los olvidados, los excluidos, los pobres extremos, en plena cuarentena. Regresan a sus pueblos como sea.

Desde Lima. “Nos va a matar el hambre antes que el virus”, exclama, con voz de angustia, una mujer joven, de rostro cansado, que lleva en brazos a su hija de pocos meses. El suyo es un amargo reclamo por el abandono, un desesperado grito por ayuda. Esa noche dormirá-como las anteriores y las siguientes- sobre unos cartones al lado de la carretera que lleva de Lima a la zona andina en el centro del país. Va de regreso a su pueblo. Va escapando. Sin nada, lo hace caminando. Le esperan cientos de kilómetros. Con ella pasarán la noche más de trescientas personas que cargan la misma angustia y comparten el mismo recorrido, largo, agotador, penoso. En otros puntos de esa misma carretera, y en otras carreteras, que van para el sur y el norte del país, otros miles viven el mismo drama. Abandonan la capital para regresar a sus pueblos. En Lima, la ciudad de la que escapan con desesperación, se concentra la mayor parte de casos de coronavirus en el país, pero ellos no huyen del virus. Huyen del hambre. Es el éxodo de los olvidados, los excluidos, los pobres extremos, en plena cuarentena por el coronavirus.

 “Ya no tenemos qué comer, por eso regresamos a nuestros pueblos, donde algo tendremos. Caminando nos iremos, no tenemos de otra”, dice un hombre sentado junto a sus tres pequeños hijos que duermen abajo de un puente de la autopista. Era vendedor ambulante y ahora con la cuarentena se quedó sin los pocos ingresos con los que apenas sobrevivía. En otra carretera, un joven cuenta que era pintor eventual, que como se quedó sin trabajo desde que comenzó la cuarentena no pudo pagar el cuarto en el que vivía, lo echaron a la calle y sin dónde ir ha emprendido la sufrida caminata de retorno al pueblo del que salió hace años. “Ya no aguantamos más, no tenemos nada ya, estamos viviendo en las calles, ya no tenemos para comer”, grita una mujer cuando se le acerca la cámara de un noticiero. Ellos forman parte de este éxodo del hambre.

También están los que viajaron a la capital desde el interior por algún trámite, un tratamiento médico o para un trabajo temporal de unos meses, y quedaron atrapados por la inmovilización social. Después de 40 días de cuarentena y con sus pocos recursos agotados, tratan con desesperación de regresar a sus casas. Muchos están entre los caminantes en las carreteras, otros centenares duermen en las calles de la ciudad, frente a estaciones de buses o el aeropuerto esperando que salga ese bus o ese vuelo humanitario que las autoridades les han ofrecido, pero que no llega. Llevan días en esa interminable espera. Los que se cansan de esperar se suman a los caminantes que huyen de la capital para no morir de hambre en tiempos de cuarentena. Se han dado choques entre estos angustiados pobladores y la policía cuando ésta les bloquea el camino para que no sigan su viaje.

“No se puede permitir una salida desordenada porque estos grupos grandes son caldo de cultivo de contagios y se puede generar un problema en las zonas a las que se dirigen. Lo primero es empadronarlos, después se les tiene que hacer pruebas rápidas del coronavirus para ver si están infectados, si lo están son llevados a un centro de salud, los que dan negativo son llevados a su destino en transporte puesto por el Estado y cuando lleguen deben estar dos semanas en aislamiento porque hay la posibilidad que tengan el virus a pesar del resultado negativo de la prueba rápida. Todo esto requiere una articulación y una logística que no es algo sencillo. Entendemos la desesperación de la gente, reconocemos que esto se puede hacer más rápido, estamos trabajando en eso. Ya hemos trasladado a más de tres mil personas”, le declaró a Página/ 12 la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, encargada por el gobierno para tratar este asunto.

Con 70 por ciento de los trabajadores en la informalidad, sin derechos laborales y la mayoría con ingresos precarios, y empresas dando licencias sin paga, la larga inactividad ha llevado a una buena parte de la población, que se ha quedado sin ingresos, al límite de su resistencia. Millones que antes de esta crisis ya estaban en la pobreza, o al borde de ella, piden ayuda para sobrevivir. El gobierno ha dispuesto la entrega de un bono equivalente a unos 220 dólares para 3,5 millones de familias pobres urbanas y un millón de hogares rurales, pero es insuficiente en el monto y en la cobertura, y todavía no se termina de entregar. Ayer el presidente Martín Vizcarra anunció que este bono se ampliará hasta llegar a 6,8 millones de familias, el 75 por ciento de hogares del país. Reconoció la lentitud en su reparto. “Hay que ser autocríticos, tenemos que ser más rápidos. El hambre no espera”, dijo. Se raparte alimentos, pero la entrega es lenta y desorganizada.

El Perú es el segundo país de América Latina, después de Brasil, con más casos de coronavirus. Son 20.914 los contagiados y 572 los muertos. En las últimas 24 horas se han dado 1.664 nuevos casos y 42 fallecidos. Con los contagios en alza, la cuarentena, que comenzó el 16 de marzo, ayer fue prorrogada hasta el 10 de mayo. Esa extensión era necesaria, dicen los expertos. “La salud de la gente es lo primero”, ha dicho Vizcarra al anunciar esta nueva prórroga. La cuarentena ha tenido importantes fisuras, por desorganización, irresponsabilidad de parte de la población y la necesidad de muchos que sobreviven del día a día y salen a buscar algún ingreso.

El débil sistema de salud está al límite. El Perú es uno de los países de la región con la más baja inversión en salud, con menos del cinco por ciento de su PBI al año, y eso está pasando factura en esta crisis sanitaria. Hay hospitales desbordados, enfermos que han muerto esperando atención. En las carreteras, sigue el éxodo del hambre.  

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La violencia silenciosa que arrecia en el campo colombiano en medio de la pandemia

 El alto el fuego del ELN rebaja las estadísticas, pero el conflicto entre grupos armados no se detiene y se disparan las amenazas contra exguerrilleros

En pocas horas en Colombia murieron ocho disidentes de la antigua guerrilla de las FARC, un militar falleció en un combate con otra columna que se separó de los acuerdos de paz, una banda de paramilitares amenazó a un periodista y el partido político nacido del grupo insurgente, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, denunció la indefensión ante estas organizaciones de los excombatientes que abandonaron las armas. Fue allí, en el municipio de Argelia, ubicado en el departamento suroccidental del Cauca, donde en los últimos días se intensificaron los combates entre un sector de las disidencias y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Las Fuerzas Armadas informaron este miércoles de que “ocho terroristas murieron al enfrentarse con las unidades militares” mientras trataban de contener esos enfrentamientos, que se enmarcan en la lucha por el control de una ruta del narcotráfico.

Estos son los episodios violentos más recientes conocidos en Colombia, que hace frente a la emergencia sanitaria del coronavirus -que ha dejado 130 muertos y más de 3.000 infectados- con una estricta cuarentena y el cierre de las fronteras. Sin embargo, la violencia en el campo, en un país eminentemente rural que acaba de salir de un conflicto armado de más de medio siglo, no se detiene. Y ahora es más silenciosa porque todos los ojos están centrados en la pandemia. El partido FARC deploró a través de un comunicado que “en medio de la crisis [...] hay grupos que, con una lectura equivocada del momento, no dan tregua con sus actos, agudizan los temores y la zozobra que actualmente se vive en las comunidades”. Argelia fue el último escenario de una persecución consolidada por parte de las bandas criminales: “Rechazamos el señalamiento y la declaración como objetivo militar de los dirigentes de las organizaciones sociales y de los militantes de nuestro partido y reincorporados”, señala un comunicado.

El abismo entre campo y ciudad y la escasa presencia de las autoridades en algunos territorios no supone una novedad en Colombia. Pero en estas circunstancias hace saltar las alarmas de los expertos. Lo explica Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. “El país está concentrado en el coronavirus, las Fuerzas Armadas están en acuartelamiento esperando una crisis del coronavirus, pero el país se sigue incendiando. Y la otra parte de la respuesta es que en datos, en números, en estadísticas no se ve, porque el ELN paró la actividad y los enfrentamientos entre grupos no se cuentan, porque es cuando se ataca la fuerza pública”.

El ELN es la última organización guerrillera aún activa en Colombia, aunque se disputa el control del tráfico de droga con otras bandas. Esto es, aunque a finales de marzo declarara un alto el fuego unilateral con el Estado, sus actividades siguen pese a que haya suspendido los ataques a las fuerzas militares. “Si viene el ELN y declara un cese unilateral al fuego, ellos siguen enfrentándose a otros grupos, siguen expandiéndose, aunque hayan parado la actividad frente al Ejército, la guerra sigue, con las disidencias y los paramilitares”, continúa Ávila.

El procurador, Fernando Carrillo, se pronunció públicamente a propósito del caso del Cauca. “Sobre la situación en Argelia, hacemos un llamado a la fuerza pública colombiana para garantizar la protección efectiva, la vida e integridad personal de los reincorporados en el marco de la implementación del acuerdo final”, afirmó. La oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas se sumó al llamamiento, solicitando “protección inmediata tanto de reincorporados de las FARC como de las comunidades que están padeciendo el control violento de grupos armados en la zona”.

A eso se añaden los ataques sistemáticos a los líderes sociales y las preocupaciones por la compleja implementación de los acuerdos de paz firmados con las FARC en 2016. Entonces se acabó una guerra, pero no la violencia. El jefe de la misión de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, manifestó que la necesidad de redoblar los esfuerzos ante la epidemia de covid-19. “Tenemos la obligación colectiva de seguir garantizando el progreso en la implementación del acuerdo de paz. La paz en Colombia no puede ser una víctima de la pandemia”, señaló el martes. “La violencia en contra de excombatientes se ha mantenido a pesar de la cuarentena nacional. Desde la publicación del informe [a principios de marzo] otros tres excombatientes han sido asesinados, para un total de 195 desde la firma del acuerdo de paz”. Así las cosas, Ruiz Massieu considera que “así como diferentes sectores en Colombia se están uniendo para enfrentar la pandemia, es necesario que todos los sectores se unan para poner fin a la epidemia de violencia contra líderes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos y excombatientes”.

México - 16 abr 2020 - 03:03 COT

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Un grupo de migrantes venezolanos camina hacia la frontera de su país procedentes de Colombia. En vídeo, el éxodo de los migrantes. FOTO: FERNANDO VERGARA (AP) | VÍDEO: REUTERS

El fenómeno, incipiente frente a un éxodo de millones de personas, saca a la luz el debate sobre la atención a los migrantes en Colombia

Una migración masiva, miles de personas sin apenas recursos y los efectos de una pandemia que en todo el mundo golpea con mayor fuerza a los más vulnerables. El cóctel es la premisa de un fenómeno numéricamente incipiente, aunque significativo porque pone de manifiesto el debate sobre la atención a los migrantes venezolanos. Los reportes desde la porosa frontera entre Colombia y Venezuela, cerrada desde mediados de marzo como parte de los esfuerzos para contener el coronavirus, dan cuenta del retorno de más de un millar de personas, aunque según el chavismo son casi 4.000. Decidieron desandar sus pasos y regresar a su país, pues las medidas de aislamiento obligatorio decretadas por el Gobierno de Iván Duque hasta el 26 de abril les impiden ganarse la vida en las ciudades colombianas que los acogían.

Se trata de personas que habían optado por emigrar ante el colapso económico y de servicios que se agravó en Venezuela desde que Nicolás Maduro sucedió a Hugo Chávez, en 2013, y que no pueden ser atendidas por las autoridades colombianas. Al menos medio centenar de buses coordinados por gobernaciones, alcaldías y asociaciones de migrantes los han transportado en la última semana desde distintos lugares como Bucaramanga o Soacha –que colinda con Bogotá– hasta la ciudad de Cúcuta, fronteriza con el Estado Táchira. Incluso desde ciudades tan distantes como Pasto, la capital del departamento de Nariño que limita con Ecuador, en el otro extremo del país. Este jueves más de 300 migrantes fueron retenidos a la salida de la capital, que como el resto del país se encuentra en estricto régimen de confinamiento. En varias carreteras colombianas se observan grupos de caminantes, decididos a hacer a pie y autostop el largo trayecto hasta la frontera.

El número de retornados, que de momento es muy contenido frente a las abrumadoras cifras del éxodo venezolano, se enfrenta a un aumento si la comunidad internacional no incrementa su financiación para apoyar la respuesta del Gobierno colombiano ante la crisis sanitaria, ha advertido el Consejo Noruego para Refugiados (NRC). “Es algo que no hemos visto antes. Por supuesto, hay muchos más venezolanos que se quedan. No conocemos los números precisos”, explica a este periódico Dominika Arseniuk, directora del NRC en Colombia. Además de los siete cruces oficiales, a lo largo de la frontera de más de 2.200 kilómetros abundan los pasos ilegales conocidos como trochas. “Para muchos venezolanos no es seguro volver. La situación en Venezuela no ha cambiado y sigue empeorando. Entonces nosotros esperamos que los venezolanos que han venido a Colombia puedan quedarse, pero para esto necesitamos ayudarles a sobrevivir este periodo muy difícil para ellos”.

Colombia es por mucho el principal destino de una diáspora de casi cinco millones de venezolanos que huyeron de su país. Los que ahora retornan son una muy pequeña porción de los radicados en el país vecino, más de 1.825.000 hasta el 29 de febrero según los datos difundidos por Migración Colombia. En la última semana se abrió un corredor humanitario para cerca de 2.000 retornados, una cifra que palidece incluso frente a los más de 30.000 que pudieron regresar en los días siguientes al cierre de la frontera el pasado 14 de marzo, o a los más de 50.000 que cruzaban cada día la línea limítrofe antes de la pandemia.

Sin embargo, la emergencia sanitaria y las consecuentes medidas de aislamiento obligatorio han sacado a la luz el espinoso asunto de la atención a los venezolanos en Colombia. La prensa ha registrado la expulsión de familias migrantes de pensiones que no pueden pagar en plena cuarentena nacional. Muchos de los venezolanos afincados en Colombia forman parte de las franjas más vulnerables de la sociedad, y cerca de nueve de cada diez alimenta las filas de la informalidad. “Muchos ya han vuelto, muchos quieren volver y muchos que se quedan en Colombia también se han encontrado en situación de calle”, resume Arseniuk. Pese al gran esfuerzo de Colombia, algunos incluso regresaron a su país quejándose de malos tratos recibidos. Dentro de Venezuela, la noticia ha sido recibida con cierta incomodidad ante la posibilidad de que estén infectados, aunque el aparato chavista intenta sacar rédito político del fenómeno.

Política de acogida

Bajo una enorme presión, Colombia ha mantenido una política de acogida y flexibilidad migratoria elogiada internacionalmente, y busca continuarla pese a la contingencia de la Covid-19. A pesar de esos esfuerzos, los recursos con insuficientes. El Gobierno ha pedido con insistencia mayor cooperación de los organismos multilaterales. Lanzado en noviembre de 2019, el plan de ayuda regional de la ONU para responder a una inédita crisis migratoria que precede al coronavirus ha recibido apenas el 3% de los fondos solicitados.

“Ha sido una situación que ha puesto a prueba nuestras capacidades, aun así, se ha logrado responder frente a las circunstancias. Hace falta mucho, pero el compromiso del Gobierno por acoger e integrar a los migrantes no desfallece”, ha dicho Felipe Muñoz, gerente presidencial para la frontera. Su despacho coordina ahora mismo diversas acciones como la entrega de 200.000 bolsas de alimentos en 40 municipios del país para población migrante o reforzar –con el acompañamiento de Acnur– la capacidad del hospital de Maicao, otra de las poblaciones fronterizas más impactadas.

En tiempos de crisis, el origen de los fondos para ayudarlos con alimentación o auxilios de arrendamientos se ha convertido en un punto de fricción entre el Ejecutivo de Duque y algunos mandatarios locales. La reciente “peregrinación”, como la llamaron las autoridades en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, fue desordenada. Allí temen que cualquier embudo de personas en la frontera, justo en medio de las medidas de aislamiento obligatorio, sería el peor escenario posible y un potencial foco de contagio.

Colombia tiene hasta este viernes casi 2.500 casos confirmados de coronavirus y contabilizó 80 muertes. Venezuela reporta oficialmente 175, con 9 fallecidos. Muchos de estos emigrantes viven de lo que producen diariamente. Desesperados ante los problemas económicos y episodios de xenofobia, sin estatus legal, han decidido regresar como llegaron, tres años atrás. Sin lujos y, a menudo, caminando. Después de haber contemplado en silencio la brutal diáspora de personas que abandonó Venezuela por los pasos fronterizos con Colombia a partir de 2016 –rumbo también a Ecuador, Perú y Chile–, la jerarquía chavista ha reseñado con alborozo, aunque con cierta discreción, el retorno de estos días. Regresan a un país quebrado económicamente, metido en un conflicto político interminable y con una infraestructura sanitaria en ruinas.

Tan pronto cruzan la frontera, los retornados son recibidos por efectivos militares para ser interrogados. El canciller, Jorge Arreaza, informó a través de Twitter: “Estamos registrando y coordinando el regreso de miles de compatriotas desde Colombia. Todos son evaluados clínicamente y se les realizan pruebas de despistaje del coronavirus. Muchos están de tránsito, rumbo a los puestos fronterizos”. Esta semana el chavismo colocó una etiqueta en las redes cuyo llamado era “Bienvenidos a casa” para colocar en relieve esta inusual circunstancia.

Freddy Bernal, miembro de la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, que actúa como “protector” del Estado fronterizo de Táchira –un cargo al margen de la Constitución que tiene en sus manos todo el poder político del cual carece la actual gobernadora electa, militante de la oposición– declaró que “a todos los venezolanos que por alguna circunstancia deciden volver a su patria, aquí en casa les estamos esperando”. “Con disciplina y consciencia les invitamos a cumplir las medidas sanitarias recomendadas (…) No están solos, su patria venezolana, presidida por Nicolás Maduro, está lista para recibirlos con amor y darles atención y abrigo”, insistió. Declaraciones similares han hecho en estos días miembros de las Fuerzas Armadas. En un intento por contrarrestar los devastadores efectos para la reputación del Gobierno de un éxodo sin precedentes, Maduro ya había comenzado a organizar el plan ”Vuelta a la Patria” que ha hecho retornar, en avión, unas 10.000 personas.

Bogotá / Caracas - 11 abr 2020 - 19:21 COT

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